Por Alejandra Villaseñor Goyzueta (Economistas sin Fronteras)

“El presidente del Eurogrupo ha subrayado hoy la recuperación económica de España, pero ha recordado al Gobierno que todavía falta “mucho por hacer”, puesto que si bien España ha hecho muchas reformas, todavía se puede hacer mucho en asuntos como el mercado laboral”. En medio de la actual embestida del sistema capitalista que llaman “crisis”, el discurso de los poderes políticos y económicos se ha manifestado especialmente virulento en torno a la incompatibilidad entre el estado de bienestar y un sistema de producción eficiente. Frases como “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades” intentan centrar el discurso desde ese enfoque.

Los derechos laborales en sus diferentes facetas han sido blanco especialmente frecuente de toda clase de reclamos y recomendaciones técnicas desde los grandes organismos económicos europeos e internacionales.

Parece un silogismo lógico que la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios es insostenible frente a un sistema laboral organizado en torno a los derechos laborales que forman parte del estado de bienestar que había prevalecido en Europa. En términos simples, las personas, en nuestra faceta trabajadora, no nos adaptamos lo suficiente al sistema.

Llegados a este punto se hace indispensable reflexionar y replantearse estas consideraciones. Entre otros muchos motivos porque no parece una solución con amplia aceptación ciudadana como se ha demostrado en el reciente referéndum griego, ni tampoco ha traído los resultados esperados según puede apreciarse de la tasa de paro creciente y sostenida en España.

Si el resultado no es lo pretendido y ni siquiera puede calificarse de positivo, parece oportuno revisar el proceso de argumentación que existe detrás. Quizás es el camino y no el objetivo, el que requiere de un cambio.

De inicio se echa en falta un elemento importante en la discusión que es la consideración de que los derechos laborales, incluyendo aquellos relacionados con la Seguridad Social, son derechos fundamentales, reconocidos a nivel nacional e internacional. Efectivamente, el derecho al trabajo y a disfrutar de los beneficios del  sistema nacional de Seguridad Social, son derechos recogidos por la Constitución Española, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los Pactos Internacionales de Derechos Civiles y Políticos, y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estos derechos al igual que el derecho a la educación, a la salud, a un medioambiente, o a una vivienda, pertenecen a los llamados Derechos Económicos Sociales y Culturales, en una clasificación que los distingue de los derechos clásicos, denominados civiles y políticos.

La implementación de los Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) ha sido polémica, desde el momento en que fueron incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. La falta de consenso incluía la profundidad del papel del Estado en la definición y ejecución de acciones que pudieran conducir al progreso social, así como la participación del mercado, diferencia sostenida entre los países del bloque soviético y los países occidentales. Otro punto de desacuerdo fue sostenido por las naciones en vías de desarrollo en el sentido de que los países más pobres estaban obligados sólo a un cumplimiento progresivo de los DESC y que resultaría injusto que su desempeño al respecto fuera medido conforme a los estándares de los países más industrializados.  Finalmente, también fue discutida la cooperación internacional y si existía algún tipo de obligación por parte de los Estados más ricos, de apoyar a los más pobres en el cumplimiento de los DESC en sus respectivos países, especialmente en temas como educación, alimentación y vivienda.

La discusión continúa desde entonces, los Estados se resisten a aceptar la verdadera naturaleza de derechos fundamentales de los DESC, lo que implica por su parte obligaciones positivas de hacer: obligaciones de respeto, obligaciones de protección y obligaciones de cumplimiento. Este enfoque, enfatizado en las obligaciones de los Estados, visibiliza la noción de los DESC no como simples principios programáticos sino como derechos legalmente vinculantes, y cuya violación por tanto, era plenamente posible.  Esto es lo que se ha intentado en el caso de España, que si bien reconoce los DESC en el Título correspondiente a los derechos fundamentales, más adelante los califica como “principios rectores de la política social y económica”

Se advierte que el debate es de plena vigencia en España, donde los llamados “recortes” justamente afectan a los DESC. Efectivamente, se pretende demostrar que la reactivación del sistema productivo y la sostenibilidad del sistema, requieren desde el recorte de prestaciones laborales, hasta la instalación de un cementerio nuclear como principal fuente de trabajo en una región, pasando por la reducción del acceso a las prestaciones sanitarias y la falta de inversión en el sistema de educación.

Todas estas medidas son flagrantes violaciones de derechos fundamentales y como tal deben ser visibilizadas. Se esquiva presentar con claridad que varios de los intereses en juego son verdaderos derechos humanos.

En consecuencia la afirmación de que el estado de bienestar es incompatible con un sistema de producción eficiente, podríamos traducirla en que la observancia de los derechos fundamentales es incompatible con el sistema económico de producción que prevalece actualmente,

De esta manera, podemos deducir que el camino no está en recortar el estado de bienestar, es decir, el modelo que democráticamente se ha decidido para adaptar las políticas públicas a los estándares de derechos fundamentales que cualquier ser humano requiere y merece. Efectivamente, es el modelo neoliberal, sus medidas económicas y su marco legislativo, el que debe adaptarse a esos estándares de dignidad.

La quiebra está en un sistema económico donde el mercado y la maximización de beneficios se hacen prevalecer sobre las personas y sus necesidades. La eficiencia en la producción y la distribución es posible en un marco respetuoso del ser humano, donde se tome conciencia de que la satisfacción de sus necesidades y la conciliación con su vida privada, deben ser el centro de la economía.

Existen otras economías que pueden hacerlo posible. En el contexto de esta reflexión y desde hace ya varios años, ha aparecido la denominada Economía Social y Solidaria. La Economía Solidaria nace del tronco común de la Economía Social y supone un intento de repensar las relaciones económicas desde unos parámetros diferentes. Es una alternativa a la lógica del capital, la mercantilización creciente de las esferas públicas y privadas, y la búsqueda del máximo beneficio. La Economía Solidaria persigue construir relaciones de producción, distribución, consumo y financiación basadas en la justicia, cooperación, la reciprocidad y la ayuda mutua..

En consecuencia, podemos concluir que efectivamente, el actual sistema económico neoliberal ha llegado a un punto de claro enfrentamiento con las obligaciones del Estado de respetar, proteger y cumplir con sus mandatos en torno a los derechos fundamentales, cuestión que hasta el momento en Europa se respondía a través del modelo del estado del bienestar.

Esta conclusión nos lleva a exigir a los poderes públicos el replanteamiento del sistema económico vigente, el verdadero punto que desequilibra esta ecuación. No será mediante la profundización en las medidas de libre mercado como se conseguirá armonizar todos los elementos en juego. El cambio deberá provenir del fortalecimiento y promoción de alternativas económicas distintas como es la Economía Social y Solidaria.

Reforma, cambio, medidas urgentes, no todo es igual.