Desde REAS Red de Redes (y XES) participamos activamente en el Foro Mundial de la Economía Social y Solidaria (GSEF 2025) celebrado en Burdeos del 29 al 31 de octubre, y también en la Asamblea General de RIPESS Europa, que tuvo lugar los días 1 y 2 de noviembre. En este espacio compartimos reflexiones estratégicas sobre la nueva hoja de ruta del movimiento europeo de ESS, avanzando en un plan de acción común para la transición ecosocial, la democratización económica y el fortalecimiento de un internacionalismo desde abajo, capaz de responder al contexto actual de crisis y retrocesos democráticos. Nuestra participación en ambos espacios refuerza el compromiso de REAS con la articulación internacional del movimiento y con la construcción colectiva de políticas transformadoras.

El GSEF 2025 reunió a 10.800 participantes procedentes de 907 ciudades y 109 países, confirmando que la Economía Social y Solidaria es hoy un actor global con legitimidad política creciente. El mensaje central —expresado también en la Bordeaux GSEF 2025 Declaration— fue claro: la ESS no es solo un sector económico, sino un proyecto de transformación social y de paz, capaz de disputar los marcos del capitalismo financiarizado, el racismo estructural y la erosión democrática.

El Foro se posicionó con firmeza ante las crisis globales —climática, democrática, geopolítica y social— y llamó a construir un movimiento internacional sólido, articulado y con visión política común. Durante los tres días, surgieron tres líneas de reflexión especialmente potentes: la ESS como economía de paz y justicia; la urgencia de descolonizar nuestras mentes para imaginar sociedades radicalmente diferentes; y la convicción colectiva de que no se trata de salvar un sistema en declive, sino de acelerar la transición hacia otro más justo y solidario, ya en marcha y reconocido por la ONU, la OIT, la UE y la OCDE.

Este reconocimiento, sin embargo, se encuentra hoy seriamente amenazado. La crisis del multilateralismo y un nuevo ciclo de nacionalismo neoliberal están debilitando Estados, instituciones públicas y sistemas de bienestar. El panorama global muestra con claridad esta tensión: instrumentalización geopolítica de los derechos humanos, retrocesos democráticos, auge del militarismo y la securitización, avance de la privatización, y una nueva fase de guerras económicas que profundizan desigualdades y fracturas sociales. Estas dinámicas restringen los espacios de cooperación, erosionan las capacidades públicas y alimentan agendas autoritarias basadas en el miedo, la exclusión y la competencia.

Ante ello, la ESS se reafirma como contracorriente civilizatoria. La Declaración de Burdeos la define como una economía de diálogo y de paz, entre pueblos, dentro de las naciones y con la propia naturaleza. La paz, recordaron múltiples voces, solo es sostenible si se funda en la justicia social. Por eso la ESS no se limita a reparar daños: construye futuros deseables, fortalece la resiliencia comunitaria y genera alternativas al odio, la precariedad y la polarización. En este marco, el Foro subrayó la necesidad de reconstruir comunidad, defender la libertad de movimiento, revalorizar los bienes comunes, y situar la vida —y no el capital— en el centro de las decisiones económicas.

Los debates destacaron el papel de la ESS en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres, las libertades públicas y la independencia de los medios de comunicación. Se resaltó también su capacidad para ofrecer alternativas cooperativas a los monopolios digitales y para impulsar una transición socioecológica justa, basada en los cuidados, la corresponsabilidad, la igualdad, la democracia económica y el reparto equitativo de la riqueza y los recursos entre territorios y pueblos. Todo ello configura una ESS entendida como espacio político de resistencia, emancipación e innovación democrática.

En esta edición, la juventud emergió como un nuevo sujeto político del movimiento internacional. La Youth Declaration lo expresó con contundencia: “Elegimos la ESS como nuestro horizonte común, una economía que sirve a la vida, la dignidad y el bienestar colectivo”. Las y los jóvenes articularon su visión en torno a seis ámbitos de acción —vivir con dignidad; trabajar de otra manera; aprender, compartir y actuar juntas/os; proteger la vida y el planeta; participar en la toma de decisiones; y construir paz y solidaridad entre los pueblos— y exigieron co-decisión, empleo digno, igualdad de género, justicia climática, educación transformadora y participación plena en la gobernanza de la ESS y de las políticas públicas. Su intervención fue más que un aporte: fue un mandato político para el presente.

El cierre del Foro cristalizó una llamada urgente a la solidaridad internacional y a la acción política colectiva. Redes de ESS, movimientos sociales, ciudades, comunidades y territorios están convocados a hablar con una sola voz para frenar las atrocidades y las injusticias actuales, defender la vida en todas sus formas y construir un proyecto internacional basado en la cooperación, el diálogo intercultural y la protección de la Tierra.

En este esfuerzo, la Unión Europea tiene una responsabilidad ineludible: mantener los compromisos del Social Economy Action Plan, promover los valores de la ESS dentro y fuera de sus fronteras, asegurar la coherencia entre políticas comerciales, climáticas y de cooperación, defender los derechos humanos y apoyar activamente a quienes están construyendo alternativas desde la economía democrática, feminista y solidaria.

El GSEF 2025 deja claro que la ESS no es un complemento técnico ni un nicho económico: es un proyecto civilizatorio. Es una apuesta política por la paz, la democracia, la igualdad, la sostenibilidad, los cuidados y la vida. Es una infraestructura global de esperanza y de resistencia, que exige hoy más que nunca coordinación, valentía y acción colectiva.

La Declaración de Bordeaux GSEF 2025

La Déclaration pour une paix durable

La Declaración Internacional de la Juventud para la ESS

Con motivo del Día por la Justicia Social, el Colectivo de lucha contra la exclusión ALAMBIQUE organiza las terceras jornadas para denunciar distintas situaciones del momento actual y conocer iniciativas que busquen construir un mundo más justo.

Todas las actividades menos el concierto de folk serán en el Aula 6/7 del Centro Municipal Integrado de Pumarín Gijón Sur. Entrada libre hasta completar aforo.

PROGRAMA

Jueves, 20 de febrero:

18:30 «LA GUERRA EMPIEZA AQUÍ. Asturias, paraíso de la industria militar». Colectivo de lucha contra la exclusión social ALAMBIQUE.

Viernes, 21 de febrero:

18:30 «EL TURISMO ES COLONIALISMO». Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza.
20:30 Presentación: BALADRE, 40 AÑOS CONSTRUYENDO COMUNIDAD.
21:15 CONCIERTO DE FOLK con TAYUELU, en el Café Bar La Parada, en la calle Río Eo Nº 40.

Sábado, 22 de febrero:

10:00 «IMAGINANDO OTROS ESCENARIOS: LAS ECONOMÍAS TRANSFORMADORAS», una propuesta para transformar la economía y los territorios, por Óscar García Jurado. Talaios Cooperativa (Economista especializado en economías sociales y economía territorial).

En las jornadas colaboran con nosotras la Asociación de dinamización comunitaria «El telar» y la Red de Economía Social y Solidaria de Asturies.

Contra la exclusión, por la justicia social.
Un mundo donde quepan muchos mundos.

Para más información:
asociacionalambique@hotmail.com
https://asociacionalambique.blogspot.com/

La aprobación de las Directivas 2014/23/ UE y 2014/24/UE su posterior transposición al ordenamiento jurídico del estado español, a través de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público suponía la transformación del modelo de contratación pública hacia un nuevo enfoque que, en términos de Gimeno Feliu1, debía ser “estratégico”. Una nueva visión que nos conduciría hacia la satisfacción real del cometido de la contratación pública que no es otro que garantizar y contribuir al interés general y el bien común y esto pasa por promover un modelo que aúne la sostenibilidad ambiental, social, económica y la igualdad efectiva. Sin embargo, en la práctica, los datos nos arrojan otra realidad. Actualmente,en el estado Español la contratación pública representa, según datos del Ministerio de Hacienda para 2023 el 11,55% de su PIB (aunque otros informes sitúan de media, esta cifra en el 20%) y el 24,87% del total de su gasto público. En el caso de Europa, el OBCP2 estima que los procesos de contratación pública por parte de las autoridades de la UE representan el 14% del PIB de Europa.

Si bien los datos nos constatan que la contratación pública tiene un peso muy significativo en términos absolutos y por lo tanto ejerce una importante influencia en la construcción y fortalecimiento de un nuevo modelo económico basado en la justicia social, a la práctica sigue fundamentándose en una visión economicista que sitúa como principal eje del objeto del contrato el coste o el precio de la licitación sin tener en cuenta la inclusión de las cláusulas sociales, de género y ambientales esenciales para asegurar la construcción de un modelo de crecimiento sostenible.

En esta línea, la Confederación Europea de Sindicatos (de ahora en adelante CES)3 en 2023 publicó un informe en que denunciaba que, alrededor de 1.000 millones de euros, provenientes de fondos públicos de la UE, a través de 254 contratos, habían sido concedidos a 8 empresas señaladas por vulnerar los derechos humanos laborales en el Informe sobre el Índice Global de Derechos elaborado cada año por la Confederación Sindical Internacional (de ahora en adelante CSI). Este informe analiza el grado de consecución de los derechos humanos laborales en el mundo y la vulneración de los derechos fundamentales en materia de libertad sindical (derecho a la negociación colectiva, a organizarse, a fundar y a afiliarse a un sindicato, el derecho a la huelga y el derecho a la libertad de expresión, entre otros).Las empresas incluido en este informe eran aquellas que, o bien habían estado vinculadas a un supuesto de violación de los derechos de los trabajadores y trabajadoras o bien no utilizaron los mecanismos necesarios para abordar los casos de vulneración de los derechos de la clase trabajadora incumpliendo así su obligación de respetar los derechos humanos laborales reconocidos internacionalmente y de evitar acciones que obstaculicen el acceso y vigencia de dichos derechos. Por ello, el movimiento sindical, a través de la CES, el pasado mes de octubre de 2024 hacía un llamamiento a la reforma del marco normativo que regula la contratación pública en Europa para que permitiera la inclusión de manera efectiva, de las cláusulas sociales como parte del objeto del contrato para erradicar así el actual modelo economicista que se ha convertido en “ una carrera a la baja en materia de salarios y condiciones de trabajo”4. Con el elevado porcentaje del PIB que representa la contratación pública en la UE y en sus Estados Miembros, una reforma del marco normativo contribuiría a asegurar salarios y condiciones de trabajo dignas de millones de trabajadores y trabajadoras de las empresas licitadoras a través del reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva, a un salario digno, a la igualdad efectiva y real y esto pasa también por reconocer el rol central del movimiento sindical como garante de las cláusulas sociales, tanto en la fase de preparación y adjudicación de los contratos como en la fase de seguimiento de los mismos.

Por ello, la Fundació Pau i Solidaritat de CCOO Catalunya, ha venido impulsando la inclusión de los mecanismos de participación y acción sindical internacional como instrumentos de referencia a la hora de definir las cláusula sociales y también las ambientales y establecer su seguimiento efectivo durante la ejecución del contrato a través de dos mecanismos.

El primero de ellos, mediante la representación sindical en los centros de trabajo y la construcción de mecanismos colectivos sindicales para analizar la inclusión de las cláusulas sociales con perspectiva de género y ambientales en la fase de preparación de los contratos públicos a través de los espacios de concertación y diálogo social y que, cuando se configuren los comités de seguimiento de dichos contratos puedan ser aplicadas.

El segundo, a través del sindicalismo global. En nuestra contemporaneidad, un volumen importante de la contratación pública pivota sobre la compra pública que, atendiendo al actual modelo de extra territorialización de la producción, se fabrica en las cadenas globales de valor que ya concentran el 60 % de la producción mundial sumidas en una profunda opacidad. En los últimos años el movimiento sindical, a través de las federaciones sindicales internacionales, han desplegado los Acuerdos Marco Internacionales (en adelante AMI) o acuerdos marco globales (AMG) que se erigen como una suerte de negociación colectiva acordada entre la empresa matriz, la federación internacional y los sindicatos desplegados en cada eslabón y en cada centro de trabajo que conforman toda la cadena de producción. Mediante su implementación se garantiza que, a lo largo de la cadena global de valor se proteja la libre organización sindical de los trabajadores/as, el ejercicio de la negociación colectiva, aún en aquellos casos en que las fábricas están situadas en países donde no se han regulado las libertades sindicales y se ha extendido la violencia antisindical, así como las Normas Fundamentales del Trabajo relativas a las condiciones de trabajo (salarios, duración de la jornada laboral, tiempo de descanso, permiso, vacaciones, protección social, entre otros) y de salud y seguridad en el trabajo también vinculadas a las mejoras medioambientales y a la defensa de un modelo de producción “verde” coherente con el Derecho de la Naturaleza. Unido todo esto a la regulación de mecanismos de seguimiento y control como son la libre visita de fábricas, centros de trabajo por la propia representación sindical para asegurar el cumplimiento del AMI o AMG.

La inclusión de ambos mecanismos dotaría a la contratación pública del enfoque social necesario para asegurar la transformación de la visión economicista actual en otra fundamentada en la garantía y vigencia de los derechos fundamentales de la clase trabajadora, especialmente en relación a los grupos más vulnerables, y en el respeto efectivo de las cláusulas ambientales para construir así un modelo de contratación pública basado en la justicia social, y esto pasa inevitablemente por establecer espacios de concertación y diálogo con el movimiento sindical que, aún en el contexto actual de desregulación, ha construido mecanismos sindicales globales para asegurar la defensa y vigencia de los derechos laborales y sindicales aquí y en el mundo.

1. Gimeno de Feliu, José María “La visión estratégica en la contratación pública en la LCSP: hacia una contratación socialmente responsable y de calidad” en Economía Industrial. 2020, número 415, páginas 89-97.

2. Blanco López, Francisco “Estrategia de datos de la contratación pública española” al OBCP. Consultat el 09/12/2024 [En línea] Disponible a:
https://www.obcp.es/opiniones/estrategia-de-datos-de-la-contratacion-publica-espanola.

3. European Trade Union Confederation, 2023 [consulta el 09-12-2024) Disponible a: https://www.etuc.org/en/pressrelease/eu-gives-eu1-billion-firms-shamed-over-workers-rights-violations.

4 Ibídem.

JORNADAS «DESTILANDO JUSTICIA SOCIAL»
23 Y 24 de febrero
C/ Puerto Cerredo nº 1 Bajo / Xixón

VIERNES 23 DE FEBRERO.

Causas de la exclusión.
18:30 Asturies en la periferia Del capitalismo
Con Eva Martínez. Local Cambalache

SÁBADO 24 DE FEBRERO

Algunas consecuencias.
10:00 Políticas de gestión de la miseria
El ejemplo del Ingreso Mínimo Vital
Con la Oficina jurídica sobre derechos sociales ATD Cuarto Mundo

12:00
Casas sin gente, gente sin casas.
La situación de la vivienda en Asturies
Con la PAH-Oviedo y Asturies Insumisa

18:00
Mirando al Sur ¿Que esta pasando en nuestros barrios?
Con la Asociación de dinamización comunitaria “El Telar”

20:00
CELEBRACIÓN 20 ANIVERSARIO
Monólogo: El Pola «Historias de un quinqui»
Con Carlos Alba Cellero

El nuevo número trimestral de Dossieres EsF, correspondiente al Invierno 2024, está dedicado a la “Transición Ecosocial Justa” y ha sido coordinado por Yayo Herrero.

A lo largo de sus 12 artículos se abordan temas relacionados con la geoestrategia, el agua, la alimentación, la movilidad, la energía, la migraciones, la fiscalidad, el empleo, la cultura y la propia conceptualización de una transición ecosocial justa.

Como señala la coordinadora del número en la Presentación, las estrategias y propuestas son diversas, pero lo importante es saber de dónde se parte y “qué proyecto de sociedad y de relación con la naturaleza y entre las personas hay detrás”.

La transición ecológica es un proceso imprescindible pero incierto. Este monográfico trata de estimular la imaginación para encontrar caminos hacia una transición justa que permita aspirar a vidas dignas de forma generalizada.

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El pasado martes 7 de marzo, REAS País Valencià asistió en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia a una jornada por la Justicia Social: «Emprender para transformar». En ella, se acompañó a alumnos de grados medios y superiores de diferentes institutos de Valencia gracias a la implicación de sus profesoras de Formación y Orientación Laboral e Investigación.

La jornada consistió, primeramente, en una charla a cargo de REAS País Valencià con la colaboración de Maria y Maria José, socias de la cooperativa de arquitectura INURA y, finalmente, con un taller práctico de desarrollo de ideas de transformación social para los alumnos.

Bajo el título “Emprender para transformar”, se explicó la importancia de la Economía Social y Solidaria y cómo ésta pone en el centro el bienestar de las personas, así como todos los demás principios que defiende. Además, con INURA se habló sobre el emprendimiento social y la relevancia que tiene utilizar estos negocios como una fuerza para el bien común. Maria y Maria José explicaron de primera mano su caso concreto de emprendimiento social y lo que ha supuesto para ellas crear una cooperativa de arquitectura desde una perspectiva inclusiva, responsable y feminista.

Según Naciones Unidas, la justicia social “hace que las sociedades y las economías funcionen mejor. Desempeña un papel importante en la consecución de vías de desarrollo socioeconómico más inclusivas y sostenibles”.

Pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de justicia social?

Cuando hablamos de justicia social nos referimos a la igualdad de oportunidades, a la equidad, es decir, a la necesidad de reducir las dificultades que sufren los colectivos más vulnerables y marginados, para que puedan alcanzar un nivel de vida digno.

• Hablar de justicia social significa repartir la riqueza de una manera más justa y reducir la brecha entre la población más rica y la más pobre.
• Hablar de justicia social significa avanzar como sociedad en su conjunto hacia un futuro mejor para todas y todos, no solo para una parte de esta sociedad.
• Hablar de justicia social significa luchar contra las desigualdades: desigualdad económica, desigualdad de género, desigualdad de oportunidades, desigualdad educativa, desigualdad social.
• Hablar de justicia social significa luchar contra cualquier forma de exclusión.
• Hablar de justicia social significa hablar de trabajo decente, de igualdad salarial entre hombres y mujeres, de libertad sindical y asociativa, de lucha contra la explotación laboral infantil.

En definitiva, hablar de justicia social es hablar de Derechos Humanos, de bienestar social, de desarrollo personal, de avances colectivos, de feminismo, de equidad y de solidaridad social.

Y el Comercio Justo en todo ello tiene mucho que decir.

La asociación Primavera Ecológica (Printemps Ecologique en francés) acaba de lanzar la primera «eco-unión» en empresas francesas, una iniciativa de activismo climático enfocada a la combinación de la justicia social y la transición ecológica dentro de las empresas.

Según Maxime Blondeau, cofundadora de la asociación: “Queremos transformar el aparato productivo priorizando el imperativo ecológico pero sin sacrificar la justicia social”. “Las nuevas generaciones ya no quieren que hablemos solo de sus condiciones laborales sino también de la emergencia climática, los nuevos métodos de trabajo, las consecuencias de su trabajo en el planeta ”.

La asociación partía de la siguiente hipótesis: ¿pueden los trabajadores promover un activismo climático en sus organizaciones? ¿Pueden actuar en el trabajo? ¿Pueden denunciar prácticas irresponsables y a cambio promover alternativas que respeten a los seres vivos?

Conciliar la transición ecológica y la justicia social

En un contexto de creciente desafección sindical en Francia, la asociación pretende promover una renovación del sindicalismo. La asociación espera, en particular, atraer a los jóvenes y poder trabajar con sindicatos tradicionales mediante la creación de alianzas. «Es una cuestión de ser complementarios. Incluso permitimos la doble afiliación. Pero el desafío es incorporar empleados que no tengan una cultura sindical», según Maxime Blondeau, y promover alianzas con otras organizaciones como Halte à obsolescence Programme o Green IT, que ya se han unido a Printemps Écologique.

Pero los objetivos de la asociación van más allá de promover el activismo de los empleados. La asociación tiene como objetivo:

• promover prácticas eco-responsables a cualquier escala,
• adaptar los modos de gobernanza al imperativo ecológico,
• anticipar cambios en el empleo para conciliar la transición ecológica y la justicia social o
• la neutralidad de carbono en cada entidad.

En todos estos retos, consideran crucial el debate sobre el modelo económico de la empresa.

A diferencia de los sindicatos tradicionales, Printemps Ecologique ha optado por establecerse en sectores. Por el momento, y desde su lanzamiento en febrero de 2020, está representado en 10 sectores: metalurgia y siderurgia, construcción, transporte, cultura, educación, incluso bancos y establecimientos financieros y de seguros, que abarcan tres en empresas con menos de 50 empleados, tres en empresas medianas y cinco en empresas CAC 40. El objetivo es crear 100 para fin de año y tener 20.000 miembros, en comparación con los 1.000 actuales.

Las acciones irían desde la concienciación de los empleados en acciones con poco impacto pero visibles como el reciclaje, hasta el diálogo social con decisiones que afecten al entorno laboral como la reducción del tiempo de trabajo, el empleo de transporte ecológico, los incentivos de sostenibilidad para trabajadores y directivos o el boicot a proveedores y financiadores poco responsables.