El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Una economía al servicio de las personas y el territorio

La red propone un pacto por la Economía Social y Solidaria (ESS) ante las elecciones autonómicas del 15 de marzo

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla y León (REASCYL) ha presentado hoy su documento de propuestas políticas ante la próxima cita electoral del 15 de marzo. Bajo el lema «Poner la vida en el centro», la red insta a los partidos políticos a integrar en sus programas medidas que fomenten un modelo económico basado en los principios de la Carta de la Economía Solidaria: equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica y compromiso con el entorno.

Diez ejes temáticos buscan transformar el modelo productivo de la región hacia uno más humano, sostenible y resiliente

Ante un contexto de retos demográficos y climáticos, REAS Castilla y León plantea una transformación profunda estructurada en las siguientes temáticas clave:

Compra Pública Responsable y Cláusulas Sociales

• Medida: Reserva obligatoria del 10% de los contratos menores y licitaciones de la Junta de Castilla y León para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción. La propuesta busca consolidar y blindar ese 10% como un mínimo obligatorio por ley, eliminando la ambigüedad de los sectores específicos y extendiéndolo con mayor rigor a los contratos menores, donde la adjudicación directa suele ser más común y menos transparente.

•Objetivos: Garantizar la viabilidad de entidades que emplean a colectivos vulnerables y asegurar que el dinero público genere impacto social positivo en la región.
• Ejemplo: Priorizar empresas de catering de economía social para el suministro de comedores escolares que utilicen productos de proximidad (Km 0).

Impulso a la Vivienda Cooperativa y Colaborativa

•Medida: Creación de una línea de avales públicos y cesión de suelo autonómico en desuso para proyectos de vivienda en cesión de uso.
•Objetivos: Ofrecer alternativas habitacionales no especulativas, combatir la soledad no deseada en zonas rurales y facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes.
• Ejemplo: Rehabilitación de antiguos edificios de la administración en núcleos rurales para proyectos de vivienda colaborativa senior gestionados por cooperativas.

Transición Energética Justa y Comunitaria

• Medida: Subvenciones directas para la constitución de Comunidades Energéticas Locales lideradas por la ciudadanía y entidades de la ESS.
• Objetivos: Descentralizar la producción de energía, reducir la pobreza energética y asegurar que los beneficios de las renovables reviertan en el territorio.
• Ejemplo: Instalación de placas solares en tejados municipales gestionadas por una cooperativa de vecinos que distribuya la energía a precio de coste.

Apoyo al Emprendimiento Social y Rural

• Medida: Lanzamiento de un «Bono de Emprendimiento Solidario» para cubrir los gastos de constitución de nuevas cooperativas de trabajo asociado en municipios de menos de 5.000 habitantes.
• Objetivos: Frenar la despoblación mediante la creación de empleo estable, democrático y arraigado al medio rural.
• Ejemplo: Apoyo a la creación de una cooperativa de servicios de cuidados a domicilio gestionada por las propias trabajadoras en una comarca de la «España Vaciada».

Educación y Sensibilización en Economía Solidaria

• Medida: Inclusión de módulos específicos sobre Economía Social y Cooperativismo en los currículos de Formación Profesional y Bachillerato de la comunidad.
•Objetivos: Fomentar una cultura emprendedora basada en la cooperación y no solo en la competencia desde las etapas educativas.
•Ejemplo: Colaboración entre centros educativos y entidades de REASCYL para realizar prácticas en empresas que aplican la Auditoría Social.

Fortalecimiento de la Financiación Ética

• Medida: Convenios de colaboración con entidades de banca ética (como Fiare o Coop57) para cofinanciar proyectos de impacto ambiental o social.
• Objetivos: Facilitar el acceso al crédito a proyectos que a menudo son rechazados por la banca convencional por no priorizar el lucro máximo.
• Ejemplo: Línea de microcréditos para pequeñas explotaciones agrarias ecológicas que necesiten inversión inicial en maquinaria compartida.7. Soberanía Alimentaria y Redes de Consumo Local
• Medida: Creación de un Catálogo Regional de Productores Ecológicos y de Proximidad con beneficios fiscales para los comercios minoristas que se abastezcan en al menos un 40% de este catálogo.
• Objetivos: Fortalecer el sector primario local, reducir la huella de carbono del transporte de alimentos y dinamizar el pequeño comercio de barrio y pueblo.
• Ejemplo: Un mercado municipal que reserve puestos específicos para agricultores locales de la Red de Economía Solidaria, eliminando intermediarios.

Gestión de Residuos bajo el Modelo de Economía Circular

• Medida: Priorizar la adjudicación de la gestión de puntos limpios y recogida de textil/aceite a entidades de economía social especializadas en reciclaje y reutilización.
• Objetivos: Transformar el residuo en recurso, generar empleo para personas en exclusión y cumplir con las directivas europeas de economía circular.
• Ejemplo: Un convenio con una empresa de inserción para la recogida y triaje de ropa usada, cuya venta financie proyectos de formación socio laboral.

Digitalización Ética y Software Libre en la Administración

• Medida: Migración progresiva de la infraestructura digital de la Junta de Castilla y León hacia herramientas de Software Libre y contratación de servicios de mantenimiento con cooperativas tecnológicas locales.
• Objetivos: Garantizar la soberanía tecnológica, proteger los datos de la ciudadanía y evitar el monopolio de las grandes corporaciones tecnológicas.
• Ejemplo: Sustituir licencias de software privativo en institutos públicos por sistemas abiertos gestionados por pymes del territorio.10. Fomento de los Cuidados y la Conciliación Comunitaria
• Medida: Creación de la figura de las «Cooperativas de Cuidados de Proximidad», financiadas parcialmente por la Ley de Dependencia, para la atención integral en el hogar y centros de día auto gestionados.
• Objetivos: Profesionalizar y dignificar el trabajo de cuidados (altamente feminizado) y evitar la institucionalización forzosa en residencias macro.
• Ejemplo: Una cooperativa formada por auxiliares de enfermería en una zona rural que ofrece servicios personalizados de acompañamiento y fisioterapia a domicilio.

«No estamos ante una crisis de recursos, sino de modelo. El 15 de marzo, Castilla y León tiene la oportunidad de apostar por una economía que no deje a nadie atrás y que entienda que el beneficio económico solo es válido si genera beneficio social», señalan desde la red.

REAS Castilla y León invita a todas las formaciones políticas a conocer estas propuestas en detalle a través de su portal oficial y a abrir canales de diálogo para construir una región más justa y solidaria.Sobre REAS Castilla y León:

REAS Castilla y León es una red de entidades de economía social que promueve un modelo económico centrado en la sostenibilidad de la vida. Formamos parte de la red estatal REAS Red de Redes, trabajando activamente en el territorio castellanoleonés para transformar el mercado desde la ética y la equidad.

Fuente: reascyl.org

Opinión • Laura Álvarez Garro, Vanessa Beltrán Conejo, María José Cascante Matamoros y María José Guillén Araya • 29 de enero, 2026 • Read in English

El domingo 1 de febrero habrá elecciones en Costa Rica, en medio del escenario político más tumultuoso e incierto en décadas. Los límites de la democracia liberal costarricense hoy quedan expuestos ante el avance de fuerzas políticas conservadoras y de derechas transnacionales que se nutren del malestar social, la profundización de las desigualdades y el desencanto político que se viene registrando.

Este fenómeno no es neutral en términos de género, ni en términos de etnia ni de clase. Las elecciones costarricenses se vuelven una llave de ingreso para indagar cómo y en qué condiciones se hace posible que la violencia contra las mujeres y las disidencias, la securitización de la vida social y el cuestionamiento de la institucionalidad pública se hayan vuelto ejes articuladores del debate político nacional.

Costa Rica forma parte de una escena política global que muta tras la primera elección de Donald Trump en 2016. Su estilo político populista, en el que los malos modales de mesa se enaltecen como indicador de fortaleza y masculinidad, tuvo por consecuencia la aparición de personajes imitadores, como Jair Bolsonaro, Nayib Bukele, Javier Milei y el actual presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves. 

La emergencia del movimiento Me Too en Estados Unidos, gestó una oleada reaccionaria por parte de sectores conservadores opuestos a las denuncias, quienes observaron en este proceso un ataque injustificado contra los hombres. Por su parte, la época pospandemia ha significado en casi todo el mundo un aumento en el costo de vida y la reproducción de políticas de austeridad fiscal. Costa Rica no es la excepción. 

El escenario conservador que se manifiesta en nuestro hemisferio y en el mundo tiene en Costa Rica una serie de ecos y de particularidades que determinan la cancha en la que se juega este periodo electoral. 

En el gobierno anterior (2018-2022), al mando de Carlos Alvarado, representante del partido neoliberal progresista Acción Ciudadana (PAC), se forjó una alianza para aprobar amplias reformas fiscales y laborales. Las reformas profundizaron el espacio de influencia de los poderes fácticos de las élites, mayoritariamente conservadoras, en el Gobierno y en la Asamblea Legislativa. 

Esto se enmarca en un proceso de más de dos décadas de emergencia y consolidación de partidos que, en asociación con movimientos, iglesias, y actores políticos de extrema derecha, han posibilitado liderazgos como el del actual presidente Chaves del partido tecnócrata y conservador Progreso Social Democrático (PPSD). Previamente, Chaves fue despedido del Banco Mundial por las denuncias de acoso sexual en su contra. 

Esta trama de actores coincide en la proliferación de discursos en los que se establecen posiciones de género fijas, y dispone de los recursos para hacerlo. Las mujeres cis o personas LGBTQIA+ aparecen como objetos a dominar y manipular por hombres con masculinidades hegemónicas. La presencia de defensores de esta postura en puestos de representación política ha profundizado la normalización de una violencia cada vez más cruda contra personas feminizadas.   

En sintonía con el contraataque conservador regional, en Costa Rica esa agenda se expresó en el cambio y la práctica anulación de los planes de educación sexual y afectiva laica por parte del Ministerio de Educación Pública. A esto se suma el debilitamiento de instituciones y programas dedicados a la prevención y atención de las violencias por razones de género, la penalización de lo que denominan “falsas denuncias” y la impunidad de hombres con historiales comprobados de agresión y acoso.

La reciente limitación del rango del aborto terapéutico a casos en los que solo esté en riesgo inminente la vida de la madre y no su salud por parte del gobierno de Chaves, en alianza con partidos e iglesias neopentecostales, se inscribe en este contexto. Para diciembre de 2025, Laura Fernández, la candidata del oficialismo, quien lleva la delantera de las encuestas, ha afirmado que “el aborto no es una cosa más que un asesinato”.

Securitización contra la vida

Los ataques sistemáticos a los derechos sexuales y reproductivos también se integran a una agenda de seguridad regional más amplia que opera en una doble vía. Por un lado, se intensifica la criminalización de mujeres y disidencias que deciden sobre sus cuerpos, así como también de jóvenes empobrecides, expuestes a la precariedad material y al riesgo de muerte prematura dentro de las economías del narcotráfico y el crimen organizado, capturades masivamente por las fuerzas policiales 

Por el otro, debilitan el acceso a la justicia de amplios sectores de la población y obstruyen la capacidad de investigar e intervenir en los crímenes que se cometen desde arriba, en las altas esferas institucionales por donde circulan los intereses económicos de las  élites. 

En términos de política exterior, las visitas al país de representantes de los gobiernos estadounidense y salvadoreño en el último año evidencian las posibilidades de cooperación en materia económica. Costa Rica se ha alineado con iniciativas como la detención temporal de migrantes deportades de EE.UU., proyectos carcelarios de máxima seguridad y la participación en un frente común contra el crimen organizado. 

Socavando lo público

Percibimos también un interés militante por socavar las bases de lo público, que abarca desde la institucionalidad hasta los espacios geográficos. No es un rasgo nuevo, pero ha sido catapultado en los últimos años, gracias a las décadas de deslegitimación, privatización, austeridad y desgaste que le antecedieron. 

En el plano institucional, un ejemplo claro es el crecimiento de la deuda estatal con el sistema público y universal de seguridad social que garantiza el acceso a la salud de las mayorías. Las voces más conservadoras se han dedicado a declarar la muerte e inoperabilidad del sistema sin ningún sustento técnico ni científico, aunque sí con mucho volumen y estridencia. 

En el plano territorial, se ilustra el acelerado cercamiento de espacios públicos, como las playas y las montañas. En un proceso apoyado por regulaciones laxas y una cultura de servidumbre colonial —con el ocio socialmente segregado y la obtención creciente de rentas por parte de actores inmobiliarios— los lugares naturales del país son cada vez menos espacios públicos de descanso y más de acceso limitado. 

Al tiempo que se van minando estas bases institucionales, se fortalecen las apuestas por la represión y el castigo como respuestas estatales privilegiadas ante conflictos sociales cada vez más complejos. Sobre la base del imaginario de Costa Rica como un país desarmado, se ha invocado una y otra vez la necesidad de controlar y castigar con dureza a los grupos de la población que amenazan la representación excepcionalista de una nación blanqueada y pacífica.

Dicho giro represivo se manifiesta en alianzas entre gobiernos locales, cuerpos policiales y actores privados, lo cual se traduce en políticas penales orientadas al encarcelamiento masivo y la normalización del abuso de las fuerzas de seguridad. En dos décadas, Costa Rica triplicó su población penal y en el 2024 era el quinto país de América Latina con la tasa de encarcelamiento más alta. 

Navegando la ola autoritaria

En Costa Rica todavía hay una base, más o menos estable, del Estado de derecho. Los legados de una institucionalidad históricamente fuerte —aunque no por ello menos racista o sexista— amortiguan los golpes que le propina el gobierno actual y otra serie de actores partidarios que buscan hacerse de la presidencia y de los escaños en las próximas elecciones.

De las 20 candidaturas presidenciales, la delantera la lleva Fernández, la candidata del oficialismo de Chaves, aunque bajo una nueva estructura partidaria, Partido Pueblo Soberano, porque la anterior enfrenta muchas denuncias penales y administrativas. Muy por debajo en las encuestas, encontramos candidaturas de fuerzas tradicionales fluctuantes como el Partido Liberación Nacional, la Coalición Agenda Ciudadana y el Partido Frente Amplio.

Luego se abre un abanico fragmentado de candidaturas, desde socialdemócratas hasta conservadores de derecha evangélica, que aunque no logran ascender en las encuestas, no necesariamente son alternativas inviables. La semana antes de las elecciones, un 26 por ciento de electores seguían indecises (en su mayoría mujeres y jóvenes) y determinarán su voto en los días previos a la elección o el mismo día de las votaciones. 

Es en este contexto en el que han surgido tendencias antidemocráticas que promueven abiertamente la concentración del poder y el autoritarismo. Los llamados de Fernández a suspender las garantías individuales, en conjunción con la pretensión del oficialismo de modificar la Constitución Política para permitir la reelección indefinida, son un claro indicador de ello. 

En una sociedad tan estatalizada como la costarricense, esta difícil coyuntura debería abrirnos a la posibilidad de imaginar formas de hacer política que sorteen estratégicamente lo electoral (demandar lo que el Estado nos debe y que debería asegurar), pero que vayan más allá de eso, atestiguando y minando las fallas que este escenario electoral nos muestra para construir algo diferente.

Laura Álvarez Garro es feminista, psicoanalista y profesora catedrática de la Universidad de Costa Rica. Su trabajo se inscribe en la intersección entre psicoanálisis, teoría política y filosofía contemporánea.

Vanesa Beltrán Conejo es docente e investigadora feminista, trabaja en la Universidad de Costa Rica y es militante de la lucha antipunitivista.

María José Cascante Matamoros es feminista, investigadora y profesora catedrática en la Universidad de Costa Rica se especializa en cultura política, partidos políticos, populismo y género.

María José Guillén Araya es geógrafa, ejerce la docencia y la investigación-acción en la Universidad de Costa Rica en temas de conflictos territoriales, turismo, reproducción social y capitalismo racial.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha enviado el documento de demandas políticas (elaborado por Fair Trade Advocacy Office) a los partidos candidatos a las elecciones europeas del 9 de junio.

Las organizaciones de Comercio Justo demandamos una política comercial justa y sostenible que ponga freno a las crecientes desigualdades económicas y sociales y combata la emergencia climática.

Así, planteamos la necesidad de que el nuevo Parlamento Europeo adopte medidas para fomentar un modelo económico que proteja los derechos humanos y el medio ambiente y establezca la equidad como condición esencial para todas las relaciones comerciales.

Entre las demandas planteadas, en primer lugar destacamos que los acuerdos comerciales que la UE establece con terceros países tengan por objetivo el desarrollo sostenible de ambas partes. Además, planteamos la necesidad de mejorar la evaluación de impacto de estos acuerdos teniendo en cuenta la sostenibilidad social, económica y medioambiental.

En relación con la política comercial y sus normativas pedimos que éstas favorezcan un comercio equitativo y ecológico. En concreto, solicitamos que se mejore la directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agrícola y alimentario y que se prohíba la compra por debajo de coste de producción sostenible. Asimismo, demandamos un mayor apoyo a la agroecología.

Ante la crisis climática desde el Comercio Justo pedimos una acción más contundente. Además del compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y la eliminación de combustibles fósiles, solicitamos a la UE que facilite a las pequeñas organizaciones agrícolas la financiación para mitigar el cambio climático. Por último, demandamos un Pacto Verde Europeo más ambicioso que evite las repercusiones negativas que genera en los países del Sur Global.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo ha realizado un análisis de los manifiestos de 4 grupos políticos (European People Party, Party of European Socialist, European Green Party y European Conservatives and Reformists Party) en base a su compromiso con los planteamientos que promueven y defienden las organizaciones de Comercio Justo.

El análisis se ha basado en una serie de indicadores relacionados con la justicia comercial y la promoción del Comercio Justo, la justicia social y la igualdad de género, y la justicia climática y prácticas sostenibles.

Las conclusiones se han plasmado en un documento gráfico tipo semáforo.

Entre los aspectos analizados relativos a la justicia comercial destacan la inclusión del desarrollo sostenible en los acuerdos comerciales, el apoyo a la economía circular y la economía social o la revisión de las políticas comerciales actuales en función de su impacto en el desarrollo sostenible.

En cuanto a la justicia social y la igualdad de género se han analizado cuestiones como la integración de la perspectiva de género en el comercio internacional, el apoyo a la democracia y los derechos humanos en la acción exterior o la presencia de políticas de protección a colectivos vulnerables.

En el ámbito de la justicia climática y las prácticas sostenibles, se ha analizado la voluntad de realizar evaluaciones sociales y ambientales de las políticas comerciales, el fomento de la agroecología y la soberanía alimentaria o las medidas de apoyo al consumo responsable.

Descarga aquí el documento completo.

Las finanzas éticas nacen como motor de cambio con el objetivo de promover una sociedad más justa y sostenible. De cara a las próximas elecciones europeas del 9 de mayo, ¿qué piden las finanzas éticas a las instituciones europeas? ¿qué dicen los programas electorales de aspectos que preocupan a las finanzas éticas?

Parte 1: ¿Qué piden las finanzas éticas a las instituciones europeas?

De Andrea Baranes, Investigador de la Fondazione Finanza Etica y Pedro M. Sasia, presidente de FEBEA.

«Destacamos tres propuestas, cada una de ellas se centra en uno de las tres pilares del enfoque ESG tradicional, recordando que las finanzas éticas consideran los ESG como un conjunto indisoluble. Estas tres propuestas representan la esencia de las aspiraciones del movimiento de las finanzas éticas en la agenda financiera europea de los próximos años»

Leer ¿Qué piden las finanzas éticas a las instituciones europeas?

Parte 2: ¿Qué dicen los programas de los grupos políticos europeos?

Desde la Federación Europea de bancos y Entidades Financieras Eticas y Alternativas (FEBEA) se ha llevado a cabo un análisis de las perspectivas, los planes de los partidos y cómo todo ello puede afectar a las finanzas éticas. Todo ello con el foco sobre las tres letras que componen el acrónimo ESG: medio ambiente, sociedad y gobernanza.

Leer ¿Qué dicen los programas de los grupos políticos europeos?

Parte 3: La economía social ante las elecciones europeas

En España, la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES)  ha presentado un conjunto de propuestas con el fin de desarrollar y consolidar durante la próxima legislatura una política europea favorable para las empresas de Economía Social. Sus propuestas están alineadas con las presentadas por Social Economy Europe.

Leer La economía social ante las elecciones europeas

Parte 4: Paz, medio ambiente, economía social: las propuestas de Banca Etica

Promoción de la paz, lucha contra el cambio climático, lucha contra las desigualdades mediante el apoyo a la economía social: estos son los grandes desafíos que Europa debe afrontar en este momento histórico que podría representar un hito fundamental para el futuro del planeta. Las finanzas éticas nacen como motor de cambio con el objetivo de contribuir a construir una sociedad más justa y proteger el medio ambiente.

Leer Paz, medio ambiente, economía social: las propuestas de Banca Etica

Tenemos la oportunidad así como la responsabilidad de promover los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para dar respuesta, de manera urgente, a las diversas crisis en que nos encontramos. Crisis como la ambiental, donde confluyen la emergencia climática con otras realidades como la pérdida de biodiversidad o la falta de recursos que pueden afectar a la viabilidad de la vida en el planeta, nos ponen en primer plano la necesidad de actuar. Se nos presenta así la oportunidad de promover una transición ecosocial justa que dé respuestas, así mismo, a urgencias sociales como el aumento de la desigualdad, la precariedad de los sectores crecientes de la población, la vulneración de derechos humanos básicos o la imposibilidad de acceder a una vida digna.

Esta afirmación que hacíamos el pasado 23J de cara a las elecciones generales del Estado español sigue siendo igualmente vigente de cara a las próximas elecciones europeas, donde se tomarán muchas de las decisiones que nos afectarán en nuestra vida cotidiana los próximos años, en un ciclo que, además, será clave. En este sentido, pedimos a las y los políticos de la UE que creen las condiciones sistémicas para poder generalizar estilos de vida diversos y sostenibles orientando el sistema económico hacia el cuidado de las personas y del planeta. Además, en el contexto actual, reivindicamos una economía de paz a través de la inversión en prevención de conflictos y la desinversión en la militarización de Europa. En este marco, ponemos en valor el potencial de la Economía Solidaria en clave de transición ecosocial y orientado a la transformación social que creemos debe de incorporarse en todas las políticas y planes europeos.

La influencia de la ESS a nivel mundial

Al adoptar la resolución “Promover la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible” el 18 de abril de 2023, las Naciones Unidas (ONU) reafirma ron el papel esencial de la Economía Social y Solidaria, consolidando así la “Resolución sobre el trabajo decente y la Economía Social y Solidaria” adoptada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Además, como parte del plan de acción para la economía social presentado por la Comisión Europea en 2021, el Consejo de la Unión Europea ha adoptado una recomendación en 2023 sobre el establecimiento de condiciones marco para la economía social.

Este conjunto de actuaciones ha supuesto un punto de referencia sobre el que desarrollar un ecosistema internacional en favor de la Economía Social y Solidaria. En el Estado español, cabe destacar el reconocimiento de la Economía Social con la creación de un Ministerio de Trabajo y Economía Social (2020), el Plan Estratégico para la Recuperación y Transición Económica (PERTE) de los Cuidados y la Economía Social (2022), una Secretaría de Estado dedicada en exclusiva a este modelo empresarial (2023) y el esfuerzo por contar con una nueva Ley Integral de Economía Social (2023-2024).

Desde REAS Red de Redes acogemos positivamente las medidas 3 propuestas por CEPES, organización de la cual formamos parte, y que están a su vez alineadas con las presentadas por Social Economy Europe (SEE). En concreto, resaltamos las propuestas de renovación del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo y el nombramiento de un Comisario europeo responsable de Economía Social. Dentro de este marco, apoyamos las medidas propuestas por RIPESS, la red europea de la cual somos socias, en su contribución a la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 2023, sobre el desarrollo de las condiciones marco para la Economía Social, con el objetivo de reforzar el papel de la Economía Solidaria en las políticas públicas europeas:
• Los Estados miembros deben desarrollar marcos estratégicos y normativos ambiciosos que tengan en cuenta la diversidad de las iniciativas de Economía Social y Solidaria.
• Los Estados miembros deben desarrollar políticas públicas para los agentes de la ESS basadas en una financiación sostenible, operativa y en aso ciación, que vayan más allá de un enfoque basado en el beneficio y el acceso al mercado.

Por todo ello, compartimos una serie de medidas de políticas públicas para una Europa más solidaria, feminista y ecológica que nos muestran el camino para este cambio que reclamamos a través de políticas de inclusión y cohesión social, que promuevan la sostenibilidad de la vida y que estén al servicio de las personas y el bien común.

Invitamos al movimiento de la Economía Solidaria a difundir estas medidas ( tenéis las propuestas en cartelas para redes sociales aquí ) y actuar y movilizarse en consecuencia con nuestra Carta de principios,

Ante las elecciones europeas del 9 de junio, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo lanza en redes sociales la campaña 9J: Vota consciente, Vota justo. Su objetivo es favorecer la toma de conciencia ante la importancia de las políticas y decisiones adoptadas en la Unión Europea. Sus impactos y consecuencias no solo afectan a la ciudadanía europea sino también en todo el planeta. Por todo ello, con la campaña se busca que la ciudadanía sea consciente de la importancia de votar y elegir a los y las representantes que decidirán el rumbo de la UE.

En la campaña, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo plantea la importancia de que la Unión Europea apueste por una política comercial justa y sostenible, que priorice los derechos humanos y el cuidado del planeta, y que actúe frente a los desafíos globales, como la emergencia climática o las desigualdades (económicas, sociales, de género…).

Los vídeos e infografías de la campaña abordan las principales demandas de las organizaciones de Comercio Justo europeas como las leyes de debida diligencia para las empresas, la regulación de la deforestación asociada al cultivo de productos que consumimos, las garantías de las certificaciones ecológicas y/o sociales o el impulso de la compra pública ética.

Aquí puedes ver todos los vídeos de la campaña 9J: Vota consciente, vota justo

Y aquí más información de las iniciativas y demandas de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo ante las elecciones europeas del 9 de junio.

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) presenta sus propuestas a los partidos políticos españoles que concurren en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, con el fin de desarrollar y consolidar durante la próxima legislatura una política europea favorable para las empresas de Economía Social. Además, el jueves 16 de mayo a las 10.00 horas, Servimedia, en colaboración con CEPES, organiza el debate ‘Las elecciones al Parlamento Europeo y la economía social’, en que participarán los cabezas de lista/portavoces de los partidos políticos que se presenten a estas elecciones para hablar del papel de la economía social en Europa y en el futuro Parlamento Europeo.

Puedes leer y descargar en este enlace.

La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a cerca de 28.000 entidades sociales, insta a todos los partidos políticos a que incluyan propuestas que permitan desarrollar la aplicación y garantía de los derechos sociales. La Plataforma también solicita impulsar políticas públicas que cumplan con los objetivos recogidos en el plan de acción del Pilar Europeo de Derechos Sociales; que contribuyan a prevenir y reducir el riesgo de pobreza y exclusión social de la ciudadanía europea; que incluyan mejoras en las políticas de migración y asilo; de garantía de los derechos de la población infantil y de la de juventud; de los derechos de las personas con discapacidad; y de impulso del Diálogo Civil y del voluntariado. 

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, señala que las instituciones europeas deben abordar las medidas necesarias para garantizar los derechos económicos y sociales de la ciudadanía y para erradicar la pobreza y la exclusión social y remarca que estas diez propuestas, que presenta la Plataforma, «profundizan en la defensa y garantía de los derechos sociales de la ciudadanía europea y permiten avanzar hacia una Europa más justa, inclusiva e igualitaria».

Diez medidas para una Europa más social

Desde la Plataforma del Tercer Sector se solicita a las instituciones europeas que, para los próximos cinco años, se incorporen las siguientes propuestas sociales:   

1.- Aprobar la regulación por la Unión Europea de una Directiva de renta mínima de inclusión que obligue a todos los Estados a dotarse de un ingreso mínimo vital nacional, adecuado y suficiente para impedir la pobreza y la exclusión social de los grupos de población en riesgo de fragilidad o vulnerabilidad económicas. De esta forma, la Unión Europea tendría un marco vinculante sobre la base de los artículos 151 y 153 del TFUE que garantice la responsabilidad de los Estados miembro ante las personas que están en situación de pobreza. 

2.- Adoptar por la Unión Europea un plan de choque contra la pobreza energética en Europa con medidas obligadas y uniformes en su aplicación para todos los Estados miembro. 

3.- Culminar la regulación europea de una normativa básica sobre salario mínimo, aplicable a todos los Estados miembro, que asegure unos ingresos suficientes para mantener unas condiciones de vida dignas y lograr la inclusión en la comunidad de la persona trabajadora y de su familia. 

4.- Garantizar que la lucha contra la pobreza infantil se mantiene como prioridad política para el Parlamento Europeo, y garantizar la suficiente financiación, desarrollo, seguimiento, y evaluación de la Garantía Infantil Europea.  

5.- Aprobar por la Unión Europea una Directiva transversal de no discriminación de las personas con discapacidad en todas las esferas de la vida personal y social. Asimismo, garantizar la participación política de las personas con discapacidad, incluyéndolas en candidaturas y asegurando la accesibilidad de su participación, facilitando la posibilidad de votar de forma independiente y secreta (utilizando como medios alternativos de votación las plantillas táctiles, códigos QR, materiales en Braille, etc.), ya que esto permitiría la libre elección a la hora de seleccionar y emitir el voto.  

6.- Fortalecer el Diálogo Civil y la participación ciudadana, generando espacios donde el Tercer Sector, las instituciones europeas y la sociedad civil en su conjunto puedan interactuar de manera fluida y colaborativa. Esto implica la implementación de plataformas y mecanismos de comunicación que faciliten una interacción más abierta y recíproca. En estos espacios, las organizaciones sociales tendrán la oportunidad de expresar sus necesidades, inquietudes y propuestas, a la vez que las instituciones europeas podrán integrar estas voces en la toma de decisiones y en el establecimiento de marcos regulatorios dirigidos a fortalecer los tejidos asociativos. Esta dinámica promoverá una mayor legitimidad de las políticas europeas y una participación más activa de la ciudadanía en la configuración de un futuro común.  

7.- Constituir un Intergrupo en el Parlamento Europeo sobre voluntariado, para el desarrollo de una estrategia válida de interlocución y de fomento del voluntariado como un ejercicio de democracia y participación de toda la ciudadanía.   

8.- Impulsar una financiación adecuada para las entidades y organizaciones de la sociedad civil, que permita el acceso a una financiación estructural plurianual, coherente y flexible para responder a las necesidades operativas y garantizar la estabilidad, la planificación a largo plazo y la independencia. Debe aumentarse la accesibilidad general a la financiación, especialmente para las organizaciones de pequeño tamaño, conectadas directamente al campo y organizaciones coordinadas por voluntarios, simplificando los procedimientos administrativos y reduciendo la carga burocrática general. También debe garantizarse a las OSC un mayor acceso a la financiación básica, en forma de subvenciones, para que puedan llevar a cabo sus actividades en incidencia política y de promoción en nombre de los grupos y comunidades que representan.  

9.- Desarrollar una Estrategia Europea para la Sociedad Civil dirigida a fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil, que reconozca el Diálogo Civil como un elemento esencial de la democracia participativa europea.   

10.- En el nuevo ciclo institucional, la Unión Europea debe trabajar desde una perspectiva de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible, dotada de los recursos necesarios, que integre todos los impactos -internos y externos- de todas sus decisiones políticas, incorporando un enfoque de género, feminista e interseccional, la participación estratégica de las organizaciones de la sociedad civil y promoviendo una política de cooperación feminista orientada al desarrollo sostenible. 

Nuevo modelo democrático y social

La Plataforma del Tercer Sector considera que la agenda social europea debe desplegar políticas públicas desde un enfoque interseccional de género y el resto de los factores de exclusión, desde el valor de la diversidad, la promoción de la acción voluntaria en la sociedad y por supuesto, la no discriminación por razón de género, discapacidad, origen racial o étnico, edad u orientación sexual e identidad de género.

La Plataforma del Tercer Sector insiste en que se requiere un alto compromiso de las instituciones europeas, que impregne toda su acción, para garantizar la incorporación de estos enfoques, así como adoptar una mirada de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible que asegure que las políticas públicas son respetuosas con los límites planetarios, cumplen y garantizan todos los derechos humanos y se orientan a la erradicación de las desigualdades dentro y fuera de Europa. 

El vicepresidente de la Plataforma del Tercer Sector, Carlos Susías, insiste en que, solo desde esta mirada, «podemos avanzar en la necesaria transición hacia un nuevo modelo democrático y social a escala global que sea más justo en lo socioeconómico, sostenible en lo ecológico y en el que la transformación digital sea inclusiva y respetuosa con los derechos humanos». 

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y la agencia de noticias Servimedia organizan el próximo jueves, 16 de mayo, a las 10 horas, un debate electoral con los principales partidos políticos que concurren en las elecciones europeas del próximo 9 de junio.

Bajo el título ‘Las elecciones al Parlamento Europeo y la Economía Social’, este diálogo lo moderará el director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, y contará con la participación de la eurodiputada del PSOE, Iratxe García; la eurodiputada del PP, Rosa Estaràs; el eurodiputado de Vox, Hermann Tertsch; la portavoz de Podemos, Isa Serra; la candidata de EAJ-PNV al Parlamento Europeo, Oihane Agirregoitia, y el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas. Sumar, Junts y ERC tienen pendiente confirmar un portavoz en este debate.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, ha recordado que varios partidos políticos europeos, la Comisión Europea y diversos Gobiernos han manifestado su compromiso hacia la Economía Social en la próxima legislatura: “Es por lo tanto prioritario que España, como país de referencia a nivel mundial, siga apostando por este modelo de empresa, que responde a las demandas de la ciudadanía española y europea, de manera que se sitúe en la agenda de las Instituciones Europeas al más alto nivel y para asegurar el desarrollo completo del Plan de Acción Europeo de la Economía Social y de la Recomendación del Consejo de Europa”.

Este acto tendrá lugar de manera presencial en el auditorio de la sede de Servimedia, en la planta baja de Torre ILUNION en la calle Albacete 3 de Madrid. Para asistir es necesario inscribirse en el siguiente formulario

El diálogo podrá verse también en directo on-line a través del enlace siguiente

El reconocimiento y la elaboración de políticas es una de las principales prioridades de RIPESS, ya que las políticas promulgadas por las instituciones de la UE, los gobiernos y otros órganos de gobierno pueden tener un impacto significativo en el funcionamiento y el crecimiento de la economía social y los conceptos relacionados de varias maneras:

La Economía Social, motor del progreso económico y social en Europa: Memorándum de Social Economy Europe para las elecciones europeas de 2024

Puntos principales:
Las elecciones del Parlamento Europeo de 2024 constituyen una oportunidad para que lxs ciudadanxs delineen el futuro de la Unión Europea. En este contexto, la economía social está decidida a contribuir a configurar un futuro basado en el desarrollo sostenible y el progreso económico y social, a través de una Unión Europea basada en la cooperación, la democracia, la solidaridad, el respeto a su diversidad, la innovación y la ciudadanía activa.

La economía social es una oportunidad única para que la UE se acerque a sus ciudadanxs, detecte sus necesidades reales y lxs convierta en actores de las soluciones con diversos retos, como el desempleo o el trabajo precario, la discriminación, la inclusión de las personas con discapacidad y otros grupos desfavorecidos en la sociedad y el mercado laboral, el cambio climático, la crisis energética, el acceso a la salud y a una alimentación saludable. la vivienda asequible, o la falta de cohesión social y territorial.
Las elecciones europeas de 2024 son la oportunidad perfecta para impulsar estos objetivos políticos y aprovechar los hitos y metas alcanzados en los últimos años. En este sentido, Social Economy Europe se compromete a:

apoyar el florecimiento de la economía social en toda Europa, y anima a las instituciones de la UE a que prosigan sus esfuerzos incorporando tres propuestas principales en el marco de las elecciones europeas de 2024:
I. Renovación del Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo
II. Nombramiento de un comisario europeo responsable de la Economía Social
III. Continuar y seguir desarrollando la aplicación del Plan de Acción para la Economía Social

Lea el manifiesto completo
EN https://www.socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2023/12/EN-SEE-memorandum-EU-elections-2024.Final-version-1.pdf
FR https://www.socialeconomy.eu.org/wp-content/uploads/2024/03/FR-SEE-memorandum-EU-elections-2024rev.pdf

Una visión cooperativa para Europa. Cooperatives Europe: Manifiesto Cooperativo Europeo

El poder de la cooperación
Las cooperativas son empresas centradas en las personas que devuelven el poder a lxs ciudadanxs. Son de propiedad colectiva y están gobernadas democráticamente por sus miembros (consumidores, productores, empleados o comunidades locales) que tienen la misma voz en la gestión empresarial y en la forma en que se distribuyen los beneficios.

Las cooperativas en el centro de la innovación inclusiva
Con la apropiación y el empoderamiento de lxs ciudadanxs en el centro de su ADN, las cooperativas defienden la inclusión y la cohesión social en sus comunidades.

Un vehículo para el desarrollo sostenible y la prosperidad
Las cooperativas desempeñan un papel activo en el refuerzo del tejido social y económico de Europa y de sus vecinos inmediatos, como Turquía, Ucrania, Armenia y Moldavia. En tiempos de crisis, demuestran ser particularmente resilientes y útiles para reconstruir las áreas locales a través de la cooperación, la solidaridad y la buena gobernanza.

Nuestras prioridades
1. Trabajo decente y empoderamiento ciudadano
2. Competitividad y resiliencia
3. Pilar Europeo de Derechos Sociales
4. Emprendimiento juvenil
5. Inversiones en la transición gemela
6. Democracia y desarrollo sostenible en la Política Europea de Vecindad
7. Red de cooperación en el Parlamento Europeo

Lea el texto completo
https://coopseurope.coop/european-elections-2024/

REScoop.eu manifiesto: La transición energética de Europa: lxs ciudadanxs activxs de la energía asumen la responsabilidad

Prioridades políticas de REScoop.eu para las elecciones europeas de 2024

Garantizar que la transición energética beneficie a todxs lxs ciudadanxs

La necesidad de una transición energética justa
La transición energética implica cambios sociales significativos que no pueden lograrse con éxito sin reconocer y empoderar a lxs ciudadanxs y sus comunidades locales.

Los bienes comunes: energía para todos
El acceso a la energía es un derecho básico, esencial para la calefacción, la refrigeración, la luz y el transporte. Como «bienes comunes», debe garantizarse un acceso equitativo a las fuentes de energía renovables (viento, sol, agua), a la eficiencia energética y a otras tecnologías de energía limpia para todxs lxs ciudadanxs, incluidxs lxs que se encuentran en situación de vulnerabilidad o pobreza energética.

Impulso a la economía local
Las comunidades energéticas permiten que lxs ciudadanxs y las comunidades locales participen en las decisiones sobre su producción y consumo de energía, controlando los precios que pagan y protegiéndolos de las crisis energéticas. También apoyan la educación y la concientización en la comunidad local, promoviendo cambios de comportamiento hacia el uso de la energía.

REScoop.eu pide a lxs candidatox y a sus partidos políticos que estén de acuerdo con nosotrxs en que Europa debe:
Garantizar la transposición, aplicación y cumplimiento plenos y efectivos de las normas de la UE para crear marcos normativos y facilitadores sólidos que equilibren las condiciones de competencia de las comunidades energéticas en el mercado de la energía.

Desarrollar una estrategia a escala de la UE sobre la forma en que las diferentes acciones nacionales y de la UE pueden apoyar el desarrollo de las comunidades energéticas en los diferentes ámbitos de la política de la UE.

Garantizar que las comunidades energéticas reciban apoyo a través de los fondos disponibles de la UE y de la aplicación de las normas sobre ayudas estatales, y que se desarrollen programas nacionales de financiación para ayudar a reducir el riesgo de los proyectos comunitarios.

Fomentar la inclusión en las comunidades energéticas reduciendo los obstáculos para participar en este tipo de iniciativas y apoyándolas para que asuman un papel más importante en la consecución de los objetivos sociales y sean más inclusivas con respecto a los hogares vulnerables y en situación de pobreza energética.

Lea el texto completo
https://www.rescoop.eu/news-and-events/news/rescoop-eu-manifesto-policy-priorities-for-the-2024-european-parliament-elections

ENSIE | RED EUROPEA DE EMPRESAS DE INTEGRACIÓN SOCIAL

ENSIE es la Red Europea de Empresas Sociales de Inserción Laboral (WISEs), que reúne a 31 redes locales, regionales y nacionales de 21 países de la UE.

En 2021 se adoptó el Plan de Acción para la Economía Social, que contiene unas 60 acciones para mejorar el ecosistema de la economía social dentro y fuera de la UE. Además, las WISEs contribuyen a diferentes agendas políticas, como el pilar europeo de derechos sociales ( European Pillar of Social Rights (EPSR)), la Agenda de Capacidades Europea, la política de cohesión, la transición justa, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y el Pacto Verde, así como a procesos importantes como el Semestre de la UE. Europa se ha enfrentado a una serie de crisis, a saber, la pandemia mundial de COVID-19, el conflicto armado en Ucrania, la crisis del coste de la vida y el empeoramiento de la crisis climática. Unos estados de bienestar fuertes pueden mitigar los daños y proteger los medios de subsistencia. ENSIE hace un llamamiento al futuro Parlamento Europeo y a la Comisión para que asuman su responsabilidad de hacer frente a la multitud de retos que tenemos por delante.

Por lo tanto, ENSIE desea plantear cuatro puntos:
1. Fomentar la colaboración y el intercambio entre las instituciones de la UE y las WISE.
2. Reconocimiento de las WISE como un tipo específico de empresa de economía social.
3. Desarrollo de un marco propicio para la economía social y las WISE.
4. Situar las WISEs en el centro del pilar europeo de derechos sociales (pilar europeo de derechos sociales).
Memorándum de ENSIE para las Elecciones del Parlamento Europeo 2024

Lea el texto completo
https://www.ensie.org/focus-areas/themes/wises-and-policies-2024-ensie-memorandum-european-elections-2024 EN & FR

Manifiesto de CAN Europe por una Unión libre de combustibles fósiles, socialmente justa y climáticamente neutra

Presentar un paquete de medidas de emergencia climática para intensificar la acción climática antes de 2030, que incluya propuestas que permitan revisiones al alza de la ambición 2025-2030 del marco legislativo de la UE en materia de clima y energía, con el fin de que la UE pueda ir sustancialmente más allá de sus objetivos climáticos actuales y lograr al menos un -65 % de reducción de las emisiones brutas (-76 % netas) de aquí a 2030. Los recortes profundos y rápidos de las emisiones en esta década son fundamentales para evitar impactos climáticos catastróficos y mantener alcanzable el objetivo de 1,5 °C del Acuerdo de París. El actual nivel de ambición objetivo de la UE para 2030 sigue siendo insuficiente y no refleja su contribución justa a la lucha contra la crisis climática.

• Intensificar las medidas para hacer frente a la emergencia climática
• Ofrecer un sistema de energía 100% renovable y libre de combustibles fósiles
• Reorientar la economía para lograr una transformación socioecológica dentro de los límites planetarios.
• Fortalecer la democracia y la participación ciudadana

Lea el texto completo
https://caneurope.org/can-europe-manifesto-for-a-fossil-free-socially-just-and-climate-neutral-union/

Han passat 3 anys des de la presentació del document ‘Propostes per a la democratització econòmica i la transició ecosocial‘ i veiem que no hi ha canvis significatius en el model de país promogut en la legislatura que s’està acabant.

El temps ens juga en contra, ja que quant més tardem en abordar de manera ambiciosa el canvi de rumb que el nostre sistema socioconòmic necessita, més difícil i costós serà revertir la situació. La sequera que estem patint, les revoltes pageses, l’augment del preu dels combustibles… tot plegat ens demostra que, si no comencem a implementar mesures a llarg termini i a planificar de manera democràtica la transició ecosocial, la crisi ecològica ens anirà impactant i serem les classes populars les que més en patirem els seus efectes.

Sabem que els canvis no vindran per art de màgia, sinó que el conjunt dels moviments socials hem de fer-nos presents, conflicte a conflicte, per empènyer cap a una transició justa. I l’economia solidàra és una peça clau en la construcció d’aquest canvi, pel seu paper a l’hora de situar la cooperació, la democràcia econòmica, la solidaritat i la justícia social al centre de les propostes de canvi.

Per això, demanem:

Imatge de la protesta contra l’ampliació de l’aeroport de Barcelona en el marc del Fòrum per la Transció Ecosocial, el 24 i 25 de febrer de 2023 a Barcelona.

REAS Euskadi ha publicado un documento de «POLÍTICAS PÚBLICAS EN CLAVE DE ODS PARA IMPULSAR LA ECONOMIA SOCIAL Y SOLIDARIA» como posicionamiento de la red de cara a las elecciones autonómicas que tendrán lugar el próximo 21 de abril. En él, invitan a

«reconsiderar estrategias que contribuyan a un cambio de rumbo, perfectamente alineadas y con mayor potencial transformador para el gran reto de alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-. Estrategias que ya guían el rumbo de las entidades de la Economía Social y Solidaria, cuyas propuestas y experiencias llevan décadas satisfaciendo las necesidades de la población bajo criterios de justicia social y sostenibilidad y en pro de la construcción de una economía al servicio de la vida, de las personas, del planeta.»

El documento puedes leerlo o descargarlo en este enlace.

Con motivo de las próximas elecciones autonómicas en la CAPV el 21 de abril de 2024, desde REAS Euskadi nos dirigimos a todos los sectores de la sociedad para presentar nuestras propuestas de Políticas Públicas destinadas a impulsar la Economía Social y Solidaria. Invitamos a los partidos políticos, agentes sociales y ciudadanía en general a sumarse a la construcción y desarrollo de estas propuestas, que apuntan hacia la creación de un nuevo modelo económico más justo y sostenible.

Nuestras propuestas están alineadas con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), reconociendo la necesidad de un cambio global y local para transformar nuestros territorios. Las entidades de Economía Social y Solidaria ya están ofreciendo respuestas y alternativas a los desafíos identificados por la Agenda 2030, así como propuestas concretas para políticas coherentes con sus objetivos.

En REAS Euskadi, estamos comprometidas a seguir contribuyendo a este proceso, introduciendo nuevas prácticas y siendo impulsores de la transición ecosocial que nuestro planeta demanda. Promovemos una economía al servicio de la sostenibilidad de la vida, una economía que priorice la satisfacción de las necesidades de todas las personas y el cuidado del medio ambiente.

¡Únete a nosotras en este camino hacia un futuro más equitativo y sostenible para todas! Juntas podemos transformar la sociedad.

LEE LAS PROPUESTAS

El documento de propuestas políticas de las organizaciones europeas de Comercio Justo ha sido redactado y consensuado por Fair Trade Advocacy Oficce. Su traducción y adaptación a castellano ha sido realizado por la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Pedimos que la UE desarrolle una política comercial justa y ecológica

Ante las elecciones al Parlamento Europeo, las organizaciones de Comercio Justo europeas planteamos una serie de propuestas dirigidas a fomentar una transición justa global que favorezca los intereses de las personas y del planeta, y que establezca la equidad como base para todas las relaciones comerciales.

El modelo de consumo y producción de la UE tiene importantes repercusiones económicas, sociales y ambientales dentro y fuera de sus fronteras. Por ello es fundamental que la UE desarrolle una política comercial justa y ecológica.

Entre las medidas que las organizaciones de Comercio Justo solicitan están:

–          Desarrollar un modelo justo de acuerdos comerciales entre la UE y terceros países de manera que favorezca el desarrollo sostenible para ambas partes. Esto implica acabar con el modelo extractivista que busca hacer posible la transición ecológica en la UE a costa de empobrecer a otros países. En este sentido, solicitan la participación democrática a lo largo de todo el proceso de redacción del acuerdo. Asimismo, entienden como necesario mejorar la evaluación de impacto de los acuerdos comerciales teniendo en cuenta la sostenibilidad social, económica y medioambiental, en especial para las pequeñas organizaciones agrícolas y productoras, las pyme y aquellas basadas en modelos empresariales de la economía social y solidaria.

–          Prohibir las prácticas comerciales desleales en el sector del textil que perjudican a los eslabones más débiles y vulnerables, que son los trabajadores y trabajadoras y las pyme.

–          Apoyo a las prácticas agroecológicas en los sistemas alimentarios de UE y los trasnacionales vinculados a la UE.

–          Mejorar la directiva sobre prácticas comerciales desleales en el sector agrícola y alimentario aclarando su ámbito de actuación y prohibiendo la compra por debajo de coste de producción sostenible.

–          En coherencia con los puntos acordados en la última cumbre del clima COP28, facilitar el acceso a la financiación climática a las pequeñas organizaciones agrícolas. Aumentar la financiación para que estas organizaciones puedan desarrollar medidas de adaptación al cambio climático. Y dedicar recursos para el fondo de pérdidas y daños relacionados con la crisis climática (fondo que no debe ser  el mismo que el de ayuda humanitaria)

La justicia social en las agendas políticas internacionales y nacionales

Con motivo del Día Mundial de la Justicia Social, Naciones Unidas destaca la necesidad de incluir la justicia social en las agendas políticas internacionales, nacionales y regionales. En este sentido, el mensaje de Naciones Unidas se centra en: “promover el trabajo decente y una agenda de globalización justa centrada en los derechos fundamentales, las oportunidades de empleo y la protección social”

Asimismo recuerdan que la persistencia de las injusticias y desigualdades o la precariedad laboral generalizada favorecidas por las distintas crisis globales amenazan los avances logrados en materia social. Por tanto, “reforzar las políticas que realmente promueven la justicia social debe ser una prioridad urgente”, un mensaje muy alineado con las demandas de las organizaciones de Comercio Justo a quienes tendrán la capacidad de plantear las políticas de la Unión Europea en la próxima legislatura.

Un artículo publicado en nuestro blog Me Cambio en El Salto.

Tenemos la oportunidad así como la responsabilidad de promover los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para dar respuesta, de manera urgente, a las diversas crisis en que nos encontramos.

Crisis como la ambiental, donde confluyen la emergencia climática con otras realidades como la pérdida de biodiversidad o la falta de recursos que pueden afectar a la viabilidad de la vida en el planeta, nos ponen en primer plano la necesidad de actuar. Se nos presenta así la oportunidad de promover una transición ecosocial justa que dé respuestas, así mismo, a las urgencias sociales que viven miles de personas a diario como: el aumento de la desigualdad, la precariedad de los sectores crecientes de la población, la vulneración de derechos humanos básicos o la imposibilidad de acceder a una vida digna.

En este gran reto, las propuestas del modelo económico resultan clave, y no parece que las soluciones puedan venir del origen del problema. La fagotización capitalista de posibles soluciones en clave reaccionaria, así como la cooptación del discurso por parte de las grandes corporaciones (con la consiguiente connivencia mediática) no parece, en efecto, que nos marquen el rumbo que como sociedad debemos emprender. Para ello, debemos superar las posturas y propuestas conservadoras así como la polarización social, buscando la unidad y la valentía para ensayar nuevas fórmulas que sean capaces de dar respuesta a los viejos problemas a los que el actual modelo económico y político no está atendiendo como debiera.

Si bien estos escenarios explican cierta desesperanza y desmovilización social, también se vislumbran vientos favorables para el cambio. Es innegable la toma de conciencia en los últimos años respecto de las urgencias ecológicas y sociales así como la desconfianza de la capacidad de respuesta de las propuestas políticas que nos han traído hasta esta encrucijada.

La ESS nos marca el camino

En este contexto la Economía Solidaria tiene mucho que aportar gracias a las múltiples propuestas y saberes acumulados en décadas de experiencia que le han ido reportando un creciente reconocimiento institucional nivel mundial. Este largo bagaje no viene solo de la crítica teórica a un modelo que hace aguas desde hace mucho tiempo, sino también desde la experiencia práctica generando alternativas que demuestran que es posible hacer economía de otra forma.

Uno de los ejemplos que muestran sobre la praxis de estas propuestas son las iniciativas alimentarias en el marco de la agroecología y la soberanía alimentaria que proliferan en la ESS, y que buscan garantizar una alimentación saludable, tanto para quienes se alimentan como para el entorno que nos provee de dichos alimentos, recuperando el control de dichos alimentos en su fase de producción, transformación y distribución.

Otros de las iniciativas que están actualmente poniendo luz práctica en procesos de transformación y soberanía económica, satisfaciendo necesidades vitales de una manera justa y sostenible son las cooperativas energéticas, agrupaciones de personas consumidoras y usuarias para la producción y distribución de energías renovables y que a día de hoy comercializan electricidad a miles de personas, en una apuesta por  “el consumo responsable, la economía local y la generación renovable distribuida”, como defiende Unión Renovables, red donde se agrupan una veintena de estas iniciativas. Bajo el objetivo de garantizar el derecho al crédito de personas y proyectos con alto impacto social y medioambiental, encontramos también una amplia oferta en el sector de las Finanzas Éticas, herramientas de intermediación financiera que no se centran en la rentabilidad sino promover procesos de transformación social.

Éstos son sólo algunos sectores y ejemplos que nos sirven de guía para aterrizar las propuestas de la Economía Solidaria y que vienen demostrando desde hace décadas la viabilidad de otras formas de hacer economía bajo valores de justicia y sostenibilidad. Encontramos así también cooperativas de telefonía consciente, empresas de distribución y movilidad sostenible, moda ética y sostenible, iniciativas de recuperación y reciclaje… Y todas estas experiencias adquieren aún más valor dentro de la propuesta de Mercado Social, una red que une a todas estas empresas responsables con personas consumidoras críticas, generando un circuito económico propio y alternativo que cada día más permite desconectarnos del sistema capitalista, proveyéndonos de todo tipo de productos y servicios bajo lógicas cooperativas, de apoyo mutuo y sostenibilidad.

Por unas políticas públicas solidaria, feministas y ecológicas

Para seguir promoviendo estas iniciativas de alto impacto social y medioambiental y fomentar su escalabilidad Propuestas de REAS Red de Redes lanza sus propuestas para una transición ecosocial que ponga la vida en el centro, un documento estructurado en torno a 13 ejes de actuación temáticos que nos muestran el camino para este cambio de modelo a través de políticas de inclusión y cohesión social, para la sostenibilidad de la vida, al servicio de las personas y del bien común.

Entre estas medidas destacamos el fomento de una organización social de los cuidados que asegure el derecho de todas las personas desde la corresponsabilidad, garantizando la provisión universal y pública de los cuidados desde una perspectiva integral. Para ello, han de activarse cuantos recursos sean necesarios para dar apoyo a las trabajadoras del sector de los cuidado y priorizar la participación de la Economía Social y Solidaria, especialmente las cooperativas sin ánimo de lucro y los espacios asociativos comunitarios en la gestión de servicios públicos de atención a personas, evitando su mercantilización.

Para fomentar la cohesión social y un empleo inclusivo es preciso reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas prioritarias para el impulso de la cohesión y la inclusión social: rentas básicas, políticas sociales, vivienda, educación, salud, etc. implementando medidas que mejoren el acceso a su tramitación. Con respecto a la vivienda, proponemos la equiparación del modelo cesión uso cooperativo al alquiler en todas las líneas de apoyo y ayudas que existen ahora o se aprueben en el futuro.

Así mismo, consideramos vital la elaboración y puesta en marcha un plan estratégico de transición ecológica, reducción de emisiones y racionalización del consumo energético, hacia modelos circulares basados en el decrecimiento: reducción de los consumos de energía y materiales, modelos de producción, distribución, comercialización y consumo locales, política de residuo 0, reducción del transporte y apuesta por la movilidad sostenible.

Es también necesario impulsar planes estratégicos de economía local que,desde una perspectiva social, ecológica y feminista, promocionen pactos locales para el fomento de la Economía Social y Solidaria, desde procesos de desmercantilización y desprivatización de servicios públicos y  el desarrollo de estrategias de partenariado público-social y público-comunitario para la gestión de servicios de interés social.

Resulta clave, así mismo, para encaminarnos a una soberanía alimentaria y agroecología, la promoción de canales directos de comercialización de productos ecológicos, así como el cooperativismo de producción y de consumo y la intercooperación: mercados de venta directa, marketplace de Economía Social y Solidaria, centros de acopio, incorporar en las marcas políticas de fomento, ayudas a proyectos productivos agroecológicos. En estos y otros procesos de compra pública, demandamos la aplicación mejorada de los criterios y herramientas de compra pública responsable y el establecimiento de sistemas de control y verificación de la inclusión de los cláusulas sociales y ambientales.

Entre otras medidas de interés encontramos por último el interés en la cocreación y desarrollo entre los diferentes niveles de la administración y las entidades de finanzas éticas de instrumentos financieros orientados al tejido socio-empresarial de la ESS así como el apoyo institucional al Comercio Justo como política palanca para el cumplimiento de la Agenda 2030 y la promoción en barrios y espacios locales de actividades de impulso de las economías comunitarias: huertos urbanos, mercados de trueque, bancos del tiempo…

En definitiva, si consideramos que necesitamos un cambio de rumbo político y social, debemos apostar de manera sincera y decidida por valores como la sostenibilidad y la justicia social, principios que rigen la Carta de principios de la Economía Solidaria, y que se entrelazan con las propuestas de otros movimientos como el ecologista, feminista o la defensa de los Derechos Humanos, incorporando el activismo económico como una forma más para la incidencia política y la promoción de un nuevo modelo económico.

Ante las elecciones generales, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) ha remitido a los partidos políticos un documento con 7 propuestas de apoyo a este sistema comercial solidario. En el escrito recuerdan que el Comercio Justo es una herramienta eficaz de lucha contra el cambio climático, la pobreza y las desigualdades sociales, económicas y de género.

Las medidas planteadas se centran en potenciar el Comercio Justo y en promover el consumo responsable.

Además, la CECJ se une a las demandas de otras ONGD y movimientos sociales, para reivindicar un mayor porcentaje presupuestario para las políticas de cooperación al desarrollo, y la necesidad de una ley que responsabilice a las empresas de sus prácticas abusivas.

El Comercio Justo, un aliado para el avance de la Agenda 2030

Entre las propuestas remitidas por la CECJ a los partidos políticos, destaca la petición de apoyo para el fortalecimiento del Comercio Justo, dado que constituye un aliado para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. “El Comercio Justo impulsa un modelo comercial en el que los derechos de las personas y el medioambiente están en el centro de la actividad económica”, explica Alberto Abad, presidente de la CECJ. “Su efectividad en la reducción de la pobreza y las desigualdades y en la lucha contra el cambio climático ha sido avalada por Naciones Unidas y el Parlamento Europeo”, añade.

Otras medidas planteadas van dirigidas a la promoción del consumo responsable y a la concienciación ciudadana sobre los impactos asociados al modelo de producción y consumo imperantes. Así, solicitan la incorporación de estos contenidos en los curriculums de Educación Primaria, Secundaria y Bachillerato, así como en otros espacios y niveles formativos. En esta línea también demandan el fomento de campañas divulgativas a través de los medios de comunicación y de otras vías.

Asimismo, las organizaciones de Comercio Justo reivindican que las administraciones públicas en sus compras y contratos, prioricen los productos que tengan un impacto social y ambiental positivo, y que su elaboración no haya vulnerado derechos esenciales.

Por último, la CECJ se une a las reivindicaciones de otras ONGD y movimientos sociales. Por un lado, solicitan una asignación de un porcentaje presupuestario destinado a la cooperación al desarrollo, llegando al 0’7% en 2030. Asimismo, demandan la necesidad de aprobar una ley que garantice que las empresas respetan los derechos humanos y el medio ambiente en toda su cadena de producción dentro y fuera de nuestras fronteras. Otros países europeos como Francia o Alemania ya cuentan con una legislación similar.

Compromiso de formaciones políticas, candidatos y candidatas

Facilitamos el enlace para que las formaciones políticas y/o sus candidatos y candidatas puedan firmar su compromiso con las medidas que proponemos las organizaciones de Comercio Justo.

Descarga:

• Propuestas 23J Coordinadora Estatal Comercio Justo

Ante las elecciones generales del 23J, REAS Red de Redes comparte las propuestas de miles de personas que componen el movimiento de la ESS:

Documentos:

• Propuestas 23J_ REAS Red de Redes_Economia Solidaria
• Propuestas REAS Red de Redes 23J_version ampliada

Los ejemplos sobran. Dramas productivos o sociales que se explican por una crisis ecológica que ya altera las economías de casi todos los países del planeta. En España, por ejemplo, muchos agricultores advierten que podría faltar aceite de oliva en el último trimestre del año, una postal inédita por la sequía, las altas temperaturas de la primavera y la falta de reservas al encadenarse dos cosechas muy malas de forma consecutiva.

Sin embargo, a juicio de un centenar de organizaciones, esta evidente y palpable crisis ecosocial no forma, llamativamente, parte de la campaña electoral del 23J.

Por eso, bajo el lema «#TenemosQueHablar«, un centenar de colectivos (sociales, ambientales, vecinales, feministas o de economía social y solidaria reclaman) han firmado un manifiesto para exigir que los debates electorales se centren en la gravedad y magnitud de la crisis ecológica.

Una de las entidades firmantes es Ecologistas en Acción, confederación que cuenta con más de 300 grupos ambientalistas distribuidos por pueblos y ciudades de toda la península. Uno de sus coordinadores, Luis Rico García-Amado (licenciado en Químicas y en Biología y doctor en Ecología por la Universidad Autónoma de Madrid), dialogó con LPO para denunciar esta omisión, sobre todo en el bloque de izquierda (PSOE-Sumar), sensibilizado -en teoría- por los efectos de la crisis climática.

«Comprobamos que todos los temas que nos parecen importantes sobre la crisis ecosocial no han sido parte de la campaña del 28M. La sensación es que tampoco lo van a ser en la campaña de las generales», introduce Rico.

Y agrega que «los pocos temas que han ganado visibilidad», como la sobreexplotación de los acuíferos de Doñana, se han divulgado con «mucha desinformación».

«No se puede decir que se va a poner una flor para combatir el cambio climático (por la propuesta de Isabel Díaz Ayuso) y que pase inadvertido. Entendemos que es difícil dar esta batalla, pero también entendemos que es urgente», explica.

Es verdad que (la ministra) Teresa Ribera puede estar sensibilizada por la crisis ecológica, pero estamos hablando de políticas de gobierno. Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz están haciendo bandera de esto, no están haciendo lo suficiente para contrarrestar los discursos de la derecha

El agravante, denuncia, es que la campaña sí tiene «discursos regresivos» que están poniendo en cuestión los consensos más básicos de la transición ecológica, «con formaciones políticas que niegan el cambio climático y que minimizan la pérdida de biodiversidad».

A juicio de este ecologista, las formaciones progresistas «no está poniendo en la agenda de la campaña a la crisis ecológica en la magnitud que debería».

«Sumar no tiene la crisis ecosocial en el centro. Y cuando decimos en el centro no quiere decir olvidarse de los problemas sociales. Significa abordar estos problemas sociales desde la crisis ecológica. Si hay que hacer sí o sí una transición productiva, necesitamos un buen plan. La crisis ecológica tiene que estar en el centro de esta campaña», insiste.

Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz están siendo «lo suficientemente valiente a la hora de explicar las transformaciones que exigen la crisis ecológica.

«Tendrá sus dificultades, pero es la única manera de afrontar las próximas décadas. Cuanto más se dilate, más difícil. Este cambio no tiene por qué suponer una pérdida de derecho. No se está poniendo el énfasis en esto. Es verdad que (la ministra) Teresa Ribera puede estar sensibilizada por la crisis ecológica, pero estamos hablando de políticas de gobierno. Ni Pedro Sánchez ni Yolanda Díaz están haciendo bandera de esto, no están haciendo lo suficiente para contrarrestar los discursos de la derecha», reflexiona Rico.

Los organizaciones que adhieren a este manifiesto añoran un «contradiscurso más potente del bloque de izquierda». Porque si bien los efectos de la crisis ecológica ya se notan y ya afectan a la vida de los ciudadanos, el discurso que parece imponerse es, por ejemplo, el de culpar a las organizaciones ecologistas de los incendios forestales, «bulos que impiden tomar las decisiones que se necesitan».

Para Rico, tiene que «quedar claro que estamos ante un problema social, que tiene su base en la crisis ecológica, con impactos múltiples».

Y entender que «no es la primera vez en la historia que ante un problema social grave se imponen populismos de derecha». Pasó, por ejemplo, en el periodo entre guerras en el siglo pasado con el surgimiento del fascismo.

«Estamos en un momento parecido con los Trump, los Bolsonaro, los Abascal y las Meloni negando la crisis ecológica y culpando a quienes denuncian», resume.

Por una Economía Solidaria, feminista y ecológica: 13 ejes de actuación y 33 medidas que pongan la vida en el centro

Tenemos la oportunidad así como la responsabilidad de promover los cambios económicos, políticos y sociales necesarios para dar respuesta, de manera urgente, a las diversas crisis en que nos encontramos. Crisis como la ambiental, donde confluyen la emergencia climática con otras realidades como la pérdida de biodiversidad o la falta de recursos que pueden afectar a la viabilidad de la vida en el planeta, nos ponen en primer plano la necesidad de actuar. Se nos presenta así la oportunidad de promover una transición ecosocial justa que dé respuestas, así mismo, a urgencias sociales como el aumento de la desigualdad, la precariedad de los sectores crecientes de la población, la vulneración de derechos humanos básicos o la imposibilidad de acceder a una vida digna

Son tiempos de apostar de manera sincera y decidida por valores como la sostenibilidad y la justicia social, principios que rigen la Carta de principios de la Economía Solidaria, y que se entrelazan con las propuestas de otros movimientos como el ecologista, el feminista o la defensa de los Derechos Humanos. Esta confluencia, que se ha articulado a través de un recorrido de trabajo en red, generación de alianzas e intercooperación, incorpora el activismo económico como una forma más de incidencia política para la promoción de un nuevo modelo económico que supere las múltiples fallas del capitalismo.

La Economía Social y Solidaria tiene, por tanto, mucho que aportar en este proceso, gracias a multitud de propuestas y saberes acumulados en décadas de experiencia que le han ido reportando un creciente reconocimiento institucional. Este largo bagaje no viene solo de la crítica teórica a un modelo que hace aguas desde hace mucho tiempo, sino también desde la experiencia práctica generando alternativas que demuestran que es posible hacer economía de otra forma. Sectores pioneros y estratégicos como las energías renovables, la vivienda cooperativa, las finanzas éticas, los supermercados cooperativos, la economía circular entre otros.

Las medidas que se desarrollan a continuación y que están estructuradas en torno a 13 ejes de actuación temáticos, nos muestran el camino para este cambio de modelo a través de políticas de inclusión y cohesión social, para la sostenibilidad de la vida, al servicio de las personas y del bien común.

Además, resaltamos algunas claves que desde REAS Red de Redes apoyamos y priorizamos para su inclusión en la Agenda política:

• Aprobación de una Ley Integral de Economía Social que incorpore en su articulado la inclusión de cooperativas de energía y las cooperativas de vivienda en cesión de uso como un nuevo tipo de cooperativa; considerar únicamente dentro de la Ley de Economía Social a los centros especiales de empleo de iniciativa social, ya que son los que cumplen con los principios orientadores recogidos en el artículo 4 de la ley 5/2011 de economía social; que las entidades que puedan constituir empresas de inserción sean sin ánimo de lucro y que el 100% de los beneficios se tengan que reinvertir, y la inclusión de un articulado específico para el reconocimiento y regulación del Comercio Justo basado en la necesidad de su protección frente a otras prácticas comerciales.
• Aplicación mejorada de los criterios y herramientas de compra pública responsable que permite la Ley de contratos del sector público 9/2017 a través de la implantación de cláusulas sociales y ambientales y de reservas de mercado.
• Desarrollar reglamentariamente la ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
• Fomentar la participación de la Economía Social y Solidaria, especialmente las cooperativas sin ánimo de lucro y los espacios asociativos comunitarios en la gestión de servicios públicos de atención a personas, evitando su mercantilización.

En este enlace puedes acceder al documento con las 33 medidas y aquí a una versión ampliada con el conjunto de propuestas que proponemos desde REAS Red de Redes.

La campaña #TenemosQueHablar se presenta hoy públicamente tras haber sido firmada por un centenar de colectivos sociales, ambientales, vecinales, feministas o de economía social y solidaria, y centenares de personas a título individual.

Previamente a las elecciones generales del 23 de junio, las organizaciones han enviado una metafórica “Carta a la Democracia” denunciando que los debates electorales dificultan un buen funcionamiento democrático, ya que pocas veces se centran en los verdaderos retos a los que se enfrenta la humanidad: las enormes y crecientes desigualdades, la exclusión en la que viven ciertos sectores –cada vez más crecientes– o la crisis ecológica y el sufrimiento que provoca y provocará.

A esta traba democrática se une, de acuerdo con las organizaciones y personas firmantes, el contexto de desinformación y crispación que genera polarización social y culpabiliza a quienes denuncian las causas de los problemas: migrantes, ecologistas, feministas o movimientos de vivienda.

Por último, la carta recoge la dificultad que tiene la sociedad civil para mover sus propuestas cuando la grandes empresas acumulan de forma creciente riqueza y poder y anteponen los dividendos a sus accionistas al bienestar social, modificando o diluyendo propuestas legislativas mediante la presión institucional o decantando la opinión pública hacia sus intereses.

Ante esta situación, la campaña #TenemosQueHablar busca centrar el marco de los debates electorales en la enorme crisis ecológica y social que atraviesa la humanidad y en buscar soluciones reales y justas que partan del conocimiento científico. Para ello, tratarán de incidir en los espacios electorales con este llamamiento común.

La transición ecológica, la justicia económica y social basada en la transformación del modelo económico, la libertad, la paz o la propia profundización democrática son las propuestas de quienes firman esta carta para abordar por quienes aspiran a gobernar el país tras las elecciones generales.

Sin embargo, las propias organizaciones reconocen, que más allá de lo que ocurra el 23 de julio, su propósito de acción va más allá de las elecciones generales y supone una alianza para trabajar en el día a día, a largo plazo, por conseguir este objetivo.

Para ver el listado de adhesiones, visita ecologistasenaccion.org.

Ante las próximas Elecciones del 28 de mayo, las formaciones políticas Más Madrid y Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, de la Comunidad de Madrid, y Partido Aragonés, Izquierda Unida Aragón y Chunta, de Aragón se han comprometido a apoyar al Comercio Justo en la próxima legislatura.

En Comunidad de Madrid

Más Madrid, formación encabezada por Mónica García, y Podemos-Izquierda Unida-Alianza Verde, con Alejandra Jacinto al frente, se han comprometido con todas las medidas planteadas por las organizaciones de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Algunas de las medidas propuestas a las que se han comprometido estos partidos son estas:

“Impulsar una Estrategia en Desarrollo Sostenible que incluya criterios de compra pública ética, justicia fiscal, Comercio Justo y consumo responsable, incorporando a la sociedad civil y al tejido social”.

“Desarrollar un Plan Director de Cooperación que introduzca una planificación presupuestaria plurianual y que incorpore una partida de promoción al Comercio Justo.”

“Incluir cláusulas sociales en la contratación pública que incluyan criterios de Comercio Justo. Y fomentar activamente la Compra Pública Ética a través de la incorporación de productos de Comercio Justo en las administraciones”.

“Incluir en la agenda de campañas de difusión y sensibilización, campañas cuyo foco sea el Comercio Justo”.

Las propuestas fueron remitidas a todos los partidos que se presentan a la Asamblea de Madrid, por parte del grupo de organizaciones de Comercio Justo de esta comunidad (Oxfam Intermón, IDEAS, Setem MCM, PROYDE y Fairtrade Ibérica).

En Aragón

Por su parte, el Partido Aragonés, Izquierda Unida Aragón y Chunta son las formaciones políticas candidatas al gobierno de dicha comunidad que incluyen en sus programas medidas de apoyo al Comercio Justo, según el análisis realizado por la Federación Aragonesa de Solidaridad y Futuro en Común:

PAR en el punto 2.14 de su programa para el Gobierno de Aragón dice: “Promoveremos la compra pública ética y el Comercio Justo.

Izquierda Unida Aragón en el punto 4 del bloque 4 de su programa para el Gobierno de Aragón se compromete a:

“Impulsar el consumo responsable, apoyando iniciativas económicamente viables de comercio justo y financiación alternativa, mejorando la información y sensibilización a los y las consumidoras (campañas de sensibilización y etiquetado social) y poniendo en marcha programas de compra ética en toda la administración pública autonómica utilizando para ello las políticas de contratación pública responsable”.

Chunta en el apartado dedicado al Comercio del bloque 2. dedica un subapartado al Comercio justo con los siguientes compromisos:

– Conseguir la coherencia de políticas en la acción de las Administraciones (autonómica y local) para la lucha efectiva contra la pobreza, adoptando criterios y mecanismos de compra pública, ética y el consumo de productos de comercio justo en las instituciones públicas, incorporando estos criterios junto a criterios sociales en los concursos públicos, además de impulsarlos y promoverlos, entre todas las entidades con las que se relaciona la administración, asumiendo una responsabilidad pública frente a la defensa del consumo responsable; promoviendo y consolidando iniciativas de finanzas éticas; promoviendo la inclusión y el respecto de los Derechos Humanos de todas las personas y colectivos; fomentando la igualdad de género e impulsando el empoderamiento de las mujeres en el seno de las administraciones y de las instituciones públicas; garantizando la sostenibilidad medioambiental de todas las políticas que se lleven a cabo y manteniendo los servicios públicos como elementos de lucha contra la desigualdad y como garantes de la dignidad de las personas.

– Difundir entre la sociedad aragonesa los principios internacionales del comercio justo y procurar la aplicación de los mismos en el quehacer diario del Gobierno de Aragón.

– Avanzar hacia criterios éticos y sociales en la compra pública, de manera coherente, con el compromiso de las administraciones públicas por la justicia social y medioambiental.

Desde la mirada social del sector público, y recogiendo la voluntad transformadora de las finanzas éticas y solidarias, es necesario continuar reforzando la colaboración en favor de una economía social y solidaria que requiere unas herramientas financieras para su desarrollo, consolidación y extensión.

Por este motivo, hemos recogido el conjunto de medidas propuestas por las redes de economía social y solidaria dirigidas a fomentar un sistema integral de finanzas éticas (bancarias, no bancarias, y sector asegurador) desde las administraciones públicas:

• Trabajar por una coherencia de políticas dejando de operar con las entidades financieras que vulneran los derechos humanos y ambientales
• Promover declaraciones institucionales a favor de las finanzas éticas, la desinversión en la banca armada y contra el uso de paraísos fiscales.
  • Adherirse al Protocolo de municipios libres de banca armada y por las finanzas éticas
  • Adherirse a la iniciativa Zona libre de paraísos fiscales
• Fomentar el uso, por parte de la administración pública, de las entidades de finanzas éticas como clientes y/o socias,y de los seguros éticos y solidarios.
• Fomentar la contratación pública de servicios financieros y aseguradores éticos y solidarios
• Promover un contexto favorable para que las entidades de finanzas éticas sean la herramienta financiera de las entidades de la economía social y solidaria a través de:
  • Legislación favorable a través de incentivos fiscales como, por ejemplo, las deducciones fiscales por aportaciones de capital social a la ESS.
  • Co-creación e impulso de instrumentos financieros entre la administración pública y las entidades de finanzas éticas como:
    1. Fondo de crédito municipal participado para financiar el nacimiento y la consolidación de proyectos de ESS
    2. Fondo de avales participado para hacer frente a una hipotética morosidad compartiendo riesgos de algunos proyectos con el fondo local de crédito
    3. Fondo de microcrédito ciudadano formado por personas ahorradoras locales y el Ayuntamiento para proyectos de ESS de proximidad
    4. Fondos o líneas de apoyo específicas para la capitalización e incremento de los fondos propios de las entidades de la ESS
  • Promover y/o impulsar procesos de matchfunding con entidades de financiación colaborativa procomún.

• Promover la sensibilización ciudadana sobre las finanzas éticas y solidarias y trabajar por una educación económica más crítica y plural.

El documento de propuestas puede consultarse y descargarse en la web de FETS.

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Baleares (REAS Balears) propone a las fuerzas políticas que concurren a las elecciones un pacto para el impulso de la vivienda cooperativa en cesión de uso con el compromiso de desarrollarlo en la próxima legislatura. Según señalan, se pretende alcanzar el suficiente consenso político para que la cuestión se incluya en la agenda y se permita así el desarrollada de proyectos de vivienda cooperativa. De momento, han apuntado, PSIB, Més per Mallorca y Podemos han firmado el pacto.

Aquí están las propuestas que hemos trabajado desde REAS Navarra para hacer llegar a los partidos políticos de cara a las elecciones del 2023 y futuro gobierno: https://www.economiasolidaria.org/wp-content/uploads/2023/04/Propuestas-ESS-Navarra-elecciones-2023.pdf

Las organizaciones recuerdan que el Comercio Justo es una herramienta eficaz para abordar desde lo local, retos globales como el cambio climático o las desigualdades sociales, económicas y de género, y de esta manera contribuir al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, fijados por Naciones Unidas.

Las medidas planteadas se centran, por un lado, en potenciar el Comercio Justo, y por otro, en favorecer el consumo responsable y la concienciación de la ciudadanía.

Entre las propuestas planteadas destaca la petición de estrechar la colaboración con entidades de Comercio Justo, de Economía Social y de consumo responsable, a través de la creación de un grupo de trabajo para desarrollar iniciativas.

Las 8 razones por las que los partidos políticos deben impulsar el Comercio Justo

Estas son las 8 razones por las que los partidos políticos que concurren a las próximas Elecciones Autonómicas y Municipales deberían apoyar el Comercio Justo y comprometerse a impulsarlo en la próxima legislatura:

1_Porque es una herramienta eficaz de lucha contra la pobreza y las desigualdades. La pobreza es una realidad compleja, consecuencia de múltiples factores.

El comercio puede contribuir a su profundización o a su disminución, cuestión que depende de si el centro de la actividad comercial se centra exclusivamente en el aumento de beneficios o si, como defiende el Comercio Justo a través de sus 10 principios, tiene por objetivo el desarrollo de los pueblos y el cuidado del entorno.

2_Porque supone cumplir con los compromisos internacionales que ha adquirido el Estado a través de la Agenda 2030 para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El Comercio Justo es un aliado clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque contribuye al avance de 9 de los 17 Objetivos acordados por la comunidad internacional en 2015. Y, en concreto, al Objetivo 12, que insta a todos los agentes públicos y privados a que contribuyan a un modelo de desarrollo sostenible.

3_Porque el Comercio Justo hace posible el lema «piensa globalmente, actúa localmente»

al ofrecer una alternativa comercial que impacta positivamente en las organizaciones productoras, trabajadores y trabajadoras y personas consumidoras de todo el planeta.

4_Porque promueve un pago justo

Que ha sido negociado y acordado mutuamente por todas las partes a través del diálogo y la participación continuos, que hace posible un salario justo a los productores y productoras, y que puede ser sostenido por el mercado, teniendo en cuenta el principio de igualdad de remuneración por igual trabajo de mujeres y hombres.

5_Porque es un modelo que lleva décadas incorporando el enfoque de género.

Como parte de sus 10 principios asume el compromiso con la no discriminación, la equidad de género y el empoderamiento económico de las mujeres. Es la prueba de que es posible desarrollar un modelo comercial y económico que no discrimine a las mujeres y que favorezca su participación y liderazgo, demostrando que invertir en el empoderamiento de las mujeres y el avance de la igualdad no solo es un derecho fundamental sino que, además, favorece el desarrollo social sostenible.

6_Porque incorpora criterios medioambientales como principio.

El principio número 10 del Comercio Justo establece que las organizaciones productoras deben realizar prácticas respetuosas con el entorno natural y que minimicen los impactos ambientales.

7_Porque contribuye a crear una ciudadanía consciente, crítica y solidaria.

Si queremos una sociedad cohesionada y responsable, las administraciones públicas en sus diferentes competencias deben impulsar activamente prácticas que contribuyan a  un mayor conocimiento del Comercio Justo y su importancia como alternativa comercial que prioriza los derechos de las personas y el cuidado del medio ambiente. Generando conciencia en torno al papel que tenemos la ciudadanía, no solo como consumidores y consumidoras, sino también como sujetos activos en la construcción de un mundo más humano, justo y sostenible.

8_Porque es un elemento clave dentro del modelo de la Economía Social y Solidaria.

El Comercio Justo es uno de los movimientos que integran la visión de la economía que pone a las personas, el medio ambiente y el desarrollo sostenible y sustentable como referencia prioritaria por encima de otros intereses.

El papel de la contratación pública

Además, las organizaciones de Comercio Justo solicitan que en las compras y contratos de las administraciones públicas se prioricen los productos que tengan un impacto social y ambiental positivo, y que su elaboración no haya vulnerado derechos esenciales. En este sentido también plantean la importancia de ofrecer formación sobre Compra Pública Ética y Contratación Sostenible a personal técnico de las administraciones.

Otro bloque de medidas va dirigido a la concienciación de la ciudadanía sobre  los impactos globales asociados al consumo. Aquí se incluyen el desarrollo de campañas informativas dirigidas a públicos diferentes (escolar, jóvenes, consumidores/as o pequeñas y medianas empresas) o la realización de talleres y actividades para promover el consumo responsable y dar a conocer el Comercio Justo. En este sentido, en el ámbito autonómico, se propone la inclusión de estas temáticas en los currículos educativos.

La propuesta también incorpora varias medidas referidas al fortalecimiento de la Cooperación al Desarrollo como una política pública esencial que contribuye al avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de naciones Unidas. El Comercio Justo se incorporaría dentro de esta línea política.

Por otro lado, en el ámbito local en concreto, las entidades instan a las futuras corporaciones locales a adherirse a la campaña internacional de “Municipios por el Comercio Justo”, título que ya ostentan 18 localidades en nuestro país, y más de 2000 en todo el mundo.

Todas estas propuestas políticas, recogidas en sendos documentos, serán remitidas por las organizaciones de Comercio Justo a los partidos políticos y a los candidatos y candidatas de su localidad y autonomía.

Compromiso de formaciones políticas, candidatos y candidatas

Facilitamos los enlaces para que las formaciones políticas y/o sus candidatos y candidatas puedan firmar su compromiso con las medidas que proponemos las organizaciones de Comercio Justo:

Elecciones Municipales

Compromiso político con el movimiento de Comercio Justo (CAST).
Compromiso político con el movimiento de Comercio Justo (GAL).
Compromiso político con el movimiento de Comercio Justo (CAT)
Compromiso político con el movimiento de Comercio Justo (EUSK)

Elecciones Autonómicas

Compromiso político con el movimiento de Comercio Justo (CAST)
Compromiso político con el movimiento de Comercio Justo (CAT)

Con ocasión de la celebración el próximo 28 de mayo de 2023 de elecciones municipales y forales, desde REAS Euskadi queremos dar a conocer nuestras propuestas de Políticas Publicas para impulsar la Economía Social y Solidaria. Y hacemos con ello un llamamiento a partidos políticos, agentes sociales y a la ciudadanía en general, para construir y desarrollar estas propuestas impulsoras de un nuevo modelo económico.

Realizamos estas propuestas en clave de Agenda 2030 y ODS toda vez que Instituciones, agentes económicos y sociales, y cada vez más la ciudadanía en general,  se hallan alineadas en la necesidad de impulsar este ambicioso proceso transformador de los territorios que necesita de un punto de inflexión global y local para su cumplimiento.

Las entidades de Economía Social y Solidaria ya vienen, desde su propia configuración, aportando respuestas y alternativas a los problemas que identifica la Agenda 2030, así como propuestas concretas para el desarrollo de unas políticas coherentes con ella.

Queremos seguir contribuyendo a ello, aportando nuevas prácticas, en el compromiso de ser tractoras de la necesaria transición ecosocial que nuestro planeta demanda. Fomentando una economía al servicio de la sostenibilidad de la vida, una economía que trabaje para la satisfacción de las necesidades de todos los seres humanos, manteniendo la capacidad de reproducción de su mundo común social y natural, colocando la producción y el mercado al servicio de las comunidades y las personas.

La Xarxa d’Economia Solidària de Catalunya (XES) ha presentado dos documentos de incidencia en el ámbito de las políticas públicas municipales.

El primero de ellos es una guía práctica en la que los partidos y representantes públicos encontrarán una batería de medidas para situar la Economía Social y Solidaria en el centro de las políticas para construir un nuevo modelo socioeconómico desde los municipios, un modelo económico que tenga como objetivo alcanzar la máxima autosuficiencia para satisfacer las necesidades básicas de su población, que promueva la democratización de la economía y que impulse decididamente la transición ecosocial, una transición que debe ser cooperativa, ecofeminista y profundamente redistributiva.

El segundo, centrado en los barrios de Barcelona, reclama el compromiso de los partidos políticos en temas tan esenciales como la contratación pública responsable, la gestión cooperativa del patrimonio y los recursos colectivos, la vivienda cooperativa y la transición ecosocial, entre otros. Estas medidas son necesarias y perfectamente factibles para seguir desarrollando la ESS y hacerla aún más útil para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas.

Los documentos, en catalán, pueden leerse y descargarse desde nuestra biblioteca:

• Aposteu de debò per l’economia social i solidària al vostre municipi (2023-2026).
• 10 mesures prioritàries de política municipal d’ESS per als barris de Barcelona.

La Xarxa d’Economía Solidària de Catalunya (XES) ha publicado en estos días dos documentos para situar a la Economía Social y Solidaria en los debates, cada vez más próximos, sobre el modelo económico y social de nuestros municipios. Como recogen en la presentación, «las iniciativas que conformamos la red de Economía Solidaria de Catalunya (XES) impulsamos una forma de hacer que conjuga la actividad económica, el arraigo local y la transformación social, a partir de una economía centrada en la sostenibilidad de la vida y la resolución equitativa de las necesidades humanas. Una economía políticamente emancipadora, comprometida con la lucha contra las desigualdades por razón de clase social, origen o identidad de género. Una Economía Social y Solidaria (ESS). Para que la ESS sea una realidad mayoritaria necesitamos el compromiso de los partidos políticos y, en definitiva, de las administraciones públicas.»

El primero de ellos es una guía práctica en la que los partidos y representantes públicos encontrarán una batería de medidas para situar la Economía Social y Solidaria en el centro de las políticas para construir un nuevo modelo socioeconómico desde los municipios, un modelo económico que tenga como objetivo alcanzar la máxima autosuficiencia para satisfacer las necesidades básicas de su población, que promueva la democratización de la economía y que impulse decididamente la transición ecosocial, una transición que debe ser cooperativa, ecofeminista y profundamente redistributiva.

El segundo, centrado en los barrios de Barcelona, reclama el compromiso de los partidos políticos en temas tan esenciales como la contratación pública responsable, la gestión cooperativa del patrimonio y los recursos colectivos, la vivienda cooperativa y la transición ecosocial, entre otros. Estas medidas son necesarias y perfectamente factibles para seguir desarrollando la ESS y hacerla aún más útil para mejorar la vida de nuestros vecinos y vecinas. El documento se presenta a las candidaturas el martes 21 de marzo a las 18h en ECOs (c/Casp, 43, Barcelona) y cuenta con la moderación de la periodista de El Crític Laia Soldevila.

Los documentos, en catalán, pueden leerse y descargarse en nuestra sección de Recursos.

2023 se presenta como un año marcadamente electoral. En primer lugar, el domingo 28 de mayo se celebrarán las elecciones municipales y autonómicas (en todas las autonomías salvo en Catalunya, Galicia, País Vasco y Castilla y León). El segundo semestre del año estará marcado por las elecciones generales, que previsiblemente se convocarían a final de año.

Ante este escenario, la Coordinadora Estatal de Comercio Justo, que ya venimos trabajando en incidencia política, en 2023 reforzaremos esta línea de acción.

La incidencia política es una de las áreas esenciales de trabajo para el movimiento del Comercio Justo. Sin ella no sería posible avanzar hacia la justicia global y la lucha contra las desigualdades y la pobreza, que es nuestra finalidad última.

En incidencia política, estamos trabajando en estos ámbitos:

–  Normativa de debida diligencia: la CECJ formamos parte de la Plataforma por Empresas Responsables, cuyo objetivo es conseguir el desarrollo de una ley estatal que garantice la protección de las personas y el medio ambiente en cualquier lugar del planeta en la acción de las empresas a lo largo de toda su cadena de suministro. Países como Francia o Alemania ya cuentan con una ley similar. En el ámbito europeo, la CECJ y el movimiento del Comercio Justo estamos trabajando en relación a la propuesta de directiva que está desarrollando la Comisión Europea.

–   Reglamento sobre la llamada “deforestación importada”: la CECJ nos hemos sumado a las iniciativas promovidas por las organizaciones de la Alianza Cero Deforestación para pedir una mayor ambición en el reglamento europeo que regula la tala de árboles en terceros países relacionada con el cultivo de productos que se consumen en la Unión Europea, como cacao o café, entre otros. El Reglamento se aprobó en 2022, y en muchos aspectos han quedado recogidas las demandas que planteábamos, pero otras han quedado fuera.

–   Ante la emergencia climática, el movimiento de Comercio Justo venimos planteando varias demandas y propuestas en las últimas ediciones de las Cumbre del Clima. Entre ellas, que se reconozca que la dimensión social y humana del cambio climático y la relación entre la pobreza y la crisis ambiental o la necesidad ampliar la financiación para que las pequeñas organizaciones agrícolas puedan combatir los efectos del cambio climático.

Además de continuar trabajando en estos ámbitos, en 2023 la CECJ incidiremos en la importancia de promover otro modelo comercial y económico que priorice los Derechos Humanos y el cuidado del medio ambiente frente a los intereses comerciales.

Por otro lado, queremos que desde las instituciones públicas y representantes políticos se refuerce la potenciación de modelos de producción y consumo que incorporen los valores sociales, humanos y ambientales. También destacaremos la importancia del Comercio Justo como aliado para el avance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por último, destacamos la necesidad de contribuir a la concienciación de la ciudadanía en la importancia del consumo responsable y crítico.

La coalición Pacto Histórico , encabezada por Gustavo Petro (Colombia Humana) y Francia Márquez (Polo Democrático Alternativo), vencía el pasado fin de semana en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Colombia con el 50% de los votos frente al 47% que obtenía Rodolfo Hernández, candidato que agrupaba los idearios conservadores y centristas. La amplia diferencia de 700.000 votos da tintes históricos al resultado electoral, ya que es la primera vez que una fuerza de izquierdas consigue la presidencia del país. Petro, economista, exalcalde de Bogotá y senador, y Márquez, presidenta del Comité Nacional del Consejo Nacional de Paz y Reconciliación, han presentado un programa de gobierno centrado en el protagonismo de los territorios, la urgencia de un pacto para el buen vivir y el vivir sabroso con la diversidad, y una economía democrática, feminista y ecologista.

Como recoge La Base en su emisión #78, las claves del programa de Pacto Histórico pasan por “recuperar el fundamento progresista de la Constitución colombiana de 1991” y se centra en cinco pilares:

•  una economía para la vida,
•  el paso del extractivismo a un tejido productivo,
•  la disminución de la desigualdad social,
•  la democratización del Estado,
•  la consolidación de la paz.

Además, se subraya el protagonismo de las mujeres para la transformación social y la realización del potencial de Colombia así como la necesidad de democratizar el crédito, el saber y los espacios rurales, urbanos y digitales.

En la parte económica del programa de gobierno presentado por la candidatura, se hace referencia a los principios defendidos por la Economía Solidaria, las economías transformadoras y los movimientos sociales: lucha contra el cambio climático y apuesta por las energías renovables, compromiso con los diferentes territorios y su desarrollo, recuperación y reutilización de residuos, democratización de los espacios, producción en red… De hecho, diferentes expertos apuntan a que una de las claves para este resultado electoral histórico ha sido la propuesta de transformaciones de fondo con un carácter progresista defendido con ambición y pocos complejos.

Dejando a un lado el tono casi obligadamente inflamado del programa electoral, en él se recogen posturas y afirmaciones que resultan muy cercanas a las fórmulas de la Economía Solidaria que pueden encontrarse en la nueva Carta de Principios de la ESS recientemente asumida por REAS Red de Redes. El programa económico de la coalición afirma:

“Ante la destrucción de la economía y la política de la muerte, avanzaremos en el restablecimiento del equilibrio reproductivo entre la sociedad y el ambiente con justicia social.”

y también:

“Frente a las políticas de la muerte, estableceremos una nueva relación entre la sociedad y la naturaleza, donde prime la defensa de la vida por encima de los intereses del capital económico.”

En el texto, se defiende igualmente el tránsito a un modelo basado en la producción y el consumo responsables, el papel protagonista de la banca pública, el cuidado del patrimonio natural mediante pactos comunitarios que incluyan regeneración y restauración ecológicas, el uso de software libre, la construcción de una soberanía alimentaria propia o el impulso del tejido asociativo y cooperativista. El punto 2.4.3, en concreto, potencia las economías populares, que en Colombia implican a dos tercios de la población. Reconocimiento, garantía de derechos, contratación pública bajo criterios de transparencia, una banca cooperativa y formación son algunas de las claves recogidas en esta sección.

En epígrafes sucesivos, el documento propone un pacto por el trabajo decente que priorice a mujeres y jóvenes y tenga en cuenta los mínimos vitales necesarios, así como la conciliación de la vida laboral, social y personal. El fin de las desigualdades y el reconocimiento de la diversidad es otro de los puntos de apoyo del programa, que presenta una firme defensa de la infancia, el liderazgo joven, el arte y la cultura, el cuidado como factor social de primer orden y el derecho al buen vivir y el vivir sabroso de las realidades indígenas y campesinas. La democratización del Estado y el respeto por la vida a través de las libertades fundamentales son, por último, los instrumentos para crear una sociedad “capaz de defender la vida en todas sus formas y colores. Una democracia multicolor significa el respeto por la vida, sentando las bases para una sociedad más diversa, equitativa que entra por fin en una era de paz.”

Como indicaba el propio Petros en una reciente entrevista de El País, “las reformas que impliquen proyectos de ley y que necesiten debate parlamentario se construirán en la medida que construyamos escenarios de concertación. No serán reformas impuestas, sino debatidas”. La coalición solo obtuvo una representación de 16 senadores, lo que obligará a alianzas y negociaciones que pueden encontrar las dificultades que ya conocen otras fuerzas progresistas en similares circunstancias.

En cualquier caso, las propuestas de la Economía Solidaria y los movimientos sociales parecen haber encontrado resonancia en la coalición que dirigirá Colombia los próximos cuatro años. El país se suma así a la cada vez más larga lista de Estados latinoamericanos cuyas urnas confían en políticas progresistas, feministas, ecológicas y de justicia social.

La Red de ONGD de Madrid, la federación Regional de Asociaciones de Vecinales de Madrid, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Madrid (REAS Madrid) y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, como parte de la sociedad civil organizada, ante el sorprendente e inesperado proceso electoral en el que nos hallamos manifestamos nuestra preocupación por las consecuencias que puede tener para la ciudadanía, en especial para la población más vulnerable.

Las elecciones van a implicar la paralización de medidas en marcha como la aprobación de unos presupuestos regionales imprescindibles para el acceso a las ayudas europeas esenciales para paliar los daños económicos y sociales que está suponiendo la crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel global. Por todo ello queremos hacer un llamamiento:

1. A los partidos políticos para que, en el contexto actual de pandemia, actúen con responsabilidad dando prioridad a la solución de los problemas cotidianos que nos afectan como ciudadanía. Solicitamos que las elecciones no supongan la ralentización en la toma de decisiones, ni dificulten la diligencia de medidas esenciales para afrontar la pandemia como los refuerzos de la sanidad y la educación pública, el acceso a ayudas financieras para todos los sectores económicos y para el buen funcionamiento de entidades sociales que trabajan con población vulnerable a nivel local y global. Hoy más que nunca la población debe poder identificarse con su clase política y esta, a su vez, ha de responder con la capacidad de liderazgo, diálogo, eficacia y representación que se le supone para que, a través del consenso y el trabajo conjunto con la sociedad civil, poder paliar los efectos de la actual crisis, analizar sus orígenes y establecer medidas para que no vuelva a repetirse.
2. A los partidos políticos que concurren a las elecciones, para que incorporen en sus programas electorales las reivindicaciones de la sociedad civil tendentes a afrontar las necesidades de la población más vulnerable, agravadas por la situación de pandemia que vivimos, desde una visión global pues esta es la única manera en la que todas y todos estemos seguros. La creación de burbujas de bienestar locales no sirve de nada cuando vemos como se expanden y nos afectan con rapidez las diferentes cepas del virus que van apareciendo en lugares distintos y lejanos. Como hemos señalado en otras ocasiones, en esta búsqueda de soluciones globales, la Agenda 2030 se muestra como el marco más eficaz de actuación pues no solo tiene la necesaria mirada global para abordar los problemas que nos afectan localmente, sino que incorpora también esa mirada transversal fundamental para sentirnos todos y todas comprometidos en su cumplimiento. Así solicitamos que los partidos políticos asuman en sus programas los compromisos internacionales de la puesta en marcha de la Agenda 2030 y los correspondientes 17 ODS y sus metas que introduce asuntos que son esencialmente de competencia de gobiernos locales y regionales. Alineado con la Agenda 2030, pedimos que se apueste por un modelo de desarrollo sostenible, que reduzca los desequilibrios territoriales y sociales, desarrollando las potencialidades endógenas del territorio. A nivel europeo, las instituciones comunitarias consideran que la Economía Social debe tener un papel relevante para alcanzar estos objetivos.
3. Al equipo de gobierno que salga de las urnas les solicitamos que retomen los procesos paralizados por estas elecciones, reforzando las políticas públicas de cooperación internacional para el desarrollo, impulsando la puesta en marcha de la Agenda 2030 y agilizando los trámites para la aprobación de unos presupuestos regionales expansivos y sociales que permitan atender la necesidades de la población madrileña más vulnerable, acoger con generosidad a quienes solicitan acogimiento y refugio en nuestra región, y cumplir con nuestros compromisos internacionales de cooperación con los países empobrecidos que están sufriendo con más severidad los impactos de las crisis.

Las organizaciones representativas de la Economía Social en la Comunidad de Madrid (AMEI, ASALMA, FECOMA y REAS Madrid) hemos convocado a los representantes de los partidos políticos con representación actual en la Asamblea de Madrid para debatir sobre Economía Social en los próximos cuatro años, así como para presentarles nuestras reivindicaciones. La colaboración público-privada permite a la Economía Social contribuir a la creación de empleo de calidad, el desarrollo territorial y la cohesión social.

Puedes inscribirte en formato presencial (aforo máximo 45 personas) o en formato «en línea» a través de una plataforma web (enviaremos enlace a los inscritos el día anterior al evento).

Para apuntarte, presencial u online, puedes seguir los siguientes enlaces: Presencial  y en línea

Son muchos los retos que enfrentamos en esta ‘Europa del Capital’, donde la vida se ha mercantilizado hasta tal punto que sólo las divisas, y no las personas, pueden moverse libremente, ajenas a fronteras. Del mismo modo que el capital está poniendo en jaque la vida, el creciente auge de la ultraderechas, ya no sólo en Europa sino cada día con más fuerza en el Estado español, está poniendo en riesgo los logros y derechos políticos, sociales, económicos y ambientales conseguidos durante décadas. Pero sobre todo, hemos de atender de manera urgente a la crisis ecosocial y a la emergencia climática en que nos encontramos, ante la cual es vital tomar medidas, como nos alerta la comunidad científica y nos demanda la ciudadanía que ha comenzado a movilizarse.

Ante todo ello, hemos de crear un nuevo modelo político, social y económico, que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad hacia modelos de desarrollo humano social y ambientalmente sostenible, y que se haga en el marco de un proceso donde las instituciones representativas, organizaciones sociales y la propia ciudadanía puedan incidir, en pro de una mayor profundización democrática. Esto conlleva necesariamente priorizar política y presupuestariamente todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a garantizar la protección social y el bienestar de toda la población: educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, inclusión social, etc., así como la conservación y promoción ambiental, por encima de cualquier otra consideración de tipo económico ajena a los intereses de la mayoría de la población y del medio ambiente.

La Economía Solidaria viene contribuyendo desde hace décadas a este cambio de modelo, a través de: la promoción de circuitos económicos alternativos; el emprendizaje social basado en el trabajo colectivo; el impulso de la gestión comunitaria y cooperativa de bienes y servicios comunes o el desarrollo de nuevas formas de intercambio (mercados y monedas sociales, consumo colaborativo y cooperativo, etc.). Estas iniciativas necesitan, no obstante, del apoyo institucional de medidas tales como la compra pública socialmente responsable y la aplicación de cláusulas sociales y medioambientales, que favorezcan nuevas formas cooperativas de organización que rompen con la precariedad, temporalidad y la competitividad, y que se basan en la democracia, la equidad y el cuidado del entorno biosocial.

Las propuestas que planteamos son complementarias con las que vienen trabajando otros grupos y movimientos sociales en ámbitos tales como: el movimiento feminista y ecologista, las plataformas de defensa de los servicios públicos y las pensiones, las organizaciones de apoyo a migrantes… etc. Todas éstas nos muestran el camino para este cambio de modelo que debe ser producto de la participación ciudadana y de la defensa del derecho a decidir de los pueblos y de la ciudadanía.

POLÍTICAS PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

Por una Economía feminista

Sumándonos a los diagnósticos y propuestas de la economía feminista, que ponen en cuestión el sistema heteropatriarcal y su alianza con el capitalismo, por haber dado la espalda a la vida en su lógica de acumulación y beneficio, reivindicamos que se ponga en el centro la vida de las personas y el planeta, al calor de valores tales como la reciprocidad, la solidaridad y la cooperación. La asunción de este paradigma de la sostenibilidad implica ofrecer una visión integral del sistema socioeconómico que atienda al conjunto de relaciones sociales que garantizan la satisfacción de las necesidades de las personas.

Ello requiere superar la estructura dualista y jerárquica que confiere total reconocimiento al mundo público y a la economía mercantil y ampliar las fronteras de lo que se entiende por economía, para incluir actividades y procesos no monetizados, así como la labor de otros agentes económicos como los hogares (y las mujeres al frente de éstos), fuente clave en la producción de bienes y servicios esenciales para la calidad de vida de las personas y que han sido sistemáticamente olvidados e ignorados en los análisis económicos. Esta nueva mirada y consideración de los procesos económicos para la sostenibilidad de la vida integra otros debates que deben ser resueltos, como la ruptura de la falsa dicotomía entre lo público y lo privado así como entre lo que se considera productivo y reproductivo.

Por una Economía ecológica

Tal y como nos marca la economía economía ecológica y las propuestas de los movimientos ecologistas, es preciso atender a la crisis ecosocial en que estamos insertas y atender a los límites físicos del planeta. Hemos de poner en cuestión el mantra capitalista del crecimiento por el crecimiento y virar hacia propuestas de desarrollo humano local, que prioricen el pleno desarrollo de las capacidades capacidades y oportunidades de las personas, para lograr una vida digna y saludable, en un entorno de las libertades. De igual modo, la protección de la biodiversidad, especialmente de especies autóctonas, ha de entenderse como factor de resiliencia prioritario.

En consonancia con esto, se ha de promover un sistema de producción yconsumo acorde a estos límites y en donde la actividad productiva venga marcada por las necesidades reales de la población y en base a criterios de justicia social. Estas actividades deben tomar, por tanto, como referencia el uso que hacen de materiales, y garantizar que éste no sea mayor a su tasa de renovación (en el caso de renovables) o sustitución (en el caso de las renovables), así como atender a que los residuos y contaminación derivada no supere la capacidad de asimilación y autodepuración de los ecosistemas.

Por una Soberanía alimentaria y agroecología

Acorde con las propuestas para la Soberanía Alimentaria del movimiento campesino y rural, se ha de superar el actual sistema agroalimentario, roto por los modelos productivos capitalistas, en pro de un sistema agroalimentario que pongan los valores humanos por delante de los intereses económicos y amplíe el autogobierno y la participación dentro y fuera de las actuales instituciones.

Este modelo debe apoyar la transición del actual sistema de agricultura capitalista y alimentación globalizada hacía la soberanía alimentaria, desde la revalorización de los criterios sociales, ambientales y de proximidad y la búsqueda de un equilibrio entre los espacios de producción alimentaria y los espacios naturales. La puesta en práctica de este nuevo modelo ha de venir marcado por un cambio de valoración que entienda la alimentación como un derecho, y no sólo un bien de consumo más desde el que instrumentalizar la naturaleza, y ponga en valor lo rural dentro de un proceso participativo y democrático capaz de dinamizarlo.

POLÍTICAS PARA UNA ECONOMÍA AL SERVICIO DE LAS PERSONAS

Por un emprendizaje social

Desde la Economía Social y Solidaria defendemos el sentido social de la actividad económica, entendiendo ésta como un medio para satisfacer de manera sostenible las necesidades de todas las personas y no como un fin último para la obtención del lucro de una minoría. Para ello, es preciso apostar por el desarrollo de herramientas y saberes en el ámbito del emprendizaje social, de cara a la generación de iniciativas económicas colectivas y sin ánimo de lucro, que prioricen aspectos como: el fomento de la autonomía y la igualdad, la participación y la actividad cooperativa, escalas salariales justas y proporcionales, transparencia etc.

Por unas Finanzas éticas

La doctrina financiera neoliberal se orienta casi exclusivamente a la multiplicación del beneficio del capital en el menor tiempo posible. Eso se materializa en un sistema financiero extractivo y voraz que ha sumido a la sociedad en un estado permanente de crisis estructural con las consecuencias conocidas: índices crecientes de desigualdad, destrucción progresiva de los habitats y disolución de los vínculos sociales y culturales. Las administraciones públicas, preocupadas por la cohesión social, deben ser conscientes del impacto del sistema financiero sobre el espacio público y comprometerse con un sistema financiero éticamente orientado, que garantice un acceso equitativo a servicios financieros y que ponga al capital al servicio de las personas y las comunidades. Una gestión responsable del espacio público debe contar con un sistema que integre banca, crédito y seguro, centrado en las necesidades de la ciudadanía y comprometido con el desarrollo del tejido social y económico del territorio, un sistema financiero, en definitiva ético y solidario.

Por los Mercados sociales

Para la economía al servicio de las personas deben existir canales comerciales que posibiliten el consumo crítico, consciente y transformador, en el marco de propuestas articuladas y democráticas como los Mercados Sociales. La consolidación y promoción redes de producción, distribución y consumo de bienes y servicios con criterios éticos, democráticos, ecológicos y solidarios, constituida por empresas y entidades de la economía social y solidaria y por quienes consumen, deben ser una prioridad en el marco del impulso a los circuitos cortos de comercialización, que incluyan medidas de apoyo al comercio de proximidad y local y limiten la expansión de grandes superficies comerciales.

Por el Comercio justo

Ante el actual y desigual sistema comercial fuente de pobreza y desigualdad, se ha de promover un sistema comercial alternativo donde los derechos de los pueblos y el medioambiente estén en el centro, acorde con los Derechos Humanos de los trabajadores y trabajadoras y los principios consensuados internacionalmente por un trato justo hacia las organizaciones productoras así como de respeto al medio ambiente. Las administraciones públicas deben asumir un posicionamiento político que apueste por equilibrar los intereses comerciales con la defensa de los derechos humanos, laborales y medioambientales, incorporando y apoyando el Comercio Justo en sus políticas públicas y favoreciendo la concienciación de la ciudadanía en torno al consumo responsable.

Por las Economías Comunitarias

Es preciso poner en valor el hacer de las economías comunitarias, que buscan la satisfacción de necesidades de una manera armónica y respetuosa con el medio más allá del mero lucro. Se trata, además, de experiencias económicas basadas en la autoorganización de la gente, el apoyo mutuo, el compromiso con la comunidad, la igualdad y la democracia, y cuyas estructuras resultan más flexibles, adaptativas y resilientes, por lo que es clave su apoyo y promoción.

POLÍTICAS PARA LAS INSTITUCIONES AL SERVICIO DEL BIEN COMÚN

Por la Innovación social y el desarrollo local

El modelo imperante de desarrollo de tendencia crecentista debe virar hacia una concepción del desarrollo vinculado a lo local, entendido como estrategia de intervención territorial para generar capacidad local y aumentar las condiciones y oportunidades para la ciudadanía, desde los principios de: igualdad de oportunidades, sostenibilidad, participación y empoderamiento y garantía de derechos humanos. Este cambio de enfoque debe venir guiado por las numerosas prácticas y experiencias en materia de innovación social ya existentes t que han ido dando respuesta a retos de diversa índole, promoviéndose así, desde las políticas públicas, espacios y herramientas de participación ciudadana así como el desarrollo de estrategias de partenariado público-social y público-comunitario para la gestión de servicios de interés social.

Por la Salvaguarda de los bienes comunes

Se han de identificar y proteger los bienes comunes (naturales, urbanos y digitales) a partir de la gestión pública, social y comunitaria que los deje al margen de su posible mercantilización, entendiendo dicha gestión, no desde la perspectiva de eficiencia económica sino como una cuestión social y política directamente relacionada con el fomento de procesos autónomos por parte de la población y la capacidad de ésta para la autogestión de los recursos. Para ello, es preciso la creación de nuevas instituciones que permitan poner en práctica una gestión común de los recursos y, en consecuencia, existir autónomamente.

Por la Compra pública responsable

La transformación de los modelos de contratación pública debe ser una prioridad gubernamental y, por consiguiente, se deben dedicar recursos a ello. Los gobiernos deben entender la contratación administrativa como una política estratégica que puede incrementar el impacto de sus políticas públicas, desde las que potenciar e implantar políticas para la equidad de género, el desarrollo sostenible, el bienestar laboral, el respeto a los derechos humanos, y a través de las que promover así una transición económica basada en empresas mucho más democráticas y respetuosas con los derechos de las personas y con el medio ambiente.

Por el Desarrollo social

Para promover los procesos de desarrollo social implícitos en el quehacer institucional es preciso reforzar política, técnica y presupuestariamente aquellas áreas prioritarias para el impulso de la cohesión y la inclusión social, tales como las rentas básicas y políticas sociales, de vivienda, educación, salud, etc. Ello debe ir parejo a la construcción de un modelo económico social y solidario, orientado a la expansión de las oportunidades y capacidades humanas y que se sirva de recursos endógenos, priorizando la satisfacción de las necesidades locales con recursos locales y fomentando las capacidades y el desarrollo de los territorios desde una perspectiva integral, que no sólo genere renta, sino también vínculos, cohesión social, conocimiento y procesos de empoderamiento.

Por la Educación para el cambio ecosocial

Para acompañar todas estas propuestas es clave el desarrollo de metodologías educativas en el ámbito formal y no formal dirigidas al cambio ecosocial y basadas en la participación, la colaboración y el desarrollo de proyectos cooperativos. Se trata de impulsar espacios y procesos de “interculturalidad cooperativa”, fomentando el intercambio de saberes, conocimientos y experiencias diversas, así como promover campañas públicas para la sensibilización ciudadana sobre la necesidad de un cambio de paradigma económico, político y social.

Con ocasión de la repetición de las elecciones generales el próximo 26 de junio de 2016, desde REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria queremos hacer llegar a partidos políticos, agentes sociales y a la ciudadanía en general, nuestras propuestas para la construcción de una economía más justa, democrática y sostenible. Particularmente emplazamos a las diferentes fuerzas políticas a que muestren su posición ante estas propuestas y a que las incorporen en sus programas electorales.

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria es una asociación estatal independiente  que trabaja desde 1995 en base a la Carta de Principios de la Economía Solidaria. La red está actualmente compuesta por 18 redes, 14 autonómicas y cuatro de carácter sectorial (recuperación y gestión de residuos, finanzas éticas, comercio justo y energía renovable), que agrupan a más de 500 empresas y organizaciones. Estamos presentes en el ámbito internacional a través de RIPESS (Red Intercontinental de Promoción de la Economía Social y Solidaria).

Un nuevo modelo político, social y económico es necesario

• Impulsar un cambio en profundidad que reoriente las políticas sociales y económicas desde criterios de justicia y equidad, en el marco de la promoción de un desarrollo humano social y ambientalmente sostenible.
• Resituar la economía al servicio de las personas, donde instituciones representativas, organizaciones sociales y la propia ciudadanía puedan incidir en el rumbo político y económico a impulsar, en pro de una mayor profundización democrática.
• Paralización de leyes y regulaciones que están contribuyendo a la mercantilización de la vida y a colocar en manos del mercado capitalista servicios y bienes que debieran ser públicos y comunes (TTIP, fracking, racionalización de la administración local, energía, etc.).
• Priorizar política y presupuestariamente, todas aquellas medidas y actuaciones dirigidas a garantizar la protección social y el bienestar de toda la población: educación, sanidad, empleo, vivienda, servicios sociales, inclusión social, etc.
• Mayor efectividad y firmeza en el desarrollo de planes y acciones que aseguren la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en todos los espacios de la vida política, económica, social y cultural.
• Compromiso firme con un modelo socioeconómico basado en la sostenibilidad ambiental. Promoción de sectores económicos y de producción no dañinos con las personas y el medio ambiente.
• Combatir el fraude y desarrollar una política fiscal más progresiva y redistributiva, que permita el sostenimiento de los servicios que garantizan la cohesión y protección social.
• Promoción de la participación ciudadana en el diseño y en la gestión de políticas públicas, defensa del derecho a decidir de los pueblos y de la ciudadanía, desarrollo de herramientas de control y transparencia en la gestión pública, eliminación de las restricciones legales a la protesta social y a la movilización ciudadana.

Economía social y solidaria para un desarrollo alternativo

• Garantizar los derechos de las personas (humanos, sociales, económicos y culturales), así como la conservación y promoción ambiental, por encima de cualquier otra consideración de tipo económico ajena a los intereses de la mayoría de la población y del medio ambiente.
• Promoción de la economía social y solidaria como contribución a la construcción de un nuevo modelo económico más justo y sostenible, a través del apoyo a la creación y sostenimiento de empresas de este ámbito, desarrollo de incentivos fiscales, fondos de avales y líneas de financiación específicas, etc.
• Fomentar un modelo de emprendizaje social basado en el trabajo colectivo. Apoyar de manera específica el intraemprendizaje y la intercooperación entre entidades de la economía social y solidaria, así como la reconversión de otras iniciativas económicas.
• Incorporar en los programas de emprendizaje y en los planes de desarrollo local las necesidades prácticas e intereses estratégicos de las mujeres, favoreciendo su acceso al empleo de calidad e incentivando la equidad en el reparto del trabajo tanto productivo como reproductivo.
• Impulsar la actividad económica a través de la promoción de la gestión comunitaria y cooperativa de bienes y servicios comunes, con especial atención a las alternativas de derecho y acceso a la vivienda: cooperativismo con cesión de uso, vivienda social, etc.
• Promoción de circuitos económicos alternativos, promoviendo la distribución, comercialización y consumo de bienes y servicios locales, especialmente en el ámbito de la alimentación desde criterios de soberanía alimentaria. Incentivar el desarrollo de nuevas formas de intercambio: mercados y monedas sociales, consumo colaborativo y cooperativo, etc.
• Incorporar en los espacios educativos contenidos y competencias relacionados con la economía social y solidaria y con la perspectiva ecológica y feminista. Promover el fomento del pensamiento crítico respecto al sistema económico, mostrando sus insuficiencias éticas y fomentando la investigación de nuevos modelos económicos que las superen.
• Desarrollar medidas de compra pública socialmente responsable en la modificación de la Ley de Contratos Públicos, a través de cláusulas sociales relacionadas con: el impulso de la inserción sociolaboral, la sostenibilidad ambiental y los circuitos de proximidad, apoyo a entidades no lucrativas y de economía social y solidaria, impulso de políticas de igualdad de oportunidades, comercio justo, garantía de condiciones laborales dignas, etc.

Un nuevo modelo energético

• Elaboración y desarrollo de un plan integral de ahorro y eficiencia energética en edificios, transporte e industria.
• En el ámbito de la movilidad, impulso del transporte colectivo, las iniciativas de economía colaborativa y la electrificación del transporte.
• Despliegue masivo de generación eléctrica distribuida. Impulso del autoconsumo o autoproducción eléctrica con balance neto (que no incorpora peajes sobre la electricidad consumida instantáneamente).
• Remunicipalización de las redes de distribución. Quien tiene el control de la red, tiene control sobre la energía, un bien y un derecho básicos. Aprovechar esta transición energética para vertebrar democráticamente las comunidades y que mantengan una monitorización permanente sobre la gestión.

Finanzas al servicio de la ciudadanía

• Promoción y regulación de una gestión transparente y sostenible de la actividad bancaria. Control público y limitación de la actividad de la banca de inversión basada en productos financieros especulativos.
• Impulso de medidas internacionales eficaces para la eliminación de los paraísos fiscales, así como prohibición de la actividad de intermediarios financieros que operan con estrategias orientadas a evitar el control público.
• Eliminación de las ayudas públicas a la banca privada y establecimiento de contrapartidas sociales e intervención en la orientación de la actividad financiera de las entidades apoyadas en los últimos rescates.
• Promoción de una banca al servicio de la economía real y de las necesidades de la población. Desarrollo de herramientas de finanzas públicas orientadas al impulso del desarrollo humano local, la promoción de la actividad económica social, el sostenimiento de la protección social, etc.
• Apoyar sistemas de intermediación financiera cooperativos orientados a las economías locales y que promueven una ciudadanía comprometida con el uso responsable del ahorro y el reconocimiento del derecho al crédito.
• Promoción y fomento de las iniciativas de finanzas éticas, alternativas y solidarias. Participación en la creación y consolidación, junto con las realidades de finanzas éticas y alternativas ya existentes, de nuevos circuitos de intermediación financiera que refuercen el impacto social de estas realidades.

Gestión de residuos para la sostenibilidad ambiental y social

• Caminar hacia una economía circular y de vertido cero. Favorecer las políticas de prevención de residuos; la recogida selectiva que optimice la separación en origen de la materia orgánica; los sistemas de depósito y retorno; y la preparación para la reutilización, frente a otras vías de valorización y frente a la eliminación directa.
• Priorizar a las empresas de economía social y solidaria en el ámbito de la gestión de residuos a través del establecimiento de cláusulas sociales y reservas de mercado que favorezcan al sector por su valor social añadido asociado a la generación de empleo y a la inclusión social de colectivos vulnerables.
• Establecer una fiscalidad ambiental coherente con la jerarquía en la gestión de residuos: impuestos por generación de residuos, exención de IVA para los productos que han sido preparados para reutilizar y sanciones al vertido y la incineración.

Cultura popular, libre y no mercantilizada

• Promover una cultura de proximidad, donde las comunidades creativas ocupen el centro de las políticas públicas. Las infraestructuras han de ser entendidas como herramientas que hagan posible una cultura que nace y se relaciona desde la cercanía y no desde el mega evento.
• Defender un modelo que conciba la cultura como expresión social colectiva que enriquece la vida de las comunidades, aportando experimentación creativa, formas de resolución de conflictos y narraciones que crean otras formas de entender y estar en el mundo. Alejar esta concepción de la de industria cultural sometida a la dictadura de los balances contables.
• Fomentar desde la EsyS nuevas formas cooperativas de organización que rompan con la precariedad, temporalidad y la competitividad, y que hagan de la democracia, la equidad y el cuidado del entorno biosocial parte esencial de su filosofía. Esto no significa que la cultura deba pasar obligatoriamente por formas monetarizadas o empresariales.
• Extender el uso de licencias libres, de uso obligatorio en todas las producciones culturales financiadas con dinero público, cuyas obras deberían pasar a dominio público, dentro de un banco de recursos gestionado como un bien común por las comunidades.

Por un mundo rural vivo

• Retirada de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local que supone una desamortización encubierta de los bienes comunales, (agua, bosques, cotos de caza, reservas micológicas) que son propiedad de las pequeñas entidades locales y pasarían a ser propiedad de administraciones públicas superiores como ayuntamientos o diputaciones.
• Control público y del territorio sobre el agua y el acaparamiento de tierras para la agroindustria y la especulación, así como fin de las autorizaciones de extracción del subsuelo: ni fracking, ni prospecciones.
• Desarrollo de bancos de tierras públicos y/o compartidos o gestionados por las entidades locales de economía social y solidaria.
• Medidas positivas que apoyen el desarrollo de las zonas más deprimidas del medio rural, sierras principalmente, y que eviten la despoblación de esos pueblos y permitan a sus habitantes participar en la custodia de ese territorio.
• Fomento de la agricultura local y ecológica. Protección de las rentas de las personas que se dedican a las actividades de producción en el campo y promoción de los circuitos cortos de comercialización.