En los últimos años se ha hecho visible un cambio en la visión política de la transición ecológica. Aunque la evidencia científica sobre el cambio climático es cada vez más contundente, las decisiones políticas no avanzan al mismo ritmo. Mientras algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, revierten compromisos y regulaciones ambientales, en espacios como la Unión Europea las políticas climáticas deben justificarse cada vez más por su contribución a la competitividad, la seguridad energética y la reducción de costes.

En este contexto se publica Hidden Assets: The economic and health case for climate and clean air action, una evaluación mundial elaborada por la Coalición Clima y Aire Limpio (Climate and Clean Air Coalition – CCAC), iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe analiza conjuntamente los efectos económicos, sanitarios y ambientales del cambio climático y la contaminación atmosférica y compara los costes de aplicar diferentes medidas con los beneficios que podrían generar.

Activos ocultos para las decisiones económicas

En su discurso de investidura, el 20 de enero de 2025, Donald Trump prometió «acabar con el Green New Deal» (el nuevo Pacto Verde) en favor del «oro líquido», en alusión al petróleo. Pocas horas después, una de sus primeras acciones ejecutivas fue firmar la orden ejecutiva «Unleashing American Energy» (Impulsar la energía estadounidense), destinada a eliminar regulaciones ambientales y de energía aplicadas durante el mandato anterior, impulsando la producción nacional de combustibles fósiles.

La orden sostiene que determinadas regulaciones habían dificultado el desarrollo de los recursos energéticos nacionales, reducido la creación de empleo y elevado el coste de la energía. También disolvió el grupo federal encargado de calcular el coste social de los gases de efecto invernadero, retiró sus estimaciones y planteó eliminar este indicador de las decisiones regulatorias. Además, estableció que los efectos globales de una medida deben diferenciarse de sus costes y beneficios dentro de Estados Unidos. Ese mismo día, mediante otra orden ejecutiva, Trump inició nuevamente la retirada estadounidense del Acuerdo de París.

Frente a este planteamiento, el informe del PNUMA amplía el perímetro de lo que se considera económicamente relevante. Los cálculos habituales reflejan con claridad cuánto cuesta introducir una regulación, transformar una fábrica o sustituir una fuente energética, pero no siempre incorporan con la misma precisión las enfermedades provocadas por la contaminación, el gasto sanitario, las jornadas laborales perdidas, las muertes prematuras o los daños climáticos evitados. De ahí la expresión Hidden Assets, que puede traducirse como «activos ocultos». El aire limpio, la salud colectiva y la estabilidad climática poseen un valor económico, aunque este no aparezca de manera inmediata en las cuentas de una empresa o en un presupuesto público.

Clima y contaminación, una misma política

El informe evalúa 25 soluciones aplicables a la energía, la industria, el transporte, la agricultura, los hogares y la gestión de residuos. Entre ellas se encuentran la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética, la reducción de fugas de metano, los sistemas limpios para cocinar y calentarse, el control de las emisiones industriales y del transporte o una gestión más eficaz de los residuos. Su principal conclusión es que las políticas climáticas y de calidad del aire deben diseñarse conjuntamente.

Ambas crisis comparten buena parte de sus causas, especialmente la combustión de fuentes fósiles, determinados procesos industriales y algunas prácticas agrícolas. Sin embargo, con frecuencia se abordan mediante normas, administraciones y presupuestos diferentes. Esta separación conduce, según el informe, a infravalorar los beneficios de la transición. Reducir el uso de combustibles fósiles no solo limita el calentamiento futuro: también puede mejorar inmediatamente la calidad del aire, reducir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aliviar el gasto sanitario y aumentar la productividad.

Los autores estiman que cada dólar invertido en el conjunto de las medidas podría generar alrededor de 15 dólares de beneficio económico y social. Una parte de esa estimación corresponde al valor atribuido a las vidas preservadas y a la mejora del bienestar. Pero incluso si se excluyen esos beneficios no comerciales y se contabilizan únicamente efectos observables, como el ahorro sanitario, la productividad o los daños materiales evitados, el retorno sería de unos cuatro dólares por cada dólar invertido.

La posición ambivalente de la Unión Europea

La Unión Europea sigue una orientación diferente a la estadounidense, aunque no exenta de tensiones. La Comisión ha situado la descarbonización dentro de su estrategia industrial y presenta el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal) como una hoja de ruta para combinar competitividad y reducción de emisiones. Al mismo tiempo, ha incluido entre sus prioridades la simplificación regulatoria. El paquete Ómnibus presentado en 2025 propuso reducir el alcance de algunas obligaciones empresariales de información sobre sostenibilidad y diligencia debida para aliviar cargas administrativas. El debate reside en determinar dónde termina la simplificación y dónde comienza la pérdida de transparencia y capacidad de control.

El informe del PNUMA reconoce que la burocracia y la falta de coordinación pueden retrasar las inversiones. Sin embargo, concluye que los principales obstáculos para aplicar las soluciones no son tecnológicos, sino institucionales: financiación insuficiente, debilidad administrativa, escasa coordinación entre ministerios, falta de datos y dificultades para hacer cumplir las normas. Por tanto, simplificar procedimientos innecesarios puede facilitar la transición, pero debilitar los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas puede producir el efecto contrario.

Una cuestión de distribución

El informe también aborda la distribución de los costes y beneficios de la transición. El informe advierte de que las políticas deben facilitar el acceso de los hogares vulnerables a las tecnologías limpias, incorporar instrumentos financieros adecuados y atender sus efectos distributivos. Una actuación puede resultar rentable para el conjunto de la economía y, al mismo tiempo, imponer costes inasumibles a determinados grupos sociales.

Esta dimensión conecta la transición ecológica con los debates sobre justicia social, cuidados, fiscalidad y orientación del crédito. También plantea una pregunta central para las finanzas éticas: qué actividades deberían recibir financiación cuando se consideran conjuntamente sus retornos económicos, ambientales, sanitarios y sociales. El actual debate, no enfrenta simplemente ecología y economía. Enfrenta diferentes maneras de determinar qué tiene valor, quién soporta los costes y durante cuánto tiempo se calculan sus consecuencias. Una economía que solo contabiliza los costes empresariales inmediatos, pero no los costes colectivos de la contaminación, ofrece una imagen distorsionada de la realidad.

Fuente: Valor Social

Nuestra marca colectiva de textil de segunda mano ha sido reconocida entre las diez iniciativas finalistas por su capacidad para generar impacto ambiental y social, consolidándose como una iniciativa de referencia en el impulso de una transición ecológica justa que pone a las personas en el centro.

La Recuperadora ha sido seleccionada como uno de los diez proyectos finalistas de la III Edición de los Premios Fundación Moeve de Transición Ecológica Justa ,un reconocimiento que pone en valor el trabajo desarrollado por nuestras entidades de la economía social para demostrar que la reutilización no solo reduce residuos, sino que también genera empleo inclusivo y fortalece los territorios.

Los Premios Fundación Moeve distinguen iniciativas innovadoras que impulsan una transición ecológica justa, combinando impacto ambiental, impacto social y capacidad transformadora. En esta tercera edición, la convocatoria recibió 340 candidaturas procedentes de España y Portugal, de las que solo diez proyectos fueron seleccionados para defender sus propuestas ante el jurado.

Una iniciativa que demuestra que la reutilización transforma

El pasado 15 de junio, La Recuperadora presentó su proyecto en la gala de selección celebrada en la Torre Moeve, donde las iniciativas finalistas expusieron su trabajo en un formato pitch ante un jurado formado por personas expertas en sostenibilidad, innovación e impacto social.

Ser finalistas supone un importante reconocimiento al modelo que impulsa La Recuperadora: una red que apuesta por alargar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y crear oportunidades de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la preparación para la reutilización y la economía social. Este reconocimiento confirma el valor de un proyecto que entiende la economía circular como una herramienta de transformación social. Frente a un modelo de consumo lineal, La Recuperadora demuestra que es posible construir alternativas que cuidan los recursos, generan empleo de calidad y fortalecen las comunidades.

Un reconocimiento al trabajo colectivo

La presencia de La Recuperadora entre los proyectos finalistas es también un reconocimiento al esfuerzo conjunto de las entidades que forman parte de esta iniciativa y que, día a día, trabajan para hacer de la reutilización una actividad con impacto ambiental, económico y social. Desde AERESS celebramos este reconocimiento, que refuerza el papel de las entidades de la economía social y solidaria como agentes imprescindibles para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y resiliente.

Seguimos impulsando una economía social y solidaria

Este reconocimiento nos anima a seguir fortaleciendo un modelo en el que la preparación para la reutilización, el consumo responsable y la inclusión sociolaboral avanzan de la mano. Porque una transición ecológica solo será verdaderamente transformadora si también es justa, genera oportunidades y pone a las personas y al planeta en el centro.

¿Quieres conocer más sobre La Recuperadora y su trabajo por una economía circular con impacto social? Descubre el proyecto y súmate al movimiento por la reutilización.

Fuente: AERESS

Ecorredes es una plataforma que nace para acompañar y fortalecer el papel de las comunidades como protagonistas de la regeneración y la transformación ecosocial. Frente a un contexto de crisis climática, pérdida de biodiversidad y desigualdades crecientes, creemos que las soluciones más transformadoras ya están brotando desde lo local: cooperativas energéticas, redes de cuidados, proyectos de agroecología, ecoaldeas, iniciativas juveniles regenerativas, economías solidarias, prácticas de gobernanza participativa…

El propósito de ecorredes es ofrecer recursos para fortalecer y conectar estas iniciativas comunitarias regenerativas, para que puedan crecer, aprender juntas, promover cambios estructurales y amplificar su impacto. Además, conectarlas con otras experiencias europeas, creando puentes de inspiración, intercambio y acción conjunta. A través de financiación directa, espacios de aprendizaje colectivo, incidencia política y articulación en red, ecorredes impulsa una comunidad viva, diversa y resiliente que pone la vida en el centro.

La iniciativa se enmarca en el proyecto europeo Funding Fairer Futures, y concretamente en el Fondo de Comunidades Regenerativas que coordina la plataforma europea ECOLISE. Se trata de una de las cinco plataformas que se han iniciado en cinco países, junto con las de Croacia, Finlandia, Francia y Portugal.

Puedes explorar más sobre Ecorredes en su página web

Primera convocatoria

Como primera acción, Ecorredes lanza una convocatoria para seleccionar iniciativas comunitarias demostrativas. En ella, se buscan proyectos que sirvan de referentes inspiradores en la transformación ecosocial y que puedan compartir aprendizajes con otras comunidades. Las iniciativas seleccionadas recibirán acompañamiento, visibilidad y apoyo dentro de la red europea.

Se trata de uno de los dos tipos de convocatorias que Ecorredes lanzará en los próximos años, siendo la otra para iniciativas exploradoras (o Pathfinders como las denominan en el proyecto europeo), para experiencias que están iniciando su camino y que se lanzará a finales de año.

La convocatoria estará abierta hasta el próximo 30 de septiembre. Para más información, el 12 de septiembre a las 11 horas tendrá lugar una sesión en-línea informativa. Se puede consultar aquí sobre la convocatoria e inscripciones a la sesión informativa

Curs d’especialització 
en transició ecològica i alternatives econòmiques, del 13 de febrer fins al 29 de maig.
 Coneixements, idees i recursos per liderar transicions ecosocials.

El curs proporciona els coneixements per a la comprensió de les arrels socioeconòmiques de la crisi ecosocial actual, així com per a la implementació de les estratègies i polítiques per aconseguir una transició ecològica justa.  Aprofundeix en diferents models i plantejaments econòmics útils per a revertir les causes de fons de la crisi, aprofundeix en diferents teories de canvi, així com en les oportunitats i els reptes que poden obrir les desestabilitzacions ambientals, i explora les pràctiques i les estratègiques polítiques per fer un canvi de rumb. La finalitat és la de capacitar a les alumnes per liderar processos de transició ecològica a diferents escales, des dels moviments socials, cooperatives i comunitats locals a les institucions públiques.  És a dir, aspirem a preparar persones per assumir un paper actiu i influent en la construcció d’un futur possible i desitjable.

Participarem en la primera sessió, “La crisi ecològica i energètica”, de la mà d’Alfons Pérez, investigador de l’ODG especialitzat en justícia climàtica, farà la primera sessió del curs, conjuntament amb Olga Margalef, professora de la Universitat de Barcelona a la facultat de ciències de la Terra i investigadora adscrita al CREAF.

Per participar, cal matricular-se en el curs.

Una de las frases hechas más populares para hablar sobre la ingenuidad o el voluntarismo hace referencia a la construcción de castillos en el aire. Siempre que oigo estas afirmaciones me acuerdo de las collas castelleras, que entrenan por toda Cataluña para levantar torres humanas que desafían a la ley de la gravedad. Castillos en el aire cuyos cimientos son enormes ejercicios de cooperación social.

Cuando un castell se derrumba, la mayor parte del impacto es absorbido por la inmensa pinya de gente que lo sostiene. Los accidentes rara vez son graves debido a la experiencia y el colchón humano que cuida colectivamente de quienes se alzan hacia el cielo. Estas asociaciones se agrupan bajo el lema Fuerza, equilibrio, valor y cordura; valores que también podrían aplicarse a la hora de enfrentar la crisis ecosocial.

Habitamos una realidad plagada de incertidumbres pero nos negamos a asumir la certeza, no muy agradable, de que la evidencia científica no nos garantiza que viviremos con menos recursos y energía disponibles, en contextos ambientalmente más hostiles. Las ciudades aparentan autosuficiencia y tratan de eludir que van a verse profundamente afectadas por estos procesos, aunque sepan que inevitablemente están destinadas a acometer profundas transformaciones para adaptarse.

¿Qué hacemos ante la ausencia de una conversación pública, la indeterminación política y la sensación de impotencia? ¿Por qué asumimos con normalidad que en nuestro país el 20% más rico acapare el triple de ayudas energéticas que los grupos sociales precarizados? ¿Por qué las ayudas a la transición energética se diseñan sin contemplar criterios redistributivos? ¿Cómo abordamos la intuición de quienes habitan los barrios empobrecidos de que nuevamente serán los perdedores en las transiciones urbanas?

Esperar no parece una opción muy sensata, así que desde los tejidos vecinales y de la economía solidaria nos hemos lanzado a explorar una hipótesis. Y es que trabajando a escala de bloques de vivienda y comunidades de propietarios podemos simultáneamente ahorrar dinero, reducir impactos y mejorar la calidad de vida de la gente. No se trata de un romanticismo ingenuo ante relaciones vecinales que muchas veces están llenas de dinámicas viciadas y conflictos enquistados. Los bloques de viviendas, como la gestión de todo recurso compartido, implica compromisos y obligaciones colectivas. Así que lo más difícil y lo más importante es convertir unidades de convivencia forzada en comunidades que recuperen lo colectivo y entiendan la cooperación social como su principal factor de resiliencia.

Mi casa es mi castillo, afirmó Edward Coke, a finales del siglo XV, para defender la potestad del señor de una casa para no dejar entrar a los hombres del rey sin una causa legalmente justificada. Una forma de revindicar cierta autonomía de lo doméstico y lo comunitario. Nuestros barrios están llenos de castillos de ladrillo, cuyos habitantes deben entender que los cimientos que les van a permitir enfrentar las crisis por llegar no son de hormigón armado, sino de cooperación social como en los castells.

Bloques en Transición es un proyecto en el madrileño del barrio de Vallecas, orientado a trasladar la agenda de la transición justa a la ciudad consolidada y las periferias urbanas. Impulsado por el Grupo Cooperativo Tangente y la Asociación Vecinal de Palomeras Bajas, se basa en acompañar a comunidades de propietarios para que impulsen cambios arquitectónicos y tecnológicos en los edificios (autoconsumo colectivo de energías renovables, rehabilitación energética, adaptación climática de zonas comunes, jardinería vecinal, reutilización objetos…), así como en los estilos de vida y la forma de organizarse de sus habitantes (aumentar dinámicas de ayuda mutua y cuidados, patrones de movilidad o alimentación…).

Todo este trabajo se realiza desde la Oficina Ciudadana de Transición Justa, cuya actividad consiste en acompañar a las comunidades en estos procesos de cambio, estableciendo relaciones de confianza, reduciendo las reticencias o la incomprensión inicial de quienes administran las fincas. También se genera una agenda de actividades gratuitas de formación y sensibilización, que van desde aspectos como interpretar la factura de la luz a la tramitación del bono social, de recomendaciones para impulsar instalaciones de autoconsumo colectivo de energías renovables a las ayudas a la rehabilitación energética, de las redes vecinales de cuidados a los grupos de consumo o la movilidad sostenible. Y, además, se brindan oportunidades para conocer de primera mano iniciativas vecinales de éxito como el barrio solar de Rivas Vaciamadrid impulsado por la cooperativa La Pablo Renovable o la rehabilitación energética del Poblado Dirigido de Orcasitas impulsado por la asociación vecinal. Más que las buenas ideas, inspiran los buenos ejemplos.

Las comunidades escogen, dentro de un catálogo que se les oferta, aquellas iniciativas que quieren impulsar en los bloques, lo que permite avanzar desde cuestiones concretas hacia abordajes más integrales. Así se garantiza que el proceso se adapta a sus necesidades y podemos ir pactando el acompañamiento, así como el destino de pequeñas inversiones del proyecto en el edificio, entendidas como fórmula de incentivar el compromiso y acelerar los cambios.

El balance del primer año y medio es muy positivo, pues se ha colaborado con una veintena de comunidades de propietarios, que representan a más de mil viviendas, y se han lanzado cuatro proyectos de acompañamiento sostenidos en el tiempo que están dando sus frutos. Arrancamos en un periodo marcado por la inflación y la subida de precios de la energía, así que esta temática ha sido la más atractiva inicialmente, para posteriormente ir incorporando otros temas como la necesidad de los cuidados dentro de los bloques y la generación de dinámicas de ayuda mutua vecinal, especialmente en aquellos donde vive gente más mayor.

Asimismo, se realizan actividades comunitarias que permitan reforzar estas cuestiones en la agenda del tejido social local. Entre estas acciones destaca la colaboración con distintos colegios públicos de la zona de cara a coordinar un plan para instalar placas solares, presionar a la administración para que adapte los edificios ante las olas de calor y se renaturalicen los patios escolares.

Mientras hay quienes disponen de su cuenta corriente para financiar el cambio y adaptarse a las nuevas realidades climáticas, otros grupos solo van a contar con su capacidad para cooperar. Proyectos como Bloques en Transición y herramientas como la Oficina de Ciudadana de Transición Justa son imprescindibles si queremos democratizar el acceso a las ayudas públicas; acercarlas allí donde no se conocen, asesorar para disminuir los miedos, así como facilitar su tramitación. Y eso asumiendo que el propio diseño y las exigencias de partida dejan fuera a quienes más las necesitan (demandas de cofinanciación, retrasos en el pago de ayudas, la necesidad de adelantar inversiones, bloques donde residen mayormente inquilinos…).

De forma invisible y fuera del radar, como cantaba Kiko Veneno, en los sótanos se entrenan superhéroes de barrio capaces de enfrentar cualquier desafío.

Foto: Felvalen

Unión Renovables ha sido premiada con el 1º premio en la modalidad de Transición ecológica justa: Reconocimiento a las iniciativas que impulsan procesos de cambio social, así como en el modelo productivo para lograr un desarrollo sostenible en los Premios Activistas para el Futuro: una España mejor con la Agenda 2030 para el reconocimiento de actuaciones y buenas prácticas para la aplicación de la Agenda 2030, y organizado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Este premio supone un reconocimiento al trabajo realizado durante años por el cooperativismo energético y que visibilizamos desde Unión Renovables.

Nos gustaría reconocer, compartir y agradecer a las cooperativas socias de Unión Renovables su protagonismo inherente en la consecución de este premio.

AERESS expuso los avances españoles en el Congreso Europeo de Economía Social durante una sesión paralela sobre las oportunidades, los retos y las mejores prácticas sobre contratación pública para la economía social y circular, organizada por AERESS junto con RREUSE, la Red Europea de Empresas Sociales de Reutilización, Reparación y Reciclaje. Según recoge retema.es, Carmen Aja, directora de AERESS, moderó esta sesión en cuyas conclusiones se destaca que, desde el punto de vista legislativo, España lidera los esfuerzos a la hora de potenciar la evolución de este sector al transponer la normativa de residuos de la UE al ordenamiento jurídico nacional en abril de 2022. La Ley reconoce que una buena política de residuos contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a la creación de empleo en determinados ámbitos, como los ligados a la preparación para la reutilización y el reciclado. Además, como explica la directora de AERESS, en su articulado, contempla que la Administración Pública ha de tener a las entidades sociales como socios preferentes para poder alcanzar sus objetivos de erradicación de la pobreza, freno al cambio climático y transición ecológica y social justa.

En este taller participaron Antoni Pascual, Delegado de Medioambiente del Ayuntamiento de Manacor; Felipe Hernández, Coordinador de Calidad, Medioambiente y Seguridad Laboral de la Fundación Ataretaco (entidad de Tenerife asociada a AERESS), y Carmen Lainez Larragueta, Directora de Gestión de Residuos y  Servicios de la Comarca de Pamplona, S.A (Navarra).

Todos ellos coinciden en que “la Ley de Residuos ha sido un auténtico cambio de paradigma para la gestión de residuos y la reserva de mercado” y en que “la contratación reservada es sinónimo de calidad en el servicio público”, añade la directora de AERESS. No obstante, también subrayan que “es imprescindible sensibilizar y formar a la Administración Pública (políticos, técnicos y personal jurídico) en la contratación pública reservada, y las cláusulas sociales y ambientales.

Como muestra de buenas prácticas en este ámbito se expusieron los ejemplos de los contratos de recogida de textil y voluminosos de los Ayuntamientos de Barcelona (con Solidança) y de Manacor (con Fundació Deixalles), ambas entidades de AERESS. Como gran ejemplo de colaboración entre la Administración y la entidades sociales, también se expuso el caso de éxito es el la Mancomunidad de Pamplona con traperos de Emaús, cuya cooperación data de los años 90.

Premio Activistas por el Futuro

En esta misma semana, AERESS dio a conocer que había sido reconocida con el premio Activistas por el Futuro en la categoría de Transición Ecológica Justa. Convocados por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, estos premios reconocen la trayectoria, dedicación y contribución de iniciativas y prácticas de entidades sociales, académicas y de la Economía Social al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 en España y en el mundo. El Premio reconoce la labor de la entidad en el tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos (RAEE) para su reutilización logrando con ella la inserción laboral de colectivos en riesgo de exclusión.

En AERESS, se llevan 30 años desarrollando labores de gestión de residuos que favorezcan la necesaria transición ecológica. Pero la transición ecológica ha de ser socialmente justa. Por ello, la labor de gestión de residuos ha estado siempre orientada no sólo a mejorar el entorno medioambiental, sino también a lograr con ella la inserción sociolaboral de colectivos vulnerables.

En el apartado de gestión de RAEE, la alianza con BSH es un ejemplo innovador y escalable de buenas prácticas. Con dicha alianza, la empresa de electrodomésticos facilita a las entidades de AERESS aquellos en desuso, favoreciendo el afianzamiento de nuestros itinerarios de inserción laboral y la creación de empleo verde y digno. La alianza con empresas de la economía tradicional ayuda a potenciar la economía social y a lograr, juntos, un medioambiente sano y una sociedad cohesionada.

Se ha tenido en cuenta, en las candidaturas, el carácter innovador del proyecto, el impacto positivo alcanzado, la generación de buenas prácticas y la replicabilidad de la propuesta.

Los Premios Activistas por el Futuro, reconocen la labor de entidades sociales, académicas y de la Economía Social en cuatro categorías:

• Lucha contra la pobreza
• Transición ecológica justa
• Reducción de la brecha de género
• Territorios sostenibles.

El Consejo de Desarrollo Sostenible ha sido el órgano encargado de premiar a las entidades candidatas. Este Consejo es un espacio plural en el que están representadas una gran variedad de actores y plataformas en representación de la academia, el sector empresarial, los sindicatos, la economía social, o las organizaciones ecologistas, sociales, y de defensa de los derechos humanos y la paz, y del ámbito de la cooperación internacional, entre otros sectores. Además, forman parte del Consejo representantes de 13 consejos consultivos sectoriales de ámbito estatal y personas expertas independientes en el ámbito del desarrollo sostenible.

En AERESS, se muestran satisfechas de que se reconozca la labor de sus entidades y las alianzas que establecen para seguir avanzando en una transición ecológica efectiva y socialmente justa.

La Red Universitaria Eurolatinoamericana en Estudios Cooperativos y de Economía Social celebra su XVI congreso dedicado a la “Transición digital, verde e inclusiva en la Economía Social. Será en Oporto, entre el 4 y 6 de mayo.

Puedes ver el programa en el archivo adjunto.

El recién nacido gobierno italiano de Giorgia Meloni ha rebautizado el antiguo ministerio “de políticas agrícolas, alimentarias y forestales” en Ministerio de Agricultura y Soberanía Alimentaria. Una elección que ha despertado sorpresa y reacciones irónicas en algunos sectores. El concepto de “soberanía alimentaria” parte de una organización por los derechos de los campesinos y campesinas, y está ligado a una fuerte demanda de justicia social . Pero, en su sentido “no global” , puede interpretarse fácilmente en clave autosuficiencia.

¿Quién inventó el término «soberanía alimentaria»?

El concepto de soberanía alimentaria fue acuñado por La Vía Campesina, un movimiento internacional fundado en 1993, en Bélgica, que reúne a «millones de agricultores, trabajadores sin tierra, indígenas, pastores, pescadores, trabajadores agrícolas migrantes, pequeños y medianos agricultores, mujeres rurales y jóvenes de todo el mundo”. Hoy forman parte de ella más de 180 organizaciones de 81 países , entre ellas la Coordinadora española de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG).

La Vía Campesina define la soberanía alimentaria como «el derecho de los pueblos a disponer de alimentos sanos y culturalmente adecuados, producidos mediante métodos ecológicamente racionales y sostenibles y a definir sus propios sistemas alimentarios y agrícolas«. El movimiento declara en su sitio web que quiere luchar por los derechos de los agricultores, la reforma agraria, la dignidad de los migrantes y la agroecología.

Las cifras del hambre en el mundo

El 16 de octubre, a 25 años de la creación del concepto de soberanía alimentaria, la organización emitió un comunicado para pedir un cambio sistémico ante la » inminente crisis alimentaria mundial «. De hecho, según el Informe global sobre crisis alimentarias (GRFC 2022), elaborado por el Programa Mundial de Alimentos (la agencia de las Naciones Unidas para la asistencia alimentaria), 193 millones de personas en 53 países de todo el mundo necesitan asistencia urgente. Para la FAO, entre 700 y 800 millones de personas padecieron hambre en 2021 .

Desde principios de este año, los precios de los productos básicos de alimentos y combustibles se han disparado a máximos históricos en diez y siete años, respectivamente. Y desde la última crisis de alimentos y combustibles en 2008, el contexto global ha sido mucho más incierto. A esto se suman los choques climáticos, que se han más que duplicado desde 2008, con evidentes consecuencias en las cadenas de producción y consumo de alimentos.

Sin embargo, los expertos coinciden en que ya se producen suficientes alimentos en el mundo para alimentar a 9-10 mil millones de personas, que es el pico de población esperado en 2050 . Pero un tercio se desperdicia y la mayoría de los granos se utilizan en la producción de biocombustibles o en la ganadería. ¿Qué no está funcionando?

La producción crece, pero los derechos no aumentan

El aumento de la productividad no satisface el derecho a la alimentación. Y no se trata sólo de un problema de distribución: el exceso de producción, o la competencia desleal favorecida por la liberalización de los mercados, pueden hacer que la agricultura de pequeña escala (pastoreo, pequeñas cooperativas agrícola, etc.) no sea sostenible.

Desde la década de 1990, los alimentos se han convertido cada vez más en una mercancía , es decir, en una materia prima intercambiable en el mercado internacional, independientemente de quién y cómo la produzcan. Los monocultivos de “alto rendimiento”, cuyas semillas a menudo se privatizan , son más fáciles de estandarizar. Y sobre materias primas se pueden celebrar mercados a futuros , es decir, contratos sobre entregas futuras a un precio preestablecido. Instrumentos que a menudo contribuyen sobre todo a alimentar la especulación financiera. Cuanto más incierto y volátil es un mercado en los precios, como el de los productos básicos agrícolas, más aumentan las ganancias. Una volatilidad que no concilia con la necesidad de estabilidad alimentaria.

La explosión del acaparamiento de tierras

Junto a todo lo expuesto anteriormente, existe otro problema denunciado también por grandes organizaciones: el acaparamiento de tierras. Sustracción de tierras, especialmente en el África subsahariana, por parte de empresas o Estados extranjeros que provoca una expropiación forzosa en perjuicio de las poblaciones locales, obligadas a abandonar sus lugares.

La International Land Coalition y Oxfam , en su informe “ Uneven ground ” de 2020 , calculó que más del 80% de las granjas planetarias son pequeñas granjas de menos de dos hectáreas, generalmente excluidas de las cadenas alimentarias mundiales. Otro dato: un 1% de las empresas controlan el 70% de las tierras agrícolas del mundo, también en nombre de la seguridad alimentaria.

Soberanía alimentaria según la FAO

“La soberanía alimentaria es un sistema más holístico que la seguridad alimentaria ”, escribe la FAO . “Reconoce que el control del sistema alimentario debe permanecer en manos de los agricultores, para los que la agricultura es a la vez una forma de vida y un medio para producir alimentos. También reconoce la contribución de los pueblos indígenas, pastores, habitantes del bosque, trabajadores y pescadores al sistema alimentario. Asegura que los alimentos se produzcan de una manera culturalmente aceptable y en armonía con el ecosistema en el que se producen. Así es como los sistemas tradicionales de producción de alimentos han regenerado su tierra, agua, biodiversidad y condiciones climáticas durante generaciones”.

Detrás de los monocultivos de agricultura intensiva hay un sistema de pensamiento. La activista y filósofa Vandana Shiva hablaba en 1995 de monocultivos de la mente . Es decir, un modelo de pensamiento obsesionado con lo medible, que tiende a rectificar, incluso con fuerza, lo que no se ajusta a su propio estándar. Ya sean tierras, pueblos, individuos. Por el contrario, la agroecología se centra en mejorar la biodiversidad.

Las políticas agrarias de la UE y el impulso autárquico

En este contexto, ¿qué camino está siguiendo Europa? La PAC (Política Agrícola Común Europea) se estableció en 1962 y representa alrededor del 35% del presupuesto de la Unión Europea. Interviene tanto con ayudas directas a la renta de los agricultores como con fondos de desarrollo rural. Así como con medidas de mercado encaminadas a contrarrestar la inestabilidad de precios.

La nueva PAC entrará en vigor desde el 1 de enero de 2023 hasta el 31 de diciembre de 2027 y, en estrecha correlación, se ha modificado el Green Deal (plan para alcanzar la neutralidad climática para 2050). Según datos de Eurostat 2018, entre 2005 y 2016, el número de granjas en Europa disminuyó en alrededor de una cuarta parte. Hubo 4,2 millones de cierres, la mayoría de los cuales involucraron a pequeñas empresas. Estimaciones recientes del Parlamento Europeo indican que alrededor del 30 % de las zonas agrícolas de la Unión Europea tienen un riesgo al menos moderado de abandono de la tierra para 2030.

En abril, el comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski , afirmó que la PAC deberá adaptarse a las necesidades de seguridad alimentaria . Por lo que será necesario, por precaución, “apoyar a nuestros agricultores para que produzcan la mayor cantidad de alimentos posible”. Un impulso hacia la autarquía, hacia la autosuficiencia productiva. Pero producir en agricultura intensiva tiene un coste: la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) calculó, en uno de los tres informes publicados el pasado 6 de octubre , que las emisiones contaminantes en el sector agrícola se mantuvieron sin cambios desde 2005. Y con las medidas actuales lo seguirán haciendo hasta 2040, con una reducción máxima del 1,5% en veinte años.

La pérdida de biodiversidad , el consumo excesivo de agua , así como el abandono del campo, continuarán, advirtió la Agencia, a menos que se cambie toda la red de abastecimiento en clave de economía circular.

El «Green Deal» está presente en la nueva PAC a través de las estrategias Farm to Fork (del productor al consumidor,) y Biodiversity 2030 (Biodeviersidad 2030). Los objetivos para 2030 incluyen una reducción del 50% de los plaguicidas, que el 25% de la tierra se destine a la agricultura ecológica, y que al menos el 10% de la tierra agrícola se destine a franjas de protección y árboles para favorecer la fertilidad del suelo.

Esta última medida, en particular, es impugnada por el recién nombrado ministro italiano Francesco Lollobrigida. En su opinión, es necesario «levantar el límite de tierras baldías con un claro plan estratégico de cultivo«. En particular, según el ministro, «es necesaria una reforma de la Política Agrícola Común que se deshaga de la ideología inherente en la estrategia Farm to Fork«. Más campos, menos bosques. Por el nombre del ministerio italiano ya se han desaparecido.

La transición energética está en marcha, no solo en los hogares y por parte de los particulares sino que cada vez más, las entidades, equipamientos públicos, sedes de empresas  y están dando el paso a la instalación de placas fotovoltaicas para cubrir sus necesidades energéticas.

Este es el caso de FUHEM, una fundación que trabaja desde hace varias décadas dedicada a la formación de niños/as y jóvenes, así como a contribuir al debate entre necesidades sociales y respuestas educativas.

FUHEM ha contado con el apoyo financiero de Fiare Banca Etica para la instalación de placas solares en su sede de Madrid, en un proyecto conjunto con Ecooo y que ha contado con el apoyo del ICO.

Centros más sostenibles

Dentro del plan de mejora de las infraestructuras de sus centros escolares, FUHEM está realizando instalaciones fotovoltaicas sobre las cubiertas de los distintos edificios de sus colegios, con el fin de aprovechar la energía solar. Este proyecto permitirá reducir la factura eléctrica y que los colegios consuman una mayor cantidad de energía limpia, reduciendo sus emisiones de CO2. Una vez esté en funcionamiento la nueva instalación, los centros superarán entre el 60-90% de autoconsumo energético, al tiempo que, de forma global, dejarán de emitir unos 77.000 kilogramos de CO2 cada año.

Las instalaciones fotovoltaicas se realizarán a lo largo de 2022. En este proceso de transformación están implicadas dos entidades de la economía social. Por un lado, la responsable de la instalación es Ecooo, una cooperativa que fomenta la transición energética desde la participación y empoderamiento ciudadano.

Por otro lado está Light Humanity, una empresa que trabaja en distintos países con el objetivo de garantizar el acceso universal a una energía limpia y asequible, que desarrolla programas educativos en torno a la energía que se trasladarán a nuestras comunidades escolares.

Junto al equipo principal de la instalación de Ecooo, trabajarán personas de Haz Solar, una empresa social dedicada a la realización de instalaciones fotovoltaicas que forma a personas en riesgo de sufrir exclusión social. Además de las tareas de apoyo en la fase de instalación, este equipo se encargará de las labores posteriores de mantenimiento y seguimiento.

La asociación Primavera Ecológica (Printemps Ecologique en francés) acaba de lanzar la primera «eco-unión» en empresas francesas, una iniciativa de activismo climático enfocada a la combinación de la justicia social y la transición ecológica dentro de las empresas.

Según Maxime Blondeau, cofundadora de la asociación: “Queremos transformar el aparato productivo priorizando el imperativo ecológico pero sin sacrificar la justicia social”. “Las nuevas generaciones ya no quieren que hablemos solo de sus condiciones laborales sino también de la emergencia climática, los nuevos métodos de trabajo, las consecuencias de su trabajo en el planeta ”.

La asociación partía de la siguiente hipótesis: ¿pueden los trabajadores promover un activismo climático en sus organizaciones? ¿Pueden actuar en el trabajo? ¿Pueden denunciar prácticas irresponsables y a cambio promover alternativas que respeten a los seres vivos?

Conciliar la transición ecológica y la justicia social

En un contexto de creciente desafección sindical en Francia, la asociación pretende promover una renovación del sindicalismo. La asociación espera, en particular, atraer a los jóvenes y poder trabajar con sindicatos tradicionales mediante la creación de alianzas. «Es una cuestión de ser complementarios. Incluso permitimos la doble afiliación. Pero el desafío es incorporar empleados que no tengan una cultura sindical», según Maxime Blondeau, y promover alianzas con otras organizaciones como Halte à obsolescence Programme o Green IT, que ya se han unido a Printemps Écologique.

Pero los objetivos de la asociación van más allá de promover el activismo de los empleados. La asociación tiene como objetivo:

• promover prácticas eco-responsables a cualquier escala,
• adaptar los modos de gobernanza al imperativo ecológico,
• anticipar cambios en el empleo para conciliar la transición ecológica y la justicia social o
• la neutralidad de carbono en cada entidad.

En todos estos retos, consideran crucial el debate sobre el modelo económico de la empresa.

A diferencia de los sindicatos tradicionales, Printemps Ecologique ha optado por establecerse en sectores. Por el momento, y desde su lanzamiento en febrero de 2020, está representado en 10 sectores: metalurgia y siderurgia, construcción, transporte, cultura, educación, incluso bancos y establecimientos financieros y de seguros, que abarcan tres en empresas con menos de 50 empleados, tres en empresas medianas y cinco en empresas CAC 40. El objetivo es crear 100 para fin de año y tener 20.000 miembros, en comparación con los 1.000 actuales.

Las acciones irían desde la concienciación de los empleados en acciones con poco impacto pero visibles como el reciclaje, hasta el diálogo social con decisiones que afecten al entorno laboral como la reducción del tiempo de trabajo, el empleo de transporte ecológico, los incentivos de sostenibilidad para trabajadores y directivos o el boicot a proveedores y financiadores poco responsables.

El mapa de las iniciativas de transición ecológica y solidaria tiene como objetivo identificar las estructuras de la economía social y solidaria (ESS) que trabajan por la transición ecológica en el corazón de los territorios franceses. En efecto, las estructuras de la ESS han puesto en marcha numerosas iniciativas en favor de esta necesaria transición ecológica y solidaria, y esta herramienta pretende poner de relieve su diversidad.

Para iniciar este proyecto, ESS France y 7 CRESS (Camaras regionales de ESS) piloto han optado por trabajar primero en un censo de estructuras de ESS en la economía circular especializadas en actividades de prevención y/o gestión de residuos: sensibilización sobre la lucha contra el desperdicio de alimentos, recuperación de bienes no vendidos, suministro de equipos, venta de piezas de recambio, reparaciones, talleres de bicicletas, cafés de reparación, actividades de recogida de residuos, depósito para la reutilización, reutilización/reciclaje, preparación para el reciclaje, reciclaje, etc.
Se prevé hacer referencia a las estructuras de la ESS que trabajan en otros sectores de actividad de la transición ecológica: agricultura y alimentación sostenibles, transición energética, educación ambiental, movilidad sostenible, ecoturismo, etc.

Vea el mapa aquí.

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incluido el proyecto de colaboración entre BSH Electrodomésticos y AERESS dentro del primer Catálogo de Buenas Prácticas en Economía Circular. Enhorabuena por hacerlo posible a BSH Electrodomésticos España, S.A., Solidança Treball EI S.L., Traperos de Emaús Navarra, Traperos de Emaús Murcia, Traperos de Emaús Huelva, Fundación Deixalles, Fundació Tots Units, Porsiete y GRM.

La elaboración del Catálogo por parte de la Administración se ha desarrollado en diferentes fases, definiendo inicialmente unos criterios de identificación de propuestas y haciendo posteriormente una primera selección de Buenas Prácticas. Tras definir los diversos ámbitos de acción, se recopiló la información detallada de cada práctica y estas se valoraron en función de criterios como el cumplimiento de los criterios de circularidad, la relevancia, la innovación, la adaptabilidad y aplicabilidad, la durabilidad y los beneficios para la sociedad.

El ministerio de Transición Ecológica, continuando con su compromiso por mejorar la información disponible acerca de la economía circular, pone en marcha la elaboración del II Catálogo de BPEC que, de igual manera que en la primera edición, recogerá aquellas actuaciones que contribuyan de manera más eficaz a la implementación de la EC para que otros interesados puedan beneficiarse de estas experiencias, sumándose así a la transición.

Para la presentación de candidaturas se facilita una plantilla de recogida de datos (o ficha) que se deberá cumplimentar según indican las instrucciones, y enviar junto con una fotografía (calidad de mínimo 2048×1536 px -3 Mpx- en formato .jpg o .png) y a aquella otra información que se considere relevante para la ilustración de la actuación al correo bzn-eeec@miteco.es

El plazo de recepción de BPEC, estará abierto hasta el próximo 1 de junio de 2021.

Además, se informa que aquellas prácticas de EC remitidas en la primera convocatoria, y no seleccionadas para el I Catálogo de BPEC, pueden volver a remitirse en esta segunda convocatoria para ser nuevamente valoradas y barajar su posible inclusión en el II Catálogo de BPEC.