El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Nuestra hoja de ruta ha sido elaborada por expertos de todo el mundo, desde agencias de la ONU hasta movimientos de base. Hacemos un llamamiento a los líderes políticos de todos los niveles para que la utilicen.

Vivimos en una era de escasez artificial. En un mundo más rico que nunca, aproximadamente una décima parte de la población mundial aún vive en la miseria extrema . Millones de personas no pueden permitirse suficiente comida, una vivienda digna ni atención médica básica, mientras que una pequeña minoría acumula una riqueza y un poder sin precedentes. Al mismo tiempo, las sequías, los megaincendios, las inundaciones y las olas de calor nos recuerdan que nuestras economías están llevando al planeta más allá de sus límites.

Estas no son crisis aisladas. Son síntomas de un modelo económico que ha llegado a su fin. La pobreza y la desigualdad no son casualidad; son consecuencias previsibles de las decisiones políticas: cómo diseñamos los sistemas tributarios, regulamos los mercados laborales, valoramos los cuidados, estructuramos los servicios públicos y decidimos qué necesidades y qué voces importan. Fundamentalmente, si los gobiernos pueden generar pobreza, también pueden erradicarla.

Durante décadas, la fórmula fue sencilla: impulsar la economía y la pobreza desaparecería gradualmente. Pero la promesa de que el crecimiento económico beneficiaría a todos no se ha cumplido. Mientras los ingresos nacionales aumentaban, los salarios se estancaban, el trabajo se volvía más precario y se recortaban los servicios públicos. En la cima, las fortunas se disparaban; en la base, las familias recurrían a los bancos de alimentos. El crecimiento se ha desvinculado de la prosperidad compartida.

También se ha vuelto ecológicamente insostenible. Nos acercamos a un « invernadero », donde el aumento de las emisiones y la pérdida de biodiversidad desestabilizan las condiciones que sustentan la vida humana. Alrededor del 92 % del exceso de emisiones globales de carbono se atribuye al hemisferio norte , y el 10 % más rico de la población es responsable de casi la mitad de las emisiones globales , mientras que las personas en situación de pobreza son las primeras en sufrir malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos. Un modelo económico que depende de la expansión ilimitada en un planeta finito no solo es injusto, sino también peligroso.

Muchos países de bajos ingresos aún necesitan crecimiento para construir carreteras, hospitales, escuelas, energías renovables y empleos dignos. Sin embargo, la vía dominante hacia el crecimiento —basada en la extracción de recursos, mano de obra barata y dócil, dependencia de las exportaciones y creciente endeudamiento— ha aumentado la desigualdad y degradado el medio ambiente. La verdadera pregunta hoy no es si el crecimiento continúa, sino qué tipo de economías estamos construyendo, a quiénes benefician y si permiten que todos vivan con dignidad dentro de los límites planetarios.

Por eso nos hemos unido para desarrollar y respaldar la “hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento”. Esta hoja de ruta ofrece diversas alternativas para superar el enfoque restrictivo de “crecimiento, impuestos y transferencias” que ha marcado las políticas durante décadas. No se trata de un plan elaborado por un puñado de expertos. Es todo lo contrario: durante más de 18 meses, más de 400 personas —organismos de la ONU, gobiernos nacionales, expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, actores de la economía social y solidaria y movimientos de base, tanto del norte como del sur global— trabajaron para responder a una pregunta sencilla: ¿cómo podemos acabar con la pobreza y reducir las desigualdades sin considerar el crecimiento del PIB como la condición principal para el progreso? Más de 350 firmantes han respaldado el plan , entre ellos Jean Drèze, Pavlina Tcherneva, Tim Jackson, Bhumika Muchhala, Julia Steinberger, Ndongo Samba Sylla y Timothée Parrique.

No coincidimos en todos los detalles de las políticas. Sin embargo, nos une la convicción de que nuestras economías deben rediseñarse en torno al cumplimiento de los derechos y el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, en lugar de maximizar la producción a cualquier precio. Los derechos humanos no son aquí una cuestión secundaria; son el principio rector que guía nuestra forma de medir el progreso, establecer prioridades y resolver disyuntivas. La protección social y los servicios públicos son esenciales, pero no pueden compensar indefinidamente unas economías que, por su propia naturaleza, generan salarios de miseria, empleos precarios y viviendas inaccesibles.

Necesitamos cambiar las reglas desde la raíz. Esto implica, por ejemplo, trabajo decente y garantías de empleo, salarios dignos y remuneración justa, sindicatos más fuertes y democracia en el lugar de trabajo, combatir la discriminación y valorar el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, del que dependen nuestras sociedades. Significa invertir en la infancia, la vivienda, la salud, la educación y el transporte mediante la provisión pública universal. Significa control público de los activos estratégicos, orientación crediticia para dirigir la inversión hacia prioridades sociales y ecológicas, y apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria.

Implementar esta visión implica cambiar las reglas de la economía global. Hoy, los gobiernos del Sur global son criticados por no hacer lo suficiente para combatir la pobreza, mientras se ven presionados por sanciones unilaterales, acuerdos comerciales restrictivos, desigualdades en el intercambio y cargas de deuda con raíces en siglos de despojo colonial. Alrededor de 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación. Mientras tanto, las cadenas de suministro globales permiten una vasta transferencia neta de mano de obra y recursos del Sur al Norte . La solidaridad internacional es, por lo tanto, una obligación legal y moral arraigada en la realidad histórica de que muchos países ricos construyeron su riqueza empobreciendo al Sur, mediante patrones de extracción que continúan hoy bajo nuevas formas. Una transición justa más allá del crecimiento debe incluir justicia de la deuda, mayor cooperación Sur-Sur, financiamiento climático reparador y apoyo a pisos de protección social universales, basados ​​en los principios de no dominación y autodeterminación para que los países puedan trazar su propio futuro económico soberano.

Igualmente crucial es quién decide cómo se produce esta transición. Con demasiada frecuencia, las políticas que afectan a las personas en situación de pobreza se diseñan sin tenerlas en cuenta, e incluso a veces en su contra. Cuando los sistemas de bienestar se basan en la sospecha, las sanciones y las condiciones humillantes, profundizan el estigma y disuaden a las personas de reclamar sus derechos. Quienes viven en la pobreza saben mejor que nadie cómo pueden fallar estos sistemas en la práctica. Su experiencia debe guiar el diseño, la implementación y el seguimiento de las estrategias contra la pobreza, desde los ayuntamientos hasta los parlamentos y los foros internacionales.

No partimos de cero. En todo el mundo, las luchas indígenas, la organización feminista, los sindicatos y los movimientos por la justicia climática defienden y construyen futuros alternativos basados ​​en el cuidado colectivo y los derechos territoriales. Nuevas coaliciones de Estados impulsan nuevas visiones de la gobernanza económica mundial, y los gobiernos experimentan con estrategias de lucha contra la pobreza basadas en los derechos, asambleas ciudadanas y la creación de riqueza comunitaria. La ONU y muchos socios exploran indicadores que van más allá del PIB y nuevas instituciones, como un panel internacional sobre desigualdad, para ayudar a trazar este camino.

Nuestra hoja de ruta se basa en estos esfuerzos, los conecta y los impulsa aún más. La presentamos ahora como un punto de referencia común para quienes se niegan a aceptar que la pobreza y el colapso ecológico sean el precio a pagar por la forma en que actualmente definimos el “éxito” económico. Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen dos opciones: persistir en un modelo fallido que prioriza el crecimiento o comprometerse a erradicar la pobreza transformando las reglas económicas que la generan.

La pobreza es un fenómeno artificial. Esa es la mala noticia, y a la vez la buena. Lo artificial puede desmantelarse y reemplazarse. Presentamos opciones concretas, respaldadas por perfiles de políticas detallados que exponen evidencia, pasos para su implementación y ejemplos reales. Hacemos un llamado a los líderes políticos de todos los niveles para que las utilicen, escuchen a los más afectados y consideren la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la efectiva realización de los derechos humanos como el criterio para evaluar la política económica.

• Olivier De Schutter preside el proyecto Nuevas Economías para la Erradicación de la Pobreza; Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía; Jayati Ghosh es profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst; Thomas Piketty es profesor de Economía en la Escuela de Economía de París; Kate Raworth es economista en el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford; Jason Hickel es economista político y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Artículo original en inglés: The Guardian

Comunicado de RIPESS Intercontinental

Nos alegra anunciar que el artículo de opinión que acompaña la Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento ya ha sido publicado en The Guardian y Le Monde. Se trata de un artículo colectivo firmado por Olivier De Schutter, presidente de NEEP, junto con destacadas voces internacionales como Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh, Thomas Piketty, Kate Raworth y Jason Hickel, además de más de 400 expertas y expertos de todo el mundo.

RIPESS Intercontinental ya ha firmado, reafirmando su compromiso con esta hoja de ruta colectiva para transformar las reglas económicas que hoy producen pobreza, desigualdad y devastación ecológica.

Un llamado que responde a los desafíos actuales

En un contexto de desigualdades crecientes y crisis ecológica global, las y los expertos coinciden: el crecimiento económico no ha logrado erradicar la pobreza ni garantizar el bienestar.

El mensaje es claro: la pobreza no es inevitable; es fabricada.

La Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento, co-desarrollado por más de 400 personas de la academia, el sistema de Naciones Unidas, sindicatos, movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil, propone 80 medidas de política pública para rediseñar la economía hacia el bienestar humano y ecológico.

Leer el artículo

The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jun/10/economists-maths-growth-doomed-strategy-un-agencies-political-leaders

Le Monde: https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/10/si -les-gouvernements-peuvent-fabriquer-la-pauvrete-ils-peuvent-aussi-l-eradiquer-pres-de-400-personnalites-internationales-proposent-une-feuille-de-route-concrete_6700388_3232.html

Suma tu firma y difunde

La invitación a respaldar el Roadmap continúa abierta.

Sigamos ampliando el alcance de este llamado global para transformar las reglas económicas y construir un futuro basado en la justicia social y ecológica.

Crédito de la imagen: Eleanor Shakespear/The Guardian

Las grandes empresas disparan las desigualdades: sus directivos cobran 111 veces más que el salario medio

• Un nuevo informe de Oxfam Intermón analiza la desigualdad salarial en las 40 mayores empresas españolas durante 2024.
• El promedio en la retribución de la persona mejor pagada en estas compañías fue de 4,4 millones de euros en 2024.
• La brecha salarial de género en sueldos medios alcanzó el 18,2%. Para ganar lo mismo, las mujeres tendrían que trabajar cada día 1,5 horas más que los hombres.
• Vídeo con declaraciones de Miguel Alba, autor del informe.

La Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo (FpD4)* que se celebrará en Sevilla entre el 30 de junio y el 3 de julio de 2025, debe abordar la crisis de desigualdad extrema que afecta a las personas y al planeta. El 1 % más rico acumula la misma riqueza que el 95 % de la humanidad, mientras los procesos decisorios globales siguen reproduciendo los mismos patrones colonialistas de relaciones de poder que dejan atrás a miles de millones de personas y bloquean reformas multilaterales.

La desigualdad se produce en dos frentes, el nacional y el global. La brecha entre los más ricos y el resto a nivel nacional es muy alta o va en aumento en la mayoría de los países. Simultáneamente, la brecha entre los países más ricos y el Sur Global aumentó bruscamente como consecuencia de la COVID-19 y las subsiguientes crisis económica y de la deuda, y sigue siendo inaceptablemente alta.

A su vez, esta enorme desigualdad económica entre los países y dentro de ellos se nutre y agrava otras desigualdades que se entrecruzan, como la climática, la de género, la racial y la colonial. La desigualdad económica se convierte en desigualdad política y, al hacerlo, socava la política, excluyendo a la mayoría de la toma de decisiones, alimentando la aparición de la polarización política y de élites que no rinden cuentas.

Esta desigualdad política es clave para entender los bloqueos existentes en diferentes procesos multilaterales, la cantidad y calidad de la financiación del Sur Global y la perpetuación de un sistema económico que se nutre de la explotación de la mano de obra, las mujeres y los recursos naturales del Sur. Una excesiva concentración de poder y riqueza unos pocos superricos y corporaciones les permite moldear las reglas globales a su favor, poniendo en riesgo la provisión de bienes públicos para la mayoría de la ciudadanía y el bienestar planetario. Esta exclusión de los gobiernos del Sur Global y de las voces de la sociedad civil bloquea reformas progresistas en áreas clave como ayuda, deuda, fiscalidad o financiación climática.

De ahí que cualquier acción en materia de financiación deba abordar tanto la desigualdad nacional como la global, y hacer frente a las desigualdades económicas, sociales y políticas.

* La FpD4 se celebrará en Sevilla (España) en 2025, una década después de la FpD3 que tuvo lugar en Addis Abeba (Etiopía) en 2015. Su mandato tiene tres objetivos principales: evaluar los avances en la financiación para el desarrollo, abordar temas nuevos y emergentes y apoyar la reforma de la arquitectura financiera internacional.

RIPESS coorganizó el evento «Superar las desigualdades a través de la recuperación de COVID-19: propuestas de la Economía Social y Solidaria y el Derecho a la Ciudad«, junto con la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad y Urgenci, como evento oficial paralelo al Foro Político de Alto Nivel de la ONU.

El objetivo era demostrar algunas de las diversas posibilidades de la Economía Social y Solidaria para superar el aumento de las desigualdades que ha provocado Covid-19, y las vías resilientes hacia la recuperación en las ciudades y en términos de vínculos urbano-rurales.

Reunió a unos 70 participantes que representaban una amplia e importante diversidad de actores (gobiernos locales, regionales y nacionales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones internacionales, el mundo académico) que representaban un claro compromiso con el ODS17 y las asociaciones transversales. Los ponentes y las intervenciones de los asistentes también representaron a todos los continentes, excepto Oceanía.  Se centró en la presentación de ejemplos concretos de las posibilidades que presenta la Economía Social y Solidaria (ESS) para contribuir a la reducción de las desigualdades en diversos ámbitos, y de cómo han preservado y reconstruido comunidades a lo largo de la pandemia del COVID-19.

Esto es una clara ilustración del ODS1. En el debate se destacaron ejemplos concretos de múltiples ámbitos (trabajo informal, vivienda, producción y consumo de alimentos, servicios básicos y otros) desde una perspectiva solidaria y en el marco del avance de la implementación de la Agenda 2030.  Estos ejemplos ilustraron el ODS2, el ODS8 y el ODS11 de muchas maneras diferentes. El aspecto esencial era el hecho de que un círculo vicioso de pérdida de empleo informal y formal lleva a la pérdida de otros derechos humanos esenciales (derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la vivienda…) mientras que las cooperativas y colectivos de mujeres y otros colectivos comunitarios de diversa índole formalizan servicios esenciales que defienden estos derechos. Estos derechos también ponen de relieve la necesidad de protección de la Seguridad Social y de una red de seguridad alimentaria para todos, basada en mercados locales y territoriales sanos y nutritivos.  El papel de los gobiernos locales y de otros niveles es también clave para apoyar a los vulnerables.

El panel fue moderado por la coordinadora conjunta de RIPESS y presidenta de URGENCI, Judith Hitchman, y la lógica general de las intervenciones destacó la necesidad de un cambio de paradigma de los actuales modelos de desarrollo y crecimiento económico para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y avanzar hacia comunidades más justas, equitativas y sostenibles que respeten los derechos humanos.

Actualmente, la ESS está desempeñando un papel fundamental a la hora de abordar y mitigar los impactos a corto y largo plazo de la COVID-19 que pueden contribuir significativamente a dicho cambio de paradigma. A corto plazo, los actores de la ESS aportan soluciones colectivas que refuerzan los servicios públicos y complementan la acción gubernamental. A largo plazo, la ESS ofrece alternativas económicas, promueve modelos inclusivos y sostenibles y fortalece el acceso a muchos derechos humanos. Estos aspectos fueron reconocidos por el Secretario General de la ONU en su discurso ante la Comisión de Desarrollo Social de la ONU en febrero de 2021. Afirmó que «la Economía Social y Solidaria encarna otro modelo que busca un nuevo equilibrio entre la eficiencia económica y la resiliencia medioambiental».

Todos estos aspectos fueron claramente expuestos por Nelson Saule, coordinador conjunto de la Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, en su introducción al acto paralelo.

La primera ponente fue Sonia Díaz, de Women in Informal Employment: Globalizando y Organizando (WIEGO), que centró su intervención en las cooperativas como camino hacia la dignidad, revelando las acciones de WIEGO con los recicladores informales en Brasil. La COVID19 ha tenido un impacto devastador en la vida de los trabajadores informales, que pueden encontrar un camino hacia el trabajo decente y digno a través de las cooperativas. Los gobiernos deben garantizar que se aborden los problemas de los trabajadores informales, compartiendo información y herramientas de promoción, y abogando por políticas y planes que incluyan a los trabajadores informales.

A continuación, Simel Esim, economista feminista que dirige la División de Cooperativas de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), destacó un ejemplo relevante de estas soluciones: las cooperativas formadas únicamente por mujeres en la economía informal en sectores como el de los trabajadores a domicilio y el de los trabajadores domésticos. Compartió algunos modelos emergentes para alcanzar escala y sostenibilidad (consorcios entre cooperativas sociales, franquicias entre cooperativas de trabajadoras domésticas) y la importancia de los niveles macro (entornos propicios) y meso (creación de ecosistemas de apoyo) para garantizar la supervivencia y el crecimiento de las empresas colectivas de mujeres en la economía informal.

Estas dos intervenciones fueron seguidas por la de André Luzzi, de la Coalición Internacional del Hábitat (HIC) y representante de los pobres urbanos en el Comité de Coordinación del Mecanismo de la Sociedad Civil y los Pueblos Indígenas del Comité de Seguridad Alimentaria y Nutrición de la ONU, quien dio diferentes ejemplos de cómo los vínculos urbano-rurales entre los pequeños productores de alimentos habían ayudado a alimentar a las comunidades vulnerables de las ciudades durante la pandemia a través de varios tipos de iniciativas solidarias y de la agricultura de apoyo comunitario. El vínculo entre la salud y los productos agroecológicos frescos es un factor importante. Hizo hincapié en la necesidad de proteger a los pequeños productores de alimentos periurbanos y a los agricultores agroecológicos de la agricultura industrial en lo que respecta al derecho a una alimentación y nutrición adecuadas.

A este primer panel le siguieron varias intervenciones desde la sala que destacaron aspectos adicionales desde diferentes perspectivas.

Norliza Hasim, de Urbanise Malaysia, abrió el segundo panel. Describió su trabajo de apoyo al Ministerio de Vivienda y Gobierno Local de Malasia en sus esfuerzos por generar soluciones urbanas sostenibles integradas que abarcan la provisión de vivienda y muchos otros servicios que compartió con los participantes en el evento, demostrando claramente a través de estos ejemplos cómo los vínculos entre el derecho a la vivienda y otros derechos forman parte de una recuperación a largo plazo de la pandemia.

Vic Van Vuuren, que dirige el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria UNTFSSE fue el último orador. Centró su intervención en la importancia de reforzar el reconocimiento internacional de la ESS para contribuir a la Agenda 2030 y a los ODS. Hizo especial hincapié en que las asociaciones de múltiples partes interesadas como estas son fundamentales para crear políticas innovadoras para una transformación muy necesaria de nuestra economía a diferentes niveles, incluidas las comunidades locales. Pidió una recuperación centrada en las personas y el planeta, y destacó el papel clave que puede desempeñar la ESS. El hecho de que la ESS sea un tema central que se abordará en la próxima Conferencia de la OIT en 2022 es un avance significativo que impulsará el reconocimiento de que otro paradigma económico es posible y que las soluciones ya existen.

La sesión finalizó con una segunda serie de intervenciones de los participantes y las observaciones finales de Nelson Saule y Judith Hitchman, que destacaron la riqueza de las buenas prácticas y las soluciones existentes para avanzar hacia una sociedad más inclusiva y resistente basada en los derechos para todos.

Para ver la grabación completa del acto paralelo, haga clic aquí.

Por Alejandro Represa de Economistas Sin Frontereas para el blog Zona Critica de eldiario.es

En España existe una tremenda desigualdad que nos sitúa en los altísimos niveles de pobreza que actualmente padecemos

Es incuestionable que España está empezando a recuperarse de una manera asombrosa, creciendo nuestra economía como desde hacía tiempo que no lo hacía, pero, ¿quiénes están sacando provecho de esta espectacular bonanza?

A veces, alarma observar cómo hay tantas personas que se ilusionan cuando los políticos, a través de los medios de comunicación, anuncian lo mucho que sube el Producto Interior Bruto (PIB), por lo que ello significa de aumento de la riqueza en nuestro país (o región, según la perspectiva), entendiendo que tal situación conduce al tan celebrado Estado de Bienestar del que disfrutamos todos los que aquí vivimos. 

Pero, tristemente, eso no deja de ser una quimera, pues la realidad es que en España existe una tremenda desigualdad que nos sitúa en los altísimos niveles de pobreza que actualmente padecemos, y que en febrero de este año reveló el Informe España 2017, presentado por la Comisión Europea, el cual advertía a nuestro país de que esos adversos niveles que mantenemos están entre los más elevados de la Unión Europea, emitiendo unos mensajes más que preocupantes, como es el que 13,1 millones de españoles (el 28 por ciento) estén en riesgo de exclusión social, y alrededor del 13 por ciento de los trabajadores de nuestro país, en riesgo de pobreza (unos 2,4 millones de los cerca de 19 millones que actualmente trabajan).  

Hay otra circunstancia que todavía complica más esta situación, y es la incuestionable victoria que ya nadie discute de la revolución tecnológica, cuyas normas se imponen de manera despiadada sobre las actividades económicas, sin que se impulsen medidas con el fin de aprovecharlas y hacerlas útiles para la humanidad en su conjunto, en lugar de estar forjándose como el enemigo público número uno del empleo, siendo el financiero uno de los sectores en que más vivamente se está advirtiendo esa atroz fuerza, concretamente en bancos y cajas de ahorro, donde los puestos de trabajo y oficinas de atención al cliente desaparecen con increíble rapidez. 

Sin duda, el primero de esos escenarios es el más grave, ya que a personas que puedan llevar 20 o 30 años en banca y cuenten entre 45 y 50 años, por ejemplo (y no digamos los que superen esa edad), les va a ser francamente difícil, por no decir imposible, encontrar otro puesto de trabajo, y menos aún si aspiran a uno compatible con su formación. Pero, tampoco nos podemos olvidar de esas personas mayores, ya jubiladas, para las que el uso de Internet es casi ciencia-ficción y, por supuesto, lo tienen aún peor esos otros, también mayores, que viven en determinados pueblos en los que ya ha desaparecido la última oficina de la que disponían, y tienen que desplazarse a otras localidades de mayor tamaño cuando necesitan hacer alguna operación bancaria, con las serias dificultades que ese traslado implica para ellos . 

Pero de esto debemos sentirnos todos culpables en alguna medida, pues nunca hemos reparado en ello, o si en ocasiones lo hemos hecho, nos ha resultado más cómodo mirar para otro lado, y es que, al margen de nuestras gravísimas dificultades, todavía hay personas en el mundo que viven peores situaciones, como esos cerca de mil millones, de los siete mil que habitamos el planeta, que están pasando hambre desde hace ya mucho tiempo. Y entiendo mucho menos aún lo que supone que ocho personas posean la misma riqueza que la mitad más pobre del mundo (3.500 millones de seres humanos), según informó Oxfam International en el Foro de Davos celebrado el pasado mes de enero del presente año. ¿Hay de verdad algún derecho a ello? ¿Por qué está sucediendo?

¿Y cómo se puede entender que ocurra esto? Muy sencillo, porque desde que el mundo es mundo, han gobernado invariablemente los que disponían de poder. Y ahora, aunque se le haya dado la forma de democracia (los otros, los totalitarios, sufren igual, pues allí también gobiernan los poderosos), los países occidentales no han cambiado a ese respecto, y todos nos encontramos de lleno en semejante situación, y percibimos que seremos nosotros (y más aún nuestros descendientes) quienes sufriremos con mayor dureza las consecuencias de ese nada misterioso poder que todo lo domina, pues siguen mandando los mismos, esos que acumulan riqueza, que cuentan con los medios de producción y que deciden, a través de unos lobbys perfectamente aleccionados, qué leyes deben aplicarse, y cuáles no, siempre con la malsana intención de llenar cada vez más sus ya saturadas arcas. 

Hay otra penosa realidad, y es el enorme endeudamiento de los países desarrollados, entre los que nos encontramos, que ha sido una de las principales causas de esta tremenda crisis que padecemos, debido en gran medida, en especial aquí, en nuestro país, a que en épocas de la burbuja inmobiliaria y financiera parecía lógico endeudarse, ya que el crédito era muy fácil de conseguir, sobre todo si era para adquirir una vivienda, pues éstas subían de precio constantemente, y las entidades financieras pensaban que si no la podíamos pagar, con desahuciarnos y sacarla a subasta se resolvía el problema, pues todavía ganarían más dinero con el nuevo precio de venta. 

Por tanto, el supuesto crecimiento de la economía capitalista, y la nuestra lo es, no deja de ser una quimera, como señalo al principio de este artículo, ya que, a pesar de que surja un cierto periodo de progreso y las empresas mejoren sus resultados y, obviamente, contraten mayor número de trabajadores, éstos consumirán más y por tanto aumentarán sus gastos, con lo que se volverán a endeudar, y otra vez se iniciará un ciclo regresivo. Alguien dijo alguna vez (y la verdad, no recuerdo quién) que “una crisis suele llegar a su final cuando está empezando la siguiente”.

Si a todo esto le añadimos el tremendo deterioro que se está produciendo en nuestro planeta con la enorme y veloz explotación de recursos naturales, que provoca un indeseado, peligroso y rapidísimo cambio climático, con su consecuente daño sobre la riqueza energética y de los alimentos, así como sobre el agua, al poner en riesgo de desaparición las fuentes naturales de este preciado líquido, vemos que el mundo no marcha por el camino correcto. 

Con sinceridad, me atormenta y me preocupa sobre manera el mundo que estamos creando y que, para nuestra desgracia, vamos a dejar en herencia a nuestros hijos, a los que ya les está resultando mucho más difícil que a nosotros mantener un nivel de vida medianamente digno, y no digamos nada de nuestros nietos, los ya nacidos y los que están por nacer en estos tiempos. A esos, si ahora no hacemos algo para tratar de remediarlo, sí que les va a resultar aterrador el mundo que se van a encontrar.

“Si la economía no sirve a la mayoría de los ciudadanos, será una economía fallida. Por eso, las cooperativas son el mejor modelo socioeconómico para enfrentar la próxima década”, dijo Joseph Stiglitz.

“Las cooperativas son la única alternativa frente al modelo económico fundado en el egoísmo y la desigualdad”, aseguró Joseph Stiglitz, premio nobel de economía de 2001, en medio de la tercera Cumbre Mundial de Economía Solidaria, realizada el año pasado en Quebec (Canadá).

Las palabras de uno de los pensadores más influyentes de los últimos años delataron la crisis de la globalización y del libre mercado: “Si la economía no sirve a la mayoría de los ciudadanos, será una economía fallida. Por eso, las cooperativas son el mejor modelo socioeconómico para enfrentar la próxima década”, concluyó Stiglitz.

El informe de Oxfam Una economía para el 99%, publicado en enero de 2017, respalda la opinión del profesor de la Universidad de Columbia: “Tan sólo ocho hombres poseen la misma riqueza que 3.600 millones de personas, la mitad más pobre de la humanidad”, revela la ONG. Además, según los datos del estudio, la riqueza en el mundo asciende a US$255 billones y el 45,6% está en manos del 1% de la población mundial.

Más allá de los números, el problema de la desigualdad se refleja en la pérdida de poder adquisitivo de las clases medias, en la poca calidad de vida de los sectores más pobres y, sobre todo, en el aumento de las necesidades básicas insatisfechas de la población vulnerable. Todavía hay millones de personas en el mundo sin acceso a servicios de salud ni de educación. Incluso, según los datos del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, 795 millones de personas todavía no tienen suficiente comida para llevar una vida saludable y activa y sufren hambre.

En Colombia, el panorama es similar. De acuerdo con el último informe de la Cepal, el coeficiente Gini, que mide la desigualdad, en donde 0 es total igualdad y 1 total desigualdad, está en 0,55. Este índice ubica a Colombia como el octavo país más desigual del mundo y el segundo de América Latina.

Por eso, ante el recrudecimiento de este fenómeno en el país, la representante a la Cámara por el Partido Liberal Olga Lucía Velásquez convocó la semana pasada al foro “Economía solidaria, economía del futuro”. El própósito del encuentro, en el que participaron la ministra de Trabajo, Griselda Restrepo; el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y representantes del sector solidario, fue mostrar por qué las cooperativas, los fondos de empleados y las mutuales pueden constituirse como el tercer sector de la economía, al lado de las empresas privadas y del Estado, y además pueden ser una alternativa para combatir la pobreza y la desigualdad.

“El sector público ve al sujeto como un actor de derechos y deberes, el sector privado lo ve de acuerdo a la participación que tenga en el proceso de producción y el sector solidario ve al ser humano como el centro y la razón de ser de la economía”, afirmó la representante Velásquez.

De acuerdo con las cifras de la Confederación Colombiana de Cooperativas (Confecoop), el sector de la economía solidaria tiene 7,4 millones de asociados, el 82 % de los cuales, es decir 6,1 millones, hace parte de una cooperativa; 14,7%, equivalente a 1,07 millones de personas, está vinculado con fondos de empleados, y 3,5%, 262.000 personas, está asociado a mutuales.

En otras palabras, casi el 17% de la población del país y 36 % de la población ocupada están vinculadas directamente al sector solidario. Incluso, si se mira con más detalle, los beneficios de créditos, becas y calidad de vida que ofrece el sector alcanzan, en promedio, a tres personas por cada asociado. “Estamos hablando de que cerca de 24 millones de ciudadanos tienen algo que ver con la economía solidaria, casi el 50% de la población total”, concluyó Velásquez.

Por otra parte, el patrimonio del sector, a diciembre de 2016, era de $16,37 billones, los ingresos eran de $32,5 billones y los excedentes llegaban a $761.000 millones. Según Carlos Acero, presidente de Confecoop, hay en Colombia 3.666 cooperativas legalmente constituidas que generan 197.000 puestos de trabajo directo y están presentes en 31 de los 32 departamentos.

Los panelistas del foro revelaron que durante los últimos 25 años se han entregado más de un millón de viviendas con ayuda de cooperativas y fondos de empleados, y que en la última década, el sector solidario ha financiado a 300.000 profesionales. Además, hay 1,3 millones de personas con seguro funerario a través de sus cooperativas.

Por su parte, Mauricio Cabrera, analista económico y asistente al foro, explicó la manera como se encuentra distribuida la riqueza en Colombia y afirmó que el problema no sólo radica en la desigualdad de ingresos sino en la concentración de riqueza. “En Colombia se ha reducido la pobreza, pero no la inequidad”, añadió.

Finalmente, Velásquez aseguró que para consolidarse como el tercer sector, la economía solidaria necesitaba modernizar la normatividad y contar con una política pública y una regulación propia. “Acá no hay una discusión entre capitalismo y socialismo, sino entre capitalismo y economía solidaria”.

En España, la fortuna de tan sólo tres personas equivale ya a la riqueza del 30% más pobre del país. La desigualdad sigue aumentando, el crecimiento del PIB deja atrás a los más vulnerables

España deja de ingresar aproximadamente 1.550 millones de euros como resultado de la actividad canalizada a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo, el 58% del déficit del fondo de reserva de las pensiones en 2017

Oxfam Intermón propone un modelo económico alternativo que ponga a las personas en el centro, una economía más humana

El Foro Económico Mundial reúne de nuevo en Davos a líderes políticos y empresariales. En el marco de este evento, Oxfam Intermón publica hoy Una economía para el 99%, un nuevo informe en el que denuncia que tan sólo ocho personas (ocho hombres en realidad) poseen ya la misma riqueza que la mitad más pobre de la población mundial 3.600 millones de personas. Año tras año los súper ricos acumulan más riqueza, mientras datos más actualizados nos muestran que la mitad más pobre del mundo posee menos riqueza de lo que inicialmente se pensaba.

De seguir la concentración de la riqueza a este ritmo, en tan sólo 25 años, se tendría al primer “billonario” del mundo, alguien con tanta riqueza como toda la economía española actual, que necesitaría derrochar un millón de dólares al día durante 2.738 años para gastar su fortuna. En España, la tendencia ha sido la misma en este último año y son ya sólo tres personas las que acumulan la misma riqueza  que el 30% más pobre del país, es decir, 14,2 millones de personas. En el último año, el incremento de la riqueza del 10% más rico en España ha sido casi dos veces el incremento del 90% restante.  Es cierto que ha crecido el PIB desde hace tres años, pero  la brecha de la desigualdad también ha seguido aumentando, lo que significa que el crecimiento económico sólo está beneficiando a los más ricos.

Oxfam Intermón incide en cómo grandes empresas y los más ricos siguen utilizando los paraísos fiscales para pagar lo menos posible, potencian la devaluación salarial y utilizan su poder para influir en las políticas públicas, alimentando así la grave crisis de desigualdad. Es el reflejo de un sistema económico global injusto, que opera al servicio del 1% más poderoso, una economía para las élites.

Jose María Vera, director general de Oxfam Intermón señala que “es obsceno que la acumulación de riqueza esté en manos de tan pocos mientras que en el mundo, una de cada diez personas sobreviven con menos de dos dólares al día. Las mujeres se llevan la peor parte recibiendo menos salarios, sufriendo más discriminaciones en el ámbito laboral y asumiendo aún la mayor parte del trabajo de cuidados no remunerado.”

Es cierto que entre 1988 y 2011 los ingresos del 10% más pobre de la población mundial han mejorado, pero es una mejora de sólo tres dólares al año, mientras que los del 10% más rico crecieron 182 veces más. Hoy en día, siete de cada diez personas vive en un país en el que la desigualdad de renta ha aumentado en los últimos 30 años.

Los paraísos fiscales agudizan la crisis de desigualdad extrema y son parte del problema. España deja de ingresar aproximadamente 1.550 millones de euros como resultado de la actividad canalizada a través de los 15 paraísos fiscales más agresivos del mundo, una cantidad que equivaldría al 58% del déficit que se estima tendrá el fondo de reserva de las pensiones en 2017. Para los países pobres las pérdidas fiscales son de al menos 100.000 millones de dólares al año, dinero suficiente para financiar servicios educativos para los 124 millones de niños y niñas sin escolarizar o la atención sanitaria que podría evitar la muerte de al menos seis millones de niños y niñas cada año.

Se está construyendo un modelo de competitividad empresarial para asegurar el crecimiento económico basado en el cortoplacismo y en un concepto equivocado que promueve una carrera a la baja en la fiscalidad empresarial y en las condiciones salariales de los trabajadores.

«En todo el mundo, muchas personas están siendo dejadas de lado. Sus salarios se estancan o disminuyen mientras las remuneraciones de los presidentes y altos directivos de grandes empresas se disparan; se recorta la inversión en servicios básicos como la sanidad, la educación o la protección social mientras grandes multinacionales y grandes fortunas logran reducir al mínimo su contribución fiscal”, añade Vera.

En muchos países, incluso el salario mínimo establecido por ley no basta para percibir unos ingresos mínimos necesarios para llevar un nivel de vida digno. El salario mínimo de las personas en las plantaciones de bananas en la República Dominicana es de sólo el 40% de un salario digno; en Bangladesh es aproximadamente el 20% de la cantidad necesaria para llevar una vida digna

En América Latina y el Caribe el problema es similar. Una familia multimillonaria latinoamericana ingresa 1.154 veces lo que un hogar del 20% más pobre. Es más, desde la década de los ochenta, no se han visto cifras de aumento de la desigualdad como las de 2015 en la región: siete millones de personas cayeron en la pobreza y cinco millones pasaron a la indigencia.

El rechazo de la ciudadanía a la desigualdad está provocando crisis políticas en todo el mundo y se considera un factor determinante en la victoria de Donald Trump en las elecciones en Estados Unidos, así como en la elección del presidente Rodrigo Duterte en Filipinas y el Brexit en el Reino Unido.

Una desigualdad creciente en España

España sigue siendo el segundo país de la Unión Europea donde más ha crecido la desigualdad desde que estalló la crisis, tan solo detrás de Chipre  y 20 veces más que el promedio europeo. Desde 2014 crece el PIB, pero los resultados de esta reactivación económica solo parecen beneficiar a una minoría mientras que la desigualdad se cronifica e intensifica.

En el último año, han surgido 7.000 nuevos millonarios, aproximadamente 20 al día. El 10% de los españoles más ricos concentran ya más riqueza (un 56,2%) que el resto de la población. Y mientras la fortuna de los 3 más ricos aumentó en un tres por ciento,  el 30% más pobre del país perdió un tercio de la suya.

Para José María Vera “el modelo económico en España tiene un doble problema: se genera una alta desigualdad de mercado sobre todo por la fragilidad del empleo y la caída salarial, mientras el sistema fiscal, insuficiente y regresivo, no garantiza la redistribución”.  

Entre 2008 y 2014, los salarios más bajos cayeron un 28% mientras los más altos apenas se contrajeron. Y en 2015 llegamos a un nivel en el que la remuneración del ejecutivo con el salario más elevado multiplicaba por 96 la del trabajador promedio en las empresas del Ibex 35.  España es también uno de los países europeos donde el sistema fiscal logra  reducir menos las desigualdades, el quinto peor de Europa. Las familias soportan el 84% de la recaudación frente al 13% de las empresas.  

“Hay que poner fin a esta economía excluyente que amenaza la estabilidad de nuestras sociedades y sólo genera insatisfacción y frustración para la mayoría. Gobiernos y grandes empresas pueden tomar la decisión de revertir este modelo que exacerba las diferencias. Que la economía funcione para el 99% no es imposible: cooperación en lugar de competencia desleal entre países, salarios dignos y una fiscalidad justa en lugar de esta carrera a la baja que parece no tener límite. Una economía para las personas”, afirma Vera.

Oxfam hace un llamamiento a las élites económicas que estarán esta semana (y de forma específica a los milmillonarios del mundo) para que desempeñen un papel fundamental en la creación de una economía más humana. Es hora de frenar esta concentración de riqueza extrema, eliminar las barreras que limitan el progreso económico y social de las mujeres y acceder en igualdad a derechos fundamentales. Es fundamental que los políticos dejen de obsesionarse por medir el progreso tan sólo en base al PIB y se centren en indicadores que reflejen el beneficio del conjunto de la ciudadanía y no sólo de unos pocos.

En España, Oxfam Intermón plantea al nuevo Gobierno y al Parlamento la necesidad de impulsar un plan de urgencia contra la desigualdad, que incluya una Ley contra la evasión y elusión fiscal que contribuya a recuperar la progresividad y suficiencia en el diseño tributario gravando más a quienes más tienen; así como garantizar unos salarios dignos con la subida del Salario Mínimo Interprofesional hasta los 1.000 euros en 2020 y estableciendo escalas salariales justas (escala de 1:10 entre el salario máximo y el salario medio en los centros de trabajo).

La organización reclama también que los presupuestos públicos prioricen a las personas más vulnerables, incrementando las dotaciones en políticas sociales y asegurando ingresos para los más vulnerables. Asimismo, el presupuesto de Ayuda al Desarrollo debe incrementarse progresivamente hasta alcanzar el 0,4% en 2020, subiendo en el presupuesto de 2017 ya a un 0.25%.

Materiales:

• Descarga el informe http://bit.ly/DavOx17
  
• Descarga resumen ejecutivo: https://oxfamintermon.s3.amazonaws.com/sites/default/files/documentos/files/Resumen-Una-economia-para-99-oxfam-intermon.pdf
  
• Descarga el anexo con datos y análisis de España http://bit.ly/DAVEspC
  
• Metodología: http://www.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/Metodologia-Una-economia-para-99-oxfam-intermon.pdf
  
• Materiales audiovisuales, VNR Brasil, Kenia y Vietnam

Notas a los editores

• Desde hace cuatro años, Oxfam ha venido denunciando que una pequeña élite en el mundo concentra tanta riqueza como la mitad más pobre. Eran 85, hace cuatro años, posteriormente 80, 62, hasta tan solo 8 personas este año. No es que la concentración de la riqueza se haya agudizado tan severamente de golpe, sino que ahora podemos trabajar con datos más precisos y exactos recopilados por Credit Suisse, en particular sobre India y China que reflejan que la riqueza de la mitad más pobre de la población de estos países se había sobreestimado. La brecha entre ricos y pobres es aún mayor y los datos reflejan una mayor polarización en la distribución de la riqueza. Con estas fuentes actualizadas, el año pasado hubieran sido 9 personas las que concentraban tanta riqueza como 3.600 millones, en lugar de 62. En cualquier caso, los datos muestran una tendencia clara: un empeoramiento en la concentración de la riqueza a nivel mundial un año más.
  
• El informe Una economía para el 99% se enmarca en una campaña internacional para poner fin a la era de los paraísos fiscales, en la que Oxfam Intermón solicita al Gobierno y al Parlamento español que ponga en marcha una Ley contra la Evasión Fiscal que contribuya también a nivel global a que esta era de los paraísos fiscales llegue a su fin. www.noalescaqueo.org
  
• Winnie Byanyima, directora ejecutiva de Oxfam Internacional, estará presente en el Foro Económico Mundial de Davos (que se celebrará en Suiza del 17 al 20 de enero de 2017) para hacer un llamamiento a adoptar medidas para combatir la desigualdad. Para más información sobre el Foro Económico Mundial: https://www.weforum.org/es/agenda
  
• Las ocho personas más ricas del mundo son (en orden, según su riqueza neta a marzo de 2016):

1. Bill Gates: Fundador de la empresa estadounidense Microsoft (75.000 millones de dólares).
   
2. Amancio Ortega: Fundador de Inditex, propietario de la cadena de tiendas de moda española Zara (67.000 millones de dólares).
   
3. Warren Buffett: Director ejecutivo y principal accionista de la empresa estadounidense Berkshire Hathaway (60.800 millones de dólares).
   
4. Carlos Slim Helu: Propietario del mexicano Grupo Carso (50.000 millones de dólares).
   
5. Jeff Bezos: Fundador y director ejecutivo de la empresa estadounidense Amazon (45.200 millones de dólares).
   
6. Mark Zuckerberg: Presidente, director ejecutivo y cofundador de la empresa estadounidense Facebook (44.600 millones de dólares).
   
7. Larry Ellison: Cofundador y director ejecutivo de la empresa estadounidense Oracle (43.600 millones de dólares).
   
8. Michael Bloomberg: Fundador propietario y director ejecutivo de la empresa estadounidense Bloomberg LP (40.000 millones de dólares).

• Las tres personas más ricas en España son:

1. Amancio Ortega: Fundador de Inditex, propietario de la cadena de tiendas de moda española Zara (67.000 millones de dólares).
   
2. Sandra Ortega Mera: hija de Amancio Ortega (6.400 millones de dólares)
   
3. Juan Roig: Presidente ejecutivo y mayor accionista de Mercadona (5.400 millones de dólares)

• Los cálculos de Oxfam se basan en los datos del Global Wealth Databook 2016 de Credit Suisse sobre la distribución de la riqueza a nivel global: http://publications.credit-suisse.com/tasks/render/file/index.cfm?fileid=AD6F2B43-B17B-345E-E20A1A254A3E24A5
  
• Se ha calculado la riqueza de las personas más ricas del mundo utilizando la lista de milmillonarios de Forbes publicada en marzo de 2016. http://www.forbes.com/sites/kerenblankfeld/2016/03/01/forbes-billionaires-full-list-of-the-500-richest-people-in-the-world-2016/#10a1d6276c24
  
• Guerras fiscales: la carrera a la baja en la fiscalidad empresarial (diciembre 2016) http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/15-paraisos-fiscales-mas-agresivos-del-mundo
  
• Bajan los salarios, crece la desigualdad (noviembre 2016): http://www.oxfamintermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/salarios

Por Narciso Pizarro para ElSalmonContracorriente

146 accionistas controlan el 40% del valor total de las empresas

En 2011, S. Vitali, J.B. Glattfelder, and S. Battiston, publicaron un artículo de gran importancia, no solo muy citado, sino muy leído: The network of global corporate control (PLOS ONE, 26 de octubre de 2011) donde expusieron los resultados de una investigación gigantesca, realizada en la Escuela Politécnica de Zúrich, sobre la relación entre los propietarios de las mayores empresas del mundo.

Esta investigación examina las relaciones de propiedad existentes entre las 43.060 mayores empresas multinacionales del mundo, con datos procedentes de la base de datos Orbis en 2007. Esas relaciones se analizan como cadenas de participaciones en el capital de una empresa en otra. Los autores encuentran 1.006.987 cadenas de relaciones de propiedad entre 600.508 nodos, actores económicos que incluyen a las más de 40.000 multinacionales y a otros agentes no incluidos en esta lista inicial de empresas.

Los resultados del análisis de esta red son muy interesantes: 737 accionistas, el 0,123% de todos los accionistas, controlan el 80% del valor de las más de 43.000 compañías multinacionales. Y, además, 146 de estos accionistas, el 0,024% del número total de accionistas, controlan el 40% del valor total de estas empresas. Es decir, existe una alta concentración del control. Y, lo que es quizás todavía más importante, esos accionistas están extremadamente conectados entre ellos. En el artículo se expone además la lista de los 50 mayores accionistas que se encontraron con los datos que, no olvidemos, son de 2007.

Con una metodología diferente y con datos de 2012, procedentes de la base de datos OSIRIS, la Dra. Reyes Herrero, de la Universidad Complutense de Madrid, estudiando las redes formadas por los accionistas comunes entre las 150 mayores empresas del mundo, encontró unos resultados muy semejantes. Los accionistas más importantes en este estudio coinciden casi totalmente con los de Vitali, Glattfederer y Batiston. Incluimos aquí la lista de los 10 inversores más importantes, con el número de empresas participadas por cada uno de ellos, que constituye una manera de ver directa e intuitiva de la importancia de los mayores inversores.

Lo más significativo además es que en muchas de las participadas están presentes simultáneamente varios de esos inversores. Y que, por otra parte, son accionistas unos de otros.

Como toque de atención para españoles: muchos de estos accionistas están en las empresas del IBEX35. El caso de Blackrock ha alcanzado una triste notoriedad, sobre todo en Madrid, como comprador de viviendas públicas a bajo precio.

Poco importa que hablemos de la investigación de la Escuela Politécnica de Zúrich o de la realizada sin medios económicos en Madrid en lo que a lo esencial se refiere: unos pocos grandes inversores interconectados controlan la economía mundial. ¿Hay que molestarse en subrayar que controlan también los gobiernos y los Estados?

Los escándalos de corrupción de los que tanto se habla exponen los vínculos entre políticos y empresas. En los relatos nos centramos en los políticos y denunciamos su comportamiento. Pero no tenemos bastante en cuenta a las empresas corruptoras: si el político se vende es porque alguien compra. Y lo que las empresas compran es la voluntad política. Imponen las decisiones que benefician sus intereses financiando a los partidos y a sus miembros. Las gigantescas cantidades de dinero de las que disponen son una herramienta de control. De control del mundo.

La dimensión científica y técnica de esta investigación se expone claramente en el vídeo “¿Quién controla el mundo?”

Por Ana Balseiro para La Voz de Galicia

Los informes de organismos internacionales sobre la situación española levantan ampollas

La oenegé Oxfam Intermón lo advertía en su último y muy reciente informe Una economía al servicio del 1 %, presentado coincidiendo con la pasada cumbre de Davos. La desigualdad extrema se está convirtiendo en la enfermedad del siglo XXI, y España ha salido de la crisis como el país de la OCDE (el club de los más desarrollados del planeta) en el que más ha crecido la brecha entre quienes más y menos tienen, solo por detrás de Chipre.

Sirva como termómetro comparativo, que dicha desigualdad ha crecido aquí casi diez veces más que la media europea y catorce veces más que en Grecia, a pesar de los rescates y ajustes sufridos.

Que el 1 % de la población concentre casi tanta riqueza como el 80 % más pobre o que 2,3 millones de españoles (el 5 % más rico) posean un patrimonio superior al de otros 42 millones ejemplifica la profundidad de la brecha en el nivel de ingresos, que «se ha disparado» desde el inicio de la crisis, según la oenegé.

Tan impactantes conclusiones han levantado ampollas y también discrepancias. Una semana más tarde que Oxfam, el director del Instituto Juan de Mariana, el economista Juan Rallo, publicaba otro estudio, elaborado junto a Ignacio Moncada, en el que analizaba el mismo fenómeno y llegaba a resultados diferentes. Bajo el título genérico de La desigualdad en España: mitos y realidades, el documento se preguntaba si realmente nuestro país es uno de los más desiguales de Europa, y su diagnóstico es que «una lectura pormenorizada y rigurosa de las evidencias nos indica que España se halla entre las sociedades con menos desigualdad del mundo».

El «diablo» de la metodología

¿Cómo es posible que analizando una misma realidad los resultados sean tan dispares? La respuesta la da el dicho de que el diablo está en los detalles. En este caso, en la metodología.

El documento de Rallo pivota sobre tres conceptos de desigualdad que -sostiene- «habitualmente se mezclan y confunden»: la diferencia de la riqueza, la de la renta y la del consumo. Atendiendo a ellos, concluye que España es uno de los países de Europa con menor desigualdad en la riqueza y en el consumo, además de un país con una disparidad de la renta intermedia en el contexto europeo, si tenemos en cuenta el valor de los alquileres imputados y la movilidad social».

Entre las críticas que hace el Instituto Juan de Mariana están que cuando se afirma que España es uno de los países con mayor desigualdad en la riqueza se omite que cerca del 80 % de los hogares tienen su vivienda en propiedad y «el patrimonio inmobiliario es el componente de más peso de la riqueza en España».

Al respecto, subraya que la mayor parte de los indicadores que se publican sobre distribución de la renta «omiten» componentes «muy significativos» como los alquileres atribuibles a la vivienda en propiedad o los servicios públicos de salud y educación. «Si se tienen en cuenta estas rentas en especie omitidas, la desigualdad de la renta en España se reduce en al menos una quinta parte y nuestro país se aleja de ser uno de los más desiguales en renta», añaden, insistiendo en que es el desempleo, y no las abultadas rentas del capital y la diferencia salarial, la causa principal de la brecha en las rentas. Para atajarlo proponen «una liberalización profunda del mercado laboral».

La responsable de Justicia Fiscal de Oxfam Intermón, Susana Ruiz, defiende el informe, en el que se empleó la metodología de Credit Suisse, y explica que compara los datos de concentración de riqueza y de ingresos por separado, utilizando fuentes diferentes, y que «para la inmensa mayoría de los estudiosos del tema, los resultados son indiscutibles».

Lo «inaceptable» de los datos

«Lo inaceptable no son los datos, sino lo que nos muestran. La realidad que destapamos resulta muy incómoda», añade Ruiz. La misma conclusión se extrae de la polémica surgida en el 2014 a raíz del informe de Cáritas en el que concluía que España era el segundo país de la UE con mayor índice de pobreza infantil, solamente superado por Rumanía. Entonces el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, criticó públicamente los datos, asegurando que «no se corresponden con la realidad» porque solo se basaban en «mediciones estadísticas».

Visibilizar la desigualdad escuece. Pero, pese a las polémicas, se multiplican los estudios de organismos internacionales que ponen el foco sobre el problema y le sacan los colores a España. Otro ejemplo: en uno de sus últimos documentos, la OCDE concluía que el paro, la supresión de ayudas y la subida fiscal habían disparado la brecha, que está en niveles récord desde que hay registros, hace treinta años.

«Al final podemos discutir si es un cáncer de huesos o cerebral o si tiene o no metástasis. Pero lo que no es es un catarro», resume Xosé Cuns, miembro de la red de lucha contra la pobreza y autor del blog No me pidan calma. «Discutamos sobre los síntomas, pero es bueno hablar de la desigualdad, que es la enfermedad, porque la solución es política».

Según el último informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en los cuatro primeros años de crisis económica (2007-2011), el ingreso medio del 10% más pobre en España retrocedió 7,5 veces más, que lo que disminuyó la renta del 10% más rico, apenas erosionada entre 2007 y 2011. En ninguno de los más de treinta países industrializados que aglutina la OCDE existe un impacto tan desequilibrado en este periodo como en España.

En un informe anterior, que analizaba datos referentes a esta cuestión hasta 2010, ya se observaban resultados similares. Las rentas más altas apenas perdían un 1% anual, mientras que el recorte medio en el grupo con menos ingresos superaba el 13%.

Según datos de 2007, el ingreso anual del 10% de la población más pobre retrocedía ya un 42,4%, mientras que en el caso del 10% más rico, la renta bajó un 5,6%. Queda por determinar el periodo 2012-2013, cuando la economía española además de sufrir una segunda recesión, se enfrentó a la devaluación salarial más fuerte, como consecuencia del ajuste presupuestario y de la reforma laboral, lo que aceleró la caída de los salarios en el sector privado.

El índice de Gini, coeficiente que mide la desigualdad, también refleja un claro empeoramiento en la distribución de la renta; España es el país industrializado en el que más han aumentado las diferencias entre ricos y pobres. Así lo recogía el Fondo Monetario Internacional (FMI) hace tres meses en un estudio donde analizaba los datos disponibles hasta 2012.

Según los últimos datos de Eurostat, la crisis económica ha supuesto un retroceso en el proceso de convergencia con Europa; la renta por habitante española no llegaba en 2013 al 95% de la media de la UE, el mismo valor que 16 años atrás.

El informe de la OCDE  hace referencia también a los diferentes grupos de edad. La proporción de menores de 18 años por debajo del umbral de la pobreza en España, un 22%, es la más alta de toda Europa. Bruselas ha destacado en numerosas ocasiones la falta de medidas contra la pobreza infantil en España. El Gobierno español acaba de aprobar un fondo para luchar contra este problema, pero dotado solo con 17 millones de euros. La Unión Europea se mantiene a la espera de los resultados del nuevo Plan Nacional de Inclusión Social, una de las exigencias comunitarias al Gobierno español.

Puedes acceder al informe completo publicado por la OCDE a través de este enlace. 

Fuente: Comfia 

Mundu desorekatu honen 100 irudi. Bob Sutcliffe

Este libro en formato electrónico es una versión actualizada y traducida al euskara del texto en castellano de Bob Sutcliffe «100 imágenes de un mundo desigual» publicado por la editorial Icaria. Por medio de cifras, gráficos, mapas y comentarios, nos ofrece una amplia aproximación al problema de la desigualdad y sus causas a nivel mundial, analizando los factores de inequidad entre países, regiones, sexos, clases sociales, y grupos económicos o étnicos.

El libro se puede descargar desde este enlace.

Formatu elektronikoan soilik argitaratzen den liburu hau, «100 imágenes de un mundo desigual» izenburupean egile berak gazteleraz idatzitakotakoaren bertsio gaurkotu eta euskaratutakoa da. Testuak mundu mailako desberdintasunekiko eta bere eragileekiko hurbilpen zabala eskaintzen digu, datu estatistikoen, irudien, mapen eta iruzkinen bitartez, era honetan disparekotasunerako faktoreak aztertuz herrialdeen, eskualdeen, sexuen, gizarte klaseen, eta talde ekonomikoen zein etnikoen artean.

Dokumentu hau eskuragarri duzu hemen.