{"id":106982,"date":"2020-02-06T00:00:00","date_gmt":"2020-07-17T06:01:18","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/noticias\/clausulas-sociales-un-reto-para-las-instituciones-publicas\/"},"modified":"2020-10-21T19:39:40","modified_gmt":"2020-10-21T18:39:40","slug":"clausulas-sociales-un-reto-para-las-instituciones-publicas","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/gl\/noticias\/clausulas-sociales-un-reto-para-las-instituciones-publicas\/","title":{"rendered":"Cl\u00e1usulas sociales, un reto para las instituciones p\u00fablicas"},"content":{"rendered":"

Autonom\u00eda Sur ha publicado este art\u00edculo<\/a> enumerando algunos componentes de inter\u00e9s de la Ley de Contrataci\u00f3n de Servicios P\u00fablicos (LCSP) del 2017.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 pueden hacer las instituciones p\u00fablicas para llevar a la pr\u00e1ctica el reparto de la riqueza? \u00bfExisten mecanismos legislativos para que sean realidad? \u00bfSe justifica el beneficio social antes que el econ\u00f3mico? La Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, publicada en noviembre de 2017, es una oportunidad para que las administraciones p\u00fablicas apliquen una pol\u00edtica de distribuci\u00f3n bas\u00e1ndose en principios de desarrollo sostenible, medioambientales y \u00e9ticos. Por ANA ISABEL FERN\u00c1NDEZ L\u00d3PEZ, abogada.<\/h4>\n

De acuerdo con la Exposici\u00f3n de Motivos de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico (LCSP) del 2017, texto que sirve como introducci\u00f3n para describir su contenido indicando su objeto y finalidad, las cl\u00e1usulas sociales son mecanismos que permiten introducir en la contrataci\u00f3n p\u00fablica consideraciones de tipo social y de sostenibilidad. La importancia de la contrataci\u00f3n p\u00fablica se refleja tanto desde un punto de vista cuantitativo, alrededor del 16% del PIB del Estado, como cualitativo, realiz\u00e1ndose a trav\u00e9s de esta f\u00f3rmula las principales obras, servicios y suministro de la Administraci\u00f3n. Es importante recalcar que dicha orientaci\u00f3n es competencia exclusiva de los gobiernos y que, por tanto, tales decisiones no corresponden al personal t\u00e9cnico de la instituci\u00f3n correspondiente.
\nLa contrataci\u00f3n p\u00fablica no es un fin en s\u00ed mismo, ni constituye exclusivamente un medio para la obtenci\u00f3n de prestaciones, obras o servicios en las condiciones econ\u00f3micamente m\u00e1s ventajosas para la administraci\u00f3n, sino que es, sobre todo, una herramienta jur\u00eddica al servicio de los poderes p\u00fablicos para el cumplimiento de sus fines y valores fundamentales: cohesi\u00f3n social, redistribuci\u00f3n de la riqueza, igualdad y justicia.<\/p>\n

Hist\u00f3ricamente la contrataci\u00f3n p\u00fablica se ha basado en unos criterios objetivos y condiciones t\u00e9cnicas basados en la libre concurrencia que no ten\u00eda en cuenta otras caracter\u00edsticas m\u00e1s importantes de car\u00e1cter \u00e9tico, social y solidario: el fomento del empleo de personas y colectivos desfavorecidos, la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, el empleo de calidad y con derechos, la protecci\u00f3n medioambiental, la eficiencia energ\u00e9tica o el comercio justo, entre otros factores.<\/p>\n

Adem\u00e1s, el Estado Espa\u00f1ol, en el art\u00edculo 40.1 de su Constituci\u00f3n, impone a los poderes p\u00fablicos la obligaci\u00f3n de \u201cpromover el progreso social y econ\u00f3mico\u201d, una distribuci\u00f3n de la renta m\u00e1s equitativa y una pol\u00edtica orientada al pleno empleo. El objetivo es garantizar derechos constitucionales como la igualdad efectiva y la plena participaci\u00f3n de toda la ciudadan\u00eda en la vida pol\u00edtica, econ\u00f3mica y social (art. 9.2) sin que pueda prevalecer discriminaci\u00f3n alguna por raz\u00f3n de nacimiento, sexo, g\u00e9nero, religi\u00f3n, opini\u00f3n o cualquier otra condici\u00f3n o circunstancia personal o social (art. 14), promover la formaci\u00f3n y readaptaci\u00f3n profesional y la seguridad e higiene en el trabajo (art. 40.2), o la integraci\u00f3n de las personas con discapacidad (art. 49). Todo este articulado tiene unas implicaciones legales y constitucionales directas para los poderes p\u00fablicos en relaci\u00f3n con las pol\u00edticas de contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/p>\n

De acuerdo con el Informe de la Junta Consultiva de Contrataci\u00f3n de Arag\u00f3n 1\/2006, de 14 de diciembre, este dice literalmente que \u201c[\u2026] la contrataci\u00f3n (p\u00fablica) puede y deber\u00eda ser una t\u00e9cnica que permitiera conseguir objetivos sociales, ambientales o de investigaci\u00f3n, en la convicci\u00f3n de que los mismos comportan una adecuada comprensi\u00f3n de c\u00f3mo deben canalizarse los fondos p\u00fablicos\u201d<\/em>. En este sentido, hay que destacar que la citada LCSP, como marco estatal adaptado de las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014\/23\/UE y 2014\/24\/UE, respectivamente, sustituye el criterio de \u201coferta econ\u00f3micamente m\u00e1s ventajosa\u201d por el novedoso de \u201coferta con la mejor relaci\u00f3n calidad\/precio\u201d. Este concepto jur\u00eddico, el de \u201cmejor relaci\u00f3n calidad\/precio\u201d, queda integrado por criterios econ\u00f3micos y cualitativos, pudiendo estos \u00faltimos incluir aspectos medioambientales o sociales vinculados al objeto del contrato.<\/p>\n

La contrataci\u00f3n p\u00fablica […] es, sobre todo, una herramienta jur\u00eddica al servicio de los poderes p\u00fablicos para el cumplimiento de la cohesi\u00f3n social, redistribuci\u00f3n de la riqueza, igualdad y justicia.<\/p>\n

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Esta LCSP, en su Art. 1.3 dice \u201cEn toda contrataci\u00f3n p\u00fablica se incorporar\u00e1n de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relaci\u00f3n con el objeto del contrato, en la convicci\u00f3n de que su inclusi\u00f3n proporciona una mejor relaci\u00f3n calidad-precio en la prestaci\u00f3n contractual, as\u00ed como una mayor y mejor eficiencia en la utilizaci\u00f3n de los fondos p\u00fablicos. Igualmente se facilitar\u00e1 el acceso a la contrataci\u00f3n p\u00fablica de las peque\u00f1as y medianas empresas, as\u00ed como de las empresas de econom\u00eda social\u201d.<\/em><\/p>\n

La prestaci\u00f3n de servicios p\u00fablicos tiene que primar en los siguientes objetivos:<\/p>\n