El número 62, correspondiente al verano de 2026, de los Dossieres EsF, coordinado en esta ocasión por Juan Torres López analiza de forma multidisciplinar el impacto sobre la economía mundial del segundo mandato de Donald Trump.

La publicación recoge contribuciones de un grupo plural de autores que abordan, desde ángulos distintos pero complementarios, cuestiones fundamentales para comprender lo que está sucediendo: los efectos de las políticas de Trump, la lógica profunda que las mueve y los posibles futuros a los que conducen. El eje central es la economía, pero la ventana está abierta a la política, la ideología, la energía, el medio ambiente, la historia y la arquitectura institucional, sin las cuales la economía no se puede entender.

Reproducimos a continuación la Presentación del número, a cargo de su coordinador, Juan Torres López:

TRUMP 2.0: LA ECONOMÍA DEL DESORDEN Y DE LA GUERRA DE UN IMPERIO EN DECLIVE

Cuando Donald Trump tomó posesión por segunda vez como presidente de Estados Unidos, la sensación generalizada fue que el mundo se ponía patas arriba. Y no fue una impresión equivocada.

En pocos meses, la arquitectura del orden internacional que había gobernado las relaciones económicas entre países durante ocho décadas comenzó a crujir estrepitosamente. Las reglas del comercio internacional se vinieron abajo y los acuerdos fueron sustituidos de un día para otro por la coacción y el lenguaje de la fuerza. Las alianzas se tambalearon, los consensos saltaron por los aires y los organismos multilaterales quedaron bajo sospecha. En medio de conflictos diversos que nacían casi a diario, las dudas sobre el tipo de nuevo orden que pudiera consolidarse entre los escombros del anterior crecieron sin que se dispusiera de respuestas certeras.

Incluso Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, un organismo habitualmente muy seguro de todo lo que dice y hace, reconocía a mediados de junio de 2026 la situación de perturbación generalizada en la que se encuentra la economía mundial: «El mundo no está preparado para enfrentar las crisis cada vez más frecuentes que se están acumulando».

En este contexto, hay una trampa en la que es fácil caer cuando se desea analizar lo que está ocurriendo tras la segunda llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos: creer que la perturbación se debe exclusivamente a su peculiar personalidad. Es decir, que lo que está ocurriendo en este su segundo mandato es una simple anomalía, un accidente de la historia, un interregno estrambótico que pasará cuando, antes o después, deje de ser presidente. Y, por tanto, que basta con esperar a que el ciclo termine para que las cosas vuelvan a su cauce.

Este dossier nace precisamente de la convicción de que lo que está sucediendo con Trump no se puede entender sin comprender lo que hay detrás de su persona y el contexto en que se desarrolla su presidencia. En concreto, grupos de interés económico, energético, tecnológico, financiero y mediáticos muy poderosos, y una fase del capitalismo contemporáneo que lleva décadas gestándose y que ha encontrado en él su forma de gestión más descarnada, ruidosa y conflictiva, pero no la única ni necesariamente la última.

Después de varias décadas de políticas neoliberales que han logrado concentrar el ingreso, la riqueza y el poder en los niveles quizá más grandes de toda la historia humana, se ha consolidado como dominante un nuevo tipo de capitalismo de carácter extractivo, acaparador y cuyo rasgo más definitorio no es que deteste al Estado, como se repite con frecuencia, sino que lo necesita y lo quiere para sí. Sus negocios centrales, necesitan leyes que blinden sus monopolios y anulen a sus competidores, guerras que les aseguren suministros y desarrollen sus negocios, y recortes fiscales y regalías sin límite. Necesitan, en una palabra, capturar el Estado y eso ha llevado al capitalismo de nuestra época a ser cada vez más literalmente incompatible con la democracia real, como paladinamente reconoció Peter Thiel, uno de sus más conocidos representantes: «Ya no creo que la libertad y la democracia sean compatibles».1

A esa tensión estructural entre el capitalismo rentista y la democracia se añade un segundo proceso que la agudiza: el declive relativo de Estados Unidos como potencia dominante y el ascenso de China como alternativa real.

La economía estadounidense viene perdiendo peso de forma continua en la producción, el comercio mundial y el sistema monetario mundial, mientras que al mismo tiempo China escalaba posiciones hasta situarse en la vanguardia de sectores que ahora son los motores y determinantes del progreso económico.

Es la conjunción de estos procesos, las contradicciones del capitalismo de nuestro tiempo y la crisis de hegemonía de la potencia que lo ha encabezado durante ochenta años, y no la mera personalidad de Trump, lo que realmente está poniendo patas arriba al mundo. Lo que estamos viviendo no es un interregno puntual, sino la transición hacia otro orden que se está produciendo a través del desorden.

Es por ello que, para entender este momento, son precisos análisis de luces largas y de amplio espectro. Los marcos convencionales, los que miran un solo fenómeno a la vez, los que reducen la causa de todo lo que ocurre a un factor o a un personaje, no están sirviendo ni para descubrir lo que de verdad ocurre, ni para poder tomar medidas eficaces ante la nueva situación. Se necesitan análisis que crucen la economía con la historia, la geopolítica con la ideología, la energía con la política y todo ello con el medio ambiente, la arquitectura institucional y las relaciones de poder, y los valores. Y se necesitan perspectivas diversas, porque ninguna mirada singular alcanza a ver todo el panorama que se ha de analizar.

Con ese propósito nace este dossier de Economistas sin Fronteras. Recoge contribuciones de un grupo plural de autores que abordan, desde ángulos distintos pero complementarios, las cuestiones que nos han parecido fundamentales para comprender lo que está ocurriendo en la economía mundial durante esta segunda presidencia de Trump: los efectos de sus políticas, la lógica profunda que las mueve y los posibles futuros a los que conducen. El eje central es la economía, pero la ventana está abierta a la política, la ideología, la energía, el medio ambiente, la historia y la arquitectura institucional, sin las cuales la economía no se puede entender.

Contenido del dossier

El dossier se abre con un análisis de las políticas económicas internas del segundo mandato de Trump que Carles Manera examina como una presidencia que avanza hacia el precipicio social. La política arancelaria, el ataque sistemático a la Reserva Federal, los recortes masivos en investigación, sanidad y vivienda, el enriquecimiento personal del presidente y de su entorno, y el aumento acelerado de la desigualdad configuran un cuadro en el que la volatilidad y la incertidumbre no son efectos secundarios. Son el resultado previsible de unas políticas que transfieren renta y poder hacia los ya más poderosos, mientras la mayoría de la población absorbe los costes.

A continuación, Ignacio Muro examina las razones profundas del nuevo desorden mundial, rastreando cómo el entrelazamiento entre Silicon Valley, Wall Street y el Pentágono, junto a las industrias extractivas tradicionales, ha configurado un nuevo bloque de poder cuya lógica trasciende con mucho al propio Trump. La crisis del COVID, la emergencia tecnológica china y la evolución de las grandes corporaciones hacia un capitalismo cada vez más extractivo y dependiente de la captura del Estado explican por qué este momento no es un episodio pasajero sino un cambio sistémico que busca imponer un régimen de servidumbre sobre los aliados y frenar el ascenso de China como potencia dominante.

Jorge Pérez se adentra en la crisis del Sistema Monetario Internacional, y analiza el dilema estructural que ya Keynes anticipó en 1943 y que hoy se manifiesta con toda su crudeza: el privilegio exorbitante del dólar como moneda de reserva mundial es, al mismo tiempo, la fuente del poder financiero de Estados Unidos y la trampa que lo condena a un endeudamiento sin límite y a una desindustrialización progresiva. El artículo recorre las alternativas históricas y actuales, desde el bancor de Keynes hasta las criptomonedas, las monedas estables y las monedas digitales de los bancos centrales, mostrando que las opciones más viables son también las que exigen mayor multilateralismo, justamente lo contrario de lo que Trump está dispuesto a aceptar.

Xulio Ríos traza con rigor la evolución de la competencia estratégica entre Estados Unidos y China a lo largo de tres presidencias, mostrando cómo lo que comenzó como una disputa comercial en el primer mandato de Trump se ha convertido en el marco estructurante de toda la política internacional contemporánea. El artículo analiza la paradoja central de esta rivalidad: pese a la intensidad de la presión ejercida por Washington, China no se ha debilitado, sino que ha acelerado su autosuficiencia tecnológica y consolidado su resiliencia económica. La cumbre de Pekín de mayo de 2026 se examina como un posible punto de inflexión, aunque más probable como estabilización táctica dentro de una rivalidad que ninguna de las dos partes puede ni resolver ni llevar hasta sus últimas consecuencias.

Daniel Fuentes examina el impacto de las políticas climáticas de Trump sobre la transición verde en Europa, analizando cómo la retirada estadounidense de los compromisos climáticos internacionales, la eliminación de controles medioambientales y el impulso masivo a los combustibles fósiles no solo agravan la crisis climática global sino que alteran las condiciones de competencia en las que Europa trata de avanzar en su propia transición energética, con consecuencias que afectan a la industria, el empleo y la soberanía energética del continente.

Nahia Sanzo analiza la geopolítica del primer año trumpista a través del petróleo y la energía, mostrando que el control de los flujos energéticos globales es el hilo conductor que da coherencia a intervenciones que de otro modo parecerían dispersas o caóticas. El bloqueo naval a Venezuela, la guerra contra Irán, el apoyo a los ataques ucranianos sobre la infraestructura petrolera rusa y la subordinación estratégica de Europa responden a una misma lógica: garantizar que el petróleo que necesita China no fluya fuera del control de Washington, y que los aliados europeos queden atados a la energía, el armamento y la tecnología estadounidenses como precio de su seguridad.

Yayo Herrero sitúa el trumpismo en el marco más amplio de la contradicción entre capital y vida, analizando la irrupción de la ultraderecha como una respuesta distópica a la crisis ecosocial. Cuando siete de los nueve límites planetarios han sido ya superados y la policrisis ecosocial golpea de forma desigual pero creciente a la mayoría de la población, la extrema derecha ofrece chivos expiatorios, crueldad espectacularizada y acaparamiento violento de recursos como respuesta. Frente a esa vía distópica, el artículo propone las claves de una transición ecosocial justa basada en la suficiencia, la redistribución y la garantía de una vida digna para todas las personas, reconociendo que tal alternativa exige una transformación cultural y política de gran calado que todavía no tiene la organización suficiente para imponerse.

El dossier se cierra con un artículo de Juan Torres que intenta responder a las tres grandes preguntas que articulan el conjunto de lo analizado: por qué ha surgido el trumpismo como expresión funcional del capitalismo rentista y del declive imperial estadounidense, para qué sirve realmente más allá de su retórica populista, y qué cabe esperar que venga después de él. La respuesta a esta última pregunta es tan incierta como incómoda. En el mejor de los casos, otro presidente gestionando el mismo declive estructural con instrumentos similares; en el peor, alguien con los mismos objetivos pero menos escrúpulos y más rodaje. Pero seguirá existiendo el trumpismo sin Trump si en un horizonte próximo no se abordan las causas estructurales que lo han hecho necesario para el sistema, si no se toman posiciones de fuerza frente a los grupos oligárquicos que están capturando las instituciones y si no se llevan a cabo reformas profundas en la gobernanza, en el modo de producir y en el reparto de los recursos, la riqueza y el poder.

No pretendemos ofrecer respuestas definitivas a un fenómeno que está vivo y sucediendo en este preciso momento. Lo que ofrecemos son claves de análisis, perspectivas de largo alcance y herramientas para ayudar a descubrir y explicar con mayor claridad un tiempo que desconcierta precisamente porque se nos presenta con fenómenos, formas y problemas diferentes a los tradicionales y que nos obligan a pensar también de otro modo.

Una siente cierta sensación de disonancia temporal cuando reflexiona sobre los principales desafíos que enfrenta actualmente la Unión Europea y en cómo ser capaces de abordarlos. Pasado y presente parecen converger cuando hablamos de Europa. Llevamos años analizando los males que afectan a un proyecto supranacional único como el europeo.

Un proyecto en el que creemos firmemente pero que nunca acaba de superar los inconvenientes que encuentra en el camino a su consolidación. Siempre –ayer y hoy– parece que la situación es tan grave que no será superable y, de forma recurrente, utilizamos conceptos como Europa en la encrucijada, el incierto futuro de Europa o el fallido proyecto de integración europea.

Las Comisiones Obreras hemos sido siempre convencidas europeístas y el movimiento sindical europeo, representado por la Confederación Europea de Sindicatos, ha luchado desde sus inicios por el fortalecimiento de la Unión Europea y por un proyecto europeo con reforzado acervo social.

Pero también fuimos los sindicatos quienes apoyamos y celebramos lo que acabó siendo –tristemente– solo un espejismo, y no un auténtico giro social, de la Comisión Europea con la inyección de fondos comunitarios a los estados para la recuperación postpandémica que permitió un crecimiento económico y una recuperación del empleo efectiva.

Pero no podemos obviar que la UE, desde su creación, ha debido hacer frente a importantes obstáculos para su consolidación. Algunos, de carácter interno, como la delicada cesión de soberanía por parte de los Estados miembros o el alejamiento de la ciudadanía. Otros, de carácter externo, especialmente relacionados con crisis sanitarias o económicas, como la más reciente que tiene que ver con el aumento del nivel de precios derivado del aumento del coste de la energía para gran parte de los estados de la UE, consecuencia del fin del acceso al gas ruso barato que la guerra en Ucrania ha ocasionado.

Pero también es cierto, y sin ánimo de ser agorera, que la situación actual que vivimos es la más crítica que ha atravesado la UE desde su fundación. Un mundo en convulso cambio donde la centralidad de la Unión Europea en el orden mundial se tambalea y donde surgen múltiples desafíos que pueden marcar definitivamente el rumbo de la Unión en los próximos años, si no se establecen estrategias claras para atajarlos. Las tensiones geopolíticas se ven acrecentadas por conflictos armados convencionales, incluso en la propia Europa con la guerra en Ucrania, pero también por guerras no convencionales y por la amenaza de nuevos conflictos.

La crisis climática, las incertezas en torno a las transformaciones tecnológicas y las transiciones demográfica, digital y ecológica aumentan la sensación de vulnerabilidad que la pandemia nos dejó. Y, sin perder de vista el avance de la extrema derecha global y en los Estados miembros de la UE y sus instituciones. Parecería que los augurios del pasado sobre un fatídico futuro de Europa pueden cumplirse ante los desafíos del nuevo escenario mundial.

La singularidad que supone Europa, como el mayor mercado común del mundo, con la capacidad de influencia política y económica global que suponen sus 27 Estados miembros, sus casi 450 millones de habitantes, un PIB conjunto de 17 billones de euros… pero especialmente por los valores que representa: democracia, igualdad, estado de derecho, libertad, dignidad humana, derechos humanos, pluralismo, tolerancia, solidaridad… está siendo torpedeada de forma clara por la Administración estadounidense. La irrupción de Donald Trump de nuevo en el escenario global, su voluntad de reescribir el orden mundial saltándose para ello cualquier norma internacional o institución multilateral que ponga trabas a sus objetivos, su agresiva política comercial para vencer a China o su complicidad con la deriva belicista de Putin, ponen en jaque a la UE.

Pero la Unión Europea también se ve amenazada por el avance de fuerzas de la extrema derecha, hostiles al proyecto europeo y que pretenden sabotearlo desde el exterior, pero también desde dentro. Tanto desde los Estados miembros donde gobiernan como desde el Parlamento Europeo, donde ya ocupan el 25% de los escaños, y mediante la presión que ejercen en el resto de las instituciones europeas, especialmente en la Comisión Europea, que claramente se ha derechizado en su composición y en posiciones cada vez más cercanas a los postulados de la extrema derecha.

El reciente paquete de medidas Ómnibus de la Comisión Europea va a suponer el desmantelamiento de avances medioambientales y sociales bajo el pretexto de la competitividad, al tiempo que favorece la desregularización y el dumping social. Todo ello puede socavar, aún más, la confianza en las instituciones europeas de la ciudadanía y frenar la tan necesaria transición ecológica.

La política exterior de la UE es desastrosa a nuestro entender, y hay numerosas muestras, como su indecente forma de ponerse de lado ante el genocidio que el Estado de Israel está cometiendo contra el pueblo palestino o la decisión de no suspender de forma inmediata el acuerdo de asociación UE-Israel ante la violación sistemática de derechos humanos por parte de Israel. Por no hablar de la infausta política migratoria europea que representa el Pacto Europeo de Migración y Asilo que, lejos de avanzar en una política común europea en materia migratoria basada en los derechos y la dignidad de las personas migrantes, se centra en la protección de fronteras, la externalización del control de los flujos migratorios, las medidas de expulsión y una política cada vez más restrictiva de protección internacional.

Por último, no pueden desdeñarse algunas otras cuestiones que afectan a la UE como son el estancamiento económico, la inflación, la crisis de la industria europea y la guerra comercial impuesta por los EE. UU. O las brechas salariales entre mujeres y hombres que persisten en la Unión a pesar de la Directiva de transparencia salarial y la ingente lucha del movimiento sindical y los movimientos feministas por lograr la plena igualdad, también en el trabajo. Pero también el dumping salarial que sigue existiendo entre estados. Y, por supuesto, los desequilibrios que podría suponer la incorporación de nuevos estados a la UE. La intención de formar parte de la UE se ve potenciada por la situación geopolítica actual, pero la forma en que se aborda esta ampliación y las condiciones impuestas a los candidatos pueden suponer nuevos retos para la Unión.

Y ante estos retos, ¿qué planteamos sindicalmente para enfrentarlos?

Empezando por el final, Europa continúa siendo una región donde prevalecen importantes desigualdades sociales, algunas de ellas se pueden atribuir a diferencias salariales. Actualmente la relación salarial entre las personas trabajadoras de países del Este y del Oeste de Europa es de 1:4. La ampliación de la UE hacia países del Este debería suponer la ampliación de la Europa social con una convergencia ascendente o, lo que es lo mismo, que todos los estados mejoren sus resultados al tiempo que reducen la brecha entre ellos. La ampliación debería llevar a la reducción de desigualdades entre estados y a dotar de mayor estabilidad y cohesión a la UE.

No se trata únicamente de expandir fronteras, sino de extender la justicia, la dignidad y la democracia a todas las personas trabajadoras y mejorar sus derechos: trabajo digno, salarios justos, condiciones laborales adecuadas, libertad sindical, negociación colectiva, diálogo social y protección social. Es decir, garantizar mejoras reales en sus vidas. Desde el sindicalismo europeo exigimos un cambio de paradigma en la ampliación de la UE, que exista convergencia real y no solo política; que ningún trabajador o trabajadora –especialmente del Este– se quede atrás y que la UE deje de ser una promesa para ser una garantía de derechos.

En cuanto a las líneas de actuación para garantizar la competitividad económica y comercial, sin duda Europa tiene que reforzar sus capacidades, tanto a nivel industrial como energético. Para ello es necesario un plan común de inversión, un fondo europeo capaz de posibilitar la autonomía estratégica de la EU ante los cambios geopolíticos que enfrenta. Pero la autonomía estratégica es mucho más que política de seguridad y ésta, mucho más que rearme.

Autonomía estratégica significa diseñar una estrategia industrial global a largo plazo. Hace necesarios acuerdos para la provisión de materias primas estratégicas. Conlleva una transición energética que reduzca la dependencia exterior de la Unión y que haga realidad el Pacto Verde industrial europeo. Supone realizar un mayor esfuerzo en investigación e innovación digital. En el plano social significa reducir desigualdades –que las hay e importantes entre Estados miembros– y también protección social, especialmente al desempleo. Pero también supone reforzar el Pilar Europeo de Derechos Sociales, solo así será posible recuperar la confianza de la ciudadanía. Pretender que el miedo y la inseguridad generen cohesión es un error.

La Comunidad Económica Europea nació en 1957 con el objetivo de “preservar la paz y la libertad”, ese principio debe prevalecer y la UE debe poner los medios para alejar la guerra y lograr la paz. La UE no puede seguir eludiendo su responsabilidad como defensora de la paz global y duradera, con respeto al multilateralismo y el derecho internacional. Por lo tanto, debe utilizar su capacidad de influencia política y económica global para proponer estrategias para el restablecimiento de la paz y la convivencia en todos aquellos conflictos que asolan el mundo.

A nivel de política exterior, de seguridad y de defensa comunes la Unión también debe ser capaz de tener autonomía en sus posiciones geoestratégicas. La autodeterminación de la UE no puede consistir en la política errática de rearme decidida por la Comisión Europea que condiciona ingentes presupuestos comunitarios –que serán detraídos de otras partidas, especialmente sociales– y que, parafraseando al secretario general de CCOO Unai Sordo, “suena más a un impulso económico con ecos de keynesianismo bélico, que a una respuesta adecuada al problema de seguridad y defensa que tiene la UE”.

No se escapa, por un lado, que Alemania, que está sufriendo un importante declive de su industria, especialmente de la automoción y la maquinaria, consecuencia del incremento del coste energético que supone no acceder al gas ruso barato, pero también por una transición digital deficiente, por la falta de personal cualificado y la competencia internacional que suponen China y EE. UU., tenga un evidente interés en la inversión mancomunada para la adquisición de armas que, en gran parte, producirá la industria germana.

Además, el plan de rearme ante una amenaza de guerra convencional con Rusia no responde al desafío real, renuncia a poner las bases para una política de seguridad y defensa comunes en la UE y a una definición amplia de seguridad que debería tener también implicaciones civiles como la ciberseguridad, el suministro y las infraestructuras energéticas y la seguridad de las cadenas de suministro.

La gobernanza europea también tiene que modificarse. Deben superarse determinadas constricciones de sus reglas. Así, la norma de la unanimidad que rige para decisiones que se toman en el Consejo de la UE en materia de política exterior, fiscalidad, nuevos estados o el marco de financiación plurianual, entre otros, así como el derecho a veto de los estados, deben modificarse para racionalizar y democratizar el funcionamiento de las instituciones europeas y evitar que decisiones fundamentales para la ciudadanía europea no vean la luz por el rechazo de un estado, a pesar de que una inmensa mayoría pueda estar de acuerdo. A pesar de la dificultad para reformar los tratados de la UE, deben impulsarse escenarios de cooperación reforzada, es decir, las acciones conjuntas promovidas por un grupo de, al menos, nueve estados sobre determinados asuntos cuando no ha sido posible un acuerdo de toda la UE en un tiempo razonable.

La fiscalidad en la UE continúa siendo un problema que limita la capacidad de respuesta ante retos globales. Defendemos la idea de que el Pacto de Estabilidad debería suspenderse para permitir inversiones sociales y ecológicas. Así mismo, y a pesar de que la política fiscal es competencia nacional de los Estados miembros, la UE no puede permitir que siga habiendo competencia entre sistemas fiscales dentro de la Unión y menos aún que existan refugios fiscales en la UE.

Otro elemento necesario para legitimar el proyecto europeo y para, al mismo tiempo, reducir desigualdades e injusticias sociales y laborales es consolidar la condicionalidad social, es decir, la garantía de que todos los fondos públicos se otorguen a condición de que se respeten los derechos sindicales, existan condiciones laborales dignas, se asegure la negociación colectiva y la equidad salarial y la no discriminación por cualquier causa. Esta exigencia debe ser de aplicación también en todo lo referido a inversión en defensa.

Desde el sindicalismo europeo denunciamos y exigimos que no se apliquen las medidas el paquete Ómnibus de la Comisión Europea en lo que respecta a la simplificación de la Directiva (UE) 2022/2464 sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD), que excluye al 80% de las empresas de la obligación de presentar informes de sostenibilidad, así como la reforma de la Directiva (UE) 2024/1760 de diligencia debida, que limita obligaciones a socios comerciales directos y reduce la frecuencia de supervisión.

Ambas medidas supondrían, de facto, un retroceso sobre lo que disponen las Directivas aprobadas en el Parlamento Europeo y un evidente efecto negativo sobre la debida diligencia empresarial respecto de sus actuaciones a lo largo de todas sus cadenas de producción, distribución y/o valor en materia de derechos humanos y medioambientales. Así mismo, la desregularización que conllevará la aplicación de algunas de las medidas del paquete Ómnibus supondrá la pérdida de derechos laborales y sociales, un elemento añadido para el desafecto ciudadano con la UE.

Por último, y en relación a la Directiva (UE) 2022/2041 sobre salarios mínimos adecuados, consideramos que la demanda ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que presentaron conjuntamente Dinamarca y Suecia para anularla con el argumento que la UE no tiene competencias legales para regular la remuneración de los trabajadores y que interfiere con los sistemas nacionales de negociación colectiva, especialmente en países nórdicos donde no existe salario mínimo legal, así como que debería haberse aprobado bajo la norma de unanimidad por la temática que aborda, es totalmente injustificable. Por una parte, se trata de una norma comunitaria vital para evitar la competencia desleal basada en salarios bajos (dumping social) dentro de la UE, además de estar perfectamente alineada con lo que determina la Carta Social Europea y el papel de la UE para garantizar condiciones laborales dignas.

Anular la Directiva supondría condenar a millones de trabajadores europeos a seguir trabajando en situación precaria en países donde la negociación colectiva está legalmente limitada o donde su ejercicio está condicionado a la voluntad de la parte empresarial –con la connivencia del propio Estado–, que se seguirá viendo favorecida en su afán de lograr la competitividad de sus empresas a través de bajos costos de producción que recaen en salarios indignos para sus empleados. La UE debe preservar su valor como garante de condiciones de trabajo y de vida digna de sus ciudadanos.

El sindicalismo apuesta por más Europa. Por una UE que siga siendo un actor global y un firme impulsor de la justicia social, la paz, la solidaridad y los derechos humanos en el mundo. Denunciamos el enfoque de la Comisión Europea y numerosos Estados miembros sobre la “fortaleza europea”, donde las libertades personales y los derechos colectivos peligran, donde las fronteras se cierran herméticamente y las políticas migratorias ignoran los derechos humanos.

El momento para avanzar es ahora, nos jugamos demasiado, el sindicalismo europeo seguirá defendiendo los valores fundacionales de la Unión porque no existe futuro para Europa sin justicia social.

Fuente: Dossier Economistas sin fronteras