Opinión • Laura Álvarez Garro, Vanessa Beltrán Conejo, María José Cascante Matamoros y María José Guillén Araya • 29 de enero, 2026 • Read in English

El domingo 1 de febrero habrá elecciones en Costa Rica, en medio del escenario político más tumultuoso e incierto en décadas. Los límites de la democracia liberal costarricense hoy quedan expuestos ante el avance de fuerzas políticas conservadoras y de derechas transnacionales que se nutren del malestar social, la profundización de las desigualdades y el desencanto político que se viene registrando.

Este fenómeno no es neutral en términos de género, ni en términos de etnia ni de clase. Las elecciones costarricenses se vuelven una llave de ingreso para indagar cómo y en qué condiciones se hace posible que la violencia contra las mujeres y las disidencias, la securitización de la vida social y el cuestionamiento de la institucionalidad pública se hayan vuelto ejes articuladores del debate político nacional.

Costa Rica forma parte de una escena política global que muta tras la primera elección de Donald Trump en 2016. Su estilo político populista, en el que los malos modales de mesa se enaltecen como indicador de fortaleza y masculinidad, tuvo por consecuencia la aparición de personajes imitadores, como Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei y el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. 

La emergencia del movimiento Me Too en Estados Unidos, gestó una oleada reaccionaria por parte de sectores conservadores opuestos a las denuncias, quienes observaron en este proceso un ataque injustificado contra los hombres. Por su parte, la época pospandemia ha significado en casi todo el mundo un aumento en el costo de vida y la reproducción de políticas de austeridad fiscal. Costa Rica no es la excepción. 

El escenario conservador que se manifiesta en nuestro hemisferio y en el mundo tiene en Costa Rica una serie de ecos y de particularidades que determinan la cancha en la que se juega este periodo electoral. 

En el gobierno anterior (2018-2022), al mando de Carlos Alvarado, representante del partido neoliberal progresista Acción Ciudadana (PAC), se forjó una alianza para aprobar amplias reformas fiscales y laborales. Las reformas profundizaron el espacio de influencia de los poderes fácticos de las élites, mayoritariamente conservadoras, en el Gobierno y en la Asamblea Legislativa. 

Esto se enmarca en un proceso de más de dos décadas de emergencia y consolidación de partidos que, en asociación con movimientos, iglesias, y actores políticos de extrema derecha, han posibilitado liderazgos como el del actual presidente Chaves del partido tecnócrata y conservador Progreso Social Democrático (PPSD). Previamente, Chaves fue despedido del Banco Mundial por las denuncias de acoso sexual en su contra. 

Esta trama de actores coincide en la proliferación de discursos en los que se establecen posiciones de género fijas, y dispone de los recursos para hacerlo. Las mujeres cis o personas LGBTQIA+ aparecen como objetos a dominar y manipular por hombres con masculinidades hegemónicas. La presencia de defensores de esta postura en puestos de representación política ha profundizado la normalización de una violencia cada vez más cruda contra personas feminizadas.   

En sintonía con el contraataque conservador regional, en Costa Rica esa agenda se expresó en el cambio y la práctica anulación de los planes de educación sexual y afectiva laica por parte del Ministerio de Educación Pública. A esto se suma el debilitamiento de instituciones y programas dedicados a la prevención y atención de las violencias por razones de género, la penalización de lo que denominan “falsas denuncias” y la impunidad de hombres con historiales comprobados de agresión y acoso.

La reciente limitación del rango del aborto terapéutico a casos en los que solo esté en riesgo inminente la vida de la madre y no su salud por parte del gobierno de Chaves, en alianza con partidos e iglesias neopentecostales, se inscribe en este contexto. Para diciembre de 2025, Laura Fernández, la candidata del oficialismo, quien lleva la delantera de las encuestas, ha afirmado que “el aborto no es una cosa más que un asesinato”.

Securitización contra la vida

Los ataques sistemáticos a los derechos sexuales y reproductivos también se integran a una agenda de seguridad regional más amplia que opera en una doble vía. Por un lado, se intensifica la criminalización de mujeres y disidencias que deciden sobre sus cuerpos, así como también de jóvenes empobrecides, expuestes a la precariedad material y al riesgo de muerte prematura dentro de las economías del narcotráfico y el crimen organizado, capturades masivamente por las fuerzas policiales 

Por el otro, debilitan el acceso a la justicia de amplios sectores de la población y obstruyen la capacidad de investigar e intervenir en los crímenes que se cometen desde arriba, en las altas esferas institucionales por donde circulan los intereses económicos de las  élites. 

En términos de política exterior, las visitas al país de representantes de los gobiernos estadounidense y salvadoreño en el último año evidencian las posibilidades de cooperación en materia económica. Costa Rica se ha alineado con iniciativas como la detención temporal de migrantes deportades de EE.UU., proyectos carcelarios de máxima seguridad y la participación en un frente común contra el crimen organizado. 

Socavando lo público

Percibimos también un interés militante por socavar las bases de lo público, que abarca desde la institucionalidad hasta los espacios geográficos. No es un rasgo nuevo, pero ha sido catapultado en los últimos años, gracias a las décadas de deslegitimación, privatización, austeridad y desgaste que le antecedieron. 

En el plano institucional, un ejemplo claro es el crecimiento de la deuda estatal con el sistema público y universal de seguridad social que garantiza el acceso a la salud de las mayorías. Las voces más conservadoras se han dedicado a declarar la muerte e inoperabilidad del sistema sin ningún sustento técnico ni científico, aunque sí con mucho volumen y estridencia. 

En el plano territorial, se ilustra el acelerado cercamiento de espacios públicos, como las playas y las montañas. En un proceso apoyado por regulaciones laxas y una cultura de servidumbre colonial —con el ocio socialmente segregado y la obtención creciente de rentas por parte de actores inmobiliarios— los lugares naturales del país son cada vez menos espacios públicos de descanso y más de acceso limitado. 

Al tiempo que se van minando estas bases institucionales, se fortalecen las apuestas por la represión y el castigo como respuestas estatales privilegiadas ante conflictos sociales cada vez más complejos. Sobre la base del imaginario de Costa Rica como un país desarmado, se ha invocado una y otra vez la necesidad de controlar y castigar con dureza a los grupos de la población que amenazan la representación excepcionalista de una nación blanqueada y pacífica.

Dicho giro represivo se manifiesta en alianzas entre gobiernos locales, cuerpos policiales y actores privados, lo cual se traduce en políticas penales orientadas al encarcelamiento masivo y la normalización del abuso de las fuerzas de seguridad. En dos décadas, Costa Rica triplicó su población penal y en el 2024 era el quinto país de América Latina con la tasa de encarcelamiento más alta. 

Navegando la ola autoritaria

En Costa Rica todavía hay una base, más o menos estable, del Estado de derecho. Los legados de una institucionalidad históricamente fuerte —aunque no por ello menos racista o sexista— amortiguan los golpes que le propina el gobierno actual y otra serie de actores partidarios que buscan hacerse de la presidencia y de los escaños en las próximas elecciones.

De las 20 candidaturas presidenciales, la delantera la lleva Fernández, la candidata del oficialismo de Chaves, aunque bajo una nueva estructura partidaria, Partido Pueblo Soberano, porque la anterior enfrenta muchas denuncias penales y administrativas. Muy por debajo en las encuestas, encontramos candidaturas de fuerzas tradicionales fluctuantes como el Partido Liberación Nacional, la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Frente Amplio.

Luego se abre un abanico fragmentado de candidaturas, desde socialdemócratas hasta conservadores de derecha evangélica, que aunque no logran ascender en las encuestas, no necesariamente son alternativas inviables. La semana antes de las elecciones, un 26 por ciento de electores seguían indecises (en su mayoría mujeres y jóvenes) y determinarán su voto en los días previos a la elección o el mismo día de las votaciones. 

Es en este contexto en el que han surgido tendencias antidemocráticas que promueven abiertamente la concentración del poder y el autoritarismo. Los llamados de Fernández a suspender las garantías individuales, en conjunción con la pretensión del oficialismo de modificar la Constitución Política para permitir la reelección indefinida, son un claro indicador de ello. 

En una sociedad tan estatalizada como la costarricense, esta difícil coyuntura debería abrirnos a la posibilidad de imaginar formas de hacer política que sorteen estratégicamente lo electoral (demandar lo que el Estado nos debe y que debería asegurar), pero que vayan más allá de eso, atestiguando y minando las fallas que este escenario electoral nos muestra para construir algo diferente.

Laura Álvarez Garro es feminista, psicoanalista y profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo se inscribe en la intersección entre psicoanálisis, teoría política y filosofía contemporánea.

Vanesa Beltrán Conejo es docente e investigadora feminista, trabaja en la Universidad de Costa Rica y es militante de la lucha antipunitivista.

María José Cascante Matamoros es feminista, investigadora y profesora catedrática en la Universidad de Costa Rica se especializa en cultura política, partidos políticos, populismo y género.

María José Guillén Araya es geógrafa, ejerce la docencia y la investigación-acción en la Universidad de Costa Rica en temas de conflictos territoriales, turismo, reproducción social y capitalismo racial.