Políticas Públicas

Se piden claúsulas sociales, ambientales y de comercio justo en Córdoba

CEPES-A y REAS piden al Ayuntamiento y la Diputación que lo público sea gestionado por funcionarios y/o por entidades y cooperativas de la economía social y solidaria. La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A) y la Red de la Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía (REAS) remitirán una propuesta al Ayuntamiento […]

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CEPES-A y REAS piden al Ayuntamiento y la Diputación que lo público sea gestionado por funcionarios y/o por entidades y cooperativas de la economía social y solidaria.

La Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (CEPES-A) y la Red de la Economía Alternativa y Solidaria de Andalucía (REAS) remitirán una propuesta al Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba para que consideren cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo en sus procesos de contratación;

en especial, pedirán que los servicios públicos externalizados por los anteriores gobiernos bien sean remunicipalizados o gestionados desde modelos cooperativos de la Economía social y Solidaria, en los que los/as trabajadores/as participan directamente de la gestión y sus impactos para el desarrollo local, social y medioambiental son evidentes.

Desde la Economía Social y Solidaria se entiende que apostar por modelos de gestión y de desarrollo económico pegados al territorio, más democráticos, sostenibles e inclusivos contribuirán a que los Ayuntamientos y Diputaciones impulsen y promuevan  lo que se establece en el Artículo 129.2 de la Constitución Española: “Los poderes públicos promoverán eficazmente las diversas formas de participación en la empresa y fomentarán, mediante una legislación adecuada, las sociedades cooperativas. También establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción”.  Dado que  la contratación pública administrativa representa un 17% del PIB estatal,  es obvio que este ámbito debe considerarse como estratégico y convertirse en una de las  herramientas principales para implementar  el desarrollo local desde la Economía Social y Solidaria, incorporando para ello en todos los pliegos como elementos esenciales las cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo.

En concreto, estas entidades piden que se apueste por las cooperativas u otros modelos de gestión participada por los/as trabajadores/as y/o consumidores/as, para gestionar los servicios públicos que actualmente se encuentran externalizados como son los de ayuda a domicilio, el mantenimiento de jardines o la recogida de aceites usados, etc. pues desde este modelo se contribuye de manera más eficiente a realizar una más justa distribución de la riqueza, favoreciendo una mayor democratización de la economía, generado una relaciones sociales sustanciadas en la cooperación y solidaridad, promoviendo el  desarrollo local sustentable y sostenible desde el punto de visto ambiental y consolidando el empleo estable y de calidad  fijado al territorio, que establece como prioritario  la igualdad entre mujer y hombre.

Además, desde CEPES-A y REAS se exige a ambas instituciones que apliquen lo que ya permite la Directiva Europea 2014/24/UE sobre contratos públicos en torno a estos asuntos, en especial, a la reservar contratos de suministros y servicios a cooperativas y empresas participadas por trabajadores (Considerando 118), o a empresas de inserción (Considerando 36), además de lotear o dividir los grandes contratos para fomentar la participación de las PYMES e incorporar  criterios sociales y ambientales (Considerandos 74, 75 y 78).

Para más información: 957 191 280 (David Comet)

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