A la ciudadanía se le repite que tiene que comer mejor. Más frutas y verduras, más legumbres, más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados. Lo dicen las autoridades sanitarias. Lo dicen las profesionales de la salud. Lo dicen las guías alimentarias.

Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién puede permitirse comer así?

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Porque mientras se recomienda mejorar la alimentación, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables se ha convertido para muchas familias en un esfuerzo económico cada vez mayor. Y esta contradicción no es un problema individual. Es un problema del sistema alimentario.
No se puede seguir trasladando a las personas toda la responsabilidad sobre lo que comen cuando las reglas del mercado hacen que comer bien resulte más difícil.

La alimentación saludable no puede ser un lujo.

Una alimentación saludable no debería depender del nivel de renta.

Sin embargo, para una familia con dificultades económicas, llenar la cesta de productos frescos puede significar renunciar a otras necesidades básicas. Y cuando el presupuesto aprieta, los alimentos baratos, muy disponibles y fuertemente promocionados suelen ser precisamente aquellos cuyo consumo las autoridades sanitarias recomiendan limitar.

Esto no es una elección libre en igualdad de condiciones.

Según Justicia Alimentaria, durante demasiado tiempo se han construido las políticas alimentarias alrededor de una idea muy sencilla: el consumidor debe elegir mejor.
Pero ¿qué ocurre con los precios? ¿Qué ocurre con las promociones? ¿Qué ocurre con la distribución de los espacios en los supermercados? ¿Qué ocurre con las estrategias comerciales? ¿Qué ocurre con los márgenes? ¿Qué ocurre con la publicidad dirigida a las familias y a la infancia?

Si se quiere transformar la alimentación, hay que transformar también el entorno en el que se toman las decisiones.

Por eso proponen 100 alimentos saludables a precio justo.

Desde Justicia Alimentaria quieren abrir un debate y construir una propuesta concreta: que las grandes cadenas de distribución garanticen permanentemente una cesta amplia de alimentos saludables vendidos a precio de coste, sin trasladar el coste a profesiones de la agricultura, ganadería y proveedoras de alimentación.

La propuesta parte de una idea sencilla.

Los supermercados ya utilizan sus diferentes márgenes comerciales para construir su oferta y su estrategia de precios. Lo que plantean es que una parte limitada de esos márgenes se utilice para hacer más accesibles los alimentos esenciales para una alimentación saludable.

No se trata de que las personas que trabajan en el campo cobren menos.

No se trata de precarizar a quienes producen los alimentos.

No se trata de financiar la medida con dinero público.

Se trata de actuar sobre la distribución y sobre la forma en que se construyen los precios en la cadena alimentaria.

Y proponen hacerlo de manera transparente, con criterios nutricionales claros y con una cesta suficientemente amplia y diversa: frutas, verduras, legumbres, alimentos básicos y otros productos compatibles con las recomendaciones oficiales de alimentación saludable.

100 alimentos saludables. 100 alimentos a precio justo. 100 alimentos que permitan que comer bien no sea un privilegio.

Que nadie tenga que elegir entre salud y bolsillo

Hay algo profundamente injusto en un sistema en el que una familia puede encontrar miles de productos alimentarios en un supermercado, pero tiene dificultades para llenar su cesta con aquellos alimentos que debería consumir con mayor frecuencia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud. Y, por tanto, garantizar el acceso a una alimentación saludable no puede quedar reducido a campañas de educación nutricional.

No basta con decirle a una familia que coma mejor. Hay que hacer posible que pueda hacerlo.

Y eso exige intervenir sobre los precios, sobre la oferta y sobre las estrategias comerciales de las grandes cadenas de distribución.

Una propuesta que también debe proteger a quienes producen

Esta iniciativa no pretende enfrentar a quién consume y a quién produce.

Al contrario.

La organización no acepta la falsa disyuntiva entre alimentación saludable y renta agraria.

Una alimentación diferente necesita también agricultores y ganaderas que puedan vivir dignamente de su trabajo.

Por eso cualquier mecanismo para abaratar determinados alimentos saludables debe impedir que el coste termine repercutiendo sobre quienes los producen.

La transformación alimentaria no puede hacerse a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

El supermercado también es política alimentaria

Durante años se ha considerado el supermercado como un espacio neutral.

No lo es.

Lo que se encuentra a la entrada, lo que está a la altura de los ojos, lo que aparece en promoción, lo que tiene descuentos, lo que se publicita, lo que ocupa más espacio y lo que se puede comprar a un precio asequible forma parte del entorno alimentario.

Y ese entorno condiciona la alimentación.

Por eso Justicia Alimentaria cree que ha llegado el momento de hablar de política alimentaria también dentro de los supermercados.

No se pueden dejar en manos exclusivamente de las empresas decisiones que tienen consecuencias sobre la salud de millones de personas.

Construir una alianza

En Francia, una iniciativa de estas características ha conseguido reunir a 42 organizaciones de ámbitos muy diferentes: organizaciones de consumidores, entidades sociales, organizaciones de salud, medioambientales, asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza, entre otras. La coalición está reclamando que una cesta de alimentos saludables pueda venderse permanentemente a precio de coste y ha acompañado esta reivindicación con una propuesta legislativa. Justicia Alimentaria cree que en España se puede hacer algo parecido.

Porque este no es un problema exclusivamente de agricultores.

Ni de consumidores.

Ni de salud pública.

Ni de pobreza.

Ni de medio ambiente.

Es un problema del sistema alimentario.

Y, precisamente por eso, necesita una respuesta colectiva.

Desde Justicia Alimentaria quieren impulsar una alianza por 100 alimentos saludables a precio justo y hacen un llamamiento a organizaciones sociales, de consumidores, de salud pública, de familias, sindicales, ambientales, de defensa de la agricultura familiar, profesionales de la nutrición y la salud, asociaciones contra la pobreza y todas aquellas entidades que quieran formar parte de ella.

Quieren sentarse, debatir la propuesta, mejorarla y convertirla en una reivindicación compartida.

Porque saben que una transformación de esta magnitud no la va a conseguir una organización sola.

La conseguirán si son capaces de construir una mayoría social que diga algo muy sencillo: comer bien no puede ser un privilegio de quien puede pagarlo.

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Fuente: Justicia Alimentaria

Bienvenidos a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el Derecho a la Alimentación.

Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.

Coproducción de políticas públicas para sistemas alimentarios sostenibles

Esta formación aborda cómo diseñar políticas alimentarias desde la coproducción entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria. Se explorarán herramientas para fortalecer la colaboración público-comunitaria y reforzar la incidencia política y técnica en el desarrollo de sistemas alimentarios de proximidad, sostenibles y resilientes.

Contenidos clave:

• Sistemas alimentarios sostenibles y de proximidad
• ESS y soberanía alimentaria
• Políticas públicas locales en alimentación
• Experiencias y buenas prácticas

Dirigido a: Administraciones públicas y entidades de la ESS vinculadas al ámbito alimentario.

Objetivo: Impulsar políticas alimentarias más sostenibles, inclusivas y conectadas con el territorio.

Modalidad: Online
Fecha: Martes 16 de junio de 10.30 a 12h.
Duración: 1 hora y media.

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Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

Este 17 de abril de 2026 celebramos el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que conmemora la Masacre de Eldorado do Carajás, ocurrida en 1996, cuando 21 campesinos sin tierra fueron asesinados por la Policía Militar en Brasil mientras ocupaban tierras en defensa de la reforma agraria.

En esa memoria de la lucha por la tierra debemos situar la realidad actual de nuestro país, que atraviesa una crisis silenciosa en uno de sus pilares esenciales, la agricultura familiar o, si lo prefieren, la desaparición del campesinado. Este modelo, que sostiene buena parte de la diversidad productiva y de la vida en los territorios rurales, se encuentra amenazado por una combinación de envejecimiento, falta de relevo generacional y ausencia de políticas estructurales que reconozcan su valor social y económico.

Hace unos días, el Gobierno presentó un paquete de medidas para impulsar ese relevo. En ese contexto, el ministro de Agricultura, Luis Planas, afirmó que “el relevo generacional es el reto de los retos”. Y no le falta razón. La edad media de las personas agricultoras en España es de 62 años. Un 70% de los hoy en activo estarán jubilados o en edad de hacerlo en una década. Solamente el 9% de las personas titulares de explotación tiene menos de 41 años, y un paupérrimo 8% de las personas beneficiarias de ayudas de la Política Agrícola Común (PAC) son jóvenes. Además, dentro del grupo de jóvenes, de las llamadas jefes/as de explotación, solamente el 23% son mujeres.

Como vemos, esta realidad no es una alarma dispersa: es un tsunami demográfico. La agricultura familiar española depende de manos que se acercan a la jubilación, con escaso o nulo relevo generacional. La falta de jóvenes que quieran —o puedan— asumir la continuidad de las pequeñas explotaciones amenaza no solo la producción agrícola, sino también la vida comunitaria de los territorios rurales.

En paralelo a esta realidad, hay miles de personas que ya forman parte del campo español y de la vida de muchos pueblos, aunque a menudo permanezcan fuera del foco del debate público. Se trata de trabajadores y trabajadoras migrantes que sostienen campañas agrícolas enteras, pero también construyen proyectos de vida, redes comunitarias y arraigo en los territorios donde viven.

De los cerca de 1,5 millones de contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras en España, el 32 % corresponde al sector agrario

Sus trayectorias son diversas, algunas personas llegan para campañas concretas, mientras que otras llevan años asentadas, participando en la economía local y formando parte del tejido social rural. Sin embargo, muchas de estas experiencias siguen marcadas por la precariedad, invisibilidad, la falta de reconocimiento y obstáculos administrativos que limitan sus oportunidades.

Los datos son elocuentes. De los cerca de 1,5 millones de contratos registrados a personas trabajadoras extranjeras en España, el 32 % corresponde al sector agrario. En algunas provincias, esta proporción es mucho mayor: en Huelva alcanza el 89 %, en Murcia el 82 %, en Almería el 62 % y en Lleida el 51 %.

Cada año, además, se produce entre Marruecos y Huelva uno de los mayores movimientos migratorios de mujeres trabajadoras. Miles de mujeres marroquíes llegan para participar en campañas como la de la fresa, en un flujo que evidencia hasta qué punto determinadas producciones dependen de este trabajo.

Incorporar plenamente a estas personas en las políticas agrarias implica reconocerlas como actores del presente y del futuro del campo, no solo como mano de obra para las grandes fincas

Estos datos muestran que la agricultura intensiva y la temporalidad de las campañas dependen absolutamente de la mano de obra migrante. Pero esta realidad no puede entenderse únicamente en términos laborales. Muchas de estas personas conocen los cultivos, acumulan experiencia y muchas aspiran a desarrollar proyectos agrícolas propios si existieran las condiciones adecuadas.

Incorporar plenamente a estas personas en las políticas agrarias implica reconocerlas como actores del presente y del futuro del campo, no solo como mano de obra para las grandes fincas, sino como actores imprescindibles para el desarrollo de la agricultura social y campesina. Esto pasa por reconocer sus propias dificultades y garantizar acceso real de a la tierra, al crédito, a la formación y a redes cooperativas, así como por eliminar barreras administrativas que hoy limitan sus posibilidades de emprender y establecerse.

Si España quiere evitar que su agricultura familiar se convierta en patrimonio fósil, no basta con atraer mano de obra: hay que facilitar el acceso real a la tierra

No es solo una cuestión de eficiencia productiva, sino de derechos, de equidad y de construcción de comunidades rurales vivas y diversas. En este contexto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha planteado la movilización de tierras públicas —unas 17.000 fincas rústicas— para favorecer el relevo generacional, poniéndolas a disposición preferente de jóvenes, mujeres y nuevos profesionales. Sin embargo, una estrategia que se limite a fórmulas genéricas de juventud agraria fracasa si no incorpora con medidas específicas a quienes ya están plantando y cosechando, muchos de ellos, migrantes que llevan años aportando trabajo, conocimiento y vida al campo español. Si España quiere evitar que su agricultura familiar se convierta en patrimonio fósil, no basta con atraer mano de obra: hay que facilitar el acceso real a la tierra, al crédito, a la formación, para que puedan aparecer nuevas explotaciones familiares en nuestros pueblos

Negarles un papel central en el futuro de la agricultura familiar es ignorar una realidad ya existente. La sostenibilidad del sistema alimentario depende no solo de quién trabaja la tierra, sino de en qué condiciones puede hacerlo y con qué oportunidades de construir un proyecto de vida.

Ya saben, la tierra para quién la trabaja.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, para El Salto.

El capitalismo ha encontrado en nuestros cuerpos un terreno propicio para el negocio. La digitalización de todos los aspectos de nuestras vidas y el protagonismo de la imagen en la era de las redes sociales han configurado un nuevo marco social: el culto al cuerpo.

Vamos a adentrarnos en las formas que adquiere, en el asedio a nuestros cuerpos que se traduce en la búsqueda del cuerpo “ideal” y la proliferación de medios para conseguirlo (sea el ejercicio, las dietas o la cirugía estética), en el negocio descomunal en torno a todo ello y en las consecuencias sobre la salud.

Un recorrido que nos lleva a la necesidad de políticas públicas que regulen el mercado, protejan la salud y garanticen nuestro derecho a una alimentación saludable.

Asedio al cuerpo, ¿qué está pasando?

Hacer deporte (correr, ir al gimnasio), seguir dietas (variopintas y milagrosas), “arreglos” físicos del cuerpo (cirugía estética) son prácticas en auge. Y aunque parezcan diferentes, tienen un objetivo común: modelar nuestros cuerpos para que sean más atractivos, juveniles y “saludables”. Todo acompañado de una variedad interminable de productos y servicios: indumentaria especial para cada deporte, inscripciones en gimnasios y eventos deportivos, productos dietéticos, suplementos alimenticios, clínicas de estética…

Este hiperconsumo en torno al cuerpo se ha abierto camino gracias a la digitalización: el teléfono móvil, con el acceso que nos da a todo en todo momento, las redes sociales y el mundo influencer.

La nueva publicidad

Tanto el modelo ideal de cuerpo como las técnicas para conseguir ese cuerpo deseado nos llegan mediante una publicidad omnipresente y diferente a la que conocíamos. En el espacio digital se ha implantado un nuevo modelo publicitario mucho más persuasivo que el anterior, porque ya no tiene una sola dirección. Ya no somos meros receptores de mensajes publicitarios, ahora podemos interactuar y sentirnos parte de una comunidad (asociada a un producto, a una marca).

El principal gancho publicitario es la salud, todo hay que hacerlo por salud. Basta echar un vistazo a los miles de mensajes publicitarios vinculados con la vida saludable. Tenemos que “estar bien”, “sentirnos bien”, “vernos bien”. Y está en nuestras manos, cada persona es responsable de su cuerpo y de su salud. Así se crea una enorme presión sobre el cuerpo que induce a realizar prácticas deportivas, dietéticas y estéticas (y a consumir la infinidad de productos y servicios que llevan aparejadas).

La práctica deportiva y el culto al cuerpo

Cada vez más ciudades cuentan con maratones, medio maratones, carreras y más carreras, que baten récords de participación con decenas de miles de personas inscritas. Correr se ha puesto de moda. Una actividad a la que se asocian valores como llevar una vida saludable, pero que es, sobre todo, una práctica mercantilizada que conlleva la adquisición de una gran variedad de productos.

El mundo influencer juega un papel destacado. En las redes sociales se exhiben entrenamientos, lemas motivacionales, consejos nutricionales, recomendaciones de indumentaria, etc.

Los gimnasios también han experimentado un crecimiento exponencial, acompañado de un cambio de modelo. Hace algo más de una década, una buena parte de los gimnasios eran municipales, mientras que ahora proliferan los privados, destacando las cadenas de gimnasios de bajo coste. Un negocio floreciente en el que también han desembarcado los fondos de inversión.

Y si hablamos de negocio, cabe destacar que en 2023 las ventas del sector deportivo superaron los 9 000 millones de euros. Mientras que el gasto de los hogares en bienes y servicios deportivos se acerca ya a los 4 500 millones de euros.

Cirugía estética para «arreglar» el cuerpo

El crecimiento del sector de la cosmética y el cuidado personal es otro indicador del asedio al cuerpo. Supera los 10 400 millones de euros en facturación en el Estado. Una de sus expresiones más contundentes es el auge de la cirugía estética. En 2021, se llegó a 204 510 intervenciones en el Estado, un aumento del 215 % en tan solo ocho años.

Según la consultora de mercados Nielsen, el 40 % de la población española se ha sometido alguna vez a un tratamiento de medicina estética. La presión extra sobre el cuerpo de las mujeres se manifiesta aquí en todo su esplendor: un 85 % de las intervenciones son realizadas a mujeres.

El boom ha llegado también a las universidades: Cirugía Plástica Estética y Reparadora fue este año la segunda especialización más demandada entre los estudiantes de MIR.

Alimentación «saludable», dietas imposibles

Queremos destacar la cuestión alimentaria. Porque el culto al cuerpo ha desatado una preocupación desmesurada por la “comida saludable”. Se vive una auténtica obsesión por calcular calorías, gramos de grasa o niveles de vitaminas. Y todo esto ha hecho proliferar dietas variopintas (que incorporan, reducen o eliminan diferentes nutrientes o micronutrientes), complementos alimenticios y alimentos “tuneados”. Una amenaza para la salud y un negocio descomunal.

Ante esta preocupación por la alimentación “saludable”, conviven dos actitudes:

• La búsqueda de la dieta ideal, basada en alimentos ideales: lácteos enriquecidos con vitaminas, productos “sin…” o con un “contenido reducido de…” o alimentos enriquecidos “con…”. Al mismo tiempo, se ignoran los alimentos que, de forma natural, aportan precisamente eso que andamos buscando
•  Atiborrarse de suplementos nutricionales.

¿Cómo se convirtió la comida en algo tan complejo?

Las dietas

La invención del cuerpo ideal viene acompañada de la invención de las dietas para conseguirlo. No hablamos de las dietas tradicionales (como la dieta mediterránea) sino de las dietas en sentido medicalizado y, muy especialmente, de las dietas “milagro”. Fórmulas dietéticas para adelgazar, con intereses comerciales más o menos directos, más o menos sutiles, y planteamientos dietéticos extraños que pueden entrañar riesgos para la salud.  

Si quieres conocer los tipos de dietas más habituales Pincha aquí

Si quieres averiguar los efectos negativos de las dietas milagro Pincha aquí

Si quieres saber cómo identificar las dietas milagro Pincha aquí

La proliferación de este tipo de dietas es indiscutible, pero ¿qué opinión tiene la ciudadanía? La Encuesta de conocimientos, actitudes y prácticas sobre dietas milagro en la población española indica que:

• El 90 % de las personas cree que no funcionan.
• El 82,6 % piensa que sus efectos son principalmente negativos.
• El 73,7 % considera que las dietas milagro son un problema.
• El 78,6 % opina que son peligrosas.

Los complementos alimenticios

Podemos encontrar desde vitaminas, minerales, omega 3, probióticos y un largo etcétera (varios centenares de productos) que, normalmente, llevan asociados reclamos sobre salud o nutrición, hasta productos dietéticos para deportistas y productos para el control del peso.

Entre los productos para personas que hacen deporte, destacamos los batidos de proteínas. En las redes sociales hay miles de influencers dedicados a muscularse y hacer recomendaciones para moldear el cuerpo. Y beben batidos de proteínas. Se ha instalado la idea de que si se hace ejercicio, hay que tomarlos; y de ahí, que para llevar una vida activa conviene tomar un extra de proteínas. Las ventas de estos productos se han disparado.

Pero hay más

En cuanto a los productos para el control del peso nos encontramos con los sustitutos de comida para reducir la ingesta de alimentos, bien sea para sustituir la dieta completa o alguna comida.

Ejemplos serían las barritas de Bicentury, las gominolas para adelgazar de biManán o los productos “quema grasas” de infinidad de marcas. Lo llamativo es que se trata de productos ultraprocesados con unos ingredientes que no parecen precisamente muy saludables (en el informe analizamos algunos de ellos en detalle).

Los alimentos “tuneados”

Nos referimos a los conocidos como alimentos funcionales que, supuestamente, tienen efectos beneficiosos para la salud. Pueden ser productos a los que han quitado nutrientes “perjudiciales” o les han añadido nutrientes considerados beneficiosos. Casi siempre son alimentos más procesados que sus equivalentes convencionales. Y no es raro encontrar personas que toman poca fruta y vegetales en general, pero incorporan en su dieta alimentos industrializados enriquecidos con vitaminas, minerales y fibra.

Como criterio general, los alimentos “normales” tienen muchísimas más propiedades saludables que los “funcionales”. Eso sí, estos últimos son un gran negocio. En 2022, facturaron casi 160 000 millones de euros y se prevé que en 2026 alcancen los 200 000 millones de euros.

Las consecuencias del asedio al cuerpo

El precio a pagar por la obsesión del culto al cuerpo es una presión sobre nuestras vidas que afecta, precisamente, a nuestra salud. Vamos a destacar dos consecuencias graves, los Trastornos de la Conducta Alimentaria y la gordofobia, que tienen cada vez un mayor impacto en la sociedad.

Trastornos de la Conducta Alimentaria

Las conductas alimentarias son inseparables del contexto social, económico y cultural en el que tienen lugar. Y es desde ahí desde donde queremos mirar el preocupante aumento de algunos Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA) como la anorexia y la bulimia.

Se calcula que en el Estado hay unas 400 000 personas con algún trastorno de la conducta alimentaria, de las que 300 000 tienen entre 12 y 24 años. Y es que aparecen en edades cada vez más tempranas: en los últimos cuatro años se ha constatado un incremento de un 15 % en menores de 12 años.

Gordofobia

El rechazo a las personas gordas (la gordofobia) está muy presente en la sociedad, aunque no siempre nos demos cuenta. Lo habitual, cuando vemos personas gordas, es que pensemos que son perezosas, glotonas, descuidadas, que se alimentan mal, que no hacen ejercicio… La persona gorda es vista, ante todo, como alguien que no hace lo suficiente por cuidarse. Esta idea, basada en prejuicios, no tiene en cuenta la diversidad de los cuerpos ni todos los factores que inciden en que una persona esté gorda o tenga sobrepeso.

Si quieres conocer las propuestas de los colectivos que trabajan contra la gordofobia Pincha aquí

Si quieres saber más sobre el mal uso de medicamentos como el Ozempic Pincha aquí

El cuerpo gordo es percibido como fracasado, un cuerpo que habría que corregir. Y es discriminado en todos los espacios de su vida: comentarios o insultos en espacios públicos y en las redes sociales, acoso escolar, exclusión laboral, marginación en el deporte…

Incluso en el ámbito médico.

Qué pide Justicia Alimentaria

El nuevo orden neoliberal defiende a ultranza el mercado y el individualismo. Así, el cuidado del cuerpo, la salud y la alimentación, recaen ante todo en cada persona que, supuestamente, tiene suficiente información y libertad de elección.

Pero en la vida real, tanto la información como la capacidad de elección están ultra influenciadas por los intereses de la gran industria. Nos enfrentamos a un mercado desregulado y a una oferta interminable de productos y servicios, promovidos por una publicidad omnipresente y altamente persuasiva.

Frente a esto, hacen falta políticas públicas que regulen de forma eficaz a la industria alimentaria, protejan nuestra salud y garanticen el acceso a una alimentación saludable. En concreto, políticas que:

1. Eviten la publicidad de alimentos insanos, especialmente la dirigida a la población infantil y juvenil.
2. Ordenen y regulen todo lo relativo a las dietas (y sus productos asociados), su existencia, su publicidad y sus prácticas.

Información adicional

Tipos de dietas más habituales

• Restricción de alimentos y disminución de calorías: además de indicar los pocos alimentos “permitidos”, son restrictivas calóricamente (600-800 Kcal). Normalmente son monótonas, inseguras, difíciles de seguir y con efecto rebote cuando se deja la dieta.
• Disociadas: no se permite el consumo de ciertos alimentos juntos. No están basadas en ningún estudio científico y se alejan de lo que es conocido como “dieta saludable”.
• Por horas: los alimentos se deben consumir en ciertos momentos del día. No hay suficientes estudios que lo avalen y pueden alejar de una alimentación equilibrada.
• Cetogénicas: se elimina el consumo de hidratos de carbono y se potencia el de proteínas. El organismo comienza a quemar grasa por una ruta metabólica en la que se produce gran cantidad de cuerpos cetónicos que pueden originar falta de apetito, cetosis en sangre, mal aliento o riesgo de problemas cardiovasculares.
• Un único alimento: Aparte de las dificultades para llevarlas a cabo, pueden ser peligrosas por la falta de nutrientes.

La lista de nombres es infinita, estas son algunas de las más conocidas y seguidas:

• Disociadas:
  • Dieta de Hay o Disociada
  • Régimen de Shelton
  • Dieta Hollywood
  • Dieta de Montignac
  • Antidieta
• Hipocalóricas desequilibradas:
  • Dieta “Toma la mitad”
  • Dieta Gourmet
  • Dieta Dunkan
  • Dieta Cero

• Excluyentes:  Sin lípidos ni proteínas, como la dieta Dr. Prittikin o la del Dr. Haa. Sin hidratos de carbono, como la dieta de Scardale, la de los Astronautas, la de Hollywood, la de Atkins, la de Lutz o la de la Proteína Liquid.

Efectos negativos de las dietas

• Efecto rebote. Una vez finalizada una dieta muy baja en calorías, es habitual recuperar el peso perdido, incluso es frecuente que se llegue a superar el peso original. Según la Asociación Española de Dietistas Nutricionistas (AEDN), el 69 % de las pacientes que realizan este tipo de dietas acaba recuperando su peso.
• Problemas de salud. Suelen ser dietas deficitarias en vitaminas y micronutrientes, por lo que pueden provocar, sobre todo a largo plazo, problemas graves para la salud. La Federación Española de Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética advierte que “las dietas milagro podrían aumentar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, diabetes, varios tipos de cáncer, fallo renal y hepático, así como osteoporosis”. Según la AEDN, siete de cada 10 pacientes abandonan las dietas milagro por los efectos secundarios que les producen.
• Déficit de rendimiento intelectual y físico. Según los expertos de la AEDN, este es uno de los efectos adversos que provocan este tipo de dietas, que pueden dar lugar también a problemas psicológicos como depresión, ansiedad o irritabilidad, además de causar debilidad en las uñas o pérdida de cabello.
• No son personalizadas. Proponen una misma dieta para todas las personas, que evidentemente tienen historiales médicos y de salud muy diferentes.

La Asociación Americana del Corazón ha analizado las principales dietas que se siguen hoy en día. Entre las que obtienen mejores puntuaciones están la dieta nórdica, la mediterránea o la vegetariana; y entre las peor puntuadas, la baja en carbohidratos, la paleolítica, la Atkins o la keto. En sus conclusiones dice que estas dietas peor puntuadas son patrones dietéticos “muy preocupantes, incluso con un seguimiento óptimo, ya que promueven la restricción de grupos de alimentos considerados esenciales para una dieta cardiosaludable (legumbres, cereales integrales) y permiten fuentes ricas en grasas saturadas que se desaconsejan enérgicamente”.

Si te encuentras con una dieta que:

• Promete una rápida pérdida de peso.
• Carece de recomendaciones de actividad física.
• Promueve cambios a corto plazo en lugar de alcanzar objetivos sostenibles.
• Se centra en un tipo de alimentos o elimina cualquier grupo de alimentos.
• No puede mantenerse mucho tiempo.
• Presenta una adecuación nutricional cuestionable.
• No proporciona advertencias sanitarias para personas con enfermedades crónicas.
• Carece de pruebas científicas que respalden sus afirmaciones.

Has dado con una “dieta milagro” y el mejor consejo que se puede dar es: huye de ella.

Propuestas de los colectivos que trabajan contra la gordofobia

• Dejar de alimentar la cultura de la dieta.
• Hablar de salud integral.
• Hablar de alimentación en un sentido amplio.
• Señalar las burlas y el bullying.
• Apostar por el deporte inclusivo.
• Dejar de comentar los cuerpos ajenos.
• Abandonar la idea de que sabemos todo de alguien solo con mirarlo.
• Visibilizar la diversidad corporal.
• Trabajar por la inclusión social y laboral de las personas gordas.
• Dar voz al activismo que lucha contra la gordofobia.

El caso del Ozempic

Es un medicamento para la diabetes tipo 2 que se está usando de forma indiscriminada contra la obesidad. Simplemente porque entre sus efectos secundarios (náuseas, vómitos y diarrea, pancreatitis aguda, necrosis intestinal o riesgo de ceguera repentina) se encuentra el adelgazamiento.

La farmacéutica danesa que lo produce, Novo Nordisk, utiliza la obesidad como gancho publicitario con mensajes como “La obesidad es una enfermedad” y “La obesidad puede matar”. Una campaña que juega peligrosamente con la estigmatización y la medicalización extrema de la obesidad y utiliza todos los tópicos que alimentan la gordofobia.

Eso sí, es el segundo fármaco más vendido y en 2024 facturó 16 030 millones de euros.

Si te interesa este tema, en el informe lo explicamos en detalle.

Fuente: Justicia Alimentaria

Asumir un compromiso cotidiano ante las desigualdades globales

Los seres humanos, y especialmente quienes vivimos en la sociedad capitalista de Occidente, somos entes consumidores. El reconocido pensador Erich Fromm nos describió como homo consumens. Desde que nos despertamos hasta que nos acostamos continuamente estamos consumiendo productos. El consumo forma parte de nuestra manera de ser. Y de estar en el mundo.

A menudo, nuestra vida cotidiana (trabajo, estudios o cuidados) no facilita la reflexión sobre los impactos de ese consumo en distintos aspectos: humano, económico, social, político o medioambiental. Por eso queremos aprovechar la celebración del Día Mundial del Comercio Justo (sábado 10 mayo) para pararnos a pensar en ello.

Desde el café, el té o el cacao del desayuno, la taza o el mantel, hasta la ropa o el bolso que llevamos, el gel con el que nos duchamos, la cestita donde guardamos los artículos para el baño… estamos continuamente utilizando o consumiendo artículos. En muchos casos, se han elaborado bajo condiciones indignas, de grave explotación laboral, incluso situaciones similares a la esclavitud, con salarios de miseria, sin posibilidad de sindicación o procesos de negociación colectiva, con el trabajo de niños o niñas y generando una importante degradación ambiental.

Por ejemplo, en el caso del café, la mayoría de las aproximadamente 25 millones de personas que lo producen viven con ingresos inferiores al 40% del salario mínimo. Un estudio reciente pone de manifiesto que en México los salarios mensuales de quienes cultivan en llamado oro negro (en su mayoría población indigena) es de 106 dólares, mientras que la línea de la pobreza se sitúa en 182 dólares.

Otro ejemplo significativo lo encontramos en los productos de higiene corporal en los que el karité es uno de los ingredientes cada vez más presente. Según datos de la FAO, cada año se exportan entre 40.000 y 75.000 toneladas de este producto de África a Europa. Quienes lo cosechan y procesan son unas 16 millones de mujeres del África subsahariana. Su salario es de menos de 1,25 dólares al día.

También son en su mayoría mujeres quienes recolectan el té. Tras la tranquilidad y calidez asociados a una taza de esta infusión se esconde un modelo de producción heredado de épocas coloniales. La mayoría vive en infraviviendas, sin las condiciones necesarias. Los salarios están muy por debajo del mínimo en los países productores, a menudo en este sector, los más bajos del ámbito agrícola.

No por sabido queremos dejar de recordar que el sistema de producción y comercialización actual, con sus largas y opacas cadenas de suministro es una de las causas que favorece la pobreza, las desigualdades y acelera la emergencia climática. En este contexto no es de extrañar que en la actualidad el número de personas que pasan hambre sea superior al de hace 15 años. Según Naciones Unidas, a día de hoy 700 millones de personas continúan viviendo en la pobreza. Además, la crisis del clima y sus efectos devastadores continúan avanzando, de hecho 2024 fue el año más cálido del planeta.

Ante todo ello, las entidades de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo recordamos que hay alternativas, que a lo largo del día podemos consumir productos (alimentación, higiene corporal, ropa, complementos, pijamas, menaje de hogar, juguetes…) producidos por pequeñas organizaciones con un funcionamiento democrático, que garantizan condiciones laborales adecuadas, salarios que cubren costes de producción sostenible, derechos esenciales como la negociación colectiva o la sindicación, la ausencia de trabajo infantil y técnicas cuidadosas con el entorno natural. Son productos que, como dice nuestro lema, le sientan bien a todo el mundo, ya que como otros de la economía solidaria, ponen a las personas y el medio ambiente en el centro. Además, a través de las más de 50 tiendas especializadas físicas y online y de otros comercios convencionales, cada vez es más fácil acceder a ellos.

En este mes de mayo, si el Día Mundial del Comercio Justo nos vale para pararnos a pensar en los impactos de nuestro consumo cotidiano, para mirar más allá y empatizar con la familia humana global y cambiar, al menos, algunos de nuestros hábitos, habrá sido positivo. Esto no nos evitará ser “homo consumens” pero avanzaremos en el “homo conscientious y solidarius”.

Fuente: MeCambio en El Salto

Inscripción en https://forms.gle/wzDRQj52gcs2GFnA7

La presente guía va dirigida al profesorado de enseñanzas de Formación Profesional con el objetivo de que sirva de recurso para: Tomar conciencia crítica del funcionamiento y consecuencias del actual modelo económico imperante. Plantear alternativas desde otras formas de hacer, vivir y gestionar la economía: conocer la propuesta de la Economía Social y Solidaria (en adelante ESS), y el marco de las Economías Transformadoras. Activar nuestra capacidad y la del alumnado como ciudadanía económica para identificar y participar de experiencias de la ESS: mercado social, finanzas éticas, emprendimiento desde la ESS, etc. Esperamos que los contenidos de esta guía sean de utilidad y contribuyan a la construcción de una sociedad más justa desde la enseñanza de una economía para la vida.

Puede descargarse de nuestra biblioteca. Publica: Justicia Alimentaria.

Los objetivos principales de este documento son que el profesorado y el alumnado de FP tome conciencia crítica del funcionamiento y las consecuencias del actual modelo económico imperante; plantear alternativas desde otras formas de hacer, vivir y gestionar la economía; además de activar la capacidad como ciudadanía para identificar y participar de experiencias de la Economía Social y Solidaria, como el mercado social, las finanzas éticas o emprendimiento desde la Economía Social y Solidaria, entre otras.

La publicación de esta guía se enmarca en el proyecto «Sembrando y cuidando soberanía alimentaria II», financiado por el Gobierno de Aragón y la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo. El proyecto, que dio comienzo en el mes de noviembre, ha llevado a cabo diferentes actividades en distintos centros de Formación Profesional de Uesca, Zaragoza y Teruel en los que se ha incidido en realizar mesas redondas sobre Economía Social y Solidaria y visitas a pequeñas empresas agroalimentarias rurales y sostenibles.

En la guía hay varias propuestas de actividades para realizar en el aula que profundizan en el conocimiento y la reflexión para que alumnado y profesorado puedan comprender mejor qué es la Economía Social y Solidaria y participar en ella.

La guía está disponible pinchando aquí y en el apartado de material educativo de la sección de recursos de la web redalimentaccion.org.

Tras el éxito de la International Labour Conference (ILC) 110 de 2022 sobre Economía Social y Solidaria, y la aprobación de la Resolución de la ONU A/RES/77/281 en apoyo de la Economía Social y Solidaria como un medio significativo para trabajar hacia la sostenibilidad y la justicia social, económica y ambiental, el tema de la ILC de este año aborda el de la Economía Social y Solidaria y la Seguridad Social.

Este breve documento invita a la ILC a considerar también un aspecto específico de este tema, el del Derecho a la Alimentación, la justicia alimentaria y los respectivos roles de la sociedad civil organizada, los sindicatos y el gobierno (con especial énfasis en el gobierno local).

La situación global actual es la de una crisis cuádruple: Covid-19, conflictos, clima y costo de vida. Todo esto está interrelacionado y está agravando seriamente las desigualdades existentes en nuestras sociedades. Muchos empleos perdidos durante la pandemia de Covid-19 no se han vuelto a crear, y muchos más en todo el mundo han sido empujados a la economía informal o empleos peor pagados. Esta es la realidad detrás de las estadísticas de empleo «mejoradas». Es inaceptable e inviable en términos de dignidad humana o justicia que muchxs trabajadorxs ahora tengan que asumir 2 o incluso 3 trabajos diferentes solo para poder pagar el alquiler. Hay un aumento de refugiadxs, desplazadxs internox y muchxs más que caen por debajo del umbral de pobreza.

La ESS es un medio poderoso para abordar muchas soluciones diferentes, ya que relocaliza una economía más sostenible y centrada en el ser humano. Puede cubrir todos los diferentes aspectos de la sociedad, y si se une a través de políticas y legislación, realmente puede proporcionar algo de luz al final del túnel. Puede cubrir las necesidades de todas las sociedades, incluida la gestión comunitaria de las tierras; monedas y finanzas comunitarias, y banca; producción y gestión de energía comunitaria; atención comunitaria y gestión de la salud; gestión comunitaria del agua y remunicipalización; sistemas de transporte gestionados por la comunidad; sistemas comunitarios de educación y apoyo; centros y actividades culturales y artísticas comunitarias y radios comunitarias y medios alternativos. Es solo reuniendo estas diversas dimensiones que la ESS puede ser verdaderamente promulgada como una creadora de cambio de paradigma. A continuación se muestra nuestra descripción visual del círculo vicioso actual de la economía informal (Hitchman, 2022)

Esto puede convertirse en un círculo virtuoso a través de una política de ESS bien adaptada, con un énfasis particular en la seguridad social en general, y más específicamente aquí en la introducción de una red de seguridad alimentaria (Hitchman 2022).

Si bien la idea de una red de seguridad alimentaria / seguridad social alimentaria puede parecer muy innovadora y desafiante, es importante tener en cuenta que es algo que ha existido durante 20 años. Originalmente fue pionera en Brasil como la Bolsa Fome Zero (https://en.wikipedia.org/wiki/Fome_Zero). Este programa fue implementado por el gobierno de Lula en 2003 y tuvo impactos significativos en el hambre, el retraso en el crecimiento de lxs niñxs, la asistencia escolar y el trabajo infantil; Fue implementado por Graziano Da Silva (https://en.wikipedia.org/wiki/Fome_Zero). Graziano más tarde se convirtió en Director de la FAO, donde también apoyó la implicación de los movimientos sociales en la formulación de políticas y soluciones de abajo hacia arriba. Su libro es un homenaje a cómo se implementó el programa.(2)

Las múltiples crisis actuales han agravado gravemente la situación del hambre en el mundo. Según el Global Crisis Report publicado el 3 de mayo de 2023, se estima que alrededor de 258 millones de personas en 58 países y territorios con crisis alimentaria enfrentaron altos niveles de inseguridad alimentaria aguda (Fase 3 de la CIF o superior o equivalente) y necesitaron asistencia alimentaria urgente en 2022. Las cifras para aquellxs que sufren de desnutrición y hambre en los países desarrollados también están aumentando rápidamente, y son más difusas y difíciles de evaluar, pero según lxs que ahora usan bancos de alimentos en países como el Reino Unido y Francia, probablemente ahora esté cerca del 20% de la población. Muchas personas han tenido que tomar decisiones crueles sobre si calentar sus hogares o comprar alimentos. La calidad de los alimentos que las familias están comprando también es considerablemente más baja que antes de la guerra en Ucrania: hay un porcentaje mucho mayor de personas que están comprando alimentos industriales preparados baratos en lugar de alimentos agroecológicos / orgánicos saludables. Muchas cooperativas orgánicas y otras tiendas orgánicas en toda Europa han cerrado. El impacto de esta disminución de la calidad pronto pasará factura en términos de problemas de salud, ya que reemplazar los alimentos nutritivos con meras calorías da como resultado tasas mucho más altas de obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT). Y la mayoría de los bancos de alimentos ahora están controlados por las corporaciones y proporcionan alimentos preparados industrialmente, lo que también conduce a resultados negativos para la salud.

En Francia, MIRAMAP, una de las redes francesas de agricultura apoyada por la comunidad y miembro de URGENCI, la red global de Agricultura Apoyada por la Comunidad y Asociaciones de Solidaridad Local para la Agroecología, ha estado trabajando arduamente para establecer diferentes maneras de movilizar distintos aspectos de la economía solidaria en el marco de la agroecologia y lograr cambios en la agriucltura tanto en las metodologías como e las prácticas.

Urgenci en nuestro informe post-Covid-19, https://urgenci.net/enacting-resilience-the-response-of-lspa-to-the-covid-19-crisis/ pidió la creación e implementación de una red de seguridad alimentaria como parte de nuestro punto de acción.Varias ciudades de Francia han comenzado a implementar una red de seguridad alimentaria (Montpellier, Lyon…) (1). Esto debe hacerse en estrecha colaboración con el gobierno local, y puede tomar la forma de una tarjeta de recarga con 150 € (por ejemplo) o moneda local de crédito mensual; Puede haber condicionalidades, como estipular que este dinero se gaste en alimentos agroecológicos locales de los productores, ya sea en mercados de agricultores o supermercados cooperativos.

Este enfoque y un llamamiento más amplio a favor de una red de seguridad alimentaria/seguridad social podrían y deberían formar parte de la resolución de la OIT, ya que también es una forma concreta de implementación de la Economía Social y Solidaria y un medio para alcanzar los ODS 1 y 2.

Las Jornadas de Justicia Alimentaria que organiza FUHEM llegan a su tercera edición. En esta tercera sesión de las cuatro programadas se hablará de:

Experiencias II. Pisando la tierra. 

Martes 21 de marzo. 19:00-21:00 h.

Presentación y moderación: Evaristo Villar – Revista Éxodo.

Interviene:

• Vida en la no vida. Red social y comunitaria por el derecho a la alimentación. Emiliano de Tapias – ASDECOBA, Salamanca

Debate.

Descanso.

Las Jornadas de Justicia Alimentaria que organiza FUHEM llegan a su tercera edición. En esta tercera sesión de las cuatro programadas se hablará de:

Experiencias I. Hacia alternativas alimentarias

Martes 14 de marzo. 19:00-21:00 h.

Presentación y moderación: José Ramón González – Carta Contra el Hambre.

Intervienen:

• Tarjeta alimentaria: ventajas y limitaciones para abordar la insolvencia en el acceso a los alimentos. Carlos Pereda – Carta contra el Hambre e Invisibles de Tetuán.
• Modelos agroecológicos populares. Joaquín Diego Hernández – Surco a Surco.
• Huertos urbanos y compostaje comunitario. Oportunidades y desafíos en la cogestión de los biorresiduos. Sara Sama – UNED

Debate.

Consulta en esta entrada el resto de las sesiones.

Las Jornadas de Justicia Alimentaria que organiza FUHEM llegan a su tercera edición. En esta segunda sesión de las cuatro programadas se hablará de:

La paradoja del desperdicio alimentario

Martes 7 de marzo. 19:00-21:00 h.

Presentación y moderación: Monica Di Donato – FUHEM Ecosocial.

Intervienen:

• Análisis crítico del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Propuestas para una ley transformadora. María González López – Enraíza Derechos.
• Alimentos con segundas oportunidades: Espigoladors, un proyecto con una visión sistémica de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Cèlia Vendrell – Fundación Espigoladors.
• Rescatar para alimentar. Construyendo proyectos sociales para barrios más dignos. Alfonso Puras de Luis – ReFood

Debate.

Consulta en esta entrada el resto de las sesiones.

Las Jornadas de Justicia Alimentaria que organiza FUHEM llegan a su tercera edición. En esta primera sesión de las cuatro programadas se hablará de:

La alimentación en el cruce de las crisis del s. XXI

Martes 28 de febrero. 19:00-21:00 h.

Presentación y moderación: Santiago Álvarez Cantalapiedra – FUHEM Ecosocial.

Intervienen:

• La alimentación secuestrada por un modelo agroindustrial global. Kattya Cascante – Universidad Complutense Madrid.
• La inseguridad alimentaria en el estado español: un problema estructural. Ana Moragues – Universidad de Barcelona.

Debate.

Consulta en esta entrada el resto de las sesiones.

Las Jornadas de Justicia Alimentaria que organiza FUHEM llegan a su tercera edición.

Desde el último martes del mes de febrero y a lo largo de los 3 primeros martes de marzo, el local de la Fundación San Martín de Porres (Calle Barbieri, 18, local izquierda, 28004 Madrid), será el lugar de encuentro de colectivos, fundaciones, academia, cooperativas, grupos de producción y consumo, así como todas las personas interesadas e involucradas en cambiar el rumbo a un sistema alimentario injusto, inseguro e insostenible,

En estas jornadas presenciales, de acceso libre y gratuito, podremos seguir reflexionando juntas, para fortalecer ese entramado de conexiones y espacios de resistencia que se construyen en pro de una alimentación inclusiva, justa y sostenible para todas las personas.

Tras una pandemia, una guerra en curso y hambrunas en muchas partes del mundo impulsadas también por el calentamiento global, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. A lo largo de estos últimos años, venimos comprobando cómo la capacidad de las personas para alimentarse de forma adecuada se ha visto afectada a nivel global por la pandemia de la COVID-19, que ha puesto a  prueba el sistema alimentario industrial y globalizado.

En ese sentido, por ejemplo, el reciente informe Alimentando un futuro sostenible, habla de que alrededor de 6.235.971 personas en España sufren inseguridad alimentaria. Cifra esta, que ha sufrido un incremento desde el inicio de la COVID-19, aunque los datos muestran que el problema de los hogares españoles para acceder a alimentos adecuados es de carácter estructural y que no está únicamente ligado a crisis coyunturales.

Tampoco podemos hacer oídos sordos al hecho de que el sistema alimentario es el principal impulsor de impactos ambientales, tanto en lo que se refiere a sus requerimientos como en relación con la huella de residuos y las pérdidas que genera.

Las jornadas abordarán también esa paradoja generada por las mismas dinámicas del sistema. Pero también y, sobre todo, estas jornadas quieren hacerse eco y compartir las experiencias que, desde diferentes ámbitos, se proponen como espacio de prácticas y lógicas alternativas al modelo dominante.

Esta edición contará además con una novedad. Desde el comité de organización se ha decidido abrir un espacio para recibir comunicaciones por parte de colectivos/organizaciones y toda persona interesada, con el objetivo de ampliar el alcance de las reflexiones, propuestas y experiencias más allá de las cuatro sesiones de las jornadas 2023. A través de este enlace, se pueden consultar los requerimientos para el envío de las comunicaciones.

El envío de los textos estará abierto entre el 20 de febrero y el 10 de abril de 2023 y se realizará a través de la siguiente dirección de correo electrónico: justicialimentaria@fuhem.es

Todas las comunicaciones recibidas que cumplan con los requerimientos se publicarán posteriormente en una sección de esta página, y podrán ser consultadas libremente.

PROGRAMA:

1ª Sesión: La alimentación en el cruce de las crisis del s. XXI

Martes 28 de febrero. 19:00-21:00 h.
Presentación y moderación: Santiago Álvarez Cantalapiedra – FUHEM Ecosocial.
Intervienen: La alimentación secuestrada por un modelo agroindustrial global. Kattya Cascante – Universidad Complutense Madrid.
La inseguridad alimentaria en el estado español: un problema estructural. Ana Moragues – Universidad de Barcelona.
Debate.

2ª Sesión: La paradoja del desperdicio alimentario

Martes 7 de marzo. 19:00-21:00 h.
Presentación y moderación: Monica Di Donato – FUHEM Ecosocial.
Intervienen: Análisis crítico del Proyecto de Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Propuestas para una ley transformadora. María González López – Enraíza Derechos.
Alimentos con segundas oportunidades: Espigoladors, un proyecto con una visión sistémica de las pérdidas y el desperdicio alimentario. Cèlia Vendrell – Fundación Espigoladors.
Rescatar para alimentar. Construyendo proyectos sociales para barrios más dignos. Alfonso Puras de Luis – ReFood
Debate.

3ª Sesión: Experiencias I. Hacia alternativas alimentarias

Martes 14 de marzo. 19:00-21:00 h.
Presentación y moderación: José Ramón González – Carta Contra el Hambre.
Intervienen: Tarjeta alimentaria: ventajas y limitaciones para abordar la insolvencia en el acceso a los alimentos. Carlos Pereda – Carta contra el Hambre e Invisibles de Tetuán.
Modelos agroecológicos populares. Joaquín Diego Hernández – Surco a Surco.
Huertos urbanos y compostaje comunitario. Oportunidades y desafíos en la cogestión de los biorresiduos. Sara Sama – UNED
Debate.

4ª Sesión: Experiencias II. Pisando la tierra.

Martes 21 de marzo. 19:00-21:00 h.
Presentación y moderación: Evaristo Villar – Revista Éxodo.
Interviene: Vida en la no vida. Red social y comunitaria por el derecho a la alimentación. Emiliano de Tapias – ASDECOBA, Salamanca
Debate.
Descanso.
Relatorías y conclusiones de las jornadas
Moderación y cierre de las Jornadas a cargo de Santiago Álvarez Cantalapiedra – FUHEM Ecosocial.

Organizan: FUHEM Ecosocial, Espacio Social ElSanta, Observatorio para el Derecho a la Alimentación de la Comunidad de Madrid, Carta Contra el Hambre, Madrid Agroecológico
Con el apoyo de: Surco a Surco, Fundación San Martín de Porres.

Ediciones anteriores:
II Jornadas de Justicia Alimentaria. 
I Jornadas de Justicia Alimentaria.

Los días 16 y 17 de noviembre tendrán lugar el formato híbrido (virtual y presencialmente) las V Jornadas sobre compra pública socialmente responsable en Barcelona (Calle Calabria 66).  Encaramos esta edición bajo el lema «El impulso de un modelo de compra pública basado en la protección de los Derechos Humanos» reconociendo los avances realizados en los últimos años y asumiendo el reto que supone extender la exigencia de la coherencia de políticas más allá de las fronteras de la UE, garantizando el respeto de los Derechos Humanos y la responsabilidad extraterritorial del ciclo de vida de los productos y servicios que se compran.

Las jornadas contarán con espacios formativos sobre las nuevas normativas europeas, en línea con la debida diligencia en materia de derechos humanos. Contaremos también con las experiencias y buenas prácticas a nivel internacional y un taller práctico sobre cómo iniciarnos en la compra pública ética. En el segundo día, se trabajarán sobre sectores específicos como el ámbito sanitario y electrónica y experiencias concretas sobre buenas prácticas y retos de futuro.

Adjuntamos programa de las Jornadas en catalán y castellano.  Esta iniciativa es fruto del grupo de Compra Pública Socialmente Responsable en el que administraciones públicas y organizaciones por la justicia global trabajamos juntas. Por motivos organizativos se ruega inscripción previa en el siguiente enlace: CAST y CAT.