Vivir en una cooperativa, la “contracultura” frente a la especulación inmobiliaria

daniel_reasaragon — Wed, 27 May 2026 04:17:34 +0000

Rubén Méndez, junto a su vivienda de la cooperativa Ametxe en Gordexola (Vizcaya). FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

“Esto es una contracultura”, resume Rubén Méndez al otro lado del teléfono. Este santurzano de 49 años reside desde 2024 con sus dos hijos y su expareja en la cooperativa Ametxe, en Gordexola, un pequeño municipio vizcaíno de menos de 2.000 habitantes. Comparten un caserío de 600 metros cuadrados con cuatro siglos de historia, rehabilitado, rodeado de una extensión inmensa de terreno verde (40.000 m²). Junto a ellos conviven otras cinco unidades familiares, en la que se convirtió en la primera cooperativa de vivienda del País Vasco. Antes de mudarse, Méndez tenía un piso en propiedad, ligado a una hipoteca. Ahora paga 660 euros mensuales por su espacio de uso privado, con acceso a las zonas comunes. “No veo otra forma de vida”, afirma, en referencia a la situación de crisis que atraviesa la vivienda. A su juicio, las respuestas institucionales para hacerle frente son insuficientes: “Todo lo que han hecho ha sido poner parches. Este modelo es el más sostenible en el tiempo”.

Las cooperativas de vivienda en cesión de uso en España beben de un modelo surgido en Uruguay en la década de los sesenta del siglo pasado. Aunque no fue hasta 1999 cuando quedaron reguladas por ley, su desarrollo ha sido progresivo y, en los últimos años ―especialmente a partir de 2011―, claramente han acelerado. Según datos de la Red de Vivienda Cooperativa, en la actualidad existen 216 proyectos en marcha en todo el país, de los cuales más de medio centenar ya están habitados. En conjunto, suman alrededor de 700 unidades de convivencia (o viviendas) y más de 1.000 personas residentes. La creciente tensión del mercado inmobiliario ha actuado como catalizador de esta fórmula, que se ha incrementado en un 600% en los últimos 16 años: en 2020 apenas había un centenar de viviendas habitadas en el país.

Distribución territorial de las cooperativas de vivienda

Solo aquellas en cesión de uso y habitadas.

A diferencia de las cooperativas tradicionales, en las de cesión de uso no se compra ni se vende una casa. El edificio pertenece a la cooperativa y las personas que viven en él pagan una entrada y una cuota mensual ―actualmente un 20% por debajo del precio de mercado tras las últimas alzas―, a cambio de poder usar el inmueble de forma estable. Esta fórmula de agrupación residencial impide la especulación y garantiza un hogar a largo plazo, al mismo tiempo que permite que el inmueble vaya cambiando de manos y no quede inhabitado.

“Es un modelo que busca garantizar el uso residencial a precio de coste”, analiza Leandro Escobar, profesor de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. “Puede tener mucho sentido en un mercado como el español, donde hay muchas personas que por distintos motivos no pueden comprar en propiedad, y que tampoco encuentran un alquiler estable y razonable”, añade. Sin embargo, su escasa representatividad sobre el parque total limita su capacidad de impacto sobre la situación actual, en opinión del experto.

“Aunque se ha hecho un importante trabajo pedagógico y de concienciación por todo el país, donde ha arraigado de verdad es en Cataluña”, señala José Téllez, miembro de la cooperativa Sostre Cívic, e impulsor y portavoz de la red. El papel del Ayuntamiento de Barcelona, que en sus inicios cedió suelo público, junto con el acceso a financiación cooperativa, fue clave para que los primeros proyectos echaran a andar entre 2013 y 2014. Hoy, sin embargo, la situación no es tan favorable. La necesidad de congeniar estos dos requisitos ha frenado su expansión por otros territorios. De las 52 cooperativas en cesión de uso habitadas en España, el 69% se concentra en Cataluña, con 66 proyectos. “Nuestros referentes europeos son Viena y Copenhague, que tienen un modelo híbrido: un tercio del parque es privado, otro público y otro cooperativo”, explica Téllez, que concluye con una valoración crítica: “Los modelos de vivienda asequible que se han aplicado hasta ahora en España no han funcionado”.

Ángela García (izquierda) comparte una comida con sus vecinos en la cooperativa Cirerers (Barcelona). GIANLUCA BATTISTA

Encontrar la felicidad

En Madrid, uno de los mercados más tensionados del país, hay cuatro cooperativas. “Yo entré aquí para ser más feliz”, resume Nacho García, miembro de la cooperativa Entrepatios, en la que vive desde 2020. “Nuestro grupo lo que busca es contribuir a que aumente el parque de viviendas que no están sujetas a la especulación, y que no pase lo de ahora, que la vivienda no es accesible para la mayoría de la gente que opta al mercado libre”, explica. En su edificio cuentan con viviendas de dos y tres dormitorios, siendo de 85 metros cuadrados el inmueble más grande. La cuota mensual más elevada que se paga es de 595 euros, tres veces menos que la media en el mercado libre (de 1.980 euros en abril, según Idealista).

García experimentó en su piel el destierro habitual que persigue a muchos madrileños. “Empecé viviendo en el barrio de Delicias, en el centro; luego me seguí moviendo dentro de la M-30; después me tuve que ir fuera de allí y más tarde a la periferia, hasta que conseguí volver al centro. Este es un modelo que ya no suena tan marciano y que rompe con el pensamiento tradicional de propiedad que sigue imperando”, relata.

Perfiles diversos

Estas cooperativas no son solo una alternativa para familias jóvenes, sino que acogen perfiles muy diversos. En muchos proyectos viven personas mayores que encuentran en la vida comunitaria una fuente de tranquilidad y apoyo mutuo. Compartir espacios, actividades cotidianas y una red cercana de vecinos reduce la soledad y ofrece seguridad en una etapa vital marcada, a menudo, por la incertidumbre. Actualmente, hay 56 proyectos para seniors, aunque tan solo cinco están habitados: dos en Madrid, uno en Castilla-La Mancha y los otros dos en Castilla y León.

También existen cooperativas, como La Morada, en Barcelona, formadas exclusivamente por mujeres, que apuestan por modelos de convivencia basados en el cuidado compartido, la autonomía y la solidaridad. Justo enfrente de este edificio, en otro llamado Cirerers, vive Ángela García, desde 2022. “Si me tocase la lotería hoy, no me compraría una casa”, explica. Esta confesión revela su nivel de satisfacción actual, tras años de alquiler, y tras haber contemplado “solo como aspiración” convertirse en propietaria. “Mi calidad de vida ha mejorado en este tiempo, entonces, ¿por qué iba a abandonar este proyecto?”, se pregunta.

Las dificultades para acceder a suelo público y obtener la financiación necesaria son las barreras principales que bloquean el despliegue de las cooperativas, ya que el interés parece haberse despertado en los últimos años. “Somos una especie que necesita apoyarse mutuamente para no ser tan vulnerables y generar dinámicas creativas, que nos empoderen y, que, como es nuestro caso, también sirvan para dinamizar el entorno rural y hacer frente a la despoblación”, valora Rubén Méndez.

Mayor apoyo

El Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 incorpora, por primera vez de forma explícita, medidas que pueden favorecer el desarrollo de cooperativas de vivienda en cesión de uso. El borrador del programa apunta a un mayor apoyo a fórmulas no especulativas, con líneas de ayudas para la promoción de vivienda asequible, incentivos a la cesión de suelo público y un refuerzo de la financiación para proyectos colectivos sin ánimo de lucro. También reconoce el papel de estos modelos para ampliar el parque residencial estable y moderar precios en mercados tensionados.

Desde la Red de Vivienda Cooperativa, sin embargo, consideran que este plan abre una oportunidad, pero no desarrolla las condiciones necesarias para que la vivienda cooperativa pueda desplegarse a gran escala. “Las entidades de crédito todavía no tienen completamente normalizado el producto, y para ellas no es lo mismo financiar una promoción tradicional con viviendas que se venden una a una, que una cooperativa. Por eso algún tipo de ayuda pública, o una regulación que ofrezca seguridad jurídica, podría mejorar su implantación”, concluye Escobar.

Un artículo de Gorka R. Perez para El País

RESET, cooperación entre ESS y gobiernos regionales y locales

daniel_reasaragon — Mon, 18 Oct 2021 09:35:13 +0000

RESET (REgions for Social Economy business developmenT) tiene como objetivo general acelerar fuertemente el desarrollo y el reconocimiento del apoyo al desarrollo empresarial de la economía social a nivel regional y potenciar su dimensión interregional. Las regiones con experiencia en este campo de diferentes Estados miembros de la UE, en cooperación con las partes interesadas más relevantes de cada región participante, intercambiarán buenas prácticas, con el objetivo de allanar el camino hacia una futura comunidad de aprendizaje interregional RESET que también sea capaz de difundir sus conocimientos y buenas prácticas a otras ciudades/regiones y proporcionar, de forma regular, recomendaciones a la Comisión Europea y a otros responsables políticos de la UE. El acrónimo RESET significa “empezar de nuevo” y está relacionado con los objetivos específicos del proyecto, que son

Reforzar la colaboración entre los socios del proyecto y los agentes de la economía social en la UE y también a nivel local.
Replantear, sobre la base de un intercambio europeo de buenas prácticas y conocimientos técnicos, las políticas y programas de apoyo a la economía social que se dirijan a toda la diversidad de formas “antiguas” y “nuevas” de la economía social.
Reformular el apoyo a la economía social también a la luz de la crisis de Covid-19, que mostró una vez más el potencial, pero también las necesidades específicas de la economía social.
Promover firmemente, mediante la remodelación de las medidas de apoyo, una cooperación más estructurada (…) entre las diferentes formas de economía social, pero también entre la economía social y otro tipo de empresas sociales.
Sobre la base de las experiencias de los socios, definir vías para una cooperación más profunda entre diferentes ciudades y regiones en el desarrollo de programas de apoyo de la UE más eficaces para el desarrollo de empresas de economía social.

El partenariado propuesto, formado por autoridades públicas regionales apoyadas por asociaciones locales de expertos en el desarrollo de empresas de economía social, cubre una amplia zona geográfica y existe un equilibrio adecuado entre los diferentes orígenes en materia de la misión: