La discusi\u00f3n acerca de si la retribuci\u00f3n que los socios trabajadores de una cooperativa reciben por su acto cooperativo constituye un pago salarial o mas bien obedece a la participaci\u00f3n que le cabe por la distribuci\u00f3n de los beneficios, ha sido de larga data en las ciencias sociales y econ\u00f3micas as\u00ed como en el tratamiento jur\u00eddico.
Participando de la \u00faltima IV Plenaria Nacional de Econom\u00eda Solidaria realizada en Brasilia en el mes de marzo de 2008 pude presenciar un interesante debate acerca de si es pertinente una propuesta de ley general de cooperativismo que obliga a las cooperativas a respetar algunas leyes laboralistas a\u00fan en situaciones donde claramente no existe ni patr\u00f3n ni empleados. En concreto, el proyecto de ley en cuesti\u00f3n obligaba a los socios cooperativistas a recibir al menos el equivalente a un salario m\u00ednimo nacional.
La inclusi\u00f3n del concepto salarial en la legislaci\u00f3n cooperativa no se reduce a este caso. En Uruguay por ejemplo, la Ley de Cooperativas Sociales incluye el concepto de laudo salarial (producto de la negociaci\u00f3n colectiva entre empleados y empleadores); y la ley de Cooperativas de Trabajo Asociado en su Art. 3 se\u00f1ala que los socios recibir\u00e1n \u201ccomo remuneraci\u00f3n mensual\u201d el \u201cequivalente al salario de la rama de actividad\u201d. Otras legislaciones en todo el mundo suelen recurrir a conceptos similares.
El objetivo de este art\u00edculo es contribuir a este debate en el movimiento de la econom\u00eda solidaria, argumentando acerca de las debilidades que presentan ciertas reglamentaciones que incluyen en el formato cooperativo y autogestionado, conceptos y categor\u00edas ajenas a su racionalidad como es el caso del salario.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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