A la ciudadanía se le repite que tiene que comer mejor. Más frutas y verduras, más legumbres, más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados. Lo dicen las autoridades sanitarias. Lo dicen las profesionales de la salud. Lo dicen las guías alimentarias.

Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién puede permitirse comer así?

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Porque mientras se recomienda mejorar la alimentación, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables se ha convertido para muchas familias en un esfuerzo económico cada vez mayor. Y esta contradicción no es un problema individual. Es un problema del sistema alimentario.
No se puede seguir trasladando a las personas toda la responsabilidad sobre lo que comen cuando las reglas del mercado hacen que comer bien resulte más difícil.

La alimentación saludable no puede ser un lujo.

Una alimentación saludable no debería depender del nivel de renta.

Sin embargo, para una familia con dificultades económicas, llenar la cesta de productos frescos puede significar renunciar a otras necesidades básicas. Y cuando el presupuesto aprieta, los alimentos baratos, muy disponibles y fuertemente promocionados suelen ser precisamente aquellos cuyo consumo las autoridades sanitarias recomiendan limitar.

Esto no es una elección libre en igualdad de condiciones.

Según Justicia Alimentaria, durante demasiado tiempo se han construido las políticas alimentarias alrededor de una idea muy sencilla: el consumidor debe elegir mejor.
Pero ¿qué ocurre con los precios? ¿Qué ocurre con las promociones? ¿Qué ocurre con la distribución de los espacios en los supermercados? ¿Qué ocurre con las estrategias comerciales? ¿Qué ocurre con los márgenes? ¿Qué ocurre con la publicidad dirigida a las familias y a la infancia?

Si se quiere transformar la alimentación, hay que transformar también el entorno en el que se toman las decisiones.

Por eso proponen 100 alimentos saludables a precio justo.

Desde Justicia Alimentaria quieren abrir un debate y construir una propuesta concreta: que las grandes cadenas de distribución garanticen permanentemente una cesta amplia de alimentos saludables vendidos a precio de coste, sin trasladar el coste a profesiones de la agricultura, ganadería y proveedoras de alimentación.

La propuesta parte de una idea sencilla.

Los supermercados ya utilizan sus diferentes márgenes comerciales para construir su oferta y su estrategia de precios. Lo que plantean es que una parte limitada de esos márgenes se utilice para hacer más accesibles los alimentos esenciales para una alimentación saludable.

No se trata de que las personas que trabajan en el campo cobren menos.

No se trata de precarizar a quienes producen los alimentos.

No se trata de financiar la medida con dinero público.

Se trata de actuar sobre la distribución y sobre la forma en que se construyen los precios en la cadena alimentaria.

Y proponen hacerlo de manera transparente, con criterios nutricionales claros y con una cesta suficientemente amplia y diversa: frutas, verduras, legumbres, alimentos básicos y otros productos compatibles con las recomendaciones oficiales de alimentación saludable.

100 alimentos saludables. 100 alimentos a precio justo. 100 alimentos que permitan que comer bien no sea un privilegio.

Que nadie tenga que elegir entre salud y bolsillo

Hay algo profundamente injusto en un sistema en el que una familia puede encontrar miles de productos alimentarios en un supermercado, pero tiene dificultades para llenar su cesta con aquellos alimentos que debería consumir con mayor frecuencia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud. Y, por tanto, garantizar el acceso a una alimentación saludable no puede quedar reducido a campañas de educación nutricional.

No basta con decirle a una familia que coma mejor. Hay que hacer posible que pueda hacerlo.

Y eso exige intervenir sobre los precios, sobre la oferta y sobre las estrategias comerciales de las grandes cadenas de distribución.

Una propuesta que también debe proteger a quienes producen

Esta iniciativa no pretende enfrentar a quién consume y a quién produce.

Al contrario.

La organización no acepta la falsa disyuntiva entre alimentación saludable y renta agraria.

Una alimentación diferente necesita también agricultores y ganaderas que puedan vivir dignamente de su trabajo.

Por eso cualquier mecanismo para abaratar determinados alimentos saludables debe impedir que el coste termine repercutiendo sobre quienes los producen.

La transformación alimentaria no puede hacerse a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

El supermercado también es política alimentaria

Durante años se ha considerado el supermercado como un espacio neutral.

No lo es.

Lo que se encuentra a la entrada, lo que está a la altura de los ojos, lo que aparece en promoción, lo que tiene descuentos, lo que se publicita, lo que ocupa más espacio y lo que se puede comprar a un precio asequible forma parte del entorno alimentario.

Y ese entorno condiciona la alimentación.

Por eso Justicia Alimentaria cree que ha llegado el momento de hablar de política alimentaria también dentro de los supermercados.

No se pueden dejar en manos exclusivamente de las empresas decisiones que tienen consecuencias sobre la salud de millones de personas.

Construir una alianza

En Francia, una iniciativa de estas características ha conseguido reunir a 42 organizaciones de ámbitos muy diferentes: organizaciones de consumidores, entidades sociales, organizaciones de salud, medioambientales, asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza, entre otras. La coalición está reclamando que una cesta de alimentos saludables pueda venderse permanentemente a precio de coste y ha acompañado esta reivindicación con una propuesta legislativa. Justicia Alimentaria cree que en España se puede hacer algo parecido.

Porque este no es un problema exclusivamente de agricultores.

Ni de consumidores.

Ni de salud pública.

Ni de pobreza.

Ni de medio ambiente.

Es un problema del sistema alimentario.

Y, precisamente por eso, necesita una respuesta colectiva.

Desde Justicia Alimentaria quieren impulsar una alianza por 100 alimentos saludables a precio justo y hacen un llamamiento a organizaciones sociales, de consumidores, de salud pública, de familias, sindicales, ambientales, de defensa de la agricultura familiar, profesionales de la nutrición y la salud, asociaciones contra la pobreza y todas aquellas entidades que quieran formar parte de ella.

Quieren sentarse, debatir la propuesta, mejorarla y convertirla en una reivindicación compartida.

Porque saben que una transformación de esta magnitud no la va a conseguir una organización sola.

La conseguirán si son capaces de construir una mayoría social que diga algo muy sencillo: comer bien no puede ser un privilegio de quien puede pagarlo.

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Fuente: Justicia Alimentaria

Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.

Las empresas tienen un papel fundamental en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Para poder desempeñarlo, además de diseñar y aplicar soluciones de sostenibilidad a sus procesos internos, deben inspirar a sus proveedores y clientes para que desarrollen acciones más sostenibles, reduzcan sus impactos medioambientales y mejoren el bienestar de todos.

El ODS 12, que se refiere al consumo y la producción sostenibles, busca, entre otros aspectos, desvincular el crecimiento económico de la degradación medioambiental y aumentar la eficiencia de los recursos a través de ocho metas específicas que deberían alcanzarse en 2030.

En un estudio publicado a principios de 2023 nos propusimos investigar cómo las empresas del sector minorista alimentario español informan sobre su contribución al cumplimiento del ODS 12.

El sector de la distribución está muy bien situado para la promoción del ODS 12 al actuar como punto de unión entre los productores y los consumidores. Además de desarrollar sus propias acciones a favor de la sostenibilidad, pueden influir en los proveedores (para que produzcan) y en los consumidores (para que consuman) de forma sostenible.

El diseño del estudio

Una manera de tener una visión del compromiso de las empresas con el ODS 12 es a través de la comunicación de sus logros e iniciativas a este respecto en sus informes de sostenibilidad.

Para nuestro análisis, desarrollamos un índice de divulgación con el que medir el nivel de información aportada y establecimos como umbral de aceptabilidad un valor del 50 %, del máximo posible.

Elaboramos nuestro índice en base a tres ejes:

• La información de sostenibilidad publicada en las cuentas anuales de las empresas y resumida a través de indicadores específicos.
• Las metas del ODS 12.
• El SDG Compass, la brújula de los ODS: una guía para las empresas sobre cómo cumplir con los ODS, relacionando los indicadores de gestión (huella generada, ciclo de vida del producto, etc.) con las metas de desarrollo sostenible.

Posteriormente, revisamos las memorias de sostenibilidad de 2018 y 2019 de las principales empresas minoristas de alimentación españolas y valoramos cuantitativamente la información aportada acerca de su contribución al ODS 12.

La tabla anterior describe las características de las empresas analizadas que, en conjunto, representan más del 77 % de la facturación del sector, el 68,4 % de la superficie comercial y el 68 % de la plantilla.

En sus informes, casi todas las empresas se muestran sensibilizadas con el tema de la sostenibilidad y hacen referencia a los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Además, seis de ellas declaran expresamente estar comprometidas con el ODS 12.

Información de escasa calidad

Cuando nos fijamos en la información de cómo es el compromiso con el consumo y la producción sostenible, los resultados muestran que las empresas españolas de distribución alimentaria no comunican adecuadamente sus logros en relación con el ODS 12.

Con cifras promedio de 30 % y 34 % en cada uno de los años examinados, quedan lejos de alcanzar el umbral de 50 % de divulgación aceptable establecido en nuestro marco de puntuación.

Poca transparencia económica

Las empresas divulgan sus logros en torno al ODS 12, sobre todo en lo que respecta a la eficiencia alcanzada en la gestión de los recursos naturales (meta 12.2) y de los productos químicos y residuos (meta 12.4).

En cambio, prestan menos atención a las metas relacionadas con la promoción de una economía circular y del consumo sostenible (12.5 y 12.8).

El análisis de la información por áreas de negocio refuerza la evidencia de que concentran sus esfuerzos en las acciones relacionadas con la eficiencia energética y la reducción de gases, áreas con una clara dimensión medioambiental.

Por otra parte, dedican poca atención a informar del gasto en cuestiones medioambientales y de los aspectos relacionados con la responsabilidad ampliada del productor (RAP). Se trata de una normativa europea que obliga a los fabricantes de envases (comerciales o industriales) a establecer medidas que eviten generar residuos una vez finalizada la vida útil del producto contenido en dichos envases (mínimo envasado, reutilización de envases, etc.).

Compromiso con la producción sostenible

Los resultados también sugieren que a los minoristas alimentarios españoles les resulta más conveniente, o más importante, informar sobre aspectos relativos a sus operaciones internas, en lugar de influir con sus acciones en sus proveedores y consumidores. Es decir, están más comprometidos con la producción sostenible que con la mejora del consumo sostenible. Su labor prescriptora con proveedores y consumidores les resulta menos prioritaria que las decisiones y acciones que redundan en su eficiencia medioambiental.

Podemos considerar que el sector ha iniciado el camino hacia la consecución del ODS 12, pero que, dada su posición estratégica en la cadena de valor (situado entre productores y consumidores), sus acciones pueden tener todavía bastante recorrido.

¿Y ahora qué?

Es necesario que las empresas del sector acentúen su compromiso con el ODS 12, tanto en sus acciones como en la difusión de las mismas. Se puede empezar por redoblar esfuerzos en comunicar sus acciones en el área de la sostenibilidad, promover el consumo y la producción sostenibles y mejorar la información de los productos. No obstante, las empresas necesitan orientación sobre cómo informar de los impactos positivos generados y, sobre todo, de los negativos, en algunas áreas clave de su negocio.

Por ello, los gobiernos y las agencias también tienen la responsabilidad de emitir directrices y proponer políticas y legislación.

Autoría:

María Luisa Flor. Profesora titular de Organización de Empresas, Universitat Jaume I.
Iluminada Fuertes Fuertes. Profesora de Finanzas y Contabilidad, Universitat Jaume I.
Teresa Vallet-Bellmunt. Profesora Titular de Universidad, Área comercialización e Investigación de Mercados, Universitat Jaume I.

Hace unas semanas escribía el secretario de Asedas, una de las patronales de supermercados en España, un artículo en el que desmentía el papel de estas empresas en la definición de precios en la alimentación, dejando claro que no son un oligopolio. Entre sus argumentos estaban que su cuota de mercado no es tan representativa, que compiten con muchas otras empresas, y que España es un país exportador, por lo que es imposible que ellos puedan influenciar en los precios. Habría que preguntarle a las personas que trabajan en el campo o la ganadería qué piensan de estas palabras.

En España sólo once empresas controlan más del 75% del mercado total de la alimentación. Se trata de nueve grandes grupos de supermercados y tres centrales de compra que agrupan a supermercados regionales y cash&carry. Solo una de ellas, Mercadona, controla alrededor del 20% del total.

Estas son cifras aproximadas basadas en su facturación, que abarca diferentes canales de venta, principalmente las tiendas físicas, pero también la venta online, cada vez más controlada por estas empresas que ganan cuota de mercado año a año, compran pure players o se alían con Amazon (es el caso de DÍA). Además, el canal Horeca (restaurantes y hoteles) y hasta las instituciones públicas se abastecen principalmente de ellas, y en los últimos años han irrumpido con el servicio de comida “Lista para llevar”. Es decir, abarcan todo el mercado.

A todo esto hay que sumar que al menos cuatro de estos grandes supermercados (Alcampo, Carrefour, Lidl y Aldi) disponen en España de empresas creadas para realizar grandes compras de productos, principalmente fruta y verdura, para sus supermercados españoles, europeos o del resto del mundo. A su vez, otros grandes supermercados europeos hacen lo mismo importando el género de nuestro país.

El impacto de estas once empresas no es que sea importante, es que ellas conforman el sistema alimentario, junto con la gran industria agrícola, ganadera y de transformación

El impacto de estas once empresas no es que sea importante, es que ellas conforman el sistema alimentario, junto con la gran industria agrícola, ganadera y de transformación. Definen los precios, lo que se produce y cómo se produce, influyen en la legislación y promueven un modelo que representa el mayor impacto ecológico mundial a todos los niveles.

La alimentación es uno de los grandes temas de nuestro tiempo, a nivel económico, social y ambiental. Por eso no debe sorprendernos a quiénes hacemos ricos cada vez que pasamos por caja en alguno de los supermercados citados. Son siempre los mismos, el 1%.

En el accionariado de Carrefour, Alcampo, Lidl y Aldi aparecen cuatro de las familias más ricas de Europa, junto con fondos de inversión como Blackrock, como es el caso de Carrefour

En el accionariado de Carrefour, Alcampo, Lidl y Aldi aparecen cuatro de las familias más ricas de Europa, junto con fondos de inversión como Blackrock, como es el caso de Carrefour. Una de las familias más ricas de España controla Mercadona, y otra familia rica, junto con un jeque catarí y otros inversores, controlan los supermercados de El Corte Inglés. Mientras, unos oligarcas rusos controlan DÍA.

Existen dos excepciones, Consum y Eroski, que son cooperativas, aunque en el caso de la distribuidora vasca es una unión de sociedades de diferente realidad jurídica y distinta composición accionarial, desde una cooperativa en Euskadi, hasta empresas como Caprabo e inversores como Daniel Kretínsky, multimillonario checo dueño del 50% de las tiendas en Cataluña y Baleares.

En realidad, el problema con la alimentación es quién la controla. Quién decide qué es prioritario, la salud de las personas y los ecosistemas, o ganar más dinero. Remunerar de manera justa y digna como hace el comercio justo, o aumentar tu cuota de mercado. Parte de este poder se juega en las administraciones públicas, quienes influyen y regulan el mercado con subvenciones y leyes. Históricamente han promovido este modelo insostenible, va siendo hora de sumar fuerzas para cambiar sus políticas.

Pero el resto del poder está en nuestra compra. Por eso hay gente que hemos creado nuestros propios supermercados con una filosofía basada en la economía solidaria. Sin ánimo de lucro, con precios justos y apostando por productos locales y ecológicos. Somos supermercados cooperativos que ponemos en marcha un servicio a la ciudadanía donde decidimos en común qué queremos consumir. Y los resultados son muy diferentes, puedes leerlos en nuestra web.

Demostramos que cuando nadie se lucra, los valores están por encima del beneficio económico. Y que cuantos más seamos, más podremos conseguir. La próxima vez que pases por caja acuérdate, ahora puedes elegir quién es el propietario o propietaria de tu supermercado.

Con una inflación mensual del 6,6 por ciento (febrero pasado) y un acumulado interanual del 102,5, el rubro con mayores subas fue el de “alimentos y bebidas no alcohólicas”, con un 9,8 por ciento. Mientras comer es cada vez más caro y difícil en Argentina, desde la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT) informaron que en febrero tuvieron un aumento del cero por ciento en sus almacenes. “Es necesario impulsar estrategias para que el alimento deje de ser un objeto de especulación para los grupos concentrados. Por esto llevamos adelante la paritaria de precios entre la comercializadora y las familias productoras, para poder sostener los precios”, explica Josefina Galán, responsable del área de Comercialización de la organización.

Desde la economía social y popular se advierte desde hace tiempo sobre la necesidad de acortar los mecanismos de distribución de los alimentos en el mercado interno. Así lo explica Julio Gambina en un artículo de reciente publicación en Tierra Viva: “Un problema central está en la intermediación. Es necesario organizar la articulación entre esa masa de productores y distribuidores al menudeo, acercando la producción al consumo”. Propone establecer vínculos comunitarios, cooperativos y de autogestión para acercar los productos desde el campo a las mesas.

Por su parte, el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO) publicó en enero pasado un informe en el que compara los precios de los supermercados con los de las cadenas comerciales de la economía solidaria, social y popular. El mismo concluye que entre agosto y diciembre de 2022 resultó más conveniente comprar en almacenes comunitarios que en supermercados. Y cuantificó el ahorro total del período en 13.485 pesos.

El estudio señala que, en el segmento temporal analizado, los espacios de la Economía Social y Solidaria tuvieron un incremento intermensual del cinco por ciento, mientras que en las grandes cadenas de distribución fue del seis. En los almacenes, la canasta de alimentos muy acotada costaba en promedio 18.530 pesos y terminó cerrando el año en 24.058: un 29 por ciento de aumento. Por el lado de los supermercados el incremento fue mayor: de 20.542 pasó a 27.076 desde agosto a diciembre, un 31 por ciento. El sondeo se realizó en la Ciudad de Buenos Aires y su área metropolitana y los productos relevados fueron aceite mezcla, manteca, azúcar, vino, huevos, arroz, fideos, harina, lentejas, pan, frutas y verduras, carnes, lácteos, café y té, entre otros.

Una radiografía del sector de la distribución deja ver cómo el sector de la gran distribución tiene poder de oligopsonio: si, en condiciones de oligopolio, un pequeño grupo de productores domina el mercado, en el caso del oligopsonio, es un pequeño número de compradores el que lo controla. Esto no sólo les otorga una gran influencia como fijadores de precios, sino también de otras condiciones de pago: por ejemplo, el pago a 90 días de la mercadería.

Es lo que se ha denominado la «teoría del embudo»: coexisten en el mercado muchos productores y muchos consumidores, pero un pequeño grupo controla la fase de distribución y comercialización y, de ese modo, tiene la capacidad de imponer condiciones que le aporten un amplio margen de beneficio.

Ante la virtual desaparición de las tradicionales tiendas de barrio, los productores se ven obligados a ceder, en precios y en condiciones de pago, ante las exigencias, muchas veces abusivas, de los distribuidores: medidas como el pago diferido o la venta a pérdidas son fácilmente asumibles por las grandes multinacionales pero no por las pequeñas y medianas empresas. Todo ello redunda en márgenes de beneficios exorbitantes para los grandes distribuidores: el 60% o incluso más del beneficio final se concentra en la gran distribución, donde el consumidor llega a pagar un 2.000% más de lo que el distribuidor pagó al productor.

Cada vez más, ese modus operandi de la gran distribución se ha convertido en el principal factor determinante de su rentabilidad. El resultado es que aumentan las ganancias de los distribuidores y quiebran los pequeños productores, sobre todo en el sector agrario y ganadero. Porque si mucho se ha escrito sobre el poder corporativo, no se ha subrayado suficientemente la relación indisoluble entre la consolidación de la industria agroalimentaria corporativa y la gran distribución. Hemos asistido a una concentración del sector alimentario sin precedentes, en paralelo a la walmartización de la distribución.

En 2012, Convergence Alimentaire (Convergencia Alimentaria) publicó una infografía, que pronto se hizo viral, en la que queda patente el grado de concentración empresarial de los productos básicos, como alimentos, cosméticos y detergentes. Diez empresas producen y distribuyen más de 2.150 productos de consumo diario en docenas de países. Algunas de ellas poseen cientos de marcas: como las más de 300 de P&G y las más de 400 de Unilever y Coca-Cola.

Y, mientras que las empresas multinacionales se hacen con una porción de la tarta cada vez mayor, los pequeños productores y comerciantes tienen cada vez más dificultades para sobrevivir. Las cifras son sorprendentes: en el mundo se beben más de 4.000 tazas de Nescafé (Grupo Nestlé) por segundo, y los diferentes productos de Coca-Cola se consumen más de 1.700 millones por día. Las 10 mayores compañías alimentarias del planeta acaparan el 10% de la facturación mundial en el sector de alimentos: cada día ingresan más de 1.000 millones de dólares.

El primero de la lista es el grupo Nestlé, con ingresos de 103.500 millones de euros y alrededor de 8.000 marcas diferentes en todo el mundo. Lo sigue el Grupo Unilever, con una facturación de 68.500 millones de euros y una cartera de productos en que, además de alimentos (Frigo), hay marcas de referencia en otros sectores clave de la cesta de la compra, como la higiene personal (Axe o Rexona) y los productos de limpieza (Skip). Los lugares tercero y cuarto se los disputan los dos gigantes de los refrescos: PepsiCo y Coca-Cola. Y completan el cuadro de los poderosos de esta industria los grupos Mars, Danone, Associated British Food, General Mills y Kellogg Company. La concentración empresarial del sector es creciente, y a menudo nos pasa inadvertida gracias a la diversidad de marcas y logotipos, reducibles a un pequeño número de grupos empresariales. Según una investigación del IESE Business School de la Universidad de Navarra, realizado a partir del índice de Herfindahl con el que se mide la competencia empresarial, la concentración de la industria agroalimentaria supera en un 41% el umbral de concentración considerado como dañino para la competencia, y esto sucede, sobre todo, en productos como patatas chips, refrescos, yogures o sopas deshidratadas.

¿Por qué damos estos datos cuando hablamos del sector de la distribución? Porque el poder creciente de estas marcas ha sido posible, en gran medida, gracias al emporio de los hipermercados. La gran distribución moderna comenzó vendiendo los productos alimentarios. Si por una parte, como veíamos en otro artículo, las marcas permitieron el nuevo modelo de distribución, que podía prescindir del rol del tendero como fuente de confianza, la gran distribución moderna, al mismo tiempo, promovió el ascenso de estas grandes marcas, al ofrecer a los productores unas condiciones que privilegian la entrada de las grandes empresas. Pero no hablamos de un sector cualquiera: hablamos de la alimentación. Y dejarle a las empresas multinacionales, orientadas a la ganacia, el poder de decidir lo que comemos ha tenido consecuencias muy importantes sobre la salud, como denuncia el informe Viaje al centro de la alimentación que nos enferma, de Justicia Alimentaria.

La presión sobre los proveedores

Movimientos sociales como la Vía Campesina y Ecologistas en Acción han señalado la responsabilidad de los grandes grupos de distribución en el aumento sostenido de la diferencia entre el precio que se le paga a los productores y el que terminan abonando los consumidores en el supermercado. La gran distribución se lleva el 60% de lo que pagan los consumidores y es quien menos costes tiene en la cadena alimentaria. Por ello las asociaciones de agricultores piden un cambio en la legislación que compense la actual asimetría de poder entre los grandes distribuidores y los pequeños campesinos. Para 2006, según los cálculos de estas organizaciones, en la Comunidad de Madrid ese diferencial era del 400% de media, y en algunos productos superaba el 1.000%.

Pero los precios no son el único modo en que los distribuidores presionan a sus proveedores. El Tribunal Vasco de Defensa de la Competencia, en un extenso informe sobre La distribución de bienes de consumo diario, concluyó en 2009 que «Carrefour, Mercadona y Eroski constituyen un oligopolio estrecho en el mercado español de aprovisionamiento de bienes de consumo diario y en la distribución minorista en grandes superficies comerciales (esto es, de más de 1.000 metros cuadrados), que adopta comportamientos paralelos (colusivos) que restringen la competencia y perjudican el bienestar de los consumidores». El Tribunal reprochó la «posición dominante» de las tres grandes cadenas de distribución, que les permite «exigir a sus proveedores pagos y condiciones comerciales desproporcionadas». Avalados por su poder de oligopsonio, los grandes distribuidores asfixian a sus proveedores con políticas abusivas, como obligarlos a que entreguen gratuitamente la primera entrega, para así poder ofrecer, sin coste alguno, promociones que atraen y fidelizan a clientes; obligarlos a asumir los costes de las promociones en el establecimiento, pagando los gastos de carteles o regalos, y asumir, también, los costes del procesado, empaquetado y presentación de los productos. Eso, por no hablar de las draconianas condiciones de pago, a veces a meses vista, lo que resulta muchas veces inviable para las pequeñas empresas. En gran número de ocasiones, se los obliga además a aplicar descuentos de hasta el 20% en las entregas, pagar un extra por posiciones de privilegio en los expositores de venta –de nuevo, en detrimento de las empresas familiares– y a producir para sus marcas blancas.

Daniel López, de Ecologistas en Acción, ofrece una panorámica de la situación del sector de la distribución en el Estado español: «La estrategia de las grandes superficies para obtener beneficio se basa en vender muchas unidades con poco margen. Para ello, tratan de eliminar la competencia y ofrecer un producto elaborado muy barato (con materias de pésima calidad y presionando a la baja los precios pagados a agroindustria y producción) como producto gancho», que, a un precio a menudo por debajo de los costes de producción, atrae a los compradores a su establecimiento. Este es el llamado «canal moderno de distribución», que aporta mejores márgenes a los productores que el canal tradicional pero que implica, para acceder al canal, un importante volumen de producción y grandes inversiones y gastos; es, por tanto, una opción que queda al alcance de unos pocos: de las grandes empresas.

Todo esto crea distorsiones y disfunciones en el mercado que afectan tanto a los productores como a los consumidores. El estudio de Justicia Alimentaria llega a concluir que «los supermercados ganan más dinero por medidas de coacción que por la venta y sus productos (en Italia o Reino Unido el 50% y en Francia el 70% de los beneficios)». Esto, además de escandalizar a cualquier ciudadano de bien, visibiliza que, al igual que sucede con otros oligopolios, el de la distribución no tiene esos grandes beneficios por ser más eficiente o por hacer mejor que el resto, sino simplemente porque su tamaño le permite imponer todo aquello que le haga multiplicar su ganancia. Frente a esta realidad, Justicia Alimentaria y otras organizaciones en defensa de la soberanía alimentaria piden políticas públicas que ayuden a reequilibrar el poder de la cadena agroalimentaria, contratos públicos que garanticen condiciones dignas para el productor y creación de canales alternativos de distribución y comercialización que acerquen a consumidor y productor. Como hemos visto, las dos tendencias más recientes en el sector de la distribución en la España reciente han sido la apertura de locales de barrio –sean en régimen de propiedad o en franquicia–, la apuesta por los productos frescos y la guerra de precios como forma de captar a un consumidor afectado por la crítica situación económica del país desde que estalló la crisis financiera en 2008. El efecto combinado de estas tres tendencias ha provocado un aumento insoportable de la presión sobre los proveedores de esos productos frescos, pues, para poder vender más barato sin ver afectados sus márgenes de ganancias, se les imponen condiciones cada vez más duras: en algunos sectores, como el lácteo, los precios de compra no superan los costes de producción

El efecto Mercadona

La empresa de Juan Roig no sólo encabezó la nueva fase en que las grandes firmas de la distribución vuelven a los supermercados de proximidad, sino que estuvo a la cabeza de la apuesta por las marcas propias. Aquí menos que nunca pueden llamarse «marcas blancas», porque uno de los grandes éxitos de la estrategia de Mercadona ha sido posicionar a sus propias marcas, que se han consolidado con su propia imagen: la más extendida es Hacendado, que abarca la mayor parte de los productos alimenticios; pero están también Deliplus (cosméticos), Bosque Verde (limpieza) y Compy (comida para animales), entre otras. En 2014, estas mercancías suponían el 43% de los productos que se venden en los estantes de los 1.500 supermercados de la firma valenciana.

La empresa valenciana implantó en los años noventa la figura de «interproveedor» o «productor recomendado», para referirse a proveedores que producen para las marcas blancas de Mercadona y cuyas mercancías figuran destacadas en los estantes del supermercado. Los proveedores deben firmar un contrato que les asegure unas ventas a cambio de que acepten sus reglas del juego; el objetivo, según Mercadona, está reflejado en el lema de la empresa, «SPB: Siempre Precios Bajos»: precios bajos, eso sí, respetando el jugoso margen del distribuidor; precio atractivo, calidad aceptable, margen conveniente para Mercadona: son condiciones que pueden asfixiar al proveedor, sobre todo desde que en 2009 la empresa de Roig decidió cambiar su política con sus interproveedores y comenzó a exigir exclusividad a algunos de ellos. Algunos proveedores decidieron marcharse, como es el caso de Dulcesol, el fabricante de bollería que hoy sigue produciendo para las marcas blancas de Carrefour y Lidl.

Dulcesol resultó ser un caso exitoso; después de «desengancharse» de Mercadona, mejoró su desempeño y aumentó el número de empleados, pero a otros proveedores les fue peor. Varias empresas se han visto asfixiadas por las condiciones impuestas por Mercadona hasta llegar a la quiebra. Es ahí cuando entra en escena el fondo de inversión Atitlán, del que participa Roberto Centeno, yerno de Roig. Atitlán compró en 2014, a un precio conveniente, uno de sus mayores proveedores de pescado: Caladero. En el ejercicio anterior, las cuentas de 2013 detallaban un beneficio neto de 63,9 millones de euros por la compra de las empresas Ibersnacks, Bynsa, Dafsa y Naturvege; las cuatro tenían en común ser interproveedoras de Mercadona. De ese modo, Atitlán se lucra gracias a la ruina de los productores afectados por la llegada de la cadena de supermercados de Juan Roig.

Otro aspecto polémico de las marcas blancas tiene que ver con la denominación de origen (D. O.) de los productos. Emblemático fue el caso de la horchata valenciana: si bien Mercadona asegura que la empresa interproveedora Dafsa, fabricante de la horchata Hacendado, compra el 48% de la chufa que se produce en Valencia, el Consejo Regulador de la D. O. Chufa de Valencia sostiene que la «única garantía» de que la horchata esté elaborada con chufa valenciana es que su envase muestre el logotipo de la D. O., cosa que no ocurre en el caso de la horchata Hacendado. También polémico resultó cuando se conoció que Sovena, entonces el único proveedor del aceite que se vende en Mercadona, se envasa en Portugal, si bien la empresa de Roig sostiene que el aceite es 100% de origen español, y Escuris, la empresa que produce el atún en conserva Hacendado, sufrió un boicot de los consumidores por estar asociado al grupo marroquí Derhem, con producción en el Sáhara Occidental.

Más allá de los casos concretos, lo cierto es que el auge de las marcas de los distribuidores supone una nueva vuelta de tuerca en la transferencia de poder de los pequeños productores a los grandes distribuidores. Y no sólo en términos de captura del valor, sino también en lo que tiene que ver con la conformación de subjetividades: el consumidor no sólo compra en Carrefour, sino que compra productos de Carrefour. Toda la extensa cadena de extracción de materias primas, elaboración de las manufacturas, transporte y comercialización queda oculto tras el logotipo de la transnacional de origen francés, la misma que ha llevado su logo a medio mundo.