La Unión Europea ha sido durante mucho tiempo una defensora del comercio sostenible. El Reglamento de la UE sobre la deforestación (EUDR) y el Reglamento de Agricultura Ecológica actualizado se encuentran entre los intentos más ambiciosos hasta la fecha para ecologizar las cadenas de suministro globales. Como movimiento de Comercio Justo, apoyamos sus objetivos. Los bosques deben protegerse y la agricultura ecológica debe cumplir con los más altos estándares para ser creíble. Estos son objetivos por los que los productores de Comercio Justo de toda América Latina han estado trabajando mucho antes de que Bruselas los convirtiera en ley.

Pero las buenas intenciones no se traducen automáticamente en buenos resultados. Un nuevo estudio publicado por la Red Latinoamericana y Caribeña de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) , que abarca a productores de café y cacao de Comercio Justo en Guatemala, Perú, Ecuador y Brasil, presenta un panorama desalentador de lo que sucede cuando un cambio regulatorio significativo recae sobre los hombros de quienes están menos preparados para afrontarlo y menos consultados en su diseño. 

Los costes de cumplimiento se están trasladando a los sectores más exigentes.

El Reglamento UE sobre Productos Básicos (EUDR, por sus siglas en inglés) es una normativa de la UE y sus obligaciones legales recaen directamente sobre los operadores de la UE , incluidos los importadores, comerciantes y empresas que comercializan productos en el mercado europeo. Los agricultores y sus cooperativas en América Latina no están sujetos a la normativa. Sin embargo, en la práctica, gran parte del coste, la recopilación de datos, la documentación y el esfuerzo administrativo necesarios para el cumplimiento, incluidas las medidas de mitigación de riesgos que formalmente debían adoptar los operadores de la UE, se han trasladado a los propios productores a lo largo de la cadena de suministro .

Las cooperativas han movilizado equipos de campo para mapear con GPS cientos de parcelas de pequeños agricultores en zonas remotas. Han invertido en plataformas geoespaciales, contratado especialistas legales y técnicos que antes no necesitaban y redirigido fondos de la Prima de Comercio Justo , dinero destinado al desarrollo comunitario, hacia infraestructura de cumplimiento . Una cooperativa de cacao peruana estimó un gasto de entre 60.000 y 100.000 USD solo en la adaptación al Reglamento Europeo de Productos Básicos (EUDR). Las organizaciones cafetaleras peruanas informan que los nuevos sistemas de cumplimiento han duplicado sus costos administrativos. La Unión de Organizaciones de Productores de Cacao del Ecuador (UNOCACE) en Ecuador calculó costos iniciales de cumplimiento de alrededor de 5.000 USD por organización miembro, lo que representa decenas de miles de dólares en toda su red.

¿Y qué han aportado los compradores? Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los compradores no han ofrecido una cofinanciación significativa. Algunos han proporcionado asesoramiento técnico o han apoyado componentes aislados, pero la participación sistemática en los costes es la excepción, no la regla .

Así no es como debería funcionar una relación comercial justa . Si el cumplimiento de la legislación de la UE es necesario para acceder al mercado comunitario, y si los costes de dicho cumplimiento son reales y sustanciales, entonces los actores con mayor poder financiero en la cadena, incluidos los importadores y las marcas europeas, deben compartir la carga. Esperar que los pequeños agricultores del Sur Global subvencionen la agenda regulatoria de la UE no es ni justo ni coherente. 

La normativa ecológica está desmantelando las cooperativas.

Si bien los desafíos de implementación del Reglamento Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (EUDR) son significativos, el impacto del Reglamento Ecológico actualizado merece una atención aún mayor. Criterios como el límite de 2000 miembros por grupo de operadores ecológicos, junto con el requisito de que todos los miembros produzcan exclusivamente de forma ecológica, y los límites en el tamaño de la explotación (5 hectáreas de tierra ecológica) y las ventas anuales de productos ecológicos (25 000 €) por miembro, pueden reflejar la realidad de las pequeñas explotaciones ecológicas en Europa, pero no logran captar la realidad de las cooperativas en América Latina (y África y Asia).  

Las consecuencias son graves, ya que las cooperativas que han dedicado décadas a construir organizaciones inclusivas y con miembros de diferentes orígenes se ven ahora obligadas a dividirse, separando a los productores orgánicos de los convencionales, creando entidades jurídicas paralelas y, en muchos casos, excluyendo formalmente a los miembros que no pueden o no quieren pasarse a la producción orgánica. Esto atenta contra el modelo cooperativo en sí mismo.  

Lo que está en juego aquí va más allá de la certificación. El movimiento cooperativo se construyó sobre los principios de inclusión, solidaridad y empoderamiento colectivo. Cuando una normativa diseñada y aprobada en Bruselas obliga a una cooperativa guatemalteca o peruana a comunicar a algunos de sus miembros que «ya no forman parte de nuestro grupo certificado», no se trata solo de un inconveniente burocrático, sino de un golpe al tejido social que los movimientos de Comercio Justo y cooperativo han construido durante décadas. 

Más requisitos, sin recompensa del mercado. 

A pesar de los crecientes requisitos para acceder al mercado de la UE, los productores que los cumplen no han visto un aumento proporcional en sus ingresos. El simple hecho de poder seguir exportando al mercado de la UE no contribuye a mejorar las condiciones de vida de los agricultores fuera de la UE, ya que sus costes siguen aumentando, mientras que los precios que reciben no suben en la misma proporción.

CLAC documenta que la diferencia de precio entre el café y el cacao orgánicos certificados y los convencionales se ha reducido drásticamente, e incluso ha desaparecido por completo en algunos casos . Los productores de Guatemala informan que los precios del café orgánico son ahora casi idénticos a los del convencional. En Brasil, una organización descubrió que la certificación orgánica se había vuelto tan costosa, sin ningún comprador dispuesto a pagar un precio superior para justificarla, que simplemente comenzaron a vender su café como convencional.

Con los nuevos requisitos de la UE, la sostenibilidad económica de la producción ecológica se está volviendo insostenible para muchos pequeños productores. Mientras tanto, la demanda mundial de productos ecológicos sigue en aumento. Los consumidores quieren productos ecológicos. La política europea afirma que quiere más productos ecológicos. Sin embargo, el efecto combinado del aumento de los costes de cumplimiento y el estancamiento de las primas para los productos ecológicos está expulsando a los productores del sistema ecológico. Si esta tendencia continúa, paradójicamente, los consumidores europeos tendrán menos acceso a café y cacao ecológicos certificados (en el caso del estudio), porque los productores que los cultivaron ya no pueden permitirse la certificación. 

Debe existir coherencia entre las políticas de demanda y las de oferta para evitar que se socaven los altos estándares en los países productores.  

Un estudio de caso sobre la incoherencia política. 

La UE mantiene un compromiso de larga data con la coherencia de las políticas para el desarrollo (CPD), principio que establece que las políticas de la UE, más allá de la cooperación para el desarrollo, no deben menoscabar los objetivos de desarrollo en el Sur Global. El estudio de CLAC argumenta de manera convincente que tanto el Reglamento sobre el Desarrollo de la UE como el Reglamento Orgánico, en su aplicación actual, no cumplen con este compromiso. 

La situación es aún más crítica en el caso de la agricultura ecológica: la estrategia «De la granja a la mesa» de la UE (que tenía una dimensión externa) establecía objetivos ambiciosos para la expansión de la agricultura ecológica. Sin embargo, la actualización del Reglamento sobre agricultura ecológica dificulta que los pequeños productores ecológicos mantengan su certificación y viabilidad comercial, y está teniendo un impacto negativo en las cooperativas de la región.  

En el caso del Reglamento de la UE sobre productos agrícolas, la situación es más compleja, ya que su implementación se ha caracterizado por la confusión y una distribución injusta de los costes. Las cooperativas se enfrentan a una doble carga: los compradores solicitan datos en formatos incompatibles, lo que multiplica el trabajo administrativo; mientras que los criterios de cumplimiento legal chocan con la realidad de que la agricultura a pequeña escala en América Latina es mayoritariamente informal, donde las prácticas tradicionales no se han documentado formalmente.  
Estos son errores de implementación que pueden corregirse, pero solo si la UE está dispuesta a escuchar a los productores y a crear mecanismos de retroalimentación que permitan que el reglamento aprenda y se adapte. 

Las regulaciones con alcance extraterritorial requieren un diseño extraterritorial.

Tanto el Reglamento sobre Agricultura Ecológica de la UE como el Reglamento sobre Agricultura Ecológica tienen importantes repercusiones extraterritoriales, que afectan profundamente la vida de los agricultores que no tuvieron voz ni voto en la elaboración de las normas que ahora los rigen. Esto obliga a las instituciones de la UE a diseñar reglamentos mediante un diálogo genuino con las comunidades afectadas, y no simplemente a consultar a las organizaciones de productores a posteriori, una vez que el texto legislativo ya está aprobado .

El estudio CLAC formula una serie de recomendaciones concretas , varias de las cuales queremos desarrollar aquí con más detalle.

• En primer lugar, compradores e importadores deben compartir los costes de cumplimiento, no mediante gestos de buena voluntad, sino a través de compromisos comerciales vinculantes. Si el acceso al mercado de la UE requiere inversión, esta debe distribuirse equitativamente a lo largo de toda la cadena de valor. 
• En segundo lugar, es urgente revisar el límite de 2000 miembros establecido en el Reglamento de Agricultura Ecológica, junto con los umbrales de tierras y ventas, con la participación activa de las organizaciones de productores del Sur Global. El movimiento de Comercio Justo ha acogido con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea para modificar dicho límite y exhorta al Parlamento y al Consejo a mantener la propuesta de la Comisión y a adoptarla con prontitud.
• En tercer lugar, la UE debe invertir en apoyar a los países productores para que desarrollen sistemas nacionales de trazabilidad y verificación creíbles, reconocidos como prueba válida en virtud del Reglamento UE sobre Productos Básicos. Países como Costa Rica y Ecuador ya están construyendo este tipo de infraestructura. Reconocer y financiar estos sistemas reduciría drásticamente la carga para las cooperativas.
• En cuarto lugar, la UE debería establecer un mecanismo formal para supervisar el impacto en el desarrollo de las regulaciones con alcance extraterritorial, evaluando no solo si se alcanzan los objetivos en Europa, sino también si están generando daños no deseados en los países productores. 
• En quinto lugar, la UE debe abordar directamente el problema de la sobrevaloración de los productos ecológicos. Ya sea mediante políticas de contratación pública, campañas de concienciación para el consumidor, etiquetado obligatorio u otros instrumentos, existe la responsabilidad política de garantizar que el mercado recompense los mayores costes de la producción ecológica. Exigir a los agricultores que asuman esos costes sin obtener ninguna compensación de mercado no es una política sostenible. 

El estudio de CLAC constituye una valiosa y oportuna contribución a este debate. Las instituciones de la UE, los Estados miembros y la comunidad empresarial europea ya no pueden permanecer indiferentes. 

Este artículo se basa en las conclusiones del informe « Análisis del impacto comercial potencial del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y del Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos (UE 2018/848) en los pequeños productores de café y cacao de comercio justo en América Latina », publicado por CLAC en abril de 2026. 

Por Virginia Enssle , Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales de la FTAO. Fuente: fairtrade-advocacy.org

La Comisión Europea ha anunciado su intención de reformar la Directiva Marco del Agua (DMA) bajo el argumento de “simplificar” la normativa ambiental para mejorar la competitividad. Sin embargo, esta reforma abre la puerta a un debilitamiento del principio de no deterioro y a una menor exigencia en la protección de ríos, acuíferos y ecosistemas acuáticos en toda Europa.

En un contexto de emergencia climática, sobreexplotación de los recursos hídricos y creciente presión de sectores extractivos e industriales, no podemos permitir ningún paso atrás. La Directiva Marco del Agua ha sido una conquista clave de la política ambiental europea y una garantía para compatibilizar actividad económica, salud pública y defensa de los bienes comunes.

Por ello, diversas organizaciones de la sociedad civil han impulsando un manifiesto conjunto para exigir que la Comisión Europea renuncie a modificar la Directiva y, en su lugar, refuerce su aplicación efectiva. Creemos que es el momento de defender con claridad que el agua no es una mercancía ni una variable de ajuste, sino un derecho y un pilar de la vida y de los territorios.

Economistas sin Fronteras se ha adherido a dicho manifiesto.

LEER MANIFIESTO

Además, se puede firmar tanto a título individual como colectivo:

Formulario de adhesión

Fuente: Economistas sin Fronteras

Ante los intentos de reabrir y debilitar el texto del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libre de deforestación (EUDR), las organizaciones firmantes recuerdan que el EUDR es una herramienta clave para proteger los bosques, defender los derechos de las comunidades locales y reducir las emisiones de CO₂. Consideran que cualquier medida que retrase, rebaje o genere excepciones en las obligaciones de diligencia debida para las empresas supondría un retroceso inaceptable, y penalizaría a aquellos actores económicos y países que ya se han preparado para cumplirla.La declaración subraya que, en un contexto de declive forestal global continuado –con 6,73 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios destruidos solo en 2024–, la UE no puede dar marcha atrás. Las entidades reclaman a la Comisión Europea, el Consejo y el Parlamento Europeo que  mantengan la ambición de la ley, garanticen su aplicación efectiva y prioricen la transparencia para los consumidores.

A continuación, se incluye el texto completo de la declaración.

Declaración de la sociedad civil ante los intentos de reapertura del texto del Reglamento EUDR, de lucha contra la deforestación en las cadenas de suministro

La crisis climática, ecológica y social global exige medidas firmes y coherentes. Frente a intentos de retrasar y rebajar las obligaciones recogidas en el Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR), reafirmamos nuestro apoyo inequívoco al mismo. Este Reglamento protege la integridad de los bosques, defiende los derechos de las comunidades locales y es una herramienta esencial para reducir las emisiones asociadas a la pérdida de cobertura forestal. La UE no puede retroceder ahora: debilitar las obligaciones de diligencia debida o abrir excepciones para grandes corporaciones es un paso atrás inaceptable.

En 2024, los bosques del mundo vivieron un grave y continuo declive, lo que aleja cada vez más el cumplimiento de los objetivos de conservación para 2030. Se perdieron de forma permanente unas 8,1 millones de hectáreas de bosques, entre ellas 6,73 millones de hectáreas de bosques tropicales primarios, cuya destrucción liberó 3.100 millones de toneladas métricas de gases de efecto invernadero. La pérdida forestal en las Áreas Clave de Biodiversidad aumentó un 47% respecto al año anterior, poniendo en mayor riesgo hábitats esenciales. Estas pérdidas significan emisiones adicionales de carbono, pérdida irreversible de biodiversidad y hogares destruidos para comunidades indígenas y locales. Reducir la capacidad de rastrear y sancionar esas cadenas de suministro sería permitir que productos ligados a la deforestación sigan entrando al mercado europeo.

La deforestación sigue siendo impulsada principalmente por la agricultura industrializada (86%). Se trata de un problema sistémico, vinculado tanto al consumo interno como al comercio internacional, que requiere cambios profundos en la gestión del uso del suelo y del comercio. La falta de medidas obligatorias facilita que productos vinculados a la destrucción forestal lleguen a los mercados internacionales. El Reglamento europeo actúa directamente sobre esas cadenas de suministro: debilitarlo o dejar lagunas sería dar carta blanca a prácticas insostenibles.

Al mismo tiempo, los datos a medio plazo recuerdan que la política y la acción pública pueden cambiar tendencias: la FAO subraya que los bosques siguen bajo presión y que episodios extremos (incendios, expansión agrícola, acaparamiento de tierras) pueden revertir avances en poco tiempo. Esto demuestra que el EUDR es necesario tanto para consolidar las mejoras como para prevenir retrocesos.

Exigimos a la Comisión Europea, el Consejo de la UE y el Parlamento Europeo:

1. No debilitar el Reglamento europeo contra la deforestación. Cualquier modificación que reduzca la diligencia debida de las empresas socava el propósito de la norma y la confianza pública. Genera inseguridad jurídica y penaliza a los sectores económicos y países productores que sí han invertido y se han preparado para cumplir con la norma.

2. Trabajar intensamente con los países productores, las empresas, los pequeños agricultores y la sociedad civil para garantizar el éxito y la aplicación fluida de esta regulación, transcurridos los 12 meses adicionales para que las autoridades competentes y las empresas se pudieran adaptar a sus requisitos.

3. Transparencia total: los consumidores europeos tienen derecho a saber si su café, chocolate, aceite de palma, soja que se utiliza en la alimentación animal, carne o cuero contribuyen a la destrucción de bosques.

Este Reglamento es una palanca imprescindible en la lucha contra la deforestación y el cambio climático: protege la naturaleza, garantiza mercados más responsables y refuerza el liderazgo climático de la UE. Rechazamos cualquier intento de debilitarlo y pedimos a las instituciones europeas que traduzcan su retórica en hechos: recursos, controles y voluntad política para hacer cumplir la ley. El futuro de los bosques y de la justicia ecológica y social están en juego.

ORGANIZACIONES FIRMANTES

ADDA
Alianza Cero Deforestación
Amigas de la Tierra
ANA La Janda, Asociación Amigos de la Naturaleza
Asociación de Agricultura Regenerativa
ATTAC España
Carro de Combate
CGT (Confederación General del Trabajo
CJE (Consejo de la Juventud de España)
ClientEarth
Coordinadora Estatal de Comercio Justo
Earthworm Foundation
ECODES
Ecologistas en Acción
ELA Sindikatua
Federación de Consumidores y Usuarios CECU
Fundación Global Nature
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos
Fundación Savia por el Compromiso y los Valores
Greenpeace España
Justicia Alimentaria
La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad.
Mensa Cívica
Mighty Earth
Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa
Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS)
SEO/BirdLife
Sociedad Española de Agricultura Ecológica y Agroecología, SEAE
Solidaridad Internacional Andalucía
WWF España