La “oferta económica más ventajosa” ya no tiene por qué ser la elegida. La contratación pública responsable, que llevaba años en los discursos políticos de algunos partidos de izquierda y en las proclamas de muchas organizaciones sociales, parece que ha arrancado en el Estado español. Los criterios y cláusulas sociales y ecológicas ya se pueden encontrar en las licitaciones de las administraciones públicas de todos los niveles. Más puntos si los vehículos de tu empresa son eléctricos, ofertas reservadas a empresas de reinserción o cláusulas que obligan a que el café que se vende en la cafetería dentro de un espacio público sea de comercio justo. Pero la contratación pública tiene todavía una asignatura pendiente: luchar contra la desigualdad de género.

Algunos “ayuntamientos del cambio” han dado un impulso al uso de la contratación pública como herramienta para subvertir las prácticas patriarcales que imperan en gran parte del tejido empresarial y económico. Pero queda mucho camino por recorrer, y es un camino lleno de trabas.

EUROPA EMPUJA

La Constitución Española allana el camino al uso de las instituciones en la búsqueda de la igualdad, consagrada en el artículo 1.1. El artículo 14 de la Carta Magna proclama el derecho a la igualdad y a la no discriminación por razón de sexo y el artículo 9.2 obliga a los poderes públicos a promover las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva. Entonces, ¿por qué cuesta tanto que las administraciones públicas usen sus compras para cumplir tal fin?

Hace ya cinco años que el Parlamento Europeo aprobó las directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE y 2014/25/UE sobre contratación pública. En dichos textos se reconoce el papel clave de la contratación pública en lo que la institución llama “crecimiento inteligente, sostenible e integrador”, mediante el uso de los fondos públicos y los contratos de las administraciones para conseguir “objetivos sociales comunes”. Pero hicieron falta más de tres años para que el Gobierno español realizara la correcta transposición de estas directivas, llegando incluso a recibir un serio rapapolvo por ello: la Comisión Europea llevó al Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya que, legalmente, deberían haber sido incorporadas en abril de 2016. Finalmente, en noviembre de 2017 se aprueba la Ley 9/2017, con la que se permite que se utilice la contratación pública en apoyo a objetivos sociales comunes. La contratación pública responsable ya tenía un apoyo jurídico ante la regla común de “lo más barato es lo mejor”.

El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales.

A una gran parte de la población le cuesta todavía entender que el enfoque de género sea algo transversal, por no hablar de nuevos partidos políticos que lo desprecian por completo. Pero la realidad es que los intentos por parte de los distintos gobiernos de España o “la buena fe” de las empresas sigue sin revertir situaciones de desigualdad crónica entre hombres y mujeres. “El fracaso de la Ley de Igualdad y de las políticas de responsabilidad social corporativa, así como el fracaso también de las políticas de cuotas como medida de incidencia positiva en la promoción de la igualdad, ha dado una nueva oportunidad a las cláusulas sociales en la promoción de la igualdad”, explica a El Salto Helena Ancos, directora de la consultora Ansari Innovación Social y del medio online especializado en responsabilidad social Ágora.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) es una de esas organizaciones que llevan presionando a las administraciones públicas para que se incorporen estas cláusulas. El proyecto Contratación Pública Responsable aglutina en una web documentación necesaria para que los gobiernos locales puedan adaptar sus licitaciones con cláusulas sociales e incluso un curso para expertos y expertas en contratación pública responsable.

Dado que las compras públicas representan en torno al 20% del Producto Interior Bruto es fácil, argumentan desde REAS, deducir el gran potencial e incidencia en la economía y el modelo de desarrollo que tienen estas medidas. Además, añaden, “se trata en última instancia de dinero público, de todas y todos, y por eso nos parece tan fundamental que se oriente al bien común”.

¿EN MI AYUNTAMIENTO?

Las administraciones públicas locales no tienen solo la obligación jurídica de definir las políticas públicas para que incorporen la perspectiva de género y contribuyan así a la reducción de estas desigualdades, sino que tienen una posición privilegiada y de oportunidad para hacerlo de manera efectiva”, afirma la investigadora y consultora en políticas públicas Iolanda Fresnillo, que ha publicado recientemente el informe Contractació pública responsable i clàusules socials per revertir la desigualtat de gènere. Oportunitats i límits. “La elaboración de ordenanzas fiscales o el urbanismo, entre otros, se pueden llevar a cabo desde la perspectiva de género y con una visión feminista”, asegura.

Algo en lo que coincide David Comet, miembro del grupo de Compra Pública Responsable de REAS, que pone de manifiesto la importancia de las entidades locales como “las más cercanas a la ciudadanía, y donde las repercusiones de hacer coherentes las políticas de compra y contratación administrativa con las políticas sociales y ambientales adquieren una dimensión más palpable en las realidades que nos rodean en nuestro día a día”.

Echando un vistazo a algunos de los municipios del Estado español, vemos que se han conseguido algunos avances en los últimos años. En el Ayuntamiento de Barcelona tienen claro que la contratación pública de los municipios es una herramienta fundamental para luchar contra la desigualdad. Cada año se adjudican 590 millones de euros en contratos desde el mismo ayuntamiento, más de mil si se considera todo el grupo municipal. “De estos contratos, más del 80% se destina a servicios y especialmente a gestión de servicios públicos, más susceptibles de incorporar cláusulas sociales, por lo tanto el impacto de la inclusión de estas cláusulas es de gran alcance”, asegura a El Salto la concejala de Feminismos y LGTBI, Laura Pérez.

En Barcelona se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral.

En dicho ayuntamiento, explica la concejala de Barcelona en Comú, se han incluido seis tipos de cláusulas de género que pretenden modificar diferentes desigualdades que se producen en el mercado laboral: “Planes o medidas de igualdad, paridad entre hombres y mujeres, medidas contra el acoso sexual, comunicación inclusiva, igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas LGTBI, y cláusulas relacionadas con la conciliación responsable”, enumera Pérez.

Igual que en el Ayuntamiento de Barcelona, Arantza Gracia, concejala de Educación e Inclusión en Zaragoza, explica que en su ayuntamiento han desarrollado una instrucción para que se introduzcan cláusulas sociales de género en todos los contratos municipales. “Por una parte, la instrucción incorpora criterios de adjudicación cuando ese contrato también se hace para lograr la equidad de género”, explica la concejala, y pone como ejemplos los pliegos de la licitación de parques y jardines, así como la gestión de las Casas de Juventud y del Proyecto de Integración de Espacios Escolares (PIEE) en centros públicos de Educación Secundaria. En todos estos concursos se exigió, entre otras cláusulas, el equiparamiento por género en nuevas contrataciones.

En el resto de contratos del Ayuntamiento de Zaragoza, 230 en total, se han incluido otras medidas para exigir a las empresas, acorde a lo permitido por la ley, que “desarrollen planes de igualdad y medidas específicas de conciliación, incorporen lenguaje inclusivo e imágenes no sexistas, desarrollen medidas para prevenir acoso sexual e incorporen datos desagregados por sexos en la documentación que elaboren”, afirma la concejala de Zaragoza en Común.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, Madrid, además de incluir cláusulas que obligan a usar los convenios sectoriales en servicios sociales, especialmente vinculados a los cuidados —mayoritariamente cubiertos por mujeres—, también se dan subvenciones de cooperación y derechos humanos a proyectos que tengan un enfoque específico de género y solo a trabajo de campo, “de manera que tengan un efecto directo en la mejora de la calidad de vida de las mujeres en los lugares en los que se desarrollen”, explica Brianda Yañez, concejala de Transparencia e Innovación Social de Somos Alcalá. Además, añade Yañez, se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

En el Ayuntamiento de Alcalá de Henares se incluyen cláusulas que premian la contratación de personas de colectivos más vulnerables, entre ellos mujeres, y especialmente víctimas de violencia de género.

Otros municipios han empezado a exigir el uso del lenguaje no sexista como cláusula contractual. El Instituto Municipal de Desarrollo Económico y Empleo (Imdeec) de la ciudad de Córdoba ha licitado un contrato con una cláusula de este tipo para sus servicios de comunicación que indica que “todos los textos elaborados por la empresa adjudicataria deberán ser redactados con un lenguaje no sexista, igualitario, tanto los que se publiquen (notas y dosieres de prensa, redes sociales, página web, etcétera) como los que se puedan usar a nivel interno de este organismo (informes, memorias, etc.)”. En caso de no cumplirse, la cláusula contractual permite resolver el contrato.

BACHES

Pero cambiar la manera en la que las administraciones públicas utilizan su poder de compra no es fácil ni gusta a todos los agentes económicos implicados. Las cláusulas medioambientales han tenido que enfrentarse a las denuncias de empresas que se resistían a la implementación de medidas ecológicas para poder acceder a los concursos públicos por considerarlas “contrarias a la libre competencia”. Las cláusulas de género también han tenido sus problemas.

Ancos, que actualmente está realizando cursos en muchos municipios y asociaciones empresariales para formar en este ámbito, explica que, en el caso de las cláusulas de género, “los intereses creados han sido menores y, por ejemplo, la promoción del empleo femenino es difícil de contestar jurídicamente”. Aunque Comet, por otro lado, apunta que “no debemos pasar por alto que las propuestas de género son, en muchos otros campos, generadoras de una importante resistencia social, por lo que parece comprensible que estas reticencias se den también en materia de contratación pública”.

Gracia cuenta que en Zaragoza solo han tenido un problema con una empresa “con el pliego de parques y jardines, que se recurrió, pero el TACPA nos dió la razón”. Pero apunta a un problema que viene desde dentro: “A veces la mayor dificultad es la resistencia interna por lo que la labor de sensibilización del personal municipal es un trabajo paralelo que se está desarrollando”.

En este sentido, Comet observa que la complejidad jurídica de algunas cláusulas que van más allá de los planes de igualdad, en ocasiones se convierte en incertidumbre para las personas responsables de gestionar los contratos en la administración, suponiendo un obstáculo para poder considerarlas, pero afirma que “es difícil encontrar a entidades que se opongan a que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres”. Ante ese problema, Pérez explica que en Barcelona “hemos puesto a disposición de las empresas de la ciudad un servicio de asesoramiento para la definición e implementación de las cláusulas de género”.

¿SUFICIENTE?

La compra pública responsable con enfoque de género es un buen camino, pero no es suficiente. Con esa frase se podría resumir el sentir de todas las fuentes consultadas, aunque con matices y diferencias en cuanto a la mejor vía o solución. “La aplicación de estas medidas corresponde de manera directa a los poderes públicos, pero toda la ciudadanía está interpelada a demandar su aplicación y desarrollo —dice Comet—, por lo que el movimiento feminista, que tanta fuerza está cobrando en los últimos tiempos, tiene también aquí un campo de batalla en el que quizás aún no está entrando lo suficiente”.

Todos coinciden en que los próximos años son de vital importancia para no dar marcha atrás en los logros conseguidos en esta materia. “Se puede avanzar mucho en la igualdad entre mujeres y hombres en el mercado laboral y en la no discriminación LGTBI en una ciudad como Barcelona”, dice Pérez. La concejala de Zaragoza añade que, si la ley avanza, “podremos ir incorporando nuevas cláusulas que puedan incidir de forma más eficaz, como, por ejemplo, se debería avanzar en el seguimiento de los Planes de Igualdad, ya que sabemos que muchas empresas los tienen pero no hacen trabajo efectivo”. Aunque también apunta que deben ir de la mano de otras actuaciones de sensibilización.

“No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto, o escoger gestión directa o indirecta, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”.

Medir el impacto de esas medidas es, según Anco, otra de las tareas a tener en cuenta y donde los municipios tienen una gran responsabilidad a la hora de diseñar planes de contratación con impacto. “Para que tengan éxito, deben identificar los productos y servicios con mayor incidencia en las desigualdades entre mujeres y hombres, y fórmulas complementarias en el resto de intervenciones que constituyen la política dirigida al logro de la igualdad efectiva de mujeres y hombres”.

Pero también hay otro tema o debate importante, apunta Fresnillo, —y que puede que dé para otro reportaje—: “No todo se resuelve con cláusulas. Las especificaciones técnicas de los pliegos, el presupuesto que le das o el simple hecho de escoger gestión directa o indirecta para según qué servicios, tiene implicaciones desde el punto de vista de género”. Y lo ejemplifica diciendo que “la reflexión sería plantearse si hay una manera de hacer gestión del Servicio de Atención a Domicilio, por ejemplo, con perspectiva de género que no sea gestión directa o gestión público social, ya que, en cuanto metes un privado con ánimo de lucro en la ecuación de según qué ámbitos, la perspectiva de género se cae automáticamente”.