El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Para canalizar la capacidad propositiva de su base social de más de 87.000 personas y entidades socias, Som Energia creó la moción: un mecanismo por el que cualquier propuesta que llegara desde abajo se centralizaba en su plataforma Decidim, el Participa. Se valoraba técnicamente, y si reunía un mínimo de 500 apoyos llegaba a votación en la Asamblea General.

El problema apareció después. «La Asamblea no tiene todo el contexto y no es consciente de los recursos limitados de la cooperativa pese al crecimiento», explicó Mònica Gifreu, del equipo de Cultura Cooperativa de Som Energia, en la mesa sobre tecnología y democracia cooperativa de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) de este año. Toda propuesta aceptada acababa aprobada en Asamblea, y el resultado fue un repositorio de compromisos que el Consejo Rector no daba abasto a ejecutar.

¿Quién dice que algo no se puede hacer?

La respuesta de Som Energia fue dejar de centralizarlo todo. En lugar de recoger propuestas en un único embudo, se pasó a proponer temáticas a explorar a partir de lo que iba llegando por los distintos canales de comunicación y participación. Y ahí llegó la segunda sorpresa, porque la base social pidió volver atrás. «Querían recuperar el canal único, no manipulable, donde toda propuesta que llega desde la base social es visible para todo el mundo con su documentación y sus valoraciones», explicó Gifreu. La alternativa que encontraron no fue renunciar al filtro, sino discutir quién tenía que aplicarlo: modificar el órgano que decide qué propuestas siguen adelante, quizá una comisión formada por todos los órganos.

Lo que se encontró Som Energia es una discusión mucho más interesante que la de siempre porque, al estar atravesada por el filtro de la digitalización, ayuda a pensar dónde se coloca el punto en el que alguien dice que algo no es viable y con qué legitimidad lo dice. Som Energia probó a colocarlo aguas arriba, en la entrada de propuestas, y su base social respondió que prefería tenerlo aguas abajo, pero visible.

En el coloquio sobre economía social y solidaria de las VI Jornadas de Autodefensa Laboral de Jaleo, recogido en estas mismas páginas, una de las claves más señaladas fue justamente la democratización del conocimiento. Específicamente se hace referencia a la participación real, que requiere que todas las personas puedan comprender la información económica, participar en la gestión y acceder a procesos de formación continua, porque cuando el conocimiento estratégico queda concentrado en una minoría la democracia se convierte en una mera formalidad. El caso de Som Energia enseña la otra cara del mismo enunciado. Se puede socializar la propuesta sin socializar el conocimiento sobre los límites materiales de la organización. Y entonces la asamblea vota bien cosas que no pueden pasar.

No es un detalle menor para un movimiento que sitúa la cooperación entre sus principios rectores y la define, en la Carta de Principios de la Economía Solidaria de REAS, como una propuesta de autoorganización orientada a construir relaciones económicas colaborativas, democráticas y transparentes. Colaborativas, democráticas y transparentes a la vez: ahí está la dificultad.

De la consulta ciudadana al censo de personas socias

Conviene aclarar de qué hablamos cuando hablamos de estas plataformas de gobernanza y participación digital.

En la base está Decidim, la plataforma de software libre de participación nacida en Barcelona y hoy utilizada por administraciones, movimientos y organizaciones de medio mundo. Sobre ella, cada entidad monta su propia instancia y la adapta. El Participa de Som Energia es una de ellas. Al ser código abierto, la plataforma puede alojarse en máquinas contatadas por las propias cooperativas, y los datos de sus socias no viajan a servidores de terceros. El código se puede auditar y la organización puede alojar la plataforma donde quiera, cambiando de proveedor si lo ve necesario. Para un sector que reivindica la soberanía tecnológica esto no es un detalle menor, dado que la herramienta con la que decides no debería pertenecer a alguien que pueda cambiar sus condiciones de uso mañana.

Pero Decidim se pensó para la gobernanza pública —consultas ciudadanas, presupuestos participativos, procesos municipales— y las cooperativas tienen otras necesidades tales como asambleas con validez jurídica, censos de personas socias, votaciones con garantías, órganos de gobierno con mandatos y relevos. Ahí nace Cercles.coop, impulsada desde 2020 por la Confederación de Cooperativas de Catalunya (CoopCat), financiada de forma colectiva entre varias cooperativas y gestionada actualmente por Colectic, que es además partner oficial de Decidim.

Cercles.coop no se presenta como un programa, sino como un repositorio de recursos de código libre para la gobernanza digital cooperativista. Incluye una plataforma de votación segura con actas generadas automáticamente, la posibilidad de celebrar asambleas virtuales con transmisión en directo, soporte técnico y una guía de participación descargable para programar reuniones de manera autogestionada. En el terreno jurídico, promete trazabilidad de la información y protección de los datos personales, que es exactamente el punto donde las cooperativas suelen ir a ciegas. Y en el terreno del proceso, permite desde consultas simples hasta procesos colaborativos complejos y grupos de trabajo estables.

Lo que no hace, y conviene decirlo, es sustituir el trabajo de fondo. No decide qué se pregunta ni cuándo, no reparte el poder dentro de la cooperativa, no repara conflictos que la organización no quiere abordar y no incorpora por sí sola a quien está al otro lado de la brecha digital. Tampoco es gratis, si no que implica implantación, formación y mantenimiento, y ese coste recae sobre entidades que muchas veces trabajan al límite y con pocos recursos. Una plataforma puede dar la sensación de memoria colectiva mientras acumula documentos que nadie lee.

En la misma dirección apunta el trabajo del propio proyecto Decidim. Elsa Boloix, responsable de comunicación y comunidad, explicó en la mesa que se ha desarrollado un nuevo componente de elecciones pensado para cooperativas, que permite configurar las preguntas de forma sencilla y contempla el voto delegado y ponderado. En el coloquio de Jaleo, José Luis Carretero recordaba precisamente el voto delegado de las asambleas de la Barcelona de 1936 como modelo a revisitar. El debate sobre cómo se representa una voluntad colectiva grande no lo ha abierto la tecnología, lo ha heredado.

El legado que se marcha con el mandato

Hay un segundo problema del que se habló en la mesa y que casi nunca aparece en los debates sobre digitalización, porque no se arregla comprando nada.

Las personas que pasan cuatro años en un Consejo Rector acumulan aprendizajes, debates, red de contactos, criterio. Y cuando termina el mandato, se van con todo puesto. «Uno de los retos de las organizaciones es que el conocimiento adquirido por la experiencia vivencial de las personas en el día a día no se pierda cuando se van a casa», señaló Gifreu. Lo que se hereda, o no, es la capacidad de resolver problemas.

En esta dirección, Som Energia está construyendo espacios propios para sus órganos de gobierno: uno de socias activistas y otro del Consejo Rector. La idea es tener un registro vivo de los debates que ya se han tenido, desde perspectivas distintas, para que nadie empiece de cero. El reto, tal como lo planteó Gifreu, es que ese legado quede fijado y accesible sin convertirse en una acumulación de información, con conocimiento dinámico y actualizado. Es el mismo riesgo que la ESS lleva años nombrando como mal de estructura: que una entidad acabe dedicando más energía a sostenerse a sí misma que a cumplir el objetivo que le dio origen. Documentar por documentar también es estructura.

Llegar a la asamblea con el trabajo hecho

Del lado de las cooperativas medianas, Núria Alonso, socia de Colectic, describió un uso distinto del que suele asociarse a estas plataformas, más allá del sistema de votación. Colectic lo ha aplicado, por ejemplo, a su propio debate sobre igualdad salarial, uno de esos temas que en cualquier cooperativa consume asambleas enteras sin llegar a ninguna parte.

«El recorrido fue por fases; primero una encuesta a las socias para saber de dónde partían las posiciones, después la publicación en la plataforma de los informes y la documentación económica que hacían falta para opinar con criterio, luego un foro donde discutir con ese material», explicó Alonso. «A la asamblea presencial se llegó con la deliberación avanzada y con los puntos de fricción identificados, que era exactamente lo que había que resolver entre todas y en persona».

El tema no es menor en un sector que se mide precisamente por ahí: la Auditoría Social de 2025 sitúa la diferencia salarial media de las entidades de la ESS en 1,7. Detrás de esa cifra hay decenas de discusiones internas como la de Colectic, y la diferencia entre llegar a ellas con datos compartidos o llegar a pelo.

Esta forma de entender la herramienta digital como un espacio interno permanente de debate abierto, que ordena el proceso entero en lugar de digitalizar solo su último minuto, es una de las posibilidades de Cercles.coop. Y es también, según Alonso, la excepción más que la norma. «Cercles.coop se usa principalmente para votar, pero en Colectic aprovechamos su potencial de recogida, priorización y trabajo interno de temas, y para la elaboración colaborativa de protocolos: funcionalidades que están disponibles para todas y apenas se tocan».

La pregunta que quedó abierta en el debate es si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o simplemente de falta de tiempo para explorarla. Nadie la respondió, y probablemente no tenga una sola respuesta. Lo que el caso de Colectic sugiere es que el salto no es tecnológico sino metodológico. Alguien tiene que diseñar el recorrido, decidir qué se pregunta primero, qué documentación hace falta y en qué momento se cierra el foro. La plataforma sostiene ese diseño; no lo sustituye.

El derecho cooperativo que se escribe sobre la marcha

Montse Altaba, abogada especializada en derecho cooperativo e integrante del equipo jurídico de Som Energia, aportó la capa que suele faltar, porque hay prácticas que las cooperativas dan por seguras y no lo son del todo.

Las garantías legales de las asambleas generales y los consejos rectores telemáticos admiten una regulación mucho más amplia por Estatutos y reglamento de régimen interno de la que la mayoría de entidades desarrolla. Hay riesgos que casi nadie contempla, empezando por la suplantación de identidad. Hay supuestos en los que el voto debe ser anónimo. «Y hay derechos de las personas socias que tiran en direcciones opuestas: la participación digital abre espacios democráticos a quien vive lejos y a la vez puede discriminar a quien está al otro lado de la brecha digital», explicó Altaba.

Esa tensión conecta con una pregunta que la ESS se hace desde hace tiempo y que en el coloquio de Jaleo se formuló sin anestesia: quién puede permitirse participar en espacios militantes por la mañana. La participación digital amplía el acceso de unas y lo estrecha para otras, y ninguna de las dos cosas se resuelve con un manual de usuario. La Carta de REAS incluye entre sus principios la equidad, entendida como la construcción de espacios habitables en los que cualquier persona pueda participar desde el reconocimiento de su diversidad. Una asamblea telemática puede ser un espacio así o exactamente lo contrario, según a quién deje fuera.

Altaba subrayó además algo que debería leerse como una advertencia y no como un consuelo: «la práctica del día a día construye derecho cooperativo». Es decir, que lo que hoy hacen las cooperativas sin cobertura clara será mañana el estándar.

Discutir el poder, no los principios

Ninguna de las cuatro intervenciones prometió que digitalizar resuelva la gobernanza. Lo que dejaron sobre la mesa es algo más incómodo y también más útil: cuando una cooperativa crece, las decisiones que antes se tomaban de manera informal —quién decide qué se debate, con qué información y en qué momento— tienen que escribirse en alguna parte, y una plataforma obliga a hacerlo. A partir de ahí esas decisiones se pueden discutir, cambiar o impugnar, cosa que no ocurre mientras viven en la cabeza de quien lleva más tiempo en la casa.

Sostener eso cuesta tiempo, dinero y formación, y ahí aparece un riesgo que la ESS conoce bien, el de que la participación acabe siendo un lujo al alcance de quien puede dedicarle horas. Cuando la deliberación se descuida la organización no se para, sino que sigue funcionando, a veces incluso mejor, con menos gente decidiendo. Es la vieja contradicción que Rosa Luxemburgo apuntó en Reforma o revolución y que las cooperativas siguen habitando: competir en un mercado que premia la rapidez mientras se sostiene una manera de decidir que necesita justamente lo contrario.

El balance de la mesa, visto de golpe, parece pobre. Som Energia no ha cerrado su debate interno sobre dónde colocar el filtro y quién debe aplicarlo. Colectic constata que la mayoría de cooperativas no usa ni la mitad de lo que la plataforma permite, y cuando se preguntó si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o de falta de tiempo, nadie se atrevió a cerrar la respuesta. Decidim ofrece componentes y no soluciones. Y el marco legal va por detrás de lo que las cooperativas ya están haciendo. Ninguna de las cuatro ponentes salió de allí con una receta. Lo que sí hubo fue una conversación muy concreta sobre cómo se organiza la deliberación antes de llegar al voto y quién se hace cargo de esa parte, que es justo donde las cooperativas tenemos menos referencias compartidas y más ganas de encontrarlas. Los principios los tenemos escritos desde hace décadas, y también los quórums y las mayorías; lo que apenas hemos empezado a poner por escrito es quién decide qué llega a votación, cómo y con qué información delante.

Fuente: El Salto

El Salto cumple nueve años y los celebra mirando hacia atrás, pero también hacia todo lo que queda por delante. Desde 2017, este medio cooperativo ha acompañado buena parte de las luchas y transformaciones sociales de los últimos años, desde las movilizaciones por unas pensiones dignas y las huelgas feministas hasta las luchas por la vivienda, la emergencia climática, los servicios públicos, los derechos laborales y de las personas migrantes.

A lo largo de este recorrido, El Salto ha tratado de estar allí donde estaban pasando las cosas y poner el periodismo al servicio de quienes protagonizan esos cambios. En 2019, por ejemplo, siguió de cerca el auge del movimiento climático y sus grandes movilizaciones; durante la pandemia de 2020 puso el foco en las redes de apoyo mutuo, la situación de los barrios, el personal sanitario o el abandono de las personas mayores. En los años posteriores, sus coberturas han abordado el impacto de la inflación, la crisis energética, los desahucios y la turistificación, así como las movilizaciones contra el genocidio en Gaza.

Pero estos nueve años no hablan solo de los temas que El Salto ha cubierto. También hablan de una forma diferente de hacer periodismo: como proyecto cooperativo, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva, sostenido fundamentalmente por su comunidad de socias y socios y sin financiación de empresas del Ibex 35.

Esta forma de entender la comunicación comparte muchos de los principios que impulsan a la Economía Social y Solidaria: poner a las personas en el centro, construir proyectos colectivos y democráticos y generar alternativas frente a los modelos económicos y mediáticos dominantes.

Nueve años después, El Salto sigue apostando por un periodismo independiente capaz de acompañar y explicar las luchas sociales y de contribuir a construir una sociedad más justa. Y para poder seguir haciéndolo necesita ampliar su comunidad y alcanzar las 12.000 personas socias.

Desde REAS celebramos estos nueve años de camino compartido y animamos a nuestra comunidad a conocer el proyecto y a apoyarlo.

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Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.

Este 17 de abril de 2026 celebramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que conmemora la Masacre de Eldorado do Carajás, ocurrida en 1996, cuando 21 campesinos sin tierra fueron asesinados por la Policía Militar en Brasil mientras ocupaban tierras en defensa de la reforma agraria.

En esa memoria de la lucha por la tierra debemos situar la realidad actual de nuestro país, que atraviesa una crisis silenciosa en uno de sus pilares esenciales, la agricultura familiar o, si lo prefieren, la desaparición del campesinado. Este modelo, que sostiene buena parte de la diversidad productiva y de la vida en los territorios rurales, se encuentra amenazado por una combinación de envejecimiento, falta de relevo generacional y ausencia de políticas estructurales que reconozcan su valor social y económico.

Hace unos días, el Gobierno presentó un paquete de medidas para impulsar ese relevo. En ese contexto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmó que “el relevo generacional es el reto de los retos”. Y no le falta razón. La edad media de las personas agricultoras en España es de 62 años. Un 70% de los hoy en activo estarán jubilados o en edad de hacerlo en una década. Solamente el 9% de las personas titulares de explotación tiene menos de 41 años, y un paupérrimo 8% de las personas beneficiarias de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) son jóvenes. Además, dentro del grupo de jóvenes, de las llamadas jefes/as de explotación, solamente el 23% son mujeres.

Como vemos, esta realidad no es una alarma dispersa: es un tsunami demográfico. La agricultura familiar española depende de manos que se acercan a la jubilación, con escaso o nulo relevo generacional. La falta de jóvenes que quieran —o puedan— asumir la continuidad de las pequeñas explotaciones amenaza no solo la producción agrícola, sino también la vida comunitaria de los territorios rurales.

En paralelo a esta realidad, hay miles de personas que ya forman parte del campo español y de la vida de muchos pueblos, aunque a menudo permanezcan fuera del foco del debate público. Se trata de trabajadores y trabajadoras migrantes que sostienen campañas agrícolas enteras, pero también construyen proyectos de vida, redes comunitarias y arraigo en los territorios donde viven.

De los cerca de 1,5 millones de contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras en España, el 32 % corresponde al sector agrario

Sus trayectorias son diversas, algunas personas llegan para campañas concretas, mientras que otras llevan años asentadas, participando en la economía local y formando parte del tejido social rural. Sin embargo, muchas de estas experiencias siguen marcadas por la precariedad, invisibilidad, la falta de reconocimiento y obstáculos administrativos que limitan sus oportunidades.

Los datos son elocuentes. De los cerca de 1,5 millones de contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras en España, el 32 % corresponde al sector agrario. En algunas provincias, esta proporción es mucho mayor: en Huelva alcanza el 89 %, en Murcia el 82 %, en Almería el 62 % y en Lleida el 51 %.

Cada año, además, se produce entre Marruecos y Huelva uno de los mayores movimientos migratorios de mujeres trabajadoras. Miles de mujeres marroquíes llegan para participar en campañas como la de la fresa, en un flujo que evidencia hasta qué punto determinadas producciones dependen de este trabajo.

Incorporar plenamente a estas personas en las políticas agrarias implica reconocerlas como actores del presente y del futuro del campo, no solo como mano de obra para las grandes fincas

Estos datos muestran que la agricultura intensiva y la temporalidad de las campañas dependen absolutamente de la mano de obra migrante. Pero esta realidad no puede entenderse únicamente en términos laborales. Muchas de estas personas conocen los cultivos, acumulan experiencia y muchas aspiran a desarrollar proyectos agrícolas propios si existieran las condiciones adecuadas.

Incorporar plenamente a estas personas en las políticas agrarias implica reconocerlas como actores del presente y del futuro del campo, no solo como mano de obra para las grandes fincas, sino como actores imprescindibles para el desarrollo de la agricultura social y campesina. Esto pasa por reconocer sus propias dificultades y garantizar acceso real de a la tierra, al crédito, a la formación y a redes cooperativas, así como por eliminar barreras administrativas que hoy limitan sus posibilidades de emprender y establecerse.

Si España quiere evitar que su agricultura familiar se convierta en patrimonio fósil, no basta con atraer mano de obra: hay que facilitar el acceso real a la tierra

No es solo una cuestión de eficiencia productiva, sino de derechos, de equidad y de construcción de comunidades rurales vivas y diversas. En este contexto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado la movilización de tierras públicas —unas 17.000 fincas rústicas— para favorecer el relevo generacional, poniéndolas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. Sin embargo, una estrategia que se limite a fórmulas genéricas de juventud agraria fracasa si no incorpora con medidas específicas a quienes ya están plantando y cosechando, muchos de ellos, migrantes que llevan años aportando trabajo, conocimiento y vida al campo español. Si España quiere evitar que su agricultura familiar se convierta en patrimonio fósil, no basta con atraer mano de obra: hay que facilitar el acceso real a la tierra, al crédito, a la formación, para que puedan aparecer nuevas explotaciones familiares en nuestros pueblos

Negarles un papel central en el futuro de la agricultura familiar es ignorar una realidad ya existente. La sostenibilidad del sistema alimentario depende no solo de quién trabaja la tierra, sino de en qué condiciones puede hacerlo y con qué oportunidades de construir un proyecto de vida.

Ya saben, la tierra para quién la trabaja.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, para El Salto.

La forma en que se organiza el trabajo determina la capacidad de un territorio para retener su futuro. En un ecosistema económico marcado por la volatilidad de los contratos, la precariedad y la deslocalización, el modelo de trabajo asociado ofrece hoy una respuesta material a la precariedad estructural. Los datos recogidos en el informe El Valor Diferencial del Cooperativismo en España 2025, elaborado por la Confederación Española de Cooperativas de Trabajo Asociado (COCETA), confirman que la economía social ha dejado de ser una alternativa periférica para convertirse en el eje vertebrador de la resiliencia productiva, especialmente en regiones donde la empresa tradicional no encuentra rentabilidad inmediata. Como señala el propio documento, “el cooperativismo sigue demostrando su capacidad para combinar eficiencia económica con justicia social”.

El informe muestra un crecimiento sostenido del modelo en todo el Estado, con la creación de 1.565 nuevas cooperativas que elevan la cifra de entidades activas hasta las 19.181. De estas nuevas constituciones, las Cooperativas de Trabajo Asociado (CTA) representan el 78%, consolidándose como la fórmula preferida para el emprendimiento colectivo. Este dinamismo se traduce en una realidad laboral tangible: 335.056 personas afiliadas a la Seguridad Social dependen directamente de este modelo, que demuestra una mayor capacidad de inclusión para colectivos que el mercado mercantil suele orillar. De hecho, el cooperativismo presenta una presencia de jóvenes menores de 30 años del 23,2%, superando el 21,6% detectado en otras formas societarias.

La diferencia salarial también marca una distancia clara con el modelo de las sociedades anónimas. Mientras que en las empresas mercantiles la dispersión entre los sueldos más altos y los más bajos llega a ser de casi tres veces, en las cooperativas se observa una estructura más equitativa. El informe destaca que “las cooperativas presentan una distribución salarial más uniforme, con menos salarios extremadamente altos”. Aunque la media salarial es un 87% respecto a las mercantiles, la mediana se sitúa en un 97%, lo que indica que el grueso de la plantilla percibe retribuciones muy similares a las del sector privado tradicional, pero con una mayor contención en las categorías directivas.

La brecha de género y el liderazgo femenino

El cooperativismo está resolviendo en la práctica brechas que la legislación ordinaria apenas consigue mitigar. Las mujeres representan el 54% del empleo total en este sector (frente al 49,9% en otras formas societarias). El dato es especialmente relevante en el tramo de edad superior a los 55 años, donde el modelo cooperativo sostiene trayectorias laborales de larga duración. Según el estudio, existe una “mayor capacidad del modelo cooperativo para sostener las trayectorias laborales (…) de las mujeres en particular, en etapas avanzadas de la vida activa”.

En los puestos de alta dirección, la brecha de género se invierte. En las cooperativas, el porcentaje de mujeres en puestos de ingeniería, licenciatura o alta dirección arroja una brecha de -0,6 puntos, lo que significa que la presencia masculina es inferior a la femenina en la toma de decisiones, rompiendo el patrón de las mercantiles donde la presencia de hombres sigue siendo predominante.

Extremadura: el arraigo como respuesta al desierto rural

En Extremadura, el cooperativismo de trabajo asume una función que trasciende lo económico: es una herramienta de lucha contra la despoblación. El análisis de COCETA confirma que, a diferencia de las sociedades mercantiles cuya localización responde a criterios de centralización corporativa, las cooperativas se implantan allí donde se desarrolla efectivamente la actividad. Esta correspondencia territorial es lo que permite que el talento joven permanezca en su entorno, revirtiendo la formación académica en el desarrollo local. Lo demuestran los datos del último ejercicio: en la región se registraron 18 nuevas cooperativas, de las cuales 14 optaron por la fórmula del trabajo asociado, y lo que es más significativo, el 70% de estos proyectos han nacido en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Este dinamismo extremeño presenta rasgos propios en cuanto al relevo generacional, con un 40% de los nuevos socios emprendedores menores de 35 años, una cifra que sitúa a la región por encima de la media nacional. Sin embargo, este impulso juvenil convive con retos estructurales que el modelo cooperativo aún debe resolver en el campo extremeño. A diferencia de la tendencia estatal, donde la mujer ya es mayoritaria, en Extremadura la participación masculina continúa siendo predominante en el empleo total. A esto se suma una temporalidad del 22,6% que, si bien es una realidad compartida en todo el Estado, en el ámbito rural alcanza picos del 41,6% debido al uso intensivo de contratos fijos discontinuos marcados por la estacionalidad de las actividades. Asimismo, la inclusión de personas con discapacidad se mantiene estancada en un residual 0,4%, un dato que obliga al sector a una profunda reflexión.

Pese a estos puntos ciegos, el futuro de la región pasa por fortalecer estas unidades productivas que demuestran que es posible generar riqueza sin renunciar a la estabilidad vital. La cooperativa de trabajo se confirma como una herramienta de empoderamiento; un espacio donde la soberanía productiva permite decidir colectivamente cómo queremos producir para poder vivir.

Fuente: El salto

Del 27 al 29 de noviembre se celebra en la ciudad argentina de La Rioja el X Encuentro Internacional sobre la Economía de las y los Trabajadores. Un espacio de articulación que reúne a experiencias diversas de construcción de economías alternativas, cuyo fundamento principal es la promoción de la autogestión de las unidades económicas por parte de las propias personas trabajadoras.

Se trata de una red que surge estrechamente vinculada al auge de las llamadas Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT), empresas en crisis o quiebra que, ante la amenaza de cierre y vaciamiento empresarial, son recuperadas y gestionadas de manera colectiva por las y los trabajadores. Un fenómeno que ha destacado especialmente en Argentina a partir del estallido de 2001, así como en países europeos como Grecia e Italia a raíz del crash de 2008.

El encuentro pretende dar un impulso renovado a las ERT como baluarte de resistencia en el nuevo ciclo político en marcha tanto en Argentina como a nivel global. Para ello, se reflexionará sobre la actual situación crítica de este sector popular, dada la combinación explosiva de una agudización de la crisis capitalista global, y de la emergencia consiguiente de fenómenos políticos como Javier Milei, cuya orientación ultraliberal, pro-corporativa y reaccionaria puede llegar a poner en jaque la ya de por si compleja viabilidad de estas experiencias.

Estos debates, a su vez, se entrelazan con la necesidad de llevar a cabo un balance en el seno del campo popular sobre los límites y contradicciones de las experiencias de gobierno progresistas, así como sobre el imperativo de insertar orgánicamente las ERT y otras experiencias análogas en estrategias más amplias de decidida subversión de las estructuras de poder político-empresarial a nivel nacional y global.

Radiografía de las ERT en Argentina hoy

Según el informe anual del Centro de Documentación de Empresas Recuperadas, elaborado por el académico y militante Andrés Ruggeri, en julio de 2025 las ERT en Argentina son un total de 398 y emplean a 13.812 personas. El grueso se concentra en diversas ramas industriales con un peso histórico en el tejido productivo argentino (metalúrgica, alimentaria, textil, gráfica, cárnica). Son sectores industriales plagados de pymes y muy enfocados al mercado interno; por ello, han sido las principales víctimas de los distintos planes de ajuste neoliberal que han asolado el país desde los años setenta del siglo pasado, generando un gran volumen de cierres y quiebras que han abierto la puerta a las experiencias de autogestión.

Esta centralidad de la industria explica también el alto grado de concentración de las ERT en el área metropolitana de Buenos Aires (el 47,49% del total nacional), que acoge un importante cordón industrial. También hay un volumen destacado de iniciativas en la práctica totalidad del resto de provincias, como Santa Fe, Córdoba e incluso algunas escasamente industriales como La Rioja.

Se trata, por tanto, de un fenómeno significativo en términos cuantitativos, que responde a una trayectoria dilatada que hace que el fenómeno trascienda una determinada coyuntura histórica para tornarse un actor permanente en el escenario sociopolítico del país. Pero, al mismo tiempo, se encuentra sometido a una serie de presiones que amenazan su proyección y, a medio plazo, su propia existencia y viabilidad en términos económicos, sociales y políticos.

La pandemia, y su correlato en forma de medidas de aislamiento social y limitación de las actividades económicas, supusieron un duro golpe para este sector, el cual ya venía arrastrando problemas de competitividad y productividad que aumentaron hasta cotas críticas. La irrupción de nuevas formas de informalidad laboral, así como el notable auge del cuentapropismo y del empleo a través de plataformas digitales como Rappi o Uber, compiten además de manera ventajosa en el imaginario popular, limitando el atractivo de salidas colectivas ─pero con altos costos personales─ como las que representan las ERT.

La consecuencia de toda esta concatenación de factores adversos es un cierto aumento de los cierres de ERT y, sobre todo, la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo en el sector entre 2022 y 2025.

Todo ello se ha venido produciendo en un contexto de frustración de las expectativas de cambio depositadas en el último gobierno del peronismo progresista presidido por Alberto Fernández, tras el interregno neoliberal comandado por Macri. Este desplome anímico ha facilitado un avance muy potente de ideas reaccionarias e individualistas, así como un reflujo del movimiento popular y sindical pocas veces visto en un país con la tradición combativa de Argentina.

Esto ha afectado directa y gravemente al sector de las ERT, el cual, en tanto que apuesta contrahegemónica ─que a su vez, nada a contracorriente al operar en el terreno de juego del mercado capitalista─, se ha alimentado históricamente de esta ebullición social transformadora hoy en jaque. Además, en lo inmediato, el esquema progresista implementado desde el gobierno en este campo ha demostrado unos límites claros, derivados de una apuesta basada principalmente en subsidios y ayudas que minimicen los problemas de competitividad y las pérdidas de ingresos de las ERT (necesarias, sin duda, pero insuficientes), y que mira al sector como algo más bien periférico en el contexto del conjunto del aparato económico-productivo del país.

La consecuencia de toda esta concatenación de factores adversos es un cierto aumento de los cierres de ERT y, sobre todo, la pérdida de casi 1.000 puestos de trabajo en el sector entre 2022 y 2025. En este sentido, un análisis más cualitativo nos lleva a constatar, tal y como señala Ruggeri, que nos encontramos ante el primer momento de la historia reciente de Argentina en el que no se produce una correlación entre el descenso del PIB (indicativo de una situación de crisis económica) y un aumento de las ERT. Así, a partir de la pandemia, la caída de la actividad económica no se ha visto acompañada por un auge de las mismas. Un síntoma, en definitiva, de la comprometida situación que vive esta modalidad de apuesta popular.

Milei o los zarpazos del “león anarcocapitalista”

Estas presiones e inercias estructurales que afectan a las ERT en Argentina se ven exponencialmente amplificadas por la puesta en marcha de la agenda agresivamente pro-corporativa, pro-imperial y reaccionaria que encarna Javier Milei. Sin ánimo de realizar una caracterización detallada de los planes económicos que hoy emanan de la Casa Rosada, destacamos algunos aspectos que a nuestro entender afectan de manera directa al desenvolvimiento de las ERT y, por tanto, a su situación y viabilidad en el corto y medio plazo.

En primer lugar, los inicios del gobierno de Milei han pivotado sobre la implementación de un draconiano ajuste fiscal con importantes consecuencias sociales. Un ajuste que responde a las pulsiones ideológicas “libertarias” más oscuras de La Libertad Avanza, que trata de justificar su necesidad inmediata en el eterno chantaje al que se ve sometida Argentina por el pago de la deuda con el FMI y agentes financieros privados, y que, a la postre, es el comienzo de un plan de largo recorrido para vaciar el Estado argentino de sus más elementales instituciones de protección social.

En un contexto en el que las ERT han venido solventando parte de sus problemas de competitividad a través de diversos flujos de ayuda y subsidio público, la expectativa de un cese abrupto de las mismas supone una amenaza casi existencial. Aquí, el parámetro ideológico ultraliberal pretendidamente antiestatista del mileismo, converge con la voluntad de hacer la guerra desde el Estado a las entidades populares no cooptables y consideradas del “otro lado de la barricada”. En este sentido, Milei no tiene ningún incentivo para apoyar económicamente a las ERT, como tampoco a la economía popular o a la agricultura familiar.

En segundo lugar, la previsión de una reforma laboral de alcance, que ahonde en la destrucción del poder sindical, de las complejas instituciones de carácter colectivo operantes en el país en materia de ordenación del trabajo asalariado, y que genere condiciones más favorables para los intereses patronales vía supresión de derechos, supondrá con toda seguridad un avance de una atomización social que ya es una realidad entre amplios sectores.

Esto, en ese contexto preexistente de expansión acelerada de figuras ajenas al trabajo asalariado clásico, ligadas a distintos tipos de informalidad, al cuentapropismo y al capitalismo de plataformas, apuntalará las dificultades –materiales e ideológicas- para sostener proyectos colectivos de resolución de la vida como son las ERT. En este sentido, si desde este sector se vino promoviendo sin éxito durante el gobierno de Alberto Fernández la creación de un estatuto específico para las y los trabajadores de ERT que protegiese su condición desde las especificidades del sector, parece evidente que no será el gobierno de Milei el que impulsará esta medida. No al menos por propia voluntad, más bien todo lo contrario.

La implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) responde a objetivos e intereses antagónicos respecto a un ámbito como las empresas recuperadas.

Por último, no podemos dejar de destacar una de las iniciativas-estrella del gobierno, la cual ejemplifica como pocas su vocación de transformación pro-corporativa del Estado y la sociedad argentinas, así como su exacerbado entreguismo al imperialismo y los capitales extranjeros. Se trata del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), una arquitectura institucional de fomento y garantía para la seguridad jurídica enfocada a servir de pista de aterrizaje a inversiones extranjeras de más de 200 millones de dólares, circunscrita a una serie de sectores considerados estratégicos en el tejido productivo del país en los próximos años, entre los que destacan energía, hidrocarburos y minería.

Una regulación que se pretende desregulación, enfocada a la atracción masiva de inversión extranjera directa, que institucionaliza una notable apertura económica dirigida a la extranjerización y corporativización del tejido empresarial del país. Una estrategia que busca modificar la matriz económico-productiva en un sentido abiertamente primario-exportador, de la mano además de un reciente acuerdo con Trump que ─más allá de que su sentido último sea ungir a Argentina como punta de lanza de la renovada estrategia imperial de disciplinamiento y alineamiento de la región, como plataforma hemisférica para la pugna geopolítica con China─ en lo concreto pone a su disposición toda una serie de sectores estratégicos en el ámbito de las materias primas, en las que Argentina cuenta con importantes reservas. A la postre, una estrategia de este tipo pasa insoslayablemente por inducir deliberadamente una amplia desindustrialización del país.

En este sentido, la implementación del RIGI responde a objetivos e intereses antagónicos respecto a un ámbito como las ERT. El hecho de que la mayoría de las mismas se adscriban al sector industrial, y se enfoquen principalmente al mercado interno (en muchos casos, como suministradoras de empresas mayores de capital nacional), saca del foco de las prioridades de planificación económica del gobierno a las ERT, de la misma manera que lo hace con el amplio tejido de pymes que componen una parte sustancial de la industria nacional. Y, en el caso de las ERT, no se debe obviar que se trata de entidades que, operando en el mercado capitalista, pretenden trascender la mera obtención de rentabilidad en favor de lógicas colectivas de desmercantilización de las relaciones sociales y productivas, lo que agudiza aún más su desventaja competitiva frente al gran sujeto corporativo que se pretende fortalecer. La triada compuesta por corporativización, extranjerización y desindustrialización promovida por el gobierno Milei constituye un ataque directo a las ERT.

Construyendo alternativas desde el campo popular

El contexto es complejo, y las ERT se enfrentan al reto de aportar su grano de arena a la necesaria resistencia multisectorial frente al plan de gobierno antipopular de Milei, así como de dotar de un nuevo impulso a la propia propuesta autogestionaria. Para ello, planteamos algunas claves para el debate.

Tenemos que empezar por el carácter ambivalente de las ERT. Estamos ante iniciativas contrahegemónicas que combinan miradas de corto plazo (mantenimiento de la fuente de trabajo inmediata y resolución de los imperativos vitales elementales de las personas involucradas y sus familias), con otras de largo aliento (construcción de alternativas a la preeminencia corporativa, en el marco de una perspectiva más amplia de cambio social profundo). Una ambivalencia que se plasma en el hecho de que se pretende construir y consolidar experiencias e instituciones colectivas orientadas a la desmercantilización integral de la vida mediante empresas que, a la postre, producen mercancías para ser comercializadas en el mercado capitalista.

Esta materialización “por adelantado” del mundo que deseamos, en la compleja ─y muchas veces hostil─ realidad presente es una de las principales fuentes de problemas, en la medida que se deben garantizar ciertos umbrales de competitividad, productividad y eficiencia establecidos por ese mercado capitalista, manteniendo al mismo tiempo la fuente de trabajo para el máximo posible de personas trabajadoras. Como hemos visto, este parámetro se ha visto seriamente erosionado en los últimos años.

Frente a esta adversidad estructural, que es llevada al límite por la aplicación inmisericorde del programa de gobierno de La Libertad Avanza, la principal garantía para la persistencia y avance de las ERT como sujeto político y socioeconómico relevante pasa por insertar orgánicamente su experiencia en un marco más amplio que agrupe al conjunto del campo popular, y que trace sendas encaminadas a dar un nuevo impulso a la subversión del statu quo capitalista vigente. En este sentido, se trata tanto de reconstruir alianzas que acuerpen orgánicamente a las ERT y las vinculen con mayor fuerza al resto de sujetos emancipadores, como de recuperar una vocación de transformación social integral y radical en el programa de acción de ese campo popular. Ambas líneas de acción se encuentran hoy ampliamente debilitadas en Argentina ─de forma similar a lo que está ocurriendo en muchas otras latitudes, en el marco de una cierta crisis global de las izquierdas─, como consecuencia de los pasos atrás dados en la matriz confrontativa y transformadora de los gobiernos de corte progresista, el reflujo de movimiento popular y la consiguiente acometida capitalista encarnada, en este caso, por Milei.

En lo que respecta a la parte orgánica, es especialmente relevante que durante los últimos años las ERT hayan visto debilitados sus vínculos con las organizaciones sindicales. Si bien se trata de dos espacios diferentes que han venido teniendo encuentros y desencuentros, resulta fundamental fortalecer un lazo que amplifique el apoyo mutuo y multiplique la capacidad de incidencia y movilización de ambas instancias. Más aún en un contexto de mutación del mercado laboral argentino, en el que una parte importante de las capas trabajadoras está priorizando solventar sus necesidades desde lo individual a través de plataformas como Rappi, enajenándose tanto de las organizaciones sindicales como de la posibilidad de participar en proyectos de ERT, las cuales, cada una en su ámbito y medida, pierden referencialidad.

Lo mismo ocurre con sectores ambientalistas, feministas, de defensa del territorio y pueblos originarios, que encarnan hoy algunas de las principales expresiones de antagonismo respecto al avance del modelo corporativo, patriarcal y de depredación primario-exportadora que deben resituarse en el radar del conjunto del campo popular. Asimismo, la generación de lazos internacionalistas sólidos que permitan soportar con la máxima resiliencia la disputa con las élites político-empresariales es fundamental.

En lo que respecta al vínculo con las expresiones políticas diversas del progresismo y la izquierda, este también se ha visto debilitado en el marco de los gobiernos progresistas habidos a lo largo de las últimas dos décadas. Esto es consecuencia del carácter periférico y colateral que se ha otorgado al ámbito de las ERT en el marco de las políticas estatales del kirchnerismo, sin una apuesta clara y dotada de recursos para que ─más allá de garantizar, mal que bien, el mantenimiento de la actividad de las ERT existentes vía subsidios─ estas ocupen un rol más vertebral en el tejido productivo del país, en detrimento de los capitales hegemónicos. Es por eso que se precisa de una reconstrucción del vínculo orgánico de las ERT con los actores políticos progresistas y de izquierda sobre la base de un reimpulso decidido de los programas políticos de transformación social integral. Este vínculo, que no significa absoluta identidad o alineamiento acrítico, puede incluir a un amplio espectro de opciones políticas hoy operativas, desde el kirchnerismo hasta opciones hoy emergentes más a la izquierda como el FIT.

Las empresas recuperadas necesitan lo mismo que el conjunto del campo popular, tanto argentino como de otras latitudes: la articulación de una estrategia y programa de acción orientados a la transformación integral del tejido económico-productivo

Esto nos lleva a la parte programática. Es necesario realizar un balance crítico sobre los límites y contradicciones de los gobiernos progresistas-kirchneristas habidos en el país desde comienzos de siglo. Unos gobiernos que, si bien han llevado a cabo sustanciales políticas redistributivas, políticas exteriores relativamente contrahegemónicas de apuntalamiento de la soberanía, y algunas nacionalizaciones importantes en sectores estratégicos de la economía, no han terminado por liberar el tejido económico, empresarial, financiero y productivo del país del predominio corporativo nacional y transnacional. Un límite a la descorporativización que ha lastrado la consecución de cambios sustanciales en la correlación de fuerzas entre el campo popular y los sectores dominantes, generando a la postre cierto desencanto que se ha venido a manifestar de forma nítida con el gobierno de Alberto Fernández.

Así, en la medida en que no ha existido una vocación política para ir más allá en este sentido ─que se explica, en parte, en el contexto de ofensiva mediática de las derechas, lawfare, presión de la deuda, etc.─, entidades como las ERT se han mantenido en los márgenes de la planificación económica, sin ganar en protagonismo, sin considerarse seriamente su potencial rol en el marco de una transformación del metabolismo socioeconómico del país. Mientras, los grandes capitales han seguido jugando un papel determinante en el mismo, en interlocución público-corporativa, si bien es cierto que no siempre en términos amistosos, con los distintos gobiernos.

Las ERT necesitan esencialmente lo mismo que el conjunto del campo popular, tanto argentino como de otras latitudes: la articulación de una estrategia y programa de acción orientados a la transformación integral ─o al menos sustancial─ del tejido económico-productivo del país, sacando de la ecuación a las grandes corporaciones en el máximo posible de espacios, territorios y sectores económicos, y estableciendo un rumbo decidido de transición desde un esquema público-privado hacia un modelo público-comunitario, en el que un poderoso sector público planifique y actúe en beneficio de las mayorías sociales desde la alianza con sectores de vocación desmercantilizadora, como cooperativas, organizaciones sociales, PYME y, por supuesto, las ERT. Se trata de ganar en centralidad y situarse más cerca del núcleo central de la planificación económica del país, apartando consiguientemente de esa centralidad a los grandes capitales y sectores corporativos, intrínsecamente contrarios a los intereses populares.

En el actual contexto de acometida de las élites político-empresariales contra los sectores populares, experiencias como las de las ERT están llamadas a constituir uno de los ejes de resistencia y construcción de alternativas tanto en Argentina y a nivel global. Unas alternativas que, sí o sí, han de encaminarnos hacia horizontes de superación sistémica de un capitalismo que solo ofrece depredación, ecocidio, guerra y fascismo. Alternativas que constituyen la mejor base de partida para organizar la resistencia a proyectos tan abyectos como el que encarna Javier Milei.

Un artículo de Gorka Martija y Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate para El Salto

El Mercado Social de Aragón, una cooperativa de servicios formada por más de 60 empresas y entidades proveedoras, y más de 200 socias consumidoras, ha firmado un acuerdo de colaboración con El Salto, en el marco de la comisión estatal de mercados sociales impulsada hace ya más de una década por REAS RdR.

Al igual que sucedió en 2021 con el de Mercado Social de Madrid, una vez más apostamos por la intercooperación entre entidades de la economía social y solidaria para fortalecer nuestras respectivas comunidades.

• Las personas socias de El Salto en Aragón podéis aprovechar todas las ventajas de la red MESCoop Aragón en calidad de “socias de intercooperación”, sin realizar aportación al capital social de la entidad, ahorrándote el pago único de 50 euros que normalmente piden para entrar a formar parte de la cooperativa.
  Tan solo tienes que descargarte la app del Mercado social en tu plataforma de descarga de referencia, o entrar en su web, y rellenar el formulario de alta de socia activando la opción Quiero ser socia de intercooperación, donde podrás elegirnos como entidad de intercooperación y enviar la solicitud.
  Recibirás un carnet digital que deberás presentar en los establecimientos a la hora de realizar tus compras de productos o servicios y acceder a los descuentos previstos para socias de MESCoop Aragón.
• Si eres socia consumidora del Mercado Social de Aragón y aun no lo eres de El Salto, puedes sumarte a nuestra comunidad con un 20% de descuento en la cuota del primer año de la suscripción que elijas, mediante un código de descuento que recibirás en los boletines para socias de MESCoop Aragón.
  Además, las entidades socias de la red podrán beneficiarse de un descuento del 15% en nuestras tarifas publicitarias, aplicable tanto a campañas segmentadas en Aragón como a aquellas con alcance estatal, así como en los servicios de Edita, nuestra agencia de diseño social y comunicación para el cambio.

Ambas cooperativas nos comprometemos a difundir periódicamente entre nuestra base de socias toda la información necesaria para que ambas comunidades puedan disfrutar de este nuevo convenio, que esperamos seguir extendiendo al resto de territorios que están impulsando el Mercado Social.

Fuente: El Salto

España atraviesa una crisis de vivienda que golpea especialmente a los jóvenes y que va mucho más allá del precio del alquiler. También borra la memoria de los barrios: desaparecen las tiendas y comercios de siempre, espacios que han dado vida a nuestras calles y forman parte de la historia y el imaginario urbano.

Los datos lo confirman: según el INE, en la Comunidad de Madrid el número de tiendas de barrio pasó de 50.853 en 2020 a 43.769 en 2024. Una caída cercana al 14 %. Cada vez quedan menos negocios orientados a las clases trabajadoras que históricamente han habitado los barrios, mientras proliferan establecimientos dirigidos a turistas y a nuevos residentes con alto poder adquisitivo.

Soy una de tantas jóvenes asfixiadas por la precariedad y la falta de estabilidad económica. Mientras Amazon anuncia el despido de 14.000 trabajadores e inversiones millonarias en inteligencia artificial, pienso en la posibilidad de emprender. Mi familia no tiene negocios propios, y las historias que conozco sobre negocios familiares no son especialmente alentadoras. Me pregunto si las nuevas generaciones seremos capaces de revitalizar los barrios o si, al contrario, seguiremos transformando nuestras ciudades en lugares sin alma ni identidad.

Hoy, pocas alternativas son realmente sostenibles. Emprender de forma independiente, con precios justos y arraigo local, es casi una hazaña frente a alquileres desorbitados y cadenas multinacionales

¿Cómo reemplazar esos comercios sin expulsar a quienes ya viven allí? ¿Cómo revitalizar un barrio sin convertirlo en un producto para otros? Hoy, pocas alternativas son realmente sostenibles. Emprender de forma independiente, con precios justos y arraigo local, es casi una hazaña frente a alquileres desorbitados y cadenas multinacionales. Y quienes han resistido durante décadas, familias que heredaron pequeños negocios, muchas veces terminan vendiendo, agotadas tras años de incertidumbre.

Lo más paradójico es que incluso los que sufrimos las consecuencias de la gentrificación terminamos contribuyendo a ella, y es que, de forma involuntaria, acabamos consumiendo en estos nuevos locales o en cadenas de alimentación. Parte del problema radica en que cada vez quedan menos alternativas: los bares y tabernas de toda la vida van desapareciendo.

Un amigo que vive —o, como dice él, sobrevive— en la calle Salitre desde hace ocho años me cuenta que eventos masivos como Tapapiés, promocionados como una celebración cultural y gastronómica beneficiosa para el barrio, atraen visitantes y consumo, pero también generan saturación y una presión inmobiliaria que asfixia a los negocios de siempre.

“Desde que se celebra este evento multitudinario, el barrio se ha revalorizado y cada vez resulta más difícil que los negocios tradicionales y los vecinos de siempre logren mantenerse. El centro de Madrid está más soso y caro que el café de un aeropuerto: todo lo que no es cadena es un gastrobar ‘moderno’ con berenjena asada, jamón ibérico y miel por 20 euros. Mucho ladrillo visto, mucho postureo… y sales con hambre y la cartera llorando”, manifiesta indignado.

En los años 60, cuando la palabra gentrificación aún no figuraba en el debate público, Jane Jacobs ya advertía sobre la muerte de las grandes ciudades. Para la socióloga, la diversidad urbana, era una fuerza generadora de ideas, comunidad y soluciones. Jacobs confiaba ciegamente en que las ciudades podían regenerarse por sí mismas. Esta creencia resulta hoy muy lejana: sin políticas públicas, ni regulación o protección a la vida local, la capacidad de las ciudades para reinventarse está en riesgo.

La serie The Curse, estrenada hace un par de años y protagonizada por Emma Stone, aborda precisamente esta problemática, explorando con ironía y espíritu crítico la figura del “salvador blanco”. La trama sigue a una pareja que llega a La Española, una comunidad mayoritariamente latina en Nuevo México, con el supuesto objetivo de “revitalizar” el barrio. Abren negocios ecológicos y promueven un estilo de vida moderno y sostenible, pero completamente desconectado de la cultura, la economía y las necesidades reales del vecindario. Aunque afirman querer ayudar, terminan elevando los precios, desplazando a familias y desdibujando la identidad del lugar. La serie revela una verdad incómoda: las buenas intenciones no bastan cuando un proyecto surge desde el privilegio y no se compromete de manera real con el bienestar de la comunidad.

La realidad es que los comercios de proximidad generan empleo local, fortalecen la comunidad, preservan la memoria y fomentan el sentido de pertenencia. Cuando desaparecen, los precios suben

La realidad es que los comercios de proximidad generan empleo local, fortalecen la comunidad, preservan la memoria y fomentan el sentido de pertenencia. Cuando desaparecen, los precios suben, los vínculos se rompen y los vecinos se marchan. Esto es precisamente lo que ocurre en barrios como Lavapiés o Malasaña, donde el proceso de gentrificación comercial es evidente: bares tradicionales son reemplazados por nuevas propuestas de vanguardia.

En la actualidad, mercados gourmet y cafés de especialidad conviven con la desaparición de colmados, fruterías y bares familiares. Platos cotidianos y baratos se reinventan como experiencias gourmet, excluyendo a las mismas comunidades que los crearon. En Lavapiés, un pincho de tortilla puede llegar a costar 10€ y un hummus alrededor de 9€ en locales de especialidad o de estilo gourmet.

Mientras tanto, surgen iniciativas vecinales que nos permiten recuperar el aliento. Esta es una Plaza es un espacio verde gestionado por los propios vecinos, que ofrece huertos urbanos y alimentos frescos a quienes los necesitan, fortaleciendo lazos comunitarios y combatiendo la pobreza alimentaria.

Aunque quedó en fase de planificación, la iniciativa vecinal SUPERCOOP Lavapiés se definía como “un proyecto de cooperación y participación ciudadana para un consumo más sostenible y responsable… apoyamos la producción ecológica, justa y de cercanía”.

Tampoco podemos olvidar cuando los vecinos convirtieron una antigua oficina de Bankia en un centro social. En La Canica, la comida podía intercambiarse por habilidades o educación. Este espacio fue desalojado hace más de un año y transformado en apartamentos turísticos ilegales, otro ejemplo de cómo la gentrificación destruye el espíritu de comunidad.

“Las ciudades pueden ofrecer algo para todos solo cuando son creadas por todos”, escribe Jacobs. Quizá ahí radica el problema

Para mantener los barrios vivos, debemos entender la alimentación, igual que la vivienda, la cultura y los servicios básicos como un derecho y un bien común, no solo como mercancía.

No es que no queramos luchar; es que a menudo sentimos que no hay salida. Eso me dicen mis amigas y amigos, jóvenes que intentan resistir en barrios donde la precariedad y la especulación avanzan más rápido que cualquier proyecto de vida digna.

Esa sensación de impotencia quizá sea uno de los daños más profundos que nos deja esta crisis urbana: una generación dispuesta a construir comunidad y emprender de manera sostenible, pero a la que el mercado y la política le niegan el espacio para hacerlo.

“Las ciudades pueden ofrecer algo para todos solo cuando son creadas por todos”, escribe Jacobs. Quizá ahí radica el problema: cuando sentimos que ya no pertenecemos, cuando la ciudad funciona únicamente para intereses ajenos a quienes la habitan y le dan vida…

Un artículo de Emma González para El Salto.

Vamos a hablar de feminismos, como no podía ser de otra manera, porque la economía solidaria, además de ser justa, sostenible y solidaria, es también feminista. Ya hemos recorrido en programas anteriores en programas de mecambio y hemos visto como las empresas feministas también facturan y cómo rompen bechas y colocan la equidad, uno de nuestros principios en el centro de las políticas.

Y ahora vamos a ir a los “cómos”, tan importante y que los feminismos además han puesto tanto sobre la mesa para recorrer un poco cómo hemos en esta trayectoria ido transversalizando eso de los feminismos, haciendo que contagie, impregne la economía solidaria inspiradas por los feminismos y la economía feminista. Vamos a recorrer por tanto ese trabajo invisible, mucho micro y de cuidados que promueve y sostiene todo este proceso de transversalizar los feminismos y para ello tenemos hoy aquí a dos de las grandes jefas de esto.

Zaloa Pérez, actual consejera de feminismo de REAS Red de redes y también referente de feminismo, entre otras muchas cosas de REAS Euskadi donde es técnica y participa y promueve Ecosol FEM y la parte de Comisión Estatal de Feminismo.Y tenemos a Sandra, otra veterana, sobre todo el lado del emprendimiento, área de donde viene realizando su actividad en los últimos tiempos, fomentando un liderazgo económico de mujeres y emprendimiento en la escuela Juana Millán.

Esto es para todos los públicos, así que no demos nada por sentado, compañeras. Cuando hablamos de feminismo, ¿de qué estamos hablando?

Sandra: Pues yo diría que estamos hablando de un acto de justicia, de justicia histórica por las que ya no están, pero también de justicia contemporánea por las que están, pero están oprimidas y están violentadas en muchos lugares del mundo.

Estamos hablando también de una necesidad de identificar dónde están esas relaciones de poder que nos colocan en la parte oprimida. Estamos hablando también de recuperar, de visibilizar, de poner en valor lo que hacen las mujeres en todos los ámbitos. Y también estamos hablando de cuestionar construcciones sociales que perpetúan todos esos eh todas esas relaciones de opresión. Estamos hablando de cuestionar privilegios, empezando por nosotras mismas y estamos hablando sobre todo de hacer evidente cómo el sistema turbocapitalista, patriarcal y ultraderechizado nos vulnerabiliza a nosotras, a los territorios, al planeta.

Zaloa: El feminismo es un movimiento social, político que es diverso, que responde a a múltiples necesidades y a múltiples situaciones. Nosotras hablamos de un feminismo anticapitalista, que trata de desvelar esa alianza que existe entre el capital y el patriarcado. Es un feminismo, además, interseccional porque hay diferentes opresiones y diferentes situaciones de privilegio y opresión que vamos como atravesando. Por lo tanto, es también antirracista y es también anticolonial. es un feminismo que desvela las desigualdades de género y pone encima de la mesa el conflicto fundamental que nosotras creemos que existe en la economía, que es el conflicto entre el capital y la vida.

¿Por qué hay que transversalizar los feminismos en la economía solidaria?

Zaloa: Yo creo que fundamentalmente para reducir la distancia o la brecha que hay muchas veces entre la teoría y la práctica. Desde otras corrientes de economía crítica, pero sobre todo desde la economía feminista, hemos complejizado mucho nuestros análisis, pero creo que nos queda por entender también a las organizaciones y las empresas como parte de esa realidad que queremos transformar. Transversalizar la perspectiva feminista, pasa por lo menos como por tres caminos, Uno que tiene que ver con la corresponsabilidad, hacernos responsables de eso que llamamos sostenimiento de la vida, que eso supone una mirada hacia fuera de las organizaciones, cómo permitimos que la gente vincule pues todas las esferas de su vida, pero también una mirada hacia dentro de las organizaciones, cómo estamos repartiendo todo eso que sostiene nuestras causas. El segundo el segundo camino sería tratar de generar espacios libres de todo violencia y sobre todo de violencias machistas que nos atraviesan a todas, aunque no de igual de igual manera Y por último, ser escuelas de empoderamiento. fomentar ese empoderamiento y esa participación. En definitiva, se trata de transformar nuestra cultura y nuestra propia identidad.

Sandra: Si queremos subvertir esa idea de que lo único que cuenta es lo que está en la punta del iceberg, pues es que todo lo que hay debajo tiene que ver con con el trabajo invisible que en su mayoría hacen las mujeres y otras identidades disidentes. Añadiría la idea de la teoría del buen trato, darle la vuelta a las relaciones económicas pasa por poner ese buen trato en el centro y a lo mejor añadiría también la cuestión de de visibilizar a todas esas mujeres que están haciendo cosas importantes en sus barrios, en sus territorios.

Antes de aterrizar en los cómos concretos, como esta mini serie es, de alguna forma, un tributo a los 30 años de REAS, vamos a recorrer los orígenes. ¿Cuándo, cómo y por qué se crea la comisión de feminismos en REAS RdR?

Sandra: Podemos remontarnos a Idearia en 2017, edición que estuvo atravesada por el encuentro del movimiento feminista y el movimiento de la economía social y solidaria. Ahí se crea la comisión de de feminismos. Pero no era un champiñón que brota de la nada, había ya mucha gente trabajando en los territorios planteándose que había que poner eh la mirada en lo que estábamos haciendo como economía solidaria y atravesarla por esa aportación del feminismo.

Zaloa: Un poco antes, en el congreso de economía social y solidaria que hicimos en Bilbo, hicimos una primera especie de espacio de encuentro de las feministas que estábamos en la economía solidaria y ahí ya se vio que había mucho interés y mucho movimiento en territorios como Zaragoza, Madrid, Cataluña y Euskadi. Necesitábamos hablar, encontrarnos y compartir muchas de las frustraciones que del trabajo que estábamos haciendo.

A lo largo de este tiempo, ¿cómo se ha ido impregnando la red de los feminismos? Grandes y pequeñas acciones, que en lo micro está también la cuestión…

Sandra: Lo bonito de estos procesos es que yo me he hecho feminista de la mano de otras compañeras que ya lo eran. Esto significa que esto es un cambio imparable porque es superdescentralizado. Yo aprendo a mirar el mundo de esta manera de la mano de otras que que es un legado. Me parece super importante esa mirada de lo pequeño porque creo que ahí está la clave de que de que esto sea algo imparable, como decía,. Y luego está ese segundo nivel de poner en común, de empezar a construir entre todas, desde lo pequeño, es una construcción de abajo a arriba.

Zaloa: Creo que a nivel macro ha tenido que ver esta esta idea de entender que que en los principios que nos que nos unen de como economía solidaria, el feminismo no podía estar fuera. Otra cosa importante que nos ha ayuda a avanzar ha sido este esfuerzo que hemos hecho también por por posicionar algunos temas de de la agenda feminista en la nuestra. Hemos hecho posicionamientos claros, por ejemplo, en el ámbito de los cuidados. Y a nivel micro, entender que no era importante solo lo que hacíamos hacia afuera, sino cómo lo estábamos haciendo, con quién lo estábamos haciendo, esas micropolíticas que muchas veces nos han dicho que no que no transformaban grandes cosas. Esas rondas emocionales, los sistemas rotatorios para para el tema de limpieza, cosas así que son como pequeñas micropolíticas que sí van cambiando la propia identidad y la propia manera en la que nos estamos viendo.

Si hubiera que elegir un gran éxito o acción, ¿cuál sería? ¿Y fracasos o cuestiones pendientes? ¿Aprendizajes de ello?

Zaloa: Pues yo diría que hemos tenido muchos logros. Yo creo que la revisión que hicimos de la carta de principios de la economía solidaria desde la perspectiva de feminista, es el ejemplo de un proceso que comienza desde abajo con algunas territoriales que incluso nos juntamos entre nosotras para compartir. Creo que la idea de organizaciones habitables también es un concepto muy muy propio, que nos permite incorporar todas esas transformaciones que queremos llevar a cabo. También el haber incorporado una visión más internacionalista desde estas alianzas que hemos ido generando, sobre todo con organizaciones de Abya Yala.

Y si tuviera que elegir dos cosas de las que hemos aprendido diría que en este esfuerzo por articularnos con el movimiento feminista, a veces entramos como un elefante en una cacharrería, Ahí yo me di cuenta enseguida de que no todo el feminismo nos entendía como parte de la comunidad, no todo el no todo el feminismo eh entendía la economía solidaria como una alianza para estas transformaciones y que ahí había que hacer un trabajo pedagógico. Y otra de las cosas que señalaría más micro es que creo que hay elementos que han tenido mucha potencialidad política como todo lo que tiene que ver con la ronda de emociones o con todo o el concepto de cuidados, que lo hemos incorporado en las organizaciones, pero que de alguna manera al ampliarlo tanto se han acabado diluyendo un poco y de alguna manera es como que se ha vaciado a veces de potencialidad política.

Sandra: Un logro y un logro que creo que pone el feminismo sobre la mesa es esta idea de análisis crítico constante, de no te puedes descuidar porque se te cuela todo el rato, se te cuela constantemente. Entonces, creo que que logros pues como la carta de principios y el balance social revisado desde la perspectiva feminista son claves. Pero a mí me preocupa que son elementos con los que nos relacionamos en el día a día poco. Al final el balance social está presente en la vida de la organización en un momento concreto del año y ya está. Y la carta de principios pues es algo que bueno pues que está ahí en tu horizonte, pero no te relacionas en el día a día con ello. Entonces para mí hay algunas experiencias como por ejemplo la política laboral feminista que están trabajando desde Euskadi o el proyecto de la insólita en Cataluña son experiencias tendríamos que mirarlas con más detalle y ver de qué forma las podemos expandir o a que atraviesen realmente el día a día de las organizaciones.

En qué está trabajando la comisión ahora. ¿Retos de futuro?

Zaloa: Como comisión últimamente le damos muchas vueltas esta idea de cómo integramos otras voces, Cómo cómo incorporamos la diversidad de la que siempre estamos hablando. Desde esta perspectiva más interseccional que se encaja también con muchas reflexiones que estamos llevando en los procesos de política laboral porque a lo mejor tampoco es tanta casualidad que seamos todas las mismas, a lo mejor pedimos todo el rato lo mismo. Está también la idea de fortalecer alianzas con otros movimientos sociales y cómo ser la alternativa económica de esos movimientos sociales, especialmente eh el feminista. Igualmente queremos crear nuevas narrativas frente a esta derechización o ultraderechización, narrativas que enamoren y hacerlo desde la alegría. Y por último, seguir avanzando en estos procesos de transformación organizacional feminista.

Sandra: Recogería cuestiones que salieron en el Congreso de Economía feminista. Por un lado, el tema de las alianzas y cómo hacer que esto que hacemos llegue a otras que no están aquí ahora. Y luego hay otra cuestión que pues en distintos espacios en los que me relaciono últimamente está saliendo mucho, que es el tema de la justicia poética, que creo que tiene mucho que ver con esto de las narrativas que enamoren y lo tenemos ahí y sen llama arte, o sea, la poesía, o sea, dejemos de utilizar, a lo mejor estamos como empeñadas en meter discursos en las cabezas de la gente cuando podemos cantarlo, podemos pintarlo, podemos contarlo y acercarnos así a gente que si no no nos va a mirar de ninguna otra manera.

En el último programa de mercado social, cerramos con un sueño, una forma en la que nos gusta concluir para dibujar escenarios futuros. ¿Cómo sería una REAS completamente feminista?

Zaloa: El feminismo no es un punto de llegada, sino que es un camino que tenemos que recorrer. Entonces, sería una reas que es consciente de que de que reproduce desigualdades no solo de género, sino de en otras variables y que desde ese reconocimiento hace una apuesta política por transformarlas, por transformar esas relaciones y desde esa apuesta política dedica recursos, tiempos y personas a esa revisión crítica. Y lo hace con otras porque es sola, no, pero con amigas sí, desde el disfrute, porque hay que decir que también lo pasamos bien.

Sandra: Yo volvería a esa idea de una reas que se sueña, que se sueña constantemente y, ¿por qué no? Imaginaros, las ciudades se llenan de teatros como el teatro del barrio, pero por todas partes, de más librerías, de más espacios donde pues sucedan cosas como cantar, bailar y todo esto que estamos hablando, y que suceden desde esta desde este lugar, desde esta mirada.

Si quieres conocer la entrevista completa con grandes sorpresas y canciones… no te pierdas el vídeo del twitch…

El sueño de articular una una red propia de producción, distribución y consumo de bienes y servicios con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios para cubrir una parte significativa de las necesidades de sus participantes dentro de la red y desconectar la economía solidaria de la economía capitalista, tanto como sea posible viene de lejos y le llamamos Mercado Social.

Para hablar de estos años de historia nos acompañan dos personas muy especiales, grandes protagonistas en esto de hackear al libre mercado, o lo que es lo mismo: de impulsar mercados sociales. Jordi García, es cooperativista y escritor, padre o mesías, de algún modo de la idea a este lado del atlántico y Susana Ortega, es otra de las figuras referentes que lleva desde los orígenes a los mandos de REAS, impulsando y acompañando procesos de creación y promoción de mercados sociales. Juanto a ellos, Blanca Crespo, responsable de comunicación de REAS RdR.

Comenzamos…

Comencemos por el principio, por si tenemos alguien por ahí que aún no ha oído hablar de Mercado social, ¿de qué diríamos que vamos a hablar?

Susana Ortega: definir mercado social, así como en pocas palabras es un gran reto. Como en grandes titulares diría que en el movimiento de la economía social y solidaria tenemos el gran reto de conectar todas estas alternativas que estamos promoviendo desde la producción, la distribución, el consumo y las finanzas éticas para que de alguna manera pueden ser eh puedan ser una alternativa real donde podamos satisfacer al máximo nuestras necesidades.

Hablar de mercados social es hablar de hablar de flujos económicos, de la importancia de la intercooperación entre las entidades, de la economía social y solidaria, de conocernos más, de comprarnos más las unas a las otras y vamos a hablar de la fuerza que tiene apostar por un consumo consciente y transformador.

Jordi García: Tal vez para para complementar lo que decía Susana, recordaría cuáles son las virtudes o los efectos que puede tener esta construcción de mercado social. Siendo un poco provocativo, aveces pienso que utilizamos de un modo abusivo el término economía solidaria o economía social y solidaria en el sentido de que aún no somos todavía una economía, un sistema económico, somos un conjunto de entidades, de empresas con unas afinidades ideológicas que apuestan por la democracia y solidaridad.

Por otra parte, el mercado social, yo creo que también lo podemos ver como un escaparate de cara de cara a la sociedad de de lo que es posible,una especie de embrión de esta economía, no capitalista, ni patriarcal, ni colonial.

¿Cómo surge la idea de Mercado Social y cómo se trae a REAS RdR y la economía solidaria?

Jordi: Creo que realmente es una idea intuitiva, es una idea que los movimientos cooperativos a medida que se van desarrollando la van pensando. Yo concretamente me fijé en el movimiento cooperativo francés que estaba muy desarrollado y también el catalán que como fue de los digamos de los pueblos del Estado español donde antes se realizó la revolución industrial. En Cataluña allá por los 30 yo diría que si no hubiera no hubiera ido, no no hubiera sucedido pues el no el Alzamiento fascista de Franco y la guerra civil se hubiera cerrado el ciclo de trabajo, consumo, crédito, ligado pues a unas decenas de miles de personas. También si miramos por ejemplo en América Latina, descubrimos a finales del siglo pasado, principios este,teóricos de la economía solidaria como Euclides Mance, del Foro Social Brasileño que hablan no de mercado social, pero sí de de sistemas de intercambio solidario, que viene a ser lo mismo.

Así, en el 2002 publiqué un artículo llamado Objetivo mercado social, donde un poco sintetizaba estas experiencias y proponía que el movimiento incipiente de economía social y solidaria tuviera como uno de de sus objetivos estratégicos construir también mercados sociales.

Susana: Recuerdo las primeras reuniones en 2006-2007 en las que Inspiradas por las grandes palabras de Jordi García nos empezamos a juntar un grupo de buenas gentes de REAS red de redes. Juntas empezamos a preguntarnos cómo sería crear un mercado propio, distinto del capitalista y poner en marcha en los territorios esa idea que Jordi nos trasladaba inspirada en otros países y movimientos.

Ya había, además, una oferta territorial (cooperativas, empresas de inserción, centros sociolaborales, y empezaban también a crearse entidades con capacidad de ofrecer una oferta estatal y de replicarse en otros territorios como: Coop57 y Fiare o, unos años más tarde, Som energía. Y empezamos a pensar en como potenciar el conectar todas estas iniciativas para fortalecerlas, para escalarlas, para crear nuevos emprendimientos donde la ESS no estaba presente aún a la vez que sumábamos una masa crítica de consumidoras responsables que las priorizaran en sus compras.

En qué punto estaba la Economía Solidaria entonces, porque la XES, por ejemplo, había nacido poco antes, muchas otras redes nacen incluso después. Hablamos, por tanto, de un movimiento, el de la ESS articulado, relativamente joven. Y el consumo responsable no estaba tan extendido socialmente, no?

Susana: En Aragón recuerdo que empezamos a soñar con esta propuesta en 2007 en plena crisis financiera…. Entonces en REAS Aragón, eran sólo 11 entidades en la red y en aquellos momentos de crisis vieron que o nos empezamos a apoyar más las unas a las otras de verdad o muchas tendrían que cerrar. Veíamos que las entidades de la ESS y las afines habíamos superado un poco el individualismo, agrupándonos en diferentes redes,, pero estas redes estábamos poco conectadas, no nos conocíamos lo suficiente las unas a las otras, no nos comprabamos, ni intercooperabamos… Y así empezamos desde REAS con estas otras redes y organizaciones amigas a sentarnos y a dibujar como podríamos impulsar esta idea juntas. Unas pocas entidades que pusieron dinero para contratar a una persona que impulsara la red y fuera generando alianzas con estas redes para impulsar la idea de mercado social, y empezamos con la primera feria del mercado social en 2010 y a apostar por un catálogo digital de ámbito estatal que nos permitiera mostrar a la ciudadanía nuestros valores y toda la oferta de productos y servicios disponibles.

En estos inicios esto del consumo responsable además de asociarse a no beber alcohol sólo se relacionaba un poco con el comercio justo y la agricultura ecológica. La ESS en Aragón no se conocía, ni las consumidoras la asociaban a la idea de que en estas iniciativas podían ejercer un consumo responsable o consciente y transformador que nos gusta más decir ahora…

Jordi:  En Cataluña la se crea formalmente en una asamblea en febrero de 2002,con una una quincena de entidades, muchas de ellas procedentes al cooperativismo de trabajo. La economía solidaria empieza en Catalña fomentada por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña con Jordi Vía delante, que va a Porto Alegre, al primer Foro Social Mundial y que a la vuelta nos dice que tenemos que enlazarnos y conectar con lo que está surgiendo. Yo creo que en el periodo de crisis fue cuando fuimos realizando el trabajo de hormiguita por los territorios que cristalizó en un momento de indignación, de búsqueda de alternativas por parte de la gente, de modo que el rédito lo sacamos en el periodo 2008, que fue el periodo de la crisis.

Había entonces pocas organizaciones en el tema del consumo responsable, pero es cierto que en Cataluña y puede que sea en todo el estado una cosa similar el movimiento antiglobalización, que empezó en eso en 2001, 2002, generó muchos grupos de consumo agroecológico que fueron la matriz luego de cooperativas de consumo, y que de algún modo diversificaron esa idea del consumo responsable, muy referido, eso sí quizás en aquellos tiempos a la alimentación. Por tanto, es verdad que el consumo responsable coge más digamos más fuerza a partir de la segunda década del de este siglo pero yo diría que el movimiento antiglobalización es un buen antecedente junto con esas entidades que ya existían.

Todo este recorrido nos ha llevado a alcanzar éxitos, ¿cuáles serían los más destacables?

Susana:  Yo creo que la estrategia de construcción de los mercados sociales han permitido una mayor visibilización de las alternativas de la ESS y un crecimiento en muchos territorios. En Aragón como os comentaba empezamos con esta idea 11 entidades y ahora entre mescoop y REAS aragón ya somos 70. En Madrid son más de 200 entidades enredadas en la cooperativa de mercado social y más de 600 consumidoras. En Cataluña entre xes, pam a pam y las entidades del mercado social son más de 1000. Al igual que ya son más de 1000 las entidades de reas red. Muchas entidades se han sentido identificadas con esta idea y se han sumado a las redes de algunos territorios. desde 2016 se han sumado a REAS RdR 600 nuevas iniciativas de la ESS. También observamos como aumentan año tras año las entidades que hacen el balance/auditoria social y se incorporan al circuito de Mercado Social de algunos territorios . este año que acabamos de cerrar campaña ha sido más de 731 entidades.

Otro éxito sin duda es el despliegue de sectores estratégicos en la ES, la aparición de los supermercados cooperativos, de cientos de proyectos de viviendas cooperativas agrupados en red. Los instrumentos de finanzas éticas que ofrecen cada vez más servicios (acorde a las necesidades de las entidades y las personas). Cada vez hay más personas ahorradoras en Coop57, Fiare, oikocredit, y cada vez más personas adquieren seguros en CAES

Otro éxito son todos los proyectos de intercooperación entre entidades en los territorios para llegar a nichos de mercado dónde antes la ESS no estábamos, ERjemplos como Som Conexión en telefonía, todos los proyectos de movilidad compartida……Y por citar algunos más otros éxito son las Alianzas con el movimiento ecologista, feminista y de otras economías transformadoras que estamos teniendo. Y otros pequeños logros es que cada vez tenemos más visibilización de las alternativas que ofrece la ESS. a través del portal de mercado social y gracias a las campañas de las redes, y de nuestros medios de comunicación como Opcios, El Salto, la marea, alternativas económicas, Arainfo y otros….

Jordi: Coincido plenamente. Creo que habido un aumento generalizado de los componentes del mercado social en todas sus fases: producción, consumo y las finanzas. Para mí también es importante recalcar dos aspectos, uno al menos tal vez menos visible; y es que a principios de los 2000 creo que no estaba claro que la economía solidaria fuera una economía claramente anticapitalista. Pero, cuando se formuló el concepto de mercado social, de algún modo asumirlo ya indicaba que estábamos por otro sistema económico, por otro mercado socialmente regulado, más justo, más ético, más responsable.

Por otro lado creo que el que el balance social sea puntuable en algunos concursos públicos en Cataluña también es un gran avance. Y el balance social ha servido también para que para generar nuevo balance que es el balance comunitario, que está inspirado en el balance social, pero que digamos audita, valora el cumplimiento laboral y ecológico y social de proyectos eh comunitarios o de proyectos de colaboración de de la gestión comunitaria de equipamientos públicos. Todo ello creo que es un importante logro.

Seguimos alimentando el sueño. En 10, 20 años el Mercado social será…

Susana: Yo me conformo con ese congreso en un par de años para retomar todos estos debates e ideas juntas. Y para que en 20 años hayamos conseguido ese crecimiento, la diversificación y la intercooperación integral en la ESS que desemboque en la conformación de una masa crítica de oferta de bienes y servicios de ESS lo suficientemente amplia, valiosa, asequible económicamente y accesible territorialmente como para cubrir, junto con bienes públicos y comunes, la mayoría de necesidades de una población significativa, la cual desconectarla en gran medida del mercado capitalista.

Un mercado accesible para todas las personas, más feminista y más diverso en todos los sentidos (menos blanco y con más juventud que es lo que necesitamos en la ESS)

Jordi: Pensando en grande, pues creo que los próximos 20 años serán decisivos, yo diría que en 2045, por ejemplo, el mercado social debería ser, por una parte, un mercado preferente para un porcentaje minoritario, pero significativo de la población de este país.

Pero al mismo tiempo debe marcar pautas, es decir, debe establecer buena parte de las normas y de los criterios que estén sirviendo cada vez más para regular desde los estados lo que digamos lo que es el mercado capitalista que está en recesión. Es decir, el mercado social debe ser un inspirador de cambios para hacer un mercado capitalista cada vez más cada vez más regulado con lo que podamos realizar la transición ecosocial.

Hasta aquí parte del diálogo, se quedan respuestas y otras preguntas en el tintero, incapaz de trascribir todo lo que se compartió. Pero estáis de suerte, podéis escuchar la entrevista al completo en el vídeo del programa.

Coop57 celebra 30 años impulsando una economía solidaria, cooperativa y transformadora. Tres décadas de apoyo mutuo, autogestión y compromiso con proyectos que ponen la vida en el centro. El 8 de noviembre se celebró este aniversario con un podcast en directo, dinamizado por Sara Plaza, redactora de El Salto, desde Barcelona. Durante la jornada se repasan los hitos de estas tres décadas, se comparten testimonios y se reflexiona sobre los retos del cooperativismo y la economía social en el contexto actual. Organiza: Coop57 Colabora: El Salto

El 8 de noviembre en Barcelona tendrá lugar una jornada conmemorativa y festiva para celebrar que Coop57 llevamos 30 años siendo un motor de cambio social mediante la apuesta por las finanzas éticas.

La celebración será una oportunidad para repasar la trayectoria de Coop57, conversar sobre el presente y mirar al futuro que continuamos construyendo colectivamente.

Lo haremos a través de un Podcast especial 30 años, que dinamizará El Salto Diario, y que podréis seguir en directo a través de su canal de Youtube a las 12h.

👉 ¡Sigue el debate en el podcast en en canal de Youtube de el Salto Diario!

Las que no podáis conectaros a esa hora, podréis recuperar el podcast en el mismo canal de Youtube, donde quedará grabado.

¡Muchas gracias por hacernos sumar 30 años y esperamos que muchos más!

Las relaciones del sector tradicional bancario con la industria armamentística, sobre todo la que produce armas que acaban cayendo sobre Gaza, o sus lazos con industrias contaminantes despiertan un cada vez mayor interés en las finanzas éticas, conformada con aquellas entidades que cumplen criterios como la exclusión de financiación a proyectos que vulneren los derechos humanos o ambientales, la priorización del crédito a la economía real con impacto positivo, la transparencia o la participación. Ese creciente interés se puede ver reflejado en las cifras que arroja el nuevo Barómetro de Finanzas Éticas 2024 presentado este miércoles en Barcelona.

Este estudio ofrece una radiografía del estado y evolución del sector en el Estado español desde 2008. Elaborado por el Observatorio de Finançament Ètic i Solidari (FETS), analiza los datos de hasta 32 bancos, cooperativas de crédito o aseguradoras. El último documento ha puesto el foco en la transición energética y el papel que cumple este sector de finanzas con valores. De hecho, la presentación ha sido realizada en la comunidad energética La Bordeta, en la capital catalana.

“Se impulsan proyectos que entienden la transición energética no solo como una sustitución de fuentes de energía, sino como una oportunidad para transformar el modelo económico y social”, ha declarado Jordi Rojas, presidente de FETS. Entre los proyectos financiados se encuentran algunos para la producción y la comercialización de energía, pero también en otros que buscan la descarbonización y el cambio de modelo en la movilidad, o en fórmulas con protagonismo ciudadano, como las comunidades energéticas. Además, señalan desde FETS, el importe medio de los proyectos es de casi un millón de euros, siendo así el sector con mayor volumen de crédito por proyecto.

El sector sigue creciendo

Mirando los datos que ofrece el Barómetro desde una perspectiva de cifras globales, las finanzas éticas siguen mostrando robustez. El dinero depositado por los clientes en este tipo de empresas fue de 2.411 millones de euros, una cifra ligeramente superior a la del año anterior. Aunque si abrimos el foco a la última década, el ahorro depositado en las finanzas éticas por sus clientes ha aumentado un 60%.

La cifras de créditos concedidos también siguen su senda ascendente. En 2024, este sector concedió préstamos a 1.921 proyectos superando los 1.900 millones de euros, multiplicando por 2,5 los datos de hace una década. Por sectores, los proyectos de vivienda sigue acaparando un 25,8% del total, seguido por el sector social con un 24,9%. La cultura pasa a ocupar su tercera posición, con un 17,5%. El medio ambiente y la transición energética representan un 16,2%, lo que supone más de 300 millones de euros para estos proyectos. Finaliza la lista la educación con un 7,4% y la agricultura y alimentación con un 5,5% de los proyectos financiados.

“Los datos del Barómetro nos muestran un año más que se trata de un sector consolidado y robusto”,  ha explicado Guillem Subirachs, coordinador del Observatorio de las Finanzas Éticas, durante la presentación. “Aunque el sector no es ajeno al convulso escenario socioeconómico a nivel global, al operar con otras lógicas e insertarse en un modelo, el de la economía solidaria, movido por otros principios, está menos expuesto a los vaivenes del sistema financiero convencional”, finaliza Subirachs.

Como cada año, el Barómetro también le dedica una sección al sector asegurador con valores, aquellos que siguen principios éticos tanto en el funcionamiento como en las inversiones, certificados por el sello europeo EthSI. Este tipo de corredurías, mutualidades y compañías registradas gestionaron más de 4,07 millones de pólizas, con un importe de primas que alcanza los 1.394 millones de euros, lo que representa el 1,86% del volumen total del sector asegurador español.

Desde los seguros éticos también se han querido subir a la ola verde de la transición energética ofreciendo respuestas a sus necesidades. “El cambio de paradigma que suponen las comunidades energéticas fue recibido con reticencia por parte de muchas compañías aseguradoras convencionales, que identificaban nuevos riesgos y no ofrecían productos adecuados”, explica Ramon Roig, del proyecto Balenyà Sostenible. “En cambio, nuestra correduría de seguros éticos se implicó hasta conseguir soluciones adaptadas a nuestra realidad”, matiza.

Un artículo de Yago Álvarez para El Salto

Tras hablar de cómo jaqueamos el mercado con nuestro mercado social, le toca el turno a los feminismos, otro de los grandes hits de REAS estos años.

• Zaloa Pérez,  actual consejera de feminismos en REAS Red de Redes y referente así mismo en REAS Euskadi, donde es Técnica, así como miembro de ekoSolFem de REAS Euskadi y de la comisión estatal de REAS RdR.

• Sandra Salsón, también histórica en REAS Red de Redes en ámbitos feministas y de emprendimiento, área donde desarrolla su actividad principal actualmente de fomento del liderazgo económico de las mujeres y en el acompañamiento a procesos de emprendimiento en el marco de la Escuela Juana Millán.

PARTE 1

En este primer artículo, reflexionamos sobre cómo practicar un turismo de menor impacto, pero también que nos satisfaga más frente al modelo de acumulación de destinos.

Comenzaremos el artículo con un spoiler: este año el Estado español volverá a batir el récord de visitantes extranjeros y se mantendrá la gran incidencia del turismo en el PIB y en el empleo.

Sin embargo, en los últimos tiempos, estos datos ya no tienen una percepción tan positiva para la ciudadanía. Las, cada vez más recurrentes y masivas, movilizaciones en los territorios afectados por los impactos del turismo ponen en cuestión un modelo que, además de generar grandes afecciones ambientales, impacta contra las condiciones de vida de una parte importante de la población.

Múltiples son los impactos de este sistema depredador, la ocupación de espacios naturales o dedicados a la agricultura para poder establecer todo tipo de infraestructuras relacionadas con el uso turístico, la sustitución de viviendas por pisos turísticos u hoteles en los centros de las ciudades, el cambio, en éstos, de los negocios tradicionales por establecimientos destinados a los visitantes, la masificación del espacio público o de los servicios…

Todo ello ha cambiado la configuración de las ciudades, sobre todo de aquellas a las que se considera «ganadoras» en esta competición por el turista. Transformación que comienza en los barrios más céntricos o atractivos, pero que se extiende como mancha de aceite, que desplaza a la población local y que genera «parques temáticos», constituyendo un fenómeno clave en la insostenible subida del precio de la vivienda, que se va trasladando hacia la periferia.

Además, la riqueza generada por el turismo se distribuye de forma muy desigual, siendo acaparada, sobre todo, por los grandes intermediarios, como las centrales de reservas de plazas hoteleras y de apartamentos turísticos, y por las grandes compañías aéreas, las cadenas de hoteles, de establecimientos de hostelería…

En cuanto a los puestos de trabajo que se crean, en muchos casos (como la gran mayoría de las camareras de pisos, son estacionales y precarios, fruto de la necesidad de garantizar grandes beneficios a las empresas empleadoras, a la vez que se ofrecen precios asequibles en la competición por el turista. Aparte, la especialización turística a la que han sido sometidos diversos territorios, hace que predominen los empleos asociados a esta actividad, quedando muy reducida la opción de desarrollar otras profesiones.

Tampoco nos podemos olvidar de las consecuencias ambientales de este modelo por el uso indiscriminado del transporte aéreo, cuyas emisiones tienen un impacto importante en el calentamiento global, por la destrucción de hábitats naturales, la presión a los que son sometidos los recursos hídricos de las zonas más turísticas…

Todos los impactos anteriores se han ido intensificando a partir de la denominada «democratización del turismo», con la que, gracias a una oferta con precios más asequibles (con la irrupción de las compañías aéreas de bajo coste, los apartamentos turísticos…), una parte importante de la población puede viajar de forma habitual. Sin embargo, también hay que ser conscientes de que, aún en este caso, existen muchas personas cuya situación económica les impide viajar, y que al tratarse de una oferta global, la atracción de turistas procedentes de países con mayor renta, hace que los precios suban, y puedan volverse inasequibles para la población local.

Lo dicho queda sintetizado así por Belén García de la Torriente, autora del informe Turismo en ciudades, editado por Ecologistas en Acción, «el turismo compone, como muy pocos productos del mercado global, el retrato de una sociedad al límite de la congruencia y en conflicto con sus necesidades reales. Juega con las emociones, los sentimientos y la identidad y ofrece plenitud mientras produce miseria, publicita perfección cuando envenena ecosistemas».

Aparte, como indica Salomé Preciado Díez, co-coordinadora del Área de Ecofeminismos de Ecologistas en Acción, si analizamos estos impactos con una perspectiva de género, vemos que «los procesos de turistificación, si bien afectan a la población en general, perjudican de manera significativa al día a día de las mujeres en particular» por distintos motivos, como la desaparición de los espacios comunes, que atendiendo a los roles de género, son ellas las que mayor uso hacen de ellos, por la precarización del sector servicios, que afecta en mayor medida a las mujeres migrantes, o por la incidencia en el ámbito turístico de violencia sexual en espacios festivos y de ocio.

La respuesta desde las instituciones a este malestar social es variable, aunque las iniciativas de aquellas más comprometidas no pasan de la implantación de tasas turísticas, la regulación de los pisos turísticos, o de la intención de apostar por un turismo «de calidad», es decir, más elitista. Pocas iniciativas que se propongan pinchar el globo y pongan sobre la mesa la necesidad real de establecer límites al número de visitantes y apostar por otras actividades alternativas que supongan un desarrollo más sostenible y equitativo.

UN TURISMO MENOS CONSUMISTA

Por ello, ahora que se acerca el verano, el periodo vacacional más importante del año, nos planteamos ¿qué podemos hacer para disfrutar de las vacaciones, al menos, reduciendo las consecuencias negativas que generamos?

Como Belén García de la Torriente indica, «el viaje, como otros consumos, se convierte en un elemento igualador en apariencia, su adquisición va psicológicamente unida al afianzamiento de un ideal del yo y de la libertad personal, que se materializa en la adquisición de un objeto o un viaje y no en el disfrute mismo del objeto o la experiencia».

Esos hábitos consumistas, que tenemos muy interiorizados y que se acentúan aún más el protagonismo que cobran las redes sociales, que impulsan actitudes de exhibición y exposición, unidas al fenómeno que denominábamos «democratización del turismo», han generado un modelo de bajo coste, dirigido al consumo de «la experiencia», a base de continuas escapadas, con estancias cortas a destinos más o menos lejanos, que inevitablemente acaban masificados.

Ante tal situación, como siempre que hablamos de minorar el impacto de nuestro consumo, debemos partir de la necesidad de reducir y de desterrar esa conducta consumista de acumulación de lugares visitados. Reducir el número de destinos, los sellos en el pasaporte, los kilómetros recorridos… Pero todo, sin que necesariamente esto deba ir acompañado de reducir la duración de las vacaciones o el disfrute.

Y es que, este modelo consumista, que queda definido por el selfie hecho en el breve espacio de tiempo en que se visita cada punto emblemático del destino, difícilmente puede satisfacer los distintos deseos que nos empujan a irnos de vacaciones, o a hacer turismo: descanso, desconexión de la rutina, conocimiento de otros lugares, de otras culturas…

En este sentido se expresa Pau Kokura, miembro de Canviem el Rumb, la plataforma por el decrecimiento turístico de las islas de Ibiza y Formentera, «el turismo actual, contrariamente al relato, juega en contra de la idea del descanso. La vecina no puede descansar por el jaleo que hay en su barrio, ¡pero es que la turista vuelve a casa más estresada de lo que se fue! Defender el derecho al descanso es defender más vacaciones para la clase trabajadora, y, por tanto, estancias más largas, recuperación de los pueblos de los antepasados, vertebración del territorio en tren. Las “escapadas” son la forma más contaminante e irracional de turismo».

 UN TURISMO MÁS LENTO

Si partimos de que las vacaciones son un periodo en el que disponemos de más tiempo libre, éstas nos dan la posibilidad de poder destinar tiempo a cosas que a diario no podemos hacer, como descansar, estar con gente a la que no vemos a menudo, pasar más tiempo con la familia, colaborar con algún proyecto que nos interesa… Cualquiera de estos fines puede apoyarse en un viaje, o no, pero en cualquier caso, el viaje no debería ser el fin, sino la herramienta que nos ayuda a disfrutar de ese tiempo, y el destino debe ser el que mejor se adapte a ello.

Kokura subraya «mi propuesta es pasar del “a donde” al “¿para qué? ”», y añade, «cuando viajas para recuperar tu salud mental y física o para abrazar a personas que quieres y que añoras, el destino es lo de menos. Lo de “visitar personas y no lugares” me lo comentó un amigo, también activista, y es algo que tengo muy presente desde entonces».

Si nuestra intención es huir del frenético ritmo de la rutina diaria, tendremos que apostar por un ritmo más lento, por un turismo lento que nos de tiempo para compartir con los demás, para descansar, para pensar, para observar, para leer e incluso para huir de los estímulos constantes que nos ofrece el teléfono móvil. Para ello, es importante ser creativos a la hora de organizar las vacaciones, buscando ritmos que permitan el disfrute frente al «turismo enlatado», donde todo viene determinado por un programa muy homogéneo a cumplir bajo la premisa de aumentar el número de lugares visitados en el menor tiempo posible.

De acuerdo a ello, y sea cual sea el deseo que nos motiva a viajar, probablemente obtendremos mayor satisfacción con viajes destinados a conocer entornos más cercanos, a los que podamos llegar en tren o en autobús, en lugar de avión, que aun siendo menos exóticos, nos ofrezcan mayor tranquilidad al encontrarse menos masificados, más fácil conocimiento de la cultura o la gastronomía local al ser lugares que no están dominados por las grandes franquicias globales o los negocios destinados al turismo. Viajes, que además pueden ser menos costosos, con lo cual, en algunos casos, permiten estancias más largas.

Para visitar esos entornos más cercanos y movernos a otro ritmo, puede ser una buena opción realizar un viaje colectivo en bicicleta. La bici te permite ir despacio, parar, saludar, escuchar y compartir, fomentando un conocimiento real de los lugares que se visitan, a la vez que se crean vínculos importantes con las personas con las que se viaja.

Con la misma idea, también queremos señalar los beneficios que nos produce estar en contacto con la naturaleza, que según indican distintos estudios, aumenta nuestro bienestar físico y mental. Por ello, puede ser un factor a tener en cuenta a la hora de planear nuestras vacaciones, aunque siempre evitando la masificación de los espacios naturales y actuando con mucho respeto. En tal caso, los pueblos, de nuestros ancestros u otros, pueden ser lugares interesantes, donde además probablemente ejerzamos un impacto económico positivo. Allí, en ciertos casos, podemos disfrutar de temperaturas más agradables, estar en contacto con la naturaleza, disfrutar de ritmos pausados, auténticos y variados, acercarnos a distintas actividades relacionadas con la producción de alimentos, podemos conocer las tradiciones y la gastronomía local, los niños y niñas pueden disfrutar de mayor libertad que en la ciudad…

Como otra opción, las vacaciones también pueden servir para colaborar con un proyecto en el que creemos, para visitarlo, para hacer un voluntariado… Experiencia, que además de poder estar asociada a conocer otros lugares, también lleva consigo un proceso importante de convivencia. Convivir con gente afín, o todo lo contrario, en situación muy diferente a la nuestra, puede resultar muy enriquecedor.

Por último, una recomendación de Kokura «un viaje se disfruta mucho más si te tomas un tiempo previo al viaje para leer, aprender e imaginar. La visita a la biblioteca del barrio en busca de guías o novelas situadas en ese sitio es una buena manera de disfrutar de un viaje incluso antes de empezar».

Sirva lo dicho hasta ahora como una serie de reflexiones para, como decíamos, practicar un turismo de menor impacto, pero también un turismo que nos satisfaga más y que incluso pueda calar en nosotros, frente al modelo de acumulación de destinos que sólo genera, con cada foto, efímeros momentos de satisfacción, con su correspondiente chute de adrenalina generador, como cualquier compra, de adicción.

Continúa leyendo la Parte 2 – Cómo practicar un turismo de menor impacto, como dónde ir, dónde alojarnos…- en El Salto

Imagen: Oposición a los alquileres turísticos de los movimientos vecinales. Rafa del Barrio.

Ropa ética y sostenible, cosmética cooperativa y ética, finanzas éticas, comercio justo, cooperativa de viviendas, supermercados cooperativos, energía renovable y cooperativa… Las alternativas haberlas haylas y en la Economía Solidaria bien lo sabemos, porque las promovemos diariamente a través de nuestra producción de bienes y servicios consciente y ética y nuestro consumo responsable.

El salto diario se hace eco de alguna de ellas en una serie de vídeos sobre alternativas. ¡Mira y difunde!

Antes del levantamiento militar de 1936, el movimiento obrero llevaba casi un siglo desarrollando una especie de sociedad paralela a través de instituciones del común: sindicatos, ateneos y cooperativas, que cada vez estaban más extendidas. Habían generado una cultura propia en la España de finales del siglo XIX y primeros del XX y estaban a punto de cerrar su propio ciclo económico: desde las mutualidades, que no eran otra cosa que el embrión de la actual seguridad social (que no inventó Franco), hasta las cajas de crédito popular y de ahorros pasando por las cooperativas de consumo y de producción. Y no solo se ocupaban de la economía, sino que tenían un proyecto sociopolítico que incluía casi todos los aspectos de la vida, también la educación, a través de las escuelas libertarias, agrupaciones femeninas, asociaciones culturales… Todo este ecosistema autogestionario estaba estrechamente vinculado, o directamente nacía, de los sindicatos históricos del anarcosindicalismo. Pero llega el golpe de estado, y el mundo floreciente y alternativo, paralelo a la empresa capitalista, a la autoridad estatal y a la Iglesia, es destruido.

“La Guerra Civil fue una guerra contrarrevolucionaria. No contra los llamados excesos de la República, sino destinada a terminar con el movimiento obrero. El objetivo era hacer una limpieza de toda una tradición política, social y cultural que se había ido desarrollando un siglo antes”, explica a El Salto José Luis Carretero, profesor e investigador del Instituto de Ciencias Económicas y de la Autogestión.

Desde una céntrica cafetería madrileña, ubicada frente a la librería cooperativa Traficantes de Sueños, donde puede comprarse su libro coescrito con Luis Buendía La experiencia autogestionaria durante la Guerra Civil española, Carretero se muestra tajante con respecto a lo que supuso Franco para el cooperativismo y la autogestión: “España pierde dos cosas muy valiosas: por un lado, memoria, porque se encargan de destruirlo todo, e incluso hacen desaparecer a sus protagonistas; y por otro se pierde esa idea, que ya había calado socialmente, de que el cooperativismo va más allá de gestionar una empresa, que es una visión de cómo organizar una sociedad desde abajo de una manera ampliamente democrática, y con la gestión directa de la producción por parte de quienes producen”.

Las colectividades durante la guerra

La primera Ley de Cooperativas del Estado se promulgó en 1931 durante la II República. Esta nueva ley supuso un gran impulso para el cooperativismo que se venía fraguando tiempo atrás de la mano de figuras como Josep Roca i Galès o Fernando Garrido. Y es durante los años republicanos, incluida la etapa bélica, cuando la corriente que mayor impulso adquiere es la obrero-socialista, en sus dos alas, la ugetista y la libertaria; no obstante, también seguía siendo importante el cooperativismo católico, más ligado al campo. En esta época se promueve la creación de la Federación de Cooperativas, que ya tenía su homóloga regional en Cataluña.

A este contexto previo a la sublevación militar, hay que unir una fecha importante que según Carretero es fundamental: en febrero de 1936, un congreso de la CNT en Zaragoza pretende sentar las bases del comunismo libertario bajo dos ideas fundamentales: la autogestión en la economía y la democracia directa a nivel político.

Así, con un movimiento obrero altamente organizado, la respuesta ante el vacío de poder tras el golpe de estado no se hace esperar: las propias bases de la CNT, pero también de la UGT y algunas del PCE, toman las empresas: el tranvía, los puertos, las fábricas y las ponen a funcionar de manera autogestionaria con comités obreros, dirigidos por los propios sindicatos y por las asambleas de trabajadores, aplicando ya los principios cooperativos de reparto de la riqueza y equidad. La resistencia de propietarios o patrones fue nula o escasa ya que la mayoría huyó a las zonas de dominación franquista. Es a estas experiencias a lo que se denomina “colectividades”.

Cataluña fue la región con mayor penetración de colectividades en el ámbito urbano, mientras que en el campo, fue Aragón. Y es que, “como las milicias se van desplazando desde Barcelona hacia Zaragoza, como la famosa Columna Durruti, se va produciendo una expansión de todo este proceso, sobre todo por el campo de Aragón, donde la economía autogestionaria a través de las colectividades se convierte en hegemonía”, asevera Carretero.

Represión del cooperativismo obrero

Cuando la dictadura franquista se aposenta en el Estado, se encuentra con todo este ecosistema, con un “cooperativismo obrero muy arraigado en los barrios populares de las ciudades industriales”. Así lo explica Jordi García, cooperativista de L’Apostrofe e integrante de la Xarxa de Economía Solidaria de Cataluña. “Se trata de un cooperativismo muy revolucionario y combativo”.

El denominado Nuevo Estado franquista no esperó al final de la guerra y ya en 1938 dictó una nueva ley provisional de cooperativas que derogaba la republicana

Es por ello que el denominado Nuevo Estado franquista no esperó al final de la guerra y ya en 1938 dictó una nueva ley provisional de cooperativas que derogaba la republicana. Así, “el régimen dictatorial de la posguerra se dedicó a depurar al cooperativismo español de ese ala izquierdista tanto en su dimensión humana, como económico-financiera bloqueando sus cuentas”, tal y como escribe el profesor de la Universitat de València Rafael Chaves en Las cooperativas en la II República española. Muestra de ello es la cantidad de cooperativas que pierde Cataluña: de 300 en 1935 a 65 en 1942.

Durante este periodo, las cooperativas que resisten, muchas de ellas en la clandestinidad, se convierten en el refugio y en la caja de resistencia de obreros señalados por el franquismo. Y los que no son encarcelados, esclavizados o desaparecidos, tienen que exiliarse.

Las cooperativas franquistas, sin principios

Tras la guerra civil, toda la economía está devastada y hay una situación de hambruna. “Lo que hace Franco es militarizar la producción y pone a la gente a trabajar bajo una disciplina jerárquica absoluta, recurriendo incluso al trabajo esclavo”, señala Carretero. Franco impulsa un cooperativismo basado en los postulados de autogestión falangista, que beben de la ideología de Mussolini: se borra de un plumazo los principios de la economía social y solidaria, como la equidad, la democracia o el reparto justo de la riqueza, y se ponen en marcha los sindicatos verticales.

En 1942 se aprueba la ley de cooperación franquista. A partir de aquí, la legislación obliga a contar en las juntas rectoras con algún miembro del glorioso movimiento nacional de las Jons, a acatar la disciplina sindical del movimiento y a asumir que cualquier miembro de la junta rectora podría ser destituido directamente y sin juicio por el delegado sindical provincial (siempre del régimen).

El cooperativismo franquista es principalmente agrario, por la pura necesidad de alimentar a la población y porque “meter capitales privados era imposible”, continúa analizando Carretero. Así, los agricultores siguen trabajando sus tierras pero bajo el control del régimen y muy vinculada a la Iglesia.

No será hasta los años 50 y 60, cuando el modelo económico franquista agoniza y necesita de mayor apertura, que comienza a reactivarse, aunque tímidamente, el movimiento cooperativo original

No será hasta los años 50 y 60, cuando el modelo económico franquista agoniza y necesita de mayor apertura, que comienza a reactivarse, aunque tímidamente, el movimiento cooperativo original, basado en los principios de Rochdale. Y lo hará de la mano de los cristianos de base, ya que generaban mayor simpatía en el régimen. Es el caso, del sacerdote José María Arizmendiarrieta, impulsor de movimiento cooperativo vasco y promotor del grupo cooperativo industrial más importante del mundo, Mondragón.

¿Y qué hay de las mujeres?

Cuando decidió comenzar su investigación, la historiadora Mar Masip asegura que muchos colegas la desanimaron: “No vas a conseguir nada porque no hay nada. No había mujeres cooperativistas porque estaban relegadas al hogar”. Sin embargo, después de dos años, esta investigadora ya ha conseguido reconstruir la historia de hasta 217 mujeres cooperativistas en el periodo de 1915 a 1939. En una conversación telefónica con El Salto, se percibe su pasión cuando habla de una mujer en concreto: Micaela Chalmeta (1863-1951). Fue una cooperativista y anarcosindicalista, escritora y traductora, propagandista y publicista, que contribuyó notablemente con sus escritos en la prensa y que promovió la creación de la Agrupación Femenina de Propaganda Cooperativista en 1932.

En 1913, Chalmeta escribió: “Es preciso que la mujer, sobre todo, sepa que es indispensable su concurso en la cooperación, y que hay que considerar esta arma como uno de los medios para secar en su origen una de las fuentes del capitalismo dominador”. Se refería al poder que tenían las mujeres a través de su consumo, pues eran ellas las que se encargaban de comprar y consumir, y si tomaban conciencia de ese poder, podrían empezar a emanciparse.

Tanto es así que Masip marca como punto de inflexión del papel de las mujeres en el cooperativismo catalán, y en el resto del Estado, la traducción y publicación que hizo la propia Chalmeta sobre una octavilla escrita por Honora Enfield, una pionera cooperativista inglesa: El poder de la cesta de la compra.

Gracias también al trabajo de investigación y documentación del proyecto Dones de foc i d’aigua (Mujeres de fuego y de agua), sabemos que hubo tres mujeres fundamentales a finales del siglo XIX que pusieron la primera piedra de lo que vendría después: la republicana radical Ángeles López de Ayala (1858-1926), la espiritual Amalia Domingo (1835-1909) y la obrera anarquista Teresa Claramunt (1862-1931), que crearon la primera entidad feminista en Cataluña: la Sociedad Autónoma de las Mujeres (1892-1898). Entre algunas de sus citas, destaca la de Claramunt: “Ni obreras explotadas en las fábricas, ni esclavas en el hogar o la familia. ¡Por una sociedad sin amos ni señores, comunista y libertaria, de hombres y mujeres libres!”.

Este lugar propio que las mujeres estaban construyendo, al tiempo que hacían la revolución con sus compañeros, quedó truncado por la dictadura franquista. Tal y como cuenta Masip en su libro, coescrito con Marc Dalmau, El movimiento feminista cooperativo. La Agrupación Femenina de Propaganda Cooperativista (1931-1939), tras el golpe de estado, unas mujeres se encargaron de la organización del abastecimiento, la cesión de sus locales, la elaboración de pan y la distribución de productos básicos. Y, otras, se lanzaron “arma al brazo a la lucha en las calles”. Lo que el franquismo tenía reservado para ellas, era justo lo que habían estado a punto de conseguir: la libertad.

Durante la época franquista, “existen algunas referencias a mujeres que trabajan en cooperativas principalmente textiles”, explica Mayka Muñoz, archivera de la Fundación 1º de Mayo. Señala que existía en los años del tardofranquismo mucha mano de obra femenina vinculada al Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Algunas de ellas impulsan cooperativas aprovechando el cierre de empresas quebradas debido a la crisis económica de 1973, “pero en general, tienen poco éxito”, señala Muñoz.

Concentración del Movimiento Democrático de Mujeres (MDM). Foto: colección fotográfica del AHT-Fundación 1º de Mayo.

Con todo, uniendo el relato de ellos y de ellas, Franco arrebata a la sociedad española un “potencial emancipador y transformador que después de 40 años de represión ya no tenía”, lamenta el cooperativista catalán Jordi García. “La gente roja, republicana y cooperativista tenía psicosis y no se atrevía a volver a intentarlo… Así es que hay que esperar casi hasta los años 90, salvando algunas excepciones, para que vuelva a surgir el cooperativismo de los años 30”.

Pero lo que todos los expertos y expertas coinciden es que aún a día de hoy, no se ha alcanzado esa época dorada del cooperativismo de primeros del siglo XX. Podría afirmarse, por tanto, que Franco le ha robado al cooperativismo y a la economía solidaria casi un siglo de transformación social y de impulso de un modelo económico alternativo que, quizá, y solo quizá, habría evitado muchos de los problemas que afronta hoy día la sociedad capitalista española.

Segunda entrevista de Río Arriba, el programa de entrevistas de El Salto TV, en formato podcast donde hablan con Brenda Chávez sobre consumismo, las consecuencias de dicho consumo, masculinidades tóxicas como las de Trump, mundo rural, consumo responsable, comunicación, economía social y solidaria y mucho más.

Brenda Chávez es periodista especializada en sostenibilidad, consumo y cultura. Autora de libros sobre la temática como Tu consumo puede cambiar el mundo (Atalaya, 2017) y Al borde de un ataque de compras (Debate, 2017). Además es colaboradora de El Salto y conduce el podcast Consuma Crudeza sobre consumo responsable.

Puedes escucharlo en la web del programa, en el canal de Spotify o en ivoox.

También disponible en formato vídeo en El Salto TV.

Los ecosistemas gallegos viven una amenaza sin precedentes en las última décadas. La macrocelulosa que la multinacional portuguesa Altri y la gallega Greenalia quieren instalar en el centro geográfico del país —con la complicidad de la Xunta— necesita de una confrontación por todas las vías posibles. Necesitamos gente en las calles demostrando la gran oposición social que tiene esta industrial: ya la tenemos. Necesitamos gente en las universidades demostrando científicamente los escenarios dramáticos a los que podríamos llegar si esta papelera consigue salir adelante: ya la tenemos. Necesitamos todas las fuerzas de la sociedad civil y, por supuesto, necesitamos medios de comunicación radicalmente independientes y críticos: esto, por desgracia, escasea y por eso lanzamos un crowdfunding.

En estos últimos meses, vimos más que nunca las costuras de los grandes medios públicos y privados de este país. Los vimos comprando el argumentario del Gobierno del Partido Popular financiados, eso sí, con ingentes cantidades de dinero público. Los vimos silenciando a las voces más críticas del pueblo gallego y también las de las vecinas y vecinos más afectados por esta bomba ambiental cuyos efectos recorrerán el río Ulla desde Palas de Rei hasta la ría de Arousa. Los vimos aceptando sin escrúpulos las campañas de publicidad encubierta a cambio de miles de euros para tratar de engañar a la opinión pública. Los vimos representando los intereses de las multinacionales y de los grandes partidos políticos a cualquier precio, aunque eso signifique esconder, tapar u ocultar la inmensa ola de oposición social que hoy corre por toda Galiza.

Desde O Salto hicimos algo a lo que ningún otro medio de comunicación se atrevió: investigamos, analizamos y señalamos las redes políticas y empresariales que están detrás de este proyecto. Les pusimos caras, nombres y patrimonio. Analizamos sus vínculos con la oligarquía gallega y colocamos el foco en las personas exactas que tienen el poder de decisión en este proceso y, por supuesto, en todas sus cómplices. También le dimos prioridad a las voces de las personas afectadas, comunidad y trabajadores/as que se oponen a vender su tierra y el futuro de su vida para la riqueza de unos pocos. E hicimos un reportaje documental, “Altri, a sede insostible” que movimos por Galiza y parte del Estado español, en el que son las personas expertas y vecinas las que explican los efectos devastadores que tendría Altri desde el punto de vista ambiental y social.

Pero queremos llegar más lejos y, por eso, te necesitamos para dar un nuevo salto.

¿Qué queremos hacer?

• Queremos seguir investigando los entramados empresariales de Altri y Greenalia.
• Queremos perseguir hasta el último euro de dinero público repartido por el gobierno del Partido Popular en la Xunta.
• Queremos fiscalizar el pasado de todos los representantes públicos y los responsables privados de esta barbarie ecológica.
• Queremos registrar todas y cada una de las movilizaciones contra la celulosa que ocurran en las calles del país.
• Queremos difundir todos los informes, artículos científicos y estudios que analicen con rigor los efectos de la construcción de esta fábrica.
• Queremos dar voz a las vecinas y vecinos de A Ulloa.
• Queremos escuchar las demandas de las mariscadoras y de los marineros de la ría de Arousa.
• Queremos reivindicar el trabajo de todos los colectivos ecologistas que trabajan sin descanso y a diario para frenar esta barbarie.
• Queremos acoger a las voces críticas de la sociedad civil que tengan algo que decir.

Nuestra diferencia es nuestra virtud: el financiamiento de la cooperativa que edita O Salto es en un 75% dependiente de las más de 10.000 personas socias que nos sostienen, puedes verlo en nuestras cuentas. No aceptamos publicidad que viole nuestro código ético, una exigencia única en el contexto mediático del Estado español.

¿A quién va dirigida esta propuesta?

Nos dirigimos a ti, que estás harta/o de ver como los medios tradicionales y de derechas ocultan las voces que te representan.

A ti, que acudiste a la histórica manifestación contra Altri en Palas de Rei o a la que desbordó el Obradoiro con una ola de dignidad o a la que resistió la lluvia de Pobra do Caramiñal.

Nos dirigimos a ti, que sabes bien lo que supuso para los ecosistemas gallegos la implantación de la celulosa de ENCE en la ría de Pontevedra o todas las explotaciones mineras del país desde Penouta hasta San Fins.

A ti, que en los últimos años viste la radicalización de la derecha mediática gallega con portadas y reportajes infames pagados, además, con tus impuestos.

Nos dirigimos a ti, que participas en las asambleas de tu organización, sea cuál sea, con el fin último de pelear por un mundo mejor, con ríos limpios y con industrias sostenibles.

A ti, que escribes, hablas y debates con todas las personas que te cruzas y que todavía se creen la propaganda de la Xunta y de Altri.

Nos dirigimos a ti, que aún crees en la necesidad de medios de comunicación críticos que trabajen por y para el cambio social y no para enriquecerse. Que sean horizontales, sin jefes ni grandes empresas detrás que los manipulen.

La experiencia del equipo de El Salto acumula más de 20 años, desde la creación de Diagonal trabajando con la mirada puesta en los movimientos sociales, que son a quién nos debemos, y cerca de 10 años desde la fundación de este proyecto. Nos acreditan nuestras investigaciones, leídas y referenciadas en la inmensa mayoría de los periódicos; nuestra influencia en la opinión pública y en las organizaciones sociales con nuestro trabajo periodístico; y nuestro respeto y escucha mutuos por la pluralidad de los movimientos de base.

La cooperativa que edita O Salto en todo o Estado español está conformada por cerca de 60 personas, con más de 200 colaboradoras y colaboradores implicados, más una asamblea independiente de diez personas que trabaja a diario en la elaboración de contenidos gallegos propios.

Puedes apoyar la campaña en Goteo: https://www.goteo.org/project/imos-empapelar-a-altri 

Las movilizaciones contra el turismo se paralizarán durante dos meses porque los manifestantes se van de vacaciones. Así titulaba recientemente El Mundo Today uno de sus artículos a propósito de la contradicción en la que se mueven muchos y muchas de los que hoy critican los excesos de la turistificación. Estamos en contra de la masificación de nuestros territorios, pero también queremos movernos, viajar y ver mundo. Cómo criticar el turismo cuando uno también es turista, o cómo limitar el turismo sin caer en el elitismo de que solo viajen los ricos, son preguntas que llevamos tiempo haciéndonos a propósito del debate sobre un sector que se ha convertido en un problema.

La organización Alba Sud, dedicada a un análisis crítico del fenómeno turístico, celebró la semana pasada en Barcelona su Escuela de Verano, un foro centrado en pensar alternativas progresistas a una política turística hoy día dirigida casi en exclusiva a engordar las cuentas de resultados de una industria que no deja de crecer, y que en 2024 aportó el 13% del PIB en España.

Ni virtuosismo moral ni responsabilidad individual

En Alba Sud rechazan un enfoque de “turismo responsable” basado exclusivamente en la responsabilidad individual de consumidores con conciencia. Recuerdan que las vacaciones fueron una de las grandes conquistas del movimiento obrero en el siglo XX, y por eso llevan años investigando sobre cómo defender el derecho al tiempo libre sin con ello seguir inflando una turistificación que expulsa a gentes de sus casas, masifica los lugares más demandados y consume una ingente cantidad de energía, agua y territorio. Una industria que además tiene en su base un empleo generalmente temporal y mal pagado. “Se trata de replantear el sujeto de la política turística, de las empresas a las personas” apunta Carla Izcara, integrante de Alba Sud.

La investigadora explica que el que el grueso de los fondos públicos se va hoy día a financiar infraestructuras, vuelos baratos, trenes de alta velocidad o grandes eventos que atraigan turistas, pero apenas a garantizar que todo el mundo tenga al menos una semana de vacaciones al año fuera de su casa, algo que no se pueden permitir el 33% de los ciudadanos en España, y casi la mitad de la población en comunidades como Andalucía.

“Incluso los viajes del IMSERSO, que son de lo poco que tenemos hoy de turismo social, están más pensados para llenar los hoteles en temporadas bajas que para que la gente mayor disfrute de vacaciones” explica Izcara, que también apunta que este servicio, a pesar de estar muy subvencionado, no llega “al escalón más bajo de la clase trabajadora”. Un escalón muchas veces ocupado por los propios empleados y empleadas de la industria turística.

Desde Alba Sud consideran que las salidas que hoy están sobre mesa al problema de la masificación son igualmente indeseables, ya que están basadas en la “elitización” de la actividad

La investigadora apunta a Francia como uno de los países europeos donde se sigue conservando una dimensión algo más social del turismo por parte del Estado, con viajes subvencionados a los jóvenes, y otras iniciativas para garantizar el acceso de todo el mundo a unos días de descanso fuera de sus casas.

Desde Alba Sud consideran que las salidas que hoy están sobre mesa al problema de la masificación son igualmente indeseables, ya que están basadas en la “elitización” de la actividad, es decir, en limitar el turismo por abajo y no por arriba, poner fin al low cost, y que solo viajen los más pudientes. “Turismo de calidad es un eufemismo para hablar de turismo para ricos, y no hay ricos para todos” explica Ernest Cañada, investigador de Alba Sud, sobre una solución que parece estar abriéndose paso en todas partes, y que advierte la izquierda no puede comprar acríticamente. En opinión del investigador, la competición por especializarse en turistas de gama alta supone transferir más recursos públicos a la industria turística, en lugar de invertirlos en ofrecer un turismo popular adaptado a los límites ecológicos del planeta.

Mirar a Latinoamérica

Con sede en Barcelona, pero una gran parte de su actividad e integrantes en Latinoamérica, Alba Sud mira con interés algunas de las experiencias desarrolladas en Latinoamérica, como el Plan Nacional de Turismo Comunitario lanzado en México por el Gobierno de Claudia Sheinbaum. El proyecto quiere promover un turismo gestionado desde lo local, a pequeña escala, en el que la actividad turística sea complementaria, pero no sustitutiva de otras formas de vida como la agricultura y la ganadería. El Plan también pretende que los beneficios del turismo reviertan en la propia comunidad y no acaben en manos de grandes cadenas hoteleras multinacionales.

En Alba Sud también ponen atención a los grandes complejos de Brasil y Argentina dedicados al turismo social, a precios populares, y con variedad de actividades deportivas y culturales para los huéspedes. “No es verdad que el turismo social tenga que ser algo cutre. La paradoja de Europa es que aquí nació el turismo social, pero hoy día está muy de capa caída”, explica Cañada.

Ejemplo de este declive del turismo social en nuestro país sería por ejemplo la situación de las antiguas ciudades de vacaciones edificadas por el franquismo en Perlora, Asturies, abandonada y a la espera de una nueva vida, todo apunta fuera de lo público, y la de Marbella, Málaga, en vías de privatización y desmantelamiento.

Iván Miró, del movimiento cooperativista barcelonés, presente en la Escuela, también planteó propuestas a la ofensiva como reivindicar el traspaso a la economía social de concesiones públicas a hoteles privados, con vistas así a crear un sector turístico alternativo, regido desde otros criterios.

Turismo de proximidad

Izcara apunta al “turismo de proximidad” como una alternativa popular y más ecológica a los destinos lejanos y exóticos a los que solo es posible llegar en avión, y también con vistas a descongestionar y redistribuir el turismo. Vías verdes, bosques, montes, ríos, embalses, playas, piscinas, parques o áreas recreativas preparadas para el uso y disfrute de la comunidad, son algunas de esas alternativas para un turismo de proximidad, recurrente, al que se pueda llegar incluso en transporte público, sin necesidad de vehículo privado. “Vacances en familia”, el programa de la Generalitat de Catalunya para promover el turismo interior a precios asequibles a través de la red de albergues catalana es un ejemplo de ese turismo de proximidad que puede funcionar además como un elemento positivo para las economías locales.

El abandono de algunos de estos espacios, muy concurridos en verano, es a veces la mejor muestra de los criterios clasistas de una administración que destina grandes recursos públicos a atraer turistas extranjeros, mientras no es capaz de arreglar un área recreativa con mesas y parrillas, construir una playa fluvial, mejorar el entorno de una piscina de pueblo o de barrio, o programar un cine al aire libre en una plaza. En opinión de Izcara las administraciones públicas deberían destinar más recursos a hacer atractivos y accesibles espacios cercanos “para el deporte, la naturaleza o simplemente estar descansando y vagueando”. La parrilla y el picnic dominguero fueron precisamente dos de las prácticas de ese turismo de proximidad que el antropólogo Sergi Yanes reivindicó en la Escuela, frente a la idea de “un ocio siempre productivo” en el que “todo el tiempo hay que estar haciendo cosas”.

«El turismo es simplemente ocio con desplazamiento, y eso se puede organizar desde los criterios del capital, pero también desde las necesidades de la mayoría social”, Ernest Cañada, investigador de Alba Sud

Unos usos espontáneos de los espacios naturales y urbanos que choca a menudo con unos poderes públicos que prohíben cumpleaños y encuentros de amigos en parques y playas, sancionan a los jóvenes que beben en plazas y parques, fuera de las terrazas, y limitan el juego de la infancia a áreas muy acotadas, en lugar de pensar la ciudad como “algo jugable”, un concepto que defiende Maria Truñó, de la Aliança Educació 360. ¿Qué sería esa ciudad jugable? Un hábitat más seguro, con más espacio público y menos coches, en el que los niñas y niñas tienen una mayor autonomía para moverse sin la necesidad adultos, algo especialmente útil en periodos vacacionales, cuando, como explicó Truñó, “se disparan las desigualdades entre los niños y niñas que pueden disfrutar de unas buenas vacaciones, y los que se pasan esas semanas pegados a las pantallas”.

«Si tenemos ciudades más vivibles y jornadas laborales más reducidas quizá no tengamos tanta necesidad de huir cada vez que hay oportunidad”, reflexiona Izcara frente a un mercado que ha equiparado vacaciones con industria turística. “El turismo es simplemente ocio con desplazamiento, y eso se puede organizar desde los criterios del capital, pero también desde las necesidades de la mayoría social” concluye Cañada, para el que las izquierdas no pueden seguir sin pensar y formular su propia política turística.

Si te interesa el turismo social y sostenible y buscas alternativas, no te pierdas estos recursos:

Para potenciar el periodismo audiovisual y explorar nuevos formatos que contribuyan a contrarrestar la pérdida de credibilidad de los medios y la desinformación reinante en las redes sociales, el Salto inaugura un nuevo estudio y dos nuevas líneas de programas de vídeo y podcast.

Río Arriba

Se trata de una serie de diez videoentrevistas en las que sumergirnos en las aguas revueltas de la economía, junto a invitados e invitadas que nos van a mostrar que se puede nadar contra la corriente y no ahogarse.

Conducido por Yago Álvarez Barba, coordinador de la sección de economía El Salmón Contracorriente, entrevista a diversos perfiles para analizar la coyuntura económica y política desde distintos puntos de vista, como el consumo, la energía, el ecologismo, la alimentación y otros enfoques. Pero siempre, eso sí, poniendo también el foco en las salidas y soluciones.

Todos los martes a las 17.30 ( desde el 15 de abril) en los canales de Youtube y Twitch de El salto (se podrán ver después en la lista de reproducción de Río Arríba en el canal de Youtube de El Salto)

There is Alternative

Un podcast para darle la vuelta al eslógan lanzado en los 80 por el gobierno conservador de Margaret Thatcher para justificar que no existen alternativas a la economía de mercado y al capitalismo neoliberal. Genoveva López y Yago Álvarez se dedicarán a desmontar este manido mantra del capital y demostrar que sí hay alternativas de consumo más éticas y amigables con el planeta. Se estrenará el próximo jueves 24 de abril a las 6 de la mañana, bien prontito para que lo puedas escuchar en la ducha o mientras desayunas. Si te has perdido alguno, lo podrás encontrar en web, en iVoox o Spotify.

A lo largo del año se sumarán otros que ya se están preparando para sacarle el máximo partido a este nuevo estudio, entre ellos un podcast semanal sobre temas de actualidad. Esta nueva apuesta de El Salto, como establece el medio, quiere hacer hincapié en un periodismo situado y de soluciones, que destaque aquellas iniciativas que no tienen cabida en los grandes medios y que, más que nunca, es imprescindible que la ciudadanía las conozca.

Fuente: El Salto.

Las relaciones entre REAS RdR y El Salto que este convenio viene a impulsar vienen de lejos. Ambas organizaciones son parte de la Economía Solidaria, confluyendo así entorno a marcos económicos más justos, sostenibles y transformadores. En este marco y desde sus respectivos perfiles, REAS RdR y El Salto son agentes claves promotores de este otro modelo económico, desde el que ambas organizaciones comparte el objetivo común de transformar el mundo desde la generación de otro modo de hacer economía.

El Salto como cooperativa que es y como socia de REAS RdR en muchos territorios apuesta firmemente por la Economía solidaria, y por ello su labor informativa se hace eco de las realidades del ecosistema de la ESS desde hace años. En este marco ofreció a REAS RdR uno de sus primeros blogs, el blog de MeCambio, que lleva haciéndose eco de las novedades y reflexiones del movimiento desde 2017. Este espacio ha sido, así mismo, la plataforma de numerosos podcast y directos de twitch que han permitido a REAS y la Economía Solidaria generar debates y abrir espacios de encuentro y diálogo sobre

Así mismo, El Salto (anteriormente Diagonal) ha sido un agente histórico clave en la articulación y promoción del Mercado Social. El fomento de la difusión de las alternativas existentes en el marco de la ESS, de formas de producción, distribución y consumo social y medioambientalmente responsables, son el común denominador en el que un medio cooperativo, horizontal e independiente como El Salto se encuentra e identifica con la importante labor que REAS RdR desarrolla por todo el Estado español.

Este convenio que ahora firman, viene por tanto a formalizar “El vínculo con REAS RdR que viene desde los tiempos de nuestro antecesor, el periódico Diagonal, por lo que para El Salto esta alianza es un paso natural con el que apostar por un enfoque social, sostenible y solidario de la vida, más allá de la estrictamente periodístico”, como afirma Marta Bonet, responsable del Área de Socias de El Salto.

Por su parte, desde RdR, Blanca Crespo, coordinadora y responsable de comunicación destaca la importancia de “acuerdos como éste, claves para aumentar la visibilidad y el impacto de la Economía Solidaria, que encuentra especial apoyo en medios cooperativos como El Salto, medio independiente que además aborda muchas de las temáticas que son importantes para las empresas de la economía solidaria y las personas que apuestan por un consumo crítico y transformador”.

A la salida de un cole público de Barcelona, varias familias hablan de la cesta de la compra: del encarecimiento de algunos productos, de lo mucho que se gasta al mes… La que escribe, que lleva defendiendo la soberanía alimentaria y la compra de proximidad desde hace décadas, escucha la declaración de una madre y me desmorona: “nosotras ya no podemos comprar en los mercados municipales”.

Los datos confirman porque esta familia se ha resignado a comprar en “supermercados baratos”: un informe reciente de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) señala que entre 2019 y 2024 la cesta de la compra en España se ha revalorizado un 14% más que los salarios, la tercera mayor brecha entre los países que forman la organización. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el precio de la cesta de la compra mensual por persona es de 310 euros.

Seguiré con el ejemplo de la familia: si el salario medio en España es de 26.949 euros brutos, significa una entrada de ingresos al mes neta, contando las dos personas adultas, de 3.650,24€. Teniendo en cuenta que el piso medio en Barcelona de alquiler, son 1.200 euros, el 33% del presupuesto se va para el alquiler. Recordemos que la familia es de 4 miembros: el gasto en comida al mes de es 1.240 euros: un 34% se va a la cesta de la compra.

Si seguimos la famosa regla financiera doméstica del 50-30-20 (50% para gastos obligatorias, 30 para opcionales y 20 para el ahorro), señoras, ya no llegamos. Y quiero recordar que es la misma OCU la que recomienda que el gasto en alimentación esté entre el 5 y el 15% mensual. Del 15 al 34% la cosa está muy, pero que muy subidita de tono.

Pero ahora sumemos el cambio climático: se nos vienen DANAs, calores extremas y sequías meses sí, meses también. Por lo que se nos pide contaminar menos, reciclaje, reducción de consumo y sostenibilidad a todas horas y por todas partes: también en nuestra alimentación. Le llaman alimentación sostenible. Básicamente se trata de consumir de proximidad, de temporada y a poder ser, ecológico. Un trío que beneficia a nuestra salud, a nuestro entorno (social y económicamente) y a nuestro planeta. Precioso, ¿verdad? ¿Pero podemos sostenerlo?

¿Es posible consumir sosteniblemente y no arruinarse en el intento?

Para saber de primera mano qué se puede hacer para no tener que tirar solo de comida barata hemos hablado con tres expertas en alimentación sostenible. Con un grupo de consumo local, una empresa de venta de productos de circuito corto y con la Jefa de Sección de Políticas Urbanas Alimentarias del Ajuntamiento de Barcelona.

Jose Royo es de L’Aixada: una asociación autogestionada nacida en el barrio de Gràcia de Barcelona a finales del 2003. Esta asociación ofrece la práctica totalidad de productos que requiere una alimentación saludable y equilibrada, incluídos productos como el pescado, en que “la oferta ecológica es muy baja, apostando nosotros por la pesca sostenible de proximidad de pequeños pescaderos de lonjas catalanas”, explica Royo.

Pero vamos al lío: ¿se puede consumir en un grupo de consumo y que sea sostenible para el bolsillo? Jose nos aclara: “Es cierto que el consumo de productos ecológicos tiene un coste económico en términos absolutos más elevado que los productos de producción convencional. Pero esto es así porque la producción convencional no internaliza los costes medioambientales que supone su existencia, que pagamos entre todos, tanto los que consumimos producción ecológica como los que consumen productos de producción convencional”. Y acota Royo respecto a la compra diaria: “podemos reducir el coste no consumiendo determinados productos, como bebidas azucaradas o agua embotellada, o reduciendo y generando un consumo más consciente: a granel, reduciendo del desperdicio alimentario, evitando la compra de productos exóticos y lejanos, fomentando la autoproducción, aprendiendo a almacenar…”

También hay una cuestión de prioridades, matiza Royo: “¿cada cuánto te compras ropa o zapatos? ¿qué consumo cultural practicas? ¿tienes coche o usas transporte público? ¿vas de restaurante o compras comida rápida cada mes? ¿haces turismo y de qué tipo? ¿qué consumo energético generas? Estas y otras cuestiones pueden tener una repercusión mucho más determinante en el presupuesto familiar que el coste de la cesta ecológica respecto a la convencional. Es una cuestión de prioridades. Se puede tener un bajo poder adquisitivo y consumir ecológico”, sentencia este consumidor.

Bien es cierto pero, que los grupos de consumo en España van a la baja: la aparición de supermercados bio, estanterías eco en súpers convencionales y comercios locales dedicados al producto ecológico, de temporada y proximidad ha hecho disminuir estos grupos autogestionados con un alto costo de dedicación y esfuerzo para el día a día de un capitalismo com horarios frenéticos.

También han surgido iniciativas híbridas entre la compra tradicional y la autogestión: es el caso de La Colmena Dice que Sí (LCDQS). Un sistema de compra online que se recoge en tiendas de proximidad y que solo fomenta productores de circuito corto. Este sistema muestra de forma transparente en cada una de tus compras qué le pagas al productor, qué a La Colmena y qué pequeño porcentaje se lleva el comercio de proximidad donde recoges tu cesta.

A La Colmena también le hemos pedido qué hacer para comprar de forma sostenible pero sin vaciar el bolsillo: “si bien es cierto que algunos productos pueden tener un precio ligeramente superior a el de los supermercados tradicionales, debemos tener en cuenta que el valor que pagas refleja un precio justo por una alimentación de calidad, local y respetuosa con el medio ambiente. Y apostando por productos de temporada y realizando compras conscientes (planificar las comidas, evitar el desperdicio), es posible controlar el gasto semanal”, explica Anna Garcia, Responsable de Comunicación de LCDQS.

¿Comer de forma sostenible es una responsabilidad individual?

¿Queda toda la responsabilidad de consumir sosteniblemente en manos de nuestras cestas y bolsillos? Todos los entrevistados piensan que no. Y en este sentido, LCDQS acaba de lanzar una campaña a nivel europeo bajo el lema “Relocalizemos el sistema alimentario” a través de una petición en Change.org. La campaña busca presionar a las instituciones europeas para modificar las políticas alimentarias y facilitar el acceso a productos de proximidad, promoviendo un modelo más justo y sostenible para todo el mundo.

Una de las administraciones de España que lleva más años insistiendo en promover la alimentación sostenible es el Ayuntamiento de Barcelona. En 2021 fue Capital de la Alimentación Sostenible y desde su Sección de Políticas Alimentarias Urbanas han desarollado toda una Estrategia para conseguir que esta alimentación sea toda una realidad en el máximo de ámbitos posibles. Hablamos con Montse Mateu, Jefa de Sección: “lo primero a tener en cuenta es que este tipo de alimentación actualmente no dispondría de la suficiente oferta como para garantizar la alimentación a todos los y las barcelonesas. Pero el porcentaje que existe sí tiene sus canales para llegar a la ciudad: existen diferentes inciativas que ofrecen una distribución de venta directa o circuito corto, que permite que la producción de pequeños productores locales llegue al comercio de proximidad, a la restauración… Puedes encontrar este tipo de producto señalizado, en la red de mercados municipales, bajo el programa “Comerç Verd”; o en los supermercados cooperativos; los grupos de consumo responsables; los mercados de productores; o en el comercio de proximidad.

La Estrategia del Ayuntamiento de la capital catalana busca la mayor accesibilidad a estos alimentos: “una parte importante es cuidar el orígen (la pesca sostenible, los productores de proximidad…), luego generar circuitos cortos de distribución, y coordinarnos con las administraciones que tienen competencias en alimentación para facilitar el desarrollo de iniciativas que favorezcan la conexión del mundo rural (productivo) con el urbano (consumor/a). Y generar compra pública alimentaria es clave porque es dónde tenemos competencias: comedores sociales, comidas a domicilio, cáterings y vendings municipales… Aplicar una normativa que garantice criterios de sostenibilidad está en nuestras manos”, cuenta esta Jefa de Sección.

Mateu reconoce que regular los precios es complejo. ”Éste viene determinado por el mercado, en el caso del producto alimentario, lo largo de toda la cadena de valor se va incrementando. Temporalmente el gobierno estatal puede reducir el IVA sobre alimenntos básicos. En todo caso, si se incrementa la demanda, puede facilitarse el incremento de oferta y ello puede repercutir en el precio. Pero recordemos que es necesario garantizar precios dignos para los comerciantes y los productores”, recuerda Mateu. Y más allá del precio, es necesario insistir en explicar qué significa alimentación sostenible: “el término tiene muchas capas: es importante explicar bien lo que significa que los productores puedan producir bajo condiciones dignas, y respetuosas con el territorio y el medio ambiente, qué significa transformar los alimentos, cómo funcionan los canales de distribución y por qué es importante que sean de circuito corto, la venta y el consumo consciente y responsable. Si no damos mensajes fáciles de entender, la ciudadanía no captará la importancia de la alimentación saludable y sostenible”, recalca Mateu.

Así las cosas, seguiremos informando.

Nuestro dinero es un aval que valida las prácticas de aquellas empresas donde consumimo, pero ¿son estas empresas a las que acudimos a diario para vestirnos, alimentarnos, movernos… coherentes a nuestros valores o más bien todo lo contrario?..

En esta temporada top del consumismo que es la navidad, queremos ponerle cabeza a esto del consumo para que sea “consciente”, “crítico” y “trasnformador”. Pero, ¿cómo hacemos para escapar de la ola consumista y que este consumismo no nos consuma a nosotras? Y de los cantos de sirena del green-pink-social washing ¿hay escape? ¿Qué alternativas tenemos en la Economía Solidaria para ejercer nuestro derecho a un consumo crítico? ¿Son suficientes para vivir fuera del capitalismo? ¿Llegan estas propuestas a amplias capas sociales o son un reducto de convencidas?…

Reflexionamos sobre todo éstas y otras cuestiones en el último twitch de la temporada, donde hemos recorrido, programa a programa los principios que alumbran la ESS y la herramienta de Auditoría/Balance con la que anualmente se evalúan las entidades en un ejercicio de transparencia y compromiso de mejora del que son referente. Puedes consultar todos los programas de la serie de 2024 en este blog y en la página de mercadosocial.net.

Y lo hablamos en un programa muy especial sin entidades, donde Blanca Crespo, de REAS RdR y co-presentadora de este espacio entrevista a Brenda Chávez, periodista especializada en consumo, cultura y sostenibilidad, co-presentadora también de MeCambio que pasa en este programa al perfil de entrevistada.

Último programa de esta serie. ¿Te lo vas a perder?…

Conducción y guión: Blanca Crespo y Brenda Chávez
Coordinación y mandos técnicos: Susana Ortega
Edición de podcast: Susana Albarrán

En este programa queremos hablar de ella, de herramienta de Auditoría/ Balance Social, con la que se busca medir el desempeño empresarial en ámbitos como la sostenibilidad ambiental, la equidad, el trabajo digno, la cooperación, el reparto justo de la riqueza y el compromiso con el entorno, los principios que llevamos conociendo todo este año.

De ello se hace eco, el informe estatal de la ESS, presentado el mes pasado en un acto online, que contó con representación institucional y una mesa de expertas invitadas que analizaron los resultado.

Como datos generales, este 2024 se destaca la participación de 685 empresas y organizaciones, representando un total de 861 millones de euros en ingresos y 841 millones en gastos. Destacó el papel de estas organizaciones en la lucha contra la desigualdad, el cambio climático y la promoción del trabajo digno. Incluyó a 15 redes territoriales y 5 sectoriales, involucrando a más de 20.000 trabajadoras, unos 30.000 voluntarias y cerca de 170.000 personas asociadas, con una participación femenina del 60%.

Este proceso de evaluación y transparencia que cumple una década y que busca la mejora interna de las entidades también se repiensa y perfecciona año a año. Por este motivo, este 2024 ha incorporado como novedad las categorías de persona autónoma y de diversidad.

Para conocer más a fondo el panorama de la Economía Social y Solidaria este año, nos encontramos con entidades que han obtenido grandes resultados en el proceso de este año. Conversamos con ellas para conocer por qué realizan esta práctica de transparencia, cómo la llevan a cabo y qué aprendizajes han sacado de los resultados de este 2024.

Con:

• Otro tiempo
• Fundabem Verde
• Ekhilur
• Ana Maketa
• Fundació Deixalles

Os invitamos a verlo en:

Conducción y guión: Blanca Crespo y Brenda Chávez.
Coordinación y mandos técnicos: Susana Ortega
Edición de podcast: Susana Albarrán

Las películas que consumimos son parte importante de la receta de la revolución cultural que tanto ansiamos para construir sociedades más justas y sostenibles. El cine es una potente herramienta de transformación y así nos lo ha demostrado la historia. Desde películas que son capaces de cambiar la mirada social sobre un tema complejo, como “Mar adentro” de Alejandro Amenábar y el derecho a una muerte digna, hasta cintas que normalizan la diferencia, como “Campeones” de Javier Fesser, que supuso una revolución al demostrar que la diversidad puede ser protagonista delante de la cámara, y que las personas con diversidad funcional también pueden optar a puestos de trabajo en el equipo técnico de una producción cinematográfica. Poca gente sabe que “Campeones“ fue, además, producida por Morena Films, una de las productoras pioneras en integrar mecanismos de sostenibilidad en sus procesos de producción por inquietud e iniciativa propia.

Desde hace unos años, la industria cinematográfica, una de las más contaminantes, se ha puesto manos a la obra para reducir el impacto ambiental negativo de sus producciones. Sellos, calculadoras de carbono e incentivos de financiación llevan encima de la mesa ya unos años, y con esta tendencia, surgen nuevos nichos de mercado y, por supuesto, soluciones a medias que a veces son rebuscados lavados de cara.

Con todo esto, ¿es posible acercar el mundo de la producción audiovisual y la Economía social y solidaria para seguir cocinando un cambio cultural real?

Integrando la Economía social y solidaria en el cine

En el informe técnico “La situación actual de los aspectos de sostenibilidad en el sector audiovisual en España y Europa” publicado por Spain Audiovisual Hub, se resalta que uno de los principales obstáculos que encuentran los profesionales del cine a la hora de implementar planes de sostenibilidad es la falta de opciones éticas en la cadena de valor del sector audiovisual.

En el proceso de producción de una película intervienen cientos de profesionales que requieren de una amplia variedad de servicios. Desde personas vestuaristas, decoradoras, maquilladoras, eléctricas, transportistas… y a todas esas personas hay que cuidarlas. En los rodajes, se alimentan, utilizan hospedajes, transporte, energía, agua y materiales de distinta naturaleza.

Cuando se habla de rodajes sostenibles, hay varios estándares y la idea es, por un lado, ir mejorando los procesos y, por otro, conseguir que implementar acciones realmente eficaces y sostenibles sea algo más que chequear una casilla de una subvención. Y en este sentido, la Economía Social y Solidaria y su gente, puede aportar una visión que las personas trabajadoras del cine están empezando a incorporar.

Compartir la experiencia, los retos, obstáculos y placeres de emprender o reconvertir una actividad económica hacia criterios más éticos, pasa por acercar ambos mundos. Un paso interesante es considerar las necesidades de una producción cinematográfica y ofrecer soluciones más sostenibles desde una mirada transversal que tenga en cuenta el entorno ambiental, que propicie un intercambio económico local y que, finalmente, haya un beneficio social.

Una de las formas que se están empezando a poner en marcha es incorporar empresas y cooperativas de los mercados sociales a las producciones. El cine necesita diversidad de proveedores: catering, asesorías medioambientales, formación a equipos, asesoría energética para rodajes sostenibles, y temas de arte como vestimenta de segunda mano, decorados desechables, cosmética natural para actores y actrices e incluso organizaciones no gubernamentales a quienes donar material sobrante de todo tipo.

Hay varios ejemplos, como “Hilo Doble” en Málaga, una empresa de integración social que fabrica bolsos, carpetas y fundas de libreta a partir de las inmensas lonas que se ponen en los cines para publicitar las películas. O Ecoeko Cosmética Consciente, cuyos productos están cada vez más presentes en los departamentos de maquillaje y peluquería para figurar a las actrices y actores que tienen trabajos muy intermitentes y precarios, y que encima, cuando trabajan, se ven expuestos inevitablemente a productos tóxicos en sus cuerpos.

En la actualidad, los rodajes sostenibles tienen en cuenta sobre todo la parte medioambiental de impacto. Lo que la Economía Social y Solidaria podría aportar es esa otra mirada más integral en la que esa actividad económica que genera el cine pudiera generar impacto económico en el entorno, contratando servicios y colaborando con negocios locales que puedan fortalecer el eje económico de la sostenibilidad, e introduciendo la economía de los cuidados y la importancia de los procesos para propiciar un mejora social en los equipos profesionales.

Y ahí es donde los Mercados Sociales pueden suponer una buena vía de entrada para que compañías productoras de cine y proveedores éticos encuentren una manera de contagiarse, “ecofemininísticamente” hablando.

Esta oportunidad de compartir se dió, por ejemplo, en la última edición de GENERAMMA, Festival de cine realizado por mujeres de Chiclana de la Frontera, en Cádiz. En todas sus ediciones, la organización del festival dedica una jornada a la sostenibilidad y el pasado septiembre, la sesión se dedicó a debatir sobre cómo aplicar la economía de los cuidados al mundo del cine. Además de la charla inspiradora de Astrid Agenjo, economista feminista de la Universidad Pablo Olavide, se celebró una mesa redonda en la que productoras de cine y representantes de la Economía Social y Solidaria pudieron escuchar las necesidades de ambas partes y compartir una visión estratégica de colaboración futura.

El mensaje también impacta

Al final, cuando una industria tan grande como la del cine intenta virar hacia lo sostenible, puede acabar haciendo un lavado de cara y utilizando coches eléctricos sin revisar su política de traslados o creyendo que plantando unos cuantos pinos, compensa la huella ecológica de una producción. Y no es tan simple. La idea es hacer consciente a la industria del cine de su impacto y acompañar en el aprendizaje de distinguir entre exigencias imperantes y necesidades superfluas.

El cine es un arte y la mejor herramienta para entendernos como especie. Nos ayuda a mirarnos y cuestionarnos, y las que estamos dentro entendemos el cine como una actividad en la que hay que cuidar tanto el proceso, -la producción y su huella-, como el resultado, -la película y su mensaje-.

La esperanza es que cambiando la forma de producir a través de la economía de los cuidados (en vez de la metodología de la “sostenibilidad” mal entendida), empiece a cambiar el discurso y dejemos de ver tanto True Crime y empecemos a consumir más True Change.

Un artículo de Óscar Cernada (Labox Marketing y Comunicación) para Me Cambio, nuestro blog en El Salto

La teoría económica tradicional (capitalista y heteropatriarcal) nos dice que mejorar la productividad es una necesidad. Que siempre debemos optimizar nuestros recursos para lograr más con menos. Desde esa perspectiva las personas no son más que meros medios que usa la empresa para mejorar sus resultados, sin importar su bienestar.

Lo bueno de todo esto, es que cada vez hay más empresas que se están dando cuenta, ya sea por egoísmo o por visión empresarial, que si no hay una política de cuidados, no hay futuro; la rotación de personal aumenta, la motivación (engagement para las más modernas) disminuye y eso se nota en las cuentas.

De reflexiones mucho más profundas, incluso trabajos más transversales, han salido muchas políticas que hemos implantado en nuestra entidad (Labox somos una agencia de comunicación dentro de REAS, formada por 9 personas), como crear una bolsa extra de horas para autocuidados dentro de nuestro calendario de trabajo o la posibilidad de reducir nuestras jornadas siempre que lo necesitemos, con complemento salarial y sin una justificación.

Todo esto ayuda y va en la dirección de visibilizar el trabajo reproductivo y darle el espacio que ha perdido, o tal vez nunca tuvo. Pero, entonces, ¿el productivo debe ser como es o hay también otra manera de hacer las cosas?

Pequeños cambios, grandes resultados a largo plazo

Fenómenos como “La Gran Renuncia” sirven como ejemplo de que no todo es el sueldo a final de mes y como hay muchos otros factores que hacen que las personas seamos más felices en una empresa, y como esto, además, repercute en la productividad.

A veces para cambiar algo, no es necesario dar un giro de 180 grados. La clave está en modificar pequeñas dinámicas arraigadas en nuestro día a día, que damos por normales, por el simple hecho de que los hemos convertido en rutina. Y ahí es donde, si nos enfocamos en el ámbito laboral, además de perder productividad, hacemos daño a nuestra salud.

Como nos explica James Clear en su aclamado ensayo Hábitos atómicos “Los pequeños hábitos se acumulan en resultados notables… Si puedes mejorar un 1% cada día durante un año, terminarás siendo treinta y siete veces mejor al final.”

Por eso es interesante empezar a plantearnos pequeñas acciones que podemos y debemos cambiar en nuestro día a día laboral, para lograr estar menos estresadas y más felices. Y esto conducirá indirectamente a una productividad mayor, basada en patrones saludables que de nuevo, aumentarán nuestros niveles de bienestar.

Menos es más

Uno de los cambios más sencillos de explicar y a la vez más difíciles de aplicar es priorizar y elegir. Si estamos en la era de la infoxicación, también lo estamos en la del estrés y la del “no me da la vida”. Algo tan sencillo como alargar la periodicidad de ciertas tareas triviales podría darnos esos minutos extra que siempre nos faltan para llegar al final de la jornada. ¿Es realmente necesario ese informe o reunión que hacemos semanalmente? Piénsalo detenidamente, seguro que encuentras algo que sobra.

En esa misma línea es importante que reflexionemos sobre nuestras comunicaciones. En una oficina habitual, a veces pasamos más tiempo haciendo de routers humanos que resolviendo realmente problemas. Si no aportas en una cadena de mails, no respondas y evita poner en copia a todas aquellas personas a las que el mail no les aporta valor. Evitemos el bombardeo desproporcionado de notificaciones que generamos al resto, haciendo que vivamos constantemente en alerta, esperando a que llegue el siguiente mensaje que leer o contestar.

Hablemos de la monotarea y la concentración

El ser humano no está hecho para realizar varias tareas a la vez de manera continuada. Este hecho, contrastado en varios estudios científicos, no parece detener la cada vez más habitual frenética vida a la que sometemos nuestros cuerpos. No respetamos el espacio de las demás personas. Además, las oficinas de hoy en día, pensadas en ocasiones más para el diseño (bonito) que para el éxito, actúan en contra: Espacios abiertos donde fluyen las ideas, sin lugares donde poder encontrar ese estado de concentración que necesitamos para los trabajos de más valor.

En empresas de servicios, donde cada proyecto o cliente que atendemos supone solo una pequeña parte de nuestra jornada, tenemos que ser capaces de encontrar momentos de desconexión del entorno que nos rodea. Para ello, es vital una cultura corporativa acorde y no penalizar a la persona que decide pedir que no la molesten durante 90 minutos seguidos. Tener un espacio de tiempo donde la gente respete esto es esencial. Si funcionáis con chats (Ej: Slack o Teams), cread un estado que se pueda activar varias veces a lo largo de la semana, para esas tareas que necesitan toda tu atención. Si tenéis cuentas de correo compartidas, poned horarios de acceso, para que haya momentos del día en los que no preocuparte por ellas.

Motivación y respeto

Hay que tener en cuenta si un trabajo genera rechazo. La motivación es clave en un puesto de trabajo. Si algo no nos gusta, lo hacemos normalmente peor, nos quema y a la larga puede ser un detonante para huir de ello. Por eso, como nos dice la economía alternativa, las personas deben estar en el centro de nuestra estrategia y debemos tener en cuenta los sentimientos que provocan las tareas a las que nos sometemos diariamente.

Por último, me gustaría destacar la importancia de desconectar del trabajo cuando salimos de este. Hasta empresaurios como Bill Gates acabaron dándose cuenta que sobreoptimizar la eficiencia acaba generando productividad tóxica.

Pensemos muy bien cuando vamos a molestar a alguien fuera de su horario, pero también vigilemos el cerrar bien nuestra jornada. Una buena rutina, como dar un paseo, tomar un té o simplemente, para personas que teletrabajan, cambiar de espacio en la casa, son claves para avisar a tu cerebro de que puede relajarse.

No todo es productividad en la vida y si trabajamos por un mayor bienestar en nuestro trabajo, lograremos un equilibrio sano y rentable a largo plazo tanto para las personas, como para las empresas.

** Este artículo está inspirado en la píldora formativa del encuentro de #ComunESS

El derecho a la vida, la libertad y la seguridad es algo que muchos en el mundo dan o daban por sentado. El artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama estos derechos como universales, pero en la Franja de Gaza esta proclamación se hace añicos cada día, alguien diría desde el pasado 7 de octubre otros desde hace décadas.

En el transcurso del último año, más de 41,615 personas, principalmente niños y mujeres, han sido asesinadas por las fuerzas ocupantes israelíes, y más de 96,359 han resultado heridas en la Franja de Gaza. El genocidio del pueblo palestino ocurre ante la inacción de la comunidad internacional.

Lo que sucede en Gaza es más que una simple tragedia; representa un recordatorio desgarrador de cómo la ocupación israelí que desde décadas ha arrasado las vidas de millones de palestinos. Los gobiernos de ocupación persiguen una política expansionista caracterizada por la confiscación de tierras, la construcción de asentamientos ilegales, el bloqueo de Gaza y los constantes bombardeos.

A pesar de las resoluciones de la ONU, como la Resolución 242, que exigen la retirada de los territorios ocupados, Israel las ignora de manera sistemática con la aquiescencia de la comunidad internacional. Los esfuerzos recientes del Consejo de Derechos Humanos para condenar la violencia han fracasado en detener este ciclo de destrucción.

El conflicto se perpetúa, en gran medida, por el comercio internacional de armas. Israel es uno de los actores principales en este mercado global, con su industria de armamento valorada en miles de millones de dólares. Entre 2016 y 2020, exportó armas a más de 130 países, generando más de 7,200 millones de dólares en ventas anuales, siendo Europa uno de sus principales compradores. El informe La Banca Armada y su corresponsabilidad en el genocidio en Gaza, del Centre Delàs recientemente publicado así lo constata. Este documento aborda en profundidad la financiación de las empresas que fabrican las armas usadas en las masacres contra la población palestina, poniendo el foco en el negocio de los bancos y las empresas de armas que se están lucrando de la ofensiva israelí sobre Gaza

De acuerdo con Amnistía Internacional, gobiernos occidentales, incluyendo España, han continuado vendiendo armas a Israel, a pesar de las evidentes violaciones de derechos humanos. En 2023, España ha exportado material militar a Israel por un valor de 12.5 millones de euros, en contravención de sus propios marcos legales que prohíben la venta de armas a países en conflicto o donde se producen abusos a los derechos humanos. El embargo de armas, como indica el manifiesto “Por el Fin del Comercio de Armas con Israel”, es una obligación moral y legal que los gobiernos no pueden evadir.

Activismo y solidaridad

Ante la maquinaria bélica promovida por las élites económicas y políticas, el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) ha surgido como una eficaz forma de resistencia no violenta contra la ocupación. Fundado en 2005 por la sociedad civil palestina, el BDS ha logrado victorias significativas, presionando a grandes compañías como Veolia, Orange y G4S para que retiren sus inversiones de Israel.

En este contexto, el boicot promovido por el movimiento BDS, al que se ha unido REAS, no es meramente simbólico. Es un imperativo ético, una herramienta efectiva para oponerse no solo al comercio de armas, sino también para promover formas de consumo que no financien el genocidio y promuevan la defensa del derecho humano en el mercado internacional. Este boicot es una de las muchas formas en las que el movimiento global desafía las estructuras económicas que sostienen la ocupación y las violaciones de derechos humanos en Palestina.

El manifiesto “Por el Fin del Comercio de Armas con Israel” recuerda que España, como firmante de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, tiene la responsabilidad de poner un alto a este flujo de armas. Cada proyectil que no se vende y cada empresa sancionada es una victoria en defensa de la vida. Mientras Oriente Medio sigue en llamas y el conflicto se ha extendido a Líbano, Siria y Jordania, el compromiso con la vida debe ser más fuerte que nunca.

La solidaridad y los promoción de los derechos humanos también se refleja en la incidencia política y la presión coordinada hacia los gobiernos y la comunidad internacional. Esto incluye demandas como un alto el fuego inmediato y permanente, la ruptura de relaciones comerciales y diplomáticas con Israel, el fin de la ocupación y del apartheid, así como la entrada de ayuda humanitaria. También implica la participación activa en movilizaciones como la huelga del pasado 27 de septiembre y las protestas y la marcha en Madrid convocadas por la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) los días 5 y 6 de octubre, evidenciando cómo la sociedad civil puede exigir justicia.

REAS, como movimiento de la Economía Solidaria, se une a estos esfuerzos, comprometiéndose no solo a la transformación económica a nivel local, sino ejerciendo la acción en alianza con el movimiento internacional por la justicia global. Un movimiento que desafía las estructuras de poder que perpetúan la violencia y la explotación. La economía solidaria desafía estas dinámicas, promoviendo alternativas fundamentadas en la justicia y la cooperación. Parte de ese compromiso se manifiesta a través de las iniciativas de comercio justo, realidad que toma su origen de los movimientos de paz y de defensa de los derechos humanos de los campesinos del Sur Global y que extiende la solidaridad para construir puentes entre pueblos.

El capitalismo ha convertido la guerra en un negocio lucrativo. Las potencias mundiales continúan vendiendo armas y tecnologías de vigilancia a Israel, mientras que las multinacionales aprovechan los recursos de los territorios palestinos. Esta deshumanización es un subproducto de un sistema que prioriza el lucro sobre la vida. Por esto, más que nunca, los movimientos que defienden la vida, como la economía solidaria, son fundamentales. Este movimiento es parte de un contexto más amplio: una lucha global que rechaza el capitalismo destructivo y pone en el centro la sostenibilidad de la vida. En el reconocimiento de los Derechos Universales, no podemos aceptar que el genocidio en Gaza se normalice. Cada acción, desde el boicot a productos que financian el conflicto hasta las campañas de presión contra los gobiernos que comercializan armas, resulta esencial para mantener viva la esperanza. La economía solidaria, junto a movimientos como el BDS, aunque a veces parezcan pequeños frente a la magnitud del conflicto, son cruciales para reforzar un movimiento global basado en la justicia y la solidaridad. Porque sea un explotador o un genocida, tenemos la obligación de posicionarnos frente al opresor para celebrar el derecho a una vida compartida.

En una situación donde el conflicto en Gaza parece interminable, donde las resoluciones de la ONU no tienen efecto, y donde el comercio de armas sigue alimentando la violencia, la solidaridad internacional se vuelve esencial. Es urgente fortalecer iniciativas como el BDS, promover el comercio justo y ejercer presión sobre los gobiernos para que detengan las ventas de armas a Israel y rompan relaciones comerciales y diplomáticas con el régimen israelí.

En un contexto donde el conflicto en Gaza parece no tener fin, donde las resoluciones de la ONU quedan sin efecto, y donde el comercio de armas sigue alimentando la violencia, la solidaridad internacional se convierte en una necesidad. Fortalecer iniciativas como el BDS, ampliar el comercio justo y presionar a los gobiernos para detener la venta de armas a Israel y romper relaciones comerciales y diplomáticas con el régimen israelí es una tarea urgente.

Cada acto de solidaridad, cada producto boicoteado, y cada empresa que deja de lucrar con la guerra, es una victoria de la vida que prevalece frente a un sistema que busca destruirla. Con el pueblo palestino y los derechos humanos.

La cooperación, más que la competencia, ha sido crucial en la evolución de la biodiversidad, así como el éxito y la supervivencia de las especies. El mutualismo existe en muchos ecosistemas donde las especies cooperan de manera beneficiosa. Un ejemplo evidente son las abejas y las flores, que polinizan mientras obtienen néctar. Además en especies sociales como las hormigas, las mismas abejas y los lobos, la cooperación del grupo es esencial para la supervivencia y el éxito reproductivo. También hay organismos viven en simbiosis, como los corales y las algas zooxantelas: las algas proporcionan nutrientes a los corales a través de la fotosíntesis, mientras que estos proporcionan un ambiente protegido a las algas.

En sintonía con esta dinámica natural y social, la ESS promueve una cultura de cooperación como un elemento central para construir relaciones económicas colaborativas, democráticas y transparentes con las que superar el modelo de competencia que aísla a personas, organizaciones y comunidades. En este sentido, se entiende la cooperación como una propuesta de auto-organización basada en el apoyo mutuo y en la solidaridad, dirigida a la satisfacción de necesidades y al logro del bien común. Para ello, teje redes de cooperación que impulsan una agenda colectiva transformadora y espacios que promueven la democracia directa, la participación, la horizontalidad, el respeto a la autonomía, el empoderamiento de quienes participan y la redistribución de poder.

Por eso, para favorecer la cooperación, la carta de principios aconseja:

• Impulsar modelos de gobernanza democráticos.
• Generar espacios de participación en las propias entidades.
• Atender y acompañar colectivamente las distintas necesidades.
• Desarrollar estrategias para favorecer y canalizar la intercooperación entre entidades. Diseñar y compartir herramientas de intercooperación.
• Promover y participar en campañas, proyectos e iniciativas comunes que amplíen la capacidad de incidencia y el impacto de las iniciativas.
• Articular redes de organizaciones que se desplieguen en el ámbito local, regional e internacional.
• Promover la cooperación público-social-comunitaria para desarrollar políticas afines a la ESS.

Podemos constatar la aplicación de ello en los resultados del informe de la Economía Solidaria, donde la intercooperación entre entidades del mismo sector se constató como una práctica extendida en las organizaciones que conforman el Mercado Social (en sintonía con los años anteriores), donde el 94% intercooperan con otras entidades de su sector, el 86,90% comparte conocimiento (un 86,90%) y un 76,75% también lo hace en meteria de proyectos.

Hablamos sobre todo ello con sectoriales de referencia como:

• La Coordinadora Estatal de Comercio Justo
• AERESS
• Unión Renovables
• Red de Supermercados Cooperativos
• Grupo de vivienda cooperativa en cesión de uso

Si quieres conocer estrategias colectivas para hacer frente al oligopolio energético y financiero, saber cómo funciona una red mundial como la del movimiento por el comercio justo, profundizar en el consumo consciente en sectores claves como la alimentación, la vivienda o el reciclaje… no te pierdas este programa.

Aquí el enlace al podcast, no te lo pierdas para escucharlo en cualquier lugar!!!

Conducción y guión: Blanca Crespo y Brenda Chávez.
Coordinación y mandos técnicos: Susana Ortega
Edición de podcast: Susana Albarrán

Los famosos vasos y platos de Duralex los produce desde hace unas semanas una cooperativa. Los trabajadores de la mítica cristalería francesa se hicieron con el control del grupo tras la decisión judicial del 26 de julio de convertirla en una sociedad cooperativa y participativa (Scop). Sus empleados, y ahora también accionistas, confían en que esta conversión ponga punto final a los problemas económicos, así como los constantes cambios de propietarios en los últimos años. Y sirva como modelo ante la amenaza de la desindustrialización.

La mayoría de los 227 asalariados de esta fábrica en Chapelle-Saint-Mesmin respiran aliviados después de la sentencia del Tribunal de Orléans, en el centro de Francia. “El proyecto de cooperativa no comporta ningún daño social. También servirá para aumentar los sueldos cuando lo permitan los beneficios”, explica a El Salto Suliman el Moussaoui, delegado general del sindicado CFDT en Duralex y uno de los impulsores de la conversión de la empresa en Scop.

Cuando el anterior propietario declaró Duralex en concurso de acreedores, se interesaron por ella dos pequeñas empresas del sector del vidrio. Una de ellas quería suprimir unos 50 puestos de trabajo, mientras que la otra, cerca de un centenar. Esos recortes acabaron de convencer al director general para sumarse al tren de la cooperativa, respaldado por la mayoría de los trabajadores.

“Aunque tuviéramos una cifra de negocios más que correcta, cada año los accionistas se llevaban siete millones. Ahora este dinero servirá para invertirlo o irá al bolsillo de los asalariados”, asegura El Moussaoui

“En una de esas reuniones, uno de los posibles compradores le dijo que tenían que bajar el sueldo a las envasadoras, ya que efectuaban un trabajo sencillo y debían pagarlas con el salario mínimo. Esas palabras marcaron al director general y empezamos a preparar el proyecto de Scop”, recuerda El Moussaoui, quien trabaja desde hace 17 años en la planta.

Los beneficios “irán al bolsillo de los asalariados”

Sus empleados confían en que la transformación en cooperativa suponga un punto de inflexión a la declinante trayectoria de los últimos años. Tanto en 2017 como en 2020 la empresa hizo frente a procesos de liquidación judicial. Hace cuatro años la había adquirido el grupo propietario de la marca Pyrex, que no logró catapultarla. La planta prácticamente dejó de funcionar durante cinco meses en el otoño e invierno de 2022 a causa de la crisis energética. A eso se le sumaron las dificultades del sector de la cristalería en Francia, donde las ventas disminuyeron un 19% en 2023 respecto al año anterior.

Pese haber recibido una ayuda de 15 millones de euros por parte del Estado francés, Duralex cerró el ejercicio del año pasado con una cifra de negocios de 24,6 millones, es decir, 6,4 millones menos que el año anterior. Sufrió unas pérdidas de 12 millones. “Aunque tuviéramos una cifra de negocios más que correcta, cada año los accionistas se llevaban siete millones. Ahora este dinero servirá para invertirlo o irá al bolsillo de los asalariados”, asegura El Moussaoui. Este conductor de maquinaria recuerda el hartazgo de los trabajadores con los distintos propietarios: “Nos hacían bellas promesas, pero luego dejaban la fábrica medio abandonada”.

Apoyo de los trabajadores y las autoridades locales

El Tribunal de Orléans se decantó por la conversión en cooperativa gracias al apoyo de las autoridades locales. La región Centro-Val de Loire, dirigida por el Partido Socialista, dio un préstamo de un millón de euros y contribuyó a la recapitalización del grupo, mientras que el Ayuntamiento de Orléans, en manos de la derecha republicana, adquirió por unos cinco millones los terrenos de la planta. Los alquilará a la Scop hasta que pueda adquirirlos. “Se habla mucho de relocalizar y hacer venir las empresas al territorio, pero antes debemos mantener aquellas que ya están aquí”, dijo el socialista François Bonneau, presidente del Ejecutivo regional.

Según la economista Maryline Filippi, experta en la economía social y solidaria, las cooperativas “suelen caracterizarse por durar más tiempo que las empresas convencionales y por despedir mucho menos a sus trabajadores”. Esto hace que sean un modelo interesante para las autoridades locales, sobre todo en aquellos territorios afectados por la desindustrialización. “Cuando grupos conocidos mundialmente como Duralex apuestan por este modelo, esto significa que la economía puede desarrollarse de otra manera”, añade esta profesora en la Universidad de Burdeos y la AgroParis Tech.

“Hemos acordado con la dirección que actúe de manera transparente, porque hasta ahora los propietarios hacían operaciones de tesorería y maquillaban los resultados”, explica Da Silva

De los 227 empleados, unos 140 de ellos ya se han convertido en propietarios del capital de la cooperativa. Cada uno de ellos invirtió unos 500 euros —algunos pusieron más dinero— en la compra de acciones. “Hemos propuesto varias soluciones, como pagar en varios plazos o que esa cantidad proceda de la decimotercera paga o de la prima veraniega”, explica Vasco da Silva, secretario del comité social.

A partir de ahora, todos estos trabajadores-accionistas podrán elegir el consejo de administración y la hoja de ruta. “Hemos acordado con la dirección que actúe de manera transparente, porque hasta ahora los propietarios hacían operaciones de tesorería y maquillaban los resultados”, explica Da Silva. Para este operario de uno de los hornos, esta democratización de la vida empresarial tiene una ventaja evidente: los trabajadores determinarán las necesidades y las inversiones. “Como en los últimos años dirigieron la fábrica a distancia, solían invertir allí dónde no hacía falta y no daban dinero donde lo necesitábamos”, sostiene.

Modelo poco habitual en industrias pesadas

Gracias a esta democratización y el haber evitado despidos, la mayoría de los trabajadores respaldaron la apuesta por la cooperativa. No obstante, unos 80 de ellos prefirieron no invertir en ella. “Cuando vean que los beneficios se distribuyen entre los socios del proyecto, seguro que querrán beneficiarse de esa repartición del pastel”, afirma El Moussaoui, de la CFDT, sindicato mayoritario en la empresa y claramente favorable a la cooperativa.

Desde finales de julio, según El Moussaoui, “han aumentado hasta un 300% los pedidos en nuestra página web” y “hemos recibido un gran apoyo por parte del pueblo español en las redes sociales”

En cambio, la CGT se mostró mucho más reticente. “Me parece que la presentación de la Scop ante el Tribunal de Comercio fue demasiado política. No confío en ellos (las autoridades locales) para el futuro de Duralex”, criticó François Dufranne, delegado de ese sindicato, en declaraciones a la prensa durante el juicio del 26 de julio. Este sindicalista prefería que hubiera recuperado la fábrica otra empresa tradicional del sector del vidrio. Una apuesta parecida hizo el Gobierno de Emmanuel Macron, quien dio muchas más facilidades a ese posible comprador que al proyecto de cooperativa, acogido con frialdad por el Ejecutivo central.

El cambio de modelo de la famosa cristalería ha repercutido en el debate político en Francia. Lucie Castets, la dirigente propuesta como posible primera ministra por la alianza progresista del Nuevo Frente Popular, hizo uno de sus primeros desplazamientos en esa fábrica. Otros políticos y simpatizantes de izquierdas expresaron, asimismo, su simpatía por el proyecto en las redes sociales. Desde finales de julio, según El Moussaoui, “han aumentado hasta un 300% los pedidos en nuestra página web” y “hemos recibido un gran apoyo por parte del pueblo español en las redes sociales”.

Francia cuenta con 2.635 cooperativas, en que trabajan unas 60.000 personas. Aunque representa un porcentaje muy pequeño de los 21 millones de asalariados del sector privado, la economía social y solidaria va creciendo. Está presente en el mundo de los supermercados, finanzas y de los medios —por ejemplo, con la revista Alternatives Économiques—, pero este tipo de funcionamiento resulta bastante menos habitual en industrias pesadas como la fábrica de Duralex.

“Esperamos seguir funcionando dentro de 30 o 40 años y así mostrar que el cooperativismo funciona”, destaca Da Silva, quien espera que la nueva Duralex se erija en una alternativa a la desindustrialización, a menudo facilitada por la codicia de los accionistas. Para lograr ese objetivo, la cooperativa cuenta con un aliado evidente: la disminución de los precios de la electricidad —actualmente la mitad en comparación con la crisis energética de hace dos años—. Es un contexto propicio para demostrar que otro modelo es posible.

Las temperaturas no paran de subir a nivel global en todo el planeta Tierra, los fenómenos metereológicos extremos vienen para quedarse, miles de especies están en peligro de extinción, los recursos naturales imprescindibles para la vida como el agua son cada vez más escasos en muchas zonas, y cada mes es más complicado pagar la factura de la luz. Según datos recogidos por Greenpeace España, las principales compañías energéticas del Estado español alcanzaron “un beneficio conjunto neto de 10.466 millones de euros el pasado año, a pesar de saber desde hace décadas que su actividad es la principal causa del cambio climático”.

Frente a la necesidad moderna de acceso constante a la energía, parece complicado cambiar la situación. Arousa en Transición, la comunidad de montes de Tameiga o Buchabade son tres proyectos de autoconsumo comunitario que desde hace años demuestran en Galiza que, unidas, se puede transformar el modelo energético para el beneficio colectivo.

La energía en manos de las personas como herramienta de transformación

“El 90% de la energía está en manos de cinco grandes empresas. Hay que cambiar esto para que la transición energética sea realmente justa y democrática, introduciendo nuevos actores”, afirma Raquel Fernández, socia de Amigas da Terra. Desde hace unos años, la normativa de la Unión Europea permite la existencia de las llamadas Comunidades Energéticas, una iniciativa, aún en desarrollo, que hace posible la figura de las ‘prosumidoras’. “Se trata de una gestión comunal de los recursos, otra forma de consumir, producir e incluso de relacionarse fuera del sistema capitalista”, continúa Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción.

La Asociación Arousa en Transición es una de las iniciativas más avanzadas en Galiza. Su proyecto piloto ‘Mar e Luz’ cuenta con paneles de autoconsumo compartido, una estación de carga para vehículos eléctricos y el uso de big data para optimizar los usos de la energía, ya que la alfabetización energética mejora la eficiencia en su consumo. Gracias al apoyo del ayuntamiento de Arousa y de las familias que forman la propia asociación, así como la asociación de mariscadoras, tras un largo proceso de cuatro meses, “desde febrero las prosumidoras pudieron comenzar a disponer de los kilovatios de autoconsumo compartido”, explica Ana Millán, Presidenta de Arousa en Transición. “Las comunidades energéticas no somos empresas, somos personas con el objetivo de democratizar el mercado y que todas podamos ser agentes participativos. Son herramientas de transformación”, reivindica.

El concepto ‘energía comunitaria’ es muy amplio. Abarca desde la movilidad, pasando por el reparto de leña de los montes entre las vecinas, hasta la instalación de paneles solares o aerogeneradores comunales. Sin embargo, “la normativa europea no contempla todas las aristas y solo recoge como energía el uso de renovables, dejando fuera a las más de 2.000 comunidades de montes que existen en la comunidad”, apunta Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galiza.

Es el caso de la comunidad de montes de Tameiga que, como la mayor parte de las comunidades de montes, es una entidad asamblearia que busca el beneficio ambiental, social y económico. Tal y como establece la normativa europea de comunidades energéticas. “Concretamente en Tameiga llevamos ya más de 20 años repartiendo biomasa, por lo que de por sí ya somos una comunidad energética desde hace más de dos décadas”, explica Bruno Dutto, ingeniero en la comunidad de Tameiga. “Es un modelo que funciona y nosotros lo conocemos”.

En esta parroquia de Mos están consiguiendo cambios entre las vecinas, transformando su forma de consumir energía. “Mucha gente cambió su caldera de gasóleo o butano y estamos teniendo unos 150 pedidos de leña de 3m3 al año. Esto ayuda un montón en esta crisis energética”, explica el técnico. Este cambio en la tendencia en el uso de combustibles fósiles en la parroquia disminuyó la huella de carbono de la población local. Con el objetivo de seguir aprovechando todos los recursos energéticos que existen en su territorio, sol y viento, las comuneras de Tameiga se informaron y descubrieron la existencia de las Comunidades Energéticas, algo que les ayudaría a alcanzar la soberanía energética. “Sobre todo con energía fotovoltaica, porque entre todas las renovables, actualmente es la más accesible. Todas tenemos tejado”, explica Bruno Dutto.

“Las comunidades energéticas se parecen a las comunidades de montes pero las comunidades de montes no podemos ser comunidades energéticas. Por el momento”, Bruno Dutto

En el Estado español se contemplan dos tipos de propiedad: la pública y la privada. Las comunidades de montes, una figura que existe desde hace décadas en Galiza, son de propiedad vecinal. Una mezcla que escapa de las normativas estatales y, en este caso, también de las europeas. “En Tameiga estuvimos dos años, entre 2021 y 2023, luchando para convertir las comunidades de montes en energéticas, hablando con el INEGA y el IDAE y explicándoles la casuística porque no tenemos acceso a las ayudas por carecer de personalidad jurídica”, explica el ingeniero Bruno Dutto. “Tenemos que pagar impuestos como las empresas, pero nos dejan fuera de las ayudas”, denuncia.

Un año después de la última alegación a la normativa, en Tameiga siguen sin respuesta por parte de las administraciones. Ha sido gracias a conocer a una cooperativa, ECOOO, que decidieron optar por otra estrategia y poder avanzar en su proyecto de soberanía energética vecinal. “La solución que encontramos por el momento es hacer autoconsumo colectivo, es decir, el puro reparto de la energía desde la instalación hasta las casas”, explica el técnico de la comunidad de Tameiga. En 2016 recuperaron con sentencia firme 40 hectáreas que eran un monte comunal, hoy convertido en polígono industrial. “Estamos reutilizando 20 naves para cubrirlas con paneles y repartir esa energía entre los comuneros. En unos meses esperamos tener conectada la primera instalación a la red”, concluye.

La comunidad energética de Buchabade nace también de una comunidad de montes que, para evitar la instalación de una macroeólica en sus montes, asistieron a una formación y descubrieron la existencia de las comunidades energéticas. A diferencia del caso anterior, deciden crear una cooperativa para, de este modo, poder ser consideradas comunidad energética y recibir las ayudas. “Pensamos que sería una vía más posibilista, práctica y funcional que las compañeras de Tameiga”, afirma Fernando Malvar, presidente de la comunidad energética de Buchabade. Dos años después ni el Instituto Energético de Galiza (INEGA) ni el Instituto para la diversificación y ahorro de la energía (IDAE) consideraron este proyecto entre los beneficiarios de las subvenciones. “Es decepcionante. Cumplimos todos los requisitos y aún así no conseguimos ninguna ayuda”, denuncia.

Actualmente, gracias a los fondos de los 76 comuneros, están ya en el proceso de licitación de la obra de instalación de los paneles solares en el propio monte comunal del lugar. “Tenemos que hacer lo que podemos con lo que tenemos y tirar para delante”, concluye Malvar.

La Plataforma por la Defensa del Monte, con la ayuda del CISPAC y de los grupos de investigación Histagra y Uxafores de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) y de la Universidad Pablo de Olavide, el Ayuntamiento de Rianxo y Fundaciones como Montescola o RIA está impulsando un proyecto que en los próximos meses tendrá como resultado la creación de una nueva comunidad energética en Rianxo. “Por el momento estamos haciendo una evaluación de la sostenibilidad del proyecto, trabajando con las comunidades de montes. El objetivo final es ayudar a la comunidad de montes de Rianxo a crear su propia comunidad energética y que dentro de año y medio puedan desarrollarla ellos”, explica David Fontán, investigador del Histagra.

“En Galiza hace falta animar y subrayar el papel que deberían tener las comunidades de montes. Tenemos las condiciones perfectas para ser referentes en las comunidades energéticas, y además ya hay una tradición de autoconsumo en nuestro rural. La Xunta debería promover esto, pero aún no creen en estos proyectos”, concluye Fernando Malvar.

“La Xunta de Galicia no aporta ayudas suficientes”, Raquel Fernández

Desde Amigas da Terra advierten de la falta de apoyo por parte de la administración gallega a los pequeños proyectos que empiezan a surgir a lo largo de la comunidad gallega. “Las ayudas del INEGA dependen de la industria y los fondos casi siempre van a los polígonos. En general todas estas subvenciones son pequeñas y liosas: inútiles”, denuncia Raquel Fernández, socia de esta organización medioambiental. “Y a esto hay que sumarle las trabas de las distribuidoras y las dificultades económicas que tiene siempre empezar de cero un proyecto”, añade.

En el caso de la Asociación Arousa en Transición, si el proyecto salió adelante fue gracias a las estructuras de la economía social, como cooperativas y banca ética. “Al final son las personas las que tejen tejido social y comunitario y crean proyectos como este, frente a los procesos lentos por parte de la administración”, afirma la presidenta de la asociación. En la misma línea, desde la comunidad de Buchabade Fernando Malvar califica de greenwashing la política europea: “En la UE quieren quedar bien pero si de verdad quieren impulsar este tipo de proyectos hacen falta más fondos. Y más accesibles”.

“Cuanto más pequeña es la iniciativa, más problemas encuentran a nivel financiero”, asegura Raquel López desde Amigas da Terra. Y es que, al no estar aún cerrada la definición de las comunidades energéticas por parte de la Unión Europea ni, por lo tanto, en la normativa del Estado español, las propias empresas que forman el oligopolio energético pueden acceder a las ayudas y crear sus propias ‘comunidades energéticas’. De esta forma, empresas como Repsol o Naturgy, principalmente, mantienen su soberanía en el mercado de la energía, alejándose de la razón de ser de la figura de las comunidades energéticas. “Estamos en un momento en el que hay que decir las cosas claras. El cambio climático ya está aquí. Pero seguimos viendo mucho greenwashing y pocos proyectos reales. Es una vergüenza, se están lucrando a nuestra costa”, denuncia la presidenta de Arousa en Transición. “Cada vez somos más las que tiramos para delante con estos proyectos. Las instituciones tienen que ponerse a nuestra altura”, añade. “Tenemos las herramientas, ahora queda impulsar estos proyectos”, concuerda Manoel Santos, portavoz de Greenpeace en Galiza.

No obstante, el difícil acceso a las ayudas no es el único problema al que deben hacer frente las vecinas que se unen para crear comunidades energéticas. Las organizaciones medioambientales Greenpeace, Amigas da Terra y Ecoloxistas en Acción denuncian las malas prácticas de las grandes empresas del oligopolio energético, quienes intentan hacer las normas para seguir aumentando sus beneficios. “Las eléctricas, especialmente Naturgy, pueden permitirse el lujo de retrasar años el volcado a la red de la energía comunal, poner mil trabas, o exigir su uso como almacenamiento pagando una quinta parte y dificultando mucho la rentabilidad de los paneles solares comunitarios”, denuncia Cristóbal López, portavoz de Ecoloxistas en Acción. Un tira y afloja constante que, en palabras del ingeniero de la comunidad de Tameiga, “no es un juego nada divertido”.

Desde la comunidad de Tameiga reclaman una mayor transparencia por parte de las empresas que, como Fenosa, no comparten información esencial a la hora de hacer una instalación. “Nadie te explica cómo hacerlo, pero pasados 15 días responden que lo hiciste mal o que necesitan más información y si en 20 días no lo resuelves, tienes que empezar de nuevo toda la solicitud”, explica el técnico. Una ralentización de los tiempos que estas comunidades sufren en cada etapa del proceso cuando toca hablar con las distribuidoras, como Fenosa, o comercializadoras, como Naturgy. “La cooperativa ECOOO nos ayudó mucho a dar luz, ya que tenían experiencia en estas trabas de las grandes empresas. Las distribuidoras son el gran culo de botella que hay realmente. Piden cosas que no tienen sentido como que subas al tejado a sacar fotos de los números de serie que ellas mismas instalaron”, añade. Bruno Dutto también recalca la importancia de denunciar esta situación, y hacer que llegue a los despachos en los que se toman las decisiones. “Por suerte tanto la propia Ministra Teresa Ribera, como todo su grupo, escucharon nuestras peticiones, y ahora las empresas del oligopolio tienen la obligación por ley de responder en un máximo de tres meses, y no en los diez que habían tardado con nosotros”, agradece.

Pese a que esta relación con las distribuidoras de energía suele ser complicada, no siempre pasa. En este sentido, en la comunidad de Buchabade se sienten agradecidas. “Es una suerte contar con una pequeña distribuidora local en Ponte Caldelas. Nos apoyaron en todo momento y nos dieron muchas facilidades a la hora de conectarnos a la red”, asegura el presidente de la comunidad, Fernando Malvar.

El nuevo modelo desmasculiniza la energía

Las Comunidades Energéticas son mucho más que una forma de generar o distribuir energía. Todas ellas llevan a cabo labores de alfabetización para disminuir el consumo y hacer partícipe a las vecinas de las decisiones que les afectan. “El mundo de la energía da miedo, nadie entiende. Por eso es tan importante esta labor por parte de las propias comunidades”, asegura Raquel Fernández desde Amigas da Terra, una organización medioambiental que lleva a cabo varios proyectos tanto a nivel estatal como gallego para ayudar en esta tarea de divulgación. “Estas comunidades son una nueva forma de entender la energía. Un modelo que pone en el centro la alfabetización, la participación ciudadana y la inclusión”, añade. “Queremos reducir el riesgo de vulnerabilidad a la pobreza energética. Las comunidades energéticas hablan de cooperación, justicia y humanidad”, corrobora Ana Millán desde Arousa en Transición.

Desde Amigas da Terra aseguran que las comunidades energéticas permiten también tratar el género y las desigualdades, ya que, salvo las asociaciones de mujeres rurales, estos espacios dedicados a la energía son predominantemente masculinos. “Y muchos hombres realmente no saben más que las mujeres sobre mercado eléctrico, simplemente están más empoderados desde siempre y no les da tanto miedo hablar y tomar decisiones”, afirma la socia Raquel López. En las jornadas formativas impulsadas por esta organización son muchas las mujeres que se anotan, al ser un espacio seguro y cómodo en el que realmente aprenden a aportar. “Hay proyectos impulsados por mujeres con otras miradas que desembocan en comunidades energéticas. La pobreza energética afecta más a las mujeres y es importante que se formen en esta gestión de la energía. Esto favorece también su inclusión en la comunidad”, añade.

Ejemplo de estas comunidades es la junta directiva de la Asociación Arousa en Transición, donde de un total de siete personas, cinco son mujeres. Ana Millán, la presidenta, destaca la participación de las mujeres en la asociación pero, aún así, afirma que “cuando damos charlas sí son mayoría hombres. Es un mundo muy masculinizado. Existe un sesgo de género pero los tiempos van cambiando y cada vez entramos más para transformarlo todo. Es de justicia!”

“La Semilla del Diablo” fue la primera película de Polanski en Estados Unidos. Basada en una novela de Ira Levin, atravesó un rodaje tormentoso allá por 1968, obtuvo dos nominaciones a los Oscar (consiguiendo Ruth Gordon el de Mejor Actriz de Reparto a sus 72 años), y el paso del tiempo no ha conseguido suavizar el repelús de terror gótico que todavía nos recorre la dorsal con su dedo helado al contemplar la cinta.

La ‘semilla del diablo’, además, se viene utilizando como fórmula dentro del entorno de la Economía Social y Solidaria (ESS) en el marco de ComunESS, el espacio de trabajo y encuentro que personas, empresas y entidades de REAS Red de Redes y sus territorios mantienen activo. Desde su primer encuentro (Zaragoza, 2015) y hasta el reciente Conversatorio Internacional sobre Marketing en la Economía Social y Solidaria (ESS), la fórmula resume, con la comodidad del cliché y no sin cierta guasa, una postura que posiblemente nadie haya sostenido nunca al pie de la letra salvo, quizás, en el calor momentáneo y presencial de la refriega dialéctica. No somos muy de demonizar en la ESS.

Lo que sí se ha defendido alguna vez es extender, a la vez que el conocimiento de sus herramientas, una postura sana de crítica con una técnica de comunicación, el marketing, que ha sido exprimida por el capitalismo como aliada natural y que ahora pretendemos, de segunda mano, redimir de su pasado insuflándole los valores de la Economía Solidaria. Que es posible (cosas más complicadas hacemos cada día), pero que requiere de “inversión, esfuerzo, innovación, compromiso, adaptación”[1] a unas cotas que, dadas nuestras dimensiones, es para pensárselo dos veces cuando menos.

En el fondo, esta postura que se caracteriza por ver en el marketing la ‘semilla del diablo’, no está tan lejos de las opiniones generales del conversatorio del pasado 26 de junio, las cuales, si bien se apostaba por el marketing sin reticencia alguna, se centran en una interpretación del marketing “entendido en sentido más amplio”, orientado hacia lo social, en una “humanización del marketing” con la que “podamos amigarnos” [2]. Tal vez, el eco apocalíptico de la ‘semilla del diablo’ solo viene a subrayar que estemos alerta cuando nos sirvamos de conceptos, estrategias, modos de conducta o herramientas de trabajo aprehendidas al capitalismo y sus acólitos. Incluso una vez hayan sido hackeadas, añadiría.

Y es que no todo el marketing es fácil de casar con los principios que defiende y los valores que practica la Economía Solidaria, ya que, entre muchas bondades suficientemente glosadas, a esta escuela le debemos que nuestras interlocutoras hayan sido estudiadas hasta poder leerles los movimientos retinianos involuntarios con el fin de pillarlas con sus defensas críticas bajas, colarles un mensaje que apenas espera respuesta y recibirlas en caja con la mejor de nuestras sonrisas. Esa es la lógica de los años cincuenta que subyace a los anuncios pagados hoy en redes sociales.

Tampoco hay nadie que, desde ComunESS y frente a la ‘semilla del diablo’, defienda el marketing como el ‘Lanzarote del Lago de la ESS’, una varita mágica infalible, un genio todopoderoso por despertar de su lámpara, un unicornio con toda su parafernalia de colores flipantes y estrellitas de bizcocho que aún no hemos sabido domar desde la Economía Solidaria. Como todo este debate se da, además, en un espacio compartido de “caldo de cultivo para seguir trabajando sobre la comunicación en el marco de la ESS”[3], en un trabajo continuado y distribuido por “generar posibilidades de conversar a uno y otro lado del Atlántico”[4], comprometidas con producir intercambios constructivos de opiniones que fortalezcan nuestras prácticas, no hay mayor inconveniente en seguir avanzando en el día a día con una cuestión abierta que no es sino una diferencia de esfumaturas y matices que seguir difuminando con dos cervezas en el próximo encuentro de ComunESS: Bilbao, del 4 al 6 de octubre.

Que la película, por acabar de zanjar el tema, recibiese en España el título de “La Semilla del Diablo” es uno de esos spoilers mayúsculos que se pueden achacar a alguien que se vino arriba en el proceso de traducción y libre adaptación, al conocimiento del inglés en época franquista o a algún sórdido y castizo departamento de marketing. Polanski decía sobre este trabajo: “No quiero que el espectador piense ‘esto’ o ‘aquello’, quiero simplemente que no esté seguro de nada. Esto es lo más interesante: la incertidumbre” [5]. Las cuatro palabras del título, por el contrario, no dejan espacio a la imaginación y el espectador tiene ante sus ojos, antes incluso de entrar en la sala o darle al play, la clave que la cinta solo desvela en sus últimos fotogramas. En fin… menos mal que es un películón capaz de aguantar eso y más… El título original es “Rosemary’s Baby”, en Latinoamérica “El Bebé de Rosemary”, el mismo que tiene la novela de origen.

Ese espacio de encuentro para la comunicación de la Economía Solidaria que es ComunESS no está lanzado a la búsqueda ciega de ningún Santo Grial esencialista. No se le ven trazas de picar ingenuamente en la cháchara del primer charlatán que pase disfrazado de Mefistófeles. ¿Y el hijo de Rosamari? Creció en un mundo de mal banalizado, tiene un negocio al lado del nuestro y hay que atraerlo a la Economía Solidaria.

[1] Del artículo de Ricardo Antón “Comunicar es comunizar”, publicado en 2015: https://www.colaborabora.org/comunicar-es-comunizar/

[2] Estas citas entrecomilladas proceden del conversatorio, que puede verse en esta crónica del mismo realizada por REAS Euskadi y recogida en economiasolidaria.org: https://www.economiasolidaria.org/noticias/exito-rotundo-del-conversatorio-internacional-sobre-marketing-en-la-ess/

[3] Del artículo de Ricardo Antón ya citado: https://www.colaborabora.org/comunicar-es-comunizar/

[4] Del conversatorio: https://www.economiasolidaria.org/noticias/exito-rotundo-del-conversatorio-internacional-sobre-marketing-en-la-ess/

No hay más que echar un vistazo a la prensa de los últimos días para ver el impacto empresarial en nuestras vidas. Para muestra un botón…

• Dos nuevos estudios científicos para exigir la paralización de los vertidos mineros previstos en el Guadalquivir. Investigadores de la Universidad de Sevilla presentan dos informes que contradicen los aportados por las empresas y autoridades para conceder los permisos ambientales que permitirán arrojar los residuos al río de proyectos mineros.
• Indignación en Italia por la muerte de un jornalero migrante tirado en la calle con un brazo cortado. Los jefes de un migrante de 31 años, le subieron a un minibús después de perder un brazo entero y tener las extremidades inferiores aplastadas tras verse arrastrado por una máquina de envase plástico.

• Y, cómo no, la ley Mbappé, por la que el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso pretende atraer a las grandes rentas extranjeras para que se instalen en la Comunidad de Madrid a cambio de una suculenta rebaja fiscal. Esta ley, como recoge el propio texto, tiene por objetivo “la generación de empleo, la creación de nuevas empresas y el crecimiento de las que ya operan, reforzando así a la Comunidad Madrid como centro de atracción de inversiones, empresas y talento”.

Por fortuna, tenemos la Carta de Principios de la ESS, que estamos conociendo en esta serie que llevamos haciendo este 2024 para conocer otras formas de impactar en el entorno, desde el compromiso. Hablamos de todo ello con entidades de referencia por sus prácticas generando tejido social y mirando por la comunidad: REACC, A PALLEIRA, Wikitoki, La Bezindalla y Famylias.

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Es demasiado evidente que el siglo XXI pondrá a prueba nuestra humanidad, frente a una brutalidad ya sistémica y estructural, agravada por crisis multidimensionales que reclaman abordar los enormes retos que afronta el planeta. Esta perspectiva nos recuerda que, para nosotros, todos los días, desde 1995, es una prueba más. El próximo 2025 Coop57 cumplirá 30 años. Tres décadas donde siempre hemos respondido a las necesidades, las urgencias y las dificultades de cada momento. Podríamos decir que nunca hemos dejado de cabalgar crisis consecutivas y simultáneas, buscando las alternativas más solidarias, a menudo poco transitadas, y saliéndonos siempre cooperativamente. Empezamos en el lejano 1995 con 2 préstamos por valor de 5 millones de pesetas; y ya llevamos 4.248 por un volumen global de 209 millones de euros.

Esta es la buena nueva, a pesar de los pesares. Fue así desde los inicios –en la resaca dura de la desindustrialización de los años 80–; en los años 90, cuando la precariedad se convirtió en nueva cotidianidad y el acceso al crédito era una carrera de obstáculos para la economía social; o en 2003, ante la criminal guerra de Irak. También en 2008, frente a la crisis desatada por la orgía financiera y los miles de desahucios que aún no han terminado; en el 2020, en medio de una pandemia global; o ahora mismo ante la guerra en Ucrania y bajo el genocidio en Gaza, en medio del ciclo inflacionario que nos asedia. A cada crisis, hemos construido mayor solidaridad, más democracia y más apoyo mutuo. Y nos hemos salido siempre yendo más allá de cada infamia, abriendo puertas cerradas y abordando nuevas emergencias.

Por eso hoy la trama de la economía solidaria, fruto de un esfuerzo colectivo que viene de lejos y empezó hace mucho –y que la dictadura, en balde, intentó arrancar de cuajo, está más arraigada que nunca, opera como espejo democrático de futuro, construye un modelo de referencia y está en disposición de afrontar nuevos compromisos enormes. Ya lo estamos haciendo: sin finanzas éticas cooperativas no habría cooperativismo de vivienda en cesión de uso, ni comunidades energéticas de propiedad democrática cooperativa, ni resistencia financiera a los golpes de la pandemia y la guerra, ni proyectos sociales transformadores, imprescindibles e impresionantes, en todo el territorio, en cada municipio, en cada barrio. Lo seguiremos haciendo: pronto pondremos en marcha nuevas apuestas estratégicas –más lejos, siempre mucho más lejos– para garantizar que Coop57, como agente activo del cambio social, sigue siendo un motor financiero, cada vez más potente y arraigado, al servicio de la construcción de una economía para la vida. Nuestro despliegue –siempre sostenido, sostenible y en red– es una experiencia exitosa porque siempre ha tocado el nervio de lo que urgía y porque siempre ha buscado salidas colectivas que respondían al hoy pensando ya en el mañana.

Mientras tanto es bien sabido que el año pasado la gran banca obtuvo unos beneficios netos, históricos y vergonzosos, de 26.000 millones de euros –y las energéticas, de 6.000. Entre lo poco –lo mucho– que podemos deciros es que, con toda seguridad, vosotros sí podéis afirmar –hoy, ahora, aquí y ante los que violentan el mundo– que todo esto no se hace ni en nuestro nombre ni con nuestro dinero. Nos ahorramos esa desvergüenza. A los beneficios financieros caídos del cielo, responderemos con las esperanzas cooperativas a ras de suelo. Pronto cumpliremos treinta años, sí –y pronto está dicho–. Desde entonces, Coop57 ya son muchas cosas a la vez: cada uno de vosotros, una herramienta financiera cooperativa, una institución de lo común, un ecosistema solidario en red y parte de un movimiento social transformador mucho mayor. Somos la esperanza contrafáctica, humanista y real, operativa y sostenible, que hemos sabido habilitar entre todas y todos. Porque para ir lejos sólo hace falta, a menudo, ir cada vez más cerca. Gracias siempre.

Este artículo se publicó originariamente como la editorial del Boletín Informativo N.º 45 del Coop57, segundo semestre de 2023.

El próximo 9 de junio habrá elecciones al Parlamento Europeo y, aunque pueda parecer una cuestión “lejana”, de ellas dependen las legislaciones fundamentales en política energética de los próximos cinco años. De hecho, el 80% de la legislación española tiene origen en normativas europeas. En este último período legislativo, por ejemplo, se ha adoptado el plan REPowerEU, se han establecido los Planes Nacionales de Energía y Clima, la directiva de eficiencia energética de edificios y se ha hecho la reforma del mercado de la electricidad, lo cual tiene un fuerte impacto sobre las condiciones ambientales y materiales de nuestros territorios.

La reforma del mercado de la electricidad permitió abrir la puerta a que los Estados miembros puedan prohibir los cortes de suministro a las familias en situación de vulnerabilidad, pero en las siguientes elecciones sigue en juego avanzar hacia una política energética común que tenga como objetivo contribuir a la lucha contra el cambio climático, a la vez que garantizar un acceso universal a la energía. Ambas cuestiones son enormes retos que no pueden ser asumidos sin incorporar una profunda mirada (eco)feminista al sector energético; una mirada que no sea retórica y que implique que, de manera efectiva, y con firmeza, la transición energética solo es aquella que nos conduce hacia a un modelo que tenga como objetivo prioritario sostener vidas dignas, que funcione en base a los límites ecológicos y planetarios, y que sea democrático y participativo.

Sin embargo, el sector energético, en aras de la libre competencia, es uno de los más privatizados y de mayor concentración empresarial de la UE, dominado ampliamente por empresas integradas verticalmente como Endesa, Iberdrola o Naturgy en el caso del Estado español. Cabe tener en cuenta, además, que mientras las políticas paritarias empiezan a permear en algunos ámbitos laborales, en el sector energético hay un 78,4% menos de mujeres trabajando que en el resto de ámbitos, que representan solamente el 31% de las alumnas de grados de la rama de Ingeniería, industria y construcción. Además, en puestos de liderazgo del sector privado, las mujeres nunca han superado una representación mayor del 10%.

Por otra parte, una mirada feminista no implica solamente incorporar a más mujeres al sector y lograr la paridad formal. Implica transformar el modelo para que sea equitativo, justo, distribuido, transparente y democrático para todas. Así, son necesarios diversos cambios que deberán ser promovidos por el Parlamento que se forme en un futuro próximo.

Por un lado, es imprescindible revisar ciertas normativas como el Fit for 55 y el REPowerEU para que incorporen una mirada feminista que reconozca los impactos de la transición energética sobre determinados colectivos y proponga medidas concretas para mitigarlos. Para ello, sería adecuado que se pidiera a los estados miembros añadir un informe de impacto de género a sus Planes Nacionales de Energía y Clima y a los Planes Sociales para el Clima, que se deben entregar en junio de 2025.

Por otro lado, si bien se han hecho avances en el reconocimiento de la feminización de la pobreza energética, son necesarias medidas más contundentes para la erradicación de ésta, que establezcan claramente la prohibición de las desconexiones de suministro y la obligatoriedad de rehabilitación las casas en las que viven los colectivos más vulnerabilizados, a su vez más feminizados.

Es necesario conocer a fondo cuáles son los impactos de género de políticas como la energética, que atraviesan absolutamente todos los aspectos de la vida social, económica, de cuidados, etc. Falta desarrollar indicadores de género y recoger datos desagregados, promover formaciones en género y feminismo entre los y las trabajadores e integrar siempre la visión de los movimientos de base social en los procesos de elaboración legislativa.

Las próximas elecciones europeas del 9 de junio son una fecha clave para definir el futuro del sector energético europeo y, a su vez, cómo se llevará a cabo la transición energética en el Estado español. Queda un largo camino para lograr un sistema energético justo y no contaminante; un camino en el que los intereses corporativos harán lo posible para procurar una transición energética rentable para ellos mismos; es determinante pues garantizar que desde el Parlamento Europeo existan mayorías suficientes dispuestas a promover otro modelo verde y socialmente justo, es decir, feminista.

Según Credit Suisse, en el mundo hay 56 millones de personas que son millonarias, sólo un 1,1% de la población. En España hay 1.147.000 millonarios, el 3% de la población, y en los próximos años se espera que el número de millonarios siga creciendo, en 2025 podría haber más de 1,8 millones.

En contraste, la tasa AROPE –que es el porcentaje de población en riesgo de pobreza o exclusión social– se situó en el 26,5% de la población residente en España en 2023, frente al 26,0% del año anterior, es decir, que creció. Según Naciones Unidas, en 2023, 1.100 millones (poco más del 18% de una población de 6.100 millones de personas) viven en situación de pobreza multidimensional aguda en 110 países.

Por ello, la Economía Social y Solidaria demanda a las organizaciones que reconozcan la dimensión económica de su actividad y acepten la responsabilidad que conlleva en la generación, reinversión y distribución de sus excedentes. Para ello, se promueve un uso responsable y una justa distribución de dichos excedentes. Algunas propuesta para llevarlo a la práctica según la Carta de la Economía Solidaria son:

• Reinvertir los excedentes para el desarrollo, consolidación y patrimonialización de las propias organizaciones
• Promover y apoyar iniciativas colectivas transformadoras y mecanismos de solidaridad comunitaria.
• Desarrollar y sostener un sistema financiero ético y solidario, regido por los principios de propiedad colectiva, participación y transparencia, orientado a la economía real, de carácter integral e inclusivo, solidaridad comunitaria y esté al servicio del interés colectivo.

Hablamos sobre éstas y otras formas de promover un reparto más justo con entidades de referencia como:

– Oxfam intermon
– Oikocredit
– Adebán S. Coop
– La Osa supermercado cooperativo
-Dinamo Fundaciò

Conducción y guión: Blanca Crespo y Brenda Chávez.
Coordinación y mandos técnicos: Susana Ortega
Edición de podcast: Susana Albarrán
Coproducción de REAS RdR y El Salto Diario
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Hoy, y cada 24 de mayo, juntas celebramos el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. En este día tan importante, en esta época llena de conflictos, y con la sombra del uso de armamento atómico que vuelve a estar presente, queremos dar luz a aquellas mujeres que, sirviéndose de la no violencia, mucho ingenio, creatividad y determinación lucharon unidas para la paz y en contra del militarismo y las armas nucleares.

Al hilo de esta celebración traemos el ejemplo inspirador de algunas activistas que pueden alentarnos en nuestras propias revoluciones en pro de la paz.

Petra Kelly, sin violencia hacia un futuro verde

Empezamos por Petra Kelly, pionera feminista, ecologista y pacifista alemana, llevó el tema ambiental de la calle a la política. Fue miembro fundadora del Partido Verde Alemán, el primer partido verde en alcanzar prominencia tanto a nivel nacional en Alemania, como en todo el mundo.

En los años ochenta lideró en el Bundestag la campaña contra el desarme, donde se reunieron más de 400.000 personas. Activista y escritora, experta y portavoz del ecopacifismo y el feminismo, en 1982 fue galardonada con el Premio Right Livelihood por “forjar e implementar una nueva visión que une las preocupaciones ecológicas con el desarme, la justicia social y los derechos humanos”. Su legado incluye una reflexión esencial del pacifismo: «la cuestión no es si las mujeres deberían ser soldados, sino cómo podemos evitar que los hombres lo sean». Destacó por su lucha contra las armas nucleares y por su fuerte convencimiento antimilitarista, principios que plasmó en sus escritos en Nonviolent Struggle and Social Defense: «Gastamos miles de millones en la investigación de armas y millones de entrenamiento de nuestros jóvenes en las academias militares. ¿Por qué no invertir en estudios de paz y acciones de paz? Necesitamos centros de capacitación, campañas públicas y materiales educativos».

Mujeres por la vida en la Tierra, cultura de paz frente al peligro nuclear

En septiembre de 1981, el mismo año que la campaña en el Bundestag, una treintena de mujeres de la organización galesa Women for Life on Earth (Mujeres por la vida en la Tierra), acamparon junto a la base militar americana RAF Greenham Common (Inglaterra) para protestar contra el uso de armamento nuclear que custodiaba. Fue en mayo de 1982, cuando 250 mujeres bloquearon por primera vez la base, impidiendo la salida de camiones con misiles destinados a un campo de pruebas. Llegaron a formar una cadena humana de hasta 70.000 personas en 1983, y mantuvieron su acampada hasta el año 2000 pese a la intemperie y las agresiones de la policía. Conjuntamente con otras organizaciones de mujeres pacifistas, establecieron el 24 de mayo como el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, con el firme objetivo de conmemorar las numerosas luchas y trabajos de las mujeres en favor de una Cultura de Paz.

Mujeres de negro, luto por las guerras

En los mismos años, especificadamente el 9 de enero 1988, unos meses después de que comenzara la Primera Intifada palestina contra la ocupación israelita de Cisjordania y de la Franja de Gaza, una docena de mujeres israelíes de Jerusalén, vestidas de negro, salieron silenciosas por el centro de su ciudad llevando pancartas contra la ocupación militar de su gobierno en los territorios palestinos. Su presencia llamó la atención, causando indignación a muchos ciudadanos israelíes, aun así, no bajaron la guardia y convocaron una vigilia cada viernes a mediodía, inspirando así a muchas otras que compartían con ellas el mismo objetivo de justicia, reuniendo a mujeres israelíes y palestinas. Años más tarde, se les unieron grupos de mujeres de negro que reclamaban el fin de la guerra en los Balcanes, mostrando carteles en los que expresaban “no en mi nombre”, un lema que sigue utilizándose y representa el disenso de la ciudadanía contra las acciones o inacciones de los gobiernos. Cada una de estas mujeres contribuye con su gota a amplificar una ola de protestas que hoy en día sigue viva en diferentes lugares del mundo, como en España.

Solo una muestra

Estos son solo unos pocos ejemplos de una gran cantidad y variedad de movimientos e iniciativas lideradas por mujeres activistas que se han organizado para oponerse a las guerras y a la cultura belicista. La sociedad en la que vivimos, guiada por ideales patriarcales, nos hace creer que la violencia y la fuerza física son las principales herramientas para resolver nuestros conflictos o lograr nuestros objetivos. Pero, muy al contrario, la experiencia de tantas mujeres feministas, ecologistas y pacifistas nos enseña que hay otra manera de resolver las diferencias y que es posible llegar a acuerdos pacíficamente.

Han pasado más de cuarenta años años desde el nacimiento de estas asociaciones ecofeministas, y hoy más que nunca es importante que su llama no se apague. Cada acción que emprendamos localmente puede tener repercusiones globales y dará fuerza a muchas más, manteniendo vivas sus rebeliones, luchando juntas y juntos con toda nuestra creatividad y empatía.

En el marco del cuarenta aniversario de Arç Cooperativa, Alfonso B. Bolado y Jordi Via, socios de la entidad, explicaron como en 2005, un viaje a la capital de la Lombardía para conocer el proyecto Consorzio Assicurativo Etico Solidale (CAES) Italia les influyó para poner las bases de lo que hoy conocemos como el sector asegurador ético y solidario.

“Según Hanna Arendt, la revolución supone volver a un estadio anterior y nosotras queríamos volver a un punto en el que las finanzas eran un instrumento de cohesión, intercambio y, por lo tanto, de garantía de solidaridad de una comunidad” comparte Alfonso. “Esta convicción nos lleva a buscar referentes que también hubieran llegado a la misma conclusión y solo encontramos a unos «locos» [afectuosamente] en Italia.”

La propuesta de CAES Italia era única en Europa y situaba el seguro en el marco de las finanzas éticas y solidarias, recuperando su sentido primigenio como herramienta colectiva al servicio de la comunidad. Ese encuentro fue la semilla de un trabajo teórico posterior en el marco de FETS -Financiación Ética y Solidaria que culminó en la creación de la certificación EthSI tres años más tarde por parte del Observatorio de las Finanzas Éticas.

40 años imaginando alternativas

Ese viaje a Italia es una de las muchas anécdotas de los cuarenta años de Arç Cooperativa. Actualmente, la correduría de seguros, parte del proyecto CAES para la promoción del seguro ético, es el sustento económico de 27 trabajadoras y más de 250.000 personas ya se encuentran protegidas por sus seguros intermediados. ¿Pero cómo ha llegado hasta aquí una correduría de seguros que se define como democrática, autogestionada, ética, solidaria, igualitaria y que promueve la ayuda mutua?

Un caso de éxito de intercooperación y de construcción del mercado social

Según Via y Bolado, la fórmula del éxito se ha basado en el compromiso de la cooperativa con la construcción del mercado social. “Nos dimos cuenta de que, si no cultivábamos el ecosistema de la economía solidaria, nuestro proyecto no sería viable” apunta Via, socio cofundador de la cooperativa.

La entidad ha participado en la creación y articulación de distintas redes y proyectos de intercooperación. Algunos de los ejemplos más destacados son la XES, el Grup cooperatiu ECOS, FETS u Opcions.

Y es que esta es la manera normal de trabajar de las cooperativas y los proyectos de la economía solidaria: tejer redes, crear sinergias positivas y articular comunidades que potencien otra manera de entender la economía y la vida. Un modelo económico alternativo que prioriza el bienestar de las personas y el respeto por los ecosistemas.

Acuerdos que potencian la transformación

Actualmente, Arç Cooperativa mantiene más de setentena acuerdos de intercooperación con distintas entidades y redes de economía solidaria. En la última década, la entidad ha aportado, en concepto de retornos y patrocinios, 800.000 € a través de estos acuerdos. Además, tiene algo más de 90.000 € en participaciones de organizaciones de la economía solidaria y proyectos transformadores. Según Alfonso Bolado, “entendemos el proyecto como un vehículo de reapropiación de recursos de la economía convencional hacia proyectos transformadores”.

Al fin y al cabo, la estrategia de construcción del mercado social impacta en la comunidad y el entorno. Potenciar un circuito de satisfacción de necesidades basado en la democracia, la transparencia y enfocado a las necesidades humanas, repercute en la creación de realidades transformadoras. La intercooperación y el mercado social son las bases para que hoy en día movimientos transformadores como las cooperativas de vivienda en cesión de uso, las comunidades energéticas locales o las cooperativas de movilidad sostenible sean realidades palpables.

Consumir conscientemente, también al contratar un seguro

Cada vez somos más las personas que defendemos que el consumo puede ser un acto político. La respuesta que damos para satisfacer nuestras necesidades tiene un impacto en las personas y el medio ambiente. Esto conlleva plantearnos si es estrictamente necesario consumir, si podemos reparar, intercambiar o comprar productos de segunda mano y, en última instancia, comprar teniendo en cuenta el producto o servicio y las prácticas socioempresariales que arrastra.

Más allá de la banca ética y el crédito, cada vez va calando más la idea que podemos practicar un consumo consciente al contratar un seguro gracias al sello EthSI de transparencia y buenas prácticas. La certificación, que nace de ese viaje a Milán hace diecinueve años, es una certificación que acredita la responsabilidad social y ambiental de corredurías y compañías de seguros.

Con el paso de los años, la certificación se ha consolidado como un elemento más cuando hablamos de finanzas éticas. En 2024, diez entidades, entre corredurías, compañías y entidades aseguradores, tienen el distintivo. Actualmente, el volumen total de primas con entidades acreditadas ya supone casi un 2% del total del mercado asegurador español. Además, el total de inversiones realizadas desde el sector asegurador ético ya supera los 2.000 millones de euros anuales. Una demostración que podemos contratar seguros con corredurías y compañías que tengan en cuenta el medio ambiente, el entorno, sus trabajadoras y las comunidades.

De Antonela Tossici y Noelia Sotus, partenecientes a la Fundació Pare Manel y a la Cooperativa Etcèteres, que acompañan a la Xarxa de Dones Cosidores (Red de Mujeres Costureras) un proyecto formado por siete grupos de mujeres con emprendimientos económicos. Publicado en nuestro blog en El Salto.

Frecuentemente hablamos de “minorías” como si fuera un todo. Pero es importante conocer la diversidad que engloba el término para entender cuáles son las múltiples opresiones que atraviesan a estas personas y cómo se traducen a capacidades o dificultades para establecer relaciones de cooperación con otras:

• Diversidad de origen: Personas atravesando o que han sufrido duelos migratorios. Personas que no tienen resuelta su red de apoyo a la crianza o de los cuidados. Personas que viven el racismo constante tanto a su cultura como a ellas mismas, hecho que impide una participación activa en redes de apoyo, en la escuela de sus hijos e hijas, en el trabajo, etc.
• Diversidad cultural: Las matrices de pensamiento elaboradas en cada uno de los contextos de origen son diferentes y muchas veces contrapuestas. La visión “del otro” es diferente para cada persona cuando el grupo es de orígenes diversos.
• Salud mental, enfermedades crónicas y discapacidades: El sistema capacitista en el cual vivimos facilita la discriminación y el rechazo hacia las personas que sufren problemas de salud mental o cualquier otra enfermedad crónica. Muchas veces los propios integrantes rechazan la diversidad funcional dentro del grupo, producto de una discriminación histórica que se hace a personas con alguna enfermedad, cosa que también reproduce el mercado ordinario que excluye a las personas “no productivas” según su comprensión de la productividad.
• Edad y edadismo: Esta discriminación, cada vez más visible a causa de la necesidad de trabajar durante más años antes de una jubilación, es una dificultad que sufren mucho más las mujeres, que acabando su periodo de crianza el mercado les dice que ya no son productivas, atractivas ni útiles para tener una economía propia o hacer una carrera profesional.
• Necesidades básicas no cubiertas: Con el agravamiento de la pobreza durante y después de la Covid_19, se ha disparado la cantidad de personas con necesidades básicas no cubiertas como por ejemplo el alimento y la vivienda.
• Víctimas de violencias, persecuciones, violencias estructurales y o machistas: Personas han sufrido o están sufriendo diferentes violencias, que muchas veces se esconden hacia un grupo. Estas violencias determinan la manera en que las personas se relacionan, confían y se implican en el colectivo.
• Barrera idiomática, analfabetismo y brecha digital: Estas son las más visibles dentro de un grupo diverso, pero que si no se trabajan pueden marcar posibles jerarquías dentro de un grupo e incluso acabar excluyendo a las personas que necesitan traducción o una explicación más detallada de los que se ha dicho o presentan dificultades en el acceso a la información digital. Estas personas muchas veces son acusadas de no querer participar activamente, de no seguir el ritmo por perezosas o inútiles.

Diversidad e inclusión en la Economía Social y Solidaria

Todas estas iniciativas que padecen la desigualdad que proporciona el mercado capitalista, encuentran en la economía social y solidaria una serie de principios y una manera de organizarse, priorizando su bienestar muy funcional. En muchos casos estas iniciativas colectivas son producto de una dolencia en común y no siempre de una intención política por trabajar juntas o tener el control de los medios de producción. Son grupos diversos que por definición, han quedado excluidos del mercado capitalista, capacitista y racista.

Si bien este tipo de organizaciones que conforman las “minorías” de la ESS tienen aún escasa representación dentro del ecosistema de la Economía Social y Solidaria, sus experiencias son la prueba de que los valores que proporciona este sector son replicables en grupos diversos de la sociedad y sostenibles en el tiempo. Otra característica interesante de esta minoría es que aporta la mano de obra para la manufactura de productos, ámbito que completaría el mercado social, esenciales para una propuesta económica de cara una transición ecosocial y que no tiene aún tanta visibilidad en los informes anuales.

Cada colectivo ha ido encontrando en este marco respuestas a sus necesidades comunes para tener ingresos, un trabajo digno o luchar por sus derechos. En este sentido, encontramos organizaciones informales de base, de plataformas de soporte mutuo y denuncia, de emprendimientos colectivos y comunitarios, de asociaciones, cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de trabajo, fundaciones, etc. Todas estas formas de organización tienen más o menos intervención técnica, más o menos intervención de la administración pública, etc. Algunos de estos grupos son ya conocidos. Conocemos, por ejemplo, el trabajo y la articulación de Las Kellys, Sindillar (Sindihogar), Colectivo de Prostitutas de Sevilla, etc.

Un paso más en la formalización es la creación de asociaciones donde, como todo el movimiento asociativo que la lucha por los derechos de las personas y familiares, destacamos las que agrupan problemas de salud mental como AFES Salud Mental, o los creados por las propias personas con experiencia propia como Activament y Radio Nikosia en Cataluña, Orgullo Loco de Madrid y Hierbabuena de Asturias.

Los proyectos que conocemos con un grado más sólido de consolidación en la economía social y solidaria, que han tomado la forma cooperativa o bien, que tienen entre sus objetivos la producción o el autoempleo, han sido proyectos que, o bien, han requerido de tiempo por parte que los han creado, cómo es el caso de Mujeres Pa’lante, en Cataluña, o bien, han nacido siendo pensados por personas que tienen sus no padecen las desigualdades del colectivo, y que, desde un rol técnico y con apoyo de la administración pública o fondos privados, impulsan este tipo de proyectos de inclusión laboral basados en la emprendeduría colectiva. Si ampliamos la mirada internacional, tenemos el ejemplo ilustrativo de la Cooperativa Sociale Agropolis Onlus, ubicada en la región de la Campania, en Italia. Esta cooperativa ha creado un ecosistema propio de cooperativas de producción de alimentos, música, vino, etc. para dar trabajo, techo y afecto (los tres pilares para la recuperación, según su metodología) a personas con problemas de salud mental graves o autismo. Su fórmula se basa en crear equipos mixtos (una persona con problema de salud mental y una sin) con fondos públicos y con bienes confiscados a la mafia.

Si miramos esta fórmula, nos puede recordar a otros proyectos de nuestro territorio, en que un equipo técnico acompaña a un grupo de personas en situación de exclusión a la creación de una cooperativa de trabajo. Pero algo pasa cuando miramos hacia lo nuestro: resulta que pensamos que esta fórmula no es suficientemente buena para ser economía social y solidaria. Si el proyecto no termina siendo una cooperativa autónoma (productiva y económicamente viable) y con un autogobierno de las propias personas “incluidas”, no lo miramos como un agente más de la economía social. Y desde aquí, te preguntamos lectora, lector: ¿cómo miramos a las organizaciones practican la ESS pero no toman el total de las decisiones ni tienen el control total de los medios de producción? Las consideramos economía social y solidaria? ¿O son fórmulas menos válidas?

Hablaremos de éstos y otros interrogantes este Idearia 2024, encuentro bienal de la Economía Solidaria que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo en Las Palmas de Gran Canaria. Pese a que alertamos sobre el riesgo que conlleva hacer un apartado de “excluidas” en lugar de integrar esta diversidad en todos los ámbitos de debate, consideramos que es una oportunidad para pensarnos como ecosistema y comenzar a trabajar en medidas para la visibilización de estas iniciativas que ya existen en todo el Estado español.

Los contenidos de este artículo han sido coordinados por el equipo de REAS Red de Redes. Esta actividad forma parte del proyecto Programa RED_ESS#ODS 2024 que ha contado con la colaboración del Ministerio de Trabajo y Economía Social.

La OIT (Organización Mundial del trabajo) define como “trabajo decente” aquel que implica generar suficientes puestos de trabajo para responder a las demandas de la población, pero también es un requisito indispensable que sean empleos productivos y de calidad, y que las trabajadoras y los trabajadores los ocupen en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana.

Esta organización calcula que en 2022, el número de trabajadores que vivían en situación de pobreza extrema (es decir, con ingresos inferiores a 1,90 dólares) era de 214 millones, lo que corresponde aproximadamente al 6,4% de las personas empleadas. Así mismo, unos 2.000 millones de trabajadores tenían un empleo informal en el mundo, Y solo el 47% de la población mundial está cubierta por una prestación social, lo que significa que más de 4.000 millones de personas siguen careciendo de esta protección.

Ante este “trabajo indecente” que impera en la economía convencional capitalista, la Economía Solidaria integra el “trabajo digno” como uno de los valores de su Carta de Principios y será el leit motive de Idearia, encuentro bienal que tendrá lugar en Las Palmas del 6 al 8 de mayo. Hablamos con algunas coordinadoras y ponentes de los ejes en los que se articulará este encuentro para conocer qué propuestas tienen las empresas de la Economía Solidaria a cuestiones como: ¿qué entendemos por trabajo o salario digno?, ¿Cómo promover la salud física, mental y social en el trabajo? ¿qué cuidados es necesario integrar en el puesto de trabajo? O ¿cómo promovemos trabajos inclusivos y cómo democratizamos las organizaciones?

Hablamos con:

• Maria Atienza, del equipo técnico de REAS RdR
• Rita López, de AFES salud mental
• Jose Samos Martin de la cooperativa SEPRA
• Antonela Tossici de la Fundació Pare Manel
• Javier Ortega de la cooperativa Amanar
• Marina Sanahuja de Voltes Cooperativa

Puedes verlo en:

Fuente: MeCambio en El salto diario

La polarización también llega a la economía. O, incluso, podríamos decir que la economía lleva tan polarizada desde hace tantas décadas que ha sido uno de los factores fundamentales para generar la actual polarización social, política y cultural. Los marcos de los debates han llegado a unos extremos tan absurdos que cualquier política o propuesta que hace dos décadas podías encontrarte en cualquier programa de un partido socialdemócrata liberal, ahora es tachada de “comunista” y “radical”.

En estos tiempos, somos también testigos de cómo se están generando vertientes de pensamiento reaccionario e individualista, e incluso antidemocrático, que están calando entre la población más joven, como el anarcocapitalismo o posiciones más cercanas al totalitarismo. A todo ello hay que sumar la extendida reacción contra los movimientos que más han puesto en jaque al actual sistema: el feminismo y el ecologismo.

Sin embargo, es más evidente que nunca el agotamiento y fracaso de un sistema capitalista que mutó en el neoliberalismo más salvaje. Un sistema que hemos sufrido en las últimas décadas y que ha acelerado la esquilmación de los recursos naturales y precarizado cada vez más nuestras vidas, aumentando las desigualdades sociales en todo el planeta.

Pero hay vida más allá del capitalismo. Existen innumerables visiones, enfoques y formas de entender la economía y las interacciones sociales y con la naturaleza que escapan de las lógicas individualistas, egoístas y de depredación que componen el actual régimen dominante.

Metodología

Este curso intenta romper ese dogma imperante de que no existe nada más allá del capitalismo. Para ello estudiaremos otras formas de entender y practicar la economía que respetan los límites de la naturaleza y ponen la vida de las personas en el centro. Durante la formación, que constará de cuatro sesiones online, se realizará un análisis de las limitaciones del sistema actual, se introducirán varias de las nuevas economías sociales que plantean distintas maneras de entender la economía y se presentarán alternativas éticas de consumo. Al final del curso el alumnado conocerá e identificará un amplio abanico de economías y dispondrá de materiales suficientes para poder profundizar en cualquiera de ellas, contando también con información sobre alternativas de consumo para dar pasos hacía un consumo más ético y responsable. No te preocupes si no puedes asistir a las sesiones en directo, quedarán grabadas y disponibles en nuestro aula virtual, junto a foros de discusión donde podremos profundizar en los temas, y materiales complementarios.

Estructura

I. La salida del paradigma capitalista hacia otras economías (Martes 14 de mayo, a las 19h.)

El capitalismo, sus límites y retos. Un sistema económico fallido.
Raíces históricas de las otras economías.

II. La naturaleza, la sociedad y las mujeres en el medio, con Genoveva López (Martes 21 de mayo, a las 19h.)

Economía ecológica.
Economía feminista.
Decrecimiento.
Economía Social y Solidaria.

III. El dinero como herramienta y no como fin, con Eduardo Garzón (Martes 28 de mayo, a las 19h.)

Teoría Monetaria Moderna.
Keynesianismo Vs Liberalismo.
Estado emprendedor.

IV. Alternativas y otras economías (Martes 4 de junio, a las 19h.)

Economía del Bien Común, Circular, Colaborativa, de los Bienes Comunes y otras visiones.
El consumo como herramienta política de cambio.
Alternativas éticas y reales ¿Qué podemos hacer en nuestra vida diaria?

Docentes

Yago Álvarez Barba: responsable de la sección de economía de El Salto, fundador de El Salmón Contracorriente, activista y divulgador de alternativas a la economía dominante.

Genoveva López: ha estudiado psicología y economía regenerativa. Ha estado vinculada a la economía solidaria la última década a través de numerosos proyectos como El Salmón Contracorriente, El Salto, El Mercado Social de Madrid o la cooperativa Ecooo.

Eduardo Garzón: Doctor en Economía por la UAM y Profesor en el Departamento de Economía y Hacienda Pública en la UAM. Miembro del Consejo Científico de ATTAC y miembro de la Red Internacional Teoría Monetaria Moderna (RedMMT).

Matrícula

Precio: el coste del curso es de 100 € y 80€ para las socias de El Salto.
Plazo de inscripción: del lunes 22 de abril al viernes 10 de mayo.
Cómo matricularse: los cursos están disponibles como productos en la tienda de El Salto. Puedes inscribirte aquí.

Si tienes alguna duda o necesitas una beca (disponemos de cinco ayudas que cubren el 40% de la inscripción) contáctanos a formacion@elsaltodiario.com.

Al final del curso se entregará un certificado de participación de la Escuela de Periodismo Crítico de El Salto.

¿Quién puede cursar?

Esta formación está pensada para todo tipo de públicos. No es necesario tener conocimientos básicos de economía, al contrario, está diseñada para todas aquellas personas que tengan un interés en conocer cuáles son las alternativas al actual sistema. El curso tendrá una enorme cantidad de contenidos extras para aquellas personas que quieran profundizar en cualquiera de los temas que se trate durante las sesiones. El curso puede ser muy útil también para periodistas que quieran cubrir la economía desde otros ángulos y perspectivas, para activistas que quieran armarse de conocimiento para promover otras economías diferentes o para cualquier persona interesada en descubrir qué hay más allá del capitalismo.

Fuente: El salto diario

Hace un año la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó la resolución por la ‘Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible’. Esto fue posible gracias al liderazgo de los gobiernos senegalés, francés, chileno y español (con Yolanda Díaz a la cabeza), y ha supuesto un antes y un después para las redes regionales, locales y estatales de Economías Alternativas, Solidarias, Populares, Transformadoras en todo el mundo. La resolución ha situado en esferas de incidencia internacional a este paradigma alternativo al sistema capitalista actual, y el aumento del debate político asociado propicia la creación de marcos legales para perpetuar y asentar un paradigma transformador.

También contribuyó a ello RIPESS Intercontinental, la Red para la Promoción de la ESS, que está presente en más de 70 países y se creó hace más de 25 años. RIPESS ha desempeñado un papel clave gracias al trabajo sobre el terreno realizado junto con las entidades de base locales y regionales de ESS. Las demandas y realidades de estos grupos han sido tenidas en cuenta durante los más de 10 años de negociaciones en pro de esta resolución.

Para celebrar este hito tan significativo, UNTFSSE (el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria) organizó un webinario en el día del primer aniversario. En él participaron representantes clave de los gobiernos de España, Chile y el recién elegido gobierno senegalés; así como de instituciones internacionales y de la ONU (la Unión Africana, la Comisión Europea, la OIT, el PNUD y la OCDE). ASEC, el Consejo Asiático de Economía Solidaria, y miembro de RIPESS, representado por el que fue su antiguo presidente, Denison Jayasooria, clausuraba las intervenciones.

Posicionamientos ante este aniversario

Las Presidentas de UNTFSSE, Simel Esim y Chantal Line Carpentier, se encargaron de inaugurar el webinario explicando la importancia de esta resolución, del grupo de trabajo en sí para dar resonancia y apoyo a aquellos estados y regiones que, como Senegal, han recientemente creado leyes marco sobre la ESS en sus países y presentaron, asimismo, el Plan Estratégico del grupo de trabajo, la serie de podcast ‘Esenciales’ y la Enciclopedia de la UNTFSSE.

Tras esto, la Secretaria de Estado del Ministerio de Economía Social de España, Amparo Merino, y Claudia Fuentes, Embajadora Permanente de Chile en Ginebra, destacaron el apoyo de sus gobiernos a la Economía Social y Solidaria. “Existe un claro entendimiento alcanzado en las américas sobre la ESS,(…) estamos haciendo esfuerzos para implementar la resolución (…) desde un enfoque integral e interdisciplinar”, en palabras de Claudia Fuentes.

Los representantes de la Comisión Europea, Patrick Klein y Margit Perkot presentaron el Plan de Acción de Economía Social aprobado el pasado 2021 defendiendo un “marco jurídico para que prospere la economía social”. La Sra. Perkot concluía con la recomendación de “ir a otros actos que versen sobre otros temas para promover los nuestros y recabar más ideas y alianzas”.

Sabelo Mbokazi, en nombre de la Unión Africana habló de la Resolución como un “hito significativo que pone de relieve la importante contribución de la ESS a la Agenda Africana sobre trabajo decente, empleo y protección social, así como a la mitigación de la pobreza y al desarrollo comunitario”. Valoró muy positivamente el trabajo conjunto entre la Unión Africana y la OIT en la Estrategia para África de ESS (2023-2032).  Terminó llamando a que “reafirmemos nuestro compromiso como catalizador del desarrollo sostenible en África. Aprovechemos la oportunidad de transformar nuestras economías en el mundo del trabajo para que nadie se quede atrás y usemos ese potencial transformador en pos del avance del progreso económico social”.

Para terminar, Denison JayaSooria, ex-presidente y co-fundador de ASEC diferenció los dos niveles de acción de la ESS: Por un lado, puso de manifiesto la necesidad de mantener la vista y los pies en el terreno, donde la ESS ocurre y está su base. A este respecto, aportó ejemplos enriquecedores de proyectos de este tipo en países diversos de Asia (India, Pakistán, China, Tailandia, Malasia…). Por otro lado, lo diferenció del nivel de gobernanza y elaboración de políticas, donde Asia también está a la cabeza con legislaciones específicas en países como Corea del Sur. Estados como los de Indonesia y Filipinas promocionan, además la economía popular o comunitaria y ha dado otros ejemplos que puedes encontrar en su discurso.

El webinario estuvo plagado de ejemplos motivadores que nos dan esperanza de que el cambio se está realizando. Como dice Denison “es necesario desarrollar una ESS fuerte a nivel comunitario y territorial como elemento de cambio sistémico y medio de lucha contra la crisis climática”.

Proyecto de ley en Cataluña

Aterrizando estas realidades y ejemplos, encontramos en nuestro territorio la adopción del proyecto de ley marco sobre la ESS por parte del gobierno catalán el 9 de abril de 2024 , que allana el terreno para que este texto sea debatido y ratificado por el parlamento catalán. Este proceso, iniciado hace 10 años, es la culminación de un trabajo de incidencia política liderado por la Xarxa d’Economia Solidaria Catalana – XES y otros actores sociales y de la ESS.

La resolución de la ONU del año pasado creó, por tanto, un clima favorable para la adopción de este proyecto de ley por el Parlamento catalán y, aunque aún queda mucho camino, cada vez más la solidaridad de base se está abriendo paso incluso en instituciones de alto nivel.

Cómo éste hay, y esperamos sigan surgiendo otros ejemplos que muestran que el cambio está pasando en todos los lugares, aquí y ahora. Y la Economía Social y Solidaria está marcando el camino….

Algo así como “es el mercado, amigo” debieron sentir en sus tripas Jara y Jaime, ambos trabajadores, en sus treintaicinco, padres de Darío y Maya, vecinos de Lavapiés desde hace más de una década, cuando conocieron el mes pasado que iban a ser desalojados de su hogar en Tribulete 7. Su edificio ha sido vendido a un fondo buitre, la socimi Élix Rental Housing, cuya glamourosa página web y sede en Serrano contrasta con las inquietantes e intimidatorias tácticas de contacto y mediación que sus emisarios han tenido con los vecinos del inmueble. El objetivo es que abandonen el edificio lo antes posible, sin hacer ruido y que cueste económicamente lo menos posible.

La historia de Tribulete 7 es la historia de 54 familias que van a ser literalmente echadas de sus casas como haga falta. Y también es el relato de cada vez más y más inmuebles en las principales ciudades del país. Después, llegará una reforma integral y muy probablemente un edificio convertido en apartamentos turísticos, con una rentabilidad considerablemente mayor. Es el mercado, amigo.

Seis de cada 10 familias tienen hoy problemas relacionados con la vivienda. Piense en usted mismo y su relación con la compra, venta o alquiler de vivienda en la última década, ya sea usted el que compraba o el que vendía, el inquilino o el propietario. Es más que probable que no recuerde la experiencia con mucho cariño. Buscar casa de alquiler genera ansiedad a unos niveles estratosféricos; ser propietario y encontrar un inquilino, el miedo constante y alimentado por los medios de que un día dejen de pagarte y no se marchen.

Las empresas que operan en el mercado inmobiliario, ya sean promotoras, constructoras, inmobiliarias o las nuevas empresas de alquiler seguro o renta garantizada, no parece que mejoren la experiencia del cliente. Salvando algunos casos aislados, tener que relacionarse con el sector es sinónimo de tensión y frustración. Lamentablemente, no hay encuesta de satisfacción que rellenar al término del servicio. Ya saben por qué.

Los números confirman la percepción. Desde 2016 el alquiler ha subido de media un 41%. En las grandes ciudades, el porcentaje de ingresos de una persona destinados a alquilar se sitúa muy por encima del 30% recomendado como máximo, alcanzando el 44% en Barcelona, el 39% en Valencia o el 37% en Madrid. Vivir en la ciudad asfixia la calidad de vida. Pues váyase al campo, oiga. En las zonas rurales la situación no es mejor; la ausencia de parque de alquiler es uno de los lastres más preocupantes de la España vaciada. Cada vez son más las comarcas en las que se da la paradoja de puestos de trabajo no cubiertos por la ausencia de vivienda para albergar a nuevos pobladores que los ocupen.

En las zonas rurales la situación no es mejor que en las ciudades; la ausencia de parque de alquiler es uno de los lastres más preocupantes de la España vaciada.

A pesar de todo esto, las vehementes normas del libre mercado no consiguen sacar a la oferta los 3,4 millones de viviendas vacías que existen en España, aun cuando el 40% de ellas, un millón y medio, se encuentre en ciudades de más de 50.000 habitantes, más atractivas y con demanda. Qué contradictorio. Quizás el mercado no valga para todo.

La vivienda es diferente, amigo. A diferencia de la air fryer, ya en su día el mismo Aristóteles hablaba del hogar como un espacio fundamental para la formación y la virtud de la familia. La casa es el nido que sustenta la unidad familiar, la base de la sociedad. Sin casa, pues, no hay estabilidad social. La Constitución española de 1978 así lo reconoce en su artículo 47, elevándolo a derecho, y cito: “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho”. Vaya vaya, parece que la carta magna, tan defendida por derecha y liberales, impone al Estado de manera explícita asumir la vivienda como su responsabilidad.

Como hemos visto, hay razones de sobra como para que la política actúe con decisión para  cambiar el rumbo de un problema tan grave como este. Pero, entonces ¿por qué no se aborda decididamente por ningún partido político? Las razones son numerosas, pero podemos nombrar las tres principales: la primera es que la banca aún debe gran parte de sus beneficios a las las hipotecas que coloca. Aumentar el parque de vivienda protegida es entrar a quitarle negocio a la banca, el sector empresarial más poderoso del país.

En segundo lugar, porque la casa ha sido culturalmente entendida por la sociedad española como el valor refugio del trabajo de una vida entera. El 60% de los españoles son propietarios y su única casa es su seguridad ante inclemencias futuras. Aumentar el parque público de vivienda es reducir el grosor de ese colchón, y no hace gracia. Este aspecto, aparentemente insignificante, ha hecho que aquí la clase media sea mucho más conservadora e inmovilista que en otras sociedades de países cercanos y similares, donde el porcentaje de alquiler es más elevado.

Por último y en tercer lugar, la democracia y sus plazos no le sientan bien a la vivienda pública, que requiere de otro tipo de tiempos para abordarse correctamente. Durante los últimos 40 años tanto PP como PSOE han gobernado España reduciendo sistemáticamente el parque de vivienda social, que representa ya solo el 1,6% del total, cuando el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea supera el 15%. Los prontos de Pedro Sanchez en 2023 anunciando un Plan Marshall de vivienda suenan realmente ridículos tras décadas de ausencia de estrategias creíbles, de largo plazo y con presupuestos de relevancia para abordar este problema.

La nefasta gestión de la vivienda pública es la causa de gran parte de las externalidades negativas que generamos actualmente como sociedad. Su gestión influye positiva o negativamente en la vulnerabilidad de las familias españolas, la deshumanización de nuestros barrios y ciudades, la profundización de la España vaciada, en la juventud y su futuro, e incluso en el cambio climático -a través de los planes de reforma y adaptación del parque actual-.

La nueva ley de vivienda aprobada el año pasado es un avance, pues regula el precio de las famosas zonas tensionadas pero, para ello, la administración local debe solicitarlo primero. El Partido Popular, que gobierna el 40% de los ayuntamientos del país y la mayoría de las principales capitales, ya ha dicho que está en contra y no va a solicitar ninguna, haciendo oídos sordos y sin ofrecer alternativa alguna. Desde luego, esto no es eficaz para solucionar los problemas de las personas. ¿Qué más hace falta para un plan nacional, integral, ambicioso y coherente en materia de vivienda? Un plan que se acompañe de leyes decididas y recursos suficientes, que repiense las recetas clásicas -vivienda social, sí, pero bien planteada y no oportunista-, y que permita caminos de innovación pública valiente y colaboración público-privada, siempre orientada al servicio de las personas moradoras y no de inversores.

Probablemente, Jara y Jaime ya hayan aceptado que su futuro se encuentra lejos de su barrio. Qué paradoja la suya. Les ha cambiado la vida una operación inmobiliaria tristemente al amparo de la nueva ley de vivienda. Una operación liderada por personas que no se han tomado una caña en Lavapiés en su vida, apoyada por inversores que no sabrían situar a la ciudad de Madrid en un mapa, pero que sin embargo están transformando radicalmente el barrio y la vida de las gentes que lo levantan cada mañana. Es el mercado, amigo.

Hace un tiempo recuperábamos este artículo de Isidro Jiménez, en El Salmón Contracorriente, en el que recopilaba diez libros destacados que nos podían ayudar tener una visión crítica del consumo.

Ya entonces, quedaron fuera de la selección títulos importantes, pero además, después se han publicado diversos ensayos, que de una u otra manera, ahondan en esta crítica. Por todo ello, nos hemos propuesto hacer una segunda selección, en la que por supuesto faltarán muchos libros interesantes, pero que, en cualquier caso, sirve como orientación para quien quiera profundizar en estos temas.

COBALTO ROJO. EL CONGO SE DESANGRA PARA QUE TÚ TE CONECTES. Siddharth Kara, 2024

El cobalto es un componente fundamental de las baterías recargables de litio que alimentan nuestros teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles… Aproximadamente el 75% de este mineral se extrae en el Congo, ocasionando en este país graves impactos ambientales y sociales, como desplazamientos forzosos de la población local, que a su vez terminan como «mineros artesanales», que sin unas condiciones laborales mínimas, trabajan extrayendo el cobalto de manera rudimentaria. Siddharth Kara documenta este fenómeno a través de múltiples entrevistas, muchas de ellas a niños y niñas, que han desempeñado estos trabajos.

Paralelamente, el periodista norteamericano de origen indio, investiga las cadenas de producción, poniendo de relevancia la responsabilidad de las grandes compañías mineras, la complicidad del gobierno en este fenómeno, así como el papel de las milicias que a menudo surgen en torno a las explotaciones. Y todo ello, sin olvidar las relaciones coloniales a las que el pueblo congolés se ha visto sometido, desde la brutal ocupación belga que sufrió, y que siguen marcando el desarrollo del país.

EL CAMBIO CLIMÁTICO EN DIEZ MERCANCÍAS. Contra el diluvio, 2023

Libro de escritura colectiva de Contra el diluvio, grupo de estudio, reflexión y acción sobre el cambio climático que nace en 2017, con prólogo de Belén Gopegui. Formato breve, pero muy clarificador, que trata de mostrarnos la realidad de la crisis climática a través de diez «mercancías», tan desiguales, pero también tan significativas de nuestro modo de vida como: la fuerza de trabajo, el teléfono móvil, Netflix, el coche, la carne, la vivienda, la sanidad, Amazon, la ropa y las vacaciones. Así, a partir del análisis de la cadena de producción, distribución y consumo de cada una de ellas, se busca enlazar lo que son los mecanismos estructurales del capitalismo con nuestras elecciones al consumir, dando la importancia correspondiente a cada una de estas partes, huyendo de la idealización del «poder del consumidor».

Además, para cada «mercancía» se propone una serie de alternativas para reducir su contribución a la emergencia climática. Alternativas, siempre propuestas desde la perspectiva de la justicia social, pensadas de forma que para ser válidas deben ser generalizables para toda la población mundial. Alternativas que no tienen por qué consistir en sustituir una cosa por otra, y que se pueden separar en aquellas pensadas para implantar a corto plazo, y en otras concebidas más a largo plazo, que aunque puedan resultar utópicas, quizá sean las soluciones más realistas a una crisis acuciante.

AYUNO DIGITAL: AUTOAYUDA COLECTIVA PARA CAMBIARLO TODO. Sergi Onorato Esteve, 2023

Según Sergi Onorato, autor del libro, «dejar de mirar el móvil es dejar de llenarnos de información y de comunicaciones para dar la oportunidad, el espacio, a que pasen otras cosas en nuestras vidas». Y es que el móvil, en unos pocos años, se ha vuelto un objeto omnipresente en nuestras vidas, consumiendo gran parte de nuestro ocio y tiempo, y marcando la forma en que nos relacionamos, y todo ello, a base de unas aplicaciones que suelen estar diseñadas para mantenernos enganchados y poder registrar nuestros gustos y datos con el fin de hacernos llegar publicidad personalizada, y por tanto más efectiva.

A partir del análisis de estos fenómenos, y de los impactos que tiene la hiperconexión, Sergi Onorato propone el ayuno digital como forma de que seamos conscientes de la dependencia y adicción que crea el uso del smartphone y de que seamos capaces de poner límites y controlar su empleo de una manera saludable. La propuesta del autor, recogida en tres cartas dirigidas al lector, es un primer ayuno de un día, el segundo de tres días y para finalizar un ayuno colectivo. Esta es precisamente la experiencia que diseñó con 15 personas de su entorno, a los que iba mandando cartas con la propuesta y de los que iba recibiendo sus impresiones y experiencias, acabando con un encuentro final, con puesta en común. Destacar que esta propuesta está concebida para llevarla a cabo de forma colectiva, dado que con el papel que juega la tecnología en nuestra socialización, el control en su uso debe realizarse de acuerdo con la gente de nuestro entorno.

ESTADOS UNIDOS DE AMAZON. Alec MacGillis, 2022

Este libro hace un repaso, a través de múltiples testimonios (lo que lo hace muy ameno), de la evolución económica de Estados Unidos de los últimos 70 u 80 años, abarcando distintos periodos o fenómenos, como el New Deal, el neoliberalismo, la globalización o la irrupción de las empresas tecnológicas. Con este repaso, muestra cómo se van determinando las ciudades o los territorios ganadores y los perdedores, condicionando en gran medida la vida de las personas que allí habitan, en un fenómeno que genera cada vez más desigualdad. Y a la vez, nos enseña como Amazon va explotando esta situación (y también va acentuándola) para impulsar su negocio, aprovechando las posibilidades que le ofrece cada ciudad y apoyándose en una fuerte actividad de lobby, que logra que reciban cuantiosas ayudas y beneficios por parte de las administraciones públicas…

Como parte curiosa, surrealista y flipante, aquella en la que explica el «concurso» que establece Amazon entre las ciudades norteamericanas interesadas en albergar su segunda sede central. No contamos más, porque merece ser leído.

CONSUMO CRÍTICO. EL ACTIVISMO REBELDE Y LA CAPACIDAD TRANSFORMADORA DE LA SOCIEDAD. Carro de Combate, 2021

Podíamos dedicar un artículo completo a hablar de las distintas publicaciones realizadas por las periodistas del colectivo Carro de Combate, tanto individualmente como de forma colectiva. Entre los que hemos seleccionado, este libro que refleja la filosofía con la que nace el colectivo, resumida en el lema: «consumir es un acto político». Las autoras, Laura Villadiego, Brenda Chávez y Nazaret Castro, hacen un repaso histórico a distintas luchas que se han valido del consumo como herramienta crítica y transformadora para alcanzar sus objetivos, incluyendo formas de activismo amplias, como el ecologismo, el feminismo o la defensa de los derechos humanos.

A partir de esta recopilación, incluida en el primer capítulo, se pasa al capítulo 2, centrado en repasar el empleo de campañas de boicot, como herramienta específica. Los siguientes cuatro capítulos se centran en alternativas inspiradoras impulsadas por los movimientos sociales para sectores de la economía específicos, como la alimentación, la moda, la energía y el big data. Y el libro concluye con un último capítulo que sirve para hacernos distinguir entre falsas soluciones y alternativas realmente transformadoras y emancipatorias.

VIVIR SIN PLÁSTICO. Patricia Reina Toresano y Fernando Gómez Soria, 2019

Patri y Fer nos regalan este libro, que a partir de un análisis de la historia del plástico, y de los problemas, tanto ambientales como para la salud, que suponen su uso, nos muestran el camino para ir reduciendo su consumo, mostrándonos, de una forma muy práctica, distintas alternativas.

El valor del libro no solo está en que parte de dos personas que predican con el ejemplo, y por tanto dan consejos que se basan en su propia experiencia, también es muy de agradecer el tono amable y ameno, e incluso el buen humor, con que trasmiten el mensaje, lo que refuerza su carácter motivacional y supone un importante apoyo a emprender el camino en el que ellos llevan mucho tiempo.

AL BORDE DE UN ATAQUE DE COMPRAS, Brenda Chávez, 2019

Este libro, de la periodista y divulgadora Brenda Chávez, sirve como manual de acompañamiento para quien opte por reducir su consumo, y por hacerlo de una manera más consciente, teniendo en cuenta sus implicaciones sociales y medioambientales. Consta de dos partes, una primera dedicada a explicar la sociedad de consumo y el fenómeno consumista, con el fin de que podamos entender cómo condiciona nuestra forma de vida. Y la segunda, dedicada a exponer una serie de pautas y alternativas que pueden servir como palancas de cambio para poder practicar un consumo más consciente, reivindicado como opción política.

La obra está dividida en 73 pautas o claves, que hacen que la lectura sea sencilla y amena, aunque sin abandonar el rigor. Además, lejos de sermonear o culpabilizar al lector, la autora parte del reconocimiento de la dificultad que supone el consumo consciente por lo interiorizado que tenemos ciertos valores. Esto se traduce en el enfoque práctico y motivacional del libro.

LA DICTADURA DE LOS SUPERMERCADOS. CÓMO LOS GRANDES DISTRIBUIDORES DECIDEN LO QUE CONSUMIMOS. Nazaret Castro, 2017

Nazaret Castro, una de las periodistas fundadora Carro de Combate, disecciona el negocio de la gran distribución, modelo imperante en la mayor parte de los sectores de consumo, que genera mercados de estructuras oligopólicas a nivel global, donde queda fuera el pequeño comercio, y donde grandes empresas trasnacionales aprovechan su posición dominante en el mercado para imponer a los productores condiciones que llegan a ser abusivas. De esta manera, que se describe de forma detallada en la primera parte del libro, hablando de la distribución alimentaria, pero también del modelo de Inditex o de Ikea, las grandes distribuidoras se convierten en verdaderos formadores de precios, ofreciendo productos cada vez más homogéneos, bajo una apariencia de gran diversidad. Por el momento en que se escribe, el libro no recoge el auge del comercio electrónico y del fenómeno Amazon, aunque éste no deja de ser una variante del modelo descrito, pero de una dimensión aún mayor.

En la segunda parte, se hace un amplio análisis de los impactos de este modelo, en el empleo, en el reparto de la riqueza, ambientales, etc., para acabar proponiendo distintas alternativas.

CARRO DE COMBATE: CONSUMIR ES UN ACTO POLÍTICO. Laura Villadiego y Nazaret Castro, 2014

El primer libro de las fundadoras del colectivo Carro de Combate, Nazaret Castro y Laura Villadiego, que fue revisado y actualizado en 2020, en una nueva edición. Muestra de forma clara, concisa y rigurosa, lo que no es sencillo dada la complejidad de un modelo globalizado, las claves de la cadena de producción, distribución y consumo de 20 productos de uso cotidiano, quedando reflejados los impactos sociales y ambientales que generan. Entre estos productos, el café, el azúcar, la leche, la fruta, la carne, el textil, la electrónica o los plásticos.

El objetivo de las autoras es «visibilizar la complejidad del proceso que se nos oculta, y que genera impactos sociales, laborales y ambientales en las diferentes fases del ciclo de vida de los productos, desde la extracción de las materias primas hasta la contaminación que producen los embalajes».

En el ensayo quedan reflejados la experiencia y los conocimientos adquiridos de las autoras, al haber desarrollado gran parte de su actividad profesional en América Latina, Nazaret, y en el Sudeste asiático, Laura, dos zonas donde se acumulan los impactos del sistema deslocalizado de producción.

CONSUMIR MENOS. VIVIR MEJOR. IDEAS PRÁCTICAS PARA UN CONSUMO MÁS CONSCIENTE. Toni Lodeiro, 2008

Este libro, de Toni Lodeiro, divulgador y consultor en consumo consciente, y colaborador de Opcions, nace como una guía práctica que nos sirva de apoyo para poder adoptar una forma de vida alejada de la vorágine consumista, más placentera y acorde a nuestros principios y objetivos. Todo ello, apoyado en la adopción de unos valores menos materialistas y en el desarrollo de un consumo más consciente.

En la primera parte del libro, se analiza el modelo de consumo, sus impactos y el cómo afecta a nuestras vidas, como fundamento para empujarnos al cambio, contemplando las dificultades y ventajas que éste conlleva, pero siempre concebido con la intención de unir placer y ética, huyendo de posturas moralistas.

En la segunda parte, se pasa a la parte más práctica, con una completa propuesta de cambios que podemos llevar a cabo en nuestra alimentación, en la energía que empleamos, en los trabajos que desempeñamos… Todo ello con un gran número de ejemplos de alternativas o proyectos que están en marcha, o mejor dicho, que al menos estaban en funcionamiento cuando se escribió el libro, y es que lo que sí hay que tener en cuenta, que por el tiempo que ha trascurrido desde entonces, se ha podido quedar un poco desfasado en este sentido.

Hace algunas décadas, teóricas del feminismo organizacional, como Joan Acker, Marta Calàs y Linda Smircich, identificaron un fenómeno que hoy nos resulta familiar: las organizaciones no son entornos neutrales en términos de género. Este concepto, denominado “procesos generizantes”, también ha sido destacado por la Economía Feminista y numerosas organizaciones sociales. Sabemos que en nuestras organizaciones no sólo “somos género”, sino que también “hacemos género”, como bien explicaron nuestras compañeras de Mugarik Gabe en un vídeo sobre su “viaje” por el proceso de cambio organizacional feminista.

Los procesos de cambio organizacional feminista se caracterizan por la búsqueda activa de la equidad de género y la transformación de las estructuras y prácticas organizativas en consonancia con los principios feministas. Estos procesos van más allá de simplemente abordar la representación de género en la organización; se centran en desmantelar las jerarquías, roles y prácticas que perpetúan las desigualdades (no sólo aquellas relacionadas con el género, de hecho). Estos procesos no solo buscan crear entornos más equitativos y habitables dentro de la organización, sino que también pretenden contribuir a un cambio social más amplio hacia estructuras más justas e inclusivas en todas las esferas de la vida.

Huellas de un camino en red

Con el objetivo de explorar cómo las prácticas y propuesta de la economía feminista contribuían a la construcción de organizaciones más habitables en el marco de la Economia Solidaria comencé en 2029 un proceso de investigación-acción. Al calor de este proceso, se comenzó a estructurar un proceso de cambio organizacional con XEAS País Valencià, y desde donde  participé directamente en el proceso que se denominó “Cap a una XEAS País Valencià” y que ha supuesto profundos cambios en la red valenciana.

En el marco de la articulación del proceso con XEAS País Valencià (que duró algo más de un año) se realizaron múltiples entrevistas y reuniones así como diferentes encuentros  con el fin de hacer un diagnóstico de la situación de la organización y proponer una hoja de ruta para promover los cambios necesarios para construir una organización más habitable. A través del juego, del dibujo, y también del debate y la palabra, se articularon numerosos encuentros en los que participaron diferentes organizaciones de la red.

Gracias a un taller en el Congreso de Economía Feminista de 2019, se estableció el contacto y posterior vínculo con REAS Euskadi, quienes estaban atravesando su proceso de cambio organizacional feminista, conocido como “Plan Bizigarri”. Nace así un fuerte vínculo de inspiración con REAS Euskadi y el trabajo que han realizado durante 4 años en torno al concepto (aún en construcción) de “Organizaciones habitables”, para la identificación y desarrollo de modelos de organizaciones construidas desde miradas no patriarcales. Se busca así promover organizaciones abiertas, flexibles, diversas y democráticas, basadas en liderazgos cooperativos y que impulsen la participación y pongan atención no sólo en los resultados, sino también -o, sobre todo- en los procesos y en las relaciones.

Conclusiones de este caminar

Después del análisis de estas dos experiencias paralelas para la construcción de organizaciones más habitables y, en definitiva, feministas, se evidenció que impulsar procesos de cambio organizacional feminista fue una oportunidad para desaprender prácticas generizantes y construir organizaciones más habitables.

Además se extrajeron las siguientes conclusiones a nivel:

• técnico: se observó que estas organizaciones promovieron una mayor movilización de recursos, modificaciones en la estructura y diferentes modelos de trabajo, teniendo en cuenta de manera más consciente cómo el poder atravesaba estos espacios.
• político: los feminismos ganaron presencia y legitimidad en los proyectos de la organización, incrementando su participación en gran parte de las actividades, discursos e incluso en la misión y visión de las organizaciones.
• de cultura organizacional: se impulsaron numerosos cambios que, a pesar de ser los más invisibles y difíciles de identificar, fueron los que realmente permitieron que el proceso nunca terminara y que la voluntad de construir organizaciones habitables generara una revisión y cuestionamiento constante (o periódico) de las formas de hacer, estar y ser en la organización.

Las personas participantes en los procesos destacaron, así mismo, el aprendizaje personal que supuso, y se evidenció cómo estos procesos contribuyeron a transformar la cultura organizacional.

La contribución de las metodologías feministas participativas fue fundamental en estos procesos, desplegando herramientas que cuestionaron enfoques racionales y objetivos de otros procesos de cambio organizacional. También se exploraron los factores impulsores o limitantes de la transformación organizacional feminista, destacando la disponibilidad de recursos, el trabajo feminista previo en la organización y la voluntad política como elementos clave. Entre los principales desafíos se encontraba la dependencia de recursos económicos, la diversidad de entidades y la exigencia de participación. La capacidad de gestionar conflictos y la falta de visión estratégica también fueron determinantes en la profundidad de los cambios.

En conclusión, esta investigación proporcionó valiosos aprendizajes y recomendaciones para organizaciones interesadas en desarrollar transformaciones hacia espacios más habitables, inclusivos y feministas. La Economía Solidaria pudo avanzar hacia un paradigma más equitativo y sostenible, incorporando las perspectivas y prácticas del feminismo organizacional, un ejemplo sin duda para otros movimientos y organizaciones.

Para saber más…

Consulta la tesis de Marta Maicas Pérez: https://riunet.upv.es/handle/10251/194807

Consulta la web de XEAS País Valencià: https://xeas.org/2022/12/05/cronica-de-la-jornada-una-economia-per-a-la-vida/

Consulta la web de REAS Euskadi: https://reaseuskadi.eus/hacemos/organizaciones-habitables/

Tenían un vecino que era diferente a los demás. Acumulaba cosas. Primero sólo en algunos lugares de la casa. Luego la fue llenando hasta que apenas se podía abrir la puerta para entrar o salir al rellano que compartía con otras tres viviendas. En las reuniones de la comunidad decidieron que la solución era echarlo. Tratar de que no se le renovara el alquiler. Olía mal en toda la séptima planta.

Ellas no estaban de acuerdo con la decisión. Pensaban que había otro modo de solucionar el problema. Llamaron a su puerta. Él les contó que todas las cosas que guardaba en su casa tenían un sentido, un valor, una utilidad. Ellas le echaron una mano buscando a profesionales que sabían cómo ayudar a personas a las que les sucede esto. Estuvo un tiempo fuera y, cuando volvió, ya no tuvo necesidad de seguir acumulando cosas.

Ellas se fueron de esa casa pero siguen conectadas con él. Cada mañana, su antiguo vecino, les manda un mensaje de buenos días.

Decidimos que queríamos participar en la toma de decisiones sobre cómo se habita ese espacio e intentar una lógica diferente a la de la propiedad privada

Conozco esta historia porque, ahora, ellas son mis vecinas. Vivimos en un edificio en el que nadie paga un alquiler y nadie tiene la casa en propiedad. Es un edificio que está en derecho de uso. Decidimos que fuera así, que la propiedad no fuera individual sino colectiva, que la casa donde vivimos no sea mía sino nuestra, de toda la cooperativa.

Decidimos que queríamos participar en la toma de decisiones sobre cómo se habita ese espacio e intentar una lógica diferente a la de la propiedad privada. Una forma de vivir en la que no se pueda especular con la vivienda. Otra manera de vivir que pretende construir alternativas al mercado especulativo inmobiliario. Una de esas gotas desde las que se construye algo diferente.

Gotas que no existen sólo aquí, hay en muchos otros lugares. En Uruguay, en Dinamarca, en Argentina, en Canadá.

Contesto que les dejamos la certeza de que siempre habrá gente a su alrededor que les ayudará si, un día, comienzan a acumular muchas cosas dentro de su casa

La pregunta que más nos hacen cuando hablamos de nuestra cooperativa es: ¿qué les vas a dejar a tus hijos si no pueden heredar tu casa?

Y yo siempre digo lo mismo. Que lo que les dejamos es saber vivir en comunidad, aprender a tejer redes que no te dejan caer, redes en las que tú no dejas que las demás se caigan.

Contesto que les dejamos la certeza de que siempre habrá gente a su alrededor que les ayudará si, un día, comienzan a acumular muchas cosas dentro de su casa. Les dejamos el saber colectivo de formas de resolver los conflictos que no pasen por expulsar a quienes tienen una dificultad o hacen las cosas de un modo diferente.

Tener hijos, de alguna manera, es una forma de creer en el futuro.

Vivir en una comunidad en derecho de uso es una forma de dejarles como herencia otra manera de vivir.

Frente a un sistema económico que, como vemos todos los días en noticias y periódicos, genera múltiples desigualdades y opresiones, la Economía Solidaria coloca la equidad como un elemento central en las relaciones entre las personas, las comunidades, los pueblos, así como con el planeta, como se recoge en la Carta de principios de la Economía Solidaria. Esto supone reconocer y considerar la igualdad de oportunidades, condiciones y trato, a la vez que establecer un reparto justo de obligaciones, recursos y responsabilidades.

Para garantizar este principio, como los del resto de la carta, las empresas de la economía social y solidaria analizan sus prácticas anualmente desde esta perspectiva a través de la herramienta de Auditoría y Balance Social. Gracias a ello, anualmente se publica un informe asociado con perspectiva feminista, que analiza el grado de participación y representación de las mujeres, el impulso de políticas inclusivas o la medidas para la conciliación y corresponsabilidad. Algunos datos que arroja este informe en comparativa con la economía convencional es justamente el de la brecha salarial, de ahí el lema de este programa. Y es que según el Instituto Nacional de Estadística (cuyo último dato disponible es del 2021), la brecha en el salario medio entre hombres y mujeres fue, de 18,36%. En el caso de las entidades de la Economía Solidaria (informe auditoría 2023, datos 2022): la brecha del salario medio es de 0.55%. Es decir, la brecha es casi nula.

Algunos otros datos interesantes que nos revela este informe sobre las prácticas feministas y en pro de la equidad de género de la ESS son:

• Un 64,9% de las personas que integran la ESS son mujeres, frente al 45,9% de la economía convencional.
•  En materia de representación (datos de 2022), vemos como en las empresas del ibex35 la presencia femenina en puestos de representación es de 33,71% mientras que en la ESS asciende a 54,31%.
• En la ESS un 98% utiliza un lenguaje inclusivo, algo menos de un 70% cuenta con protocolos para la prevención y el acoso, el 65% mejora los permisos legales de conciliación y el 80% cuenta con espacios de atención emocional y de cuidados.

Hablamos de todo ello con expertas en la materia de ambos lados del atlántico:

1. Flora Partenio, activista feminista argentina e integrante de la red DAWN
2. Zaloa Pérez. Consejera de Feminismos de REAS RdR
3. Jordi Garcia de Apòstrof (XES)
4. Sara Buri de Conciencia Afro (MES Madrid)
5. Alicia Jiménez de Acción contra la trata ( Reas Navarra)

También puedes escucharlo en iVoox desde este enlace.

Conducción y guión: Blanca Crespo y Brenda Chávez.
Coordinación y mandos técnicos: Susana Ortega
Edición de podcast: Susana Albarrán
Coproducción de REAS RdR y El Salto Diario

Entre la compra y el alquiler y enfrentada al uso especulativo, el modelo de bloques de cooperativas en derechos de uso no ha dejado de crecer en todo el Estado español en los últimos cinco años. También en la Comunidad de Madrid, donde en septiembre de 2023 surgió la Coordinadora de viviendas cooperativas en derecho de uso de Madrid para aglutinar a los 13 proyectos presentes en este territorio.

El pasado sábado 2 de marzo, el movimiento volvía a mostrar su fortaleza con un encuentro en el Ateneo La Maliciosa, donde se presentó el modelo a otros colectivos que luchan por el derecho a la vivienda. Este encuentro, que convocó a más de 100 personas para debatir sobre líneas de actuación común contra la especulación inmobiliaria, contó con la participación de PAH Vallecas, la Asamblea de vivienda de Usera-Villaverde y el Sindicato de Inquilinas/os, movimientos que sumaron su experiencia a las cooperativas de vivienda en derecho de uso como Entrepatios o Sostre Cívic y analistas como Pablo Carmona, autor de La democracia de propietarios (Traficantes de Sueños, 2023).

Frente al modelo de “sociedad de propietarios” tan implantado durante generaciones, el derecho de uso se abre paso poco a poco como alternativa frente a la especulación inmobiliaria

El modelo de derecho de uso, presentado por la Coordinadora como una de las posibles alternativas al problema de la vivienda en la Comunidad de Madrid, sigue siendo minoritario en España. Sin embargo, es un sistema de gran implantación en otras latitudes: representa aproximadamente la tercera parte del parque de vivienda en ciudades como Copenhague o es utilizado por más de 35.000 familias en Uruguay gracias a la Federación Uruguaya de Cooperativas de Ayuda Mutua.

Derecho de uso y alternativas al capitalismo

El derecho de uso es un modelo intermedio entre la compra y el alquiler, donde la propiedad es de la cooperativa, pero el uso de la vivienda se cede a la persona socia que la habita, un sistema alternativo de propiedad que no ha calado en las promociones de vivienda colaborativa lanzada por el mercado. “Otras de las características del modelo, como la sostenibilidad medioambiental o la proliferación de espacios comunes en los edificios, han sido integradas en mayor o menor medida por el modelo económico capitalista para asegurar su pervivencia”, en palabras de Berta Iglesias, integrante de la cooperativa Entrepatios. Sin embargo, “el derecho de uso es lo único de este modelo cooperativo que no es aceptable por el sistema capitalista porque le resulta inasumible pagar por algo que no es propio”.

“Otras de las características del modelo, como la sostenibilidad medioambiental o la proliferación de espacios comunes en los edificios, han sido integradas en mayor o menor medida por el modelo económico capitalista”

Frente al modelo de “sociedad de propietarios” tan implantado durante generaciones, el derecho de uso se abre paso poco a poco como alternativa frente a la especulación inmobiliaria tan presente en la cultura política española, y que tuvo su máxima expresión en el “boom del ladrillo” que comenzó a finales de los 90 y duró hasta el pinchazo de 2008 y la posterior crisis económica que dio lugar al rescate de numerosas cajas de ahorro.

Proyectos sénior

Entre los proyectos de cooperativas en derecho de uso, destacan los proyectos sénior o destinados sobre todo a personas mayores. La necesidad de no suponer una carga para sus familiares —debido a los altos precios de las residencias privadas y a las dificultades de entrar en las públicas—, unido al deseo empoderador de vivir activa y solidariamente la vejez, hacen que las soluciones centradas en las viviendas colaborativas senior estén ganando gran popularidad. En palabras de Paco Osorio, de la cooperativa La Corrala de Rivas, “la cesión de uso también es una solución, quizá la mejor, para las personas mayores que no tienen cabida ni quieren ser institucionalizadas ni tuteladas en residencias o centros ‘de mayores’, ni desean vivir solas, en una soledad no deseada, y que encuentran en las cooperativas en cesión de uso una alternativa al modelo actual de residencias de mayores”.

Para Osorio es vital “producir sinergias y generar espacios comunes de trabajo y lucha”, algo que ya está empezando a ocurrir en Catalunya en torno al cooperativismo y las soluciones habitacionales en cesión de uso de poblaciones vulnerables. Ya en 2013, la PAH y el observatorio DESC alertaban de que aproximadamente un tercio de los desahucios tenían como afectadas a personas mayores de 65 que normalmente habían avalado la hipoteca de sus descendientes y quedaban en la vulnerabilidad más absoluta, tanto económica como emocionalmente, algo poco tratado en los informes de vivienda hasta esa fecha y que resulta muy novedoso al visibilizar los graves problemas de salud mental de las personas desahuciadas.

Entre la autogestión y las demandas a la Administraciones

Las cooperativas de vivienda en derecho de uso se enfrentan aún al ninguneo por parte de unas Administraciones y denuncian que las pocas ayudas anunciadas quedan, por ahora, en algo prácticamente propagandístico.

José Téllez, de Sostre Cívic, apunta una diferencia sustancial entre los diferentes ritmos a los que se se mueve el modelo en Catalunya, y en concreto en Barcelona, frente a Madrid y que no tiene sólo que ver con el color político en esos territorios durante los últimos años, sino que reviste especial relevancia la “tradición cooperativista catalana, que nace de las luchas obreras del siglo pasado y, más recientemente, de las que se dan frente al Régimen Franquista”.

En este punto es importante resaltar el caso de La Borda, en Barcelona. En la antigua zona industrial de Can Batlló, con larga tradición cooperativista y anarquista, la presión vecinal consiguió la cesión de un terreno por parte del alcalde Xavier Trías y la apertura de un proceso participativo que culminó con la construcción de la primera cooperativa de vivienda en derecho de uso en el Estado español. Esta cesión del terreno por 75 años permitió al grupo impulsor de La Borda reducir costes e introducir además una cuota de vivienda protegida verdaderamente integrada en el vecindario.

Nexos de unión y esperanza en el futuro

La necesidad de ampliar la base social del cooperativismo en derecho de uso y de buscar alianzas con otros movimientos de vivienda deberá basarse en que “el nexo de unión entre ambos es la no propiedad”, resume José Téllez. Estas bases pueden convertirse en las bases de una colaboración en la Comunidad de Madrid entre organizaciones de vivienda y cooperativas en derechos de uso similar a la que se ha dado en Cataluña entre Sostre Cívic, plataforma que agrupa a decenas de proyecto en derecho de uso, y el Sindicat de Llogateres (sindicato de inquilinos) de Catalunya.

“Cooperativizar bloques de viviendas donde tenemos conflictos sería un paso más y reforzaría las sinergias entre el cooperativismo y el sindicalismo de vivienda”, dicen desde el Sindicato de Inquilinos de Madrid

Esta colaboración sólo puede triunfar si se da desde la confluencia de las luchas cotidianas por la vivienda, dice Pablo Pérez, del Sindicato de inquilinas e inquilinos de Madrid: “No queremos ser inquilinos toda la vida pero tampoco aspiramos a ser propietarios, cooperativizar bloques de viviendas donde tenemos conflictos sería un paso más y reforzaría las sinergias entre el cooperativismo y el sindicalismo de vivienda”.

Como contrapunto, este activista reconoce que queda mucho trabajo que hacer para cambiar la “mentalidad propietaria” que hace que se expanda el imaginario de que “cuando dejen de ser inquilinos y pasen a ser propietarios” se acabarán sus problemas.

“Es ilusionante poder plantearnos el derecho de uso como horizonte frente al alquiler social, que al final es una solución para pobres y que nos estigmatiza. Negociar con la Sareb la posibilidad de constituirnos como cooperativas con una gestión comunitaria de viviendas podría ser una buena reivindicación”, dice Sonia, de PAH Vallecas, colectivo que trabaja con decenas de familias y hogares que tienen al Banco Malo de casero.

Pese a los problemas derivados de los altos precios de los suelos o la falta de financiación, en todo el Estado hay 141 proyectos de cooperativas en derecho de uso, con distintos grados de madurez, según información de la Secretaría Técnica del Grupo de Vivienda de REAS.