Los modelos de estatutos cooperativos interactivos son una herramienta web gratuita para preparar los estatutos de una nueva cooperativa en Canarias. Es uno de los cuatro prototipos de CAP Cooperativismo, la Comunidad de Aprendizaje y Práctica que impulsa Red Anagos para fortalecer el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Canarias, con financiación del Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

La herramienta ofrece modelos de estatutos para tres tipos de cooperativa:

• Cooperativa de trabajo asociado
• Cooperativa de vivienda colaborativa
• Cooperativa de consumidoras y usuarias

Cómo funciona

Cada modelo recorre los estatutos artículo por artículo, organizados por capítulos (denominación y objeto, personas socias, órganos sociales, régimen económico, documentación y contabilidad, disolución…). En cada artículo se puede:

• Rellenar los campos editables con los datos propios de la cooperativa: denominación, actividades, duración, ámbito territorial, domicilio social, etc.
• Elegir entre mantener la redacción base o aplicar las opciones y alternativas que prevé el modelo; por ejemplo, constituir la cooperativa como de iniciativa social sin ánimo de lucro, lo que modifica automáticamente los artículos afectados.
• Consultar las notas del modelo, que explican qué debe recoger cada apartado y aclaran conceptos como el Reglamento de Régimen Interno.
• Acceder directamente a la normativa de referencia: la Ley 4/2022, de 31 de octubre, de Sociedades Cooperativas de Canarias, el RD 136/2002, la Ley General de la Seguridad Social (RDL 8/2015) y la Ley 27/1999 de Cooperativas.

Al terminar, los estatutos completos se pueden descargar en PDF o en Word (DOCX) para revisarlos y presentarlos.

Estatutos validados por el Registro de Cooperativas

El prototipo tiene una importancia estratégica porque se está desarrollando de la mano del Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Registro de Cooperativas. La intención es que tanto los modelos de estatutos desarrollados, como los estatutos que se completen desde la herramienta, puedan salir validados directamente por el Registro, de manera que no sean solo documentos orientativos, sino herramientas útiles y seguras para futuras cooperativas.

Una parte fundamental de este trabajo tiene que ver con (1) reducir los tiempos de desarrollo de estatutos por parte de las futuras cooperativas y (2) reducir los tiempos de revisión y validación de estatutos por parte del Registro de Cooperativas. Si las cooperativas pueden partir de modelos ya alineados y automatizados con los criterios del Registro, se podrían evitar correcciones, reducir idas y vueltas y agilizar de forma muy significativa los procesos de constitución.

La hipótesis de trabajo es que esta herramienta implementada podría llegar a reducir los tiempos hasta en un 90%, facilitando que nuevas cooperativas puedan constituirse con mayor claridad, seguridad y agilidad.

Más información sobre el proceso de CAP Cooperativismo y el resto de prototipos en la noticia CAP Cooperativismo entra en su recta final de desarrollo de prototipos para fortalecer el ecosistema cooperativo en Canarias.

Accede a la herramienta de estatutos · Más información sobre CAP Cooperativismo

Fuente: Red Anagos

La Comisión Europea presentó el 16 de diciembre de 2025 el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, una estrategia comunitaria destinada a mejorar el acceso a una vivienda asequible y de calidad en toda la Unión Europea. El anuncio confirma que la crisis de acceso a la vivienda ha escalado posiciones en la agenda política europea, pese a que la vivienda no es una competencia directa de la Unión. El plan fue presentado en respuesta a una llamada del Consejo Europeo de octubre de 2025, que instó a abordar la crisis de la vivienda con ambición, respetando las competencias nacionales y locales en materia de vivienda y apoyándose en consultas amplias a instituciones, autoridades públicas y agentes sociales.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible se articula como una hoja de ruta para reforzar el papel de la Unión Europea allí donde puede aportar valor añadido. La estrategia apuesta por incrementar la oferta de vivienda asequible y sostenible, movilizar inversión pública y privada —incluida la creación de una Plataforma Paneuropea de Inversión en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones— y revisar aquellos marcos normativos que, sin centrarse directamente en la vivienda, condicionan su desarrollo, como las normas sobre ayudas de Estado. Todo ello con un foco explícito en los colectivos más afectados por la crisis habitacional, desde personas con bajos ingresos hasta jóvenes y trabajadores esenciales. El Plan reconoce explícitamente la necesidad de facilitar inversiones en modelos no especulativos, incluidos proveedores de vivienda sin ánimo de lucro o de lucro limitado, aunque deja abierto el debate sobre cómo garantizar que estos instrumentos lleguen efectivamente a la vivienda social.

La Comisión Europea presentó el 16 de diciembre de 2025 el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, una estrategia comunitaria destinada a mejorar el acceso a una vivienda asequible y de calidad en toda la Unión Europea. El anuncio confirma que la crisis de acceso a la vivienda ha escalado posiciones en la agenda política europea, pese a que la vivienda no es una competencia directa de la Unión. El plan fue presentado en respuesta a una llamada del Consejo Europeo de octubre de 2025, que instó a abordar la crisis de la vivienda con ambición, respetando las competencias nacionales y locales en materia de vivienda y apoyándose en consultas amplias a instituciones, autoridades públicas y agentes sociales.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible se articula como una hoja de ruta para reforzar el papel de la Unión Europea allí donde puede aportar valor añadido. La estrategia apuesta por incrementar la oferta de vivienda asequible y sostenible, movilizar inversión pública y privada —incluida la creación de una Plataforma Paneuropea de Inversión en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones— y revisar aquellos marcos normativos que, sin centrarse directamente en la vivienda, condicionan su desarrollo, como las normas sobre ayudas de Estado. Todo ello con un foco explícito en los colectivos más afectados por la crisis habitacional, desde personas con bajos ingresos hasta jóvenes y trabajadores esenciales. El Plan reconoce explícitamente la necesidad de facilitar inversiones en modelos no especulativos, incluidos proveedores de vivienda sin ánimo de lucro o de lucro limitado, aunque deja abierto el debate sobre cómo garantizar que estos instrumentos lleguen efectivamente a la vivienda social.
Sesión de formación sobre vivienda social en Viena, organizada por FEBEA, en febrero 2024

El posicionamiento de FEBEA y los obstáculos detectados

En este contexto, cobra especial relevancia el posicionamiento de la Federación Europea de Bancos y Entidades Financieras Éticas y Alternativas (FEBEA), plasmado en el documento «From assets to access. Ethical finance to leverage social housing«, publicado en abril de 2025. El propio título resume el cambio de enfoque que plantea FEBEA: pasar de tratar la vivienda como un activo financiero a situar en el centro el acceso efectivo a una vivienda digna. El punto de partida de FEBEA es claro: abordar la crisis de la vivienda requiere socios financieros comprometidos, una fuerte voluntad política y una legislación de apoyo coherente. Desde la red se subraya que la vivienda social es una de las herramientas más eficaces para garantizar el derecho a la vivienda y corregir los fallos del mercado, pero sigue enfrentándose a obstáculos estructurales.

El primer obstáculo señalado es la debilidad del marco legislativo y de reconocimiento de la vivienda social en Europa. Aunque existen referencias en la normativa europea —como la definición de vivienda social ligada a los servicios de interés económico general—, la interpretación y el estatus legal de los proveedores de vivienda social varían enormemente entre Estados miembros. FEBEA defiende la necesidad de armonizar la definición de vivienda social a escala europea, diferenciándola claramente de la vivienda asequible dirigida a rentas medias. El objetivo es evitar que los recursos públicos y financieros se desvíen hacia proyectos que, aun etiquetados como “asequibles”, priorizan la viabilidad financiera sobre la inclusión social.

El posicionamiento de FEBEA utiliza el ejemplo de la cooperativa catalana Sostre Cívic para ilustrar cómo el desarrollo de proyectos de vivienda cooperativa depende en gran medida del ecosistema territorial en el que se insertan. El documento señala que la cooperativa, que gestiona en torno a 28 proyectos y cuenta con más de 1.500 personas socias, ha podido avanzar gracias a la existencia en su entorno de una cultura consolidada de economía social y finanzas éticas, con entidades financieras especializadas que mantienen una relación estable con el proyecto. A partir de su contacto con otros proveedores de vivienda social en distintos países europeos, Sostre Cívic identifica diferencias operativas significativas vinculadas a la fortaleza —o debilidad— de estos ecosistemas locales, lo que pone de relieve el papel que juegan el reconocimiento institucional y el acceso a financiación adaptada en la viabilidad de este tipo de modelos.

La Comisión Europea presentó el 16 de diciembre de 2025 el primer Plan Europeo de Vivienda Asequible, una estrategia comunitaria destinada a mejorar el acceso a una vivienda asequible y de calidad en toda la Unión Europea. El anuncio confirma que la crisis de acceso a la vivienda ha escalado posiciones en la agenda política europea, pese a que la vivienda no es una competencia directa de la Unión. El plan fue presentado en respuesta a una llamada del Consejo Europeo de octubre de 2025, que instó a abordar la crisis de la vivienda con ambición, respetando las competencias nacionales y locales en materia de vivienda y apoyándose en consultas amplias a instituciones, autoridades públicas y agentes sociales.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible se articula como una hoja de ruta para reforzar el papel de la Unión Europea allí donde puede aportar valor añadido. La estrategia apuesta por incrementar la oferta de vivienda asequible y sostenible, movilizar inversión pública y privada —incluida la creación de una Plataforma Paneuropea de Inversión en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones— y revisar aquellos marcos normativos que, sin centrarse directamente en la vivienda, condicionan su desarrollo, como las normas sobre ayudas de Estado. Todo ello con un foco explícito en los colectivos más afectados por la crisis habitacional, desde personas con bajos ingresos hasta jóvenes y trabajadores esenciales. El Plan reconoce explícitamente la necesidad de facilitar inversiones en modelos no especulativos, incluidos proveedores de vivienda sin ánimo de lucro o de lucro limitado, aunque deja abierto el debate sobre cómo garantizar que estos instrumentos lleguen efectivamente a la vivienda social.
Sesión de formación sobre vivienda social en Viena, organizada por FEBEA, en febrero 2024
El posicionamiento de FEBEA y los obstáculos detectados

En este contexto, cobra especial relevancia el posicionamiento de la Federación Europea de Bancos y Entidades Financieras Éticas y Alternativas (FEBEA), plasmado en el documento «From assets to access. Ethical finance to leverage social housing«, publicado en abril de 2025. El propio título resume el cambio de enfoque que plantea FEBEA: pasar de tratar la vivienda como un activo financiero a situar en el centro el acceso efectivo a una vivienda digna. El punto de partida de FEBEA es claro: abordar la crisis de la vivienda requiere socios financieros comprometidos, una fuerte voluntad política y una legislación de apoyo coherente. Desde la red se subraya que la vivienda social es una de las herramientas más eficaces para garantizar el derecho a la vivienda y corregir los fallos del mercado, pero sigue enfrentándose a obstáculos estructurales.

El primer obstáculo señalado es la debilidad del marco legislativo y de reconocimiento de la vivienda social en Europa. Aunque existen referencias en la normativa europea —como la definición de vivienda social ligada a los servicios de interés económico general—, la interpretación y el estatus legal de los proveedores de vivienda social varían enormemente entre Estados miembros. FEBEA defiende la necesidad de armonizar la definición de vivienda social a escala europea, diferenciándola claramente de la vivienda asequible dirigida a rentas medias. El objetivo es evitar que los recursos públicos y financieros se desvíen hacia proyectos que, aun etiquetados como “asequibles”, priorizan la viabilidad financiera sobre la inclusión social.

El posicionamiento de FEBEA utiliza el ejemplo de la cooperativa catalana Sostre Cívic para ilustrar cómo el desarrollo de proyectos de vivienda cooperativa depende en gran medida del ecosistema territorial en el que se insertan. El documento señala que la cooperativa, que gestiona en torno a 28 proyectos y cuenta con más de 1.500 personas socias, ha podido avanzar gracias a la existencia en su entorno de una cultura consolidada de economía social y finanzas éticas, con entidades financieras especializadas que mantienen una relación estable con el proyecto. A partir de su contacto con otros proveedores de vivienda social en distintos países europeos, Sostre Cívic identifica diferencias operativas significativas vinculadas a la fortaleza —o debilidad— de estos ecosistemas locales, lo que pone de relieve el papel que juegan el reconocimiento institucional y el acceso a financiación adaptada en la viabilidad de este tipo de modelos.
Fiesta de inauguración del espacio cooperativo Cirerers, en el barrio de Roquetes (Barcelona), el 31 de marzo de 2022 ©SostreCivic

Escasez de financiación adecuada y regulación prudencial bancaria

Según FEBEA, el segundo gran obstáculo al que se enfrentan los proveedores de vivienda social es la escasez de financiación adaptada. Estos proyectos suelen ser intensivos en capital, con retornos financieros limitados y necesidades de financiación a largo plazo, características que los hacen poco atractivos para la banca convencional. Por ejemplo, en Bélgica, la cooperativa financiera ética Hefboom ha mostrado interés en financiar proyectos de vivienda social y cooperativa, pero se enfrenta a costes de financiación elevados y a dificultades para acceder en condiciones favorables a instrumentos europeos de garantía. Ante esta situación, FEBEA reclama simplificar y ampliar el acceso a garantías europeas, como InvestEU, y reforzar el papel de la futura Plataforma Paneuropea de Inversión para canalizar capital hacia financiadores de proximidad y proyectos con alto impacto social.

El tercer obstáculo identificado es la regulación prudencial bancaria, diseñada tras la crisis financiera de 2008 para grandes entidades sistémicas, pero aplicada también a pequeños actores orientados a la economía real. FEBEA subraya que estas normas imponen exigencias de capital desproporcionadas a bancos y cooperativas financieras éticas, reduciendo su capacidad de conceder crédito a proyectos de vivienda social, pese a haber demostrado históricamente una mayor estabilidad y resiliencia que muchas entidades convencionales. La red propone avanzar hacia un enfoque más proporcional, adaptando los requisitos de capital al tamaño y perfil de riesgo de las entidades, e incluso incorporando factores de apoyo social que reconozcan el impacto positivo de la financiación de vivienda social.

El Plan Europeo de Vivienda Asequible abre una ventana de oportunidad para reforzar la respuesta pública a la crisis habitacional. Sin embargo, desde FEBEA se advierte de que movilizar inversión no basta: es imprescindible garantizar que los instrumentos financieros y regulatorios favorezcan de forma explícita a la vivienda social y a los actores sin ánimo de lucro o de lucro limitado. Como actor clave en la financiación de la vivienda social, el sector de las finanzas éticas dispone de un potencial aún poco aprovechado. Un mayor respaldo financiero a escala europea permitiría desplegar plenamente esta capacidad y reforzar el impacto de proyectos orientados al interés general. Pasar de los activos al acceso, implica situar a las finanzas al servicio del derecho a la vivienda. Un reto que ya no puede seguir aplazándose.

Fuente: Valor social