Posibilitar la transición ecosocial que nuestro planeta necesita, requiere poner en cuestión el pensamiento económico hegemónico, reivindicando una economía real al servicio de las personas y del planeta, así como promoviendo una generación sostenible y un reparto justo de la riqueza.

La Economía Solidaria propone una consideración alternativa e integral del concepto de riqueza, además de reclamar su distribución de modo corresponsable. Así, entendemos la riqueza como el conjunto de elementos materiales, sociales, culturales y naturales que determinan la capacidad de una comunidad de atender las necesidades de sus integrantes en el corto, medio y largo plazo.

Así, su justa generación, distribución y conservación se convierte en una estrategia colectiva necesaria para la reproducción y la sostenibilidad de la vida. Al mismo tiempo, implica resignificar el uso y el valor del dinero como un instrumento para una economía de base comunitaria que nos permita construir sociedades equitativas, inclusivas y autónomas. 

Asumimos el carácter colectivo de la práctica económica e incorporamos, por ello, un conjunto de tradiciones asociativas que, como el cooperativismo, las organizaciones sin ánimo de lucro, el comercio justo, la economía de los cuidados o las finanzas éticas, generan y distribuyen esa riqueza de carácter integral a través de iniciativas autónomas y sostenibles.

La generación y justa distribución de la riqueza permite promover un impacto social y económico en el territorio que favorece el buen vivir, a través del despliegue de circuitos que contribuyen a la construcción de modelos socioeconómicos más justos y sostenibles. Posibilita, así mismo, la generación de trabajos socialmente necesarios, inclusivos y de calidad, al servicio de las necesidades de las personas.

Este principio demanda a las organizaciones de la Economía Solidaria que reconozcan la dimensión económica de su actividad y acepten la responsabilidad que conlleva en la generación, reinversión y distribución de sus excedentes. Para ello, se promueve un uso responsable y una justa distribución de dichos excedentes que permita, por un lado, satisfacer las necesidades materiales y socioculturales de las personas a través de una retribución justa y un entorno sociolaboral compatible con los proyectos de vida. Por otro lado, permite consolidar la estructura financiera de la organización como garantía para su autonomía y sostenibilidad. Por último, contribuye a generar circuitos de financiación propios de la Economía Solidaria y al servicio de la transformación ecosocial.

Así mismo, interpela a las personas e instituciones sociales a promover un consumo crítico, consciente y transformador, así como una educación económica y financiera en sintonía con los valores de la solidaridad y la justicia social.