El examen es una herramienta fundamental para medir la fuerza de un sector con peso creciente en la economía y que despierta cada vez más interés

Que la Economía Social y Solidaria (ESS) está en alza está dejando de ser noticia, justamente por ser una realidad cada día más presente en la prensa. «¿Al fin en primera división?», «Un plan de negocio para cambiar el mundo», «La economía solidaria ha venido para quedarse»… son algunos de los titulares que podemos encontrar en los principales medios de referencia.

En este contexto de creciente impacto y popularidad social, cabría preguntarse cómo reconocer ese otro modelo económico que, frente a otros que le preceden, hace gala de sus valores y la coherencia en sus prácticas. El elemento identitario es una cuestión de partida esencial, más si cabe en un modelo económico que es a su vez un movimiento social, como bien prueba el amplio respaldo de sus últimas campañas, eventos y ferias. Esta identidad gira en torno a la identificación y respaldo de la Carta de la Economía Social y Solidaria, que construye su espina vertebral en torno a los siguientes principios: equidad, trabajo, sostenibilidad ambiental, cooperación, no ánimo de lucro y compromiso con el entorno.

Estos principios son los que guían los procesos de auditoría y balance social que anualmente hacen sus entidades. REAS, red confederal estatal y principal agente de referencia, lleva años promoviendo esta herramienta, en un ejercicio de transparencia a partir de la que compartir con la ciudadanía cómo son sus prácticas y cómo se ajustan a los valores que promueven y predican. Tras un trabajo de coordinación de varios años, en el año 2014, se llega a una batería acotada de 19 indicadores comunes en todo el Estado de la que obtener una panorámica común del estado de la ESS en el territorio. Además, algunos territorios (Aragón, Catalunya, Euskadi, Navarra y Madrid), bienalmente, desarrollan una versión ampliada que puede incluir hasta 80 indicadores.

Así, las entidades evalúan, en un proceso obligatorio dentro de la red, cuál es la diferencia salarial en la empresa, el porcentaje de mujeres en puestos de toma de decisión, las emisiones de CO2 emitidas por persona trabajadora o el porcentaje del gasto que se dedica a iniciativas para la construcción de bienes comunes. De este modo, tal y como establece la coordinadora estatal de la comisión que promueve este proceso, Amaia Naveda, «se trata también de una herramienta que ofrece a las entidades un itinerario de mejora, a partir del que seguir implementando cambios que nos permitan prácticas cada día más coherentes y solidarias».

El pasado año realizaron este proceso un total de 412 entidades, de las cuales más de 50 no pertenecían a la red, sino a otras organizaciones que se han sumado a estos procesos de balance y están comenzando a poner en práctica la herramienta. Los resultados más destacables del Informe de la Auditoría Social de 2016 son los siguientes: 318 millones de euros de ingresos totales, 8.967 personas trabajadoras contratadas y 27.368 voluntarias; 56% de los puestos de trabajo ocupados por mujeres y 53% de mujeres en la toma de decisiones; proporción de 1,6 entre el salario más bajo y más alto, y 32% de las entidades son socias o clientes de finanzas éticas.

Este año arranca la nueva campaña dirigida a más de 500 entidades, en un proceso que se abre a mediados de junio y que concluirá a finales de año. Las organizaciones tendrán hasta el 30 de septiembre para la recogida y validación de datos y luego éstos serán agrupados, procesados y publicados en el último trimestre de 2017.

La validez y utilidad de esta herramienta está trascendiendo a la propia red y movimiento, siendo tomado como referencia por otras organizaciones e instituciones, como es el caso del Ayuntamiento de Barcelona, donde «después de muchos meses de trabajo intenso, la XES ha llegado a un acuerdo para que el programa informático de Balance Social sea la base del seguimiento de la implementación de las cláusulas sociales y ambientales de contratación del consistorio. De este modo, el conocimiento colectivo generado con los años desde la economía social y solidaria puede incidir de manera directa en hacer efectiva la inclusión de criterios sociales, ambientales y democráticos en los contratos públicos”, como recoge la propia red catalana de ESS.

Prácticas y herramientas como ésta son sin lugar a duda fundamentales en un campo en alza como éste, donde cabe esperar que crezca también el interés de numerosas empresas y entidades por formar parte de este modelo alternativo, lo sean o no lo sean…

Artículo de Blanca Crespo Arnold, responsable de comunicación de REAS.