El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

El 3 de abril de 2016 el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló los «Papeles de Panamá» que mostraron la implicación en prácticas de evasión y elusión fiscal de políticos, empresarios y grandes fortunas de todo el mundo. Como respuesta, el Foro Social Mundial celebrado ese mismo año en Montreal declaró el 3 de abril como Día Mundial para la abolición de los Paraísos Fiscales. Desde entonces, organizaciones y activistas aprovechan esta fecha para visibilizar el impacto negativo de estos territorios en la economía global y en la justicia social.

El informe «Estado de la Justicia Fiscal 2024», publicado por la organización Tax Justice Network, aleerta de que que el abuso fiscal transfronterizo de multinaciones y grandes patrimonios provoca cada año una pérdida 492.000 millones de dólares en ingresos fiscales. De esta cifra, el 43% se atribuye a ocho países que se oponen a una convención fiscal de la ONU: Australia, Canadá, Israel, Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Reino Unido y Estados Unidos). Paradójicamente, estos países, que representan solo el 8,4 % de la población mundial, son también algunos de los mayores perdedores, con 177.000 millones de dólares en pérdidas anuales.

Reformas fiscales estancadas y transparencia insuficiente

El informe subraya que la reforma de las normas fiscales internacionales podría beneficiar a todos los países. Sin embargo, los esfuerzos liderados por la OCDE han fracasado en contener el abuso fiscal. Aunque se han producido avances, el 63% de la riqueza oculta en paraísos fiscales aún no se declara a las autoridades. Estas pérdidas fiscales impactan directamente en la financiación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación o la infraestructura.

La Plataforma de Justicia Fiscal (PJF), que agrupa a 19 organizaciones sociales, denuncia que España deja de ingresar más de 9.100 millones de euros anuales debido a la fuga de capitales, situándose como el decimoquinto país más afectado. “España debe impulsar cambios a nivel europeo con el objetivo de aumentar la equidad fiscal y la transparencia. Los criterios utilizados para realizar el listado de guaridas fiscales de la UE son una broma de mal gusto. Por ejemplo, deja fuera a países con tipos impositivos sobre sociedades bajos o nulos. A nivel nacional, resulta necesario impedir que las administraciones públicas españolas contraten a empresas que operan en guaridas fiscales” ha señalado Juan A. Gimeno, coordinador de la plataforma.

A pesar de que la Comisión Europea se comprometió hace cinco años a revisar los criterios para elaborar su lista de refugios fiscales, “nada ha cambiado”. Los ministros de finanzas europeos actualizaron el pasado mes de febrero la lista de refugios fiscales según la UE, pero no realizaron ningún cambio en la lista negra, que sigue formada por tan sólo 11 jurisdicciones. “La UE debe eliminar inmediatamente las lagunas legales que permiten a los superricos y grandes corporaciones evadir impuestos ocultando su dinero en guaridas fiscales lejanas, y dejar de hacer la vista gorda ante las que hay en sus propios Estados. Mientras no lo hagan, quienes más tienen seguirán sin aportar lo que les corresponde, perjudicando así al resto de la sociedad”, denuncian desde la PFJ.

Tax Justice Network defiende tres políticas clave para combatir los paraísos fiscales y avanzar hacia una justicia fiscal global. A nivel nacional, propone impuestos sobre beneficios extraordinarios y sobre el patrimonio, medidas que pueden reducir desigualdades extremas y asegurar que quienes más se benefician del sistema económico también contribuyan de forma justa. A nivel internacional, la propuesta central es una convención fiscal de la ONU que establezca normas fiscales globales más inclusivas y eficaces.

Esta convención debería incluir medidas como el intercambio automático de información financiera, registros públicos de titularidad efectiva y acceso público a los informes país por país de las multinacionales. Además, Además, se plantea la creación de un Centro de la ONU para la Vigilancia de los Derechos Fiscales, que garantice una gobernanza global más democrática, basada en datos y enfocada en el bien común.

Por un sistema fiscal justo y al servicio de todas las personas

<p»>La abolición de los paraísos fiscales es fundamental para construir un sistema fiscal internacional más justo, transparente y equitativo. Estos territorios opacos no solo representan un agujero negro para las finanzas públicas, sino que también socavan la justicia social y la democracia. La reforma fiscal global es urgente y exige cooperación entre gobiernos, organismos internacionales y sociedad civil. Solo con un compromiso colectivo y voluntad política firme se podrá frenar el abuso y construir un sistema fiscal que funcione para todas las personas, no solo para las élites.