{"id":10697,"date":"2009-02-19T00:00:00","date_gmt":"2009-02-19T12:38:15","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/noticias\/el-pacto-pendiente-del-bienestar-social\/"},"modified":"2021-03-22T13:56:58","modified_gmt":"2021-03-22T12:56:58","slug":"reas-euskadi-noticias-el-pacto-pendiente-del-bienestar-social","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/gl\/noticias\/reas-euskadi-noticias-el-pacto-pendiente-del-bienestar-social\/","title":{"rendered":"El pacto pendiente del bienestar social"},"content":{"rendered":"

[Elecciones 1-M] Expertos y profesionales destacan que la ley de Servicios Sociales es buena, pero sigue pendiente todo su desarrollo. <\/strong> [Pedro Gorospe] Los servicios sociales vascos han logrado basar su proyecto sobre la b\u00fasqueda de acuerdos, un logro casi excepcional en una comunidad en que las diferencias y los enfrentamientos lo impregnan casi todo desde hace al menos una d\u00e9cada. La ley de Servicios Sociales fue aprobada en diciembre pasado con el apoyo del tripartito y los socialistas. EHAK present\u00f3 una enmienda a la totalidad; el PP se mostr\u00f3 contrario, pero s\u00f3lo en materia de financiaci\u00f3n e inspecci\u00f3n, y Aralar se abstuvo. Falta de su desarrollo reglamentario posterior, en un sector adem\u00e1s en que las competencias est\u00e1n dispersas entre ayuntamientos, diputaciones y el propio Gobierno, la ley s\u00f3lo representa un buen documento de partida.<\/p>\n

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Profesionales, expertos y voluntarios que trabajan en este sector recalcan que todav\u00eda falta por conseguir el gran pacto sobre el bienestar social que transforme el derecho subjetivo de acceder al sistema p\u00fablico de servicios sociales en una oferta de calidad al ciudadano. Tal pacto deber\u00eda, adem\u00e1s, ordenar la ca\u00f3tica situaci\u00f3n laboral de miles de trabajadores precarios y mileuristas que atienden a la parte m\u00e1s vulnerable de la sociedad. “Los cimientos del sistema ya est\u00e1n puestos. Ahora queda el reto de desarrollar la ley con una reordenaci\u00f3n cualitativa de los servicios sociales hasta convertirlos en un pilar del Estado del Bienestar, como la Educaci\u00f3n o la Sanidad”, explica Fernando Fantova, consultor especializado desde hace a\u00f1os en este sector.<\/p>\n

Supone un trabajo enorme, teniendo en cuenta que el sector ha crecido pr\u00e1cticamente por agregaci\u00f3n durante los \u00faltimos veinte a\u00f1os, con cierto desorden y muchas dosis de voluntarismo. Adem\u00e1s, ha logrado una dimensi\u00f3n considerable y crece a un ritmo del 15% anual, convirti\u00e9ndose en un motor presente y futuro de desarrollo.<\/p>\n

Desde 1994, la cobertura de plazas residenciales se ha multiplicado por 1,6 y las de asistencia domiciliaria, por 3,3. La cobertura de los centros de atenci\u00f3n diurna casi se ha quintuplicado entre 1988 y 2006. El impacto del gasto en servicios sociales en el PIB ha pasado del 1% al 2,4% en ese mismo periodo. El 70% de ese incremento se ha producido desde el a\u00f1o 2000. Un total de 33.824 unidades familiares cobran la Renta B\u00e1sica y otras 26.094 perciben las ayudas de emergencia social. Todas ellas est\u00e1n consideradas en situaci\u00f3n o riesgo de pobreza o exclusi\u00f3n. El sector ocupa a unas 23.000 personas, frente a las 6.000 de hace veinte a\u00f1os. Toda una explosi\u00f3n.<\/p>\n

El propio desarrollo social, con la prolongaci\u00f3n de la esperanza de vida y los cambios en la estructura familiar y en los h\u00e1bitos ciudadanos que ha tra\u00eddo consigo han sido los que han motivado este intenso crecimiento de necesidades y los que, si no se ordenan los recursos, pueden afectar seriamente al propio Estado del Bienestar.<\/p>\n

Ante el aumento de la demanda y de las necesidades, los expertos estiman que es necesario afrontar varios retos para que la universalizaci\u00f3n de la asistencia social que consagra la ley sea una realidad. “El primer reto a partir de ahora es pactar un cat\u00e1logo de prestaciones y fijar la cartera de servicios con un decreto que transforme el derecho subjetivo que plantea la ley en un listado objetivo”, destaca Fantova.<\/p>\n

La ley de Servicios Sociales, pero sobre todo su reglamento, tienen que transformar un sistema que ha crecido hasta ahora casi sobre la beneficencia en otro nuevo construido sobre el derecho de los ciudadanos a recibir apoyos y servicios y sobre la responsabilidad p\u00fablica para la cobertura de esas necesidades.<\/p>\n

“Los servicios sociales tienen que dejar de ser vistos como algo casi vergonzoso a los que se acude en situaciones de fracaso social. Deben evolucionar hacia un servicio al que tarde o temprano vamos a tener que acudir todos, como cuando vamos a estudiar, o al m\u00e9dico”, asegura un profesional de la asistencia a domicilio.<\/p>\n

El segundo gran reto pendiente para la pr\u00f3xima legislatura pasa por normalizar las relaciones con el sector privado y articular las herramientas previstas para ello, como la creaci\u00f3n de un Observatorio de los Servicios Sociales, un sistema \u00fanico de informaci\u00f3n centralizada y transparente de los recursos, y la creaci\u00f3n de la alta inspecci\u00f3n.<\/p>\n

Para garantizar la provisi\u00f3n de servicios, la ley establece que las administraciones p\u00fablicas podr\u00e1n articular formas de gesti\u00f3n con la iniciativa privada, como la concertaci\u00f3n (prestaci\u00f3n de servicios privados con dinero p\u00fablico sostenidos en el tiempo), convenios de colaboraci\u00f3n o contratos de gesti\u00f3n.<\/p>\n

Fruto de la tardanza de la ley es que el bienestar social se halla, en buena medida, subcontratado. La precariedad del empleo se sit\u00faa en torno al 50%, y el sueldo medio no llega a los mil euros. Existe un volumen mayoritario de contratos en la ayuda a domicilio de apenas un mes de duraci\u00f3n, que cotizan por el tiempo de servicio, pero no tienen en cuenta los desplazamientos, que pueden llegar a suponer un 30% del tiempo total.<\/p>\n

Al acabar cada mes, el empleado se queda sin derecho a vacaciones, ni antig\u00fcedad, ni derechos consolidados. La mayor\u00eda de empresas que prestan este tipo de servicios son privadas concertadas con las diputaciones, aunque quienes pagan finalmente son los ayuntamientos.<\/p>\n

Los sindicatos creen que parte del pacto pendiente pasa por regular esta situaci\u00f3n, m\u00e1s cuando la propia ley prioriza los servicios personales frente a la prestaciones econ\u00f3micas. Tanto unos como otras tendr\u00e1n car\u00e1cter universal y consistir\u00e1n en medidas t\u00e9cnicas como informaci\u00f3n, valoraci\u00f3n, diagn\u00f3stico, orientaci\u00f3n, atenci\u00f3n dom\u00e9stica y personal, y acompa\u00f1amiento social, pero remarcando esa primac\u00eda de la asistencia.<\/p>\n

Uno de los principales problemas para abordar un gran acuerdo que desarrolle la ley es el reparto de competencias, y el hecho de que todav\u00eda no est\u00e9 aprobada la ley Municipal. Pr\u00e1cticamente todos los grupos coinciden en que los servicios sociales de base municipales necesitan ampliarse, porque “generan cuellos de botella” ante la creciente demanda. Sin embargo, sin un marco legal de referencia que establezca con claridad las competencias “estamos frenando el desarrollo”, coinciden socialistas, peneuvistas y PP con ligeros matices entre ellos.<\/p>\n

Y, sobre todo, cuando la propia ley configura el sistema como una red dise\u00f1ada para prevenir y constatar situaciones de dependencia, desprotecci\u00f3n o emergencia, y atender las necesidades sociales derivadas de ellas. Todos los consultados coinciden en que es una gran ley, pero recuerdan la vieja sentencia: “Haga usted la ley, que ya me encargar\u00e9 yo del reglamento”.<\/p>\n

Regular el copago<\/strong><\/p>\n

Fernando Fantova cree que regular y definir el copago es otra de las tareas pendientes para la pr\u00f3xima legislatura. El copago es uno de los aspectos que m\u00e1s pol\u00e9mica gener\u00f3 durante el debate de la ley de Servicios Sociales, que establece que los ciudadanos van a tener que pagar una parte de los servicios sociales que requieran.<\/p>\n

Es un recurso al que se llega tras comprobar que los fondos necesarios para hacer realidad el modelo que dise\u00f1a la ley son muchos, y se requiere de un esfuerzo p\u00fablico muy grande, pero tambi\u00e9n de los usuarios, en determinadas circunstancias, para mantener el sistema.<\/p>\n

El caso es que est\u00e1 todav\u00eda por precisar c\u00f3mo se financia el sistema. Hasta ahora, el 71% de los costes los asume la Administraci\u00f3n p\u00fablica, otro 15% empresas y entidades sin \u00e1nimo de lucro, y hay un 14,40% que ya est\u00e1n financiado los propios usuarios como complemento al gasto p\u00fablico. La mayor parte del copago se hace para completar el coste de las plazas en residencias de ancianos.<\/p>\n

Es decir, s\u00f3lo en el subsector de las residencias, el copago supondr\u00eda casi el 40% de la financiaci\u00f3n, pero extendido al total del sistema se queda situado en un 14,40%.<\/p>\n

S\u00f3lo el a\u00f1o pasado el coste de los servicios sociales en Euskadi se acerc\u00f3 a los 2.000 millones de euros, con lo que el copago ascendi\u00f3 a unos 300 millones, una cantidad similar a la que aportaron empresas sin \u00e1nimo de lucro y diversas sociedades privadas.<\/p>\n

En cuanto al copago, la ley excluye que se utilice la primera vivienda para ese fin, salvo que la casa sea lujosa y tenga un valor excepcional. En cualquier caso, la ley remite al reglamento todav\u00eda por desarrollar para establecer esas cargas.<\/p>\n

Joseba Zalakain, del Centro de Documentaci\u00f3n y estudios SIIS, explica en una reciente publicaci\u00f3n sobre los servicios sociales que “obtener los recursos adicionales” para hacer un sistema de calidad “exige alcanzar un gran acuerdo social, un pacto de pa\u00eds por el cual todos los agentes implicados -institucionales, sociales, empresariales y tambi\u00e9n la ciudadan\u00eda en su conjunto- asuman los deberes y responsabilidades que toda ampliaci\u00f3n de derechos lleva impl\u00edcita”.<\/p>\n

Enlaces a documentos relacionados:<\/strong><\/p>\n