Idearia 2019 - EJE 4. Contratación Pública


Eje 4: Contratación Pública Responsable para la transición económica


La contratación pública se ha convertido en una importante palanca para el cambio social. Se cuentan por centenas los ayuntamientos y entidades del sector público que consideran cláusulas sociales, de género, ambientales y éticas de Comercio Justo en sus procesos de compra y contratación. Tras la aprobación y entrada en vigor de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son muchos los gobiernos que han incorporado entre sus prioridades exprimir todas las posibilidades de la actual normativa para cambiar las lógicas y procesos que, hasta el momento, habían determinado la contratación; en especial el precio, que ha convertido a la contratación administrativa en una subasta y no en una política subordinada a los objetivos políticos, de carácter social, económico y ambinetal, de las entidades públicas.

Desde las entidades de la Economía Social y Solidaria, en especial desde el grupo de Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes, se reconoce el avance de la actual ley, así como las posibilidades que esta presenta para favorecer una contratación pública que apoye al sector con el objetivo de transitar hacia un modelo de desarrollo más sostenible, igualitario y participativo.

Aún así, la realidad actual de la contratación administrativa está plagada de condicionantes y obstáculos:

  • Para muchas entidades el precio sigue siendo el criterio preponderante para adjudicar contratos, lo que lastra cualquier intento de mejorar algunas condiciones laborales, sociales y ambientales de los mismos.
     
  • La mayoría de entidades públicas no conocen o no tienen a personal capacitado para aplicar criterios de sostenibilidad social y ambiental, por lo que se frena muchísimo los posibles avances.
     
  • En algunos casos, los órganos de fiscalización de las entidades públicas (Intervención, Secretaría, etc.) tienen una actitud conservadora a la hora de aceptar la consideración de clausulado social, ambiental o ético, lo que, nuevamente frena su desarrollo. La causa principal es su desconocimiento.
     
  • Los grandes contratos del sector público siguen estando en manos de grandes multinacionales y empresas. Ello dificultad que las entidades de la Economía Social y Solidaria puedan optar por los mismos.
     
  • La autocomplacencia de las Administraciones Públicas en lo relacionado con la reserva de mercado que produce falsas expectativas y frustración entre los agentes de la Economía Social y Solidaria y el persona técnicos de la Administración.
     
  • La ingente cantidad de recursos en mano de las grandes empresas que desemboca en una enorme capacidad de impugnar los pliegos donde el precio no es el criterio preponderante.
     
  • La falta de seguimiento en la contratación tiene como consecuencia la inaplicación de los criterios y menores oportunidades de puesta en valor de la Contratación pública Responsable.


En cuanto a retos a asumir en el corto plazo:

  • Se deben desarrollar acciones de incidencia, sensibilización y formación dirigidas a las entidades del sector público.
     
  • El movimiento de la Economía Social y Solidaria debe reivindicarse como aliado natural del sector público para construir un modelo de Desarrollo Sostenible.
     
  • Se debe ampliar la red de apoyo mutuo entre entidades de la Economía Social y Solidaria
     
  • Se deben promover las consultas preliminares de mercado y los planes de contratación como buenas practicas en la Administración Pública para fijar criterios y objetivos a medio y largo plazo.
     
  • Confluir con otros agentes de la Economía Social para reivindicar la Contratación Pública Responsable y la reserva (también a través de los foros de la Contratación Pública Responsable).
  • Reivindicar la coherencia de las políticas públicascon los procedimientos y los pliegos de contratación, en particular con todo lo relacionado con criterios sociales y ambientales.
     
  • Se debe fomentar la reserva de contrato de forma secuencial y progresiva con el objetivo de consolidar la reserva tanto a nivel procedimental como herramienta de mejora social.
     
  • Se debe promover la inclusión del balance social como etiquetado para favorecer una contratación pública responsable.