No son pocas las personas expertas que están advirtiendo de que las patologías relacionadas con la salud mental van a configurar una de las grandes pandemias del siglo XXI. Entre otras causas, el trabajo y las condiciones que se nos imponen en el mismo juegan un papel desencadenante o de estas patologías. Hay algo que no debemos olvidar: nadie elige, por ejemplo, la carga mental a la que está sometido en un trabajo. Le viene impuesta.

Si bien el sindicalismo de clase a nivel internacional lleva también años advirtiendo sobre la influencia de los riesgos psicosociales en la salud mental, en la actualidad se intenta tapar este hecho trasladando a la opinión pública un concepto sonoro e identificable: el absentismo. Los objetivos son tres: limitar la empatía de la clase trabajadora hacia las personas enfermas, fomentar que la gente aguante lo que le echen en el trabajo y no se atreva a pedir ayuda, y normalizar que quien se haya atrevido a pedir ayuda y se le haya prescrito una baja médica vuelva las mismas condiciones de trabajo que deterioraron su salud, en este caso mental, pero bien podría ser también la ergonómica. Es decir, se desvía el foco de las verdaderas causas: la causa ya no son las condiciones de trabajo sino la propia persona.

Esto último es muy importante para empresas y patronales, porque contribuye a erradicar la percepción de la necesidad de implantar nuevas medidas preventivas, con la inversión económica que conllevaría, para adaptar los puestos de trabajo a personas especialmente sensibles a un riesgo o que hayan estado de baja un periodo prolongado. Poco parece importar que estemos ante una obligación legal.

Y hablando de obligaciones legales, de cara a la galería la ley se cumple sólo en parte, porque en las empresas se hacen evaluaciones de riesgos psicosociales, pero en ocasiones con el único objetivo de decir que se han hecho. Identifican algunos riesgos de los puestos de trabajo, pero sin asignar medidas preventivas que protejan la salud mental.

En resumen, como las medidas que habría que aplicar no gustan o incomodan a las empresas, no se hace nada. La acción sindical para que esas medidas terminen por implantarse y disminuya, entre otras cosas, la carga mental derivada del trabajo es insustituible, como demuestran las experiencias llevadas a cabo por CCOO en empresas como Sanitas Barakaldo, Clequali SL, Láser Norte SA o en el grupo Quirón Salud.

Más de la mitad de las personas muertas en Euskadi mientras trabajaban en 2025 y 2026 no fallecieron debido a las causas más comunes, como caídas, golpes o atrapamientos, sino a fallos cardíacos y similares

Antes de continuar con nuestra explicación conviene, por su importancia, no pasar algo por alto: estamos hablando de muertes. La OIT cifra en 840.000 las personas que mueren al año debido a enfermedades cardiovasculares y trastornos mentales asociados que se derivan de los riesgos psicosociales.

Cambian las formas de morir en el trabajo. En 2025 hubo en Euskadi 30 personas fallecidas en accidentes laborales (excluyendo los in itínere). La mitad, 15, no fallecieron debido a las causas más comunes, como caídas, golpes o atrapamientos, sino a fallos cardíacos y similares. En 2026, y mientras se escriben estas líneas, 26 personas han fallecido en su puesto de trabajo. 15 de ellas, este año y al menos de momento más de la mitad, por fallos cardíacos y similares.

Así las cosas, esa idea del absentismo que se pretende meter en la cabeza de la gente no casa con la realidad. El problema (y las muertes aparejadas) viene de otro lado. Según datos elaborados por el sindicato CCOO en 2026, en el conjunto del estado 436.000 personas trabajan semanalmente horas extra que no se les pagan, lo que equivale a 2,54 millones de horas. Cada una de estas personas realizaría una media de casi seis horas extra no pagadas a la semana.

A efectos de tiempo extra, añadamos las pagadas. Conociendo el paño empresarial, sobre todo en algunos sectores, y a la vista de otros datos que se han hecho públicos, en 2024 eran más las que no se pagaban que las pagadas. Pero datos más actualizados de 2026 aproximan el tema al fifty-fifty, al menos en términos de personas exprimidas.

Al salir más tarde del trabajo se dificulta la conciliación, se vulnera el derecho a una vida social y familiar normalizada, se disminuye el tiempo de ocio y de desconexión y se dificulta la planificación de diversos aspectos de la vida personal

En resumen, la cotidianeidad de no pocas personas es salir más tarde de su trabajo, con lo que esto implica: se dificulta la conciliación, se vulnera el derecho a una vida social y familiar normalizada, se disminuye el tiempo de ocio (¿sería distópico decir que en el futuro se desee plantear el ocio como un lujo, y no como un derecho?) y de desconexión, se dificulta la planificación de diversos aspectos de la vida personal, etc. Cosas todas ellas con incidencia directa en la salud mental de las personas, y contingencias ante las cuales las empresas estarían por ley obligadas a poner medidas.

Hagamos un análisis serio de la realidad, porque a la vista de los datos hay muchas empresas que no se preocupan ni de pagar esas horas extras. ¿Alguien piensa que se van a preocupar de los efectos que esas horas extras causan en la salud mental de las personas? Si ni siquiera las pagan, ¿cómo van a poner medidas porque te preocupe quién cuidará a tus hijos o hijas o a tus mayores? El problema no es que la gente esté de baja, sino por qué necesita estarlo. Y se ve poco interés en abordar este análisis.

La carga mental y el tiempo extra no son los únicos problemas. El reciente informe de la Fundación 1º de Mayo de CCOO “Violencia laboral en España. Principales resultados del estudio 2026” muestra que hay personas sufriendo determinados tipos de violencia en su entorno laboral. Más allá del acoso laboral y sexual se dan abusos, amenazas, insultos, gritos, intimidaciones y hasta agresiones físicas. El 30,7% de la población asalariada en el conjunto del estado trabaja en entornos en los que se ha producido violencia o acoso laboral, habiendo sufrido de forma directa episodios de ese tipo o habiéndolos presenciado. El 16,7% de las personas trabajadoras afirma haber sido víctima directa de violencia laboral.

El informe también muestra que estas situaciones se concentran en el sector servicios y en aquellos espacios que conllevan atención directa a clientela, pacientes o personas usuarias, destacándose el sector sanitario, la atención a personas mayores de edad, el comercio minorista, la hostelería o el sector educativo. Se trata de sectores en los que la presencia de mujeres es mayoritaria o muy mayoritaria según el caso. No en vano, el informe también muestra que el 18,3% de las mujeres asalariadas ha sufrido violencia en el trabajo, frente al 14,8% de los hombres.

Entre otros, por estos motivos es por lo que es importante defender que la prevención de riesgos laborales, por supuesto también en sus aspectos relacionados con la salud psicosocial, ha de regirse por una perspectiva de género que no siempre es tenida en cuenta por las empresas ni por los servicios de prevención. Si no se aplica no se podrá hablar de efectividad de las medidas preventivas que tienen que implantar las empresas, lo que redunda en el empeoramiento de la salud tanto física como mental de las mujeres trabajadoras.

Toca analizar otra problemática igualmente grave, y es que para prevenir daños y que no se deteriore la salud mental deberíamos tener un conocimiento real sobre cómo las condiciones de trabajo la deterioran. Esto no ocurre porque existe un subregistro en el reconocimiento de las patologías como la contingencia de origen profesional que son en muchos casos. Podemos intuir o incluso saber qué pasa, pero no contamos con un dimensionamiento oficial real del problema.

La falta de reconocimiento de los daños que las condiciones de trabajo pueden causar en la salud mental contribuye a restar potencial al ámbito preventivo

El informe “Precariedad laboral y salud mental. Conocimientos y políticas”, publicado en 2023 por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, relaciona directamente precariedad laboral y malas condiciones de trabajo con las patologías mentales y establece que el subregistro dificulta la prevención. Es lógico que si no se identifican debidamente las causas de una patología mental sea más difícil acertar con el tratamiento, sobre todo si estas causas están en el trabajo, donde se pasan normalmente ocho horas (y ya hemos dicho que alguna más) al día. Sin acertar con la tecla del tratamiento los síntomas se prolongarán en el tiempo, pudiendo llegar a cronificarse.

En parecidos términos se expresa el documento “Trabajo y salud mental: hoja de ruta para las administraciones sanitarias en España”, editado por el Ministerio de Sanidad en 2025. Éste afirma que la falta de reconocimiento de los daños que las condiciones de trabajo pueden causar en la salud mental contribuye a restar potencial al ámbito preventivo. Igualmente, señala que la identificación del trabajo como posible factor desencadenante o agravante del sufrimiento psíquico constituye un paso esencial en la atención clínica.

Desde instancias europeas también se reconoce esta falta de información, tal y como establece el Comité Económico y Social Europeo en su dictamen “Trabajo precario y salud mental” (2023/C228/05). Entre las propuestas se habla de la necesidad de mejorar los sistemas de información y vigilancia epidemiológica como paso previo al impulso a la investigación sobre la calidad del trabajo.

No se puede culpar de los daños psíquicos derivados del trabajo a las personas trabajadoras que están de baja médica, porque son las víctimas que pagan en términos de salud la mala gestión empresarial

La serpiente de Ouroboros se devora a sí misma por la cola, y esto es exactamente lo que está ocurriendo. Hacer que los daños psíquicos derivados del trabajo no se relacionen con éste fomenta que el problema no revierta en el entorno laboral en forma de medida preventiva. Esto hará que el problema sea cada vez más grande. No se puede culpar de esto a las personas trabajadoras que están de baja médica, porque son las víctimas que pagan en términos de salud la mala gestión empresarial.

No perdamos de vista algo que tiende a agravar la situación. Las propias características del sistema capitalista y la identidad que el trabajo contribuye a construir también hacen que más que como persona nos veamos como una marca. Este sentimiento, que termina por generar competitividad entre las personas y, por ello, perjudicando la salud mental, es azuzado por no pocas direcciones de personal, disfrazándolo en ocasiones de reto o motivación. Generar visiones de las personas en términos de rentabilidad termina por cosificarlas.

En un pasaje de “Al norte”, reciente y primera novela del secretario general de CCOO Unai Sordo (por cierto, muy recomendable por ser un ilustrativo catálogo de cómo condiciones y trayectorias laborales impactan en la vida de las personas), Osvaldo le traslada a Xabier que en su nuevo y distópico entorno laboral el salario es lo de menos, y que lo realmente importante es trabajar para poder seguir trabajando. Una cosificación absoluta de las personas, ignorando sus necesidades y borrando todo lo que en ellas hay de humano. Una lógica perversa que ya se está implantando.

Fuente: El Salto

Una siente cierta sensación de disonancia temporal cuando reflexiona sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente la Unión Europea y en cómo ser capaces de abordarlos. Pasado y presente parecen converger cuando hablamos de Europa. Llevamos años analizando los males que afectan a un proyecto supranacional único como el europeo.

Un proyecto en el que creemos firmemente pero que nunca acaba de superar los inconvenientes que encuentra en el camino a su consolidación. Siempre –ayer y hoy– parece que la situación es tan grave que no será superable y, de forma recurrente, utilizamos conceptos como Europa en la encrucijada, el incierto futuro de Europa o el fallido proyecto de integración europea.

Las Comisiones Obreras hemos sido siempre convencidas europeístas y el movimiento sindical europeo, representado por la Confederación Europea de Sindicatos, ha luchado desde sus inicios por el fortalecimiento de la Unión Europea y por un proyecto europeo con reforzado acervo social.

Pero también fuimos los sindicatos quienes apoyamos y celebramos lo que acabó siendo –tristemente– solo un espejismo, y no un auténtico giro social, de la Comisión Europea con la inyección de fondos comunitarios a los estados para la recuperación postpandémica que permitió un crecimiento económico y una recuperación del empleo efectiva.

Pero no podemos obviar que la UE, desde su creación, ha debido hacer frente a importantes obstáculos para su consolidación. Algunos, de carácter interno, como la delicada cesión de soberanía por parte de los Estados miembros o el alejamiento de la ciudadanía. Otros, de carácter externo, especialmente relacionados con crisis sanitarias o económicas, como la más reciente que tiene que ver con el aumento del nivel de precios derivado del aumento del coste de la energía para gran parte de los estados de la UE, consecuencia del fin del acceso al gas ruso barato que la guerra en Ucrania ha ocasionado.

Pero también es cierto, y sin ánimo de ser agorera, que la situación actual que vivimos es la más crítica que ha atravesado la UE desde su fundación. Un mundo en convulso cambio donde la centralidad de la Unión Europea en el orden mundial se tambalea y donde surgen múltiples desafíos que pueden marcar definitivamente el rumbo de la Unión en los próximos años, si no se establecen estrategias claras para atajarlos. Las tensiones geopolíticas se ven acrecentadas por conflictos armados convencionales, incluso en la propia Europa con la guerra en Ucrania, pero también por guerras no convencionales y por la amenaza de nuevos conflictos.

La crisis climática, las incertezas en torno a las transformaciones tecnológicas y las transiciones demográfica, digital y ecológica aumentan la sensación de vulnerabilidad que la pandemia nos dejó. Y, sin perder de vista el avance de la extrema derecha global y en los Estados miembros de la UE y sus instituciones. Parecería que los augurios del pasado sobre un fatídico futuro de Europa pueden cumplirse ante los desafíos del nuevo escenario mundial.

La singularidad que supone Europa, como el mayor mercado común del mundo, con la capacidad de influencia política y económica global que suponen sus 27 Estados miembros, sus casi 450 millones de habitantes, un PIB conjunto de 17 billones de euros… pero especialmente por los valores que representa: democracia, igualdad, estado de derecho, libertad, dignidad humana, derechos humanos, pluralismo, tolerancia, solidaridad… está siendo torpedeada de forma clara por la Administración estadounidense. La irrupción de Donald Trump de nuevo en el escenario global, su voluntad de reescribir el orden mundial saltándose para ello cualquier norma internacional o institución multilateral que ponga trabas a sus objetivos, su agresiva política comercial para vencer a China o su complicidad con la deriva belicista de Putin, ponen en jaque a la UE.

Pero la Unión Europea también se ve amenazada por el avance de fuerzas de la extrema derecha, hostiles al proyecto europeo y que pretenden sabotearlo desde el exterior, pero también desde dentro. Tanto desde los Estados miembros donde gobiernan como desde el Parlamento Europeo, donde ya ocupan el 25% de los escaños, y mediante la presión que ejercen en el resto de las instituciones europeas, especialmente en la Comisión Europea, que claramente se ha derechizado en su composición y en posiciones cada vez más cercanas a los postulados de la extrema derecha.

El reciente paquete de medidas Ómnibus de la Comisión Europea va a suponer el desmantelamiento de avances medioambientales y sociales bajo el pretexto de la competitividad, al tiempo que favorece la desregularización y el dumping social. Todo ello puede socavar, aún más, la confianza en las instituciones europeas de la ciudadanía y frenar la tan necesaria transición ecológica.

La política exterior de la UE es desastrosa a nuestro entender, y hay numerosas muestras, como su indecente forma de ponerse de lado ante el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino o la decisión de no suspender de forma inmediata el acuerdo de asociación UE-Israel ante la violación sistemática de derechos humanos por parte de Israel. Por no hablar de la infausta política migratoria europea que representa el Pacto Europeo de Migración y Asilo que, lejos de avanzar en una política común europea en materia migratoria basada en los derechos y la dignidad de las personas migrantes, se centra en la protección de fronteras, la externalización del control de los flujos migratorios, las medidas de expulsión y una política cada vez más restrictiva de protección internacional.

Por último, no pueden desdeñarse algunas otras cuestiones que afectan a la UE como son el estancamiento económico, la inflación, la crisis de la industria europea y la guerra comercial impuesta por los EE. UU. O las brechas salariales entre mujeres y hombres que persisten en la Unión a pesar de la Directiva de transparencia salarial y la ingente lucha del movimiento sindical y los movimientos feministas por lograr la plena igualdad, también en el trabajo. Pero también el dumping salarial que sigue existiendo entre estados. Y, por supuesto, los desequilibrios que podría suponer la incorporación de nuevos estados a la UE. La intención de formar parte de la UE se ve potenciada por la situación geopolítica actual, pero la forma en que se aborda esta ampliación y las condiciones impuestas a los candidatos pueden suponer nuevos retos para la Unión.

Y ante estos retos, ¿qué planteamos sindicalmente para enfrentarlos?

Empezando por el final, Europa continúa siendo una región donde prevalecen importantes desigualdades sociales, algunas de ellas se pueden atribuir a diferencias salariales. Actualmente la relación salarial entre las personas trabajadoras de países del Este y del Oeste de Europa es de 1:4. La ampliación de la UE hacia países del Este debería suponer la ampliación de la Europa social con una convergencia ascendente o, lo que es lo mismo, que todos los estados mejoren sus resultados al tiempo que reducen la brecha entre ellos. La ampliación debería llevar a la reducción de desigualdades entre estados y a dotar de mayor estabilidad y cohesión a la UE.

No se trata únicamente de expandir fronteras, sino de extender la justicia, la dignidad y la democracia a todas las personas trabajadoras y mejorar sus derechos: trabajo digno, salarios justos, condiciones laborales adecuadas, libertad sindical, negociación colectiva, diálogo social y protección social. Es decir, garantizar mejoras reales en sus vidas. Desde el sindicalismo europeo exigimos un cambio de paradigma en la ampliación de la UE, que exista convergencia real y no solo política; que ningún trabajador o trabajadora –especialmente del Este– se quede atrás y que la UE deje de ser una promesa para ser una garantía de derechos.

En cuanto a las líneas de actuación para garantizar la competitividad económica y comercial, sin duda Europa tiene que reforzar sus capacidades, tanto a nivel industrial como energético. Para ello es necesario un plan común de inversión, un fondo europeo capaz de posibilitar la autonomía estratégica de la EU ante los cambios geopolíticos que enfrenta. Pero la autonomía estratégica es mucho más que política de seguridad y ésta, mucho más que rearme.

Autonomía estratégica significa diseñar una estrategia industrial global a largo plazo. Hace necesarios acuerdos para la provisión de materias primas estratégicas. Conlleva una transición energética que reduzca la dependencia exterior de la Unión y que haga realidad el Pacto Verde industrial europeo. Supone realizar un mayor esfuerzo en investigación e innovación digital. En el plano social significa reducir desigualdades –que las hay e importantes entre Estados miembros– y también protección social, especialmente al desempleo. Pero también supone reforzar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, solo así será posible recuperar la confianza de la ciudadanía. Pretender que el miedo y la inseguridad generen cohesión es un error.

La Comunidad Económica Europea nació en 1957 con el objetivo de “preservar la paz y la libertad”, ese principio debe prevalecer y la UE debe poner los medios para alejar la guerra y lograr la paz. La UE no puede seguir eludiendo su responsabilidad como defensora de la paz global y duradera, con respeto al multilateralismo y el derecho internacional. Por lo tanto, debe utilizar su capacidad de influencia política y económica global para proponer estrategias para el restablecimiento de la paz y la convivencia en todos aquellos conflictos que asolan el mundo.

A nivel de política exterior, de seguridad y de defensa comunes la Unión también debe ser capaz de tener autonomía en sus posiciones geoestratégicas. La autodeterminación de la UE no puede consistir en la política errática de rearme decidida por la Comisión Europea que condiciona ingentes presupuestos comunitarios –que serán detraídos de otras partidas, especialmente sociales– y que, parafraseando al secretario general de CCOO Unai Sordo, “suena más a un impulso económico con ecos de keynesianismo bélico, que a una respuesta adecuada al problema de seguridad y defensa que tiene la UE”.

No se escapa, por un lado, que Alemania, que está sufriendo un importante declive de su industria, especialmente de la automoción y la maquinaria, consecuencia del incremento del coste energético que supone no acceder al gas ruso barato, pero también por una transición digital deficiente, por la falta de personal cualificado y la competencia internacional que suponen China y EE. UU., tenga un evidente interés en la inversión mancomunada para la adquisición de armas que, en gran parte, producirá la industria germana.

Además, el plan de rearme ante una amenaza de guerra convencional con Rusia no responde al desafío real, renuncia a poner las bases para una política de seguridad y defensa comunes en la UE y a una definición amplia de seguridad que debería tener también implicaciones civiles como la ciberseguridad, el suministro y las infraestructuras energéticas y la seguridad de las cadenas de suministro.

La gobernanza europea también tiene que modificarse. Deben superarse determinadas constricciones de sus reglas. Así, la norma de la unanimidad que rige para decisiones que se toman en el Consejo de la UE en materia de política exterior, fiscalidad, nuevos estados o el marco de financiación plurianual, entre otros, así como el derecho a veto de los estados, deben modificarse para racionalizar y democratizar el funcionamiento de las instituciones europeas y evitar que decisiones fundamentales para la ciudadanía europea no vean la luz por el rechazo de un estado, a pesar de que una inmensa mayoría pueda estar de acuerdo. A pesar de la dificultad para reformar los tratados de la UE, deben impulsarse escenarios de cooperación reforzada, es decir, las acciones conjuntas promovidas por un grupo de, al menos, nueve estados sobre determinados asuntos cuando no ha sido posible un acuerdo de toda la UE en un tiempo razonable.

La fiscalidad en la UE continúa siendo un problema que limita la capacidad de respuesta ante retos globales. Defendemos la idea de que el Pacto de Estabilidad debería suspenderse para permitir inversiones sociales y ecológicas. Así mismo, y a pesar de que la política fiscal es competencia nacional de los Estados miembros, la UE no puede permitir que siga habiendo competencia entre sistemas fiscales dentro de la Unión y menos aún que existan refugios fiscales en la UE.

Otro elemento necesario para legitimar el proyecto europeo y para, al mismo tiempo, reducir desigualdades e injusticias sociales y laborales es consolidar la condicionalidad social, es decir, la garantía de que todos los fondos públicos se otorguen a condición de que se respeten los derechos sindicales, existan condiciones laborales dignas, se asegure la negociación colectiva y la equidad salarial y la no discriminación por cualquier causa. Esta exigencia debe ser de aplicación también en todo lo referido a inversión en defensa.

Desde el sindicalismo europeo denunciamos y exigimos que no se apliquen las medidas el paquete Ómnibus de la Comisión Europea en lo que respecta a la simplificación de la Directiva (UE) 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), que excluye al 80% de las empresas de la obligación de presentar informes de sostenibilidad, así como la reforma de la Directiva (UE) 2024/1760 de diligencia debida, que limita obligaciones a socios comerciales directos y reduce la frecuencia de supervisión.

Ambas medidas supondrían, de facto, un retroceso sobre lo que disponen las Directivas aprobadas en el Parlamento Europeo y un evidente efecto negativo sobre la debida diligencia empresarial respecto de sus actuaciones a lo largo de todas sus cadenas de producción, distribución y/o valor en materia de derechos humanos y medioambientales. Así mismo, la desregularización que conllevará la aplicación de algunas de las medidas del paquete Ómnibus supondrá la pérdida de derechos laborales y sociales, un elemento añadido para el desafecto ciudadano con la UE.

Por último, y en relación a la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados, consideramos que la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que presentaron conjuntamente Dinamarca y Suecia para anularla con el argumento que la UE no tiene competencias legales para regular la remuneración de los trabajadores y que interfiere con los sistemas nacionales de negociación colectiva, especialmente en países nórdicos donde no existe salario mínimo legal, así como que debería haberse aprobado bajo la norma de unanimidad por la temática que aborda, es totalmente injustificable. Por una parte, se trata de una norma comunitaria vital para evitar la competencia desleal basada en salarios bajos (dumping social) dentro de la UE, además de estar perfectamente alineada con lo que determina la Carta Social Europea y el papel de la UE para garantizar condiciones laborales dignas.

Anular la Directiva supondría condenar a millones de trabajadores europeos a seguir trabajando en situación precaria en países donde la negociación colectiva está legalmente limitada o donde su ejercicio está condicionado a la voluntad de la parte empresarial –con la connivencia del propio Estado–, que se seguirá viendo favorecida en su afán de lograr la competitividad de sus empresas a través de bajos costos de producción que recaen en salarios indignos para sus empleados. La UE debe preservar su valor como garante de condiciones de trabajo y de vida digna de sus ciudadanos.

El sindicalismo apuesta por más Europa. Por una UE que siga siendo un actor global y un firme impulsor de la justicia social, la paz, la solidaridad y los derechos humanos en el mundo. Denunciamos el enfoque de la Comisión Europea y numerosos Estados miembros sobre la “fortaleza europea”, donde las libertades personales y los derechos colectivos peligran, donde las fronteras se cierran herméticamente y las políticas migratorias ignoran los derechos humanos.

El momento para avanzar es ahora, nos jugamos demasiado, el sindicalismo europeo seguirá defendiendo los valores fundacionales de la Unión porque no existe futuro para Europa sin justicia social.

Fuente: Dossier Economistas sin fronteras

Bangladesh se ha convertido en el primer país de Asia del Sur en ratificar los Convenios 190, 155 y 187 de la OIT, que abordan la violencia y el acoso, la seguridad y salud en el trabajo (SST) y el marco promocional para la SST. Estas ratificaciones se producen tras años de campaña sostenida por parte de IndustriALL Global Union y sus afiliados, con el apoyo de sus socios internacionales, para garantizar una mayor protección de los trabajadores y trabajadoras y compromisos de seguridad jurídicamente vinculantes.

Más de una década después de la tragedia del Rana Plaza en 2013, los sindicatos de Bangladesh y el Consejo de IndustriALL en este país han seguido presionando para que se lleven a cabo reformas integrales que garanticen la seguridad en los lugares de trabajo y responsabilicen a los empleadores y las marcas. IndustriALL y sus afiliados de Bangladesh han trabajado para fortalecer el sistema de inspección laboral del país, actualizar la legislación en materia de salud y seguridad en el trabajo y promover la ratificación de los Convenios 155, 187 y 190 de la OIT.

“Este logro pertenece a los trabajadores y trabajadoras que han exigido seguridad y dignidad durante años. Ahora, el reto es garantizar que estos convenios se apliquen para que todas las mujeres y todos los trabajadores puedan trabajar sin miedo”,

expresó Nazma Akhter, presidenta de la Federación Sommilito Garments Sramik (SGSF) y miembro del Comité Ejecutivo de IndustriALL.

Tras la creación del Acuerdo sobre Seguridad en la Construcción de Edificios y de Instalaciones de Sistemas contra Incendios de 2013, IndustriALL, UNI Global Union y marcas internacionales establecieron el Acuerdo de Bangladesh ese mismo año y, en 2020, el Consejo de Sostenibilidad de la Confección (RSC, por sus siglas en inglés). El RSC ha continuado la labor del Acuerdo, con el fin de garantizar que la seguridad en las fábricas siga siendo una obligación jurídicamente vinculante y que los trabajadores y trabajadoras puedan informar de sus preocupaciones en materia de seguridad a través de un mecanismo de denuncia independiente.

Violencia y acoso basados en género: fomentar el respeto y la igualdad

Dado que las mujeres constituyen la mayoría de la mano de obra del sector textil, sus sindicatos luchan por lograr que los lugares de trabajo estén libres de abusos y discriminación. Junto con sus afiliados, IndustriALL ha promovido la creación de comités contra el acoso, procedimientos de reclamación sensibles al género y capacitación para trabajadores y supervisores. Los acuerdos marco globales con grandes marcas como H&M e Inditex han reforzado estos compromisos y han fortalecido la rendición de cuentas en todas las fábricas proveedoras.

“La ratificación debe ir seguida de medidas concretas. Seguiremos monitoreando los avances y asegurándonos de que estas normas internacionales aporten mejoras reales a la vida de los trabajadores y trabajadoras”,

declaró Babul Akhter, secretario general del Consejo de IndustriALL en Bangladesh.

Durante una visita a Bangladesh en mayo de 2025, representantes de IndustriALL se reunieron con afiliados y altos funcionarios del Gobierno, entre ellos el asesor de Trabajo y Empleo y el enviado especial del asesor jefe para Asuntos Internacionales. La delegación pidió una implementación eficaz de las reformas laborales, la mejora de las normas de salud y seguridad en el trabajo y salarios dignos para todos los trabajadores y trabajadoras.

El secretario general de IndustriALL, Atle Høie, declaró:

“Estas ratificaciones son el resultado de la campaña persistente de los sindicatos y la solidaridad de los trabajadores y trabajadoras de Bangladesh y de todo el mundo. Los compromisos vinculantes, los sindicatos fuertes y el diálogo social son los que impulsan un cambio real”.

Fotografía: Celebraciones del Primero de Mayo, Daca, Bangladesh, 2025

A lo largo de más de veinte años trabajando en cooperación internacional y en la promoción de la Economía Social y Solidaria (ESS), he vivido muchas veces una sensación extraña, difícil de nombrar pero imposible de ignorar, cuando sindicatos y entidades de la ESS comparten mesa de trabajo. No es un choque frontal, tampoco una hostilidad explícita. Más bien es una incomodidad que se revela en silencios, en posturas, en maneras sutiles de marcar diferencias y mantener distancias.

Esta situación siempre me ha resultado paradójica. Ambas partes comparten un nacimiento común en el siglo XIX, impulsadas por la misma necesidad urgente de responder a la explotación del trabajo. Comparten valores fundamentales: solidaridad, cooperación, justicia social, la lucha por una vida digna. Sin embargo, esa cercanía ética se ve frustrada por distancias estratégicas que, durante décadas, han impedido una alianza profunda.

Desde mi rol en Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), he podido observar de cerca esta contradicción. Nuestra organización nació estrechamente vinculada al sindicalismo. Durante décadas, hemos combinado en nuestros proyectos la defensa de derechos laborales con alternativas económicas desde la ESS. Esta doble herencia me ha permitido ver con claridad tanto afinidades profundas como tensiones persistentes.

Una y otra vez, vuelvo a la pregunta central: si compartimos tantos objetivos y valores, ¿por qué cuesta tanto trabajar juntas desde la confianza?

Orígenes comunes, caminos divergentes

Históricamente, las organizaciones obreras buscaron diversas formas de enfrentar la explotación laboral del capitalismo industrial. Sindicatos, mutualidades y cooperativas emergieron como herramientas complementarias de resistencia. Sin embargo, aparecieron divergencias estratégicas cruciales.

El sindicalismo clásico se articuló en torno al conflicto y la negociación colectiva, posicionándose como contrapeso del capital. Las cooperativas apostaron por la creación autónoma de espacios económicos gestionados por trabajadores y trabajadoras. Esta diferencia estratégica generó durante generaciones una distancia ideológica significativa, especialmente en sectores del sindicalismo marxista, donde las cooperativas se percibieron como soluciones parciales dentro del sistema capitalista.

En contextos internacionales complejos como Oriente Medio o América Latina, he comprobado cómo ambas estrategias, lejos de excluirse, pueden complementarse. En proyectos de cooperación como los que hemos impulsado desde ACPP en Centroamérica, hemos visto sindicatos colaborando con cooperativas agrícolas y redes de ESS para fortalecer los derechos laborales en sectores como la producción de aceite de palma en Honduras o el sector pesquero artesanal en El Salvador. En estos contextos, la alianza ha permitido ir más allá del asistencialismo, combinando autogestión y reivindicación colectiva en comunidades atravesadas por la desigualdad, la migración y la violencia estructural.

La realidad contemporánea, marcada por la precarización laboral masiva y la crisis climática, no nos permite seguir anclados en prejuicios históricos. Durante mis años de colaboración con el movimiento sindical, he podido vivir de cerca esa frontera: el espacio donde sindicatos y economía social se reconocen, dialogan y a menudo no se encuentran. Pese a las diferencias, la distancia es cada vez más pequeña cuando se ponen en el centro las necesidades reales de quienes sostienen el trabajo. Pero para que esa cercanía se convierta en alianza, hacen falta honestidad, diálogo y una voluntad política que vaya más allá de las declaraciones de principios.

Obstáculos reales: falsas cooperativas y viejas inercias sindicales

Es necesario abordar obstáculos concretos que frenan esta confluencia. Uno evidente son las “falsas cooperativas”, entidades que pervierten la figura legal cooperativa para precarizar aún más las condiciones laborales. Estas prácticas dañan la esencia misma de la ESS y generan lógica sospecha desde el sindicalismo. Aquí no caben medias tintas: ambas partes deben colaborar activamente para denunciar, combatir y aislar estas prácticas fraudulentas que dañan por igual a la ESS y al sindicalismo.

El sindicalismo también debe asumir un reto interno. Pese a sus esfuerzos sigue atado a estructuras rígidas de representación, negociación colectiva y afiliación que no se ajustan bien a la realidad del trabajo contemporáneo, especialmente considerando la dimensión interseccional del empleo actual: mujeres, migrantes y personas racializadas enfrentan desafíos específicos que no siempre están en el centro de la agenda sindical. Los sindicatos deben repensar su modelo, aprender de la ESS e integrar perspectivas interseccionales para explorar nuevas formas de organización laboral democrática más allá de la lógica tradicional empleador-empleado.

Desde ACPP hemos visto experiencias esperanzadoras. En proyectos como el apoyo a trabajadoras domésticas en Túnez, sindicatos como la UGTT colaboraron en la creación de empresas sociales y cooperativas lideradas por mujeres. Estas experiencias muestran que, cuando ambas partes superan inercias y trabajan en proyectos concretos desde la confianza mutua, los resultados pueden ser transformadores.

Complicidad práctica desde la colaboración concreta

Aquí entra en juego una idea clave formulada por compañeros sindicalistas: no basta con proyectos piloto aislados, necesitamos crear espacios prácticos y sostenidos de colaboración. Una propuesta realista sería iniciar experiencias concretas de diálogo Sindicatos-ESS en territorios específicos, aprovechando sus estructuras descentralizadas.

Estas experiencias iniciales podrían centrarse en objetivos limitados pero claros: identificar sectores donde haya prácticas fraudulentas o precarizadoras bajo la figura cooperativa, definir buenas prácticas comunes y establecer criterios sencillos de calidad laboral ligados a la transición ecológica y digital, en sintonía con la OIT, que promueve la ESS como herramienta efectiva para garantizar trabajo digno y justicia social.

Este enfoque gradual permitiría aprender desde la práctica directa, generando una colaboración desde abajo, con protocolos adaptados y realistas para cooperativas que reconozcan su especificidad, evitando conflictos internos mediante acuerdos básicos sobre igualdad salarial, participación democrática y formación continua.

Igualmente sería útil probar modelos concretos de acompañamiento sindical en territorios o sectores específicos, facilitando la formación y asesoría a iniciativas de economía social, y condicionando posibles incentivos públicos a criterios mínimos de transparencia, igualdad y calidad del empleo.

Una colaboración sencilla podría pasar también por un pequeño observatorio territorial conjunto, inicialmente basado en un seguimiento limitado y concreto de condiciones laborales y sociales en entidades ESS del territorio, promoviendo transparencia y confianza mutua sin complejidades institucionales excesivas.

Finalmente, el sector de los cuidados podría servir como área práctica inicial, donde ambas partes compartan ya cierta afinidad y experiencia previa, explorando la formalización cooperativa del empleo y la mejora de las condiciones laborales en proyectos concretos que generen aprendizajes replicables.

Así, sin grandes despliegues institucionales iniciales, podrían darse pasos realistas y útiles hacia una colaboración efectiva entre sindicalismo y economía social.

Lo que el sindicalismo puede aprender de la ESS

La Economía Social y Solidaria ya acumula aprendizajes valiosos que pueden revitalizar al propio sindicalismo. Las metodologías de “organizaciones habitables” que promueve REAS Euskadi -centradas en el cuidado interno, la corresponsabilidad y la sostenibilidad ecofeminista- el bienestar de las personas y del entorno en el centro de la gestión cotidiana. Lejos de ser un simple manual de buenas intenciones, estas prácticas se concretan en herramientas como el Balance Social o las auditorías de género, que convierten los valores en datos verificables y orientan mejoras reales en equidad salarial, participación en la toma de decisiones y corresponsabilidad en los cuidados.

De este enfoque nace también un tipo de activismo económico que interpela al sindicalismo: preguntarse no sólo cómo luchamos por los derechos laborales, sino también con qué prácticas económicas los sostenemos. Que los sindicatos revisen con qué proveedores contratan sus servicios -desde telecomunicaciones hasta energía o suministros- y opten por cooperativas éticas como Som Connexió, entidades de energía verde o redes de consumo responsable, refuerza su compromiso con un modelo económico coherente con los derechos que defienden.

Incorporar estas prácticas ampliaría el repertorio de acción sindical, enriquecería su cultura organizativa con criterios más flexibles y democráticos, y permitiría avanzar hacia una transformación más integral que alinee discurso, acción y estructura. Una alianza basada no solo en lo que podemos ofrecer, sino también en lo que necesitamos aprender.

Lo que está en juego no es solo cómo defendemos el trabajo, sino qué sociedad queremos construir juntas. La invitación es clara: no sigamos siendo ni simples socios ni meros espectadores. Es hora de construir juntas y en serio el modelo económico y social que defendemos, conscientes de nuestra diversidad, pero comprometidas con un mismo horizonte transformador.

la CNT convoca a la ciudadanía a participar en la manifestación que tendrá lugar el 17 de julio en Barcelona, en defensa de la libertad sindical y para exigir la liberación de las compañeras conocidas como las 6 de “La Suiza”.

Desde la Reas Red de Redes nos sumamos al comunicado de la Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya y queremos expresar todo nuestro apoyo a las seis sindicalistas de la CNT condenadas y encarceladas en el conocido como caso «La Suiza».

Este encarcelamiento no es algo aislado. Forma parte de una ofensiva autoritaria que pretende limitar, en su defecto, la capacidad de las personas trabajadoras de organizarse, defender sus derechos y poner en cuestión el abuso de poder empresarial.

Como entidades y personas comprometidas con otra economía –basada en la democracia, el respeto a los derechos humanos y la justicia social– nos indigna que defender estos derechos pueda acabar suponiendo penas de prisión.

El caso de las 6 de La Suiza nos interpela directamente porque la economía solidaria no puede existir sin libertades colectivas. No existe transformación social si se castiga la solidaridad entre trabajadoras, si se criminaliza la protesta o si se reprime la acción sindical.

Nos reafirmamos en la necesidad de construir espacios de trabajo y de vida libres de explotación y represión. Reforzar la cooperación, la justicia social y el apoyo mutuo es hoy más que nunca una respuesta imprescindible.

Hacemos un llamamiento a toda la red ya la ciudadanía a participar en la manifestación convocada por la CNT y a la que se añadirán la mayoría de sindicatos de Cataluña el jueves 17 de julio a las 19.30h en la plaza Urquinaona de Barcelona.

Frente a la represión, Solidaridad.

La aprobación de las Directivas 2014/23/ UE y 2014/24/UE su posterior transposición al ordenamiento jurídico del estado español, a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público suponía la transformación del modelo de contratación pública hacia un nuevo enfoque que, en términos de Gimeno Feliu1, debía ser “estratégico”. Una nueva visión que nos conduciría hacia la satisfacción real del cometido de la contratación pública que no es otro que garantizar y contribuir al interés general y el bien común y esto pasa por promover un modelo que aúne la sostenibilidad ambiental, social, económica y la igualdad efectiva. Sin embargo, en la práctica, los datos nos arrojan otra realidad. Actualmente,en el estado Español la contratación pública representa, según datos del Ministerio de Hacienda para 2023 el 11,55% de su PIB (aunque otros informes sitúan de media, esta cifra en el 20%) y el 24,87% del total de su gasto público. En el caso de Europa, el OBCP2 estima que los procesos de contratación pública por parte de las autoridades de la UE representan el 14% del PIB de Europa.

Si bien los datos nos constatan que la contratación pública tiene un peso muy significativo en términos absolutos y por lo tanto ejerce una importante influencia en la construcción y fortalecimiento de un nuevo modelo económico basado en la justicia social, a la práctica sigue fundamentándose en una visión economicista que sitúa como principal eje del objeto del contrato el coste o el precio de la licitación sin tener en cuenta la inclusión de las cláusulas sociales, de género y ambientales esenciales para asegurar la construcción de un modelo de crecimiento sostenible.

En esta línea, la Confederación Europea de Sindicatos (de ahora en adelante CES)3 en 2023 publicó un informe en que denunciaba que, alrededor de 1.000 millones de euros, provenientes de fondos públicos de la UE, a través de 254 contratos, habían sido concedidos a 8 empresas señaladas por vulnerar los derechos humanos laborales en el Informe sobre el Índice Global de Derechos elaborado cada año por la Confederación Sindical Internacional (de ahora en adelante CSI). Este informe analiza el grado de consecución de los derechos humanos laborales en el mundo y la vulneración de los derechos fundamentales en materia de libertad sindical (derecho a la negociación colectiva, a organizarse, a fundar y a afiliarse a un sindicato, el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de expresión, entre otros).Las empresas incluido en este informe eran aquellas que, o bien habían estado vinculadas a un supuesto de violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras o bien no utilizaron los mecanismos necesarios para abordar los casos de vulneración de los derechos de la clase trabajadora incumpliendo así su obligación de respetar los derechos humanos laborales reconocidos internacionalmente y de evitar acciones que obstaculicen el acceso y vigencia de dichos derechos. Por ello, el movimiento sindical, a través de la CES, el pasado mes de octubre de 2024 hacía un llamamiento a la reforma del marco normativo que regula la contratación pública en Europa para que permitiera la inclusión de manera efectiva, de las cláusulas sociales como parte del objeto del contrato para erradicar así el actual modelo economicista que se ha convertido en “ una carrera a la baja en materia de salarios y condiciones de trabajo”4. Con el elevado porcentaje del PIB que representa la contratación pública en la UE y en sus Estados Miembros, una reforma del marco normativo contribuiría a asegurar salarios y condiciones de trabajo dignas de millones de trabajadores y trabajadoras de las empresas licitadoras a través del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, a un salario digno, a la igualdad efectiva y real y esto pasa también por reconocer el rol central del movimiento sindical como garante de las cláusulas sociales, tanto en la fase de preparación y adjudicación de los contratos como en la fase de seguimiento de los mismos.

Por ello, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, ha venido impulsando la inclusión de los mecanismos de participación y acción sindical internacional como instrumentos de referencia a la hora de definir las cláusula sociales y también las ambientales y establecer su seguimiento efectivo durante la ejecución del contrato a través de dos mecanismos.

El primero de ellos, mediante la representación sindical en los centros de trabajo y la construcción de mecanismos colectivos sindicales para analizar la inclusión de las cláusulas sociales con perspectiva de género y ambientales en la fase de preparación de los contratos públicos a través de los espacios de concertación y diálogo social y que, cuando se configuren los comités de seguimiento de dichos contratos puedan ser aplicadas.

El segundo, a través del sindicalismo global. En nuestra contemporaneidad, un volumen importante de la contratación pública pivota sobre la compra pública que, atendiendo al actual modelo de extra territorialización de la producción, se fabrica en las cadenas globales de valor que ya concentran el 60 % de la producción mundial sumidas en una profunda opacidad. En los últimos años el movimiento sindical, a través de las federaciones sindicales internacionales, han desplegado los Acuerdos Marco Internacionales (en adelante AMI) o acuerdos marco globales (AMG) que se erigen como una suerte de negociación colectiva acordada entre la empresa matriz, la federación internacional y los sindicatos desplegados en cada eslabón y en cada centro de trabajo que conforman toda la cadena de producción. Mediante su implementación se garantiza que, a lo largo de la cadena global de valor se proteja la libre organización sindical de los trabajadores/as, el ejercicio de la negociación colectiva, aún en aquellos casos en que las fábricas están situadas en países donde no se han regulado las libertades sindicales y se ha extendido la violencia antisindical, así como las Normas Fundamentales del Trabajo relativas a las condiciones de trabajo (salarios, duración de la jornada laboral, tiempo de descanso, permiso, vacaciones, protección social, entre otros) y de salud y seguridad en el trabajo también vinculadas a las mejoras medioambientales y a la defensa de un modelo de producción “verde” coherente con el Derecho de la Naturaleza. Unido todo esto a la regulación de mecanismos de seguimiento y control como son la libre visita de fábricas, centros de trabajo por la propia representación sindical para asegurar el cumplimiento del AMI o AMG.

La inclusión de ambos mecanismos dotaría a la contratación pública del enfoque social necesario para asegurar la transformación de la visión economicista actual en otra fundamentada en la garantía y vigencia de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, especialmente en relación a los grupos más vulnerables, y en el respeto efectivo de las cláusulas ambientales para construir así un modelo de contratación pública basado en la justicia social, y esto pasa inevitablemente por establecer espacios de concertación y diálogo con el movimiento sindical que, aún en el contexto actual de desregulación, ha construido mecanismos sindicales globales para asegurar la defensa y vigencia de los derechos laborales y sindicales aquí y en el mundo.

1. Gimeno de Feliu, José María “La visión estratégica en la contratación pública en la LCSP: hacia una contratación socialmente responsable y de calidad” en Economía Industrial. 2020, número 415, páginas 89-97.

2. Blanco López, Francisco “Estrategia de datos de la contratación pública española” al OBCP. Consultat el 09/12/2024 [En línea] Disponible a:
https://www.obcp.es/opiniones/estrategia-de-datos-de-la-contratacion-publica-espanola.

3. European Trade Union Confederation, 2023 [consulta el 09-12-2024) Disponible a: https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-gives-eu1-billion-firms-shamed-over-workers-rights-violations.

4 Ibídem.

Artículo Noticias Obreras

El relato de la gestión de la casa común ha alcanzado un punto de no retorno en tiempo pandémico. Las transformaciones a las que ha de hacer frente ejercen un efecto sandwich para el mundo del trabajo en todas sus dimensiones. No en vano, la relevancia de la centralidad del trabajo durante la pandemia ha permitido que el tremendo golpe sufrido al ser humano posibilite replantear diferentes escenarios futuros.

Una primera dimensión vinculada a la transformación digital ejerce una presión al trabajo entre maximizar beneficios del capital y el abaratamiento de la tecnología. Los mecanismos de huida del derecho del trabajo hacia otras formas mercantilistas que devalúan el factor trabajo, cuando no los invisibilizan directamente.

Una segunda dimensión vinculada a los procesos productivos y de consumo con el impacto medioambiental. La situación de emergencia climática ocupa una preocupación social prioritaria que requiere pasar aceleradamente a la acción. Con todas las aristas y matices existentes, o la mayoría social adapta y gobierna esa transformación, o las perspectivas de impacto auguran una crisis de civilización sin precedentes en la escala humana.

Una tercera dimensión confronta a la economía con las necesidades de las personas. Aquí ponemos de manifiesto el valor del trabajo de los cuidados a la persona con los actuales indicadores de medición de la economía. El desigual valor del trabajo para mujeres y hombres fomentado por una economía financiera globalizada que ha provocado las mayores tasas de desigualdad social y brecha de género, a pesar de sus ritmos de crecimiento del último lustro.

La cuarta dimensión, en estrecha relación con la anterior, aborda el trabajo como factor esencial del sostenimiento de los sistemas de protección social. A lo comentado anteriormente, adicionar elementos como los crecimientos de la esperanza de vida y la población mundial. Establecer unos sistemas armonizados de protección social requiere de todos los ingenios de las instituciones del mundo del trabajo para solidificar una esperanza para una vida digna.

El COVID 19 ha puesto de manifiesto la relevancia de todas ellas y ha arrinconado algunos de los mantras sobre los sistemas de gestión empresarial y el modelo productivo que merecen nuestra consideración.

Las cooperativas, fundamentales durante la pandemia

Centraremos la atención en los modelos de gestión cooperativista en relación con otras formas jurídicas societarias. Resulta indudable que, tal y como señalaba Guy Rider, director general de la OIT, “las cooperativas de productores y consumidores han sido fundamentales para mantener las cadenas de suministro de bienes y servicios esenciales al hacer hincapié en sus comunidades y relocalizar las economías” mientras que “las cooperativas industriales, sociales, y de trabajadores han transformado sus productos y servicios para satisfacer la acuciante demanda local de equipos de protección, alimentos, suministros y atención social tanto al mantener una actividad esencial para las personas y su cuidado”, cumpliendo así una función esencial en beneficio de la triple dimensión social, medioambiental y económica.

Según datos de Eurostat, España ocupaba el 4º lugar en volumen de personas trabajadoras a través de empresas de economía social, siendo la 3º en número de ellas. La larga tradición de esta forma societaria en países de la Europa Mediterránea y en Alemania ocupan un porcentaje muy importante en PIB (En España entorno al 10% y el 12,5% en empleo según un informe de Fundación Alternativas en 2019).

Por ello, ante la crisis económica derivada de la pandemia y las consecuencias duraderas que plantean, vuelven a surgir debates de enorme interés en lo social y sindical de cara a la asunción por parte de las personas trabajadoras de la organización y gestión de la empresa ante una reestructuración o situación de crisis.

El ejemplo italiano

Recientemente, en Italia se ha suscrito acuerdo entre Confcooperative, Legacoop y AGCI con las organizaciones sindicales CGIL, CSIL y UIL para la promoción y desarrollo de trabajadores buyout (adquisición de empresas llevadas a cabo por los propios empleados). Con él, se pretende anticipar a los efectos negativos que derivan de los procedimientos preconcursales y concursales. Desde los agentes sociales, se ha valorado como un elemento central para el interés general de la sociedad, ya que estimula un sistema orientado a las políticas activas de empleo, generando mecanismos de autoempleo, reducen el elevadísimo coste de las políticas pasivas de empleo. Además, no cabe duda, de reducir la dispersión de actividades productivas y de mano de obra arraigada al desarrollo y vertebración de territorios.

Resulta importante destacar la participación tripartita (Gobiernos, empresas y organizaciones sindicales) que analicen y supervisen el progreso de situaciones empresariales potencialmente objeto de compra por las personas trabajadoras a partir de indicadores específicos, con campañas de sensibilización, formación e implicación de todas las herramientas de apoyo financiero adicional, entre ellas, la participación de la Administración.

Un cambio cultural posible

Es inevitable preguntarnos si la traslación mimética de este acuerdo cabría en el ordenamiento jurídico español y, lo que, a nuestro juicio, resulta más importante, ¿tenemos el conjunto de conocimientos, costumbres, modo de vida para llevar a cabo medidas de este calado?

Respecto a la primera cuestión, derivaremos a opiniones más cualificadas como la del profesor Eduardo Rojo o la del profesor Antonio Baylos que en sus largas trayectorias profesionales han analizado estos supuestos de reestructuración empresarial.

Respecto a la segunda pregunta, merece la pena destacar algunos elementos para el debate que explican la relación entre el sindicalismo y las empresas cooperativas y de economía social. Partiendo de objetivos similares: democratización de la toma de decisiones en las empresas y una puesta en marcha de bienes y servicios que beneficien al conjunto de la sociedad y al territorio, o la estabilidad en las relaciones laborales que garanticen un sustento para una vida digna, encontramos suficientes elementos de recelo a las herramientas de solución acordadas en Italia.

En primer lugar, son numerosos los ejemplos de utilización de esta forma societaria como mecanismo de huida del derecho del trabajo. La posibilidad legal de la elección de la cooperativa que posibilita la elección entre personas trabajadoras en el régimen especial de autónomos o régimen general ha dado lugar a numerosos ejemplos de falsos autónomos, por ejemplo en el sector de las cárnicas, que han devaluado el factor trabajo y han sido objeto de lucha sindical de primer orden.

En segundo lugar, los mecanismos de democratización de las empresas no han tenido el desarrollo ni la implantación suficiente para que las personas trabajadoras de estas formas societarias ostenten mayoritariamente esta condición.

En tercer lugar, es necesario hacer mención a los procesos de reestructuración empresarial en España. Son numerosos los intentos pasados de adquisición por parte de las personas trabajadoras de la gestión empresarial en crisis anteriores. En muchos casos, la experiencia no ha resultado positivo por muy diversos factores: la gestión tardía de la crisis por la dirección saliente, que sitúa a las personas en una posición de extrema debilidad y vulnerabilidad en la gestión del concurso. Queremos resaltar que la falta de transparencia empresarial aquí se pone de manifiesto, unido al fomento de determinadas sociedades que han primado la especulación financiera de los activos en detrimento de una economía productiva que redunde en el conjunto de la sociedad. Pero también es merecedor de comentario la falta de formación e información de las personas trabajadoras que, en el cambio de rol, han carecido de los conocimientos suficientes para la gestión promovida por la falsa cultura impulsada políticamente del emprendedurismo en la última década especialmente.

Todos estos elementos han de ser combatidos a partir de tejer puentes sobre la base de qué nos une. Considerar únicamente los elementos que nos separan nos empobrece en la capacidad de construir un relato basado en prácticas transformadoras que tenga como objetivo prioritario anticipar futuros. Los retos futuros del mundo del trabajo tienen una profundidad jamás vista anteriormente, que requiere construir movimientos económicos y sociales con objetivos comunes. La declaración del Centenario de la OIT establece una hoja de ruta lo suficientemente inclusiva para todas las partes que posibilite el futuro del trabajo que queremos.

En diálogo con Sirel, Denise explicó la importancia de la relación entre los sindicatos y la Economía Social y Solidaria (ESS). Denise es vicepresidenta de la Confederación de Sindicatos Nacionales (CSN), de Québec, Canadá, que agrupa a 2.800 sindicatos con 300 mil miembros. La CSN fue una de las principales organizaciones que participaron en el taller “Acción sindical y Economía Social y Solidaria”, y la que exhibió mayor desarrollo sobre este tema. -¿Qué es la CSN? -Es la segunda organización en importancia en Canadá, es específicamente francófona y promueve un modelo de sindicalismo democrático y libre. Agrupa al conjunto de diversos sectores como el de la salud, la educación y otros del ámbito público, y también del privado como los sectores metalúrgicos, forestales y otros. -¿Cómo entran ustedes en la práctica de la economía solidaria? -Ese inicio ocurrió ya hace unos cuantos años, e ingresamos porque nos dimos cuenta de que las trabajadoras y los trabajadores eran explotados por los bancos financieros o de crédito, y por tanto decidimos fundar un organismo que se llamó ACEF y cuyo objeto era proteger la economía de las familias ayudándolos a hacer presupuestos para sus gastos o mostrándoles dónde se puede pedir créditos con intereses más bajos. Ese fue nuestro primer objetivo. Luego instituimos la Caja de Economía de Trabajadoras y Trabajadores que desde hace algunos años se transformó en la Caja de Economía Solidaria. La decisión ha sido de los propios sindicatos que primero establecieron un fondo para atender sus necesidades durante las huelgas y los conflictos, pero que también sirviera para promover empresas de economía solidaria y sostener organismos culturales. -¿Puedes poner un ejemplo? -El Cirque du Soleil, conocido por tanta gente alrededor del mundo, es una forma de cooperativa y no lograba obtener préstamos de la banca convencional. Vinieron a nuestra Caja y tuvimos el placer de ayudar al inicio de este gran emprendimiento. A pesar de que ahora maneja millones de dólares, el Cirque du Soleil continúa teniendo sus cuentas en nuestra Caja, y de esa manera contribuye a que podamos seguir desarrollando constantemente nuestra política. Otro aspecto importante de nuestra acción en este plano es la ayuda a las empresas recuperadas por sus trabajadoras y trabajadores. Tenemos un departamento llamadoMCE Consejo que está integrado por economistas y expertos fiscales. Cuando nos enteramos de que alguna empresa con sindicatos nuestros se encuentra en dificultades acudimos para asesorarlos, y ocurre que a menudo esas empresas quebradas se vuelven emprendimientos cooperativos que practican la democracia en el trabajo. Resumiendo: sostenemos a nuestros sindicatos en la acción, y en segundo lugar respondemos a necesidades sociales con las cuales nos comprometemos. -¿Y funciona? -Por cierto que sí. En 1998, en el marco de la Cumbre sobre el Empleo el gobierno de Québec organizó un gran Foro en el cual participaron las organizaciones de la sociedad civil, en cuyo transcurso decidimos de manera unánime fundar -con el apoyo del gobierno- el Chantier* de Economía Social que es la instancia principal de coordinación institucional en la economía social y solidaria, y en cuyo Consejo de Administración participamos desde hace mucho tiempo. O sea que en Québec existe una cultura sobre este la ESS, pero también procuramos sostenerla porque ella es poco o nada conocida por las grandes instituciones financieras, y por tanto nos hemos dotado de los mecanismos necesarios para promoverla. También pusimos en pie el Fondo de Acción que es una caja de ahorro previsional donde la gente coloca dinero para tener una mejor jubilación, pero que se invierte en cooperativas o empresas de ESS. No pensamos que toda la economía debe ser social o que todas las empresas deban ser del Estado, pero nuestra opción como sindicatos es hacer lo que podamos para que las empresas de la ESS puedan ser viables. -Para muchos el vínculo entre la ESS y la acción sindical no es visible. ¿Por qué es importante para ustedes? -Diría que es importante para todo Québec. Somos la única provincia francófona de Canadá, y al mismo tiempo muy próxima a Estados Unidos, y para nosotros es esencial subrayar los rasgos que nos hacen una comunidad diferenciada. Pienso que nuestros miembros entienden bien que si bien nos ocupamos del campo social, no dejamos de priorizar y de atender la acción sindical, la negociación, la movilización, las huelgas y demás. Pero también debemos ser capaces de intervenir fuertemente en el campo social. Hay muchas razones para ello, pero sobre todo que queremos fortalecer un sector capaz de crear los empleos que por diversas razones va destruyendo el sistema hegemónico. Y el gobierno, en tanto, tiene la obligación también de apoyar y sostener a este sector que tiene capacidad de absorber parte del desempleo. Cuando asumió por primera vez el actual primer ministro, Jean Charest, que ahora está en su tercer mandato, pretendió destruir a la CSN, no solamente en nuestra acción sindical sino también como promotora del movimiento social, pero no lo logró, porque incluso los grandes periódicos, que son capitalistas neoliberales, saben perfectamente que no nos pueden atacar porque es agredir nuestra idiosincrasia, la imagen de Québec al interior de Canadá. A pesar de recibir críticas, como cualquier organización sindical, también recibimos expresiones de apoyo o por lo menos de reconocimiento por nuestra labor. -¿Cuál es tu balance del Taller sobre “Acción sindical y ESS” en Luxemburgo 09? -Estoy bastante satisfecha, siendo que fuimos nosotros quienes solicitamos que se organizara este taller porque pensamos que tenemos que ser capaces de mostrar a nuestros amigos sindicales modelos diversos de integración entre sindicatos y ESS. Nuestro modelo no es perfecto, pero está muy avanzado en relación con lo que vimos en el Taller. También sentimos que hay organizaciones, sobre todo europeas, que ven que nuestra acción sobre la ESS es un gesto mercantil, pero para nosotros es un soporte, un apoyo social, lo que es muy distinto. En nuestra opinión, los sindicatos deben ser actores sociales de primera línea, deben estar comprometidos en la lucha contra la pobreza, por una mayor igualdad entre las regiones, y también ser una ayuda para crear riqueza por medio de un modelo diferente al neoliberalismo en el cual la gente no se sienta tan explotada como en el capitalismo. Creo que esta actitud crea ámbitos de diálogo y eso, en estos tiempos, ya es todo un éxito. Carlos Amorín Rel-UITA