M. en A. José Luis Gutiérrez Lozano*

Revisaba esta semana un interesante estudio sobre la competencia –o realmente falta de ella- en el sector de las tiendas de autoservicio, cuando salió a la luz pública el asunto de la corrupción de funcionarios públicos por parte de Walmart® para crecer dentro del territorio nacional (La Jornada, 21 de abril 2012).

En dicho estudio, realizado por el Centro de Investigación y Docencia Económica, CIDE, (Castañeda e Ibarra, Entrada de supermercados en México, Documentos de Trabajo del CIDE, Número 519, México, DF, diciembre de 2011), se analizan los determinantes de la entrada de supermercados a ciertos ámbitos geográficos y su relación con la competencia. El estudio encontró que entre más concentrado esté un mercado, medido con base en cadenas, es menos factible la entrada de nuevas tiendas a dicho mercado. Se midió el número de tiendas de una cadena presente en el ámbito geográfico/mercado relevante (ciudad o municipio) y se encontró que un mayor número de tiendas Walmart® en dicho lugar incrementa la factibilidad de que no haya otras tiendas en esa zona.

El estudio revela que existe “algo” en la forma de operar de las tiendas Walmart® que desplaza (casi se podría decir que esteriliza) el comercio a su alrededor. El moderno y comercial Atila –“donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba”- se asegura que alguien limpie el lugar de la molesta competencia. El caso no pasaría de ser uno más de la enorme cadena de pecados de corrupción que padece nuestro sistema de administración pública. Claro, animada por corruptos del otro lado del escritorio como, en el caso que nos ocupa, serían los atildados funcionarios de Walmart®.

El costo de este acto de corrupción y “puesta a modo de quien paga” las reglas de operación, reglamentos urbanos o de comercio y a veces hasta algunas leyes -Ley Federal de Competencia, por ejemplo- es sumamente alto. Cuesta mucho más que la pérdida de los cientos de negocios que tienen que cerrar en la zona de influencia del gigante comercial y las consecuentes pérdidas de empleo.

En la comercialización de todo producto existen los llamados “elementos del proceso económico” que son aquellas acciones que se concatenan para hacer llegar bienes y servicios desde el lugar donde se originan hasta el consumo y su disposición final. Se trata de elementos como: extracción, acopio, procesamiento, almacenamiento, transporte, distribución, promoción, comercialización, etc. Todos ellos se realizan con la concurrencia de varios actores económicos que ganan en el proceso económico. El precio que en la tienda paga el consumidor final sirve para pagar por los servicios de quienes intervinieron en el proceso. Hay un efecto multiplicador y repartidor de la riqueza. Si los productos provienen de un productor nacional, la derrama queda en el país, de lo contrario, la riqueza sale.

La entrada de Walmart® al mercado mexicano coincide con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), mismo que se concretó en 1994. Desde entonces a la fecha, dentro del marco legal de este tratado internacional, se ha ido desmantelando la estructura productiva nacional al favorecer la importación de todo tipo de productos, para fines de consumo intermedio o final, con los que se pudiera satisfacer la cada vez más insaciable demanda de consumidores azuzados por los medios masivos de comunicación. En el paquete del tratado entró también la industria cultural, la del “american way of life”, la de querer tener todo a costa de todo lo demás; la que te incita a comprar lo que no necesitas, con dinero que no tienes para impresionar a quienes no conoces.

Walmart® por medios legales, o por medio de prácticas ilegales como ahora salta a la vista, junto con muchos otros actores contribuyeron a forjar este modelo económico, entre ellos, los gobiernos que ejercieron durante estos últimos 20 años. Un modelo basado en la transformación de la estructura de la Demanda Agregada.

La Demanda Agregada se integra por el conjunto de bienes y servicios que requieren todo tipo de compradores de dentro del país, como el gobierno, inversionistas, consumidores privados, o de fuera del país. Los bienes y servicios que estos actores adquieren dentro de nuestro territorio son tanto los producidos aquí como los importados. Entre 1993 y 2011 los consumidores mexicanos cambiamos nuestras costumbres; ahora compramos más productos importados. El consumo privado de bienes y servicios de origen nacional disminuyó, como proporción de la Demanda Agregada, del 58% al 46%. Esos doce puntos porcentuales representan, a precios de 2012, aproximadamente 2.8 billones de pesos; es la cantidad que los productores nacionales dejarán de percibir este año.

La “puesta a modo de quien paga” por medios ilícitos, como el caso de la multicitada cadena internacional de autoservicios, o amparados por las leyes, como lo es el caso del TLCAN, ha provocado una muy importante disminución de nuestra riqueza.

El TLCAN no tenía por qué inclinar la balanza sólo para un lado. Si se hubiese mantenido la proporción de al menos 58% de los productos nacionales en la canasta de los consumidores en estos casi 20 años, el valor de nuestra economía sería al menos el doble de lo que es ahora. Este es el costo de la corrupción. Para creer a los candidatos que abanderan los partidos que gobernaron en este período que ahora sí van a hacer crecer nuestra economía y generar empleo, primero habría que oírles comprometerse a cambiar el modelo y terminar con la corrupción.

* Presidente de Fundación Ahora A.C., asociación que promueve la Economía Solidaria en la región centro-occidente de México con más de una década de trabajo.