La norma de cláusulas relativas a la compra pública socialmente responsable está en vigor. La citada norma foral impulsada por el Gobierno de la Diputación Foral de Gipuzkoa recoge aportaciones de numerosos agentes sociales y ha recibido el apoyo de todas las fuerzas políticas que componen las Juntas Generales.

Para la promoción de una compra pública socialmente responsable, se incorporarán cláusulas sociales en todas las contrataciones que realicen tanto la Diputación Foral como la totalidad de sus sociedades dependientes. Tales criterios y la manera de incorporarlos a los contratos serán regulados en lo sucesivo por la recien aprobada norma foral de compra pública responsable.

Según ha señalado Garbiñe Errekondo, diputada de Administración Foral y Función Pública, “la confección final de la norma foral de compra pública responsable se ha realizado con la participación de los sindicatos, de los principales agentes de la economía social, y de los partidos”.

La citada norma foral ha supuesto un avance, porque unifica los criterios de los diferentes ámbitos: “Hasta ahora no existía una normativa general sobre este tema. Existían normas relacionadas con temas concretos, como por ejemplo, el uso lingüístico, la igualdad de género y la norma que se aprobó para obras. Con esta norma hemos reunido los criterios sociales de todos los ámbitos, y se podrá aplicar a todo tipo de contratos”, ha remarcado Maider Ziganda, directora de Modernización y Servicios, quien ha dirigido el proceso de elaboración de la presente norma.

Según la nueva norma, los contratos que realice la Diputación Foral, además de hacerse con el suministro de servicios en las mejores condiciones, tendrán en consideración las políticas para el fomento de una sociedad más justa. Los criterios a tomar en cuenta en la adjudicación de los contratos son los siguientes: 

• Ayudar a los colectivos que tengan especial dificultad para la inserción laboral (personas con discapacidad, entre otras) y a personas en situación o riesgo de exclusión social.
  
• Eliminar las diferencias existentes en el mercado laboral entre mujeres y hombres. Tomar en consideración a los sectores con menos índice de ocupación femenina; contratar a mujeres en puestos de responsabilidad; también se tendrá en cuenta la presentación de planes de igualdad en el momento de la adjudicación.
  
• Promover un empleo de calidad, es decir, garantizar la seguridad y las condiciones dignas de trabajo y el respeto de los derechos laborales básicos al personal de tales empresas y al de las empresas subcontratadas.
  
• Criterios relacionados con el medio ambiente. La eficiencia energética, la creación de la menor cantidad posible de residuos, la utilización de productos locales y ecológicos…
  
• Promoción del comercio justo.
  
• También se tomarán en consideración criterios relacionados con el idioma, tal y como establece la ley, con el fin de garantizar, de un modo eficaz, los derechos lingüísticos de los ciudadanos y las ciudadanas.

Una norma consensuada entre los diferentes agentes

El anteproyecto fue presentado el pasado julio por el Gobierno Foral. A continuación, fue sometido a información pública, y se recibieron las aportaciones de diferentes agentes.

Una vez incorporadas las aportaciones, la diputada Garbiñe Errekondo y la directora Maider Ziganda se reunieron con los sindicatos EHNE, ENBA, ELA, LAB y CCOO, a fin de dar a conocer el contenido de la norma y recabar sus opiniones.

La norma foral recibió una buena acogida por parte de los sindicatos, que también realizaron sus aportaciones. En opinión de ELA “la Diputación Foral de Gipuzkoa ha dado un paso adelante con respecto a la regulación anterior”, y, en consecuencia, el sindicato “ha realizado una valoración positiva”.

Además de las opiniones de los sindicatos, los representantes de la DFG también recibieron las aportaciones de los agentes que operan en la economía social –asociaciones Gureak y REAS–.

El texto resultante de este trabajo en común fue presentado en las Juntas Generales. Algunas de las aportaciones realizadas por los agentes, por Bildu, EAJ, PSE y PP también han tenido reflejo en la norma foral. 

En palabras de Maider Ziganda, “la valoración ha sido muy positiva. Así lo demuestra la aprobación por unanimidad en las Juntas Generales y la valoración positiva realizada públicamente por los sindicatos. Algo que no ocurre a menudo. Hemos recibido aportaciones tanto de los sindicatos como de los agentes de la economía social y también de los grupos políticos. Algunas de ellas se han incorporado y han contribuido a la mejora del texto”.

Esta norma foral es importante ya que sirve para poner las bases de una sociedad más justa, “teniendo en cuenta que la Diputación Foral aprobó en 2013 un conjunto de expedientes de contratación por valor de 107 millones de euros”, según ha recordado Garbiñe Errekondo.

También ha recordado la diputada Garbiñe Errekondo que “si queremos una sociedad más justa, si queremos una sociedad que integre a las personas más necesitadas, si queremos una sociedad que apoye el medio ambiente, el consumo responsable, los derechos lingüísticos y la igualdad entre mujeres y hombres, debemos contratar a empresas que tengan en cuenta esos criterios”. 

A fin de garantizar el cumplimiento de la norma foral, ella misma prevé unos mecanismos para penalizar a las empresas que incumplan sus compromisos, de manera que, cuando se trate de obligaciones a las que se atribuye un carácter esencial, se podrá rescindir el contrato a la empresa. Si no tienen carácter esencial, se le impondrá una penalidad cuya cuantía podrá alcanzar el 10 % del presupuesto del contrato, en función de la gravedad del incumplimiento.

Se adjunta el texto de la Norma Foral