Desde el pasado lunes 19 de agosto, se inicio en Colombia lo que se ha denominado el Paro Nacional Agrario. En municipios de cerca de 12 departamentos; Putumayo, Nariño, Cauca, Valle, Risaralda, Huila, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Antioquia, Casanare, Santander se han registrado movilizaciones y protestas de nuestros campesinos y pobladores urbanos. Al paro agrario se suman ahora otros sectores sociales como los camioneros, mineros, estudiantes, maestros, trabajadores de la salud y las organizaciones sindicales anuncian su participación en las nuevas jornadas que se programan.

Aunque las reclamaciones son diversas y van desde la demanda de políticas que protejan la producción agraria frente a la competencia e inundación de productos por la apertura con los Tratados de Libre Comercio, los altos costos de los insumos, la reducción del precio de la gasolina, la demanda de los pequeños mineros frente a la macro – minería , etc. Todos los elementos apuntan a un problema de fondo; la marcha de un modelo de desarrollo económico, con políticas al servicio del gran capital financiero, un modelo extractivista que está quebrando la economía nacional .

Los abajo firmantes, ciudadanas y ciudadanos vinculados a diversas organizaciones de la economía social y solidaria: Cooperativas, Asociaciones Mutuales, Fondos de trabajadores, organizaciones comunitarias, Fundaciones, Corporaciones, Asociaciones, Juntas de Acción Comunal, quienes creemos que otra economía es posible y apostamos por un modelo de desarrollo más justo, solidario, democrático y sostenible, manifestamos nuestro RESPALDO a las justas demandas expresadas por los diversos sectores sociales. La Nación no puede continuar de espaldas al sector agropecuario, especialmente de los pequeños productores rurales, ellos son la base de la seguridad y soberanía nutricional de todos los colombianos. DEMANDAMOS del Gobierno Nacional escuche y de respuestas definiendo claras políticas públicas que responda de manera eficiente y oportuna las actuales demandas de las comunidades campesinas. Al tiempo,

RECHAZAMOS los actos de violencia de personas ajenas a las movilizaciones ciudadanas, como el tratamiento violatorio de los derechos humanos y legítimos derechos ciudadanos por parte de la fuerza pública.

Indudablemente el campo colombiano vive graves problemas estructurales. Según el Informe Nacional de Desarrollo Humano Colombia (2011), realizado por el PNUD, el país es mas rural de lo que pensábamos, el 31.6% de los colombianos son pobladores rurales y en las tres cuartas partes de los municipios, cuya área ocupa la mayoría del territorio nacional predominan relaciones propias de sociedades rurales. En el país 21,5 millones de hectáreas son aptas para la agricultura de las cuales solamente se usan 4,9 millones, es decir, solo el 22,7%. Lo contrario sucede con la ganadería que dedica 39,2 millones de hectáreas, mientras que solo 21 millones tienen aptitud para esta actividad. Por su parte, 5,8 millones de hectáreas están dedicadas a la minería, una cifra superior a las destinadas al uso agrícola. Lo preocupante es que se han expedido licencia s para actividades mineras que impactan en cerca de 22 millones de hectáreas.

La concentración de la propiedad de la tierra se ha agudizado en la última década cuando se inició una “contra – reforma agraria” que modifico el Coeficiente Gini de propiedad de la tierra, el cual pasó de 0.86 en el 2.000 a 0.88 en el 2009. Esto hace que Colombia sea uno de los países más desiguales del mundo.

En los últimos 13 años, cerca de 3,6 millones de campesinos han sido expulsados violentamente de sus tierras. Entre 1980 – 2010 las hectáreas despojadas y forzadas a dejar en abandono por causa del desplazamiento ascendieron a 6,6 millones. Evidentemente en Colombia hay un conflicto rural complejo, que involucra el conflicto agrario y el conflicto armado los cuales terminan relacionándose a través de sus efectos: el desplazamiento de la población , el despojo de tierras , la concentración de la riqueza y la aguda pobreza de nuestros pobladores rurales que no tienen acceso a sus legítimos derechos de vivienda, salud, educación, trabajo digno.

De otra parte, la agricultura familiar, aquella que realiza el pequeño productor agrario y que representan la mayoría de la producción en el mundo y en nuestro país, viven la carencia de política s públicas para su apoyo y protección, los altos costos de los insumos; en Colombia solo tres empresas importan insumos para el agro colombiano y sufren una larga cadena de intermediación que termina otorgando un precio irrisorio al productor y un precio especulativo al consumidor final.

La actual crisis de la sociedad y el agro colombiano, colocan sobre la agenda pública la discusión sobre el actual modelo socioeconómico de desarrollo. Si queremos superar las grandes desigualdades sociales, resolver los conflictos y construir la paz, se necesita un cambio en nuestra mentalidad, prácticas y políticas, La Paz necesita una economía más solidaria y más economía de la solidaridad. La actual crisis económica es el resultado de una economía guiada por la exacerbación del lucro. Se requiere una ECONOMIA MAS SOLIDARIA, que los empresarios entiendan que no es posible el desarrollo de empresas sanas en medio de un entorno enfermo, se requiere ser más solidario y responsable con la sociedad. Por su parte, el Estado debe ser más diligente en la defensa y protección del bien común, de los intereses generales de la sociedad, se necesita más Estado en el mercado y menos mercado en el Estado.

Al tiempo, se necesita más ECONOMIA DE LA SOLIDARIDAD. Nuestras experiencias demuestran que existe otra economía, que es posible producir, distribuir y consumir con lógicas de cooperación y solidaridad. Sea esta la oportunidad para invitar a los colombianos y colombianas a que realicemos más actos económicos solidarios, por ejemplo; promovamos un COMERCIO JUSTO otorgando un precio justo al productor, un precio justo al consumidor y un margen justo al intermediario. Fomentemos el CONSUMO CONSCIENTE, SOLIDARIO Y RESPONSABLE que nuestra decisión de comprar sea consciente de a quien beneficiamos o afectamos con los productos que consumimos. Demandemos unas FINANZAS ETICAS que enfrenten la usura y especulación del sistema financiero tradicional.

Nuestros pobladores encuentran en las organizaciones de la economía social y solidaria una alternativa para fortalecer la asociatividad, resistir el modelo excluyente y demandar políticas económicas y sociales más justas y democráticas. La economía solidaria no es la “ambulancia que recoge los heridos y muertos que deja el modelo económico neoliberal” somos una alternativa de organización social y económica incluyente, democrática y solidaria que entre todos podemos construir.

Dado en Bogotá, a los 28 días del mes de Agosto de 2013

Ver todas las organizaciones firmantes en archivo adjunto

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