La Comisión Europea ha anunciado su intención de reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) bajo el argumento de “simplificar” la normativa ambiental para mejorar la competitividad. Sin embargo, esta reforma abre la puerta a un debilitamiento del principio de no deterioro y a una menor exigencia en la protección de ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos en toda Europa.

En un contexto de emergencia climática, sobreexplotación de los recursos hídricos y creciente presión de sectores extractivos e industriales, no podemos permitir ningún paso atrás. La Directiva Marco del Agua ha sido una conquista clave de la política ambiental europea y una garantía para compatibilizar actividad económica, salud pública y defensa de los bienes comunes.

Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil han impulsando un manifiesto conjunto para exigir que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva y, en su lugar, refuerce su aplicación efectiva. Creemos que es el momento de defender con claridad que el agua no es una mercancía ni una variable de ajuste, sino un derecho y un pilar de la vida y de los territorios.

Economistas sin Fronteras se ha adherido a dicho manifiesto.

LEER MANIFIESTO

Además, se puede firmar tanto a título individual como colectivo:

Formulario de adhesión

Fuente: Economistas sin Fronteras

La coalición Hands Off Nature lanza una nueva campaña para frenar el retroceso de las leyes ambientales europeas

La coalición Hands Off Nature ha puesto en marcha una nueva fase de su campaña para frenar los intentos de debilitar la legislación ambiental de la Unión Europea, e invita a la ciudadanía a sumarse con su firma bajo el lema: “Mi salud y la naturaleza no están en venta”.

La iniciativa, impulsada por organizaciones de la sociedad civil comprometidas con la defensa de la naturaleza, alerta de un momento especialmente crítico para las políticas ambientales europeas. Según denuncian, diversas propuestas promovidas desde instituciones comunitarias podrían suponer un importante retroceso en la protección del medio ambiente y, en consecuencia, en la salud de las personas.

En Europa la coalición está formada por BirdLife Europe, ClientEarth, EEB, de la que forma parte Ecologistas en Acción, y WWF UE, que advierten de que las reformas en curso pueden erosionar protecciones clave construidas durante décadas. Estas normas son fundamentales para mantener los procesos ecosistémicos que sostienen la vida humana y garantizan el buen estado de los espacios naturales.

Entre las principales preocupaciones se encuentran los cambios incluidos en el octavo paquete ómnibus de la Comisión Europea, orientado a “favorecer la competitividad y eliminar exigencias ambientales”. Las organizaciones señalan que estas modificaciones podrían beneficiar principalmente a grandes empresas, a costa de debilitar salvaguardas esenciales.

Entre otras medidas, denuncian:

• La aceleración de las evaluaciones ambientales de proyectos de infraestructuras, lo que podría permitir la aprobación de iniciativas con graves impactos sin garantías suficientes.
• La modificación de la Directiva sobre emisiones industriales y ganaderas, eliminando requisitos clave como inventarios de productos químicos y planes de transformación.
• La reducción de obligaciones de información sobre sustancias peligrosas en la Directiva Marco de Residuos, además de exonerar de responsabilidad a empresas productoras.

Especialmente preocupante es el riesgo que afronta la Directiva Marco del Agua. Su posible debilitamiento supondría un retroceso en la protección de ríos, acuíferos, humedales y zonas costeras, y pondría en peligro la biodiversidad, así como la capacidad de los ecosistemas para hacer frente a la contaminación, la sobreexplotación y los efectos del cambio climático.

La coalición advierte de que reducir las obligaciones, controles y salvaguardas de esta normativa comprometería la calidad y disponibilidad del agua, un recurso esencial para la vida y cada vez más presionado en Europa.

En este contexto, la campaña subraya que los beneficios que los ecosistemas aportan tanto a la naturaleza como a la sociedad están en riesgo. Por ello, las organizaciones insisten en que no es necesario debilitar la legislación existente, sino mejorar su aplicación y reforzar su cumplimiento. También destacan la importancia de una participación ciudadana informada para garantizar que cualquier reforma respete la evidencia científica y el derecho a un medio ambiente sano.

La nueva fase de la campaña busca repetir el éxito de la anterior, que el pasado otoño reunió casi 200.000 firmas en apenas diez días. En esta ocasión, se pretende dar un nuevo impulso al blindaje de las normativas ambientales europeas, firmando esta petición.

Bajo el lema “Mi salud y la naturaleza no están en venta”, la iniciativa advierte de que los ataques a la legislación ambiental amenazan directamente el acceso a agua potable, alimentos seguros, aire limpio y entornos naturales saludables. Según la coalición, estos retrocesos favorecen una mayor contaminación, vinculada a enfermedades respiratorias, cáncer y otros riesgos graves para la salud.

Las organizaciones denuncian además que muchas de estas decisiones se están tomando sin suficiente transparencia ni participación ciudadana, y llaman a exigir a los responsables políticos que prioricen el bienestar de la población frente a los intereses económicos de unos pocos.

“Hay que elegir: la salud de 450 millones de europeos frente a las ganancias a corto plazo de unos pocos”, señalan desde la campaña.

Por ello, hacen un llamamiento a la ciudadanía a actuar: firmar la petición, no permitir que los intereses contaminantes hablen en su nombre y dar voz a la naturaleza.

Enlace a la campaña.

Fuente: Ecologistas en Acción

“Es una idea brillante. Este modelo se puede escalar y aplicar en toda Europa”.
Matthew Baldwin, Director General Adjunto
de Vivienda de la Comisión Europea.

La Economía Social (ES) se dio cita en el Parlamento Europeo en la presentación del informe Evaluación comparativa de los resultados socioeconómicos de la economía social de la Unión Europea (UE). El documento muestra, con la información disponible, la buena salud y la importancia de un sector resiliente y creciente dentro del viejo continente. Aunque, también, señala las deficiencias a la hora de recoger información, tratar y catalogar qué es ES en los distintos Estados miembro y apunta a la necesidad de desarrollar un cuerpo estadístico y taxonómico común para poder analizar con mayor acierto la posición y resiliencia de este tipo de organizaciones y su aportación a la economía.

Fue el pasado 7 de febrero cuando el Centro Internacional de Investigación e Información sobre la Economía Pública, Social y Cooperativa (CIRIEC) en colaboración con el European Research Institute on Cooperative and Social Enterprises (EURICSE) presentaron esta radiografía al sector en el que han participado cerca de 50 expertos de los 27 Estados miembro, bajo la coordinación de estas dos organizaciones.

Tamaño y ocupación al alza

Las variadas definiciones que manejan las distintas administraciones nacionales dificulta acotar el número de empresas que se deberían considerar parte de este ecosistema empresarial y de organizaciones. No obstante, los investigadores han contabilizado las cooperativas, asociaciones, mutuas y fundaciones. Entre todo el tipo de entidades que se engloban en esta etiqueta, la UE tiene 4,3 millones de entidades, según los datos recabados en el informe. Su tamaño sigue siendo una de las tareas pendientes. Prácticamente la totalidad de ellas son pymes, de las cuales además el 93% son microempresas. Cifras que son bastante similares a la economía convencional europea, donde el 99,8% de las empresas activas no financiera son microempresas y pymes.

La cuarta economía europea que más personas emplea en la ES es España con casi 1,4 millones de trabajadores

En términos de ocupación, las empresas de este sector demuestran que son un fuerte motor laboral en toda Europa. Al menos 11,5 millones de personas trabajan en la ES, lo que supone un 6,3% de la población activa de la Unión. De esta cifra, unos 6,2 millones están empleadas en asociaciones, lo que representa un 54% del total. Otro 29%, unas 3,3 millones de personas, están empleadas en cooperativas. Por países, de los 11,5 millones de personas empleadas en la economía social europea encabezan la clasificación Alemania, con 3,4 millones, y Francia, con cerca de 2,6 millones. A ellas les sigue Italia, con más de 1,5 millones de personas empleadas en la economía social. La cuarta economía europea que más personas emplea en la ES es España con casi 1,4 millones de trabajadores.

Pese a que sólo en nueve Estados europeos los datos de empleo añaden información sobre el género de las personas trabajadoras, los autores de la investigación señalan que “las mujeres tienen una mayor representación en asociaciones y fundaciones, mientras que en las cooperativas las cifras varían según el sector y el país”. En Bélgica y Portugal, por ejemplo, las mujeres representan más del 70% del empleo en la ESl, mientras que en Francia, Polonia e Italia las cifras son del 66%, 60% y 46%, respectivamente.

Más allá del empleo, la contribución económica del sector a los índices económicos generales muestra la buena salud de este tipo de organizaciones y su aportación a la marcha económica europea. Con información de 19 de los 27 Estados, la ES tuvo un volumen de negocio total de 912.900 millones de euros en 2021. Francia, Italia, España y Finlandia representan los mayores sectores cooperativos en términos de volumen de negocios, impulsados predominantemente por las cooperativas agrícolas, de consumo y de trabajo asociado. Francia y Alemania registran el mayor volumen de negocio en asociaciones, fundaciones y mutuas.

La Economía Social española obtuvo una facturación de 107.245 millones de euros en 2021, lo que representa el 7,4% del PIB

En cuanto a su aportación al PIB, los investigadores argumentan que la información no está diseminada nada más que en nueve de los países, por lo que no han facilitado un dato. En cuanto a España, la ES española obtuvo una facturación de 107.245 millones de euros en 2021, lo que representa el 7,4% del PIB. Si aumentamos la lupa, las cooperativas españolas facturaron 66.500 millones de euros en 2021.

En España la forma jurídica predominante sigue siendo la asociación. De las algo más de 400.000 organizaciones de la ES que hay registradas en el Estado español, unas 350.000. Aunque las cooperativas también tiene una cifras bastante representativa con 23.675 empresas. También existe otra categoría que supera también las 23.000 sociedades en las que se incluyen otro tipo de organizaciones clásicas en el ecosistema español como las sociedades laborales, cofradías de pescadores, sociedades agrarias de transformación, empresas de inserción laboral y centros especiales de empleo para discapacitados.

Disparidad en los datos europeos

Pese a la enorme cantidad de información que han podido recabar las organizaciones investigadoras, no han dudado en señalar que la información sigue siendo muy dispersa, no se contabiliza de la misma forma y, en algunos casos, ni tan siquiera se clasifica o se hace de diferentes formas. Es por ello que desde el proyecto han promovido una serie de consejos hacia las instituciones europeas y nacionales con el fin de generar una mayor y mejor información medida de forma común para poder cuantificar el tamaño y la contribución de la ES al total de la economía.

Para los realizadores del informe, “es crucial fomentar el diálogo y la colaboración entre Eurostat, los institutos nacionales de estadística, los organismos y departamentos gubernamentales, el mundo académico y las organizaciones coordinadoras” para mejorar la metodología de las estadísticas de la economía social, garantizando datos exhaustivos y precisos al tiempo que aborda las dificultades señaladas en el informe.

La CECJ, como entidad de Comercio Justo y miembros de la Plataforma por Empresas Responsables, apoyamos el escrito de llamamiento a la Comisión Europea firmado por varias organizaciones y movimientos sociales y ecologistas europeos, ante nuestra preocupación por las posibles consecuencias en las personas y el planeta, de la llamada ley omnibus.

Esta propuesta, presentada el 8 de noviembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye su intención de enmendar tres pilares clave del Pacto Verde Europeo:  la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de Taxonomía.

Reproducimos el texto elaborado por las organizaciones sociales y remitido a la Comisión Europea:

Original, en inglés, con firmantes del texto.

Como miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, sindicatos y activistas climáticos, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que proteja activamente estas leyes de responsabilidad corporativa de la UE, reafirme el calendario oficial para su transposición e implementación, y sea completamente transparente sobre el proceso relacionado con la ley ómnibus.

La Unión Europea debe demostrar liderazgo en la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el clima, y prevenir más retrocesos en la responsabilidad corporativa. La creciente oposición al marco de sostenibilidad de la UE ocurre en un momento en que la rendición de cuentas de las empresas es crucial. Mientras algunas de las mayores empresas del mundo distribuyeron dividendos récord en 2023, sus inversiones están muy por debajo de lo necesario para avanzar hacia modelos empresariales sostenibles y resilientes. En todo el mundo, las empresas europeas, a través de sus complejas cadenas de suministro, siguen teniendo un impacto negativo en una amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos laborales, la protección contra el trabajo forzado y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y seguro.

A pesar de los claros llamamientos del Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, y de la Vicepresidenta Ejecutiva Teresa Ribera para proteger el legado del Pacto Verde Europeo –y el compromiso del Comisario de Justicia, Dermot McGrath, de “garantizar una implementación oportuna y efectiva” de la CSDDD durante su audiencia de confirmación como comisario–, la presidenta Ursula von der Leyen corre el riesgo de socavar protecciones clave al reabrir los expedientes con la ley ómnibus. Esto está generando una enorme incertidumbre para los países que ya han iniciado su proceso de transposición y recompensará a las empresas que no se han preparado para cumplir con estas legislaciones.

Una carrera hacia el mínimo estándar en las cadenas de valor aumentará la presión sobre la manufactura europea, además de provocar mayor explotación de las personas y causar daños ambientales en diversos países. Las empresas deben rendir cuentas por su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro.

Varios países fuera de la UE ya han introducido o están en proceso de introducir leyes de diligencia debida obligatoria en derechos humanos, o cuentan con legislación más específica relacionada con la esclavitud moderna o el trabajo infantil. Estos países incluyen: Reino Unido, Suiza, Noruega, Australia, Corea del Sur, México, Brasil, Japón y Canadá.

La Unión Europea se funda en los valores de democracia, igualdad, estado de derecho y respeto por los derechos humanos. Estos principios están consagrados en el Tratado de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La UE no debería deshacer los avances logrados con el Pacto Verde Europeo, sino fomentar una carrera hacia el liderazgo y proteger los derechos humanos, el medio ambiente y el clima; todo ello mientras ofrece a las partes interesadas igualdad de condiciones mediante expectativas claras, certeza jurídica y directrices oportunas y completas sobre la implementación.

No olvidemos la evaluación realizada por la anterior Comisión bajo la presidencia de Ursula von der Leyen: la competitividad de la UE radica en su capacidad para proporcionar un entorno regulatorio estable bajo el Pacto Verde Europeo, centrado en la sostenibilidad y la transición verde, demandas cada vez más exigidas por los consumidores globales.

Por lo tanto, instamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a:

• Mantener la legislación de responsabilidad corporativa de la UE, incluidas la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), la Directiva sobre Información corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de Taxonomía.
• Cumplir con el calendario actual para la transposición e implementación de estas leyes esenciales y proporcionar directrices claras y oportunas para su cumplimiento.
• Como una cuestión urgente, aclarar las intenciones de la Comisión y ser completamente transparente sobre el fundamento, alcance, calendario, proceso legislativo, evaluación de impacto y período de consulta relacionados con la propuesta ómnibus.

**Traducción al español de la declaración conjunta en inglés

Sesiones de formación de la Comisión Europea sobre contratación pública socialmente responsable para autoridades públicas y entidades de la economía social.
Solicitud de inscripciones abierta.

Participe en las sesiones de formación de la iniciativa “WeBuySocialEU” de la Comisión Europea en Barcelona el 19 de septiembre de 2024 o en Madrid el 2 de octubre de 2024.

La contratación pública socialmente responsable es una herramienta a disposición de los poderes públicos y de las Administraciones para que a la hora de adquirir bienes y servicios tengan en cuenta no sólo el  coste económico o precio, sino cómo se producen, se suministran o su procedencia y el beneficio social que generan.

La Comisión Europea organiza dos sesiones de formación dirigidas a autoridades públicas y representantes de empresas y entidades de la economía social en las que adquirir experiencia necesaria para ser un actor clave en la contratación pública socialmente responsable dentro de su organización.

Más información en el .pdf adjunto: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/07/WeBuySocialEU_SaveTheDate_SESIONES-FORMACION_ES_FINAL.pdf

Sesiones de formación de la Comisión Europea sobre contratación pública socialmente responsable para autoridades públicas y entidades de la economía social.
Solicitud de inscripciones abierta.

Participe en las sesiones de formación de la iniciativa “WeBuySocialEU” de la Comisión Europea en Barcelona el 19 de septiembre de 2024 o en Madrid el 2 de octubre de 2024.

La contratación pública socialmente responsable es una herramienta a disposición de los poderes públicos y de las Administraciones para que a la hora de adquirir bienes y servicios tengan en cuenta no sólo el  coste económico o precio, sino cómo se producen, se suministran o su procedencia y el beneficio social que generan.

La Comisión Europea organiza dos sesiones de formación dirigidas a autoridades públicas y representantes de empresas y entidades de la economía social en las que adquirir experiencia necesaria para ser un actor clave en la contratación pública socialmente responsable dentro de su organización.

Más información en el .pdf adjunto: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2024/07/WeBuySocialEU_SaveTheDate_SESIONES-FORMACION_ES_FINAL.pdf

El Balanç Social de la XES i la seva plataforma Ensenya el Cor han estat triats com a casos d’estudi en la recent publicació Measure, manage and maximise your impact: A guide for the social economy, elaborada per l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i la Comissió Europea. La publicació ofereix a iniciatives d’Economia Social i Solidària de tots els indrets del món un full de ruta sobre com mesurar el seu impacte social.

El mesurament i gestió de l’impacte social és una pràctica de molta utilitat per a l’ESS a tot el món per poder avaluar la seva contribució a la societat i l’assoliment dels seus objectius. En aquest sentit, la OCDE -a través del seu programa d’Economia Local i Desenvolupament d’Ocupació (LEED)- i la Comissió Europea s’han fixat en l’exemple de la XES i el seu Balanç Social per incloure’l a la publicació, concretament al bloc on es posen exemples de gestió del mesurament d’aquest impacte (capítol 4) on es descriu la plataforma de la XES Ensenya el Cor.

La guia s’ha fet pública aquest dilluns 15 d’abril en un webinar amb més de 300 participants i on ha participat fent una presentació al respecte una representació de la Comissió del Balanç Social, la comissió executiva que l’administra i el gestiona i on hi pot participar qualsevol sòcia de la XES. En aquesta sessió la XES ha pogut explicar a iniciatives de tot el món com funciona la seva plataforma del Balanç Social i els indicadors i estratègies que fa servir per mesurar l’impacte social.

El Balanç Social de la XES va tancar al desembre la campanya de 2023 i ja és a punt de llençar la de 2024. La darrera campanya es va tancar amb la participació de 273 organitzacions de l’Economia Social i Solidària catalana, que constata, de nou, amb un creixement quantitatiu de participació.

Podeu consultar la publicació sencera aquí.

Social impact measurement and management is a particularly helpful practice for social economy entities to understand their contribution to society and potentially improve the achievement of their mission. Impact areas that are particularly important for the social economy, such as economic prosperity and employment, social inclusion and well-being and community, are often the hardest to translate into quantitative metrics. Current social impact measurement and management practices are largely shaped by funders and for-profits with limited focus on the social economy. This guide offers a simple, straightforward approach for social economy entities to measure, manage and ultimately maximise their impact, and to prioritise the use of findings for strategic organisational learning and improvement.

Leer o descargar.

El proyecto base— Plan general para las capacidades avanzadas y la formación en la economía social (2022-2026) — es un proyecto de alianza seleccionado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. Reúne a un grupo diverso de partes interesadas clave, incluidas empresas, proveedores de educación y formación, instituciones de investigación, interlocutores sociales y expertos del sector, para abordar los desajustes de capacidades y ofrecer nuevas capacidades alineadas con los perfiles profesionales en el sector de la economía social (SE). A través de actividades sectoriales e intersectoriales dentro del entorno socioeconómico, los resultados y productos tendrán un efecto extenso y duradero para apoyar el ecosistema de proximidad y economía social.

Se presentaba en octubre la edición inaugural de ‘Social Economy Insider’, una extensión del proyecto base. Esta innovadora revista, co-creada a través de las contribuciones de una amplia gama de expertos y socios clave del proyecto, se dedica a descubrir las últimas tendencias en la economía social a escala europea.

Según se recoge en su web, ‘Social Economy Insider’ sirve como un portal para comprender los matices del desarrollo de habilidades, la inversión de impacto, el emprendimiento sostenible, el consumismo consciente y los modelos innovadores que priorizan tanto a las personas como al planeta. La revista ofrece una amplia gama de contenido, incluidos artículos, entrevistas perspicaces, estudios de casos convincentes y podcasts que ilustran vívidamente el inmenso potencial dentro del sector de la economía social. La misión es iluminar la intrincada interacción entre el progreso económico y el avance social, amplificando las voces de quienes se dedican a hacer un impacto significativo. El contenido está cuidadosamente cuidado para informar, inspirar e iniciar conversaciones significativas.

La visión de esta revista es convertirse en una plataforma independiente, abierta a todos los actores de la economía social para la presentación de artículos, podcasts, noticias y entrevistas. Es un espacio donde las partes interesadas de la economía social pueden compartir, participar y proporcionar una plataforma para que sus voces sean escuchadas. El contenido abarcará proyectos existentes y en curso, a la vez que presentará artículos originales y novedosos.

La edición inaugural, se publicó en octubre de 2023 y se centra en SKILLS. Los números siguientes se publicarán semestralmente.

Póngase en contacto con baseproject4skills@gmail.com para compartir sus ideas y únase para construir una voz más fuerte, innovadora y unificada para la economía social.

La reforma del Diseño del Mercado de la Electricidad (DME) propuesta por la Comisión de la UE (Comisión) representa una oportunidad fundamental para aclarar y mejorar los nuevos conceptos que se originaron en el Paquete de Energía Limpia, en particular el intercambio de energía, y para hacer que el mercado interno de la energía (MEI) más accesible para los ciudadanos de la UE. Sin embargo, quedan importantes interrogantes sobre si la DME resultante dará prioridad al enfoque correcto para sentar las bases de mercados energéticos descentralizados y garantizar la coherencia con la visión original de la UE de poner a los ciudadanos en el centro del sistema energético, donde puedan apropiarse de la energía. transición.

El DME necesita aclarar y mejorar las normas de la UE mediante las cuales los clientes activos y las comunidades energéticas pueden operar en segmentos específicos del MEI, incluida la producción, el suministro minorista y el intercambio de energía.

Unión Renovables participa en la acción de Rescoop para que la voz del cooperativismo energético se tenga en cuenta en el DME. Compartimos el documento de posición elaborado por REScoop  y que  describe recomendaciones clave  para los diálogos tripartitos sobre el diseño del mercado de la electricidad con el fin de lograr un mercado energético más democrático basado en el principio legal de igualdad de trato de la UE.

REScoop.eu-Position-Paper-on-the-Electricity-Market-Design-trilogue (español)

La Semana Europea de la Movilidad, de la que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico es coordinador nacional, es una campaña dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.

El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡El día sin coches!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.

Eficiencia Energética

El tema elegido por la Comisión Europea para la campaña de este año 2023 es “Eficiencia energética” y el lema para éste y los próximos años será «¡Combina y muévete!«

Para tratar este tema, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana celebran una jornada en formato presencial el día 21 de septiembre en la que, además, se entregarán los Premios Semana Española de la Movilidad Sostenible (Premios SEMS 2023). La Jornada se celebrará en el Salón de Actos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, situado en la Plaza de San Juan de la Cruz, Madrid.

Si quieren asistir de forma presencial, pueden inscribirse en el siguiente enlace (hasta completar aforo):

Enlace inscripción presencial Jornada

Más información, recursos y materiales en la web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Nos encontramos en unos meses y años cruciales para la economía social y, en particular, para las llamadas empresas sociales de inserción laboral, WISE por sus siglas en inglés. El principal objetivo de las WISE es la integración social y profesional de las personas con necesidades de apoyo[1], están en el centro del sistema económico y presentan una fuerte dimensión pedagógica. Se esfuerzan por conseguir formas de empleo más inclusivas e integradas en toda Europa.

En diciembre del año pasado, la Comisión Europea adoptó el Plan de Acción para la Economía Social (PAES), un documento que propone las medidas y políticas que adoptarán en los próximos años, hasta 2030, las instituciones de la UE para apoyar el desarrollo de las empresas de la economía social, y entre ellas las empresas de inserción.

ENSIE, la Red Europea de Empresas de Integración Social, y sus miembros, la red local y regional de WISEs[2], están especialmente contentos con el Plan de Acción, ya que reconoce claramente a la economía social y los diferentes actores económicos que la representan, incluyendo las EEII: «Las empresas sociales de integración laboral son un tipo común de empresas sociales en toda Europa. Están especializadas en ofrecer oportunidades de trabajo a personas desfavorecidas».

ENSIE y sus miembros están satisfechos también con la propuesta relativa a la posibilidad de revisar las ayudas estatales y el Reglamento general de exención por categorías[3] en lo que respecta a las ayudas a la contratación de trabajadores desfavorecidos o muy desfavorecidos. Esto es algo que han venido reclamando en los últimos años, ya que la legislación actual no satisface a los agentes sobre el terreno.

Otro punto importante para ENSIE y sus miembros es el renovado apoyo a la contratación pública socialmente responsable, con medidas propuestas para reforzar su desarrollo a nivel de la UE, con la organización de talleres de sensibilización en los Estados miembros. La contratación pública socialmente responsable es una palanca crucial para el desarrollo de las EEII a todos los niveles.

Otras propuestas importantes para las EEII en el Plan de Acción son: el llamamiento a los Estados miembros para que hagan un mejor uso de su margen de discrecionalidad a la hora de definir un servicio de interés económico general (SIEG); la publicación de orientaciones y la identificación de buenas prácticas en el ámbito de la fiscalidad, y la puesta en marcha de un nuevo Portal único de la Economía Social de la UE como punto de acceso claro para los agentes de la economía social, otros actores relevantes y las personas interesadas sobre financiación, políticas e iniciativas de la UE. Por último, ENSIE y sus miembros se complacen también en leer los anuncios que se refieren a la promoción de la economía social a nivel internacional y especialmente en los Balcanes Occidentales y los países de la Asociación Oriental. ENSIE es particularmente activa en aquellas áreas en las que la red intenta apoyar el desarrollo de las EEII. El apoyo de la Comisión Europea a través de acciones específicas será beneficioso.

El 14 de noviembre, la Comisión Europea puso en marcha el Itinerario de Transición para la Economía Social y de Proximidad, la primera acción lanzada en el marco del PAES. El objetivo de este itinerario de transición es permitir a los actores del ecosistema cumplir con la doble transición, verde y digital, y fomentar una economía más sostenible y resiliente en la UE. Los actores del sector deberían compartir ahora sus compromisos de acciones concretas para hacer realidad el ‘Transition Pathway’ y ENSIE está preparando actualmente sus propios compromisos.

Además, en los últimos meses ENSIE y sus miembros están trabajando intensamente en otra acción muy importante del Plan de Acción de la Economía Social: la Recomendación del Consejo sobre las condiciones marco para el desarrollo de la economía social. Esta Recomendación se aprobará en la segunda parte de 2023 y servirá como instrumento para que los gobiernos nacionales y las autoridades públicas modernicen la legislación y las políticas para promover la economía social. En este marco, ENSIE pidió un mayor reconocimiento de las EEII y el desarrollo de un marco legislativo que fomente dichas empresas.

Para influir en los debates, el viernes 18 de noviembre ENSIE organizó un evento presencial en Bruselas, en el Comité Económico y Social Europeo, titulado «Ser una WISE en 2022». La primera parte del evento se dedicó a la presentación de los primeros resultados del proyecto B-WISE, un proyecto Erasmus +, en el que ENSIE es colíder con EASPD. El objetivo del proyecto es desarrollar una estrategia europea para abordar las necesidades de competencias, y en particular las digitales, en el sector WISE. El evento tenía como objetivo presentar los resultados del primer informe elaborado en el marco del proyecto, en el que se hace un balance de la situación de los WISE en Europa y se identifican las tendencias y los retos del sector. Este informe es crucial, ya que permite a ENSIE y a sus socios tener una imagen clara de las EEII y de su trabajo en toda la UE.

La segunda parte del evento consistió en la entrega del Premio ENSIE WISE Manager. A través de este premio, ENSIE reconoce cada año el trabajo realizado por los WISEs en toda Europa. Este año, al celebrarse el Año de la Juventud de la UE, la atención se centró en empresas que trabajan muy duro para ofrecer oportunidades a los jóvenes desfavorecidos, contratándolos y apoyándolos en su camino de integración. El ganador de este año fue Rambler Studio, de los Países Bajos, una plataforma de moda que propone el programa «Diseña tu vida» para jóvenes que a menudo viven en la calle, y que les permite, a través de la moda, (re)integrarse en la sociedad. Otro finalista fue CookLook, de Croacia, una WISE que apoya la integración en el mercado laboral de jóvenes con discapacidades, permitiéndoles formarse para entrar en el sector de la hostelería. Y el último finalista fue Floare de Cires, de Moldavia, una empresa de restauración que emplea a personas desfavorecidas y las forma. ENSIE se sintió muy orgullosa de estos tres finalistas, que muestran la labor de las WISE y las posibilidades que ofrecen a las personas más desfavorecidas de Europa.

La parte final del evento fue un intercambio con la Comisión Europea y otros agentes de la economía social en relación con la futura acción clave: la recomendación del Consejo. Junto con el grupo de trabajo de economía social de la Plataforma Social, ENSIE presentó una posición conjunta y le siguieron algunas reacciones de otros actores importantes como Social Economy Europe.

El escenario está preparado para que en los próximos meses y años se produzcan ambiciones muy interesantes en torno a la economía social y las EEII. ENSIE y sus miembros quieren dar voz a los trabajadores a los que representan, y saben muy bien que esas ambiciones sólo pueden alcanzarse trabajando juntos y en asociación. ¡Juntos más fuertes!

——

[1] Este término incluye a los trabajadores desfavorecidos, a los trabajadores gravemente desfavorecidos y a los trabajadores con discapacidad, tal y como se definen en el art. 2 Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto pertinente a efectos del EEA

[2] ENSIE es la Red Europea de Empresas Sociales de Integración Laboral. Reúne a 31 redes locales, regionales y nacionales de 21 países de la UE (Alemania, Austria, Bélgica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, España, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía), así como de Azerbaiyán, Moldavia, Serbia y Ucrania (www.ensie.org).

[3] Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado Texto con relevancia para el EEA.

Ecologistas en Acción organiza una jornadas sobre el marco fiscal y su relación con la crisis climática para dar a conocer y entender en profundidad la propuesta de la Comisión, escuchar las propuestas que hacen las organizaciones de la sociedad civil y debatir, junto a representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Digitalización, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Esperamos veros por allí y que sea el principio de una movilización social que impulse un cambio de rumbo en la política económica.

Puedes conocer mejor el contexto de las jornadas con la lectura de este artículo en El Salto Diario: Por qué la reforma del marco fiscal europeo influirá en tu vida.

Reforma del marco fiscal europeo: un marco fiscal contra las desigualdades y la crisis climática.

30 de noviembre 2022
Ateneo La Maliciosa
C/Peñuelas, 12 – 28005 Madrid
18:30 – 20:00 Mesa de debate con:

• Isabelle Brachet (CAN-Europe).
• Ludovic Suttor-Sorel (Finance Watch).
• Ana Sagaseta Responsable de Ciudadanía y fiscalidad de Oxfam Intermón.
• Nicola Scherer, Investigadora de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
• Carlos Sánchez Mato (Profesor de Economía, Concejal en Madrid de 2015 a 2019 y Delegado de Economía y Hacienda de 2015 a 2017).
• Modera: Yago Álvarez, Economista y redactor de El Salto.

Inscripciones en este enlace.

¿Cómo apoyar una transición justa en el Estado español y en Europa?

El 1 de diciembre de 10:00 a 12:00 en la Oficina de la Comisión Europea de Madrid (Paseo de la Castellana, 46).

10:00 Bienvenida – Dª. María de los Ángeles Benítez Salas | Directora de la Representación de la Comisión Europea en España.

A continuación, mesa de debate con:

• Las actuales reglas fiscales de la UE y sus implicaciones para España.
  Carlos Cuerpo Caballero | Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional.
• Líneas generales de la reforma del marco fiscal propuesta por la Comisión Europea.
  Marco Buti | Jefe de gabinete del Comisario de Asuntos Económicos, Comisión Europea, Paolo Gentiloni .
• ¿Por qué debemos tener el cambio climático en cuenta en la reforma fiscal europea?
  Ludovic Suttor-Sorel | Research and Advocacy Officer de Finance Watch
  Isabelle Brachet | Coordinadora de reforma fiscal de CAN Europe.
• Las reglas fiscales que necesita nuestra sociedad.
  Nicola Scherer | Investigadora de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
• Trabajo, derechos laborales y reforma fiscal. Maria Nikolopoulou | Consejera de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo -CESE.

11:00 – 11:30 Debate abierto.

Modera Nuria Blázquez | Responsable de internacional de Ecologistas en Acción.

11:30- 12:30 Café y networking.

Imprescinble incripción en este  formulario.

La Comisión Europea presentó el pasado 23 de febrero la propuesta de directiva que regulará el respeto a los derechos humanos y medioambientales por parte de las empresas en sus actividades dentro y fuera de las fronteras de la UE. Es la llamada directiva sobre Debida Diligencia Corporativa Sostenible.

Ante este texto, las organizaciones de Comercio Justo a nivel internacional como Fair Trade Advocacy Oficce y también la Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que la CECJ somos miembros, han hecho su análisis y valoración.

En líneas generales, las organizaciones destacan que la propuesta significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, pero señalan importantes carencias que pueden limitar su alcance.

Por un lado, el movimiento de Comercio Justo ha celebrado que el texto reconozca la importancia de abordar los retos existentes en las fases iniciales, lo cual es fundamental dado que los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente son mayores al principio de la cadena.

Un aspecto que ha sido señalado como positivo por el movimiento de Comercio Justo es que la directiva se refiere de manera explícita a las decisiones de compra y la fijación de precios, como una de las principales razones de la violación de los derechos humanos. En este sentido Sergi Corbalán, director ejecutivo de FTAO, ha declarado: «las prácticas de compra abusivas y los bajos precios que no permiten a los agricultores/as y trabajadores/as contar con salarios e ingresos dignos son algunas de las causas fundamentales de muchas violaciones de los derechos humanos«. Corbalán ha valorado que la propuesta reconozca la prohibición de impedir un salario digno.

El texto destaca los retos específicos a los que se enfrentan las pequeñas organizaciones agrícolas. En este sentido, Konstantina Geroulakou ha comentado: «Las pequeñas organizaciones agrícolas y sus trabajadores/as son los colectivos que se encuentran en la situación más vulnerable en las cadenas de suministro globales«. Asimismo, ha destacado la importancia de evitar que las empresas de la UE abandonen a sus proveedores en las regiones de alto riesgo (la llamada conducta de «cortar y correr») y ha añadido que «la Unión Europea tiene que asegurarse de que las empresas adopten una estrategia ascendente y sitúen a los titulares de derechos en el centro del proceso de diligencia debida«.

La propuesta legislativa de la Comisión establece que las empresas podrían responsabilizarse de los daños cometidos por sus subsidiarias, subcontratistas y/o proveedores dentro o fuera de sus fronteras. Asimismo, las víctimas de estas vulneraciones de derechos podrían presentar denuncias ante juzgados de la Unión Europea. Este hecho constituye un paso importante que instaura el derecho al remedio para las víctimas de malas prácticas corporativas.

Sin embargo, hay una laguna peligrosa que pone en riesgo la eficacia de la ley a la hora de evitar daños más allá del primer eslabón de la cadena de suministro y que podría impedir que las víctimas puedan hacer responsables a las empresas. El borrador abre la posibilidad a que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones añadiendo ciertas cláusulas en sus contratos con suministradores, transfiriendo el proceso de verificación a terceras partes. Las organizaciones de Comercio Justo y de la PER entendemos que las empresas no deberían poder trasladar sus responsabilidades a sus suministradores, o eludir las consecuencias del daño participando en planes sectoriales de naturaleza voluntaria. En este sentido, entendemos que los Sistemas Voluntarios de Sostenibilidad existentes pueden desempeñar un papel importante en la aplicación de la directiva y ayudar a abordar las causas fundamentales, no deben sustituir la obligación de diligencia debida y la responsabilidad de que sus cadenas de suministro están libres de infracciones.

Así, las organizaciones sociales reclaman un régimen más fuerte e inclusivo, especialmente cuando las violaciones se producen sin relación contractual directa con el comprador, pero en circunstancias que podrían haberse evitado o mitigado si se hubiera realizado una diligencia debida exhaustiva.

Una directiva que solo se aplicaría al 0’2% de la empresas

El borrador de directiva propone que las empresas de la Unión Europea que cuentan con más de 500 empleados/as y una facturación de 150 millones de euros, estén obligadas a establecer medidas específicas para evitar los abusos de derechos humanos y medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro, por medio de la llamada “debida diligencia”. En sectores con un mayor riesgo, como el agrícola y el textil, la propuesta de directiva señala que la norma se aplique a empresas con más de 250 empleados/as y una facturación de 40 millones de euros. Las PYME quedarían exentas, junto con las empresas de países no pertenecientes a la UE que operan en el mercado único y que sobrepasen estos umbrales.

Esta limitación implica que la propuesta legislativa solo afectaría al 0,2% de las empresas de la Unión Europea. Incluso en los sectores de alto riesgo reconocidos por la Directiva, la mayoría de las empresas que plantean riesgos reales y potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente no estarían cubiertas.

Medidas para limitar el cambio climático

La propuesta legislativa prevé que las empresas adopten un plan de acción para garantizar que su modelo y estrategia de negocio sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C establecido en los Acuerdos de París.

Sin embargo, la propuesta no prevé consecuencias específicas por los incumplimientos de esta obligación.

Lagunas en la reparación de las víctimas

Otra de las principales lagunas del texto es la referida a la eliminación de las barreras legales que impiden a las víctimas llevar ante la justicia los casos de abusos empresariales que se producen fuera del suelo europeo, debido entre otras razones a los elevados costes, la brevedad del plazo de prescripción, el acceso limitado a las pruebas, la limitada capacidad legal y una carga de la prueba desproporcionada.

En relación a este aspecto, la directora de ECCJ Claudia Saller afirmó: “El borrador de la Comisión promete un nuevo camino a la justicia y la compensación para los trabajadores, trabajadoras y comunidades explotadas, traumatizadas y heridas. Pero ignora los impedimentos legales importantes que hacen que los juicios resulten costosos, largos y complicados. Por eso la futura ley debe tener un enfoque basado en las víctimas. Si la ley no facilita que las víctimas puedan responsabilizar a las empresas, entonces probablemente no traerá grandes cambios. Y esta falta de responsabilidad perpetuará algunos de los problemas más acuciantes en el mundo de hoy, como el trabajo infantil, la contaminación y la destrucción de la naturaleza”.

Del 16 al 22 de septiembre se celebra la Semana Europea de la Movilidad. La campaña de este año está de nuevo dirigida a sensibilizar, tanto a los responsables políticos como a los ciudadanos, sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional del coche en la ciudad, tanto para la salud pública como para el medio ambiente, y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta y los desplazamientos a pie.

Está iniciativa surgió en Europa en 1999 y a partir del año 2000 contó con el apoyo de la Comisión Europea. Se celebra cada año, del 16 al 22 de septiembre, realizando actividades para promocionar la movilidad sostenible y fomentando el desarrollo de buenas prácticas y medidas permanentes.

El 22 de septiembre se celebra además el evento ¡El día sin coches!, origen de esta iniciativa europea, que pretende encontrar nuevas soluciones a los problemas asociados al aumento del tráfico en las ciudades.

La Coordinadora Española de Comercio Justo se ha sumado a la iniciativa «Cambia las reglas del juego. Exige responsabilidades a las empresas» promovida por varias organizaciones europeas (Cámara Federal de Trabajo de Austria, Federación de Sindicatos de Austria, Coalición Europea por la Justicia Empresarial, Confederación Europea de Sindicatos, Amigos de la Tierra Europa). El objetivo de la campaña es apoyar el desarrollo de una normativa europea que garantice la debida diligencia de las empresas dentro y fuera de las fronteras europeas.

Actualmente, la Comisión Europea está preparada para considerar el desarrollo de una nueva ley que responsabilice a las empresas por sus impactos sobre las personas y el planeta. Estas reglas sobre debida diligencia en materia de derechos humanos y medio ambiente debería ser vinculante, es decir, debería exigir que todas las empresas de todos los sectores (agroindustria, textil, electrónica…) establezcan políticas efectivas para garantizar que los derechos humanos y el medio ambiente no se vean perjudicados en sus operaciones y en sus cadenas de fabricación y suministro en todo el mundo.

Previamente la Comisión Europea ha lanzado una consulta pública a la ciudadanía para conocer la opinión de ésta sobre cómo diseñar nuevas reglas de debida diligencia empresarial que exigirían responsabilidades a las empresas. El plazo de esta consulta finaliza el 8 de febrero.

Las propuestas de la iniciativa son las siguientes:

• Las empresas deben estar obligadas a respetar los derechos humanos y el medio ambiente, en sus actividades propias, por medio de sus filiales y a lo largo de su cadena de valor global, incluidos proveedores y subcontratistas. Es por ello que la UE debe presentar una legislación europea vinculante sobre debida diligencia empresarial.
• La UE también debería participar de forma constructiva en las negociaciones para un Tratado de la ONU sobre Empresas y Derechos Humanos ambicioso.
• Las empresas deben ser responsables en caso de abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente, incluidos abusos contra los derechos laborales y sindicales, en sus operaciones o cadenas de valor (sin perjuicio de la regulación existente sobre responsabilidad en el marco de la subcontratación y la cadena de suministro).
• La legislación de la UE debería empoderar a las víctimas y sus representantes, incluidos los sindicatos y las ONG, para combatir los abusos contra los derechos humanos. Debería garantizar la plena participación de los sindicatos y los representantes de los trabajadores a lo largo de todo el proceso de debida diligencia, así como la consulta (y, en su caso, el consentimiento) de todas las partes interesadas pertinentes.
• Los gobiernos deben establecer mecanismos de cumplimiento sólidos, con sanciones efectivas, para asegurar que las empresas obedezcan la ley.
• Las víctimas de abusos empresariales deben tener acceso a los tribunales en su propio país y en el país donde la empresa matriz o principal tiene su sede u opera – y las reglas del juego (judicial) deben ser más justas para las víctimas.

Se ha habilitado una recogida de firmas para pedir a la Comisión Europea que cambie las reglas de juego. Si tú también estás de acuerdo en la necesidad de una normativa que exija a las empresas el respeto a los Derechos Humanos y la protección del medio ambiente, firma aquí antes del 8 de febrero de 2021.