Políticas Públicas

La economía social y solidaria trabaja en Sevilla por las claúsulas sociales

Desde que el ayuntamiento de Sevilla aprobara en pleno por unanimidad las inclusión de claúsulas sociales el pasado mes de septiembre, entidades y organizaciones de la economía social y solidaria de la ciudad han trabajado para que la definición de estos criterios sociales, éticos y mediambientales fuesen lo más favorable posible. Esta participación concluyó ayer […]

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Desde que el ayuntamiento de Sevilla aprobara en pleno por unanimidad las inclusión de claúsulas sociales el pasado mes de septiembre, entidades y organizaciones de la economía social y solidaria de la ciudad han trabajado para que la definición de estos criterios sociales, éticos y mediambientales fuesen lo más favorable posible. Esta participación concluyó ayer con el cierre del proceso de alegaciones al documento que el equipo de Espadas elaboró y difundió hace un par de semanas.

La sociedad civil del sector muestra así su apoyo con una iniciativa que venía demandando desde hacía años; apoyo que se traduce en un compromiso por parte del mismo y una puesta a disposición del personal, conocimientos y recursos con los que cuenta. Este proceso se está llevando de manera paralela en otros municipios, como el caso de Córdoba, donde la Mesa por la Economía Social y Solidaria lleva meses trabajando con el Ayuntamiento en esta materia.

Desde la Red de Economía Social y Solidaria sevillana, red referente de ámbito estatal del sector y uno de los agentes impulsores de la iniciativa, se considera correcto el borrador para el objetivo y marco normativo del que parte. Sin embargo, se valora insuficiente si no se acompaña de más medidas, así como se reclama una mayor participación dentro del proceso de la sociedad civil y los gentes interesados.

 En esos términos se manifiesta Samuel Barco, uno de los interlocutores de la red en el territorio: «El trabajo realizado por el Ayuntamiento responde a un análisis que entendemos correcto; uno de los obstáculos en el proceso de hacer la compra pública un instrumento contra la exclusión y el desempleo y no un creador de desigualdad y paro es la seguridad jurídica para los responsables de contratos del Ayuntamiento y sus empresas. No obstante, en el borrador aparecen dos huecos evidentes: de un lado los servicios energéticos y de otro los financieros. La Economía Social y Solidaria muestra las opciones para luchar en esos dos ámbitos contra problemáticas como la pobreza energética, la salud, el paro, la marginación e incluso los desahucios, a la vez que el Ayuntamiento recibe un servicio digno en materia de luz y de cuentas bancaria”.

Por delante queda la aprobación del decreto reformado y su uso en todas las contrataciones que se pongan en marcha este año, así como un dispositivo de evaluación y seguimiento. Tal y como explica Barco: “Ahora quedan otros obstáculos de igual o mayor enjundia: su ejecución y seguimiento. Alertamos de esto y nos ponemos a disposición del Ayuntamiento y las personas que representan a la ciudadanía en el Pleno». En todos estos pasos la sociedad civil y los emprendimientos de transformación social, entre los que la Economía Social y Solidaria es uno de los referentes, parecen ser aliados claves y estratégicos con los que la Administración debe contar si quiere que esta medida sea realmente efectiva y no quede en papel mojado.

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