Contratos basura, temporalidad y precariedad. No es raro encontrar que los trabajadores de las adjudicatarias y subcontratas que prestan servicios públicos sufren las consecuencias más duras del modelo neoliberal que impera en gran parte del sector público estatal.

Se ha convertido en demasiado habitual que un mismo conglomerado de empresas consiga grandes contratos autonómicos o municipales integrales –que incluyen diferentes servicios que ofrece una administración, como la limpieza viaria y el mantenimiento de parques– mientras realiza un expediente de regulación de empleo, a menudo teniendo beneficios.

Tampoco es extraño que los contratos estén negociados a la baja con la Administración, lo que fomentará a su vez más precariedad, además de un peor servicio a la ciudadanía.

Sin embargo, desde diferentes estamentos comienza a implantarse una resistenciaa este tipo de prácticas y ya son varias las cámaras regionales y municipales que han aprobado normativas que pretenden, si no acabar con ellas, al menos frenarlas. Ayuntamientos como los de Gasteiz, Donostia, Barcelona o Madrid, o administraciones regionales como la Diputación Foral de Gipuzkoa o la Comunidad Foral de Navarra son algunas de ellas.

«La administración puede garantizar que las condiciones de trabajo que hay detrás de las contratas que está externalizando o que ejecutan terceros reúnan determinadas condiciones de trabajo digno, y que permitan la inclusividad y la incorporación al mundo laboral de colectivos que tienen más dificultades», explica Fernando Sabín, del nodo madrileño de la Red de Redes de Economía Solidaria (REAS), un colectivo que lleva más de una década trabajando en cómo mejorar la contratación pública para hacerla más ética y sostenible, y que ha participado en numerosos procesos de adopción de cláusulas sociales. 

«Hay que evitar que el precio sea el elemento que prime a la hora de orientar la contratación pública, que haya elementos de calidad y que la relación calidad-precio se entienda como una relación de factores en la cual se prime la idea de que, para que un trabajo esté bien ejecutado, el trabajador tiene que tener buenas condiciones laborales», añade.

Iniciativa Legislativa Popular

Las opciones que tiene una administración para conseguir estos fines son varias. Una de ellas es la inclusión en los criterios de contratación de la subrogación, mecanismo por el cual un trabajador mantiene el puesto de trabajo, la antigüedad y las condiciones asociadas a él aunque la empresa adjudicataria o subcontratada cambie, lo que fomenta la estabilidad laboral.

«Esto es vital, independientemente de que la subrogación pueda estar garantizada por un convenio sectorial», apunta Joseba Villareal, responsable de Negociación Colectiva del sindicato vasco ELA.

Esta central presentó en 2013 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amparada por más de 110.000 firmas, que pretendía incluir cláusulas sociales en la contratación pública de toda la Comunidad Autónoma Vasca –que subcontrata a unos 55.000 trabajadores– con tres puntos básicos: la subrogación, la aplicación del conveniomás cercano al ámbito de trabajo (habitualmente con mejores condiciones para el trabajador) y la aplicación de sanciones a la empresa que incumpla alguna de esas condiciones, que incluso puede ver rescindido el servicio contratado.

La iniciativa podría pasar a trámite parlamentario a finales de febrero, pero probablemente tendrá poco que ver con la planteada por ELA. Con EH Bildu como único apoyo en el Parlamento, la ponencia que analizaba las enmiendas a la ILP finalizó el pasado 1 de febrero con un acuerdo entre PSE y PNV.

Dicho acuerdo «vacía de contenido los puntos sustanciales de la ILP», denuncia Villareal. «De los puntos principales, no se garantiza la subrogación porque solamente habla de ella para aquellos trabajadores de los sectores donde el convenio sectorial la recoja; y tampoco garantiza el convenio de aplicación, es más, en esta última parte profundiza en la reforma laboral».

Se trata del último capítulo en una historia que incluye dos intentos de boicot por parte del PNV, «primero haciendo un informe negativo del Gobierno a la admisión a trámite de la ILP y después utilizando a la Diputación Foral de Bizkaia para plantear una cuestión de competencias», explica Villareal, cuestión ya solventada, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señaló a finales de diciembre que la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es legal.

Pero no todo son derrotas en la ILP impulsada por ELA. El Parlamento de Navarra ya aprobó en enero de 2015 –por unanimidad– una proposición que modificaba la Ley Foral de Contratos Públicos con el fin de incluir cláusulas sociales en los pliegos administrativos. La ILP de ELA fue el origen de esa normativa.

País Vasco, tierra prometida

A pesar de la resistencia de PNV y otros grupos políticos a la ILP, el País Vasco es uno de los principales focos en los que se están aprobando normativas de contratación pública que aplican un criterio social.

Leire Álvarez, de REAS Euskadi, ha participado en diferentes procesos, como la preparación de la Norma Foral sobre Contratación Pública Socialmente Responsable de la Diputación de Gipuzkoa o las instrucciones de contratación aprobadas por los Ayuntamientos de Gasteiz, Galdako o Donostia. Además, Reas Euskadi cuenta con un servicio de asesoría en Contratación Pública Socialmente Responsable del que hacen uso numerosas administraciones vascas cuando quieren incluir criterios sociales en pliegos concretos.

Los mecanismos de los que se puede servir una administración para dignificar la labor de sus subcontratados son varios. Álvarez apunta que «las administraciones públicas pueden exigir a la empresa adjudicataria que aplique al personal que ejecutará el contrato las condiciones laborales y retributivas más beneficiosas del convenio colectivo de legal aplicación a nivel sectorial y territorial».

Asimismo, recuerda que la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (que España tiene que trasponer en el primer trimestre de 2016), sobre contratación pública «señala de forma clara y reiterada la posibilidad de incorporar criterios sociales en las diferentes fases de una licitación».

Entre estas cláusulas sociales destacan, «la creación de empleo para colectivos desfavorecidos del mercado laboral, la igualdad de mujeres y hombres, el trabajo digno o el comercio justo», comenta esta integrante de REAS Euskadi.

Sabín apunta, por su parte, que las administraciones deben desarrollar una labor ejemplificadora que reduzca las desigualdades que genera el modelo de mercado actual. También deben, en su opinión, promover tejido productivo y empresas y entidades que, por definición, son más garantistas con las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Así, además de las cláusulas sociales, «una herramienta clara para conseguir esto es la reserva de mercado, por la cual cojo partes del presupuesto público para que sean ejecutadas por determinados tipos de entidades, como los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, porque cumplen una función integradora al mundo laboral fundamental».

Otra herramienta que destaca es la utilización de criterios de comercio justo en las compras de una administración, «que apelan a que la producción de esos productos se ha hecho bajo condiciones dignas de trabajo y que el producto recoge determinados criterios de producción vinculados a la sostenibilidad ambiental».

Catalunya integradora

Catalunya es otro de los puntos donde este tipo de iniciativas está cuajando. Mar Campanero, responsable del Programa Ajuntament+Sostenible del Consistorio de Barcelona, explica que todo lo que es contratación social en la administración local viene del Decreto de Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, aprobado en 2013: «Este decreto tiene dos patas, una son los criterios sociales de contratación, básicamente cómo incentivar a las empresas de inserción social y centros especiales de trabajo a través de la contratación, y otra es la que trata criterios de sostenibilidad, ya que introducimos criterios sociales como la compra ética, el comercio justo y la cadena ética de proveedores».

Esto se ha materializado en doce instrucciones que establecen qué cláusulas de sostenibilidad se tienen que incorporar en los pliegos y que hacen referencia a servicios o productos concretos que el Ayuntamiento ha considerado prioritarios.

Tal es el caso de los proyectos de obra, la alimentación o el suministro eléctrico. Para ello han contado con el apoyo de entidades de la economía social como el Centre de Recerca i Investigació de Catalunya y han elaborado «grupos de trabajo para cada instrucción con personas y grupos que se han identificado como actores involucrados», apunta Campanero.

Además, otra instrucción del Ayuntamiento, cuya entrada en vigor fue en mayo de 2015, desarrolla «algunas medidas jurídicas para la contratación pública directamente en cuestión de mejora de los servicios sociales a la persona», explica Francisco Blanco, director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento, con el fin de «potenciar el aspecto no economicista de la oferta».

Pero no todo es positivo. Blanco destaca que con la nueva directiva 24/2014 «se van a romper muchos tabúes», pero toda la contratación pública social española está encauzada a que se canalice sobre todo como una condición de ejecución, no de licitación. «Te dicen, ‘si usted quiere hablar de algo social en la contratación colóquelo, pero en la fase de ejecución, no como un criterio de adjudicación’. Pero luego, si no tienes una estructura de seguimiento potente, la garantía de que todo eso se lleva a término está pendiente de auditoría».

Por ello, asegura que hay que implementar medidas de seguimiento, ya que éste «no se está haciendo seriamente, no por falta de voluntad, sino porque faltan programas de gestión electrónica, implicar al contratista para que te diligencie documentos, etcétera».

Por su parte, Álvarez expone la misma carencia desde el País Vasco: «No es suficiente con aprobar normas; deben asignarse responsabilidades y establecer quién va a velar por el cumplimiento de lo aprobado, quién va a prestar apoyo o asesoramiento cuando surgen dudas en la aplicación, quién va a realizar el seguimiento y evaluar el impacto social de la aplicación de la norma».

Así, la idea del Ayuntamiento de Barcelona es lanzar a medio plazo un nuevo decreto que recoja este tipo de aspectos en el que ya están trabajando.