{"id":13820,"date":"2016-04-15T00:00:00","date_gmt":"2016-04-14T23:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/noticias\/el-comercio-justo-y-las-condiciones-laborales-dignas-llegan-a-los-contratos-publicos\/"},"modified":"2021-08-26T08:48:59","modified_gmt":"2021-08-26T07:48:59","slug":"el-comercio-justo-y-las-condiciones-laborales-dignas-llegan-a-los-contratos-publicos","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/gl\/noticias\/el-comercio-justo-y-las-condiciones-laborales-dignas-llegan-a-los-contratos-publicos\/","title":{"rendered":"El comercio justo y las condiciones laborales dignas llegan a los contratos p\u00fablicos"},"content":{"rendered":"
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Por Ana Requena Aguilar para eldiario.es<\/a><\/em><\/p>\n

Cada vez m\u00e1s administraciones incluyen cl\u00e1usulas para garantizar que las empresas con las que contratan no rebajen las condiciones de trabajo a sus plantillas o suministren productos de comercio justo.<\/p>\n

La reforma laboral, los conflictos con muchas contratas y el nuevo municipalismo han impulsado estas pr\u00e1cticas.<\/p>\n

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Madrid, Barcelona, Zaragoza o Vitoria son algunos de los ayuntamientos que han puesto en marcha iniciativas de este tipo.<\/p>\n

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El Ayuntamiento de Zaragoza no adjudica grandes contratos p\u00fablicos a empresas que rebajen las condiciones laborales de sus plantillas. Es una de las medidas que el consistorio ha tomado en los \u00faltimos a\u00f1os para incluir criterios \u00e9ticos y responsables en su contrataci\u00f3n y servicios. Su caso no es \u00fanico. Cada vez m\u00e1s administraciones aprueban medidas para que en sus contratos y suministros rijan la estabilidad laboral o el comercio justo.  La reforma laboral, los conflictos con muchas contratas y el nuevo municipalismo han impulsado los criterios de contrataci\u00f3n y compra p\u00fablica responsable.<\/span><\/p>\n

Leire \u00c1lvarez, de la Red de Redes de Econom\u00eda Alternativa Social y Solidaria (REASS) en Euskadi, explica que el objetivo final es que las empresas que contraten con la Administraci\u00f3n tengan unas pr\u00e1cticas m\u00e1s responsables “en muchos sentidos, laboral, ambiental, o de compromiso con el comercio justo”. “Se trata de impulsar otro tipo de pol\u00edticas p\u00fablicas a trav\u00e9s de la contrataci\u00f3n p\u00fablica”, remata.<\/span><\/p>\n

Fue en 2012 cuando Zaragoza comenz\u00f3 a trabajar para establecer criterios de compra p\u00fablica responsable. “Empezamos con la sensibilizaci\u00f3n de los trabajadores del ayuntamiento y abrimos un proceso participativo en el que est\u00e1n presentes consumidores, vecinos, t\u00e9cnicos, las secciones sindicales de las grandes contratas…”, explica el coordinador t\u00e9cnico del Observatorio de Contrataci\u00f3n del Ayuntamiento de Zaragoza, Luis Bentu\u00e9.
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A partir de ese proceso han elaborado cl\u00e1usulas para, por ejemplo, garantizar salarios, formaci\u00f3n y aplicaci\u00f3n de los convenios para los trabajadores de las empresas que se adjudican sus contratos. Las condiciones laborales que se les apliquen tienen que ser las mismas que exist\u00edan antes de que la empresa presentara la oferta. Tratan de evitar as\u00ed que las compa\u00f1\u00edas presenten ofertas a la baja que luego trasladan a los sueldos. “Buscamos la redacci\u00f3n y la formulaci\u00f3n t\u00e9cnica id\u00f3nea para introducir estas condiciones en los pliegos de contrataci\u00f3n”, dice Bentu\u00e9. No todos los contratos contienen estas cl\u00e1usulas, solo aquellos en los que la mano de obra representa el 80% o m\u00e1s del coste importe de adjudicaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n

La estrategia del Ayuntamiento de Madrid ha sido diferente: hace unos meses, el consistorio de Manuela Carmena aprob\u00f3 por decreto cl\u00e1usulas de igualdad y estabilidad en el empleo en los contratos p\u00fablicos. El Tribunal de Contrataci\u00f3n P\u00fablica ha avalado su forma de actuar frente a la Asociaci\u00f3n de Compa\u00f1\u00edas de Seguridad Privada, que present\u00f3 un recurso contra un contrato p\u00fablico que daba m\u00e1s puntos a las empresas que aplicaban el convenio colectivo estatal, formaban a sus trabajadores o facilitaban la conciliaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n

“Tuvimos el apoyo de todos los grupos pol\u00edticos”, se\u00f1ala la directora de Gabinete de Econom\u00eda y Hacienda en el Ayuntamiento, Esther L\u00f3pez Barcel\u00f3. El Decreto contempla tambi\u00e9n una reserva del 0,5% de la contrataci\u00f3n de 2016 (que supone en total unos 1.500 millones de euros) para centros especiales de empleo y empresas de inserci\u00f3n social. El porcentaje se ir\u00e1 incrementando a\u00f1o a a\u00f1o. Madrid prepara ahora otro decreto que incluir\u00e1 cl\u00e1usulas \u00e9ticas y de comercio justo en sus contratos de suministro. El Ayuntamiento organiz\u00f3 esta semana unas jornadas sobre compra p\u00fablica responsable y el catering contratado, para predicar con el ejemplo, serv\u00eda productos de comercio justo.<\/span><\/p>\n

“Institucionalizar las pol\u00edticas”<\/span><\/h3>\n

Leire \u00c1lvarez subraya la importancia del consenso pol\u00edtico conseguido en Madrid. “Los partidos y las personas que gobiernan pasan, pero estas pol\u00edticas deben quedarse. Por eso uno de los retos es institucionalizar las pol\u00edticas de contrataci\u00f3n responsable y que haya consenso de pleno es importante porque implica un compromiso”, dice. \u00c1lvarez asegura que las reformas laborales y los conflictos abiertos en muchas empresas con adjudicaciones p\u00fablicas, el nuevo municipalismo y una directiva europea que respalda la inclusi\u00f3n de este tipo de criterios han contribuido a un ‘boom’ de estas pr\u00e1cticas. “Ahora falta transversalidad y sistematizaci\u00f3n”.<\/span><\/p>\n

Estas cl\u00e1usulas, sin embargo, no evitan los problemas que ya han surgido con contratos adjudicados en el pasado y que en ocasiones han desembocado en huelgas de servicios como el de basuras o limpieza en algunas ciudades. Luis Bentu\u00e9 se\u00f1ala que revocar contratos es especialmente dif\u00edcil: “En t\u00e9rminos jur\u00eddicos se tienen que hacer en base a los criterios que establece la Ley de Contratos o bien hay que indemnizar a la empresa”.<\/span><\/p>\n

“Reserva social”<\/span><\/h3>\n

Avil\u00e9s, los gobiernos auton\u00f3micos de Arag\u00f3n y Navarra, o la Diputaci\u00f3n de Gipuzkoa son otras de las administraciones con programas en marcha. Barcelona tiene un cupo de “reserva social” en sus contratos para empresas de inserci\u00f3n social y centros especiales de empleo. En 2010, por ejemplo, adjudicaron contratos por un valor de casi seis millones y medio a este tipo de organizaciones. La ciudad tiene tambi\u00e9n en marcha una instrucci\u00f3n para minimizar el impacto ambiental de los acontecimientos que tienen lugar en la ciudad.<\/span><\/p>\n

Otro caso es el del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, que ha incluido criterios de comercio justo, igualdad de g\u00e9nero y sostenibilidad medioambiental en sus contratos de suministro. Por ejemplo, el 100% del caf\u00e9 de sus m\u00e1quinas de bebidas procede del comercio justo. El consistorio alav\u00e9s ha formado a cerca de 300 t\u00e9cnicos en estas pr\u00e1cticas. <\/span><\/p>\n<\/p><\/div>\n<\/p><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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