¡Ya están abiertas las inscripciones para el Foro Internacional de Compra Pública Alimentaria, organizado por CERAI y Mundubat, junto con un amplio comité organizador.

​🗓️ El evento será los *días 1 y 2 de octubre*
📍En la Universitat Politècnica de València

El acto será inaugurado por el Ministro de Consumo y contaremos con la participación de experiencias de África, América Latina, Asia, Europa y el ámbito estatal sobre buenas prácticas y avances en el sector.

Toda la información, programa e inscripción en la web ➡️✅https://forocomprapublica.org/

La última revisión del primer criterio del modelo de Ciudad por el Comercio Justo, correspondiente al trienio 2022-2024, permitió conocer cómo ha progresado el compromiso de las localidades con una contratación pública coherente con las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y el Comercio Justo, es decir, con la compra pública ética.

La campaña, iniciada en 2006, ha movilizado a los agentes locales, como ONGD, asociaciones y tiendas de Comercio Justo, para reclamar, especialmente a ayuntamientos y universidades, que incorporen criterios éticos de Comercio Justo en sus compras y contratos. Básicamente, el objetivo ha sido siempre que el Comercio Justo estuviera presente en el día a día de la actividad y los servicios públicos, facilitando que la ciudadanía pudiera acceder a sus productos y que las propias instituciones fueran un ejemplo de consumo responsable. Cafeterías y cantinas municipales y universitarias, servicios de catering en eventos o máquinas expendedoras han sido algunos de los escenarios en los que se han materializado estas experiencias.

En función de su población, las Ciudades por el Comercio Justo deben acreditar un número mínimo de contratos o concesiones que hayan requerido la publicación de un pliego de licitación que contemple, al menos, un criterio de Comercio Justo durante el periodo de referencia. Cuanta más población tenga una localidad, mayor será el número de contrataciones públicas que deberá acreditar.

Desde la aprobación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, en 2017, la compra pública ética no ha sido solo una posibilidad, sino también un mandato. Esta normativa tiene por objeto aplicar criterios sociales y ambientales en toda la contratación pública. En este contexto, las Ciudades por el Comercio Justo han contribuido a demostrar que era posible aplicar criterios éticos de Comercio Justo en los contratos de sus ayuntamientos, universidades y diputaciones provinciales. Pero ¿qué nos dice esta última revisión del programa? ¿Ha progresado la compra pública ética gracias a la ley y a la incidencia política realizada ante las entidades públicas locales?

A la luz de esta revisión, la respuesta es agridulce. Aunque la práctica totalidad de las ciudades adheridas a la campaña ha mantenido su compromiso con la compra pública ética, la mayoría ha aplicado criterios de Comercio Justo con poco impacto y, en ocasiones, con poca o nula eficacia. El aspecto positivo es que el Comercio Justo sigue estando presente en la contratación pública de los municipios. Esto no es baladí. El Comercio Justo ha permeado unas formas de entender la contratación pública que, en ocasiones, se han mostrado escépticas e inflexibles. No ha sido fácil que los criterios sociales y ambientales tengan cabida en estos procesos, tradicionalmente más centrados en las garantías jurídicas y legales que en aprovechar su impacto positivo sobre la sociedad. Ha sido una reivindicación de años que, finalmente, fue respaldada por la jurisprudencia y, posteriormente, incluida en la legislación.

En todo caso, la aplicación de los criterios ha sido irregular durante todo el recorrido de la campaña. Esta evaluación refleja una falta de impulso y liderazgo por parte de los ayuntamientos. Una gran parte de ellos ha acreditado únicamente haber valorado de forma positiva que las entidades licitadoras incluyeran productos de Comercio Justo en sus ofertas, con puntuaciones que no han superado los 6 puntos sobre 100. Esto resta eficacia a los criterios de Comercio Justo, ya que la entidad adjudicataria no tiene por qué ser necesariamente la que haya ofrecido o se haya comprometido a utilizar este tipo de productos.

Otra cláusula ética poco eficaz consiste en aplicar como criterio de desempate que la entidad adjudicataria esté acreditada como Organización de Comercio Justo. Es poco probable que se produzca un empate y aún menos que una de las organizaciones que haya presentado una oferta y se encuentre en esa situación sea una entidad de Comercio Justo. Como se ha mencionado, el impacto que pretende conseguir la campaña es promover el consumo responsable entre la ciudadanía y garantizar unas condiciones de vida y trabajo dignas para las comunidades productoras del Sur Global. Este objetivo solo puede alcanzarse mediante criterios que exijan el uso de productos de Comercio Justo en los contratos públicos, como café, azúcar, té o cacao, entre otros.

Algunas ciudades han justificado la adjudicación de contratos en los que el uso de productos de Comercio Justo era obligatorio, al aplicarlo como condición especial de ejecución. Con ello, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades públicas no solo garantizan el impacto del criterio, sino también su eficacia. Entre las experiencias destacadas se encuentran:

• El uso obligatorio de café 100 % de Comercio Justo en las máquinas de vending de la Universidad de Córdoba.
• El uso de café de Comercio Justo en el servicio de comedores colectivos y cafeterías del Ayuntamiento de Zaragoza.
• La coordinación impulsada en Castellón de la Plana para aplicar criterios de Comercio Justo entre diferentes entidades públicas con actividad en el municipio, como el ayuntamiento, la diputación, la Universitat Jaume I y la Generalitat Valenciana.

En conclusión, es necesario seguir impulsando la compra pública ética, especialmente en un contexto internacional marcado por la degradación ambiental y el aumento de la desigualdad social.

El principal reto de la campaña debe ser conseguir que el Comercio Justo esté presente en todos los contratos públicos en los que sea posible incorporarlo.

Las cantinas, comedores y cafeterías ubicadas en centros públicos, municipales o universitarios deberían ofrecer productos de Comercio Justo como café, cacao instantáneo, chocolate, azúcar o té. Se debería garantizar que, al menos, uno de estos productos fuera de Comercio Justo. Siempre que sea posible, la oferta debería priorizar estos productos, en lugar de presentarlos únicamente como una alternativa o un complemento. Este reto también es aplicable a las máquinas expendedoras y a los servicios de suministro de alimentos, donde debería existir siempre una gama de productos de Comercio Justo.

Asimismo, como línea de innovación, se echa en falta una mayor apuesta por el textil de Comercio Justo. Parte de las prendas que componen los uniformes de trabajo del personal de distintos servicios municipales, como jardinería, transporte urbano o extinción de incendios, podrían incorporar productos de Comercio Justo. Por ejemplo, podrían adquirirse camisetas de algodón de Comercio Justo como parte de estos uniformes. No es difícil: solo hace falta voluntad política para apostar de forma decidida por el Comercio Justo.

Por último, también deberían mejorarse los sistemas de seguimiento de la ejecución de los criterios de Comercio Justo. Es necesario aplicar medidas y herramientas que permitan a los órganos responsables de la ejecución de los contratos controlar que estos criterios se cumplen realmente. Esto implica comprobar, por ejemplo, que el café que se dispensa es de Comercio Justo o que una camiseta de algodón suministrada como parte de un uniforme de trabajo cuenta con la correspondiente certificación de Comercio Justo.

Sin lugar a dudas, es el momento de apostar por una compra pública ética que contribuya a construir unas relaciones comerciales internacionales basadas en el respeto de los derechos humanos y laborales de las comunidades productoras y trabajadoras del Sur Global. La solidaridad global es el camino.

La jornada se enmarca en la celebración de las cuatro décadas por el comercio justo en el estado español

Representantes institucionales, organizaciones sociales, y entidades del sector participaron en una jornada conmemorativa para celebrar los 40 años del Comercio Justo en España, un movimiento que ha contribuido durante décadas a promover relaciones comerciales más equitativas, sostenibles y respetuosas con los derechos humanos y el medio ambiente.

El encuentro comenzó con un desayuno de Comercio Justo y una bienvenida institucional que dió paso a una retrospectiva sobre la evolución del movimiento en estas cuatro décadas. En este espacio intervinieron Marta Mangrané, presidenta de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ); Marta Pizarro, miembro de su Junta Directiva; Juanjo Martínez, representante de la Junta Directiva de Fair Trade Advocacy Office (FTAO); y Sophie Tack, presidenta de la Organización Mundial del Comercio Justo (WFTO). Durante sus intervenciones, destacaron los principales hitos alcanzados por el sector, así como los retos que afronta en un contexto marcado por las crisis sociales, económicas y ambientales.

La segunda mesa abordó el papel de las administraciones públicas en el impulso del Comercio Justo. En ella participaron Jaime Iglesias Sánchez, Comisionado Especial para la Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social; José Luis Pimentel, Subdirector de Alianzas, Innovación y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de la AECID; David Comet, investigador del Instituto de Estudios Avanzados del CSIC y experto en contratación pública responsable; y Marta Mangrané, en representación del programa Ciudades por el Comercio Justo.

Los participantes coincidieron en señalar la importancia de las políticas  públicas y de la compra pública responsable como herramientas clave para avanzar hacia modelos económicos más justos y sostenibles.

La jornada continuó con un diálogo abierto sobre las alianzas entre el Comercio Justo y otros movimientos sociales y económicos. Bajo el título “El Comercio Justo en alianza con otros movimientos: diálogo abierto, miradas externas y proyección de futuro”, representantes de organizaciones de referencia analizaron los desafíos compartidos y las oportunidades de colaboración. En este espacio participaron Anna Bardolet, de la Coordinadora Catalana por el Comercio Justo y las Finanzas Éticas; Rosa Guinot, de la Comisión de Comercio Justo Local de la CECJ; Luigi Carinci, presidente de REAS; Carles Xavier López, representante de la CONGDs; Amaya Acero, coordinadora de la Plataforma de Empresas Responsables; y Eva Kreisler, responsable de Sostenibilidad de CECU.

Las intervenciones pusieron de relieve la necesidad de fortalecer las alianzas entre organizaciones sociales, administraciones públicas, consumidores y empresas comprometidas para impulsar una transición hacia modelos de producción y consumo más responsables y respetuosos con las personas y el planeta.

Además de repasar los logros alcanzados, el encuentro ha permitido compartir algunas de las líneas de trabajo que marcarán el futuro del movimiento, entre ellas el impulso del Comercio Justo Local, el desarrollo de la compra pública responsable y el fortalecimiento de un modelo económico más justo, sostenible y centrado en las personas.

La celebración también ha querido abrir un espacio para escuchar y recoger miradas externas. Las aportaciones de representantes de otros sectores y organizaciones han contribuido a enriquecer la reflexión colectiva sobre los retos globales actuales y sobre el papel que el Comercio Justo puede seguir desempeñando en la construcción de sociedades más equitativas y sostenibles.

El acto concluyó con las intervenciones de David Perejil, director general de Agenda 2030 del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y Laura Rubio, directora de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, quienes destacaron la contribución del Comercio Justo al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y su papel como herramienta de transformación social.

Celebrar rodeándonos de nuestro ecosistema

La jornada ha tenido como principal objetivo conmemorar los 40 años del Comercio Justo en España junto a las organizaciones, instituciones y personas que han contribuido a construir y fortalecer este movimiento a lo largo de estas cuatro décadas. El encuentro sirvió para hacer balance del camino recorrido, visibilizar la diversidad de iniciativas y áreas de trabajo que conforman el sector y reconocer el papel de quienes lo impulsan día a día.

Ya está abierto el plazo de inscripción para el Curso online sobre Comercio Justo y Compra Pública Ética dirigido a personal técnico y político de administraciones o instituciones públicas. El curso se desarrollará entre el 6 y el 26 de noviembre a través del aula virtual de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo. La formación se completará con 3 sesiones a través de videoconferencia.

El objetivo de este curso es facilitar al personal de ayuntamientos, diputaciones y otras administraciones públicas la información esencial para favorecer el impulso de acciones de apoyo al Comercio Justo y la Compra Pública Ética, como herramientas aliadas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Inscripción gratuita.

Plazas limitadas

Descarga AQUÍ el folleto con toda la información

Lisboa 13-14 de marzo de 2024

Durante más de 25 años, la conferencia Procura+ ha sido el lugar donde la política de adquisiciones sostenible, circular e innovadora se encuentra con la práctica, y donde se han originado las innovaciones de adquisiciones. La ciudad de Lisboa (Portugal) e ICLEI Europe invitan a la 11.ª conferencia Procura+ (anteriormente, la serie de conferencias EcoProcura) para unirse a representantes de la Comisión Europea, alcaldes de ciudades líderes, líderes empresariales, investigadores y algunas de las mentes más brillantes en adquisiciones.

El plazo para la presentación de contribuciones finaliza el 15 de septiembre 2023.

El próximo 27 de septiembre de 9.30 a 11.30 am tendrá lugar un Encuentro online para difundir las Buenas Prácticas de las Islas Baleares sobre compra pública Responsable.

Más información: www.deixalles.org/compra-publica-responsable
Enlace online

Acceso al programa

Artículo de Amanda Ortega Y Onditz Portabella Equipo de Compra Pública Responsable de Opcions y participan en Grupo de Trabajo de Contratación Pública Responsable de REAS Red de Redes

Nos referimos a compra pública a las acciones donde el sector público actúa como consumidor. Como que hablamos de gastar el dinero de todas, la compra pública está sujeta a un montón de procesos, regulados, a la vez, por una normativa y plenos de acciones para conseguir que esta sea la más objetiva posible. Y no es tan fácil como se escribe.

La fiabilidad del precio

Y es que nosotros, a nivel individual, cuando vamos a comprar, por ejemplo un tomate, encontramos una gran diversidad de tomates, y lo compraremos según nuestros valores y actitudes. Desde comprar tomates en la parada del mercado de tu primo, en la tienda de debajo, en una gran superficie, que sean del huerto comunitario o que vengan de Holanda, que hayan crecido con ayuda de los químicos o que sean ecológicos, envasados… Hay tanta variedad como preferencias podemos llegar a tener. Hay un montón de posibilidades de tomates, como la mayoría de bienes y servicios que encontramos en el mercado y que tienen diferentes atributos. Pero, cuando nosotras compramos y con cualquier criterio que tengamos, no tenemos que justificar nuestra decisión ante nadie. No es el caso del sector público, donde no se pueden tomar decisiones a discreción.

El sector público solía utilizar solo el criterio económico, pero esto ponía en peligro la calidad de los productos y servicios

Hasta no hace demasiados años, el criterio que se consideraba más objetivo era valorar las diferentes alternativas por criterios económicos, y en concreto, en el precio de los productos y servicios. Pero, ¿Qué hay detrás? ¿Es el precio igual al valor del bien o servicio?

La práctica de los años ha demostrado que seguir parámetros economicistas en la compra pública implica reducir la valoración al precio como indicador diferencial de las ofertas. Este hecho provoca una competencia a la baja entre las empresas que quieren participar, incentivando ofertas económicas desproporcionadas y, algunas de ellas, poniendo en peligro la calidad de los productos y los servicios a realizar y las consecuencias derivadas. Además permite a las empresas más grandes tener una ventaja de partida sobre las pequeñas y medianas empresas con mayores dificultades de presentar bajas económicas.

Además, hay que sumarle que las preferencias de consumo de la sociedad cambian y cambian progresivamente, y el sector público también se tiene que adaptar al cambio. Y es que, lógicamente, si cada vez tenemos más tomates con atributos diferentes, ¿por qué el sector público solo se tendría que fijar en el precio? Hay otros muchos aspectos a tener en cuenta para valorar la calidad de un producto o servicio. ¿Por qué si yo compro los tomates el día de mercado de mi pueblo, en la escuela pública del lado de casa los tomates son de Holanda?

Es necesario incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la acción consumidora de la Administración

La importancia de la compra pública y responsable

Hoy en día, no hay suficiente al comprar, sino que esta compra tiene que ser coherente con el resto de políticas desarrolladas por la Administración Pública.

Podemos escuchar diferentes nombres: compra verde, compra ética, compra pública socialmente responsable, compra sostenible… pero, le pongamos el nombre que le pongamos, hacemos referencia a lo mismo. Y es que hay la necesidad de incorporar criterios ambientales, sociales y de buen gobierno en la acción consumidora de la Administración.

Son muchas las razones por las cuales la compra pública responsable (CPR) es un valor añadido a la acción de la Administración.

• Son muchos recursos: la media de gasto en compra pública en la UE es cerca del 18% del PIB. Y, si tiene que haber este gasto, ¿por qué no hacerlo de una manera responsable, y de modo que las empresas proveedoras del sector público deban incluir aspectos de responsabilidad
• Comprar barato sale caro: esta frase tan conocida también es aplicable a la compra de la administración pública. Solo fijándonos en las opciones más económicas, no atendemos a las consecuencias derivadas de la compra. Desde la compra de productos de mala calidad a servicios donde no se respeten las condiciones laborales. Si una compra genera impactos negativos, se tendrá que compensar desde la misma administración pública.
• Si quieres llegar lejos, ve acompañado: nos hemos acostumbrado a trabajar de manera aislada, como si nuestras acciones no incidieran en ninguna parte; pero la verdad es que los retos que tenemos son complejas y las respuestas que tenemos que dar tienen que ser transversales. Así, la CPR implica tener una visión amplia en todos los ámbitos de actuación y así potenciar los aspectos positivos que puede tener en la mejora de las políticas sociales y ambientales de las diferentes administraciones.
• De la oscuridad y sombras a la transparencia: el imaginario colectivo percibe la Administración como una institución oscura y poco transparente, hay una percepción mayoritariamente negativa. Aumentar la transparencia y la rendición de cuentas de sus acciones ayuda a positivizar este imaginario que tanto ha calado en nuestra sociedad, así como poder fiscalizar la acción de la misma.

Reto de larga distancia

En los últimos años hemos pasado de hablar de compra pública a compra pública estratégica, detectando, así, aquellas compras y contrataciones que se han realizado incorporando criterios ambientales, sociales y de gobierno para poder seleccionar la oferta más ventajosa por su relación de calidad/precio. De hecho, la CPR no es una opción, sino que empieza a acontecer una obligación, muy blanda, pero que cada vez toma más relevancia. Encontramos referentes de carácter internacional que subrayan la importancia que la compra pública vaya alineada con el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o con el respeto a los Derechos Humanos, como se recoge en los Principios Rectores de Empresa y Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La CPR no es una opción, empieza a ser una obligación

Y, de manera efectiva, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno, queda recogida a la aprobación en el 2014 de las directivas europeas y que finalmente se traspuso a la Ley de Contractos del Sector Público 9/2017 (LCSP). La LCSP, desde su primer artículo, indica que “en toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales siempre que exista relación con el objeto del contrato”. Igualmente, cada vez más, varias regulaciones apuntan a la inclusión de consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno a la compra pública, como la recientemente aprobada Ley de cambio climático y transición energética 7/2021.

Ahora, que la administración pública tenga la obligación, no quiere decir que el cambio se haga de manera automática. Estamos ante un proceso largo y lento que se tiene que hacer de manera conjunta con todas las actoras implicadas por su efectiva aplicación. Y es que si los cambios en los hábitos de nuestra manera de hacer son complicados, la administración pública no es una excepción, incluso, podemos afirmar que el cambio cultural profundo que representa la compra pública responsable por el sector público y sus proveedoras es un reto de larga distancia.

El cambio cultural que representa la CPR para la Administración Pública y sus proveedoras es un reto

Durante el camino, nos encontraremos frenos, tanto internos como externos. Por un lado, comprar teniendo en cuenta un único indicador como el económico era un trámite sencillo, pero a la vez no era representativo de la calidad del producto, o de los impactos sociales y ambientales del bien o servicio. La inclusión de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno implica un cambio en los procedimientos de compra y contratación, que a la vez implica una mayor necesidad de recursos a los órganos de contratación de las diferentes administraciones. Por otro lado, las empresas que tradicionalmente han sido proveedoras han visto cómo las normas del juego se han modificado y ahora tienen que incluir aspectos sociales y ambientales a los cuales no estaban acostumbradas.

La adaptación al cambio es costosa y a menudo, hay presión para que se mantengan las condiciones anteriores. En este sentido, la incorporación de criterios ambientales, sociales y de buen gobierno de las normativas es también una ventaja para las empresas de la economía social y solidaria que, de manera natural, ya han incorporado estos aspectos en su manera de operar en el día a día.

No nos vale que la administración pública compre cualquier tomate, hace falta un tomate que tenga en cuenta consideraciones ambientales, sociales y de buen gobierno.

REAS Euskadi promueve las políticas de compra pública responsable a través de labores de formación, asesoría y elaboración de herramientas que la favorezcan. Desde esta perspectiva, desarrolla la colección de “Guías prácticas para la Compra Pública Responsable”, que persigue proponer y facilitar la inclusión de criterios sociales y ambientales en diferentes temáticas o sectores de servicios de contratación pública.

Guías compra publica responsable

Estas publicaciones presentan las posibilidades que la regulación en esta materia permite en las diferentes fases de los procedimientos de compra pública y las ejemplifica a través de ejemplo concretos.

La colección está dirigida a personal técnico y político con responsabilidades en las áreas de contratación pública, organizaciones que promueven esta práctica y empresas y entidades de la economía social y solidaria que participan en procedimientos públicos de contratación. Con ello, REAS Euskadi persigue extender esta práctica que, por su volumen, puede orientarse hacia multiplicar los efectos transformadores de su impacto económico y social.

La primera guía, editada por el consorcio Zentzuz Kontsumitu en 2019, trata de la inclusión de criterios sociales y ambientales a lo largo de la cadena de suministros de los productos comprados o servicios contratados por las administraciones públicas. En 2020, REAS Euskadi ha editado tres guías relacionadas con la contratación de servicios financieros, de suministro de energía eléctrica y de servicios sociales.

Para su elaboración ha contado con el trabajo de Santiago Lesmes, jurista especializado en contratación pública con larga trayectoria y reconocimiento en esta materia.

Guías prácticas para la compra pública responsable (descarga en pdf):

1. Cadena de suministros: producción, distribución y consumo.
2. Contratación de servicios bancarios y productos financieros.
3. Contratación de suministro de energía eléctrica.
4. Contratación de servicios sociales.

Aquí puedes ver el vídeo:

Para más información así como documentación en materia de contratación pública responsable visita la web: https://contratacionpublicaresponsable.org

La Federación Aragonesa de Solidaridad ha lanzado campaña para promocionar entre las Administraciones Locales aragonesas la Compra Pública Ética y el Comercio Justo.

La compra pública representa alrededor de 18% del producto interior bruto de la Unión Europea y España, y se concentra en mayor medida en las Administraciones regionales y locales, que tienen una enorme influencia en el mercado y el entorno.

El Comercio Justo contribuye de manera decisiva al avance de la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y comparte no solo su finalidad sino también su perspectiva integral y la necesidad de crear alianzas. Ahora más que nunca debemos tener en cuenta el Comercio Justo como herramienta activa para el desarrollo de los países más empobrecidos que están sufriendo la crisis de la pandemia de manera severa.

Se ha elaborado un díptico informativo donde se muestra información de interés para introducir y acompañar en el conocimiento sobre el Comercio Justo y la importancia de incluirlo en la compras y licitaciones que las diferentes Administraciones Locales aragonesas realizan habitualmente.

El folleto también puede descargarse en aragonsolidario.org.

Artículo de Amanda Ortega y Onditz Portabella Equipo de compra pública de Opcions

La Compra Pública y el consumo en épocas navideñas son conceptos aparentemente muy alejados. Esta afirmación surge casi de forma automática, y es que, de manera natural, la compra pública está pensada para no caer en el consumo impulsivo típico, que no exclusivo, de la época navideña.

La sociedad del consumo nos induce a comprar en cualquier momento del año y la Navidad es uno de sus mayores reclamos: cada vez un poquito antes, cada vez un poquito más. Con el pistoletazo del Black Friday, seguido del CyberMonday, se nos invade de reclamos publicitarios que nos seducen con bienes y servicios que se presentan como oportunidades imposibles de rechazar.

¿Es la administración pública y su compra ajena a todos estos impulsos?

La administración pública no puede, ni debe, responder a necesidades cortoplacistas, sino que más bien se rige por la racionalidad y la planificación. Hay una identificación de necesidades y se lleva a cabo una previsión, es decir que podríamos afirmar que se trata de una compra proactiva. Siendo así, deberíamos suponer que el consumo de las administraciones públicas es más estable, independiente de la época del año en la que se realice la compra del bien o servicio.

Sí que consume bienes y servicios de tipo navideño, como por ejemplo, la iluminación de la ciudad, el montaje y desmontaje de adornos navideños, campañas de sensibilización específicas u otros productos y servicios afines. Podría ser interesante observar la evolución del gasto público en este tipo de compras, valorar si en los últimos años ha habido un aumento en el gasto que acompañe la vorágine consumista que nos consume como sociedad. Más luces, más adornos, más actividades programadas, etc. Actualmente, no se dispone de un estudio similar que evalúe este gasto, tanto en cantidad de contratos como en volumen de dinero dedicado a ello, así como el nivel de criterios sociales, ambientales y éticos incluidos en los mismos, que nos permita considerar la celebración de unas fiestas con criterios de sostenibilidad.

El acto de consumir individualmente no debe responder ante nadie, cada uno utiliza su dinero como quiere o como puede. En el caso de la administración pública, hablamos de dinero público, del dinero de tod@s y cada acto de compra de bienes o servicios está sujeto a un marco legal estricto (desde normativas europeas a instrucciones locales) para evitar actos arbitrarios discrecionales y poder justificar los gastos realizados ante la rendición de cuentas pública a la que debe someterse el consumo de la administración pública.

Por lo tanto, la compra pública no debería estar sujeta a las modas y las tendencias observadas en otras administraciones, ni a la presión de grandes campañas publicitarias, sino que las políticas públicas nacionales e internacionales deberían ser el eje motriz de dicho gasto, Así, un ejemplo sería el de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el que la meta 12.7 (ODS 12) explicita la promoción de prácticas de adquisición pública que sean sostenibles como base para la consecución de la Agenda 2030.

De hecho, esta necesidad de incorporar criterios de sostenibilidad en la compra pública tiene un punto de inflexión en España con la aprobación de la Ley de Contratos del Sector Público 9/2017 (LCSP) que incorpora los requisitos establecidos en las directivas europeas de contratación del año 2014. Esta normativa detalla, entre otras consideraciones, cómo toda contratación pública deberá incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y ambientales que valoren todo el ciclo de vida de los productos y servicios a contratar. Pero, como ocurre habitualmente, la ley, aunque necesaria, no es suficiente para asegurar un cambio de hábitos en la forma de contratar, tanto en épocas navideñas como durante el resto del año. La incorporación de criterios sociales, ambientales y éticos requieren de una mayor inversión en recursos humanos y económicos, así como de la voluntad política para aprovechar el potencial que el marco legal permite, tal y como se recoge en el artículo Compra Pública: un buen tomate!

El papel de la administración pública y la valoración de las necesidades

Cierto es que los regalos inmateriales son cada vez más habituales, unas entradas para el teatro, un paseo con cafecito al sol, una tarde en el parque, etc, reduciendo así la presión sobre los recursos naturales de cualquier producto material. Pero aún está muy arraigada la compra de regalos, sean del Tió de Nadal/Olentzero, de Santa Claus, de los Reyes Magos o en su defecto de un amigo invisible del trabajo, del grupo de amistades o del gimnasio. Bufandas, calcetines, guantes y gorros por doquier hasta llegar a los pongos, aquello que tu no querrías, pero que se acaba regalando. Entre campañas de marketing y seguir la rueda social en estas fiestas entramos en una dinámica consumista poco racional, y sobretodo, que genera impactos ambientales, sociales y de carácter ético significativos.

La respuesta a la pregunta sobre la necesidad es complicada. La necesidad inducida cultural y socialmente hace casi imposible escapar del consumo, pero no se debe tampoco demonizar cualquier tipo de consumo, puesto que vivir sin consumir es prácticamente imposible, pero consumir conscientemente puede ser altamente sencillo siempre que dispongamos de la voluntad, las herramientas, y los recursos e información necesarios.

La compra pública de bienes y servicios está sujeta a un análisis de necesidades que debe ser justificado. Es la primera pregunta que nos debemos hacer para realizar un consumo consciente, y a su vez resulta un ejercicio prácticamente ausente en la mayoría de las acciones de consumo sometidas a la presión de la publicidad y la urgencia.

Aún así, como hemos ido viendo, la administración pública deberá proveer de algunos bienes y servicios durante estos días. No se puede decir tampoco que estas acciones de consumo resulten de una decisión impulsiva si no de la planificación a tiempo vista para poder seguir los procedimientos de contratación pública. Procesos de tramitación que son considerados de manera general lentos, pero, aquí, el tiempo y la lentitud juega a favor del consumo consciente.

Las alternativas siempre existen, sólo hay que encontrarlas… De regalar un pongo a regalar un masaje existe un amplio margen de posibilidades, de igual modo que ocurre en el caso de las administraciones públicas, especialmente en lo que se refiere a la promoción de otro tipo de consumo entre la ciudadanía. Este es el caso, por ejemplo, de la VI Feria de Consumo Responsable y de Economía Social y Solidaria de la ciudad de Barcelona, un ejemplo de cómo es posible crear sinergias y hacer visible este cambio de paradigma hacia un consumo consciente aprovechando las tendencias de consumo navideño.

Vemos cómo la administración pública sí que lleva a cabo un consumo relacionado con la Navidad, pero sus actuaciones no son neutras, forman parte de una política estratégica transversal, y puede no sólo demostrar la racionalidad en el consumo vinculada a la justificación de las necesidades, sino que también cuenta con herramientas para potenciar impactos positivos en sus acciones de compra y contratación.

Podemos por lo tanto, aprender y valorar positivamente la lentitud de la administración pública como un atributo clave para la inclusión de consideraciones sociales, ambientales y éticas en la compra y la contratación pública. Pero es cosa de tod@s continuar trabajando para obtener el mayor rendimiento y quizás así, facilitar nuestras opciones de consumo consciente a nivel individual, tanto para momentos como la época festiva en la que nos encontramos, como para el consumo más importante que llevamos a cabo durante el resto del año.

Felices fiestas a tod@s!

El objetivo principal de este concurso realizado en el marco del proyecto “Ciudades por el Comercio Justo: sostenibilidad y equidad comercial para contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible” financiado por la AECID, ha sido reconocer y visibilizar las mejores experiencias realizadas por municipios de toda España a favor de un consumo responsable en el ámbito social, institucional y empresarial.

Ahora más que nunca, con las crisis superpuestas que estamos viviendo y se avecinan, tenemos que mostrar que la economía social y solidaria está en la senda de la recuperación hacia un modelo mejor para una buena vida.

IDEAS ha sido la organización promotora y coordinadora de este concurso con un jurado compuesto por cinco entidades de ámbito nacional e internacional, expertas y representativas tanto del movimiento de Comercio Justo como de la Economía Social y Solidaria y la municipalidad: Federación Española de Municipios y Provincias; Fairtrade Ibérica Sello de Comercio Justo para la Sostenibilidad de las Personas y el Planeta; REAS Red de redes de economía alternativa y solidaria; WFTO Latinoamérica (Red internacional de Comercio Justo que representa a productores y productoras del Sur Global) y la Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad.

En el certamen ha podido participar cualquier entidad que haya desarrollado buenas prácticas durante los últimos tres años dentro de estas cuatro categorías:

• Iniciativas innovadoras de sensibilización y educación en consumo responsable y Comercio Justo, ético y sostenible. Ganadora la propuesta presentada por León.
• Compra pública ética y sostenible. Ganadora la propuesta presentada por Sagunto.
• Iniciativas de apoyo a la producción y comercio local, ecológico y Justo. Ganadora la propuesta presentada por Alcorisa.
• Acciones de apoyo o colaboración directa con productores y productoras de Comercio Justo. Ganadora la propuesta presentada por Córdoba.

En total, recibieron 13 candidaturas enviadas desde los siguientes municipios: Alboraya (Valencia, Comunidad Valenciana), Alcorisa (Teruel, Aragón), Bilbao (Vizcaya, País Vasco), Castrillón (Asturias, Principado de Asturias), Córdoba (Córdoba, Andalucía), Hornachuelos (Córdoba, Andalucía), Jerez de la Frontera (Cádiz, Andalucía), La Pola de Gordón (León, Castilla León), León (León, Castilla León), Móstoles (Comunidad de Madrid), Sabadell (Barcelona, Cataluña), Sagunto (Valencia, Comunidad Valenciana) y Vitoria (Vitoria-Gasteiz, País Vasco).

Desde IDEAS destacan la participación y la variedad de territorios representados, desde grandes ciudades a pequeñas poblaciones de ámbito rural. También es destacable la variedad de entidades que han presentado las candidaturas y su coordinación a través de grupos de trabajo por el Comercio Justo. Además, quieren servir de amplificador para todas estas iniciativas por lo que van a editar una publicación que recopile todas las buenas prácticas presentadas por los 13 municipios participantes en el concurso. También se va a realizar un documento audiovisual profesional en el que participarán los cuatros municipios ganadores de esta primera edición y para el que tienen prevista una gran campaña de difusión.

Iniciativas innovadoras de sensibilización y educación en consumo responsable y Comercio Justo, ético y sostenible La experiencia de León

León cuenta con una población de 124.000 habitantes y tiene políticas e indicativas consolidadas con visión estratégica para el apoyo y la difusión del Comercio Justo, teniendo alta incidencia en consumidores y consumidoras y en centros educativos.

La candidatura fue presentada por el grupo de trabajo que dinamiza el programa Ciudades por el Comercio Justo desde el año 2008 y está compuesto por personas de tres Concejalías del Ayuntamiento (Bienestar Social, Comercio y Consumo y Medio Ambiente), la Coordinadora de ONGD con dos entidades (SED y Jóvenes y Desarrollo), dos tiendas especializadas (Equitánea y Oxfam), una asociación de consumidores ecológicos ‘La Semilla’, la asociación de inclusión ASPRONA, el sindicato STELE y la Universidad.

Se trata de un grupo de trabajo muy activo que realiza actividades de sensibilización en 4 ámbitos: la administración; las empresas, comercios y hostelería; centros educativos y universidades; y ciudadanía general. La iniciativa premiada se denomina “La Maleta del Comercio Justo” y es una campaña de sensibilización destinada a los centros escolares en la Ciudad de León cuyo objetivo es que el alumnado pueda participar en acciones de sensibilización y pueda conocer los impactos que tiene el consumo para las personas productoras y para el medio ambiente. A través del proyecto se hace entrega a los centros educativos de una maleta con diferentes recursos para trabajar el Comercio Justo entre los que figuran vídeos, cuentos, cómics y juegos para que el profesorado los utilice en las etapas de Educación Infantil y Primaria con la explicación de conceptos como Comercio Justo, consumo responsable o sostenibilidad.

El jurado ha valorado especialmente la originalidad de “La Maleta Viajera” sabiendo conjugar formación, sensibilización y diversión, así como su sencillez y carácter práctico y fácil de implementar.

Compra pública ética y sostenible: La experiencia de Sagunto

Sagunto es un municipio de la provincia de Valencia con una población de 66.140 habitantes. La candidatura ha sido presentada por la ONGD la tenda de Tot el Món, asociación que nació en 1998 y cuyos objetivos son contribuir desde su realidad comercial a reducir las desigualdades Sur-Norte mediante la comercialización de productos de Comercio Justo y la sensibilización de un Consumo Responsable desde la Educación para el desarrollo.

La vinculación del municipio de Sagunto, y también de la comarca, con el Comercio Justo, está intrínsecamente ligada a la historia de la tenda de Tot el Món. Esta asociación que nace en 1998, hace 22 años, y tiene como objetivo contribuir a reducir las desigualdades Sur-Norte mediante la comercialización de productos de Comercio Justo y la sensibilización de un Consumo Responsable desde la Educación para el Desarrollo. Además desde el principio ha apostado por la comercialización con la apertura de una tienda especializada de productos de Comercio Justo que lleva abierta desde el 24 de abril de 1998.

En estrecha colaboración con La Tenda el equipo de gobierno municipal actual está haciendo un esfuerzo importante por incorporar aspectos de la economía social, la sostenibilidad, y de igualdad tanto en su política de compras como en su fomento y apoyo institucional, dentro del marco de la Ley de Contratos del Sector Público de 2017 y la Ley de Fomento de la Responsabilidad Social de la Generalitat Valenciana de 2018, y con una visión de coherencia de políticas. El 27 noviembre 2018, el Pleno del Ayuntamiento de Sagunto aprobó por unanimidad una Declaración Institucional en favor del Comercio Justo como herramienta de Desarrollo Sostenible y de lucha contra el Cambio Climático. De este modo la candidatura aporta ejemplos concretos de pliegos que incluyen cláusulas específicas sobre Comercio Justo. Además se han realizado varios talleres de formación específica por parte de algunos técnicos municipales denominados “Compra Pública Ética en los Ayuntamientos. Como convertir las compras de las administraciones en un acto de responsabilidad social y medioambiental”.

El jurado ha valorado especialmente “que tiene una estrategia global, muy desarrollada a lo largo del tiempo. No es un municipio de gran tamaño, pero dedica muchas actuaciones al comercio justo, incluso han desarrollado dos productos de comercio justo, que se siguen comercializando y que se identifican con la ciudad. Además, cuenta con un Grupo de Trabajo Local por el Comercio Justo y lo tienen en cuenta para la Contratación Pública”.

Iniciativas de apoyo a la producción y comercio local, ecológico y Justo. La experiencia de Alcorisa

Desde el Ayuntamiento con una estrategia global ha implicado con el Comercio Justo a empresas locales y tiendas activas en el apoyo y la difusión del Comercio Justo. Desde el colectivo empresarial representado por la Asociación Empresarial de Alcorisa se incentiva a los sectores de comercio y hostelería a consumir productos de Comercio Justo como medio para una mayor sostenibilidad. Chocolates Artesanos Isabel, ejemplo de Comercio Justo global y local ha sido una gran impulsora de esta actividad, como productora y comercializadora. Muchos de los establecimientos hosteleros locales han incluido en su carta infusiones o cafés de Comercio Justo.

A lo largo del año se desarrollan distintas actividades relacionadas con el consumo responsable y la sostenibilidad. Algunas de ellas son las siguientes:

• Participación de empresas locales en los Mercados Agroecológicos de Aragón y en Ferias de Alimentación ecológica en el territorio nacional.
• Creación de un Grupo de Consumo a nivel local.
• Realización de un Mercado de Trueque.
• Actos para fomentar el consumo local y responsable por parte de la Asociación Empresarial.
• Banco de semillas de la Biblioteca de Alcorisa.
• Cooperativa de colegio, donde el alumnado elabora sus propios productos con materias primas locales.

El jurado ha valorado especialmente que es un municipio pequeño pero con un fuerte compromiso de todo el tejido social, empresarial y educativo a favor del Comercio Justo.

Acciones de apoyo o colaboración directa con productores y productoras de Comercio Justo. Ganadora la propuesta presentada por Córdoba

Córdoba tiene un amplio compromiso con diversas políticas regionales e internacionales para un Desarrollo Sostenible que, durante más de 30 años, han sido materializadas en diferentes acciones. Este compromiso ha contado con el respaldo de las instituciones públicas más representativas de la ciudad: Ayuntamiento de Córdoba, Diputación de Córdoba y Universidad de Córdoba. Además, se trata de un municipio con un tejido social vivo, con una ciudadanía crítica y solidaria, que se articula en diferentes organizaciones sociales; la más representativa, la Coordinadora de Colectivos Sociales “Córdoba Solidaria”.

En concreto Córdoba ha sido considerado por el jurado el municipio más destacado en esta categoría por sus muy buenas iniciativas, de apoyo directo y visible a proyectos de cooperación con grupos productores de Comercio Justo. En la localidad, a través del Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de la Provincia se han apoyado proyectos de cooperación con grupos productores de Comercio Justo, tales como la cooperativa Manduvirá (Paraguay), la Fundación Maquita (Ecuador), PARC (Palestina), Corr The Jute Works (Bangladesh), Mahaguthi (Nepal) y Agropia (Perú).

Entre los proyectos más destacados están la construcción de un laboratorio para el análisis de suelos, la construcción de una planta para la elaboración de compost orgánico en Paraguay; mejora productiva de la quinoa, el azúcar de caña o el cacao en Ecuador; la formación de artesanas rurales, la compra de infraestructuras y la puesta en marcha de fondos rotatorios para realizar microfinanzas en Nepal; o el apoyo a un grupo de mujeres en Palestina para la producción de Zaatar y en la mejora de la producción del dátil. Además se debe destacar que el compromiso de la ciudad con el Consumo Responsable y el Comercio Justo ha hecho que hoy en día sea conocido por una parte importante de la ciudadanía cordobesa, y exista una red de tiendas, supermercados y restaurantes con un compromiso expreso con el Comercio Justo.

El jurado ha valorado especialmente el trabajo continuado de estos últimos 10 años que ha sido acompañado con la puesta en marcha de varios programas de voluntariado participado por jóvenes cordobeses/as que han tenido la oportunidad de realizar estancias de 3 a 6 meses junto a estas organizaciones de Comercio Justo para apoyarlas y conocer más de cerca la realidad de los productores.

Artículo elaborado por Luigi Carinci y David Comet del grupo de trabajo de contratación pública responsable de Reas Red de Redes

Hace tres años que se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP). Se trata de una normativa que ha introducido no pocas novedades en la legislación española respecto a la relación entre el sector público y los operadores económicos. Algunas de las enmiendas presentadas en su momento por REAS, fueron incluidas literalmente en el cuerpo legislativo, traduciéndose en modificaciones sustanciales que favorecieron la contratación con organizaciones de la Economía Social y Solidaria, y permitieron avanzar hacia una Contratación Pública Responsable, mucho más abierta y participada por PYMEs y agentes sociales. Más comprometida con las políticas sociales, ambientales y para la igualdad de género, que nos ayudara a transitar hacia una economía más inteligente, sostenible e inclusiva, en línea con la Estrategia Europa 2020 y con la Agenda 2030 de Naciones Unidas, de Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que aspira a “erradicar la pobreza, mejorar las condiciones de vida de la población y lograr la rápida transición a una economía baja en emisiones de carbono y resiliente al cambio climático”.

La corresponsabilidad social y ambiental alentada desde la UE a través de las Directivas 2014/23/UE y 2014/25/UE, que responde a la creciente preocupación de la ciudadanía por la preservación del medio ambiente, por asegurar condiciones laborales dignas frente a la acuciante precariedad laboral y por la eliminación de las desigualdades sociales, se ha traducido, en la normativa estatal, en la toma en consideración de manera transversal y preceptiva de cláusulas de Contratación Pública Responsable, con la introducción del ciclo de vida como criterio básico para la construcción del precio de oferta, la exigencia de estándares y etiquetas que acrediten el cumplimiento del clausulado social y ambiental, y de la reserva de mercado a las empresas de la Economía Social y Solidaria.

En este periodo, desde REAS Red de Redes, a raíz de la experiencia adquirida en las últimas décadas, podemos decir que los avances en la aplicación de la contratación con criterios sociales y ambientales son importantes, aunque no obstante queda amplio camino por recorrer en términos de incidencia política, en los distintos niveles del sector público, y en la socialización de las buenas prácticas y experiencias exitosas entre los gestores de los procedimientos de contratación. Desde nuestro punto de vista, la aplicación de la Ley no ha alcanzado todavía las cotas esperadas. El informe número 136 sobre aplicación de contratación pública del Comité Europeo de las Regiones, de octubre de 2019, reconoce que tanto la práctica administrativa como los agentes económicos, se hallan en procesos de adaptación y que la aplicación de la norma sin errores se ha convertido en un fin en sí mismo, en lugar de ser un instrumento para contratar servicios y suministros. Según nuestra experiencia, a la escasez de recursos, en particular de los Gobierno locales, se une la escasa voluntad política y la falta de un enfoque estratégico de la contratación, como factores limitantes para el despliegue y la aplicación plena de la LCSP en todo su potencial, para la mejora de las condiciones laborales, la puesta en marcha de medidas para la igualdad de género y conciliación familiar, la reducción de emisiones de gases efecto invernadero (GEI), precursores del Cambio Climático, la apuesta por la agricultura ecológica y otras formas de producción sostenible, el respeto de los derechos humanos y el apoyo a las redes de comercio justo, y la tributación justa, además de la creación de un tejido productivo más arraigado en lo social y con capacidad de vertebrar el territorio.

Valga como ejemplo, la escasa aplicación de la reserva de mercado a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, recogida en la Disposición Adicional 4ª de la LCSP. Ya en su primer año de aplicación, la LCSP obligaba a todas las Administraciones Públicas (estatal, autonómicas y locales), a fijar un porcentaje mínimo de reserva de contratos a este tipo de entidades. A lo largo de estos tres años, sobre el total de las autonomías, solo doce han fijado porcentajes de reserva. Aragón, Baleares, Euskadi o Canarias, entre otras, han elaborado instrucciones para la consideración de criterios sociales y ambientales en estos procedimientos, incluyendo la reserva de contratos a estas entidades. Los datos de seguimiento en la aplicación y ejecución de esta son muy escasos, y en aquellas Administraciones donde se realiza, se constata que la ejecución queda, de media, aproximadamente un 30% por debajo de las proyecciones iniciales, lo que viene a confirmar que la praxis contractual se centra más en garantizar una tramitación impecable que en transversalizar y aumentar el impacto de las políticas sociales y ambientales, que fomente entre los agentes económicos un mayor compromiso para promover la dinamización de un tejido productivo más sostenible y arraigado en la comunidad.

Reservar contratos públicos a empresas de la Economía Social y Solidaria

La LCSP amplió las potestades de los órganos de contratación para reservar contratos de determinados servicios públicos (especialmente los de carácter cultural, social y sanitario) a entidades sin ánimo de lucro o con estructuras empresariales más democráticas y distributivas, más allá de los centros especiales de empleo de iniciativa social y las empresas de inserción, con la intención de garantizar la continuidad de estos servicios a través de organizaciones que son propiedad de su personal o en las que el personal participe activamente en la dirección.

Esta reserva de contratos, dirigida especialmente a empresas de la Economía Social y Solidaria, es una oportunidad para que las entidades del sector público potencien el impacto de sus estrategias y programas de transformación del modelo productivo. La misma pretende limitar la concurrencia en determinados contratos a entidades que basen su estructura y gestión en principios de democracia económica, tales como que carezcan de ánimo de lucro o distribuya o redistribuyan sus beneficios entre las personas trabajadoras o con criterios de participación, y que la propiedad y/o la dirección de la empresa esté participada igualmente por personas trabajadoras, usuarios/as o partes interesadas. La cooperativas, sociedades laborales y asociaciones cumplen, según la legislación estatal y autonómica que las regula, con estos principios; por ello, son las entidades a la que puede favorecer esta reserva. Aún así, la falta de concreción del legislador, que no ha explicitado en la LCSP a qué personalidades jurídicas se dirige esta reserva (como sí lo hizo en el caso de la reserva a centros especiales de empleo de iniciativa social y empresas de inserción) ha despertado las dudas entre los gestores públicos de la contratación sobre cómo acreditar el cumplimiento de estos principios, lo que les ha llevado a errar o, directamente, a rechazar su materialización por inseguridad jurídica (tal como ha puesto de manifiesto la Resolución nº 1477/1219 emitida el 19 de diciembre de 2019 por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales).

En la actual crisis global generada por la COVID-19, donde el sistema sanitario y de los cuidados están en riesgo y el sistema económico convencional es manifiestamente incapaz de dar respuesta a las necesidades de las comunidades, las Administraciones Públicas están llamadas a reconstruir lo común, a través de políticas de defensa y refuerzo de los servicios públicos y de promoción del cambio de modelo económico para garantizar los derechos sociales de todas las personas y la sostenibilidad de la vida.

Desde esta perspectiva, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo así como las asociaciones y las cooperativas, iniciativas que operan en todos los sectores con una estrecha vinculación con el territorio y con compromiso social, son parte de lo común. En ellas, miles de trabajadores y trabajadoras encuentran un espacio donde desarrollarse laboral, personal y socialmente, crean tejido social y ayudan a preservar el entorno.

Por tanto, el cumplimiento de la obligación de reservar contratos a empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, y a reservar contratos a otras entidades de la Economía Social, tal como permite la Disposición Adicional 48ª de la LCSP, es un paso en la senda que las Administraciones deben recorrer para transformar la economía y poner la vida en el centro.

La iniciativa de Gasteiz Zentzuz Kontsumitu, con la colaboración de REAS Euskadi, ha editado la guía “Cadena de suministros: producción, distribución y consumo”. Una publicación, eminentemente práctica, que aporta herramientas y ejemplos que faciliten la práctica de una compra pública responsable en toda la cadena de suministro del producto o servicio a adquirir. Con ello, se pretende fortalecer el desarrollo de cadenas de producción, distribución y consumo justas y sostenibles.

Con esta publicación se inicia una colección de “Guías prácticas para la compra pública responsable” que, a través de la iniciativa de diferentes agentes de la economía social y solidaria, irá presentando diferentes ámbitos temáticos en los que desarrollar políticas y prácticas, como las finanzas, la energía, servicios sociales, derechos laborales, igualdad, medio ambiente, etc.

Informe final del proyecto de Fundació Deixalles “Compra pública responsable, avanzando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible” en los que la entidad ha trabajado para mejorar su impacto, a través de diversas acciones de sensibilización y seguimiento, así como de difusión y visibilidad pública.

El informe final del proyecto recoge:

• Un diagnóstico de las políticas de compra pública responsable en las Islas Baleares, a partir de la información obtenida del seguimiento de la contratación pública y de informadores clave de las administraciones públicas y entidades sociales;
• Propuestas de mejora del impacto de las políticas públicas de compras y contratación sobre los ODS.

Fundació Deixalles ha desarrollado el proyecto “Compra pública responsable, avanzando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible” con el apoyo de la Dirección General de Cooperación de la Consejería de Asuntos Sociales y Deportes del Govern de les Illes Balears, a través de la convocatoria de subvenciones para ejecutar proyectos de sensibilización para el desarrollo.

El objetivo del proyecto ha sido mejorar el impacto de las políticas de compra pública responsable en las Islas Baleares sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El consumo responsable y el comercio justo, y en el marco de las administraciones públicas, la compra pública responsable, pueden contribuir a los ODS porque integran aspectos sociales y ambientales, de cohesión social y sostenibilidad.

Esta contribución es posible fomentando el cambio de proveedores de productos y servicios, favoreciendo las alternativas con criterios de consumo responsable; y aprovechando las oportunidades de la ley 9/2017, de contratos del sector público; tanto en relación los contratos reservados para empresas de inserción y centros especiales de empleo de iniciativa social, como a la posibilidad de inclusión de aspectos cualitativos, sociales y ambientales, como criterios de adjudicación y condiciones especiales de ejecución de los contratos.

Con el proyecto “Compra pública responsable, avanzando hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible” Fundació Deixalles ha trabajado para mejorar su impacto, a través de diversas acciones de sensibilización y seguimiento, así como de difusión y visibilidad pública.

El informe final del proyecto recoge:

• Un diagnóstico de las políticas de compra pública responsable en las Islas Baleares, a partir de la información obtenida del seguimiento de la contratación pública y de informadores clave de las administraciones públicas y entidades sociales;
• Propuestas de mejora del impacto de las políticas públicas de compras y contratación sobre los ODS.

Estas propuestas se han recogido en el manifiesto «MEJOREMOS LA COMPRA PÚBLICA RESPONSABLE PARA AVANZAR HACIA LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE», al que esperamos recibir las adhesiones de organizaciones de economía social y solidaria y del Tercer Sector Social.

Confiamos ahora más que nunca que esta tarea sea útil para avanzar desde las instituciones de las Islas Baleares hacia los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Aquí puedes acceder al Informe completo y aquí a su nota informativa en català y castellano.

Dos nuevos cursos on-line están disponibles sobre Contratación Pública Socialmente Responsable y sobre Cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres en la Contratación Pública.

Fechas: Curso abierto, las fechas las elige cada persona.

Imparte: Santiago Lesmes Zabalegui, Licenciado en Derecho. Experto en Cláusulas Sociales y propuestas legislativas sobre políticas sociales. Responsable del Área de Contratación Pública Socialmente Responsable en DE PAR EN PAR.

CURSO SOBRE CONTRATACIÓN PUBLICA SOCIALMENTE RESPONSABLE

Dirigido a:  Personal del sector público con la motivación de:

• Identificar y tomar conciencia de las principales problemáticas sociales.
• Comprender la importancia de la contratación pública como herramienta transformadora.

Cuáles son los contenidos y objetivos del curso:

• Adquirir los conocimientos necesarios para plasmar criterios sociales en las licitaciones públicas.
• Dominar el marco jurídico de la contratación pública responsable y visualizar su potencial para lograr efectos y resultados tangibles.
• Discernir la temática o temáticas sociales más apropiadas en cada licitación: discapacidad, inserción social, igualdad entre mujeres y hombres, calidad en el empleo, comercio justo, cadenas de producción, etc.
• Disponer de las herramientas necesarias para concretar con plenas garantías técnicas y jurídicas las cláusulas sociales en los pliegos de contratación.
• Pormenorizar las posibilidades procedimentales de aplicación en las diferentes fases del procedimiento.
• Mostrar las mejores prácticas de diversas Administraciones Públicas.
• Proporcionar modelos de cláusulas sociales.
• Abordar y disponer de sistemas de comprobación y verificación de las cláusulas sociales

Recursos y características:

• 4 lecciones y un anexo.
• 4 cuestionarios de autoevaluación.
• 2 casos prácticos.
• Documentación descargable y elaborada en exclusiva para el curso.
• Foro de debate para aclarar dudas y seguir aprendiendo.
• Entrega de diploma acreditativo correspondiente a 25 horas.

Dedicación estimada: 15 horas lectivas en las lecciones del curso, al que se añadirán 10 horas por el trabajo en el foro y los anexos de los modelos de cláusulas y verificadores, materiales de referencia y casos prácticos lectivas en las lecciones del curso.

Duración:  15 días.

Más información

Materiales del curso

CURSO CLÁUSULAS PARA LA IGUALDAD DE MUJERES Y HOMBRES EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA

Dirigido a Administraciones Públicas y personal del Sector Público que deseen:

• Comprender la importancia de la contratación pública como herramienta transformadora al servicio de la igualdad entre mujeres y hombres.
• Adquirir los conocimientos necesarios para plasmar criterios de género con todas las garantías en las licitaciones públicas.
• Disponer de los mejores modelos de cláusulas de género y sus correspondientes verificadores de cumplimiento.

Cuáles son los objetivos del curso:

• Facilitar las herramientas necesarias para concretar con plenas garantías técnicas y jurídicas las cláusulas de género en los pliegos de contratación.
• Tomar conciencia de la desigualdad entre mujeres y hombres.
• Analizar el marco jurídico de la contratación pública con perspectiva de género y visualizar su potencial para lograr efectos y resultados tangibles.
• Pormenorizar las posibilidades procedimentales de aplicación en las diferentes fases del procedimiento.
• Mostrar las mejores prácticas de diversas Administraciones Públicas.
• Proporcionar modelos exhaustivos de cláusulas para la igualdad de mujeres y hombres.
• Abordar y disponer de sistemas de comprobación y verificación de las cláusulas de género.

Recursos y características:

• 4 lecciones y un anexo.
• 4 cuestionarios de autoevaluación.
• 2 casos prácticos.
• Documentación descargable y elaborada en exclusiva para el curso.
• Foro de debate para plantear al tutor todas las dudas.
• Entrega de diploma acreditativo correspondiente a 25 horas de dedicación por los módulos más los anexos.

Dedicación estimada: 15 horas lectivas en las lecciones del curso, al que se añadirán 10 horas por el trabajo en el foro y los anexos de los modelos de cláusulas y verificadores, materiales de referencia y casos prácticos.

Duración:  15 días.

Más información

Materiales del curso

En los últimos años han proliferado las ciudades europeas que, a través de los concursos públicos, utilizan su capacidad de gasto de forma más proactiva y estratégica para favorecer la justicia social y los objetivos medioambientales. Al frente de esta tendencia están los ayuntamientos que se definen como municipalistas: contrarios al neoliberalismo y comprometidos con la democracia urbana para impulsar un cambio progresista, concreto y radical en sus ciudades.

Algunas ciudades han revisado las políticas de contratación pública para reducir la dependencia de grandes corporaciones e impulsar un desarrollo económico local más sostenible, algo que suele provocar conflictos entre las ciudades y las multinacionales. El importe total de los servicios, trabajos y suministros adquiridos por las ciudades de la UE asciende a casi 2.000 millones de euros al año (en torno al 14% del PIB), por lo que el potencial transformador de las políticas progresistas de contratación pública es inmenso.

Sin embargo, muchas de estas políticas de contratación pública basada en valores se rigen por las neoliberales directivas de contratación de la Unión Europea (UE), concebidas para favorecer un único mercado donde los contratos se adjudican al licitador que ofrece el precio más bajo. Estas directivas han favorecido a las grandes multinacionales a costa de las empresas locales, y también han contribuido al dumping social y a otros problemas. Aunque la legislación de la UE ha mejorado, sigue planteando numerosos obstáculos a políticas de contratación municipalistas ambiciosas. Para sortearlos, las ciudades están desarrollando nuevas estrategias.

Estas directivas han favorecido a las grandes multinacionales a costa de las empresas locales y han contribuido al dumping social

 

El proceso de unificación europea, que se aceleró en los años 80 y 90 con la creación del mercado único, supuso inicialmente una grave restricción a la contratación pública con fines progresistas. La contratación pública se abrió a la competencia internacional, incluso a través de la licitación obligatoria para contratos por encima de cierto volumen en toda la UE. Por otra parte, el Tribunal Europeo de Justicia (caso Telaustria) decretó que las reglas fundamentales del Tratado de la UE deben aplicarse a todos los contratos públicos, incluyendo el principio de no discriminación (prohíbe la discriminación por razón de nacionalidad). Las directivas de contratación de 2004 tenían una clara orientación neoliberal: el “precio más bajo” y la “oferta más ventajosa económicamente” eran los criterios principales, lo que daba poco margen a políticas progresistas de contratación pública.

Este hecho ha dado más cuota de mercado a las multinacionales, grandes beneficiarias de las economías de escala, a costa de la pequeña empresa local. También ha contribuido al dumping social y medioambiental, ya que los concursos públicos se adjudicaban a las empresas que ofrecían la propuesta más barata, vulnerando las normas laborales y medioambientales. Si bien la revisión de estas directivas en 2014 permitió incorporar criterios sociales y medioambientales en la adjudicación, el 55% de los procedimientos de contratación siguen basándose en el precio más bajo como único criterio.

El 55% de los procedimientos de contratación siguen basándose en el precio más bajo como único criterio

 

Antes de citar ejemplos de políticas de contratación progresistas, es fundamental mencionar la tendencia, muy relacionada, a desprivatizar los servicios públicos. Cada vez más municipios deciden poner fin a la privatización o a la externalización mediante contratos públicos con empresas privadas y apuestan por los servicios internos, por la gestión pública directa. Sectores como el del agua, energía, gestión de residuos y transporte es donde la desprivatización se ha generalizado especialmente, como reveló el Transnational Institute en su informe Remunicipalización: Cómo ciudades y ciudadanía están escribiendo el futuro de los servicios públicos.

Cuando los servicios son asumidos por la administración pública, los ayuntamientos no están obligados a publicar el anuncio de los concursos públicos en toda la UE. No obstante, si bien la normativa de la UE sobre contratación pública permite la administración pública, la realidad es que existen obstáculos para que los municipios elijan esta vía.

Preston y el fomento de la riqueza de la comunidad

Uno de los ejemplos más interesantes de cómo los gobiernos municipalistas utilizan la contratación pública como herramienta estratégica es Preston, una ciudad del noroeste de Inglaterra. Este municipio de 140.000 habitantes apuesta por la “contratación progresista de bienes y servicios” como parte de su estrategia de “fomento de la riqueza de la comunidad”. Es una de las comunidades más pobres de Inglaterra y ha decidido destinar su presupuesto de contratación al apoyo de la pequeña empresa local y de las empresas con orientación social. Un ejemplo: en el concurso convocado para reformar el mercado, el contrato se fraccionó en contratos más pequeños para permitir que oferten las pymes locales, con la inclusión de cláusulas sociales como salarios dignos para las personas trabajadoras. Esta medida ha impulsado la economía local y ha reducido la dependencia en las corporaciones multinacionales.

Los críticos han acusado a Preston de alimentar el “proteccionismo municipal”, pero la ciudad lo niega. El Ayuntamiento insiste en que cumple plenamente con la ley de contratos públicos de la UE y del Reino Unido gracias a que aplica un sistema ponderado para la adjudicación de contratos. Este sistema tiene en cuenta otros criterios además del precio, como la “calidad, el compromiso con la formación, la actitud hacia la adquisición de competencias y la capacitación, la contratación de mano de obra local, la estrategia con los subcontratistas y la longitud de las cadenas de suministro”, además de la huella de carbono. Según Sarah McKinley, del grupo de reflexión Democracy Collaborative, “el 80% del dinero que Preston recuperó procedía de multinacionales con sede en Londres. Por tanto, no fue el condado vecino el que perdió, sino las grandes multinacionales”.

“El 80% del dinero que Preston recuperó procedía de multinacionales con sede en Londres, por lo que no fue el condado vecino el que perdió, sino las grandes multinacionales

 

El modelo de Preston es uno de los experimentos municipales más adelantados de Europa, pues ha aprovechado con valentía la enorme laguna de interpretación de la ley de contratos. Los resultados que Preston ha logrado hasta ahora son impresionantes. El CLES (Centre for Local Economic Strategies o Centro de Estrategias Económicas Locales) está promoviendo activamente una estrategia de ”fomento de la riqueza de la comunidad“ en otras regiones del Reino Unido, y cada vez son más ciudades las que aplican esta medida y otras similares.

Nápoles frente a las multinacionales y la mafia

El gobierno municipalista de Nápoles se enfrenta a un doble desafío: combatir “la injerencia no solo de las multinacionales, sino también de la mafia” en la contratación pública de la ciudad, explica la concejala Eleanora de Maio. La situación de las ciudades progresistas del sur de Italia podría compararse a “una carrera de obstáculos entre el poder de las multinacionales interesadas en invertir en ciudades en rápida mutación y el riesgo de corrupción”. Aunque la ley de contratación pública dificulta el mantenimiento de estos “poderes de explotación legales e ilegales”, la ciudad está haciendo todo lo posible y ha logrado grandes avances desde 2011, año de la llegada al poder de la coalición municipalista. Al igual que en Preston, las convocatorias a concurso se regulan de manera de ofrecer oportunidades genuinas a proyectos y empresas locales, a la vez que deja fuera de juego a los aliados del crimen organizado. Algunas convocatorias a concurso incluyen cláusulas sociales, como la obligación de contratar un porcentaje elevado de personal local.

El gobierno municipal también se ha fijado el objetivo de excluir a las multinacionales cómplices de crímenes de guerra o de violaciones de los derechos humanos

 

El gobierno municipal también se ha fijado el objetivo de excluir a las multinacionales cómplices de crímenes de guerra o de violaciones de los derechos humanos. Eleanora de Maio cita el ejemplo de Pizzarotti, una empresa constructora de estaciones de tren y metro y cómplice de violaciones de derechos humanos en Palestina. Aunque lo ideal sería elaborar una lista negra de empresas que tuvieran prohibido el acceso a la contratación pública municipal, es probable que listas negras de este tipo vulneren la legislación vigente de contratación de la UE, un claro obstáculo a la contratación pública basada en valores.

Barcelona y su apuesta por la contratación pública basada en valores

El ayuntamiento municipalista de Barcelona, liderado por Ada Colau del partido Barcelona En Comú (alcaldesa elegida por primera vez en 2015 y reelegida en 2019), apuesta por una estrategia muy ambiciosa: utilizar la contratación pública (el 19% del presupuesto de la ciudad) como herramienta estratégica del cambio. El gobierno municipal ha incorporado en los contratos públicos de la ciudad valores tales como la igualdad de género, los derechos laborales, los objetivos de economía social, los derechos de los colectivos vulnerables y otras cláusulas éticas, además del respeto por el medio ambiente. Pero como afirma Álvaro Porro González, comisionado de economía social, “todo eso es sobre el papel: lo difícil es llevarlo a la práctica”.

Para que las nuevas políticas funcionen, se debería trabajar en una nueva cultura interna en la administración de la ciudad y desarrollar herramientas que ayuden a los funcionarios. La ciudad ha tomado varias medidas para agilizar la aplicación de estas nuevas políticas, como proporcionar formación exhaustiva y elaborar una guía de cláusulas sociales para que las utilicen los funcionarios cuando preparan convocatorias de concurso. Asimismo, se han creado servicios internos de evaluación para vigilar si se están respetando los compromisos sociales y medioambientales en los contratos públicos. Como en Preston, los concursos de gran envergadura se fraccionan en otros más pequeños para favorecer a las pymes. Y aunque el precio sigue siendo un criterio importante, ahora hay otros factores que pesan mucho más que antes.

También las políticas progresistas de contratación pública de Barcelona se han topado con varios obstáculos legales. El ejemplo más sangrante es probablemente el de Endesa: esta empresa privada, líder del sector eléctrico, denunció al ayuntamiento por la cláusula de pobreza energética que se incluyó en un concurso. Alegando la Directiva sobre procedimientos de recursos de la UE, impugnó la obligación de proteger a los consumidores pobres de los cortes eléctricos y el tribunal le dio la razón al reconocer que esta cláusula vulneraba la ley de contratos.

Mientras preparaban el lanzamiento de la empresa de titularidad pública comercializadora de electricidad Barcelona Energia, venció el contrato vigente con Endesa. La ciudad necesitaba un contrato puente de corta duración para cubrir las necesidades de energía del municipio. En el anuncio del concurso, el ayuntamiento incluyó dos cláusulas: energía verde y pobreza energética. La cláusula de pobreza energética obligaba a la empresa a cumplir con la ley catalana de pobreza energética y a firmar un convenio de ”pobreza energética“ con el ayuntamiento. El último día del proceso de licitación, tanto Gas Natural como Endesa presentaron una queja ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público.

El tribunal dio la razón a las eléctricas y rechazó la cláusula de pobreza energética. Barcelona tuvo que repetir el concurso y Endesa se adjudicó el contrato. Y aunque la ciudad resolvió esta cuestión creando una compañía municipal de energía y ya no necesitará convocar concursos públicos en esta área, el problema sigue existiendo en otros dominios. Las políticas municipales progresistas están siendo frustradas por la interpretación judicial de la ley de contratos: los jueces se centran casi exclusivamente en el objeto principal del contrato y no tienen en cuenta otras consideraciones.

Además, los tribunales españoles son muy erráticos en sus resoluciones. Mientras Madrid obtuvo luz verde en un concurso público que exigía a los candidatos el suministro de energía cien por ciento verde, Valencia perdió un caso idéntico. Como la apelación es gratuita y los tribunales suelen dar la razón a las compañías, los licitadores que pierden suelen recurrir. Esto hace que el proceso de licitación sea muy lento, algo que las ciudades deben tener en cuenta en sus concursos.

La Directiva de 2007 de la UE sobre procedimientos de recursos otorga, a cualquier compañía que crea que la oferta que presentó es mejor que la del competidor que ha ganado, la posibilidad de recurrir ante organismos consultivos administrativos o judiciales en todos los países de la UE.

Grenoble en la búsqueda de alimentos locales y orgánicos en los comedores escolares

Grenoble es otra ciudad que se ha topado con obstáculos legales por la naturaleza de sus leyes de contratación pública. Su ciudadanía quería alimentos orgánicos locales en los comedores escolares y la ciudad deseaba impulsar la economía local apoyando a los agricultores orgánicos. “Básicamente, estamos tratando de acercarnos lo más posible al objetivo de cien por ciento de alimentos locales orgánicos en los comedores escolares”, afirma la concejala Anne-Sophie Olmos. Y agrega que según la ley de contratación pública de la UE es ilegal incluir criterios geográficos en los concursos públicos, lo que dificulta que las autoridades locales cumplan con la voluntad perfectamente democrática de la ciudadanía.

Pero Grenoble no se rinde y lucha por encontrar una fórmula para sortear este obstáculo: “En Grenoble hemos decidido adoptar una política de contratación pública que sea realmente ‘pública’. Eso significa que el precio no es el único factor a tener en cuenta al adquirir productos y servicios. También tenemos en cuenta los criterios ambientales y sociales para favorecer que, a la pequeña empresa, a menudo local, se le adjudiquen contratos”, puntualiza.

La ciudad lleva tres años organizando un evento anual en el que los compradores públicos informan a los posibles candidatos sobre sus requisitos sociales y ambientales, y presentan sus planes de contratación del próximo año. De esta forma, las empresas, muchas de ellas locales, entienden mejor las necesidades de los compradores del sector público.

Otro obstáculo a los alimentos locales y cien por ciento orgánicos en los comedores escolares es el hecho de que la política agrícola común de la UE ha perjudicado la autosuficiencia local. La competencia de las grandes explotaciones agrícolas industriales, que acaparan la mayor parte de las subvenciones agrícolas de la UE, ha destruido muchas pequeñas granjas locales, sobre todo de las regiones montañosas. Por ello, señala la concejala: “Estamos recurriendo a medidas complementarias, como proyectos de cultivo de alimentos y políticas de zonificación para proteger la tierra de cultivo a fin de reconstruir gradualmente el sector alimentario local”.

¿Es conveniente elaborar una lista negra de empresas evasoras de impuestos?

La evasión fiscal es otro problema que podría abordarse mediante un nuevo enfoque de la contratación pública. Las corporaciones y los particulares ricos que esconden dinero en paraísos fiscales debilitan el estado de bienestar y despiertan un profundo sentimiento de injusticia en países de toda Europa. Según un estudio de Datlab: “en 2006-2017, las empresas constituidas en paraísos fiscales obtuvieron el cinco por ciento de los concursos públicos en todos los países de la UE. Ello significa que estas empresas son adjudicatarias de un volumen que ronda los 100.000 millones de euros anuales”. 100.000 millones de euros anuales

En mayo de 2016, el ayuntamiento de Barcelona aprobó un decreto que prohibía la contratación de empresas vinculadas a paraísos fiscales. El concejal del Ayuntamiento, Gerardo Pisarello, explica los motivos de la decisión: “El municipalismo es un arma para ganar soberanía fiscal, y hoy por hoy la soberanía fiscal es imposible sin una lucha decidida contra la evasión, que constituye una amenaza real para la democracia”. Barcelona es una de las 37 ciudades del Estado español que se ha declarado “zona libre de paraísos fiscales”. Ahora incluye una cláusula contra los paraísos fiscales en todos sus contratos públicos. Pero, por desgracia, hasta el momento estas cláusulas han tenido un carácter básicamente simbólico. Ni un solo contrato ha sido paralizado por motivo de evasión de impuestos porque las ciudades carecen del poder para hacer cumplir tales cláusulas. Las empresas que se postulan a concursos públicos declaran no tener dinero en paraísos fiscales y no estar involucradas en actividades ilegales, pero la ciudad no tiene forma de exigir pruebas de ello.

Barcelona es una de las 37 ciudades del Estado español que se ha declarado zona libre de paraísos fiscales

 

En Copenhague, el ayuntamiento quiso excluir a las empresas evasoras de impuestos de los contratos públicos, pero el departamento de economía de la ciudad se opuso argumentando que incumpliría la ley de contratos danesa y de la UE. La ley solo permite a los ayuntamientos excluir a las compañías que han sido condenadas por incumplir la ley fiscal. Por desgracia, recurrir a paraísos fiscales y a otras especulaciones relacionadas con los impuestos no es ilegal en la mayoría de los casos. Tanto en Malmö como en Helsinki, los miembros progresistas del concejo municipal se toparon con los mismos obstáculos cuando reclamaron que la política de contratos de la ciudad excluyera los paraísos fiscales y recompensara a los proveedores que hacen públicos sus datos fiscales país por país (lo que permite conocer la cantidad de impuestos que paga la empresa en cada país en el que opera y saca a la luz la evasión fiscal). Además, no existe una base de datos oficial de evasores fiscales probados que puedan consultar los funcionarios de contratación.

Es evidente la necesidad de un nuevo régimen jurídico que obligue a las empresas a demostrar que no recurren a paraísos fiscales. En la primavera de 2019, el Informe Tax3 del Parlamento Europeo instó a la Comisión a revisar la Directiva de contratación pública de la UE para hacer posible “la aplicación de las disposiciones fiscales como los criterios de exclusión o incluso criterios de selección en la contratación pública”.

Combatir el dumping social

La ley de contratos públicos de la UE ha creado numerosos problemas de dumping social: empresas que se adjudican contratos porque proponen ofertas baratas gracias a que pagan salarios más bajos, desentendiéndose de la protección que debe ofrecer como empleador y atentando contra los derechos de las personas trabajadoras, lo que ha causado una indignación comprensible. La revisión en 2014 de las directivas de contratos pública aportó más margen para introducir cláusulas sociales. Penny Clarke, de la Federación Sindical de Servicios Públicos (EPSU), lamenta que muchas ciudades sigan siendo reticentes a aprovechar las oportunidades que ofrecen las directivas tanto para prestar los servicios ellos mismos en vez de externalizarlos como para favorecer la contratación progresista, incluso a través de cláusulas sociales.

Muchas ciudades han tomado medidas e introducido cláusulas sociales ambiciosas en sus procesos de licitación pública. Es el caso de ciudades españolas como La Coruña, Zaragoza, Palma, Madrid y, por supuesto, Barcelona. Copenhague también es un buen ejemplo de cómo la contratación pública se puede utilizar para proteger los derechos laborales. La capital danesa ha puesto en marcha una doble estrategia: incluir cláusulas laborales en los contratos públicos y velar para que las empresas adjudicatarias de contratos públicos proporcionen condiciones de trabajo y salarios justos. En 2017, el ayuntamiento decidió crear un Comité de Vigilancia Contra el Dumping Social, con sede en el departamento de contratos de la ciudad. Para hacer cumplir las cláusulas laborales, este comité realiza “comprobaciones exhaustivas basadas en el diálogo” con los proveedores, incluyendo inspecciones en los centros de trabajo. Cualquier incumplimiento de las cláusulas puede dar lugar a sanciones, incluso a la rescisión del contrato. Otro aspecto de esta política es la obligación de colocar letreros en los lugares de obra para concientizar sobre el compromiso de la ciudad por combatir el dumping social.

El camino a seguir

Ciudades de toda Europa están demostrando que existe un enorme potencial para utilizar la contratación pública como ayuda a las políticas progresistas. Pero si bien a nivel municipal se puede hacer mucho si existe voluntad política, también es claro que existen grandes obstáculos legales y que se necesita un entorno legal y político mucho más favorable. La revisión de 2014 de la Directiva de la UE abrió nuevas posibilidades, pero los fundamentos del neoliberalismo siguen vigentes.

Durante la campaña a las elecciones al Parlamento Europeo de mayo de 2019, la plataforma ciudadana Barcelona en Comú publicó un folleto con propuestas sobre cómo “municipalizar Europa“. Uno de los capítulos trata de los contratos municipales basados en valores: “Queremos una economía local justa y plural, pero actualmente la UE limita la capacidad de las instituciones públicas para incluir estos criterios en la contratación pública. Vamos a pedir que se revisen las directivas de contratación pública para que se diferencia entre contratos nacionales y municipales, dando a los municipios una mayor flexibilidad para incluir cláusulas sociales y ambientales”.

Aunque algunos cambios necesarios para crear un entorno que fomente la contratación pública municipal basada en valores requerirían una nueva revisión de la directiva, otros no. La Comisión Europea puede y debe trabajar en aras de la claridad elaborando regularmente directrices y guías sobre áreas específicas de contratación pública. Esto tranquilizaría a los municipios, ya que podrían apostar por la contratación basada en valores sin temor a sanciones. La preparación de estas directrices positivas debe hacerse en consulta con los municipios progresistas, con los sindicatos y con las organizaciones de la sociedad civil, lo que por desgracia no siempre es el caso. Pero debería ir mucho más allá de la contratación ecológica y social: también debe incluir el apoyo a una lista negra de empresas o corporaciones evasoras de impuestos o involucradas en violaciones de derechos humanos.

Además de la directiva de contratos, también la Directiva sobre procedimientos de recursos necesita una revisión. Actualmente las corporaciones utilizan esta directiva para amenazar a las ciudades y, como ocurre en el Estado español, para cuestionar las decisiones de licitación a gran escala. La directiva debe actualizarse para descartar reclamaciones frívolas y acabar con los procedimientos legales que las grandes empresas utilizan como arma de presión.

La directiva debe actualizarse para descartar reclamaciones frívolas y acabar con los procedimientos legales que las grandes empresas utilizan como arma de presión

 

La concejala de Grenoble, Anne-Sophie Olmos, resumió así su punto de vista: “Para mí, lo primero que debe hacer Europa es dar a las autoridades locales y regionales independencia en cuestiones de necesidades básicas como los alimentos, el agua y la energía. En estos aspectos, las autoridades públicas deberían poder favorecer lo local si demuestran que ello favorece la autonomía de la comunidad”. Esta circunstancia apunta a la necesidad de revisar uno de los principios fundamentales de las directivas de la UE: no está permitido promover el desarrollo económico local mediante la contratación pública. Esto impide que los municipios utilicen la política de contratos para perseguir objetivos políticos legítimos o les obliga a estudiar medidas creativas e indirectas para lograr estos objetivos.

Pero mientras los concejales y activistas progresistas de la ciudad exigen más espacio democrático para que los municipios den forma a sus políticas de contratación pública, hay fuerzas poderosas que presionan en sentido contrario. BusinessEurope, organización patronal europea creada por organizaciones patronales de la UE, argumenta que “la contratación pública debería ser más favorable a las empresas”. Ha pedido a la Comisión Europea que actúe contra “los peligros […] de la contratación estratégica», como las cláusulas medioambientales y sociales. BusinessEurope afirma que “la existencia de barreras injustificadas” puede “impedir el acceso a los mercados de contratación pública” y advierte contra “condiciones de licitación y criterios de adjudicación excesivamente prescriptivos o que persigan objetivos sociales no relacionados”. “El incumplimiento con las normas de contratación pública “debe sancionarse rigurosamente”, reclama el grupo de presión.

No hay duda que los gobiernos municipales progresistas y los movimientos sociales municipalistas de toda Europa necesitan presionar más para defender su espacio democrático. Es poco probable que la directiva de contratación pública de la UE se revise a corto plazo: algunos países han integrado muy recientemente la directiva actualizada de 2014 en su legislación nacional. El Estado español lo hizo en 2018. Pero lo que está claro es la necesidad de revisar las directivas para eliminar los obstáculos neoliberales que se interponen en el camino de la contratación municipal basada en valores. Estos cambios deberían hacer que la contratación pública favorezca la transición hacia economías locales más justas, más ecológicas y más dinámicas.

La serie de artículos Ciudades VS Multinacionales es una publicación de ENCO – Red Europea de Observatorios de Transnacionales, una red de organizaciones europeas de la sociedad civil y de medios, dedicadas a investigar corporaciones transnacionales y el poder corporativo. La publicación ha sido coordinada por Corporate Europe Observatory (CEO), Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Observatoire des multinationales y Transnational Institute (TNI).

El consorcio Zentzuz Kontsumitu, con la colaboración de REAS Euskadi, organiza una jornada sobre compra pública responsable, el jueves 19 de septiembre de 09:30 a 13:00 en el Centro Cívico El Campillo de Vitoria-Gasteiz.

En concreto, se presentará una guía práctica en torno a la inclusión de cláusulas sociales relativas a la cadena de suministros: producción, distribución y consumo. Esta guía forma parte de una colección que tendrá su continuidad con otras temáticas sectoriales (finanzas, energía, servicios sociales…).

La presentación correrá a cargo de su autor, Santiago Lesmes y, posteriormente se celebrará una mesa redonda con participantes en el ámbito de la producción (Máquita, Ecuador), distribución (AlterNativa3) y consumo (administración pública).

En los archivos adjuntos tenéis toda la información, así como la manera de inscribiros.

REAS red de redes se suma a la campaña “Compra Pública Ética”, impulsada por La ONGD Alboan con el objetivo de que las administraciones locales adquieran y consuman tecnología responsable y fuera de zonas de conflicto. Este apoyo se enmarca dentro de una línea estratégica prioritaria para red como es la promoción de la contratación pública responsable, y que tiene su reflejo en la web creada para esta materia: contratacionpublicaresponsable.org, así como en las diversas actividades formativas y de incidencia que vienen realizando tanto la comisión estatal de Contratación Pública como las diversas redes territoriales.

Esta campaña de “Compra Pública Ética” de productos electrónicos está dirigida, principalmente, a ayuntamientos de Euskadi y de Navarra. A la hora renovar sus equipos, se les recomienda que incorporen criterios de comportamiento responsable de las empresas proveedoras. Además de aspectos técnicos o económicos.

En regiones el mundo, la extracción de ciertos minerales – como por ejemplo el coltán-,  es fuente de violación de derechos humanos y sustento de conflictos armados. Estos minerales se utilizan para fabricar dispositivos electrónicos como teléfonos, tablets o pantallas de ordenador, entre otros. Con la iniciativa de Compra Pública Ética, Alboan exige a nuestros ayuntamientos y diputaciones que, a la hora de renovar sus equipos, incorporen criterios de comportamiento responsable de las empresas, junto a los criterios técnicos o económicos, solicitando que se valore positivamente a aquellas empresas que llevan a cabo buenas prácticas para gestionar los riesgos asociados a la vulneración de DDHH en sus cadenas de suministro de minerales.

Para ello, se reclama que los ayuntamientos incorporen cláusulas específicas en sus contratos de compra para evitar que el comercio de minerales contribuya a prolongar conflictos armados. ¡Pídele tú también a tu ayuntamiento que consuma tecnología responsable!

Visita aquí la Guía para la compra pública responsable de productos electrónicos.

Firma a través de la plataforma Visibles.org.

Esta noticia ha sido publicada así mismo en contratacionpublicaresponsable.org, la web de REAS RdR para todo lo relacionado con criterios de compra y contratación pública responsable, consumo ético desde las instituciones y pliegos de contratación con perspectiva solidaria, de género o inserción social. Visita contratacionpublicaresponsable.org o síguenos en redes sociales para estar al día de estos temas.

MORENO MOLINA, J. A. (2018): Hacia una Compra Pública Responsable y Sostenible. Novedades principales de la Ley de contratos del sector público 9/2017. Ed. Tirant lo Blanch, Valencia

La decisiva Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, aplicable por su carácter básico a todas las Administraciones, poderes adjudicadores y entidades públicas españolas, plantea un nuevo modelo de contratación pública que debe tener como elementos claves una gestión eficaz, eficiente, íntegra y transparente de los fondos públicos, a través de la obligatoria utilización de medios electrónicos, que impulse además las políticas públicas sociales, ambientales y de investigación y desarrollo.

Esta nueva legislación transpone al ordenamiento jurídico español las Directivas de la Unión Europea 2014/23 y 2014/24, sobre contratación pública y contratos de concesión, enmarcadas en la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e integrador y que por primera vez regulan en sede europea tanto las fases de preparación y adjudicación de los contratos públicos como las de ejecución y resolución de los mismos.

El libro analiza las principales novedades de la LCSP 2017, entre las que se encuentran aspectos de tanta relevancia para todos los operadores públicos y privados de los contratos públicos como la garantía de los principios generales, la obligatoria inclusión de criterios sociales y ambientales, el ámbito subjetivo y su ampliación, la regulación de los contratos menores, la decisiva supresión de las instrucciones internas de contratación, la ampliación del objeto del recurso especial, el impulso de la participación de las PYME, las reglas aplicables a las Entidades locales y la plena utilización de medios electrónicos en la contratación pública.

Ficha del libro

Contratación Pública Responsable estrena página web. En ella, sus habituales secciones de noticias, biblioteca y buscador de cláusulas adoptan una nueva imagen y se vuelven más accesibles y sencillas de utilizar. Además, la página se renueva y se abre a la participación de los usuarios: con la nueva web podrán aportarse documentos y noticias para que sean publicados y difundidos, de modo que entre todas podamos contribuir a enriquecer esta herramienta de trabajo y lucha por una #contrataResponsable. Visita la nueva web en contratacionpublicaresponsable.org

La iniciativa Contratación Pública Responsable estrena una nueva página web en contratacionpublicaresponsable.org. En ella, sus habituales secciones de noticias, biblioteca y buscador de cláusulas se renuevan y adoptan una nueva imagen para ser más accesibles y sencillas de utilizar.

El buscador de cláusulas continúa siendo el protagonista de esta página web. A través de él pueden buscarse, copiarse y adaptarse cláusulas sociales, que incluyen temas de inserción laboral, discapacidad, igualdad y fomento de la Economía Social y Solidaria; o cláusulas medioambientales, con apartados dedicados a los circuitos de proximidad y la compra o contratación de diferentes servicios, de máquinas de vending a papel, de gestión de viajes o limpieza de edificios.

La nueva página ofrece como principal novedad la posibilidad de participación de los usuarios: cualquier persona podrá aportar documentos o noticias a través de la página web para que estos sean publicados y difundidos. De este modo, la biblioteca de documentos legislativos, pliegos y guías, y la sección de noticias de actualidad, serán apartados más vivos, en constante actualización.

Desde Contratación Pública Responsable se plantea esta nueva web con el objetivo de hacerla más accesible al usuario, de modo que las reivindicaciones por una Contratación Pública Responsable pueda llegar a más público. Al mismo tiempo, abrir la participación a los usuarios es también un modo de enriquecer la herramienta de trabajo que supone la web, permitiendo que cualquier persona pueda convertirse en un sujeto activo dentro de la comunidad en defensa de una #contrataResponsable.

Visita la nueva web en contratacionpublicaresponsable.org

Para más información contacta en: clausulassociales@reasnet.com

• Priorizar la contratación de servicios a aquellas empresas con un comportamiento respetuoso con el medio ambiente y los derechos humanos es una herramienta poderosa para cambiar el mundo.
• En la Agenda 2030 de Naciones Unidas se incluyó en 2015 una meta para promover prácticas de compra pública sostenibles.
• En España, la Ley de contratos ha de ser considerada una política capaz de acelerar el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El Ministerio de Hacienda adelantó recientemente que se priorizará en los contratos públicos a las empresas con planes sociales y de igualdad para sus empleados. La intención es aprovechar los casi 16.000 millones de euros anuales que destina el Gobierno a la compra de bienes o a la contratación de obras y servicios para incentivar mejoras sociales, planes de igualdad y medidas de fomento de la sostenibilidad en el sector privado.

El gasto de las administraciones públicas representa en el conjunto de la Unión Europea cerca del 16% del Producto Interior Bruto (PIB). Miles de millones de euros movilizados desde el ayuntamiento más pequeño hasta el Gobierno, pasando por diputaciones, comunidades autónomas y la estructura administrativa europea. Una poderosa herramienta que puede ejercer una enorme influencia en el mercado y contribuir a que un comportamiento más sostenible de las empresas se convierta en una ventaja competitiva.

Hay tres grandes pilares que conforman lo que se conoce como Compra Pública Responsable: la compra social que fomenta la inserción socio laboral de personas con capacidades diversas o en riesgo de exclusión, promueve la igualdad de género, etc.; la compra ética que apoya iniciativas de Comercio Justo que garantizan condiciones laborales dignas en toda la cadena de producción y suministro, sobre todo en países empobrecidos; y la compra verde que busca minimizar el impacto ambiental mediante la reducción del consumo de recursos y de generación de residuos, promoviendo alternativas que incorporan productos reciclados o que provienen de recursos renovables.

Numerosas administraciones llevan más de una década incorporando estos criterios en sus prácticas de contratación, buscando una mayor coherencia institucional y una mayor eficacia en la consecución de objetivos ambientales y sociales. Así, por ejemplo, se han habilitado máquinas expendedoras con café, cacao o té de comercio justo, se utiliza papel reciclado, se subcontrata personal centros especiales de empleo, etc.

Para ello, se hace uso de herramientas como las cláusulas sociales o la reserva de mercados. Desde 2011, nuestro país cuenta con una Ley de Economía Social que delimita lo que se entiende por tal y pone las bases para el impulso de medidas que fomenten a las entidades de economía social, con especial atención a las que apoyen el empleo en los sectores más desfavorecidos y con arraigo en su territorio. Se trata de garantizar así que nadie se quede atrás.

Además, el pasado 9 de marzo entró en vigor la Ley 9/2017, del 8 de noviembre de 2017, de Contratos del Sector Público, una legislación que permite y favorece que se consideren cláusulas sociales y ambientales para que las administraciones puedan comprar de forma más responsable y hacer avanzar la igualdad de oportunidades, la dignidad del empleo, la cohesión social y la sostenibilidad. Esta ley es el resultado de años de trabajo e incluye muchas de las enmiendas presentadas por Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y otras entidades al proyecto de ley presentado en diciembre del año anterior.

La compra pública responsable y la Agenda 2030

En la Agenda 2030, aprobada por los Estados miembros de Naciones Unidas hace ya casi tres años, se incluyó, entre los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), el garantizar modalidades de producción y consumo responsables. Y esto se concretó, entre otras, en una meta, en la que se habla de promover prácticas de adquisición pública que sean sostenibles, de conformidad con las políticas y prioridades nacionales.

En España, la Ley de contratos, y las medidas que contiene para impulsar tanto la economía social como la Compra Pública Responsable, ha de ser considerada precisamente como una política con capacidad de acelerar el progreso con rapidez y crear sinergias con otras medidas para alcanzar los ODS. Es decir, entraría en lo que el Grupo de Alto Nivel para la Agenda 2030, del Gobierno español, denomina «políticas palanca» y Naciones Unidas, «aceleradores».

Así se reconocía en el Plan de Acción para la implementación de la Agenda 2030 aprobado en el Consejo de Ministros del 29 de junio al incluir la Economía Social como una política palanca y la compra pública como una medida transformadora. En este sentido, se anunciaba, además, que en 2019 se dispondrá de una metodología piloto para alinear los Presupuestos Generales del Estado y los ODS.

Con esta acertada decisión, se abre una puerta para que toda esa ingente corriente de personas y entidades que apostamos por la economía alternativa y solidaria en sus diversas versiones podamos sumarnos a la apuesta por los ODS. No solo las ONG de Desarrollo, sino también los centros especiales de empleo, las empresas de inserción, las cooperativas energéticas, las entidades de comercio justo o de banca ética. Es decir, todos aquellos que operamos desde la convicción de que la actividad económica tiene que estar subordinada a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible e inclusivo, por encima de otros intereses.

Es, asimismo, un reto necesario pensar las compras de bienes y la contratación de obras y servicios públicos desde el enfoque de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Si hace años ya señalábamos que las concejalías de deportes debían comprar material deportivo a organizaciones de Comercio Justo y no a empresas denunciadas por utilizar mano de obra infantil, ahora hemos de añadir la exigencia de que los fondos municipales estén en banca ética y no en bancos o cajas de ahorro que desahucian.

REAS Murcia promueve sesiones formativas sobre Contratación Pública Responsable dirigidas a entidades locales de la Región de Murcia. 

El pasado viernes 8 de junio, REAS Murcia ha llevado a cabo, con la colaboración del Servicio de Contratación del Ayuntamiento de Murcia, una sesión formativa sobre contratación pública responsable con la asistencia de personal técnico y responsables políticos del consistorio murciano. En ella han participado Santiago Lesmes, de la consultora De Par En Par, y Luigi Carinci, como responsable de Contratación Pública de REAS Murcia.

El objetivo de la sesión ha sido doble, por un lado formar al personal técnico sobre las novedades de la nueva Ley, que incluyen la obligación de aplicar la reserva de mercado para empresas de inserción, centros especiales de empleo y entidades de la economía social, y de incluir criterios sociales, éticos y medioambientales. Por otro lado, fomentar planes de contratación pública de estimulo del desarrollo local y sostenible, la inclusión sociolaboral, la  igualdad, el trabajo digno y el consumo responsable entre otros. 

REAS Murcia sostiene que la Contratación Pública representa el 12,85% del PIB regional y que  la aplicación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público supone la contratación de cientos de personas de colectivos desfavorecidos y en exclusión social, sin contar la mejora que suponen las medidas de eficiencia, eficacia y transparencia en cuanto a calidad, ahorro para las arcas públicas y en retorno social de la inversión.  

Desde REAS queremos promover una economía al servicio de las personas y la comunidad, que repercuta positivamente en el entorno. Para ello, colaboramos con la administración pública ofreciendo el conocimiento y las herramientas para la aplicación de los principios de la contratación pública responsable dentro de un sistema de corresponsabilidad social.

En este sentido, “estamos muy satisfechos de los resultados de la sesión, han participado todos los servicios del consistorio, ahora hay que lograr la puesta en practica del conocimiento para alcanzar el pleno potencial de la nueva Ley”, comenta Luigi Carinci.

Taller sobre consumo consciente a cargo de Toni Lodeiro (revista Opcions): 1001 dudas y muchas ideas practicas. Y a continuación mesa de experiencias donde contaremos con proyectos de consumo responsable: Som Energia, El Salto País Valencià, Revista Opcions, Som Alimentació y el Mercat Social.

Durante el mismo día, a lo largo de la mañana y primeras horas de la tarde tendrá lugar la Jornada de Compra Pública Innovadora y Responsable, en las que se tratará la aplicación de criterios medio ambientales y sociales a las contrataciones públicas. 

En los últimos años, servicios administrados por ayuntamientos, gobiernos autonómicos y otras instituciones públicas se han externalizado como forma de abaratar los costes y responder a las exigencias de recorte en el gasto público. La gestión de estos servicios ha pasado a manos de entidades privadas bajo el criterio de asignarla a las empresas que proponían hacerlo con el menor coste. En la mayoría de los casos, esta práctica ha tenido como consecuencia el empeoramiento de la calidad de los servicios y, más ampliamente, de las condiciones sociales, laborales, económicas y ambientales en las que se ejecutan estos contratos, unas malas prácticas que han obligado a ayuntamientos como el de Madrid, Murcia o Zaragoza a imponer sanciones a las empresas.

Todas las entidades del sector público contratan, con el dinero de toda la ciudadanía, a entidades privadas para atender las necesidades de bienes y servicios públicos, y son las encargadas de preparar los términos del contrato, adjudicarlo y supervisar su cumplimiento, así como de rescindirlo llegado el caso. El aumento de los procedimientos de contratación pública hace necesario un mayor seguimiento de las adjudicaciones y su ejecución, así como velar por unas condiciones de contratación que no prioricen el abaratamiento de costes sino los intereses sociales y el bien común, el bienestar de las personas y el cuidado por el entorno.

Es por estos motivos por los cuales la Economía Social y Solidaria y otros agentes sociales vienen reclamando una Contratación Pública Responsable que guíe las decisiones de las adjudicaciones públicas por criterios de sostenibilidad económica, cultural, social y ambiental, que ponga los intereses de las personas por encima del abaratamiento a toda costa. Valores como la dignidad del trabajo o la igualdad de oportunidades y de género o el respeto hacia los Derechos Humanos en las cadenas de producción de bienes son priorizados de esta forma y defendidos desde la instituciones públicas que deben garantizarlos.

Para ello, la Contratación Pública Responsable se dota de cláusulas sociales, de comercio justo, medioambientales y de género, una serie de condiciones que las empresas deben cumplir para optar a la gestión de un servicio y durante el tiempo que dure esta contrata. Los objetivos pueden ser varios y combinados entre sí: garantizar unas condiciones laborales determinadas, la inserción sociolaboral de colectivos desfavorecidos, exigir el uso de productos ecológicos o primar la calidad del servicio público sobre el beneficio final de la empresa adjudicataria.

En este sentido, las entidades de Economía Social y Solidaria suponen una garantía para el cumplimiento de estos criterios y trabajan por su promoción y cumplimiento a través de la realización de diferentes actividades. Reas Madrid y Mercado Social de Madrid publicaban el pasado año la guía “Preguntas frecuentes y Respuestas Rápidas para una Contratación Pública Responsable”, la cual responde a dudas concretas y plantea situaciones reales de buenas prácticas que se dan en nuestro país (puede consultarse on-line en el enlace). También se celebran numerosas jornadas y charlas, como la impartida por Leire Álvarez (REAS Euskadi), en el marco de las I Jornadas de Economía Social y Solidaria de Molina de Segura; o la Jornada Por una Contratación Pública Responsable, organizada por Participa Sevilla, organizada por REAS Andalucía y en la que participó David Comet (IDEAS de Comercio Justo).

Según este último, «que la contratación administrativa persiga objetivos sociales y ambientales es una poderosa herramienta para cambiar la sociedad y sus formas de relación». En esta misma línea, Leire Álvarez afirma que la Contratación Pública Responsable “contribuye al cumplimiento de políticas sociales y laborales de ámbito nacional e internacional, estimula mercados con conciencia social, fomenta la inclusión social y laboral, pone en marcha modelos de gobernanza sensibles a las cuestiones sociales y garantiza gastos públicos más eficaces”. El trabajo por lograr estos objetivos, pasa también por el encuentro con instituciones públicas, como la reunión celebrada el pasado octubre de REAS Aragón con el Observatorio de la Contratación del Ayuntamiento de Huesca.

Para facilitar el trabajo de técnicos de las diferentes administraciones en el proceso de inclusión de cláusulas sociales y criterios éticos, la web contratacionpublicaresponsable.org ofrece un listado de cláusulas sociales y ambientales divididas por temas, que pretenden resultar útiles para la elaboración de convocatorias de concursos o procesos de adjudicación. En la misma web y sus redes sociales, Facebook y Twitter, también se difunde información y noticias relevantes en relación con la Contratación Pública, se comparten enlaces de interés, se da acceso a la legislación vigente, y se reúnen diversas guías, pliegos, instrucciones y acuerdos para facilitar ejemplos útiles en materia de Contratación Pública Responsable. Muchas de las iniciativas que se están desarrollando en esta materia, así como las buenas prácticas que han comenzado a darse como resultado de ellas, las recogía Toni Lodeiro en este artículo.

2018 será el año en el que entre vigor la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la cual prohíbe la posibilidad de contratación sin publicidad, promueve la contratación de PYMES e incluye en sus criterios de adjudicación aspectos medioambientales, sociales y de innovación. El interés por esta ley y el nuevo panorama abierto para posibles contratistas se traduce en que eventos como la Jornada sobre Contratación Pública Responsable organizada por CEPES para el próximo 25 de enero haya anunciado tener su aforo completo un par de semanas antes de su celebración. Se trata pues de un momento de gran importancia para quienes queremos hacer avanzar nuestra sociedad hacia la equidad y la justicia social. Los criterios éticos y la responsabilidad en la contratación pública deben convertirse en práctica habitual de las administraciones públicas. Conseguirlo depende también de que seamos capaces entre todas de dar a conocer estas herramientas entre capas cada vez más extendidas de nuestro entorno.

Dirigida a:

– Empresas y entidades de la economía social.

-Técnicos y técnicas de contratación de las Administraciones Públicas.

-Representantes políticos y cargos públicos de dirección.

Objetivos y contenidos:

-Analizar el nuevo escenario normativo de cláusulas sociales y contratación tras la aprobación de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

-Explicitar las ventajas y beneficios de la contratación pública responsable para promover administraciones públicas comprometidas socialmente.

-Facilitar a las entidades de la economía social su acceso a la adjudicación de contratos públicos.

-Ofrecer al personal técnico implicado en contratación pública las herramientas y mejores prácticas para elaborar los pliegos de contratación con cláusulas sociales y reservas de contratos.

Inscripciones:

Aforo limitado. Plazo máximo de inscripción: lunes, 22 de enero 2018

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Ver programa y ponentes en este archivo

Por Carlos Saavedra Bajo para El Salmón Contracorriente

El volumen de contratación del sector público en la Unión Europea representa en torno al 20% del PIB, es decir, casi una quinta parte del dinero que se mueve en la UE lo hace a través de los contratos administrativos. Hablamos con David Comet, coordinador de compra responsable de IDEAS de la situación de la compra pública responsable.

¿Por qué es tan importante la compra pública?

Porque es el procedimiento por el que las Administraciones, como ejecutoras de las políticas públicas, adquieren bienes y contratan a empresas para proveernos de servicios básicos para nuestra calidad de vida como la educación, la sanidad, la vivienda, la ayuda a la dependencia, etc. e incide en el modelo de desarrollo que tenemos, influyendo en la forma en las condiciones laborales en las que contratan las empresas, en si se dedican a actividades más o menos sostenibles, en si respetan la igualdad entre mujer y hombre o si garantizan el respeto de los Derecho Humanos de las personas que fabrican nuestra ropa o material informático en otros países.

¿Tiene tanto poder como para cambiar una sociedad?

Muchísimo, ya que una sociedad como la nuestra, en la que las relaciones sociales están determinadas por las relaciones económicas y el modelo de desarrollo (y en especial por los hábitos de consumo de la ciudadanía, las empresas, organizaciones sociales y la Administración) la forma en que contrata la Administración es determinante para definir dichas relaciones y modelo de desarrollo. El volumen de contratación del sector público en la Unión Europea representa en torno al 20% del PIB, es decir, casi una quinta parte del dinero que se mueve en la UE lo hace a través de los contratos administrativos.

Por ejemplo, si la totalidad o una parte de las Administraciones Públicas europeas decidieran apostar en su contratación por modelos productivos y de gestión empresarial basados en principios de la Economía Social y Solidaria, tales como las cooperativas, empresas de inserción o entidades sin ánimo de lucro, se favorecería formas de gestión de los servicios públicos más democráticas e inclusivas, donde trabajadores y usuarios pudieran participar directamente en la definición de los servicios, favoreciendo una mayor corresponsabilidad con lo público e incrementando las rentas de las personas trabajadoras. Es una forma de redistribución de la riqueza, ni más ni menos. También se podría dar una oportunidad laboral a colectivos en riesgo de exclusión, o en situación de exclusión, como personas discapacitadas, víctimas de la violencia de género o personas desempleadas de larga duración, evitando la injusticia social que detrás de ellas se esconde.

¿Cómo afectaría al medio ambiente?
Si todo el sector público decide consumir electricidad procedente de fuentes 100% renovables, las compañías eléctricas deberían cambiar su modelo empresarial e invertir en la instalación de nuevos campos solares o eólicos para producir energía y abandonar poco a poco las centrales térmicas y nucleares, mucho más peligrosas, contaminantes y perjudiciales para nuestra salud.

No parece poca cosa

Que la contratación administrativa persiga los objetivos sociales y ambientales que se promueven desde los gobiernos democráticos, como la igualdad de género, el desarrollo sostenible, la inclusión social o el respeto a los Derechos Humanos, y que no se limiten solamente a garantizar la provisión un servicio o suministro al uso, es una poderosa herramienta para cambiar la sociedad y sus formas de relación laboral, económica, social, medioambiental, familiar, etc.; es sólo poner la vida en el centro de la economía incentivándolo, también, a través de la contratación del sector público.

¿Qué avances o retrocesos trae la nueva ley respecto a la situación anterior? ¿Facilita? ¿Dificulta?

La Directiva 2014/24/UE de contratos públicos, aún no traspuesta a la legislación estatal, trae importantes novedades que significan avances positivos con los que se pretende contribuir a un cambio de modelo productivo.

El avance más destacado es el cambio de planteamiento respecto a anteriores legislaciones; la Directiva reconoce ahora que la contratación pública debe ser utilizada para potenciar y aumentar el impacto de las políticas sociales tales como las del fomento de la igualdad entre mujer y hombre, de respeto al medio ambiente, de la formación en el puesto de trabajo, de protección de los Derechos Humanos, para garantizar la calidad en el empleo y luchar contra la precaridad, etc. Entiende que es más coherente, eficiente y efectivo incluir las políticas sociales y ambientales en la contratación pública administrativa a no hacerlo, como se venía haciendo hasta el momento, desaprovechando todo el potencial que hubiera tenido poner la totalidad del gasto público al servicio del bienestar social. Este cambio de lógica, sin duda, es esencial para seguir en la senda de que la Administración Pública practique un consumo responsable.

En este sentido habla la Directiva “la innovación ecológica y la innovación social, se encuentran entre los principales motores del crecimiento futuro y ocupan un lugar central de la Estrategia Europa 2020”. Entiende el Parlamento y la Comisión Europea que “los poderes públicos deben hacer la mejor utilización estratégica posible de la contratación pública para fomentar la innovación”. En este sentido la consideración de criterios sociales, éticos y ambientales en los contratos administrativos se convierten en elemento tractor de un cambio de modelo productivo.

¿Representa alguna novedad la directiva?

En lo concreto las principales novedades tienen que ver, por ejemplo, con la exigencia de dividir o lotear grandes contratos con el fin de que las pequeñas y medianas empresas puedan participar en los concursos públicos; este cambio de lógica evitará que se dé la circunstancia que, como ha ocurrido hasta el momento, ha estado generalizada, sólo las grandes empresas tenían capacidad para contratar con la Administración Pública por las condiciones de solvencia técnica, económica y financiera que se imponía para adjudicar estos contratos. Ello ha ocasionado que la mayoría de contratos públicos de la Unión Europea estén en manos de grandes empresas y multinacionales, mientras que son las pequeñas y medianas empresas (PYMES) quedan excluidas de estos procesos. Un ejemplo lo tenemos en el Ayuntamiento de Madrid quien, hasta 2015, adjudicaba 3 de cada 4 euros de contratos públicos a sólo 17 empresas entre las que se encontraban multinacionales como ACS, Sacyr, Ferrovial, OHL o FCC salpicadas algunas de ellas por casos de corrupción asociados a los procesos de contratación pública. Es una anomalía que la UE quiere evitar; en 2014 las PYMES representan el 99,8% de las empresas (no financieras), dan el 67% del empleo y constituyen el 58% de la facturación total europea.

Por otro lado, la posibilidad de reservar contratos a empresas con estructuras cooperativas, sin ánimo de lucro y de interés social, es otra de las importantes novedades. Hasta ahora sólo se podían reservar contratos a empresas de inserción y centros especiales de empleo. El único aspecto negativo que tiene es que al ser un artículo meramente potestativo está a merced de que los Estados miembro de la UE incorporen esta posibilidad en la tramitación y aprobación de sus leyes de contratación pública. De hacerlo, todas las Administraciones Públicas tendrían la posibilidad de reservar la adjudicación de determinados servicios (como el de ayuda a domicilio) a empresas y entidades de la Economía Social y Solidaria, con todos los efectos positivos que ello pudiera tener.

La Directiva Europea también posibilita y obliga a considerar criterios sociales, éticos y ambientales en los procesos de contratación pública por lo que sólo está en manos de las Administraciones Públicas que ejerzan esta posibilidad y pongan sus contratos administrativos al servicio del bienestar social y el desarrollo sostenible.

El Tribunal Supremo suprimió las clausulas sociales de la que pretendió sacar Álava, ¿por qué?

La sentencia nº 1154/2016 del Tribunal Supremo aborda un recurso interpuesto por la Abogacía del Estado en representación de la Administración General del Estado contra la Sentencia de 4 de marzo de 2015, dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en relación a la Norma Foral 1/2014 , de 12 de febrero, para la incorporación de cláusulas sociales en los contratos de obra del sector público foral, aprobada por las Juntas Generales de Álava.

Esta norma pretendía obligar a las Juntas Generales de Álava y sus empresas públicas mercantiles y organismos autónomos a considerar, de forma general, criterios sociales en sus procesos de contratación de obras. El Alto Tribunal anuló dicha norma por dos motivos: por un lado por considerar que las Juntas Generales de Álava no tenían “competencia normativa alguna en materia de trabajo y seguridad social” por lo que no les competía a ellas vigilar y sancionar el incumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas que les ejecutaran sus contratos (por ser competencia de otro ente público como la Inspección de Trabajo) y por otro lado a que interpreta que una norma general no debe imponer cláusulas ni condiciones en los pliegos de contratación pública sino que, al ser un acto administrativo, debe ser el órgano de contratación quién establezca dichas condiciones en base a la legislación; dice el Tribunal que la mejor forma de favorecer cláusulas sociales a través de los contratos públicos es la publicación de “pliegos de cláusulas administrativas generales, en base al artículo 114.3 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, de Texto Refundido de Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP)”.

La sentencia es casi una guía

El Tribunal Supremo no viene a echar por tierra la posibilidad de considerar cláusulas sociales y ambientales en los procesos de contratación pública sino que aclara cuál es la mejor forma de hacerlo y qué aspectos o cláusulas quedan fuera; en primer lugar indica el Tribunal Supremo que la manera idónea de extender las cláusulas sociales son la redacción y publicación de “pliegos generales de cláusulas administrativas” en vez de otras formas como las normas generales, circulares o instrucciones, y en segundo lugar que el establecimiento de condiciones de seguimiento, control y sanción por prácticas ilegales realizadas por las empresas durante la ejecución de sus contratos no se pueden incorporar como cláusulas contractuales ya que dicha competencia corresponde a otros organismos del Estado tales como a la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social en el caso de las infracciones laborales.

En todo caso la Directiva 2014/24/UE de contratos públicos, en su considerando 39, indica que como “cláusulas contractuales […] debe ser posible incluir cláusulas que garanticen el cumplimiento de convenios colectivos, de conformidad con el Derecho de la Unión, en los contratos públicos» y añade que «el incumplimiento de las respectivas obligaciones podría considerarse una falta grave del operador económico, pudiendo acarrearle su exclusión del procedimiento de adjudicación de un contrato público». Por tanto, interpreta la Unión Europea que durante el proceso de licitación es cuando habría que asegurar el cumplimiento de la legislación en materia social, ambiental y laboral a la luz de la oferta y documentación presentada por las empresas licitadoras, pero no hacerlo durante la ejecución del contrato ya que en este momento le correspondería actuar a los organismos públicos competentes para ello. No se exime con ello al órgano adjudicador o Administración de denunciar a las empresas que ejecuten sus contratos e incumplan la legislación laboral, social o ambiental ante la Fiscalía o la Inspección de Trabajo, algo que tiene la obligación de hacer. La única potestad que tienen las Administraciones Públicas es dar seguimiento y control a aquellas cláusulas (incluyendo las sociales, éticas y ambientales) no relativas al cumplimiento de la ley, sino a las condiciones especiales de ejecución que tienen por objetivo “favorecer determinadas contrataciones laborales como las de las personas con dificultades de inserción en el mercado laboral, eliminar las desigualdades por razón de sexo en el mercado laboral, combatir el desempleo, promover la formación y las finalidades que se establezcan (se remite así al desarrollo reglamentario ) así como para garantizar el cumplimiento de Convenciones fundamentales de la OIT (no del resto de la normativa laboral que deberá por eso atenerse a sus propias normas y controles para su observancia)”.

¿Qué dificultades se tienen en los municipios a la hora de implementar clausulas sociales?

En especial el desconocimiento sobre qué puede considerarse y qué no, y la incertidumbre sobre la legalidad de determinadas cláusulas por parte de las personas trabajadoras del sector público que tienen que tramitar dichos procedimientos. Ello se corrige dando formación a los/as trabajadores/as públicos y determinando a qué políticas sociales y ambientales se puede contribuir desde la contratación administrativa. Las principales dificultades, en este sentido, no son legales, sino más bien técnicas y, en ocasiones, de voluntad y valentía política. La apuesta por formas distintas de contratación, como son la consideración de cláusulas sociales y ambientales, será perjudicial para algunos actores económicos como las grandes empresas por lo que, para llevarlas a cabo, se debe asumir un coste político que no siempre se está dispuesta a asumir por las implicaciones que ello puede conllevar.

Podríamos señalar, igualmente, otros problemas como los prolongados plazos de pago de las Administraciones Públicas que no pueden ser soportados ni asumidos por las pequeñas y medianas empresas y que dejan vía libre a las grandes, con mayor músculo financiero o la dificultad, en ocasiones, de que las empresas de ámbito local respondan a las exigencias sociales y ambientales que se incorporan en los contratos públicos. Todo ello es salvable si se trabaja con planificación, convencimiento y rigurosidad.

¿Algún país europeo que destaque en la transposición de la directiva?

Una parte de los Estados miembro de la Unión Europea no necesitan transposición de las Directivas Europeas en leyes estatales, sino que basta con su publicación en el Diario Oficial de la UE. En otros como España, Alemania o Bélgica es necesario la aprobación de una Ley nacional para que pueda aplicarse de forma efectiva, para lo cual la UE da dos años para realizar dicha transposición, periodo que finalizó el pasado 18 de abril de 2016 para la Directiva 2014/24/UE de contratos públicos.

Recientemente la Comisión Europea ha reclamado a 21 Estados miembro, entre los que se incluye España, a que traspongan las Directivas de Contratación Pública (Directivas 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE) ya que el plazo para hacerlo ha terminado y se podrían estar produciendo perjuicios a las empresas y Administraciones Públicas de esos países.

Algunos países ya la han transpuesto a su normativa estatal como Francia o Alemania. En lo relativo a la promoción de la Economía Social destaca Reino Unido quién ha incluido en su ley, la conocida como The Public Contracts Regulations, la posibilidad de reservar determinados contratos a empresas participadas por trabajadores (como las cooperativas) o que carezcan de ánimo de lucro. En general, los Estados miembros están regulando de forma favorable a la consideración de cláusulas sociales y ambientales en los procesos de contratación pública. Las Directivas europeas de contratación pública no dejan mucha opción para no hacerlo; las mismas no son producto del convencimiento de la Comisión y el Parlamento Europeo sino que, en buena parte, integran la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea quien, sentencia tras sentencia, ha propiciado una mejor posición de las cláusulas sociales en los procesos de contratación.

Llegamos a España

En lo que respeta a España, la ausencia de transposición de la Directiva en ley estatal se ha sustituido por la aprobación y publicación de la Resolución de 16 de marzo de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, por la que se publica la Recomendación de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre el efecto directo de las nuevas Directivas comunitarias en materia de contratación pública, en la que se aclara qué partes de la Directiva tienen efectividad en la gestión de las contrataciones de las Administraciones españolas y cuáles no hasta que se constituyan las nuevas Cortes Generales el próximo 26 de junio y puedan tramitarse y aprobarse una Ley de Contratos Públicos.

¿Qué beneficios aporta la economía solidaria a la administración frente a una gran empresa?

La Economía Solidaria aporta: democracia económica, dando participación a las personas trabajadoras en las decisiones de la empresa y posibilitando formas flexibles y participativas de resolver problemas, más cercanas tanto a las necesidades de las personas usuarias y trabajadoras como de la administración y de la sociedad en general; redistribución de la riqueza, garantizando condiciones laborales dignas y mejorando la renta de las personas trabajadoras, y por ende aumentando su poder adquisitivo y su capacidad de consumo, lo que fomenta la economía local y relocaliza/arraiga la actividad productiva al territorio (frente a la deslocalización y relaciones impersonales de las multinacionales); condiciones equitativas, sin diferencias entre mujer y hombre en el ámbito laboral y profesional; respeto a la vida y al medio ambiente, al apostar por modelos y procesos productivos más sustentables, respetuosos con las culturas y el medio natural.

¿Cómo influye el color político en la administración a la hora de hacer un contrato público?

Mi experiencia me dice que son las personas y no tanto el color político lo que determina si las políticas de contratación y compra pública se hacen considerando cláusulas sociales o ambientales o no. No se puede negar que las políticas públicas gobernadas con planteamientos más neoliberales y las procedentes de planteamientos más socialdemócratas, socialistas o cercanos a la Ecología Política son determinantes para propiciar utilizar las políticas públicas como instrumento de cambio social o no; mientras los planteamientos neoliberales son más proclives a no interferir en el modelo económico a través de los procesos de contratación pública (o de cualquier otra política estatal), el segundo planteamiento, a priori, apuesta más decididamente por poner la contratación al servicio del bienestar social y el respeto medioambiental.

Han sido gobiernos de muy distinto color político los que, de una u otra forma, han puesto en marcha procesos de contratación pública que han considerado cláusulas sociales y ambientales. Ello podría explicarse por la amalgama ideológica que existe en los partidos actuales, especialmente en los que han perseguido la centralidad política, y que han albergado en su seno formas y planteamientos ideológicos distintos, que sin ser contrarios, no sólo se han diferenciado por eves matices.

¿Algún ejemplo?

Ayuntamientos como el de Madrid han desarrollado acciones de contratación pública ambientalmente sostenible y de apoyo al Comercio Justo durante los gobiernos de Ana Botella (PP), como también lo han hecho otros como el de Zaragoza (PSOE), Generalitat de Catalunya (CiU) o Córdoba (IU) durante la primera década del siglo XXI. Si bien las iniciativas existentes de 2004 a 2015, periodo en el que la legislación posibilitaba la consideración de cláusulas sociales y ambientales, han sido aisladas y atomizadas, han tenido repercusión en las localidades en las que se han llevado a cabo y especialmente han contribuido a la consolidación de procesos de contratación administrativa que, con el tiempo, se han ido consolidado, aumentado el tipo y número de cláusulas sociales y ambientales.

Cabe destacar que la consideración de dichas cláusulas en los contratos públicos ha tenido mayor relevancia y expansión institucional pasadas las elecciones municipales de 2015. El cambio del color político de municipios tan relevantes como Madrid, Sevilla, Zaragoza, Santiago o Barcelona, y su compromiso por cambiar las formas de compra y contratación pública (muy vinculadas a la corrupción política, la excesiva adjudicación de contratos públicos a las grandes empresas y la precaridad de las personas trabajadoras en los servicios públicos) han hecho que multitud de gobiernos locales se sumen a esta ola y comiencen a evaluar seriamente sus formas y procedimientos de contratación con ánimo de introducir criterios sociales y ambientales que mejoren la calidad de vida de las personas trabajadoras y usuarias de los mismos y favorezcan un modelo más sostenible. Se cuentan por decenas las instrucciones y decretos municipales que pretenden cambiar el modelo de contratación pública a través de la consideración de cláusulas sociales y ambientales.

¿Existe alguna diferencia en la contratación pública a nivel regional entre comunidades?

Rotundamente sí, en especial en lo que tiene que ver con la consideración de cláusulas sociales y ambientales. Destacan por su labor, pasada y futura, regiones como Cataluña y País Vasco, ambas con completos programas de contratación pública sostenible que se han llegado a reflejar hasta en sus Leyes de Presupuestos en los que han venido incluyendo una reserva de contratos a empresas de inserción o centros especiales de empleo.

En todo caso, para no desmerecer al resto, decir que en este momento se están discutiendo y poniendo en marcha políticas y medidas interesantes para cambiar el paradigma de la contratación pública en comunidades como Aragón o Extremadura.

¿Existe algún país que pueda servir de modelo en su compra pública?

Pues modelos perfectos y ejemplares no existen, aunque si bien es verdad, cada país destaca por una política de contratación pública en concreto. Destacan más bien experiencias de ámbito local o regional de algunos países que de forma aislada o más estratégica han comenzado a desarrollar acciones favorables a una contratación pública social y medioambiental.

¿Cómo se lucha frente a contratos vigentes de larga duración, 10, 20 años, como los que están saliendo en Ayuntamientos como Madrid?

Pues se lucha dándoles seguimiento, evaluándolos y exigiendo a las empresas contratistas que cumplan con todas las cláusulas de los contratos, en especial, lo que tiene que ver con las condiciones de contratación de las personas que están adscritas a los contratos.

Las obligaciones que muchos de estos contratos tienen para la Administración Pública (y que son de años) imposibilita exigir nuevas cláusulas, y por eso limita su capacidad incidencia. En todo caso, los contratos de duración muy larga, como los de 10 o 20 años no son contratos administrativos como tal sino que, más bien, son concesiones administrativas que son cosa distinta; la concesión es una autorización para explotar económicamente un espacio o servicio público por parte de una empresa, a través del cual, la Administración Pública recibe un canon o compensación económica. Los contratos o compras administrativas tienen una duración máxima de 3 años (con las prórrogas que pudieran hacerse) pero tienen un tiempo más limitado, ello está regulado por la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones Públicas.

¿Cómo es tratada la contratación pública en los programas electorales?

Pues en general todos los partidos coinciden en que la contratación pública debe ser más transparente. Por ejemplo, el Partido Popular sólo incluye una medida relativa a impulsar una “reforma de la Ley de Contratos del Sector Público para incrementar los controles y cerrar cualquier espacio a posibles irregularidades u opacidades” que lo que persigue mayoritariamente es luchar contra la corrupción y no la consideración de cláusulas sociales; como evaluación a dicho compromiso cabe destacar que en su etapa de gobierno, el Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público (con el que se pretendía transponer la Directiva Europea 2014/24/UE de contratos públicos) presentado por el Gobierno de España en marzo 2015 olvidó la posibilidad de reservar contratos a empresas cooperativas participadas por personas trabajadoras o entidades sin ánimo de lucro como así le posibilitaba la Directiva europea y que posibilitaron otros Estados miembros del a UE como Reino Unido.

Por su parte, el PSOE se compromete a «impulsar un sistema de contratación pública transparente, eficiente en la asignación del gasto público, que asegure la calidad de los bienes y servicios y que sea sostenible ambiental y socialmente» además se comprometen a favorecer la igualdad, la lucha contra la corrupción, la reserva de contratos públicos a empresas de inserción y centros especiales de empleo, o ejercer más control sobre el cumplimiento de las condiciones laborales fijadas en los convenios laborales que se apliquen a los contratos públicos.

Unidos Podemos se compromete a «materializar los criterios sociales, medioambientales y de fomento de la economía local en los pliegos de condiciones de la contratación pública» además de la lucha contra la corrupción y la transparencia en los procesos de licitación. Es el compromiso más directo y de mayor envergadura de los estudiados ya que no sólo se compromete a «impulsar» o «reformular» leyes o acciones para favorecer una contratación pública sostenible sino a hacerlos realidad, algo que por mi experiencia es lo que requiere más esfuerzo.

El programa de Ciudadanos sólo indica que establecerá «criterios de puntuación positiva a las empresas certificadas que participen en procesos de contratación con el sector público» para premiar a las empresas que tengan planes de conciliación de la vida familiar y laboral, y a garantizar más transparencia y buena gestión de los contratos públicos. No establece otras medidas adicionales para la promoción de criterios sociales y medioambientales en los procesos de contratación pública.

En definitiva, al menos en el papel, parece que el compromiso de más envergadura es el adquirido por el programa de Unidos Podemos ya que, además de legislar sobre contratos públicos (cosa que tendrán que hacer obligatoriamente todos los partidos para transponer la Directiva europea de 201) materializaran dichos cláusulas, al menos, en los contratos realizados por la Administración General del Estado. En cuanto al programa que más espacio dedica y medidas más concretas establece es el del PSOE que si bien no se compromete a materializar las cláusulas sociales, quiere impulsarlas.

Desde que el ayuntamiento de Sevilla aprobara en pleno por unanimidad las inclusión de claúsulas sociales el pasado mes de septiembre, entidades y organizaciones de la economía social y solidaria de la ciudad han trabajado para que la definición de estos criterios sociales, éticos y mediambientales fuesen lo más favorable posible. Esta participación concluyó ayer con el cierre del proceso de alegaciones al documento que el equipo de Espadas elaboró y difundió hace un par de semanas.

La sociedad civil del sector muestra así su apoyo con una iniciativa que venía demandando desde hacía años; apoyo que se traduce en un compromiso por parte del mismo y una puesta a disposición del personal, conocimientos y recursos con los que cuenta. Este proceso se está llevando de manera paralela en otros municipios, como el caso de Córdoba, donde la Mesa por la Economía Social y Solidaria lleva meses trabajando con el Ayuntamiento en esta materia.

Desde la Red de Economía Social y Solidaria sevillana, red referente de ámbito estatal del sector y uno de los agentes impulsores de la iniciativa, se considera correcto el borrador para el objetivo y marco normativo del que parte. Sin embargo, se valora insuficiente si no se acompaña de más medidas, así como se reclama una mayor participación dentro del proceso de la sociedad civil y los gentes interesados.

 En esos términos se manifiesta Samuel Barco, uno de los interlocutores de la red en el territorio: «El trabajo realizado por el Ayuntamiento responde a un análisis que entendemos correcto; uno de los obstáculos en el proceso de hacer la compra pública un instrumento contra la exclusión y el desempleo y no un creador de desigualdad y paro es la seguridad jurídica para los responsables de contratos del Ayuntamiento y sus empresas. No obstante, en el borrador aparecen dos huecos evidentes: de un lado los servicios energéticos y de otro los financieros. La Economía Social y Solidaria muestra las opciones para luchar en esos dos ámbitos contra problemáticas como la pobreza energética, la salud, el paro, la marginación e incluso los desahucios, a la vez que el Ayuntamiento recibe un servicio digno en materia de luz y de cuentas bancaria”.

Por delante queda la aprobación del decreto reformado y su uso en todas las contrataciones que se pongan en marcha este año, así como un dispositivo de evaluación y seguimiento. Tal y como explica Barco: “Ahora quedan otros obstáculos de igual o mayor enjundia: su ejecución y seguimiento. Alertamos de esto y nos ponemos a disposición del Ayuntamiento y las personas que representan a la ciudadanía en el Pleno». En todos estos pasos la sociedad civil y los emprendimientos de transformación social, entre los que la Economía Social y Solidaria es uno de los referentes, parecen ser aliados claves y estratégicos con los que la Administración debe contar si quiere que esta medida sea realmente efectiva y no quede en papel mojado.

Jordi García Jane

Cada vegada que una administració pública adjudica un contracte produeix un impacte en el mercat i en la societat. Si li sumem que l’administració és la principal ocupadora i consumidora (15% del PIB a l’Estat espanyol), ja està tot dit sobre la importància que aquesta compra pública sigui feta d’una manera responsable.

I què vol dir que sigui responsable? Doncs que estigui al servei de les finalitats i els valors de la societat i, per tant, la proveeixi de béns i serveis de qualitat a un cost raonable, al mateix temps que promou pràctiques que fan aquesta societat més igualitària, democràtica, solidària i sostenible.

Actualment, les clàusules socials que propicien que una licitació pugui desembocar en una compra pública responsable no són, per desgràcia, obligatòries ni abasten tots els àmbits que, al meu entendre, convindria considerar (per exemple, a l’administració licitant se li’n fum si l’empresa proveïdora està gestionada de manera democràtica o autoritària; no ho valora). Però les administracions que vulguin, almenys, ja poden incloure clàusules que afavoreixin la inserció sociolaboral, el medi ambient i els circuits de proximitat, les persones discapacitades, les entitats no lucratives, la igualtat de gènere, el comerç just i unes condicions laborals dignes. El quid de la qüestió és que, a l’hora de la veritat, molt poques licitacions i compres públiques les inclouen i que, fins i tot quan les inclouen, falten estructures de seguiment per garantir que les empreses adjudicatàries efectivament les compleixen. Per què?

Per parlar-ne, el passat 15 de febrer l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) de la Diputació de Barcelona va organitzar una jornada de treball titulada “La compra pública responsable com a eina per impulsar l’economia social i solidària als municipis”. Hi van assistir una trentena llarga de tècnics i tècniques d’ajuntaments de la demarcació de Barcelona; s’hi van presentar diverses reflexions i experiències, aquestes darreres en el marc d’un diàleg que l’OTEDE em va encarregar de dinamitzar, cosa que agraeixo perquè hi vaig aprendre molt. Ara intento transmetre-us algunes de les coses que em van semblar més interessants de tot el que es va dir.

Les dimensions econòmica i jurídica

La primera aportació va ser la de Jordi Boixader, de l’OTEDE, que va abordar la visió econòmica de la compra pública: la despesa vinculada a la compra pública de les entitats locals catalanes representa uns 4.000 milions d’euros. Per Boixader, la compra pública responsable impulsa el desenvolupament local i millora la visibilitat, la diversificació i la intercooperació entre les entitats de l’economia social i solidària (ESS). Boixader esmentà tres tipus d’efectes econòmics sobre l’ESS: l’efecte directe, és a dir, la despesa pública que va al contractista d’ESS; l’indirecte, això és, la demanda derivada cap a altres entitats de l’ESS amb què aquella coopera, i l’efecte induït, consistent en l’efecte que l’augment de les rendes associades al contracte amb l’ESS es trasllada cap a altres entitats de l’ESS. A tall de conclusions, va recalcar la importància de fer una política de despesa pública més intencionada, de consolidar els aspectes normatius de la compra pública responsable, d’elaborar bons plecs de licitació, de capacitar les entitats de l’ESS perquè hi puguin accedir i d’aportar evidències dels retorns i els estalvis globals que la compra pública responsable representa. Per últim, va alertar que un increment molt gran i sobtat de la compra pública responsable podria inundar una ESS incapaç d’absorbir orgànicament tanta demanda.

Aurora Corral, secretaria d’ajuntament, aportà la visió jurídica a la Jornada. Per Corral, els ens locals no treuen prou profit de les facilitats que els dóna la Llei de contractes del sector públic (TRLCSP). Segons ella, el principal problema és que, per incloure clàusules socials en les diferents etapes d’un procés de licitació, cal personal tècnic municipal molt especialitzat i dedicar-hi una gran quantitat de temps. Perquè si els plecs no estan prou ben fets, poden ploure impugnacions als concursos per part dels potents gabinets d’advocats a sou de les grans empreses. Corral comentà,a més, l’interès que podria tenir introduir una part variable al preu de la licitació, una part que l’empresa adjudicatària només rebria si l’ens local confirmava mitjançant una enquesta a les persones usuàries que aquestes valoraven positivament el servei públic que aquella gestionava.

Quatre experiències reeixides

La primera experiència de la Jornada va correspondre a l’Ajuntament de Barcelona, i Lluís Torrens, director de Planificació i Innovació de l’Àrea de Drets Socials, va ser l’encarregat de traslladar-la. Començà recordant que l’anterior govern municipal ja havia fet algunes accions significatives de compra pública responsable com ara establir contractes reservats per a empreses d’inserció i centres especials de treball i incloure criteris de solvència tècnica social. Explicà com el nou govern està reduint el pes del preu en moltes licitacions mentre augmenta la puntuació per millores socials, i afegí que això, en contra del que algú podria pensar, no està fent pujar els costos de manera significativa. En aquests moments, l’Ajuntament barceloní treballa, entre altres projectes, per ampliar la reserva de contractació, per crear una unitat que controli la qualitat en l’execució dels contractes a l’Àrea Social, com també sistemes d’avaluació de l’impacte social, un Observatori de Contractació Pública amb participació ciutadana i un segell de qualitat de Barcelona per tal que l’Ajuntament prioritzi en les seves contractacions les empreses que l’aconsegueixin. Va acabar recordant que el més important és conscienciar a dintre de la mateixa casa gran perquè totes les persones que hi treballen tinguin clar que qualsevol actuació constitueix una oportunitat de millora del bé comú i provoca externalitats que cal assegurar que són positives.

El seguí Carles Anson, tècnic de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. Des de l’octubre del 2011, l’Ajuntament vilanoví està immers en un ambiciós procés per implantar la compra pública responsable: ha creat la Unitat de Responsabilitat Social Corporativa, de la qual Anson és coordinador; s’ha dotat d’un Codi i d’una Comissió d’Ètica i Bon Govern ―una experiència inspiradora que m’agradaria explicar-vos en un proper article―, com també d’un Departament de Contractació, i el Ple del maig del 2015 va aprovar la Guia pràctica per a la inclusió de criteris socials, ambientals i ètics en la contractació pública. Ansoch entén la compra pública responsable com un instrument per canviar el model econòmic cap a una economia més justa, solidària i sostenible. Va recordar que l’oferta econòmica avantatjosa no equival necessàriament a l’oferta econòmica més barata i va lamentar que les lleis sobre la matèria s’interpretin sovint de manera restrictiva. Davant els entrebancs, recomanà resiliència i innovació.

Juli Silvestre, director del grup cooperatiu Entrem-hi, parlà de l’experiència de l’Ajuntament de Vilafranca del Penedès vista des de l’economia social. L’Ajuntament vilafranquí disposa de criteris de contractació pública responsable des de fa anys: clàusules socials, reserves de mercat per a centres especials de treball i seguiment sobre les empreses subcontractades per garantir que compleixen la normativa social, fiscal i laboral. Els resultats d’aquesta política es poden quantificar en més de cinc milions d’euros de serveis municipals (neteja, jardineria, consergeria, residus, serveis d’atenció domiciliària…) contractats a empreses de l’ESS, uns serveis que donen feina a més de 270 persones, la majoria en situació de risc o d’exclusió social. Silvestre va recuperar també la preocupació manifestada per Jordi Boixader sobre el perill que l’ESS no pugui donar a l’abast si, ara, tots els ajuntaments de cop la volen com a proveïdora, per recordar que les entitats de l’ESS estan acostumades a intercooperar i que el seu mateix grup cooperatiu ha fet UTEs amb altres cooperatives per accedir a algunes licitacions massa grans per presentar-s’hi sols.

Per la seva banda, Adrià Soler, tècnic de l’Ajuntament de Martorelles, explicà el conveni que aquest ens local va signar amb Som Energia a l’octubre de l’any passat per lluitar contra la pobresa energètica. En virtut d’aquest acord, quan un veí o veïna no pot pagar la llum i la companyia li talla la línia, la cooperativa energètica li restableix el subministrament amb el compromís de mantenir-la-hi, mentre que l’Ajuntament es fa càrrec dels rebuts no pagats i els repercuteix a la persona quan aquesta els pugui pagar.

Tal com palesen aquestes experiències i la celebració mateixa de la Jornada, s’estan fent coses en la bona direcció. A poc a poc, sembla que anem guanyant la batalla del sentit comú i cada cop hi ha menys gent disposada a defensar gastar diner públic en empreses que discriminen, contaminen, precaritzen i només es preocupen pels seus beneficis. Però falta encara molt camí per córrer i moltes voluntats per conquerir, primer les dels polítics però després també les dels tècnics, almenys mentre no aconseguim que la compra pública responsable sigui obligatòria. Una vegada més, la pressió social serà indispensable per vèncer les resistències.

El Ayuntamiento señala que el sector de la “economía social y solidaria” abarca a unas 5.000 empresas que dan trabajo a un 8% de los ciudadanos

El Ayuntamiento de Barcelona quiere convertir la ciudad en «capital de la economía solidaria» e impulsar iniciativas empresariales éticas, a las que dará prioridad en las contrataciones públicas, según ha explicado hoy el primer teniente de alcalde de la ciudad, Gerardo Pisarello.

El sector de la «economía social y solidaria» abarca a 4.718 empresas en Barcelona, que dan trabajo a un 8 % de los ciudadanos y que representan un 7 % del PIB, de acuerdo con un informe presentado por el propio consistorio.

Según ha explicado Pisarello, se creará «una Mesa de Proveedores de Compra Pública Socialmente Responsable», que dará preferencia a las empresas que «pongan en valor el retorno social de su actividad», aunque, según ha reconocido, todavía no se han definido los criterios para decidir qué empresas son éticas y cuáles no.

Tampoco se ha fijado un porcentaje mínimo de contratación de empresas pertenecientes a la economía social solidaria, ni un plazo para empezar a aplicar los nuevos criterios, algo que, según fuentes municipales, no se hará efectivo hasta que se apruebe un plan estratégico, lo que podría alargarse hasta abril.

Fomento de la economía social y solidaria

El Ayuntamiento también trabajará para que los ciudadanos tengan más facilidades si quieren impulsar empresas del sector de la «economía social y solidaria», como facilitar espacios de encuentro o fomentar la creación de organismos que representen a las diferentes empresas.

Pisarello ha asegurado que «el capitalismo desatado» que, en su opinión, ha reinado en Barcelona durante los últimos años «ha puesto en peligro bienes básicos como el agua», por lo que cree que «el modelo ha fracasado y ha fomentado más desigualdad».

Por ello, el dirigente municipal cree necesario «fomentar la economía social solidaria porque, en su opinión, da la oportunidad» de revertir la situación.

«Igual que hace falta democratizar la política, también hay que democratizar la economía», ha insistido.

El consistorio entiende como empresas del sector de la economía social y solidaria «cooperativas de salud y enseñanza, centros culturales de gestión comunitaria, entidades de finanzas éticas, bancos del tiempo, distribuidoras de alimentos ecológicos y de comercio justo o huertos urbanos», entre otros.

Además, el Ayuntamiento estudia ser socio de algunas de estas empresas, como Fiare Banca Ética, aunque todavía no está decidido con qué cantidad y cuándo se haría efectiva la participación.

Se ha convertido en demasiado habitual que un mismo conglomerado de empresas consiga grandes contratos autonómicos o municipales integrales –que incluyen diferentes servicios que ofrece una administración, como la limpieza viaria y el mantenimiento de parques– mientras realiza un expediente de regulación de empleo, a menudo teniendo beneficios.

Tampoco es extraño que los contratos estén negociados a la baja con la Administración, lo que fomentará a su vez más precariedad, además de un peor servicio a la ciudadanía.

Sin embargo, desde diferentes estamentos comienza a implantarse una resistenciaa este tipo de prácticas y ya son varias las cámaras regionales y municipales que han aprobado normativas que pretenden, si no acabar con ellas, al menos frenarlas. Ayuntamientos como los de Gasteiz, Donostia, Barcelona o Madrid, o administraciones regionales como la Diputación Foral de Gipuzkoa o la Comunidad Foral de Navarra son algunas de ellas.

«La administración puede garantizar que las condiciones de trabajo que hay detrás de las contratas que está externalizando o que ejecutan terceros reúnan determinadas condiciones de trabajo digno, y que permitan la inclusividad y la incorporación al mundo laboral de colectivos que tienen más dificultades», explica Fernando Sabín, del nodo madrileño de la Red de Redes de Economía Solidaria (REAS), un colectivo que lleva más de una década trabajando en cómo mejorar la contratación pública para hacerla más ética y sostenible, y que ha participado en numerosos procesos de adopción de cláusulas sociales. 

«Hay que evitar que el precio sea el elemento que prime a la hora de orientar la contratación pública, que haya elementos de calidad y que la relación calidad-precio se entienda como una relación de factores en la cual se prime la idea de que, para que un trabajo esté bien ejecutado, el trabajador tiene que tener buenas condiciones laborales», añade.

Iniciativa Legislativa Popular

Las opciones que tiene una administración para conseguir estos fines son varias. Una de ellas es la inclusión en los criterios de contratación de la subrogación, mecanismo por el cual un trabajador mantiene el puesto de trabajo, la antigüedad y las condiciones asociadas a él aunque la empresa adjudicataria o subcontratada cambie, lo que fomenta la estabilidad laboral.

«Esto es vital, independientemente de que la subrogación pueda estar garantizada por un convenio sectorial», apunta Joseba Villareal, responsable de Negociación Colectiva del sindicato vasco ELA.

Esta central presentó en 2013 una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), amparada por más de 110.000 firmas, que pretendía incluir cláusulas sociales en la contratación pública de toda la Comunidad Autónoma Vasca –que subcontrata a unos 55.000 trabajadores– con tres puntos básicos: la subrogación, la aplicación del conveniomás cercano al ámbito de trabajo (habitualmente con mejores condiciones para el trabajador) y la aplicación de sanciones a la empresa que incumpla alguna de esas condiciones, que incluso puede ver rescindido el servicio contratado.

La iniciativa podría pasar a trámite parlamentario a finales de febrero, pero probablemente tendrá poco que ver con la planteada por ELA. Con EH Bildu como único apoyo en el Parlamento, la ponencia que analizaba las enmiendas a la ILP finalizó el pasado 1 de febrero con un acuerdo entre PSE y PNV.

Dicho acuerdo «vacía de contenido los puntos sustanciales de la ILP», denuncia Villareal. «De los puntos principales, no se garantiza la subrogación porque solamente habla de ella para aquellos trabajadores de los sectores donde el convenio sectorial la recoja; y tampoco garantiza el convenio de aplicación, es más, en esta última parte profundiza en la reforma laboral».

Se trata del último capítulo en una historia que incluye dos intentos de boicot por parte del PNV, «primero haciendo un informe negativo del Gobierno a la admisión a trámite de la ILP y después utilizando a la Diputación Foral de Bizkaia para plantear una cuestión de competencias», explica Villareal, cuestión ya solventada, ya que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco señaló a finales de diciembre que la inclusión de cláusulas sociales en los contratos que realizan las administraciones es legal.

Pero no todo son derrotas en la ILP impulsada por ELA. El Parlamento de Navarra ya aprobó en enero de 2015 –por unanimidad– una proposición que modificaba la Ley Foral de Contratos Públicos con el fin de incluir cláusulas sociales en los pliegos administrativos. La ILP de ELA fue el origen de esa normativa.

País Vasco, tierra prometida

A pesar de la resistencia de PNV y otros grupos políticos a la ILP, el País Vasco es uno de los principales focos en los que se están aprobando normativas de contratación pública que aplican un criterio social.

Leire Álvarez, de REAS Euskadi, ha participado en diferentes procesos, como la preparación de la Norma Foral sobre Contratación Pública Socialmente Responsable de la Diputación de Gipuzkoa o las instrucciones de contratación aprobadas por los Ayuntamientos de Gasteiz, Galdako o Donostia. Además, Reas Euskadi cuenta con un servicio de asesoría en Contratación Pública Socialmente Responsable del que hacen uso numerosas administraciones vascas cuando quieren incluir criterios sociales en pliegos concretos.

Los mecanismos de los que se puede servir una administración para dignificar la labor de sus subcontratados son varios. Álvarez apunta que «las administraciones públicas pueden exigir a la empresa adjudicataria que aplique al personal que ejecutará el contrato las condiciones laborales y retributivas más beneficiosas del convenio colectivo de legal aplicación a nivel sectorial y territorial».

Asimismo, recuerda que la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014 (que España tiene que trasponer en el primer trimestre de 2016), sobre contratación pública «señala de forma clara y reiterada la posibilidad de incorporar criterios sociales en las diferentes fases de una licitación».

Entre estas cláusulas sociales destacan, «la creación de empleo para colectivos desfavorecidos del mercado laboral, la igualdad de mujeres y hombres, el trabajo digno o el comercio justo», comenta esta integrante de REAS Euskadi.

Sabín apunta, por su parte, que las administraciones deben desarrollar una labor ejemplificadora que reduzca las desigualdades que genera el modelo de mercado actual. También deben, en su opinión, promover tejido productivo y empresas y entidades que, por definición, son más garantistas con las condiciones de trabajo de sus trabajadores.

Así, además de las cláusulas sociales, «una herramienta clara para conseguir esto es la reserva de mercado, por la cual cojo partes del presupuesto público para que sean ejecutadas por determinados tipos de entidades, como los centros especiales de empleo y las empresas de inserción, porque cumplen una función integradora al mundo laboral fundamental».

Otra herramienta que destaca es la utilización de criterios de comercio justo en las compras de una administración, «que apelan a que la producción de esos productos se ha hecho bajo condiciones dignas de trabajo y que el producto recoge determinados criterios de producción vinculados a la sostenibilidad ambiental».

Catalunya integradora

Catalunya es otro de los puntos donde este tipo de iniciativas está cuajando. Mar Campanero, responsable del Programa Ajuntament+Sostenible del Consistorio de Barcelona, explica que todo lo que es contratación social en la administración local viene del Decreto de Alcaldía sobre contratación pública responsable con criterios sociales y ambientales, aprobado en 2013: «Este decreto tiene dos patas, una son los criterios sociales de contratación, básicamente cómo incentivar a las empresas de inserción social y centros especiales de trabajo a través de la contratación, y otra es la que trata criterios de sostenibilidad, ya que introducimos criterios sociales como la compra ética, el comercio justo y la cadena ética de proveedores».

Esto se ha materializado en doce instrucciones que establecen qué cláusulas de sostenibilidad se tienen que incorporar en los pliegos y que hacen referencia a servicios o productos concretos que el Ayuntamiento ha considerado prioritarios.

Tal es el caso de los proyectos de obra, la alimentación o el suministro eléctrico. Para ello han contado con el apoyo de entidades de la economía social como el Centre de Recerca i Investigació de Catalunya y han elaborado «grupos de trabajo para cada instrucción con personas y grupos que se han identificado como actores involucrados», apunta Campanero.

Además, otra instrucción del Ayuntamiento, cuya entrada en vigor fue en mayo de 2015, desarrolla «algunas medidas jurídicas para la contratación pública directamente en cuestión de mejora de los servicios sociales a la persona», explica Francisco Blanco, director de Coordinación de Contratación Administrativa del Ayuntamiento, con el fin de «potenciar el aspecto no economicista de la oferta».

Pero no todo es positivo. Blanco destaca que con la nueva directiva 24/2014 «se van a romper muchos tabúes», pero toda la contratación pública social española está encauzada a que se canalice sobre todo como una condición de ejecución, no de licitación. «Te dicen, ‘si usted quiere hablar de algo social en la contratación colóquelo, pero en la fase de ejecución, no como un criterio de adjudicación’. Pero luego, si no tienes una estructura de seguimiento potente, la garantía de que todo eso se lleva a término está pendiente de auditoría».

Por ello, asegura que hay que implementar medidas de seguimiento, ya que éste «no se está haciendo seriamente, no por falta de voluntad, sino porque faltan programas de gestión electrónica, implicar al contratista para que te diligencie documentos, etcétera».

Por su parte, Álvarez expone la misma carencia desde el País Vasco: «No es suficiente con aprobar normas; deben asignarse responsabilidades y establecer quién va a velar por el cumplimiento de lo aprobado, quién va a prestar apoyo o asesoramiento cuando surgen dudas en la aplicación, quién va a realizar el seguimiento y evaluar el impacto social de la aplicación de la norma».

Así, la idea del Ayuntamiento de Barcelona es lanzar a medio plazo un nuevo decreto que recoja este tipo de aspectos en el que ya están trabajando.

Los colectivos asistentes al IV Congreso de Compra Responsable, celebrado el pasado 22 de octubre en Madrid, hemos hecho entrega HOY en el Congreso de los Diputados de un documento de conclusiones, con recomendaciones sobre criterios de compra y contratación pública, resultado de este encuentro entre entidades sociales, empresarios y administraciones públicas.

En marzo de 2015, se presentó un borrador de Anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público, claramente insuficiente en cuanto a criterios sociales y medioambientales, y que está a la espera de que se constituya un nuevo gobierno para su tramitación.

Según la Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública, el 16 de abril de este año se cumplirá el plazo de dos años que los gobiernos europeos tienen para legislar en este sentido.

El papel de las administraciones públicas es clave a la hora de transformar el modelo económico actual y garantizar que se incluyan criterios sociales, medioambientales y de comercio justo en los procesos de compra y contratación, tanto en el sector público como en el privado. Esta responsabilidad obliga a las administraciones a adoptar medidas que no sólo protegen a las personas o al medio ambiente, sino que serán claves para la lucha contra la corrupción o posibles conflictos de intereses.

Las Principales puntos a tener en cuenta son:

1. La nueva Ley de Contratos del Sector Público, que se encuentra tramitándose en la actualidad, debe incluir necesariamente la posibilidad, y en algunos casos la obligación, de considerar criterios sociales, ambientales y éticos en los procesos de compra y contratación pública para generar más eficiencia y coherencia entre el gasto público y las políticas públicas.
   
2. La nueva regulación de compra y contratación pública debe priorizar el trabajo del sector público con empresas y entidades con una gestión socialmente responsable y ambientalmente sostenible, más afines a determinadas políticas públicas como las referentes a la promoción del empleo digno y estable, la igualdad entre mujer y hombre, el respeto hacia los Derechos Humanos, la cooperación internacional o el Desarrollo Sostenible.
   
3. Además debe dar un tratamiento especial a empresas y entidades con fines sociales y funcionamiento democrático tales como los centros especiales de empleo, las empresas de inserción o las cooperativas, así como las entidades incluidas en la Economía Social, a través de la reserva de contratos para este tipo de entidades.
   
4. Las entidades públicas de cualquier ámbito deben ejercer, por propia voluntad y por mandato legal, una compra pública responsable y sostenible que mejore el impacto y rendimiento de las políticas sociales y ambientales. Para ello es recomendable el desarrollo de planes y programas que concreten los objetivos a corto y medio plazo así como los medios y procesos necesarios para llevarlos a cabo.
   
5. Por otro lado, los procesos de compra y contratación empresarial deberían estar determinados por políticas de responsabilidad social y ambiental que permitiesen a las empresas hacer compatibles sus intereses con los objetivos sociales, evitando así fundamentar su rentabilidad en posibles situaciones de explotación laboral, desigualdad, pobreza o degradación medioambiental. Se requiere de un nuevo paradigma de gestión empresarial en el que los principios y valores sociales sean prioritarios como el respeto hacia los Derechos Humanos y el bienestar social.
   
6. Debemos aspirar a cadenas de suministro o comerciales que beneficien a todas las partes que intervienen, desde el productor al consumidor; modelos y prácticas como las del Comercio Justo son un buen referente para ello.
   
7. Las organizaciones de la sociedad civil deben coordinarse con el objetivo de poner en común sus demandas al respecto e incidir en el poder público y empresarial. Además las organizaciones representativas de las empresas, sindicatos y entidades del sector público deberían de promover la formación y facilitación de procesos de mejora de la compra y la contratación entre los colectivos que representan.
   
8. Todo ello podría ser facilitado si los órganos de decisión de la Unión Europea incorporasen en su normativa interna y en los acuerdos que firma con terceros países cláusulas expresas en relación al respeto de los Derechos Humanos y el medio ambiente para facilitar así una competencia internacional más leal y no basada en la vulneración de los derechos de personas y la degradación medioambiental.

Los colectivos organizadores estamos convencidos de la necesidad de incidir en la tramitación de la futura ley de contratos del sector público para asegurar que se permite y potencia la consideración de cláusulas sociales, ambientales y de Comercio Justo que favorezcan una sociedad más justa y un desarrollo sostenible.

Más información en la web del Congreso: http://congresocompraresponsable.es

Colectivos organizadores del IV Congreso sobre compra responsable:
IDEAS Comercio Justo (www.ideas.coop), en colaboración con la Asociación Española de Responsables de Compra, Contratación y Aprovisionamiento (AERCE www.aerce.org), la Red de la Economía Alternativa y Solidaria (REAS www.economiasolidaria.org), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU www.cecu.es) y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ, www.comerciojusto.org)

Contacto:
Ana Sánchez Tejedor
607061564
comunicacion@ideas.coop

IDEAS en colaboraación con la Asociación Española de Profesionales de Compras, Contratación y Aprovisionamiento (AERCE), la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) y la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) organizará el 22 de Octubre de 2015 el IV Congreso de Compra Responsable en el Centro Cultural La Corrala de Madrid con la financiación de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

El evento pretende dar a conocer políticas públicas y empresariales que favorezcan procesos de compra y contratación más sostenibles desde el púnto de vista económico, social y ambiental, en especial los de Comercio Justo. Así se analizará el futuro proyecto de Ley de Contratos del Sector Público que hoy ya se viene tramitando por parte del Gobierno de España, así como varias experiencias empresariales que han incluido políticas de RSE en sus procesos de compra y contratación. Se contará con la participación de expertos enla materia, tanto nacionales como internacionales. En breve se publicará el programa del congreso.

Para recibir información sobre los avances del evento escribe un correo a la dirección comprapublicaetica@ideas.coop

El IX Congreso de EHNE-Bizkaia decidió desarrollar «nuevas herramientas para profundizar en la soberanía alimentaria». Reforzará el movimiento Etxalde e impulsará el ingreso de nuevos baserritarras, para lo que pide protección de la tierra, compra pública de productos locales y salarios justos.

¿Qué balance realizan del IX Congreso de EHNE-Bizkaia el último día de noviembre en Murueta? [JUANJO BASTERRA]

Positivo. Fue muy participativo y estuvimos cómodos en el debate. Se hacía una entradilla a los temas y la participación fue importante. Fue un congreso tranquilo.

¿Qué destacarían del mismo?

Avanzamos en el desarrollo de las herramientas que necesitamos para la soberanía alimentaria en Euskal Herria. Es preciso articular ese sujeto sobre el que va a pivotar la soberanía alimentaria. Le llamamos Etxalde, que es un movimiento, que el núcleo serán los baserritarras pero, en torno al mismo, irá creciendo la adhesión social a la soberanía alimentaria. Tras este congreso, EHNE-Bizkaia descarga toda su parte ideológica y política en el movimiento Etxalde y va a mantener más servicios, más internos.

¿Qué herramientas son necesarias en este momento?

El acceso a la tierra, cómo ayudar a que la gente joven pueda optar a ayudas de las políticas públicas. Con la compra pública se pueden obtener mejoras importantes en el sector. Nos hemos marcado un objetivo de conseguir en cinco años que el 30% de la compra pública de productos alimentarios en Euskal Herria sea local. Otras herramientas serían disponer de una pequeña industria transformadora. En Karrantza, por ejemplo, con el tema de la leche. Necesitamos herramientas también para llegar a la población, porque con los grupos de consumo hemos conseguido una sensibilización, pero tenemos que llegar a las grandes urbes como Bilbo. Ahí nuestros productos no logran romper algunas barreras. Pedimos a los políticos que actúen y que favorezcan esa llegada de productos a los centros urbanos.

¿No favorecen ese paso?

No. Porque ponen inconvenientes a la hora de instalar cualquier tipo de mercado. Lo dedican todo a la parte más turística y folclórica de la alimentación. Creemos que la alimentación es un derecho de la población.

¿Hay que crear mercados locales como antaño?

Necesitamos muchas herramientas, mercados y facilidad para acceder a los mismos. Necesitamos distribución, y distribuidoras en manos campesinas, que el pequeño y mediano comercio que empiece a trabajar con valores diferentes a los de las grandes superficies, entre otras muchas. Al final, la idea es que los ciudadanos puedan tener acceso a un producto local y de temporada.

¿Tienen pensado cómo debe ser esa distribuidora?

Estamos haciendo pequeños experimentos con pequeñas distribuciones, que se refuerza con los grupos de consumo. Porque, además de verduras, estamos ante productos que no se pueden conseguir aquí tan fácilmente como el aceite, naranjas y frutas concretas, siempre bajo la prioridad de la temporada.

¿Cuentan con alguna iniciativa más?

Desde setiembre suministramos a la Ikastola de Durango. Lleva dos años intentando cambiar un poco el sistema de alimentación que tienen en el jantoki. Fueron haciendo pruebas y un grupo de baserritarras aportan los productos de temporada. La característica es que son baserritarras recién instalados -como Alazne Intxauspe-. Es otro mercado para los nuevos baserritarras.

¿Como el jantoki de Larrabetzu?

Sí. Lo que ocurre es que allí es autogestionado, en este caso es vía catering, que ha aceptado esos productos cercanos. Fue una apuesta de los padres que presionaron y se ha logrado.

¿Los padres deben provocar ese cambio en las materias primas que reciben sus hijos en las ikastolas o escuelas públicas?

Sin duda. Es importante este caso de Durango como experimentación para ir implantado. Muchos padres están concienciados, pero reconocemos que no hay producción suficiente. Para ir hacia la soberanía alimentaria necesitamos que la gente joven se instale e ir también a diversificar las ventas con los grupos consumo, comedores y otros mecanismos.

¿Hay suelo para que se instalen los jóvenes baserritarras?

Sí, aunque hay una pérdida muy grande, por lo que habría que protegerlo. Está habiendo una `artificialización’ de la tierra. Necesitamos leyes que protejan la tierra. Las diputaciones tienen fondos de tierra. Han repartido más de 100 hectáreas. Hay municipios que actúan en esta línea alternativa de crear empleo y calidad de productos. Son Zeberio, Urduña y Ajangiz, que tienen proyectos pequeños de banco de tierras unidos a viviendas, donde se están instalando 6 o 7 familias.

¿También se necesitan políticas públicas de acceso al mercado?

Efectivamente. Porque está ocurriendo con el TTIP (Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea), que nos dicen que vamos a poder exportar productos a América y Canadá, cuando lo que quieren es importar transgénicos y productos hormonados. Si no somos capaces de llegar al mercado cercano, cómo vamos a ir a América. Hay una campaña fuerte de Vía Campesina porque lo que hay detrás es la llegada de la baja calidad, transgénicos y la utilización de la tierra para el fracking, porque quieren bajar las leyes protectoras, al contrario de lo que reclamamos. Será muy perjudicial, sin duda.

¿El sector agrario está en crisis?

Sí, pero hay alternativa y nos estamos instalando gente joven. Con unas políticas públicas adecuadas y favorecedoras se podría generar mucho empleo. Deberían de favorecer el acceso a semillas, el acceso al mercado, etc. En otros países donde se da ese paso avanza la soberanía alimentaria, el empleo y la calidad de la producción.

¿Cómo?

Necesitamos asegurar un salario a quienes acceden al sector, porque es precario. Más allá de discutir precios, es necesario establecer un salario para que pueda vivir el sector y pueda salir de esta lucha neoliberal, donde la materia prima se paga muy baja y al consumidor le llega a un precio excesivo. Se está avanzando con estas nuevas maneras de distribuir, de concienciarse e impulsar.

¿Siguen en Vía Campesina?

Sí. De hecho, en 2017 la Conferencia Mundial será en Euskal Herria. Hay que prepararse.

120 personas participaron en las jornadas sobre Contratación Pública Socialmente Responsable organizadas por REAS Euskadi el pasado mes de marzo en Oñati (24/03), Azpeitia (25/03), Leaburu (27/03) e Irún (28/03), en el marco del proyecto Fortalecimiento del mercado social y promoción del consumo responsable en Gipuzkoa financiado por la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Las jornadas, que contaron con la participación de Santiago Lesmes, consultor especializado en la materia, estaban dirigidas al personal técnico y jurídico y a los cargos públicos de las administraciones públicas gipuzkoanas, con un doble objetivo de sensibilización y formación en este tema.

La participación fue numerosa, 120 personas, de las cuales 20 cargos públicos, 84 técnicos y técnicas jurídicos, secretarios/as e interventores/as y 16 personas de entidades sociales. En total, estuvieron representados 27 ayuntamientos, una mancomunidad y varios departamentos de la diputación.

Las jornadas han supuesto un espacio para compartir las dudas y dificultades que surgen en la práctica a la hora de incorporar criterios sociales en la contratación pública y para aclarar las posibilidades existentes y presentar ejemplos de buenas prácticas. En ellas se ha presentado además, el servicio de asesoría gratuito sobre este tema que Reas Euskadi pone a disposición de las administraciones públicas tanto para la inclusión de criterios sociales en pliegos como para la elaboración y puesta en marcha de sistemas integrales.

Las jornadas coincidieron en el tiempo con la publicación en el BOUE de la nueva Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública. Esta nueva directiva establece, entre otras cosas, que las administraciones públicas puedan priorizar los aspectos sociales y medioambientales en las licitaciones y no solamente el precio más competitivo y abre la puerta de los contratos reservados a las empresas de inserción, una lucha histórica del sector. El actual marco jurídico, zanja por tanto de raíz las objeciones jurídicas respecto a las cláusulas sociales, lo que ratifican las numerosas experiencias y buenas prácticas existentes.

Desde REAS Euskadi agradecemos el interés mostrado y esperamos que este sea el inicio de una nueva forma de contratación pública en Gipuzkoa, más social y más responsable.

REAS Euskaditik (Euskadiko Ekonomia Alternatibo eta Solidarioaren Sarea), Erosketa Publiko Sozialki Arduratsuari buruzko prestakuntza jardunaldietara gonbidatzen zaitugu. Oñati, Azpeitia, Leaburu eta Irunen ospatuko dira martxoaren 24, 25, 27 eta 28an hurrenez hurren. Lau herri ezberdinetan antolatu ditugu Gipuzkoa osoko pertsonek bertan parte har dezaten.

Jardunaldi hauek Merkatu Sozialaren sendotzea eta Kontsumo Arduratsuaren sustapena Gipuzkoan proiektuaren barnean kokatzen dira, Gipuzkoako Foru Aldundiaren finantzazioarekin eta administrazio publikoen zuzenbideko pertsonal tekniko, idazkari eta ikuskatzaile, bestelako pertsonal tekniko eta kargu publikoei zuzenduta daude.

Jardunaldietan Santiago Lesmes, gaian espezializatutako legelariaren presentzia izango dugu, zeinek “Gizarte klausulak kontratazio publikoan” hitzaldia emango duen.

Kontratazio publikoaren prozedura eta fase ezberdinetan ingurune-irizpide, irizpide etiko edo sozialak gehitzerakoan, praktikan sor daitezkeen zalantza eta zailtasunak denon artean landu ahal izateko aukera paregabea izango da.

Gonbidapena atxikitzen dizuegu, baita data, toki, helburu, eduki eta izen emateari buruzko informazioa ere.

El Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles las nuevas normas de contratación pública que introducen criterios sociales y medioambientales en las licitaciones y fija condiciones más estrictas para la subcontratación. Además, incluye un fuerte respaldo a las certificaciones de Comercio Justo.

En el Palacio de Gobierno se instaló el Segundo Gabinete con las organizaciones sociales para pasar revista a los acuerdos, demandas y propuestas realizados en el primer encuentro; y avanzar en el proceso de participación en la construcción de la política pública del Gobierno.

Según la ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Doris Soliz, se ha avanzado en varios temas como Participación Ciudadana, políticas sociales y de protección, equidad y género, participación de los jóvenes, agrario, entre otros.

“Hay avances en aspectos como economía popular y solidaria. Por ejemplo, el 3 % de la compra pública se está implementando con las organizaciones de economía popular y solidaria; los uniformes escolares se han realizado con los talleres de artesanos, lo que ha significado 4 mil empleos con $16 millones inyectados por el Gobierno, sostuvo Soliz.

Esta declaración fue ratificada por Gabriel Zurita, representante de las organizaciones de economía popular y solidaria, quien señaló que los avances e inversiones han comenzado a hacerse evidentes en los grandes conglomerados de productores, que no tenían antes el apoyo por parte del Estado, y que ahora con el Gobierno de la Revolución Ciudadana se convierten en realidad.

“El programa “Hilando el desarrollo” ha incluido 28 millones hacia la economía solidaria. Es claro que este proceso de cambio prioriza al ser humano por encima del capital”.

Lorena Quimbiulco, presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE) de Ibarra, resaltó que el régimen ha dado énfasis a las políticas públicas para los jóvenes, en las que ellos se han sentido identificados. “Nosotros nos hemos empoderado de ese trabajo que se ejecuta a nivel del Estado, lo asumimos como nuestro, y es por eso que hoy estamos presentes y también estamos dando proponiendo varios temas para el desarrollo como en el caso de la calidad de la educación”. Los gabinetes ministeriales conjuntamente con las organizaciones sociales son un nuevo mecanismo de relación transparente entre el Ejecutivo y estos sectores, el primero se efectuó el 14 de julio de 2011.

164 personas participaron en las jornadas sobre Contratación Pública Sostenible y cláusulas sociales organizadas por REAS Euskadi y Gizatea en Vitoria-Gasteiz (25 de marzo), Getxo (31 de marzo) y Donostia (5 de abril), en el marco del trabajo que desarrolla REAS Euskadi sobre Compra Pública Responsable en el Centro de Innovación Social Eutokia.

Las jornadas, que contaron con la participación de Santiago Lesmes, técnico experto en la materia, estaban dirigidas al personal técnico y jurídico de las administraciones públicas vascas y a las entidades de REAS y Gizatea, con un doble objetivo de sensibilización y formación en este tema.

La participación por parte de la administración fue numerosa, 108 personas, 67 de las cuales en representación de 16 ayuntamientos y 3 mancomunidades (41%), 36 en representación de las 3 diputaciones (22%) y 5 representantes de partidos políticos (3%). El resto de participantes pertenecían a las entidades de REAS y Gizatea y a otras entidades sociales.

En las jornadas de Vitoria-Gasteiz y Getxo, Manuel Pérez de Lazarraga, del servicio de contratación del departamento de Hacienda del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz presentó la instrucción para la incorporación de criterios sociales en la contratación del ayuntamiento que entró en vigor en noviembre de 2010 y compartió los avances que ya se han realizado en la aplicación práctica de dicha instrucción. En la jornada de Donostia, Goizane Álvarez Irijoa, Presidenta de Bidasoa Activa y Delegada de Hacienda, Desarrollo Económico y Patrimonio del Ayuntamiento de Irún presentó la instrucción que han elaborado y cuya aprobación está prevista para este mes de abril.

Estas jornadas han facilitado un espacio para compartir las dudas y dificultades que surgen en la práctica a la hora de incorporar criterios sociales en la contratación pública y para aclarar las posibilidades existentes y presentar ejemplos de buenas prácticas.

Desde REAS Euskadi y Gizatea agradecemos el interés mostrado y esperamos que este sea el inicio de futuras colaboraciones entre las diferentes administraciones públicas vascas y nuestras entidades.

En el marco del trabajo que REAS Euskadi y Gizatea realizamos en materia de Compra Pública Responsable y Cláusulas Sociales, hemos preparado unas jornadas formativas sobre Cláusulas Sociales dirigidos al personal técnico, jurídico, secretarios/as e interventores/as de las diferentes administraciones públicas vascas, así como a responsables de empresas de inserción, entidades sociales y otras personas interesadas.

Esta formación será impartida por Santiago Lesmes, consultor especializado en CPR, y tendrá una duración de 3 horas y media: de 10:30 a 14:00 horas.

Realizaremos tres talleres:

:: Araba. Viernes 25 de marzo de 2011. Casa del Cordón, Cuchillería 24, Vitoria-Gasteiz.

:: Bizkaia. Jueves 31 de marzo de 2011. Polideportivo Fadura (Salón de Actos), Avda. de los Chopos s/n, Algorta-Getxo.

:: Gipuzkoa. Martes 5 de abril de 2011. Aieteko Toaplekua (Sala Pagoa), Aieteko Pasalekua, 85 edif. Antiguas Caballerizas, Donostia.

En adjunto, podéis encontrar la invitación y toda la información relativa a fechas, lugar, objetivos y contenidos, así como indicaciones para la inscripción.

El 10 de septiembre hugo una comparecencia de entidades sociales en la comisión de Asuntos Sociales del Parlamento de Navarra, para promover una contratación pública sostenible, y el 17 de septiembre se presentó la Guía de Contratación Sostenible.

Tras estas iniciativas el Parlamento de Navarra aprobó ayer iniciar la modificación de la Ley de Contratos para que, a la hora de adjudicar un contrato público, se tenga en cuenta también una serie de «cláusulas sociales» como la adecuada atención a los colectivos más desfavorecidos en la nueva infraestructura.

La iniciativa, que había sido presentada por Nafarroa Bai, contó con el apoyo de PSN e IU y, finalmente, también de UPN y CDN, pese a que el Gobierno de Navarra había emitido un informe contrario a la toma en consideración de la reforma de ley. De hecho, los portavoces de ambos partidos pidieron la palabra para intervenir en el turno en contra pero, tras comprobar que el PSN sumaba sus votos a los de IU y NaBai, optaron por ponerse del lado de la mayoría. «Admito que lo obvio era oponerse, pero me han convencido los argumentos de Lizarbe», justificó Juan Cruz Alli. Por parte de UPN, fue el parlamentario Jesús María Pajares, quien razonó el cambio de postura de su partido. «Nuestra oposición es a la redacción tal y como está hecha. Pero el fondo nos parece aceptable y no tenemos problema por votar a favor, sin perjuicio de que en el trabajo en comisión se termine de redactar correctamente», anunció.

La iniciativa había sido presentada por el parlamentario de NaBai Ioseba Eceolaza, que recordó que la Administración Pública, que es la mayor contratista, «debe potenciar su capacidad de influencia en los ámbitos social, económico y medioambiental». También Juan José Lizarbe (PSN) estimó que en la contratación pública no pueden priorizarse exclusivamente los aspectos económicos, sino que deben contemplarse también «los criterios de responsabilidad social». Ion Erro (IUN), pese a considerar que la propuesta «tiene una mala redacción», la apoyó «con el fin de avanzar en el objetivo de una compra pública sostenible».

El Ayuntamiento de Bilbao, junto al Gobierno vasco, las Diputaciones forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, y otras administraciones de la Comunidad Autónoma Vasca, han suscrito un compromiso para incorporar criterios de Comercio Justo.

En una rueda de prensa celebrada ayer (17.09.08), la concejal del Área de Igualdad, Cooperación y Ciudadanía del Ayuntamiento de Bilbao, Nekane Alonso, señaló que el compromiso institucional suscrito por las citadas instituciones se enmarca dentro del proyecto «El Comercio Justo en las administraciones públicas vascas», gestionado por el consorcio que integran las organizaciones no-lucrativas Bakeaz, Emaús Fundación Social y Setem Hego Haizea, bajo los auspicios del Gobierno vasco y de la BBK.

«El Comercio Justo es una forma de fomentar el desarrollo sostenible, mediante un marco de relaciones comerciales que garantiza el respeto a los derechos humanos y la dignidad en el trabajo, fomentando la equidad entre mujeres y hombres, la superación de situaciones de explotación infantil y el respeto al medio ambiente», explicó.

En este sentido, las distintas administraciones públicas vascas que asumen el compromiso de incorporar criterios de Comercio Justo en su funcionamiento cotidiano, consideraron necesario «predicar con el ejemplo», en orden a difundir las nuevas posibilidades que se abren mediante el comercio justo para «colaborar en el desarrollo de otros pueblos y en la construcción de un mundo más solidario».

Alonso indicó que en los últimos años, el Ayuntamiento de Bilbao ha llevado a cabo diversas actividades de cara a la ciudadanía, para fomentar el conocimiento y el acceso al comercio justo. Desde noviembre de 2003, se celebra la «Semana de Comercio Justo», con conferencias, actuaciones musicales, actividades lúdicas para todas las edades y degustación y venta de productos de comercio justo.

También se han organizado exposiciones fotográficas sobre distintos aspectos relacionados con la producción y la distribución en el ámbito del Comercio Justo, y en el ámbito escolar, el programa municipal «Bilbao a tu servicio» incluye desde hace dos años una ruta de comercio justo que ha permitido a más de 300 alumnos degustar y comprobar la «alta calidad» de los productos comercializados.

Por su parte, el viceconsejero de asuntos Sociales del Gobierno vasco, Fernando Consuegra, señaló que hay que entender el comercio justo desde una «soberanía alimentaria» y ofrecer colaboración a los estados que están en una situación de vulnerabilidad en las relaciones comerciales norte-sur.

Para Consuegra, no es suficiente pensar en términos de incremento del precio final sino en una perspectiva que aborde una transformación de las relaciones de producción y comerciales. «De nada sirve que aquí paguemos por el café lo que realmente vale, si en algunos países se están dando situaciones de explotación y de dominio», afirmó.

En este sentido, quiso profundizar en el concepto de consumo responsable de cada individuo y denunció los acuerdos económicos internacionales que «impiden a los países en vías de desarrollo competir en términos de igualdad. También se refirió a las Administraciones que suscriben este pacto señalando que tienen «una responsabilidad» de que el compromiso sea «real» y mostró su deseo de que se unan más ayuntamientos.

Información relacionada:

• Nota de prensa del Ayuntamiento de Bilbao.
  
• Noticia en el diario Deia
  
• Convocatoria de Prensa de las entidades promotoras (archivo adjunto).
• Dossier de Prensa (archivo adjunto).
• Publicación «Guía de Comercio Justo para las administraciones públicas vascas«.

El Centro de Recursos Ambientales de Navarra, fundación vinculada al Departamento de Desarrollo Rural y Medio Ambiente del Gobierno de Navarra, ha presentado esta mañana en un acto celebrado en Civican la “Guía de contratación pública sostenible. Incorporación de criterios sociales”. En la realización de esta publicación, han colaborado además la organización IDEAS, especializada en la incorporación de criterios éticos y de comercio justo en empresas y administraciones, así como el Servicio Navarro de Consumo y la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS Navarra), que impulsan junto al Centro de Recursos Ambientales el Foro de Consumo Responsable de Navarra.

La guía se ha presentado dentro de una jornada dirigida a técnicos de la administración así como de entidades locales, organizaciones, empresas, que trabajan aspectos relacionados con la contratación. En la apertura han participado Andrés Carbonero, jefe del Servicio de Cooperación Internacional al Desarrollo del Gobierno de Navarra y Javier Asín, director gerente del Centro de Recursos Ambientales.

En la jornada también han intervenido Santiago Lesmes, redactor de la guía, y Laura Rodríguez, de la organización IDEAS. Además, se ha llevado a cabo una presentación de empresas sociales navarras representativas como REAS Navarra, Varazdin, como centro de inserción sociolaboral, Tasubinsa por los centros especiales de empleo, y Setem como entidad de comercio justo.

Para más información adjuntamos, la Nota de Prensa sobre la sesión realizada por el CRANA, y las informaciones facilitadas por Tasubinsa, Fundación Varazdin, REAS Navarra y el Foro de Consumo Responsable.

Enlace externo: Diario de Navarra

Utilizar papel reciclado, productos de alimentación procedentes del comercio justo, mobiliario cuya madera no proceda de talas ilegales o productos de limpieza que no sean agresivos con el medio ambiente.

Con ese objetivo el Ayuntamiento de Albacete, a través de la Concejalía de Sostenibilidad y Promoción Económica, trabaja desde hace meses en la elaboración de un plan de compra pública sostenible.

El primer paso se dio en el pleno municipal de abril cuando, por unanimidad de los tres grupos, se aprobó una declaración institucional a favor del comercio justo que recogía como uno de sus puntos el desarrollo de una política de compra pública ética. Ello derivó en la aprobación por parte de la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Albacete del inicio de los trámites para la implantación de los criterios de compra pública sostenible a mediados del mes de mayo.

Establecer los criterios

Desde entonces los técnicos municipales están trabajando en la elaboración de unos criterios básicos para establecer la compra pública con criterios sostenibles en el Ayuntamiento de Albacete. Aunque ya se ha perfilado un primer borrador, se deben ultimar los flecos que faltan para que todos los jefes de servicio municipales puedan realizar sus aportaciones en una reunión que está previsto que se celebre una vez que haya pasado la Feria y se aprueben definitivamente los criterios.

El objetivo es implantar estos criterios sostenibles «en todo tipo de adquisiciones, en todo tipo de servicios que dé el Ayuntamiento, trabajos o los concursos para obras», explicó el concejal del área Ramón Sotos. Por ello se pretende incorporar estos criterios en todos los pliegos de condiciones del Ayuntamiento, aunque reconoce que habrá cosas en las que no sea factible aplicarlo al 100%.

Como explica la jefa de la Sección de Sostenibilidad del Ayuntamiento de Albacete, Ana Hernández, la compra pública sostenible es global porque «abarca la compra verde, la ética y la social».

El primer acuerdo alcanzado es que en todos los contratos menores (18.000 euros, salvo para obras que son de 50.000) se incorporen ya los criterios de compra pública sostenible.

El resto de medidas que figuran en el borrador se tendrán que aprobar tanto por los técnicos municipales como por las correspondientes comisiones, aunque siempre con el objetivo de que puedan empezar a aplicarse a principios del próximo año para que todos los pliegos de condiciones del 2009 contemplen ya este tipo de criterios. Una de las medidas que se plantea es que al menos el 90% del papel que utilice el Ayuntamiento de Albacete sea reciclado, pero también se establecen criterios a la hora de conseguir la recuperación del papel, como que tenga el 90% de las fibras recicladas, que el proceso sea libre de cloro, que se alcance un determinado grado de blancura y que tenga una duración superior a los 100 años.

Comercio justo

También se baraja que entre el 10 y el 50% de los servicios de catering y de comedor que gestione el Ayuntamiento sean productos de agricultura ecológica o de comercio justo, aunque eso sí teniendo en cuenta las existencias del mercado.

Los productos de limpieza que se adquieran por parte del Ayuntamiento no deberán contener sustancias peligrosas y se utilizarán aquellos no desinfectantes con fórmulas de ph neutro.

En el suministro de mobiliario se incorporará en el pliego de condiciones que la madera no proceda de talas ilegales e incluso que lo haga de bosques responsablemente gestionados o que no contenga PVC (excepto en los componentes electrónicos y el cableado).

En todos los contratos de obras de nuevos edificios municipales o de remodelación se incorporarán a las especificaciones técnicas elementos que garanticen sistemas de ahorro y consumo eficiente de agua, y en el suministro de equipos informáticos se exigirá un certificado de la eficiencia energética de los aparatos, pero también se establecerán criterios para evitar las radiaciones, las emisiones acústicas o mejorar la durabilidad.

Por último, en las máquinas expendedoras en los edificios de titularidad municipal se valorarán entre los criterios de adjudicación aquellos que tengan un mayor porcentaje de productos de etiquetado ecológico o de comercio justo.

Pero son conscientes de que no siempre será fácil aplicar estos criterios de sostenibilidad por lo que se empezará con lo que sea más sencillo, para incorporar el resto poco a poco.

Con la nueva ley de contratos, incluso en la ejecución del contrato se obligue al adjudicatario a la aplicación de criterios sostenibles.

La jefa de servicio reconoció que a corto plazo el coste de los productos puede ser mayor «a largo plazo siempre es menor, porque si un sistema de ahorro de un grifo es más caro, pero como controlas el consumo de agua, a la larga es mejor».

La iniciativa fomenta la inserción de los criterios de comercio justo en el consumo y las compras de las administraciones, comercios, empresas y otras instituciones públicas y privadas. Tal y como explican desde IDEAS (Iniciativas de Economía Alternativa y Solidaria), el concepto surgió en el año 2000, cuando los ciudadanos de la localidad inglesa de Gartang se unieron para introducir productos de comercio justo en diferentes espacios de la ciudad, desde colegios, empresas, tiendas y cafeterías hasta en el ayuntamiento. Así se autoproclamaron la primera Ciudad Justa del mundo.

Con los años la idea se ha ido extendiendo internacionalmente. En Europa ya existen más de 300 Ciudades Justas, entre las que se cuentan Roma, Bruselas, Oxford y Belfast. La organización de economía alternativa quiere ahora implantar este sistema en el Estado español. “Queremos dar la oportunidad a la ciudadanía, empresas e instituciones de constituirse como agentes de desarrollo contribuyendo, desde unas relaciones comerciales más equilibradas que ofrece el comercio justo, a la transformación de un mundo más solidario”, explican desde Ideas.

Para recibir el título de Ciudad Justa, se deben de cumplir 5 criterios:

# Votar una resolución favorable al comercio justo y al consumo de este tipo de productos por parte del ayuntamiento.

# Ofrecer productos de Comercio Justo en cafés, restaurantes y tiendas de la ciudad.

# Compromiso del sector privado y organizaciones introduciendo este tipo de productos en su consumo interno.

# Creación de grupos de trabajo locales que coordinen el programa

# Comunicación del programa a la ciudadanía.

Administraciones públicas comprometidas

Las administraciones son un actor activo del desarrollo sostenible, e influyen mediante su toma de decisiones en el entorno social, empresarial y medioambiental. Además, tal y como explican desde Ideas, como las compras públicas representan un 16% del PIB de la UE , cualquier cambio en los criterios de compra o selección de proveedores implica un fuerte impacto en los volúmenes de compra y consecuentemente es una herramienta eficaz para lograr cambios en el sector empresarial, medio ambiental y social.

“La opción de las administraciones públicas por productos de comercio justo es una práctica de compra pública ética coherente con los compromisos de reducción de la pobreza y desarrollo sostenible”, afirman los responsables de la iniciativa.

Pero. ¿cómo se puede incorporar el comercio justo en la compra pública? Ideas aporta varias pistas:

# Exigir el suministro de un porcentaje de productos de comercio justo en los contratos de cafetería, máquinas expendedoras o restauración.

# Optar por alternativas de comercio justo para los materiales promocionales (camisetas, bolsas, regalos institucionales…).

# Apoyar campañas de sensibilización e información en comercio justo y consumo responsable.

El papel de la empresa

Las empresas también pueden contribuir a crear una ciudad más justa. En Ideas nos explican cómo:

# Promoviendo el consumo responsable colocando productos de comercio justo en las oficinas de la empresa (café justo, galletas, snaks, chocolate…).

# Incorporando estos productos en el catering para congresos y convenciones.

# Utilizando para sus materiales de merchandaising productos de comercio justo.

# Introduciendo, en sus políticas de compras y contratación de productos y servicios, criterios que beneficien a todas las partes de la cadena de suministro.

El programa de Ideas implica también al sector de la restauración y a toda la comunidad educativa. Pero para que el compromiso a favor del comercio justo sea una cosa de todos, cada ciudadano y cada ciudadana debe convertirse en ‘agente de desarrollo’. Llevar a cabo acciones cotidianas de consumo responsable y pedir productos y servicios elaborados sobre una gestión empresarial ética, contribuyendo como consumidores a defender los derechos civiles, políticos, sociales y económicos de los trabajadores y favoreciendo una producción más ecológica y sostenible son las tares decir de estos agentes.

¿Qué PueDo HaCer yo?

Consume productos de comercio justo, con ello garantizarás que se paguen precios justos a los trabajadores y trabajadores del Sur, que se protejan los derechos fundamentales de las personas y que se obtengan productos de calidad con procesos respetuosos con el medio ambiente y el ser humano.
Infórmate sobre el origen y los procesos de obtención y transformación de los productos que consumes. ¿Qué impacto tienen para las demás personas y para el medio ambiente? Echa un vistazo a los consejos que te ofrecen ONG y colectivos.
Si quieres aprender a hacer la compra diaria bajo criterios éticos, puedes consultar la revista Opcions, del Centro de Investigación e Información en Consum, una herramienta con ideas útiles para practicar un consumo diario que respete el medio ambiente y los valores de justicia social.
Selecciona productos con garantía ambiental y social: que provengan de la producción ecológica y del comercio justo.
Acude a las pequeñas tiendas especializadas.
Difunde lo que ya sabes. Envía esta noticia a tus conocidos, participa en campañas de sensibilización y acción para apoyar el comercio justo y un consumo responsable, por el respeto de nuestro entorno natural, social y cultural.

Más información:

Web de Ideas
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
Espacio por un Comercio Justo