El Pleno de la Asamblea Nacional concluyó el primer debate del proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica de la Economía Popular y Solidaria y del Sector Financiero Popular y Solidario, en el que se destacó el giro de concepción con respecto a la economía, que apuntala hacia una producción que se gesta en base a los principios del buen vivir, de la armonía con la naturaleza, por sobre el lucro y acumulación del capital.

La legisladora, Ximena Ponce fue categórica al reivindicar que la economía popular y solidaria constituye el sistema sanguíneo que alimenta a la economía del país, y que será fomentada por el Gobierno de la Revolución Ciudadana, a través de la aprobación de esta ley. Indica que la normativa hace que el capitalismo salvaje y la explotación del hombre por el hombre, sea una cosa del pasado, reconociendo principios como la solidaridad, la justicia y el bien común, concebidos dentro de eje central de este nuevo esquema económico.

Dentro de esta misma línea, Magali Orellana señaló que uno de los valores más nobles del ser humano es la solidaridad, que se evidencia por ejemplo, en la minga, dando grandes lecciones de economía, que no busca robustecer a los grandes monopolios, sino favorecer a una economía a favor de la sociedad en su conjunto.

Uno de los problemas que atraviesa la economía popular y solidaria es la falta de financiamiento, sostuvo Esthela Acero, por lo que los medianos y pequeños productores han unido esfuerzos para seguir adelante. A pesar que la economía popular y solidaria tiene un gran peso en la economía nacional, no cuenta con sistemas técnicos sofisticados. Datos estadísticos demuestran el impacto de la economía popular, pues representa el 65%  de los productos de la canasta básica familiar ecuatoriana, resaltó.

Otro factor clave del proyecto constituye la reinserción económica de los migrantes ecuatorianos que han retornado al país, dijo la asambleísta Betty Carrillo. Este aspecto debe contemplar la ley, posibilitando su emprendimiento económico. “Sus esfuerzos deben ser reconocidos y facilitar el acceso al crédito, como un eje transversal para lograr que los compatriotas que han sostenido la economía del país puedan ser integrados al sector de la economía popular y solidaria”, afirmó, al sostener que en el Art. 62 es importante considerar la asignación de un fondo de liquidez para las cooperativas, que debe ser designado por el Ministerio de Finanzas.

En otro tema, con el fin de evitar la incautación de fondos por parte del Estado, se debe establecer con claridad que los capitales que se inyectan en calidad de préstamos reembolsables o no reembolsables, no deben constituir una justificación para remover la administración de la economía popular y solidaria. Si el Estado va a fomentar la economía popular y solidaria, sugiero una disposición clara que precise la inyección de capital, afirmó el asambleísta Luis Tapia.

Un aspecto ampliamente discutido por los legisladores fue la definición y los alcances de la economía del cuidado, que implica actividades productivas no remuneradas. Además, debatieron en torno a la comercialización directa por parte de los productores, sin necesidad de intermediarios que entorpecen la fluidez económica. Rosa Elvira Muñoz fue enfática en este punto, aclarando que la economía popular y solidaria “no es algo pequeño o micro, porque son quienes alimentan a varias ramas de la producción nacional”.

Carlos Viteri indicó que a pesar de que la economía popular y solidaria es la base de la pirámide económica en el país, no se la ha dado la importancia que merece. Fomentar el emprendimiento económico desde los núcleos productivos, cuya actividad ha sido desmerecida por la plaga de los intermediarios, debido a la explotación, es un factor que se debe abordar en el proyecto con precisión, aclaró el asambleísta.