La transición energética se ha instalado en el debate público no como una opción entre varias, sino como una obligación que ya no admite demora: la dependencia de los combustibles fósiles, agravada por los límites de acceso a esos recursos que ha dejado en evidencia la guerra de Irán, convive con un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de cambiar de modelo energético. Pero ese cambio no es un simple relevo de una fuente por otra. Sustituir un combustible versátil, acumulable y de alto rendimiento por recursos intermitentes, dependientes del territorio y necesitados de aceptación social, obliga a repensar no solo la tecnología, sino quién decide, quién produce y quién se beneficia de la energía. Las comunidades energéticas —ese conjunto de fórmulas jurídicas que permiten a la ciudadanía y a las administraciones producir, gestionar y compartir energía de forma colectiva— son, en ese sentido, tanto una respuesta técnica como una apuesta política.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada a la coproducción de políticas públicas para una transición energética justa, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un modelo que avanza, pero que sigue necesitando de un marco legal más definido y de una implicación institucional que todavía no es la norma. Alfonso García Márquez, socio trabajador de la cooperativa Goiener y expresidente de la Unión de Energías Renovables, condujo la formación con una tesis de fondo: el reto energético es demasiado grande para abordarlo en solitario, y las comunidades son, precisamente, la herramienta pensada para compartirlo.

Un marco legal que aún no termina de cerrarse

El paquete normativo que sostiene a las comunidades energéticas procede de dos directivas europeas —la de renovables y la del mercado de la electricidad—, trasladadas ambas a la ley española del sector eléctrico. Ambas definen a las comunidades como entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por personas físicas, pymes o administraciones locales, y orientadas a generar beneficios ambientales, económicos o sociales en su entorno antes que rentabilidad financiera. Sin embargo, como señaló García Márquez, «todavía no se ha terminado de trasponer el ordenamiento jurídico español» en cuanto a qué figura concreta debe adoptar una comunidad. En la práctica, admitió, «la definición de comunidad energética te corresponde como un guante con las características de una cooperativa», pero conviven en el Estado comunidades constituidas bajo formatos muy distintos, desde cooperativas hasta comunidades de montes con naturaleza de simple sociedad civil. Esa ambigüedad no es un obstáculo menor: mientras el decreto pendiente no llegue, cada territorio negocia sobre la marcha qué entidad jurídica encaja con sus objetivos.

El autoconsumo como puerta de entrada, no como sustituto

Antes de constituir una comunidad propiamente dicha, existe una herramienta más ágil y menos exigente: el autoconsumo compartido, que permite repartir la energía producida entre varios puntos de consumo mediante un simple acuerdo privado, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica. Un reciente Real Decreto, aprobado a raíz de la guerra de Irán, ha ampliado el radio permitido para acogerse a esta figura de los 2 km anteriores hasta los 5 km, para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de menos de 5 MW. Esa ampliación, explicó García Márquez, permite a los ayuntamientos «aprovechar espacios infrautilizados» y sumar como beneficiarias a «viviendas sociales, comercios, centros educativos o deportivos» alejados de la instalación, optimizando así la inversión pública. El mismo decreto ha modificado la ley reguladora de las bases del régimen local para incorporar de forma explícita, entre las competencias propias de los municipios, la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía, lo que despeja buena parte de la inseguridad jurídica que hasta ahora rodeaba la cesión de cubiertas municipales. Con todo, García Márquez fue claro sobre los límites de esta vía: el autoconsumo reparte energía, pero no transforma gobernanza; su finalidad «es el reparto energético», mientras que la de una comunidad energética «es la transformación social y energética local».

El ayuntamiento como facilitador, no como propietario del proceso

Uno de los ejes que más recorrió la sesión fue el papel de la entidad local: ni ausente ni al mando, sino facilitadora. García Márquez insistió en que la voluntad política para impulsar una comunidad debe ser transversal —incluyendo también a la oposición—, porque el proyecto «no es cuestión de un periodo legislativo, sino que es algo que se va a quedar ahí». El ayuntamiento, señaló, puede aportar recursos para reuniones, habilitar una oficina de información energética, ceder cubiertas o destinar parte del presupuesto anual al desarrollo de la comunidad; pero puede hacerlo con distintos grados de compromiso, desde una cesión puntual hasta una aportación económica simbólica como socio más, o una implicación plena como socio promotor.

Ese equilibrio entre autonomía ciudadana y participación institucional generó parte del debate más productivo de la sesión. Un asistente que está impulsando una comunidad energética ciudadana sin participación municipal planteó una duda que probablemente comparten muchos proyectos en marcha: hasta qué punto conviene sumar al ayuntamiento cuando eso implica compartir también la gestión del dinero. García Márquez respondió sin rodeos: «vosotros como ciudadanos estáis convencidos de que queréis sacar adelante esta comunidad […] pues nosotros seguimos adelante», y recordó que la adhesión a una comunidad es siempre voluntaria, también para la administración, que «si ve que las cosas se hacen de una forma correcta […] permanecerá ahí, y si no, siempre puede decir: yo me voy». Salvador, de una asociación murciana, preguntó si una cooperativa de vivienda colaborativa podría adherirse a una comunidad energética ya existente o constituir la suya propia; la respuesta fue que ambas vías son posibles, y que lo decisivo no es la forma jurídica sino dotar al proyecto de «viabilidad técnica y económica» sostenida en el tiempo.

Lo que aún falta

De la sesión se desprenden también los límites del momento actual. Falta, en primer lugar, un decreto estatal que cierre definitivamente qué entidades jurídicas pueden constituirse como comunidad energética, lo que hoy obliga a cada territorio a moverse en una zona gris. Falta también una mayor disposición de los ayuntamientos a implicarse en fórmulas cooperativas: acostumbrados a relaciones institucionales que exigen compromisos económicos elevados, muchos siguen siendo reacios a participar en estructuras donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona socia. Y falta, sobre todo, resolver una tensión de fondo que el propio ponente señaló como advertencia: reducir la factura energética «muchas veces sirve de motivo para empujar a las personas» a construir una comunidad, «pero no debería ser el motivo principal que nos mueva». El motivo de fondo, insistió, debería ser otro: acercar las energías renovables al territorio, apropiarse de su producción y avanzar hacia una soberanía energética que, aun limitada por la existencia del mercado, sitúe las decisiones dentro de la comunidad y no en las grandes empresas.

El debate, en cualquier caso, apuntó en una dirección clara: cuantas más herramientas —autoconsumo compartido, cesión de cubiertas, participación societaria, apoyo técnico— sea capaz de combinar una entidad local con el tejido ciudadano organizado, más sólida y duradera resultará la transición energética justa que ambas partes dicen perseguir.

Unión Renovables publica este estudio jurídico que da respuesta a una pregunta cada vez más frecuente entre entidades locales: ¿cómo puede un ayuntamiento participar en una comunidad energética cooperativa, ceder una cubierta municipal o adjudicarla directamente para proyectos de autoconsumo compartido? El informe analiza las distintas opciones disponibles y las acompaña de modelos de contratos listos para adaptar.

Las cooperativas energéticas, organizadas bajo fórmulas de economía social, ofrecen una vía idónea para canalizar la participación de la ciudadanía y de las entidades locales. Su creciente relevancia, impulsada por el marco normativo europeo (Directivas 2018/2001 y 2019/944, refundidas por la Directiva (UE) 2023/2413), ha acelerado su incorporación al ordenamiento estatal. En este contexto, los ayuntamientos desempeñan un papel clave como actores de la transición energética y la cohesión social, siendo cada vez más habitual su participación directa como socios de cooperativas energéticas locales.

El informe —elaborado por Maria Jose Vañó (IUDESCOOP – Universitat de València)— ofrece un análisis jurídico práctico estructurado en tres bloques: el marco normativo del autoconsumo compartido y las comunidades energéticas; las competencias municipales y los instrumentos de cesión de bienes públicos; y los modelos de convenios, acuerdos y contratos aplicables.

Consulta el informe completo: Colaboración entre Ayuntamientos y Cooperativas Energéticas para el desarrollo de proyectos de autoconsumo

Financiado por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – NextGenerationEU.

Fuente: Unión Renovables

La Colaboración Público Comunitaria (CPC) es una forma institucional que democratiza la gestión y propiedad de bienes o recursos (1) y se utiliza para abarcar una amplia gama de iniciativas y formas de gestionar y gobernar la vida de manera colectiva.

Aunque se materializa en marcos y formas muy diversas, en esencia, hace referencia a un modelo basado en la cooperación entre sociedad civil organizada (articulada o constituida en comunidades más o menos formales, asociaciones, cooperativas o similares) y administración pública, que busca el bien común y hace posible el gobierno y la gestión compartida de bienes y servicios colectivos (2).

Esta alianza entre sociedad civil organizada y sector público, que es en parte heredera de los sistemas comunales (3) que han operado durante miles de años en pueblos y territorios de todo el mundo, es un modelo en auge y está presente cada vez en más ámbitos.

Muchas de estas iniciativas surgen como una respuesta a la crisis ecosocial, en busca de nuevos modelos institucionales más compatibles con la sostenibilidad medioambiental. Territorios, municipios y comunidades diversas están poniendo en práctica marcos de innovación democrática y formas cooperativas de gestión de aspectos tan esenciales como el agua, la energía, la vivienda, los cuidados, la alimentación o los espacio urbanos, entre otros.

El modelo público comunitario se presenta como una estrategia imprescindible y una condición para el éxito de la transformación de las sociedades, ya que nos ofrece un marco real para la reapropiación y soberanía sobre nuestros bienes comunes, abriendo así la posibilidad de hacer una nueva política económica (4).

Durante 2025 hemos estado desarrollando un programa de acompañamiento a Ayuntamientos en colaboración con la European Climate Foundation. Esta primera edición del programa de formación y acompañamiento ha buscado formar y dar una batería de herramientas a varias entidades locales para el abordaje de retos ecosociales desde una lógica colaborativa con el tejido comunitario y social del territorio. El programa se ha dirigido tanto a personal técnico como político de la escala local, y ha culminado en la definición de una hoja de ruta para iniciar, desarrollar e implementar procesos de Colaboración Público Comunitaria en cada contexto.

Fruto de este programa, publicamos ahora una “GUÍA DE ACOMPAÑAMIENTO PARA AYUNTAMIENTOS y ENTIDADES LOCALES”; un documento que recoge los contenidos trabajados en este proceso y que quiere servir como un recurso de apoyo para Ayuntamientos y entidades públicas locales que quieran iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria.

Arranca con una definición del marco conceptual, para pasar después a recoger una batería de buenas prácticas que muestran distintas escalas, niveles y estrategias de manera extensa. En la parte final de la guía se recogen herramientas y referencias que se han utilizado para el desarrollo del programa.

Se estructura de la siguiente manera:

Qué es la Colaboración Público Comunitaria (CPC), una aproximación. Este es un apartado más teórico donde intentamos definir y clarificar conceptos. A pesar de que la CPC no es una forma institucional fija, este modelo puede definirse por una serie de atributos o deseos compartidos que se recogen en este apartado.

Cómo abordar la Colaboración Público Comunitaria desde los gobiernos locales. Un apartado donde se recogen distintas buenas prácticas en profundidad: Pactos de Colaboración de Bologna; Cinturón Alimentario de Lieja; Patrimonio Ciudadano de Barcelona; Traídas Vecinales de Agua de Galicia; Hernani Burujabe; y el Matadero de Armentera.
La diversidad de casos que aquí se recogen quiere evidenciar que en lo que a las prácticas de CPC se refiere no existe un único modelo. Este catálogo quiere ilustrar maneras de hacer diversas que se pueden reproducir o pueden servir de ejemplo e inspiración en ámbitos y contextos distintos.

Algunas pautas para iniciar e impulsar procesos de Colaboración Público Comunitaria. Aunque cada entidad local debe elaborar su propia hoja de ruta, definir su propio modelo relacional y dotarse de instrumentos administrativos y jurídicos situados, estas estrategias locales sí que pueden ser guiadas por unas pautas y distintas herramientas. En este capítulo se facilitan unos principios básicos, primeros pasos y referencias metodológicas dirigidas a la administración pública.

La Colaboración Público-Comunitaria (CPC) propone un marco para el diseño, la prestación y la gestión de los recursos y servicios públicos basado en la participación activa tanto de las personas usuarias y prestadoras, como de los agentes comunitarios del territorio y de distintos sectores sociales. Este enfoque permite desarrollar modelos más ajustados a las necesidades reales de la comunidad y del territorio, contribuyendo así a mejorar la calidad, pertinencia y sostenibilidad de los servicios públicos y colectivos.

En lugar de proporcionar un conjunto de pautas a aplicar, esta guía pretende ofrecer algunas direcciones y pistas que puedan servir de apoyo a la administración pública en el desarrollo de su propio enfoque y estrategias adaptadas a la realidad local.

PARA ACCEDER A LA GUÍA AQUÍ

(1)Food systems in common. Council farms, agroecological food sovereignty, and public-common partnerships. Kai Heron; Bertie Russell; Keir Milburn. Abundance.
(2)Democratic and collective ownership of public goods and services. Exploring public-community collaborations. Transnational Institute.
(3)“Los comunes son instituciones sociales colaborativas que regulan recursos de propiedad colectiva. Se distinguen de la propiedad privada convencional con la que hoy estamos familiarizados pero también de la propiedad estatal o del acceso abierto sin ningún tipo de régimen de gestión colectiva. El tipo de propiedad o gestión colectiva que llamamos comunes era muy habitual antes del surgimiento del capitalismo, pero además, ha logrado sobrevivir en muchas sociedades modernas de todo el mundo”. Comuntopía. Comunes, postcapitalismo y transición ecosocial. Cesar Rendueles. Akal.
(4)L´ecologia dels béns comuns. Per una col·lectivització plural i ecológica de l´economía. Experiències a Catalunya. Laia Forné.

Fuente: Tipi