{"id":179506,"date":"2025-01-31T11:50:57","date_gmt":"2025-01-31T10:50:57","guid":{"rendered":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/?post_type=noticias&p=179506"},"modified":"2025-02-12T11:30:17","modified_gmt":"2025-02-12T10:30:17","slug":"la-obligacion-de-las-instituciones-a-respetar-el-derecho-internacional-tambien-a-traves-de-la-compra-publica","status":"publish","type":"noticias","link":"https:\/\/www.economiasolidaria.org\/gl\/noticias\/la-obligacion-de-las-instituciones-a-respetar-el-derecho-internacional-tambien-a-traves-de-la-compra-publica\/","title":{"rendered":"La obligaci\u00f3n de las instituciones a respetar el derecho internacional y la compra p\u00fablica"},"content":{"rendered":"

El 22 de octubre de 2024, el gobierno noruego emiti\u00f3 un aviso<\/a> a las empresas del pa\u00eds alertando sobre los riesgos de participar en actividades econ\u00f3micas o financieras vinculadas a los asentamientos ilegales israel\u00edes. <\/strong>Esta decisi\u00f3n, basada en el derecho internacional, subraya la importancia de garantizar que ninguna actividad econ\u00f3mica contribuya a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.<\/p>\n

El gobierno de Noruega fundamenta su acci\u00f3n en diversos instrumentos jur\u00eddicos internacionales<\/strong>, como el art\u00edculo 49 de la Cuarta Convenci\u00f3n de Ginebra<\/a>, que proh\u00edbe a una potencia ocupante transferir poblaci\u00f3n civil al territorio que ocupa. Tambi\u00e9n se basa en resoluciones de la Asamblea General y del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida la Resoluci\u00f3n 2334 (2016), que declara que los asentamientos israel\u00edes son ilegales y constituyen una violaci\u00f3n del derecho internacional. Adem\u00e1s, los principios del derecho consuetudinario internacional refuerzan esta decisi\u00f3n, al condenar la colonizaci\u00f3n de territorios ocupados. Noruega argumenta adem\u00e1s que las empresas deben evitar implicarse en actividades que puedan ser interpretadas como un apoyo indirecto a estas violaciones, ya que esto puede acarrear consecuencias jur\u00eddicas, econ\u00f3micas y reputacionales.<\/p>\n

Las administraciones catalanas y espa\u00f1olas deber\u00edan seguir este precedente.<\/strong> Es un deber institucional alertar a las empresas sobre los riesgos y consecuencias de contribuir a violaciones del derecho internacional. En este sentido, es imprescindible que el Estado espa\u00f1ol, la Generalitat de Catalunya, ayuntamientos y organismos p\u00fablicos para la promoci\u00f3n empresarial, como ACCI\u00d3 o el ICEX, adopten medidas similares para garantizar que ninguna empresa vinculada a los asentamientos ilegales de Israel pueda beneficiarse de contratos p\u00fablicos. Esto no s\u00f3lo alinea a Catalu\u00f1a y el Estado espa\u00f1ol con las resoluciones internacionales, sino que tambi\u00e9n refuerza el compromiso \u00e9tico y legal en la defensa de los derechos humanos y el derecho internacional.<\/p>\n

Exigencias para una contrataci\u00f3n p\u00fablica socialmente responsable<\/u><\/strong><\/p>\n

    \n
  1. Requisito de Declaraci\u00f3n Responsable de Derechos Humanos para todas las contrataciones p\u00fablicas.<\/strong> Actualmente, muchas contrataciones p\u00fablicas establecen mecanismos de control \u00e9tico, pero \u00e9stos son a menudo insuficientes o ineficaces. Es imprescindible que todas las administraciones p\u00fablicas incorporen en sus cl\u00e1usulas de contrataci\u00f3n una declaraci\u00f3n responsable de cumplimiento de los derechos humanos y el derecho internacional que toda empresa debe firmar. Este requisito no deber\u00eda tener ning\u00fan umbral econ\u00f3mico: debe ser obligatorio para todos los contratos, independientemente de su cuant\u00eda.<\/li>\n
  2. Comprobaci\u00f3n efectiva de estas declaraciones.<\/strong> Las administraciones deben verificar que las declaraciones responsables firmadas cumplen con la realidad. Esto implica hacer uso de las herramientas que el derecho internacional proporciona, como la Base de Datos de Naciones Unidas<\/a> que identifica a empresas implicadas en actividades econ\u00f3micas en asentamientos israel\u00edes en Territorio Ocupado Palestino. Si una empresa no pudiera demostrar que ha puesto fin a sus inversiones en estos territorios, se le debe prohibir la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/li>\n
  3. Ampliar el impacto de las medidas: el caso noruego.<\/strong> Noruega ha establecido un precedente clave. El gobierno noruego ha declarado que: \u201cLas empresas noruegas deben estar alerta frente al hecho de que participar en cualquier actividad econ\u00f3mica o financiera en los asentamientos israel\u00edes ilegales podr\u00eda exponerlas al riesgo de contribuir a violaciones del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos<\/strong>.\u201d Sus recomendaciones al sector empresarial de evitar cualquier cooperaci\u00f3n comercial o empresarial con asentamientos israel\u00edes ilegales no s\u00f3lo refuerzan su compromiso con los derechos humanos, sino que tambi\u00e9n alertan a las empresas sobre las posibles consecuencias jur\u00eddicas, econ\u00f3micas y reputacionales de estas actividades. Estas medidas deben servir de gu\u00eda para las administraciones catalanas y del Estado espa\u00f1ol, exigiendo que las empresas locales sigan los mismos principios. “El gobierno est\u00e1 aconsejando a las empresas noruegas que no participen en actividades de cooperaci\u00f3n comercial empresarial que sirvan para perpetuar la presencia ilegal de Israel en el Territorio Palestino Ocupado”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. A ra\u00edz de la opini\u00f3n consultiva emitida el 19 de julio de 2024<\/a>, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) declar\u00f3 que las pr\u00e1cticas de Israel violan el derecho internacional, incluido el derecho internacional humanitario, los derechos humanos internacionales y la Convenci\u00f3n Internacional sobre la Eliminaci\u00f3n de todas las Formas de Discriminaci\u00f3n Racial.<\/li>\n<\/ol>\n

    El caso Alstom: una lecci\u00f3n a tener en cuenta<\/strong><\/h3>\n

    El 31 de enero de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona firm\u00f3 un contrato<\/a> con la empresa Alstom, vinculado al sistema TRAM de transportes de la ciudad. Este contrato se a\u00f1ad\u00eda a otro en vigor hasta el 31\/08\/2024 entre Alstom y la ATM[1]<\/a>. Alstom es una empresa implicada en proyectos que refuerzan la presencia de Israel en territorio ocupado tal y como acredita su presencia en el listado actualizado en 2023 de la Base de Datos de NNUU<\/strong>. Esta contrataci\u00f3n, en pleno genocidio, y sin firmar la Declaraci\u00f3n Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana que el Ayuntamiento afirma aplicar en sus contrataciones, es un ejemplo de por qu\u00e9 es necesario implementar estas medidas con urgencia.<\/p>\n

    Tal y como indica el gobierno de Noruega, actualmente toda cooperaci\u00f3n comercial y empresarial con Israel puede estar asociada a graves violaciones de derechos humanos y podr\u00eda considerarse una actividad que permite que se perpet\u00faen las violaciones a estos derechos. Por eso las administraciones p\u00fablicas tienen la responsabilidad de actuar<\/strong> y evitar contribuir a estas vulneraciones, como por ejemplo no contratando a empresas se\u00f1aladas por NNUU u otras, para operar en territorio ocupado. Este tipo de contrataciones no s\u00f3lo perpet\u00faan una situaci\u00f3n de violaci\u00f3n del derecho internacional, sino que contradicen tambi\u00e9n los valores que las instituciones catalanas y europeas han afirmado defender.<\/p>\n

    Garantizar que situaciones similares no se repitan implica reforzar las normativas, incorporar mecanismos de control m\u00e1s estrictos y adoptar una posici\u00f3n p\u00fablica firme, tal y como ha hecho el gobierno de Noruega. Esto incluye desde prohibir la contrataci\u00f3n con empresas que colaboren con la ocupaci\u00f3n, hasta promover recomendaciones que desincentiven la cooperaci\u00f3n con entidades que, en ciertos casos, podr\u00edan contribuir a perpetuar violaciones de derechos humanos.<\/p>\n

    Demandas a las instituciones p\u00fablicas catalanas y espa\u00f1olas<\/strong><\/h3>\n

    Las administraciones p\u00fablicas, incluidas la Generalitat y los ayuntamientos de Catalu\u00f1a, tienen el deber de adoptar pol\u00edticas que impidan cualquier participaci\u00f3n directa o indirecta en la perpetuaci\u00f3n de la ocupaci\u00f3n de Palestina. Organismos como ACCI\u00d3 pueden liderar estas acciones promoviendo est\u00e1ndares internacionales en las relaciones comerciales y empresariales. Ya hace meses que las entidades SUDS y NOVACT advirtieron que ACCI\u00d3 deber\u00eda cerrar su sede en Tel Aviv.<\/strong> La Generalitat deber\u00eda establecer pol\u00edticas p\u00fablicas y medidas espec\u00edficas para desincentivar la inversi\u00f3n catalana en sectores industriales y empresas israel\u00edes que puedan estar contribuyendo de forma directa o indirecta con la vulneraci\u00f3n de derechos humanos del pueblo palestino.<\/p>\n

    En relaci\u00f3n con el Ayuntamiento de Barcelona, \u200b\u200bdemandamos que de forma inmediata se d\u00e9 respuesta a la Declaraci\u00f3n para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos y la dignidad humana en la contrataci\u00f3n p\u00fablica<\/a>, aprobada por el Pleno del Consejo Municipal de Cooperaci\u00f3n Internacional el 9 de octubre de 2024. En especial, pedimos que sin excepci\u00f3n todas las empresas y contratos del Ayuntamiento deban firmar la Declaraci\u00f3n Responsable relativa al cumplimiento de los Derechos Humanos y la dignidad humana, <\/strong>as\u00ed como que se apliquen mecanismos de comprobaci\u00f3n sistem\u00e1tica de su cumplimiento. En particular pedimos no contratar a ninguna empresa que est\u00e1 en la Base de Datos de Naciones Unidas (teniendo en cuenta las futuras actualizaciones) y en otras bases de datos rigurosas e independientes.<\/p>\n

    Por otra parte, en el \u00faltimo a\u00f1o la Fira de Barcelona<\/strong>, \u200b\u200bun consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, \u200b\u200bla Generalitat de Catalunya y la C\u00e1mara de Comercio de Barcelona, \u200b\u200best\u00e1 recibiendo empresas involucradas en graves vulneraciones de derechos humanos. Entre otros, el 4 y 5 de junio de 2024 la Fira de Barcelona acogi\u00f3 la feria de drones Unvex 24, donde se exhibieron los sistemas y tecnolog\u00edas no tripuladas de numerosas empresas implicadas directamente en la ocupaci\u00f3n, el apartheid y el genocidio israel\u00ed mediante el uso de sus productos y servicios por parte del Estado de Israel. Los d\u00edas 23 y 24 de octubre, la feria comercial acogi\u00f3 la Aviation Week, que cont\u00f3 con la participaci\u00f3n de tres empresas israel\u00edes que proporcionan soporte material o t\u00e9cnico al ej\u00e9rcito israel\u00ed, incluida la empresa estatal de armas de Israel, IAI – Israel Aerospace Industries. Tambi\u00e9n participaron seis de las mayores empresas fabricantes de armas del mundo al menos otras 16 que forman parte de la cadena de suministro de componentes para aviones de combate. Del 5 al 7 de noviembre se celebr\u00f3 el Smart City World Congress, donde el Estado de Israel dispuso de un pabell\u00f3n entero en el que se expusieron una decena de empresas con v\u00ednculos directos con la ocupaci\u00f3n del territorio palestino.<\/p>\n

    Israel est\u00e1 siendo actualmente investigado ante el Tribunal Internacional de Justicia (TJI)<\/strong> de Naciones Unidas por la comisi\u00f3n de un crimen de genocidio contra el pueblo palestino que habita en la Franja de Gaza. En el marco de este proceso judicial y ante la abrumadora cantidad de indicios, el Tribunal ha adoptado medidas cautelares<\/a> para tratar de frenar la masacre. En ellas, el Tribunal ha recordado a todos los miembros de la comunidad internacional que “tienen la obligaci\u00f3n de prevenir el crimen de genocidio”. Las \u00f3rdenes del TIJ son jur\u00eddicamente vinculantes para el Estado espa\u00f1ol y para las distintas administraciones p\u00fablicas en el marco de sus respectivas competencias. Los terceros estados no s\u00f3lo tienen la obligaci\u00f3n, establecida por el derecho internacional, de no apoyar la comisi\u00f3n de situaciones de ilegalidad, sino que adem\u00e1s deben considerar que su asistencia militar<\/a> o de otro tipo a las operaciones militares de Israel en Gaza puede exponerlos al riesgo de ser c\u00f3mplices de genocidio<\/strong>, tal y como establece la Convenci\u00f3n sobre el Genocidio. En un contexto en el que Israel ha asesinado ya a m\u00e1s de 45.000 personas palestinas y est\u00e1 usando el hambre y la sed como armas de guerra, destruyendo hospitales y escuelas en toda la Franja de Gaza, no s\u00f3lo es inmoral que la Fira de Barcelona permita la participaci\u00f3n de este tipo de empresas, sino que los integrantes del consorcio de la Fira podr\u00edan estar contribuyendo a provocar graves vulneraciones de derechos humanos y del derecho internacional.<\/p>\n

    Considerando las reiteradas violaciones del derecho internacional y derecho internacional humanitario, todas las administraciones p\u00fablicas catalanas y estatales deber\u00edan evitar promover las relaciones pol\u00edticas y econ\u00f3micas con Israel, hasta que su gobierno acabe con la situaci\u00f3n de ocupaci\u00f3n y apartheid contra el pueblo palestino.<\/p><\/blockquote>\n

    A nivel estatal, el gobierno del Estado espa\u00f1ol debe dar un paso adelante. M\u00e1s all\u00e1 de la carta enviada por el Ministerio de Derechos Sociales y Consumo a empresas espa\u00f1olas con actividad en Israel, el Estado debe establecer recomendaciones m\u00e1s contundentes por parte de las administraciones competentes dirigidas a las administraciones p\u00fablicas o incluso declarar una prohibici\u00f3n expl\u00edcita contratar con empresas que vulneren el derecho internacional y el derecho internacional humanitario. Esta medida tendr\u00eda un alcance inmediato y generalizado, aplic\u00e1ndose a todas las instituciones p\u00fablicas del territorio. Tambi\u00e9n pedimos a las fuerzas pol\u00edticas representadas en el Congreso de las Diputadas que aprueben la ley que proh\u00edbe comerciar con productos de asentamientos ilegales<\/strong>, como la Ley registrada por la coalici\u00f3n Sumar<\/a> que tipifica como delito de contrabando cualquier relaci\u00f3n comercial con asentamientos ilegales en territorio ocupado.<\/p>\n

    La contrataci\u00f3n p\u00fablica social y ambientalmente responsable no es una opci\u00f3n. Las administraciones p\u00fablicas tienen la obligaci\u00f3n de aplicar medidas contundentes para asegurar el cumplimiento de los derechos humanos en su accionar, no s\u00f3lo en nuestro territorio, sino tambi\u00e9n en el \u00e1mbito internacional.<\/strong> Contribuir, permitir o fomentar v\u00ednculos econ\u00f3micos en contextos de graves vulneraciones puede suponer connivencia y participaci\u00f3n activa en las mismas. Es imprescindible garantizar que ning\u00fan euro p\u00fablico contribuya a perpetuar violaciones del derecho internacional, especialmente en casos tan flagrantes como la ocupaci\u00f3n de Palestina. Implementar estas medidas no es s\u00f3lo una obligaci\u00f3n legal, sino tambi\u00e9n una cuesti\u00f3n de justicia y responsabilidad colectiva.<\/p>\n

    Edici\u00f3n y publicaci\u00f3n:\u00a0 <\/strong>Lucrecia Baquero Ramos, Observatorio de Derechos Humanos y Empresas en el Mediterr\u00e1neo<\/a>.<\/p>\n

    [1]<\/a> Autoridad del Transporte Metropolitano, consorcio encargado de coordinar y planificar el transporte p\u00fablico de la regi\u00f3n metropolitana de Barcelona.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    Art\u00edculo elaborado por Alys Samson Estap\u00e9, NOVACT y\u00a0Maite Ramos Plaza, SUDS<\/p>\n","protected":false},"author":11,"featured_media":179541,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"open","template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"_et_pb_use_builder":"","_et_pb_old_content":"","_et_gb_content_width":"","_relevanssi_hide_post":"","_relevanssi_hide_content":"","_relevanssi_pin_for_all":"","_relevanssi_pin_keywords":"","_relevanssi_unpin_keywords":"","_relevanssi_related_keywords":"","_relevanssi_related_include_ids":"","_relevanssi_related_exclude_ids":"","_relevanssi_related_no_append":"","_relevanssi_related_not_related":"","_relevanssi_related_posts":"","_relevanssi_noindex_reason":"","footnotes":""},"categories":[],"tags":[1129,260],"tematicas":[734],"territorios":[1075],"destacar_noticias":[1160],"class_list":["post-179506","noticias","type-noticias","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","tag-contratacion-publica-responsable","tag-derechos-humanos","tematicas-politicas-publicas","territorios-catalunya-2","destacar_noticias-portada"],"acf":[],"yoast_head":"\nLa obligaci\u00f3n de las instituciones a respetar el derecho internacional y la compra p\u00fablica - 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