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Semana de Movilización ¡Paremos el Crimen Corporativo y la Impunidad!

Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales Más de 530 organizaciones del mundo exigen en Ginebra acciones vinculantes de la ONU frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales En la jornada […]

25 junio 2014

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Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales

Más de 530 organizaciones del mundo exigen en Ginebra acciones vinculantes de la ONU frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales

En la jornada “El Valor de las Multinacionales Extranjeras en España” el ministro de Asuntos Exteriores, José García-Margallo, declaró: “las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse”. Situando los intereses de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos humanos y ambientales.

Las declaraciones del ministro son un reflejo de la posición de los países de la Unión Europea intentando bloquear la resolución, que se deberá aprobar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el jueves o el viernes de esta semana en Ginebra. En esta sesión se pretende aprobar la resolución a favor de la creación de un grupo intergubernamental que diseñe un instrumento internacional vinculante que haga frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y los inversores internacionales.

En este mismo sentido, durante esta semana en Ginebra, movimientos y organizaciones sociales así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Como las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Cocacola en Colombia. Al mismo tiempo ha sido presentado el caso de la empresa española Hidralia en Guatemala.

En el caso de la empresa española Hidralia Energía, sus inversiones han producido conflictos en la comunidad de Santa Cruz Barillas, y están vinculadas al asesinato de un líder comunitario por parte de miembros de seguridad de la empresa y la detención arbitraria de 12 miembros de la comunidad. Además la multinacional se aprovecha de la declaración del estado de sitio por parte del presidente de Guatemala en el lugar de las inversiones. Y ante todos estos abusos, el Gobierno Español no solo ha hecho oídos sordos, sino que apoya a la empresa en su proyecto inversor que viola el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos. Por estos motivos, el viernes 27 de junio, miembros de la resistencia a la empresa en S.C.Barillas (Guatelmala) presentarán en Madrid una queja ante la defensora del pueblo del Estado Español.

Las organizaciones sociales del Estado español presentes en Ginebra durante la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo” exigen a la Unión Europea que se abstenga de bloquear la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica y cerca de 80 países, especialmente del Grupo ALBA y G77, que propone la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar urgentemente normas internacionales vinculantes para acabar con los abusos de los derechos humanos a manos de las empresas transnacionales y otros inversores.

La audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Ginebra muestra como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el marco político de Naciones Unidas como el Global Compact y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos no sirven sino para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos por empresas transnacionales en el mundo. Por ello las organizaciones exigen que la Unión Europea apoye un tratado vinculante que ponga fin a la arquitectura de la impunidad que encubre las actividades y los intereses del poder corporativo.

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ORGANIZACIONES firmantes de este comunicado:
Amigos de la Tierra
Col·lectiu RETS
Ecologistas en Acción
Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
HEGOA-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

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Más información:

Víctor Barro (en Ginebra): +34 659655734
Mónica Vargas (en Ginebra): +41-774865137
Tom Kucharz (en Ginebra): +34 619 94 90 53
Pedro Ramiro (Madrid): +34-915233918

Más información: http://www.treatymovement.com
En Twitter: #bindingstandards #StopTNCimpunity

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