La última revisión del primer criterio del modelo de Ciudad por el Comercio Justo, correspondiente al trienio 2022-2024, permitió conocer cómo ha progresado el compromiso de las localidades con una contratación pública coherente con las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y el Comercio Justo, es decir, con la compra pública ética.

La campaña, iniciada en 2006, ha movilizado a los agentes locales, como ONGD, asociaciones y tiendas de Comercio Justo, para reclamar, especialmente a ayuntamientos y universidades, que incorporen criterios éticos de Comercio Justo en sus compras y contratos. Básicamente, el objetivo ha sido siempre que el Comercio Justo estuviera presente en el día a día de la actividad y los servicios públicos, facilitando que la ciudadanía pudiera acceder a sus productos y que las propias instituciones fueran un ejemplo de consumo responsable. Cafeterías y cantinas municipales y universitarias, servicios de catering en eventos o máquinas expendedoras han sido algunos de los escenarios en los que se han materializado estas experiencias.

En función de su población, las Ciudades por el Comercio Justo deben acreditar un número mínimo de contratos o concesiones que hayan requerido la publicación de un pliego de licitación que contemple, al menos, un criterio de Comercio Justo durante el periodo de referencia. Cuanta más población tenga una localidad, mayor será el número de contrataciones públicas que deberá acreditar.

Desde la aprobación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, en 2017, la compra pública ética no ha sido solo una posibilidad, sino también un mandato. Esta normativa tiene por objeto aplicar criterios sociales y ambientales en toda la contratación pública. En este contexto, las Ciudades por el Comercio Justo han contribuido a demostrar que era posible aplicar criterios éticos de Comercio Justo en los contratos de sus ayuntamientos, universidades y diputaciones provinciales. Pero ¿qué nos dice esta última revisión del programa? ¿Ha progresado la compra pública ética gracias a la ley y a la incidencia política realizada ante las entidades públicas locales?

A la luz de esta revisión, la respuesta es agridulce. Aunque la práctica totalidad de las ciudades adheridas a la campaña ha mantenido su compromiso con la compra pública ética, la mayoría ha aplicado criterios de Comercio Justo con poco impacto y, en ocasiones, con poca o nula eficacia. El aspecto positivo es que el Comercio Justo sigue estando presente en la contratación pública de los municipios. Esto no es baladí. El Comercio Justo ha permeado unas formas de entender la contratación pública que, en ocasiones, se han mostrado escépticas e inflexibles. No ha sido fácil que los criterios sociales y ambientales tengan cabida en estos procesos, tradicionalmente más centrados en las garantías jurídicas y legales que en aprovechar su impacto positivo sobre la sociedad. Ha sido una reivindicación de años que, finalmente, fue respaldada por la jurisprudencia y, posteriormente, incluida en la legislación.

En todo caso, la aplicación de los criterios ha sido irregular durante todo el recorrido de la campaña. Esta evaluación refleja una falta de impulso y liderazgo por parte de los ayuntamientos. Una gran parte de ellos ha acreditado únicamente haber valorado de forma positiva que las entidades licitadoras incluyeran productos de Comercio Justo en sus ofertas, con puntuaciones que no han superado los 6 puntos sobre 100. Esto resta eficacia a los criterios de Comercio Justo, ya que la entidad adjudicataria no tiene por qué ser necesariamente la que haya ofrecido o se haya comprometido a utilizar este tipo de productos.

Otra cláusula ética poco eficaz consiste en aplicar como criterio de desempate que la entidad adjudicataria esté acreditada como Organización de Comercio Justo. Es poco probable que se produzca un empate y aún menos que una de las organizaciones que haya presentado una oferta y se encuentre en esa situación sea una entidad de Comercio Justo. Como se ha mencionado, el impacto que pretende conseguir la campaña es promover el consumo responsable entre la ciudadanía y garantizar unas condiciones de vida y trabajo dignas para las comunidades productoras del Sur Global. Este objetivo solo puede alcanzarse mediante criterios que exijan el uso de productos de Comercio Justo en los contratos públicos, como café, azúcar, té o cacao, entre otros.

Algunas ciudades han justificado la adjudicación de contratos en los que el uso de productos de Comercio Justo era obligatorio, al aplicarlo como condición especial de ejecución. Con ello, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades públicas no solo garantizan el impacto del criterio, sino también su eficacia. Entre las experiencias destacadas se encuentran:

• El uso obligatorio de café 100 % de Comercio Justo en las máquinas de vending de la Universidad de Córdoba.
• El uso de café de Comercio Justo en el servicio de comedores colectivos y cafeterías del Ayuntamiento de Zaragoza.
• La coordinación impulsada en Castellón de la Plana para aplicar criterios de Comercio Justo entre diferentes entidades públicas con actividad en el municipio, como el ayuntamiento, la diputación, la Universitat Jaume I y la Generalitat Valenciana.

En conclusión, es necesario seguir impulsando la compra pública ética, especialmente en un contexto internacional marcado por la degradación ambiental y el aumento de la desigualdad social.

El principal reto de la campaña debe ser conseguir que el Comercio Justo esté presente en todos los contratos públicos en los que sea posible incorporarlo.

Las cantinas, comedores y cafeterías ubicadas en centros públicos, municipales o universitarios deberían ofrecer productos de Comercio Justo como café, cacao instantáneo, chocolate, azúcar o té. Se debería garantizar que, al menos, uno de estos productos fuera de Comercio Justo. Siempre que sea posible, la oferta debería priorizar estos productos, en lugar de presentarlos únicamente como una alternativa o un complemento. Este reto también es aplicable a las máquinas expendedoras y a los servicios de suministro de alimentos, donde debería existir siempre una gama de productos de Comercio Justo.

Asimismo, como línea de innovación, se echa en falta una mayor apuesta por el textil de Comercio Justo. Parte de las prendas que componen los uniformes de trabajo del personal de distintos servicios municipales, como jardinería, transporte urbano o extinción de incendios, podrían incorporar productos de Comercio Justo. Por ejemplo, podrían adquirirse camisetas de algodón de Comercio Justo como parte de estos uniformes. No es difícil: solo hace falta voluntad política para apostar de forma decidida por el Comercio Justo.

Por último, también deberían mejorarse los sistemas de seguimiento de la ejecución de los criterios de Comercio Justo. Es necesario aplicar medidas y herramientas que permitan a los órganos responsables de la ejecución de los contratos controlar que estos criterios se cumplen realmente. Esto implica comprobar, por ejemplo, que el café que se dispensa es de Comercio Justo o que una camiseta de algodón suministrada como parte de un uniforme de trabajo cuenta con la correspondiente certificación de Comercio Justo.

Sin lugar a dudas, es el momento de apostar por una compra pública ética que contribuya a construir unas relaciones comerciales internacionales basadas en el respeto de los derechos humanos y laborales de las comunidades productoras y trabajadoras del Sur Global. La solidaridad global es el camino.

El Primer Encuentro Autonómico de Ciudades por el Comercio Justo en la Comunidad Valenciana, bajo el lema «Conectando municipios por el Comercio Justo», reunirá el próximo 5 de marzo de 2026 a representantes de administraciones públicas, universidades, entidades sociales y agentes locales comprometidos con un modelo de consumo y producción más justo, responsable y sostenible.

Organizado por IDEAS y Solidaridad Internacional País Valenciano, con la colaboración de la Coordinadora Valenciana de ONGD, la Generalitat Valenciana, el Ayuntamiento de València y la Universidad de Valencia. Este encuentro se enmarca en la Campaña Internacional de Ciudades por el Comercio Justo, un movimiento global que agrupa a más de 2.000 municipios en todo el mundo.

Queremos compartir e impulsar la campaña de Ciudades por el Comercio Justo en la Comunidad Valenciana. Este encuentro será un espacio de intercambio de experiencias, aprendizaje colectivo y generación de sinergias entre los diferentes actores que trabajan en el territorio a favor de modelos de consumo y producción que ponen en el centro a las personas y al medio ambiente.

Formar parte de la campaña supone apoyar y mantener el compromiso para conseguir estos 5 criterios:

1. Aprobar una resolución favorable al Comercio Justo y al consumo de este tipo de productos por parte del Ayuntamiento.
2. Ofrecer productos de Comercio Justo en cafés, restaurantes y tiendas de la ciudad.
3. Compromiso del sector privado, comunidad educativa y organizaciones sociales introduciendo este tipo de productos en su consumo interno.
4. Comunicación y sensibilización a la ciudadanía.
5. Creación de un grupo de trabajo local que coordine el programa.

En España, más de veinte municipios, entre ellos Sagunto, Orihuela, Castelló de la Plana y València, forman parte activa de esta red global.

El encuentro busca reforzar la red valenciana de Ciudades por el Comercio Justo, tomando como referencia las experiencias consolidadas de los municipios de Castelló de la Plana, Sagunto, Orihuela y València, que ya forman parte activa de la campaña y cuentan con grupos locales de trabajo, iniciativas de compra pública ética y actividades de sensibilización ciudadana.

Hablaremos, entre otros temas, de cómo implicarse en la campaña, de los retos del contexto económico y social actual para fortalecer el compromiso local con el Comercio Justo, de las sinergias con el mundo rural y del papel fundamental de las administraciones públicas en la promoción de prácticas de Compra Pública Ética.

5 de marzo de 2026 |  9:00 – 14:00 h
Colegio Mayor Rector Peset – Universitat de València

Programa

09:00 – 09:30
Inscripción de participantes y entrega de materiales.

09:30 – 10:20
Bienvenida e inauguración institucional.
Participan: Solidaridad Internacional País Valenciano (SIPV), Generalitat Valenciana, Ayuntamiento de València, Coordinadora Valenciana de ONGDS e IDEAS.

10:20 – 11:00
Ciudades por el Comercio Justo: una red global de más de 2.000 municipios.
Ponencias sobre el enfoque internacional y local de la campaña, experiencias en América Latina y el modelo europeo.

11:00 – 11:45
Mesa: Impacto de la campaña global en las comunidades productoras del Sur Global.
Participación de cooperativas productoras de Ecuador, Honduras y El Salvador.

11:45 – 12:15
Pausa café.

12:15 – 12:45
Claves e impacto de la Contratación Pública Ética.
Compra pública responsable y presentación de la Guía de Compra Pública Responsable de la Universitat de València.

12:45 – 13:45
Mesa: Experiencias y buenas prácticas municipales.
Casos de Sagunto, Castelló y València sobre gestión pública sostenible y Comercio Justo.

13:45 – 14:00
Evaluación participativa y clausura.

Un espacio para inspirar, conectar y actuar

Este primer encuentro autonómico pretende ser un punto de inflexión para fortalecer el compromiso con el Comercio Justo en la Comunidad Valenciana, y ampliar la red de municipios adheridos.

Objetivos del encuentro

• Dar a conocer y conectar a los municipios valencianos comprometidos con el Comercio Justo.
• Impulsar la Campaña de Ciudades por el Comercio Justo en nuevos municipios, fortaleciendo la red territorial e intercambiando experiencias y buenas prácticas.
• Reforzar el compromiso institucional de las administraciones públicas, universidades y organizaciones sociales en la promoción del Comercio Justo y el consumo responsable.

A quién está dirigido

• A todas las personas interesadas en impulsar el Comercio Justo en su comunidad.
• A representantes y personal técnico de las Administraciones Públicas que quieren apoyar modelos de Consumo Responsable en sus localidades.
• A miembros y entidades de las ONGDS valencianas que quieran enredarse con otros actores.
• Universidades valencianas que quieran aprender y compartir experiencias educativas a favor de modelos de desarrollo más humanos y sostenibles.

¿Te apuntas?

Inscripciones abiertas a través del siguiente enlace

Más información en esta noticia

Edición: I

Créditos: 3 ECTS

Horas presenciales: 30

Importe: 165 €

Fechas: 15 de septiembre de 2025 a 6 de octubre de 2025

Matrícula: 10 de junio de 2025 – 8 de septiembre de 2025 ambos incluídos

Modalidad: presencial

Lugar de impartición: Edificio Sa Riera

Contenidos

IDEAS lanza un nuevo curso de formación online para entidades públicas, privadas y entidades de economía social, totalmente actualizado y gratuito: “La compra pública ética como política de desarrollo sostenible: inclusión de cláusulas éticas y de Comercio Justo en los contratos públicos”.

Este nuevo curso, que se impartirá en dos ediciones online en febrero y marzo de 2022, tiene el objetivo de formar y capacitar al personal técnico y político para facilitar la implementación de una política de contratación pública responsable, que considere criterios sociales y éticos para contribuir al Desarrollo Sostenible. Las plazas son limitadas y el periodo de inscripción ya está abierto. Puedes inscribirte aquí

IDEAS es una de las organizaciones pioneras en el Comercio Justo y la Economía Solidaria en España, con amplia experiencia en consumo responsable y en el desarrollo de acciones de investigación, formación y sensibilización. Desde 2004 IDEAS coordina a nivel estatal el proyecto europeo Public Affairs (Compra Pública Ética) que tiene como objetivo fomentar la inserción de criterios de sociales y de Comercio Justo en la contratación pública. Desde entonces, IDEAS se ha convertido en un referente en compra pública responsable, desarrollando labores de consultoría técnica y contribuyendo eficazmente a que numerosas administraciones locales, regionales y la Administración General del Estado integren criterios responsables en su contratación.

Más información: https://ideas.coop/curso-online-para-entidades-publicas/ 
Inscripciones: https://forms.office.com/r/FjH0ei22Wr 
Información y contacto: comprapublicaetica@ideas.coop

Una de las líneas de trabajo del Ekonopolo es impulsar políticas públicas -particularmente en el Ayuntamiento de Bilbao- alineadas con las propuestas de la economía social y solidaria. Una de ellas es el desarrollo de una política y una práctica de Compra Pública Responsable (CPR), como un instrumento de promoción de la cohesión social y de una economía local más equitativa, inclusiva y sostenible.

La incorporación de criterios sociales y ambientales en los procesos de contratación abre un espacio de oportunidad con un enorme potencial para orientar su impacto positivo, fomentar la responsabilidad pública y promover la innovación y eficiencia de la compra pública.

Con este fin, los pasados 14 y 19 de octubre se celebraron sendos talleres formativos en los que participaron alrededor de 40 personas de diferentes áreas y organismos municipales, en los que se presentaron las posibilidades y oportunidades que existen en este ámbito, contando para ello con el jurista y experto en la materia Santiago Lesmes.

En la apertura del primer taller, Xabier Ochandiano, Concejal de Desarrollo Económico, Comercio y Empleo en Ayuntamiento de Bilbao, señaló algunos pasos dados en esta materia como el acuerdo de reserva de mercado para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social o la participación en la red de ciudades por el comercio justo y resaltó, asimismo, la importancia de dar nuevos pasos en el impulso de la CPR en el conjunto de las áreas y organismos municipales.

En este enlace puedes acceder a la inscripción y aquí al Programa completo

La Contratación Pública Responsable se refiere a los contratos públicos que introducen criterios éticos relativos al cumplimiento de convenciones internacionales y estándares sobre condiciones laborales dignas, salarios mínimos, derechos de los trabajadores, así como criterios ambientales y sociales, como la apuesta por la igualdad de género o la conciliación laboral. En este ámbito, el sector público tiene un papel de vital importancia ya que las compras y contrataciones públicas representan alrededor del 18,5% del PIB en España, por tanto, las decisiones que se toman en compra pública tienen un impacto social y ambiental de gran influencia en las formas de producción y la gestión empresarial.

En los últimos años, a raíz de la publicación de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, incorporó importantes novedades. Gracias a ella se han seguido implementando esta contratación pública responsable y las entidades del sector público, en su papel como consumidoras, consideran criterios de tipo social, ambiental y de Comercio Justo en sus procesos de contratación, con exitosos resultados. Sin embargo, queda mucho camino por recorrer y hay muchos pasos que aún se pueden dar para garantizar el éxito de esta apuesta política por el desarrollo basado en objetivos sociales, para conseguir que dichas contrataciones se lleven a cabo de forma responsable y respetuosa con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. La normativa actual ofrece muchísimas posibilidades de incorporar estos criterios sostenibles en los contratos públicos, pero, para ello, hay que conocer las opciones y para ello es esencial contar con toda la información disponible.

IDEAS es una de las organizaciones pioneras en el Comercio Justo y la Economía Solidaria en España, con décadas de experiencia en consumo responsable y en el desarrollo de acciones de investigación, formación y sensibilización a entidades públicas y privadas. Desde 2004 IDEAS coordina a nivel estatal el proyecto europeo Public Affairs (Compra Pública Ética) que tiene como objetivo fomentar la inserción de criterios de sociales y de Comercio Justo en la contratación pública y se ha convertido en referente en compra pública responsable, participando activamente en los foros competentes, formando parte de comités de expertos y llevando a cabo importantes labores de asesoría y consultoría técnica que han contribuido eficazmente a que numerosas administraciones locales, regionales y la Administración General del Estado empiecen a integrar criterios de compra responsable en sus procesos de contratación.

Los próximos 11 y 18 de noviembre tendrás lugar unas jornadas dirigidas al personal responsable de compras de las diferentes entidades del sector público, así como a empresas y entidades del tercer sector y la economía social interesadas en conocer y profundizar en el conocimiento de contratación pública responsable, que considere criterios sociales, ambientales y de Comercio Justo para favorecer el desarrollo sostenible. En ellas se profundizará en cómo la compra pública es una eficaz herramienta de desarrollo social, a la vez que se compartirán las prácticas que se llevan a cabo en diversas corporaciones para conseguir esta compra responsable, planteando las fortalezas conseguidas y los retos que hay que afrontar. Plantearán también un espacio de puesta en común entre las entidades públicas con empresas y organizaciones licitadoras, en las que compartir experiencias de ambas partes.

En este enlace puedes acceder a más información sobre las jornadas

Los días 10 y 11 de diciembre de 9 h a 12.30 h tendrán lugar, en formato virtual, las III Jornadas sobre compra pública socialmente responsable, coorganizadas por La Coordi y el grupo de Compra Pública Socialmente Responsable en que administraciones públicas y organizaciones por la justicia global trabajan juntas en Catalunya.

Esta edición que lleva el lema «Administraciones públicas, Universidades y Sociedad Civil avanzando juntas para la coherencia de políticas de respeto a los derechos humanos», tiene el objetivo de impulsar la contratación pública como pieza clave para promover una producción y un consumo sostenibles, respetuosos con los derechos de las personas y del planeta. Este año además quieren reforzar su vínculo con la comunidad universitaria para tejer alianzas con este objetivo común, e interpelar así a las instituciones públicas pero también a las empresas que son parte de todo este engranaje.

Las jornadas contarán con un espacio formativo que abordará sectores como la electrónica, la alimentación y la salud, y darán a conocer avances en el ámbito internacional y nacional en los instrumentos para mejorar la transparencia y la sistematización de las vulneraciones de derechos humanos, así como otras buenas prácticas. Se puede consultar el programa completo aquí.

Por motivos organizativos, se ruega inscripción en el siguiente enlace.

Sindicatos agrarios proponen como una salida para el campo en Cantabria que el sector produzca «otro tipo» de alimentos a los habituales para comercializarlos a través de la venta directa o de la compra pública del sector público. Así lo han expuesto en una rueda de prensa en Santander representantes de UGAM y COAG durante la presentación en Cantabria de la campaña ‘Cortocircuito‘, de VSF Justicia Alimentaria Global para pedir a las Administraciones Públicas que impulsen la compra de alimentos «de proximidad» para alcanzar un modelo agroalimentario más justo y sostenible».

El secretario general de UGAM-COAG, Gaspar Anabitarte, ha opinado que en Cantabria «todavía hay una gran labor por hacer» pues tiene un sector agrario «excesivamente centrado» en la ganadería, en las vacas concretamente. Considera que en estos momentos de crisis, y con el marco europeo actual y la nueva Política Agraria Común (PAC) que se va a aprobar este miércoles que hará que el futuro del sector quede «muy limitado», es una «magnífica oportunidad para Cantabria» iniciar la producción de alimentos diferentes que están «a su alcance» y «perfectamente» puede producirlos el sector regional con una «calidad excepcional» pero en los que, por «cuestiones culturales o de tradición», no se han centrado o los ha abandonado. De esa manera, el sector en Cantabria podría evitar lo que, a su juicio va a pasar si se continúa así: que el sector «vaya muriendo» como lo está haciendo hasta quedar «totalmente diluido». A su juicio, esto sería una oportunidad para Cantabria y para su campo y, por ello, pide que la Administración «juegue un papel activo» en la compra pública de alimento para comedores, hospitales o centros penitenciarios, entre otros destinos, y que dedique una «parte significativa» de los 3.000 millones de euros que destina a ello, a dejarlos en los ganaderos locales y en las compras de proximidad.

Acompañado en la rueda de prensa por el responsable sindical y miembro de la Ejecutiva de COAG, Andoni García, y por Javier Gúzman, director de VSF, Anabitarte ha pedido a la Administración que se «implique» o, al menos, «despejen el camino» al sector. A preguntas de los periodistas, el director de VSF ha explicado que cuando han presentado al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sus propuestas para fomentar la venta directa, el circuito corto y la compra pública a ganaderos locales se ha mostrado «de acuerdo» en que «hay que hacer algo» para el sector, si bien esto requiere un cambio normativo. Según han explicado, en estos momentos las comunidades autónomas «impiden constantemente» a los agricultores transformar y comercializar sus productos porque les exigen normas «equivalentes» a las de las grandes empresas, «anulando» sus posibilidades. Han señalado que en España sólo un 3 por ciento de los miembros del sector vende de forma directa sus productos, frente al 18 que lo hace en Francia.

Cuestionado sobre los datos de Cantabria, Anabitarte ha señalado que, aunque no hay datos concretos sobre, sobre el porcentaje de agricultores de la región que practican venta directa, ha afirmado que «el movimiento está en marcha», aunque de forma «incipiente», y ya hay pequeños productores de yogures, quesos y «algo de producto de la huerta». Por su parte, y también sin aportar esos datos sobre Cantabria, el director de VSF Justicia Alimentaria Global, Javier Guzmán, ha explicado que en España el porcentaje de venta directa está «bastante equilibrado» entre comunidades autónomas por lo que en la comunidad éste será «parejo» al nacional. Anabitarte ha reclamado que ya que el movimiento en Cantabria está en marcha, ahora lo que, a su juicio, «hace falta es que la Administración acompañe», algo que, según ha dicho, no está haciendo. Este representante de UGAM-COAG en Cantabria ha alabado la iniciativa de VSF de ‘Cortocircuito’ porque, según ha señalado, «pone sobre el papel muchas de las ideas» que su colectivo tenía para Cantabria. ‘CORTOCIRCUITO’ La iniciativa, presentada en varios lugares de España bajo el eslogan ‘ X 1 Alimentación sana, cercana y justa’, surge con motivo de los datos del informe ‘Compra pública en sistemas alimentarios globales. Impactos sociales, ambientales y económicos’, realizado por la misma entidad, que señalan que el comercio internacional de alimentos ha aumentado en torno a un 184 por ciento durante los últimos años mientras que la producción ha crecido un 84 por ciento. La campaña ‘Cortocircuito’ propone un cambio de modelo hacia la compra de proximidad porque, según ha asegurado la organización, implicaría una reducción de los impactos negativos sociales y ambientales, ayudaría a crear empleo en el sector agrícola y restablecería el vínculo entre los productores y los consumidores.

Los comparecientes en la presentación en Cantabria han explicado que la compra de proximidad está funcionando en Europa, como en la región italiana de Emilia-Romagna, donde un elevado número de comedores escolares se abastecen de productos ecológicos y de proximidad. Según ha lamentado el miembro de la Ejecutiva de COAG, esto es «distinto completamente» a lo que ocurre en España, donde se ha «desplazado» al sector agrario local en favor de los catering en escuelas y hospitales. García ha señalado que con iniciativas como ‘Cortocircuito’ se intenta «plantear iniciativas» y crear «otra economía» para lo local y para el mundo rural ya que el actual modelo, a su juicio, lo está «destruyendo». Ha opinado que la PAC actual es un «fracaso» y la que se aprueba este miércoles, a su juicio, «no va a responder en absoluto a las necesidades» del sector.

Más información en vsf.org.es/cortocircuito

Sis organitzacions de les Illes Balears (REAS Balears, S’Altra Senalla, Finestra al Sud i Casal de la Pau-S’Altra Senalla Manacor a Mallorca, Càritas a Menorca i la Fundació Deixalles a Eivissa), han editat un full de difusió sobre Compra Pública Ètica (CPE), en el marc del seu projecte conjunt de sensibilització i assessorament.

El projecte, que té el suport de la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears, està adreçat sobretot a administracions públiques de les Illes Balears, però també es dirigeix al món empresarial i al teixit associatiu, els quals es poden implicar en la CPE ja sigui com a proveïdors, ja sigui com a consumidors responsables.

El Ayuntamiento valorará las ofertas de empresas que favorezcan la paridad en sus plantillas. Entidades sancionadas por trato discriminatorio no podrán optar a ayudas del consistorio, conforme a los criterios aprobados.

La configuración de una plantilla paritaria en las ofertas de las empresas que concurran a licitaciones en el Ayuntamiento de Alsasua sumará puntos, según se deduce de las modificaciones introducidas en el pliego base de las contrataciones municipales.

Los cambios responden a la voluntad del consistorio de incorporar la denominada «perspectiva de género» en las bases de contratación, en lo que -en palabras de la titular de la comisión de la Mujer, la socialista Mari José Notario- constituye una novedad en Navarra, excepción hecha de Burlada que cuenta con un texto similar, según la propia edil. «De momento creemos que el criterio de la igualdad de género no se ha aplicado en Navarra en las contrataciones municipales. Hoy podemos decir que Alsasua está en condiciones de hacerlo», significó Notario.

De manera específica, el pliego base aprobado, que servirá de orientación en la elaboración de cada una de las licitaciones que saque a concurso la corporación alsasuarra, reconoce «la posibilidad de incorporar criterios sociales relacionados con el fomento de la igualdad de oportunidad entre hombres ymujeres». Del mismo modo, faculta al consistorio para rechazar las ofertas de aquellas empresas que hayan «sido sancionadas con carácter firme por infracción grave en materia de igualdad de oportunidades».

La apuesta por reconocer la figura de la mujer en el estamento administrativo prima asimismo en los cambios aprobados en la ordenanza de subvenciones, que insta a particulares y entidades a presentar la documentación precisa con el uso «de un lenguaje e imágenes no sexistas, indicadores de género en su evalucación y datos desagregados por géneros». En la concesión, el Ayuntamiento «valorará positivamente la participación paritaria» de las asociaciones que aspiren a obtener ayudas, ya fuesen en sus órganos de responsabilidad como en las actividades que promuevan.

Condiciones de igualdad

Las solicitudes, que a título individual o colectivo, se formulen en el capítulo de subvención por quienes tengan «fines, sistemas de administración, funcionamiento, trayectoria o actuaciones contrarios al principio de igualdad entre mujeres y hombres» serán rechazadas. Tampoco se admitirán las tramitadas por «sancionados o condenados por resolución administrativa o sentencia judicial firmes por discriminación salarial, acoso moral o cualquier tipo de trato desigual por razón de sexo».

Los criterios adoptados tanto en las contrataciones como en la concesión de subvenciones son el resultado de un trabajo previo de diferentes departamentos municipales, según destaca Mari José Notario. «En Deportes, por ejemplo, se ha visto que un buen porcentaje del dinero se destinaba a actividades de hombres. El intento se dirige ahora a crear grupos mitxos», agrega la propia edil.

La Universidad de Murcia educará y sensibilizará a profesores, alumnos y personal de administración y servicios sobre los valores del Comercio Justo, según el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de esta institución docente.

El acuerdo incluye, entre otros compromisos, el de impulsar una política «de compra pública ética y de apoyo al comercio justo que promueva el desarrollo sostenible y la reducción de la pobreza».

Asimismo, la Universidad de Murcia se compromete a «convertir esta institución en un referente regional para ciudadanos y consumidores, tanto en la promoción del consumo de productos de Comercio Justo como en las buenas prácticas en la contratación». EFE

El pasado jueves, día 28 de Mayo, se procedió a la firma del compromiso adquirido entre el Ayuntamiento de San Sebastián y el Consorcio de entidades integrado por Emaús Fundación Social, Bakeaz e Ideas. Con la firma, el Ayuntamiento de San Sebastián se compromete a impulsar criterios sociales, éticos y ecológicos en las decisiones de compra pública de productos y contratación pública de servicios, en los pliegos de contratación del propio Ayuntamiento.

La firma de este compromiso ha sido posible gracias al impulso dado por Ainhoa Beola, Concejala de Normalización Lingüística, Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de San Sebastián, y a todo su equipo.

El acto tuvo lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, en el marco de la celebración de una Jornada Formativa sobre “Compra Pública Ética en las Administraciones Públicas Vascas” que se desarrolló durante la mañana del jueves 28 Mayo en el Ayuntamiento de San Sebastián. La presentación de la Jornada Formativa corrió a cargo de la Concejala Ainhoa Beola, para dar paso a las presentaciones de las instituciones que conforman el Consorcio.

Blanca Vega, de Emaús Fundación Social, presentó el proyecto genéricamente explicando los tipos de compras y contrataciones que pueden realizar las administraciones públicas, explicando el concepto de responsabilidad social corporativa y su regulación legal. Ana Izquierdo, de Bakeaz, destacó los aspectos metodológicos, estructurales y de compra verde del proyecto en el que se pretende involucrar al mayor número posible de Administraciones Públicas. Acabando la primera parte de la jornada con una exposición centrada en lo que entendemos por comercio justo, su regulación y unas buenas prácticas del comercio justo que realizó Laura Rodríguez, de Ideas.

A media mañana, un desayuno de “comercio justo” fue servido deleitando a todos los asistentes con productos como: mermeladas de piña y melocotón, crema de cacao, arándanos, galletas de miel y chocolate, quinua, chocolates, cafés y te.

Después del desayuno, se reanudó la Jornada formativa con la exposición que realizó Santiago Lesmes, experto en la aplicación de cláusulas sociales en los contratos que realizan las Administraciones Públicas. Contamos, asimismo, con un caso real de buenas prácticas en la Administración Pública que corrió a cargo de las técnicas de Agenda 21 y Gestión de Compras del Ayuntamiento de San Sebastián, Ana Juaristi y Ana Bergua. Y por último, como colofón, participó la Presidenta del Foro de RSC de Guipúzcoa, Sylvia Gay, que contó en primera persona, la experiencia que está viviendo con la creación del Foro de RSC de Guipúzcoa y la creación de la red de redes que se quiere conformar en torno a la RSC en el País Vasco.

El objetivo, tanto de la firma como de la jornada formativa, es contribuir a formar y sensibilizar a las Concejalías, Técnicos/as -expertos en las áreas de Cooperación, Comercio Justo, Agenda 21-de los Ayuntamientos, a importadoras de comercio justo y a empresas de inserción social, con prácticas que tratan de combatir la pobreza y la desigualdad en el mundo y ayudar a promocionar el Desarrollo Humano Sostenible, entre todos.

Se pretende que las administraciones públicas locales vayan incorporando criterios éticos en la compra de sus productos y en la contratación de sus servicios. Estos criterios éticos -que lo ideal es que se recojan en los pliegos públicos- deben hacer referencia al cumplimiento de mínimos u obligaciones que avalen la dignidad de las condiciones laborales, de igualdad de género, contra la explotación infantil o de respeto al medio ambiente, entre otros.

Todo ello no hubiera sido posible sin la presencia de los asistentes que participaron durante la jornada exponiendo sus casos prácticos concretos, observaciones y preguntas. Agradecimientos a los siguientes asistentes: Ayuntamiento de San Sebastián, Ayuntamiento de Aretxabaleta, Ayuntamiento de Rentería, Ayuntamiento de Pasajes, Ayuntamiento de Zarautz, Ayuntamiento de Legazpi, Ayuntamiento de Irún, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, REAS Euskadi, COPADE, Intermon Oxfam, Aloban, Ideas, Universidad del País Vasco, Amuitz-Empresas de Inserción, Mercadeco, Urdanetakoak, Donostia Bizikletan, Kalidadea y Oarsoaldea, entre otros.

Toda esta actividad queda enmarcada dentro del proyecto autonómico “La Contratación Pública Ética en las Administraciones Públicas vascas”, impulsado a su vez por entidades sociales que trabajan en el sector, y financiado por el Gobierno Vasco y la BBK.

Noticia en El Diario Vasco: «El Ayuntamiento se compromete con el comercio justo«.

El Ejecutivo comunitario justificó no regular estas iniciativas para promover el comercio justo al reconocer, en una comunicación que presentó este martes sobre la contribución del mercado del comercio justo al desarrollo sostenible de los países en vías desarrollo, «el rápido desarrollo del mercado del comercio justo en los últimos años» en el conjunto de la Unión Europea.

Los consumidores europeos adquieren productos certificados de ‘comercio justo’ cada año por valor de unos 1.500 millones de euros, de acuerdo con los datos del Ejecutivo comunitario, es decir, 70 veces más de lo que consumían hace una década. Los jefes de Estado y de Gobierno de la UE se comprometieron ya en junio de 2006 a apoyar la promoción de productos sostenibles, incluidos de comercio justo, cuando renovaron su estrategia para impulsar el desarrollo sostenible.

La comisaria de Comercio, Catherine Ashton, aseguró hoy que el Ejecutivo comunitario seguirá apoyando iniciativas que impulsen el comercio justo por su «contribución potencial» al «desarrollo sostenible», mientras que su homólogo de Desarrollo y Ayuda Humanitaria, Louis Michel, subrayó «la especial importancia» de que estas iniciativas «garanticen un precio mínimo para los agricultores de los países en vías de desarrollo» por su producción.

La Comisión Europea reconoce que las compañías multinacionales se están abriendo también al mercado del comercio justo, aplicando sus propios criterios de sostenibilidad a la comercialización, y defiende que tanto el comercio justo como otras iniciativas de sistemas privados de garantías de sostenibilidad comercial constituyen «mecanismos dinámicos, esencialmente voluntarios, que se desarrollan en paralelo a la concienciación del consumidor y a las demandas» del público.

DECISIONES INFORMADAS POR EL PÚBLICO

Aunque Bruselas descarta una regulación, sí considera que este tipo de sistemas de garantías de sostenibilidad deben «aplicar estándares y criterios de manera transparente» a fin de permitir al consumidor tomar decisiones informadas.

También defiende la necesidad de hacer estudios sobre el impacto socioeconómico de los sistemas de seguros privados de sostenibilidad comercial en los países en vías de desarrollo.

Por su parte, el Parlamento Europeo advirtió en un informe que aprobó en 2006 de los riesgos de abuso de poder en que podrían incurrir las empresas implicadas en el mercado de Comercio Justo sin cumplir los criterios de certificación apropiados y apuntó la necesidad de aumentar la concienciación entre los consumidores.

«Es importante que los consumidores, compañías y autoridades gubernamentales puedan hacer elecciones bien informadas en lo que se refiere a (la compra de) productos de Comercio Justo», reconoció hoy la comisaria Ashton.

El comisario de Desarrollo y Ayuda Humanitaria también consideró que el mercado de Comercio Justo crecerá todavía más en Europa «cuando los promotores de estas iniciativas informen mejor a los consumidores del impacto real de sus acciones en el comercio y en los países en vías de desarrollo».

IMPORTANCIA DEL APOYO PÚBLICO

El Ejecutivo comunitario subraya en su comunicación asimismo la importancia del apoyo público a iniciativas para promover el comercio justo, dado que las autoridades públicas de los Estados miembros gestionan el 16% del Producto Interior Bruto de la UE.

Bruselas recuerda en su comunicación que las normas comunitarias de contratación pública impiden que los Estados miembros que quieran adquirir productos de comercio justo exijan etiquetados específicos porque ello perjudicaría la entrada de productos que aunque no cuenten con dicho etiquetado sí cumplan los criterios y objetivos de sostenibilidad que las administraciones públicas pueden exigir en sus políticas de contratación pública. Igualmente, éstas pueden incluir criterios sociales y medioambientales a la ejecución de contratos públicos.

Por su parte, la Comisión ha transferido entre 2007 y 2008 unos 19.466 millones de euros a ONG para financiar acciones destinadas sobre todo a aumentar la concienciación pública en la UE de este mercado y en 2008 y 2009 ha presupuestado otro millón de euros cada año para apoyar acciones específicamente relacionadas con el comercio justo, en forma de créditos comerciales.

El número de ciudades europeas que participan en la compra de productos del Comercio Justo está creciendo. Cuando se trata de incluir el Comercio Justo en las licitaciones públicas, los países mediterráneos de la UE son claramente líderes.

Una de las iniciativas más destacable en la actualidad es el servicio de restauración con productos de Comercio Justo, una campaña lanzada por la organización italiana CTM Altromercato que logró convencer a más de 150 ciudades italianas para que introdujesen productos de comercio justo en compras referidas a servicios de restauración en los colegios.

La campaña italiana fue una de las iniciativas presentadas en la reunión del programa europeo “Public Affairs” en Peschiera del Garda (Italia), celebrada el pasado 5 de noviembre. IDEAS Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria es uno de los asociados en el consorcio del programa dirigido por la Asociación Europea de Comercio Justo (EFTA). El programa tiene como objetivo evaluar y promover el Comercio Justo en la contratación pública en Europa. En esta línea se ha creado una plataforma de información sobre compra pública ética, el Observatorio Europeo de Comercio Justo, y un portal web:
http://www.european-fair-trade-association.org/observatory/

Mérida (09-06-2008) Organizaciones solidarias han exigido hoy a la Junta de Extremadura, con motivo de la celebración de las I Jornadas de Compra Pública Responsable, que adquiera productos de comercio justo para promocionar sus atributos y fortalecer a las entidades de esta naturaleza que operan en la región.

La compra solidaria permitirá establecer un marco de reflexión y expandir el mercado extremeño, que hasta ahora sólo cuenta con cinco puntos de venta directa, según ha explicado la portavoz de la organización Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria (IDEAS), Laura Rodríguez.

Rodríguez ha hecho estas declaraciones antes de su intervención en estas jornadas, que se celebran hoy en Mérida y que están dirigidas al personal político y técnico de las administraciones regional y local extremeña.

Pretenden ofrecer un marco de reflexión sobre las posibilidades de la compra pública responsable de los productos de comercio justo, que son todos aquellos que se realizan en países en vías de desarrollo y no compiten con el mercado local extremeño.

Su principal característica, ha explicado Rodríguez, es que los productores reciben un precio «justo» por sus mercancías, tanto por su materia prima como por el coste de producción, y que se benefician de un sistema de prefinanciación.

De este modo, según Rodríguez, se efectúa una labor intensa de sensibilización y presión política.

Respecto al apoyo institucional, ha señalado que en otras comunidades autónomas, como en Andalucía, existen programas específicos de comercio justo, como un programa de comedores escolares ecológicos o el compromiso de la Empresa Pública de Gestión Medioambiental (Egmasa) de introducir un criterio de compra responsable.

En este sentido, ha subrayado que la institución más concienciada en Extremadura es la Consejería de los Jóvenes y el Deporte, ya que es el departamento regional que más fomenta su compra.

Por su parte, el vicesecretario general técnico del Ministerio de Asuntos Exteriores, Salvador Robles, ha señalado que las dificultades tradicionales de las diferentes administraciones para su compra se han superado con la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que ofrece facilidades para su adquisición.

Una herramienta innovadora dirigida al personal político y técnico de la administración pública

La Organización de Comercio Justo IDEAS presentó el viernes 4 de abril en Mérida (Badajoz) el primer portal sobre Compra Pública Ética en castellano: www.comprapublicaetica.org. Una herramienta innovadora dirigida al personal político y técnico de la administración para ayudar a cumplir con las nuevas exigencias legislativas para el fomento del consumo responsable y sostenible.

El proyecto ha sido cofinanciado por la Cooperación Extremeña de la Junta de Extremadura, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Comisión Europea.

El portal web, dirigido principalmente a los agentes públicos locales, regionales y estatales, ofrece herramientas para la inserción de criterios éticos y de Comercio Justo en la contratación pública facilitando información sobre el marco conceptual de Comercio Justo y la Compra Pública Ética, el marco legal europeo y estatal actualizado, ejemplos de buenas prácticas existentes, noticias e informes sobre la temática de la compra pública responsable y una comunidad para los gestores públicos donde pueden intercambiar experiencias en el marco de la compra pública.

El acto contó con la presencia de la Directora General de Acción Exterior de la Junta de Extremadura, Sña. Dña. Lucía Martín Domínguez, la Coordinadora de Consultoría y Cooperación de IDEAS Laura Rodríguez y la Responsable de IDEAS en Extremadura, Ulrike Burkardt.

Laura Rodriguez concluyó la presentación con “Cada vez hay una mayor concienciación en la administración pública sobre su influencia para cambiar las pautas de producción y consumo insostenibles del sector empresarial y la ciudadanía. Cuando la administración actúa como referente e introduce nuevos criterios de compra en su propio funcionamiento interno, logra que las empresas conviertan su compromiso por los derechos laborales y el Comercio Justo en una ventaja competitiva”

La creación del portal web se enmarca dentro del Programa de Compra Pública Ética que desde 2006 está desarrollando IDEAS, en colaboración con el área de Cooperación al Desarrollo de la Junta de Extremadura, para facilitar y asesorar sobre la inserción de criterios éticos y de Comercio Justo en la contratación pública.

Más información:
Ander Díaz
Responsable de Comunicación
685 705 154/ comunicacion@ideas.coop