La reciente defensa de la Economía Social y Solidaria (ESS) en el Parlamento Europeo constituye una buena noticia para quienes llevamos décadas demostrando que otra forma de hacer economía no solo es posible, sino necesaria. En un momento de profundas transformaciones sociales, ecológicas y geopolíticas, que la ESS siga ganando reconocimiento en las instituciones europeas supone un paso importante.

Sin embargo, el verdadero reto no es únicamente que la ESS esté presente en la agenda política europea, sino que ese reconocimiento se traduzca en decisiones concretas. En un momento en el que la Unión Europea debate las prioridades del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, resulta fundamental que la ESS no quede limitada a las políticas de competitividad o emprendimiento, sino que contribuya de forma transversal a construir una Europa más democrática, cohesionada y sostenible.

Desde REAS Red de Redes defendemos una Economía Social y Solidaria que vaya más allá de su reconocimiento como sector económico o modelo empresarial. Entendemos la ESS como una propuesta de democracia económica, capaz de fortalecer los territorios, ampliar la participación ciudadana y ofrecer respuestas concretas a desafíos tan complejos como el acceso a la vivienda, la organización social de los cuidados, la transición ecológica, la soberanía alimentaria, el trabajo digno o el uso ético de las tecnologías emergentes.

Creemos que avanzar en esa dirección requiere políticas públicas ambiciosas que refuercen el cooperativismo, las finanzas éticas, la contratación pública responsable, las comunidades energéticas, el comercio justo o la economía feminista, pero también una mirada que sitúe la cooperación, la solidaridad y la justicia social como elementos centrales del proyecto europeo. Eso implica garantizar recursos suficientes para ámbitos como los cuidados, el derecho a la vivienda, la justicia ecosocial, la cooperación internacional y la construcción de una verdadera economía de paz y de derechos humanos.

Ese horizonte conecta plenamente con la Declaración del Foro Global de la Economía Social (GSEF) de Burdeos, aprobada por gobiernos locales, redes internacionales y organizaciones de todo el mundo. El texto reconoce a la Economía Social y Solidaria como una economía de paz, una herramienta para fortalecer la cohesión social, prevenir conflictos, impulsar una transición ecológica justa y reconstruir la democracia desde los territorios.

En esa misma dirección avanza la nueva Estrategia 2026-2030 de RIPESS Europe, que propone reforzar la Economía Social y Solidaria como un movimiento capaz de impulsar la ciudadanía económica, fortalecer la democracia participativa y tejer alianzas con el feminismo, la justicia climática, el derecho a la vivienda, la defensa de los bienes comunes, la paz y los movimientos por la justicia social. Una estrategia que apuesta por una ESS con mayor capacidad de incidencia política y más conectada con los grandes debates que marcarán el futuro de Europa.

Desde REAS estamos contribuyendo activamente a este proceso a través del Policy Advocacy Circle de RIPESS Europe, un espacio desde el que impulsamos propuestas de incidencia política para fortalecer el reconocimiento de la Economía Social y Solidaria en las instituciones europeas y avanzar hacia políticas públicas coherentes con sus valores y principios.

La defensa de la ESS en el Parlamento Europeo representa, sin duda, una oportunidad. Pero esa oportunidad solo será real si el próximo presupuesto europeo convierte este reconocimiento político en una apuesta estratégica, dotando de recursos suficientes a aquellas políticas que fortalecen la democracia económica, la cohesión social y territorial, la cooperación internacional, los cuidados, la vivienda, la transición ecosocial y la paz.

Porque la Economía Social y Solidaria no necesita únicamente más visibilidad. Necesita ocupar el lugar que le corresponde en la construcción de una Europa que sitúe la dignidad de las personas, los derechos humanos y el bien común en el centro de su proyecto político.

Georgia Karavangeli, Consejera de Relaciones Internacionales de REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

La CECJ, como entidad de Comercio Justo y miembros de la Plataforma por Empresas Responsables, apoyamos el escrito de llamamiento a la Comisión Europea firmado por varias organizaciones y movimientos sociales y ecologistas europeos, ante nuestra preocupación por las posibles consecuencias en las personas y el planeta, de la llamada ley omnibus.

Esta propuesta, presentada el 8 de noviembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye su intención de enmendar tres pilares clave del Pacto Verde Europeo:  la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de Taxonomía.

Reproducimos el texto elaborado por las organizaciones sociales y remitido a la Comisión Europea:

Original, en inglés, con firmantes del texto.

Como miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, sindicatos y activistas climáticos, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que proteja activamente estas leyes de responsabilidad corporativa de la UE, reafirme el calendario oficial para su transposición e implementación, y sea completamente transparente sobre el proceso relacionado con la ley ómnibus.

La Unión Europea debe demostrar liderazgo en la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el clima, y prevenir más retrocesos en la responsabilidad corporativa. La creciente oposición al marco de sostenibilidad de la UE ocurre en un momento en que la rendición de cuentas de las empresas es crucial. Mientras algunas de las mayores empresas del mundo distribuyeron dividendos récord en 2023, sus inversiones están muy por debajo de lo necesario para avanzar hacia modelos empresariales sostenibles y resilientes. En todo el mundo, las empresas europeas, a través de sus complejas cadenas de suministro, siguen teniendo un impacto negativo en una amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos laborales, la protección contra el trabajo forzado y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y seguro.

A pesar de los claros llamamientos del Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, y de la Vicepresidenta Ejecutiva Teresa Ribera para proteger el legado del Pacto Verde Europeo –y el compromiso del Comisario de Justicia, Dermot McGrath, de “garantizar una implementación oportuna y efectiva” de la CSDDD durante su audiencia de confirmación como comisario–, la presidenta Ursula von der Leyen corre el riesgo de socavar protecciones clave al reabrir los expedientes con la ley ómnibus. Esto está generando una enorme incertidumbre para los países que ya han iniciado su proceso de transposición y recompensará a las empresas que no se han preparado para cumplir con estas legislaciones.

Una carrera hacia el mínimo estándar en las cadenas de valor aumentará la presión sobre la manufactura europea, además de provocar mayor explotación de las personas y causar daños ambientales en diversos países. Las empresas deben rendir cuentas por su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro.

Varios países fuera de la UE ya han introducido o están en proceso de introducir leyes de diligencia debida obligatoria en derechos humanos, o cuentan con legislación más específica relacionada con la esclavitud moderna o el trabajo infantil. Estos países incluyen: Reino Unido, Suiza, Noruega, Australia, Corea del Sur, México, Brasil, Japón y Canadá.

La Unión Europea se funda en los valores de democracia, igualdad, estado de derecho y respeto por los derechos humanos. Estos principios están consagrados en el Tratado de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La UE no debería deshacer los avances logrados con el Pacto Verde Europeo, sino fomentar una carrera hacia el liderazgo y proteger los derechos humanos, el medio ambiente y el clima; todo ello mientras ofrece a las partes interesadas igualdad de condiciones mediante expectativas claras, certeza jurídica y directrices oportunas y completas sobre la implementación.

No olvidemos la evaluación realizada por la anterior Comisión bajo la presidencia de Ursula von der Leyen: la competitividad de la UE radica en su capacidad para proporcionar un entorno regulatorio estable bajo el Pacto Verde Europeo, centrado en la sostenibilidad y la transición verde, demandas cada vez más exigidas por los consumidores globales.

Por lo tanto, instamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a:

• Mantener la legislación de responsabilidad corporativa de la UE, incluidas la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), la Directiva sobre Información corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de Taxonomía.
• Cumplir con el calendario actual para la transposición e implementación de estas leyes esenciales y proporcionar directrices claras y oportunas para su cumplimiento.
• Como una cuestión urgente, aclarar las intenciones de la Comisión y ser completamente transparente sobre el fundamento, alcance, calendario, proceso legislativo, evaluación de impacto y período de consulta relacionados con la propuesta ómnibus.

**Traducción al español de la declaración conjunta en inglés

Europa confirma el derecho a reparar con una directiva aprobada por el Parlamento Europeo la pasada semana. Un derecho a reparar que, desde AERESS, venimos defendiendo desde hace años y que reafirma esta normativa que aclara las obligaciones de los fabricantes de reparar los productos que ponen en el mercado y anima a los consumidores a prolongar el ciclo de vida de los mismos mediante la reparación.

Facilitar la reparación de productos

La normativa garantiza la obligación de los fabricantes a ofrecer servicios de reparación oportunos y rentables. También les obliga a informar a los consumidores sobre sus derechos a la reparación. Los bienes reparados bajo garantía se beneficiarán de una prórroga adicional de un año de la garantía legal, para estimular la reparación. Y, no obstante, una vez expirada la garantía legal, el fabricante seguirá estando obligado a reparar los productos domésticos comunes, técnicamente reparables según la legislación de la UE, como lavadoras, aspiradoras e incluso teléfonos inteligentes.

También, para facilitar la reparación, se creará una plataforma europea en línea con secciones nacionales que ayuden a los consumidores a encontrar con facilidad talleres de reparación locales, vendedores de productos reacondicionados e iniciativas comunitarias de reparación como los «repair cafe».

Reparar en lugar de comprar

Europa confirma el derecho a reparar para que sea la primera alternativa a la adquisición de nuevos productos. Con la nueva normativa, se busca reforzar el mercado de la reparación en la UE y reducir los costes de reparación para los consumidores. Los fabricantes estarán obligados a facilitar piezas de recambio y herramientas para la reparación a un precio razonable. Asimismo, tendrán prohibido utilizar cláusulas contractuales o técnicas de hardware o software que obstaculicen las reparaciones.

Para que las reparaciones sean más asequibles, cada Estado miembro tendrá que aplicar al menos una medida de fomento de la reparación. Para ello, a partir de que la Directiva sea aprobada formalmente por el Consejo y publicada en el Diario Oficial de la UE, contarán con 24 meses para incorporarla formalmente a sus respectivas legislaciones

Estamos ante un proceso que dirigirá al empoderamiento de los consumidores en la lucha contra el cambio climático. A partir de ahora les resultará más sencillo y económico reparar en lugar de comprar nuevos artículos y aumentar la generación de residuos.

Desde AERESS celebramos la aprobación de esta Directiva europea. Se trata de un importante avance para prolongar la vida útil de los productos, reducir la producción de residuos y potenciar modelos de economía sostenibles y circulares como el que venimos años desarrollando todas las entidades de la Economía Social y Solidaria.

Con 453 votos a favor, 57 en contra y 123 abstenciones, el Parlamento Europeo ha aprobado su posición ante la propuesta de legislación sobre deforestación importada es decir, la destrucción de bosques en terceros países para cultivar materias primas que importa la UE. La propuesta ha sido presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2021, dando así respuesta a una reivindicación histórica de la sociedad civil organizada.

La Unión Europea es el segundo importador mundial de deforestación tropical y es responsable de al menos el 16 % de la deforestación asociada al comercio internacional de diferentes materias primas, por un total de 203.000 hectáreas y 116 millones de toneladas de CO₂.

Desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, CECU, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF valoramos positivamente este posicionamiento. También los siguientes puntos:

• Se han incluido la carne de cerdo, de oveja y cabra, las aves de corral, el maíz, el caucho, el carbón vegetal y los productos de papel impreso en el ámbito de aplicación del Reglamento.
• Se obligará a las instituciones financieras a garantizar que sus actividades no contribuyen a la deforestación.
• Se va a adelantar la fecha de aplicación retroactiva del Reglamento un año, al 31 de diciembre de 2019, frente a la posición del Consejo de la UE de retrasarla a finales de 2021.
• La dimensión de Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas se ve reforzada, pues el reglamento exige el cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos y no solo de las leyes estatales sobre derechos de la tierra.

La posición aprobada deja fuera aspectos como la protección de otros ecosistemas naturales como praderas, turberas y humedales, medidas que hubieran mejorado sensiblemente el Reglamento y que será necesario incluir cuanto antes. El Reglamento tampoco prevé –por el momento- un mecanismo de responsabilidad civil ni la posibilidad de reparación e indemnización, lo que también es preocupante.

En este contexto, solicitamos al Gobierno de España que, en las negociaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento, adopte una posición más ambiciosa que la que mantuvo en junio en la reunión del Consejo de la UE.

La votación de hoy coincide con la celebración del Día del Chocolate, una fecha que desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo aprovechamos para denunciar la deforestación importada asociada al cultivo del cacao, responsable del deterioro de gran parte de los bosques de Ghana y Costa de Marfil. (Más información sobre el impacto del cultivo del café y de cacao en el medio ambiente)

“Acogemos con gran satisfacción y respaldamos el Plan de Acción de la Economía Social por el que hemos estado trabajando desde 2014. El Plan de Acción de la Economía Social proporcionará instrumentos concretos para que los actores de la economía social se amplíen en toda Europa y más allá de nuestras fronteras”. Así reaccionó el presidente de Social Economy Europe (SEE), Juan Antonio Pedreño, a la presentación, el pasado 9 de diciembre, de la comunicación de la Comisión Europea titulada ‘Construir una economía que funcione para las personas: un plan de acción para la economía social’.

En efecto, tal y como se informa desde SEE, si se hubiera preguntado a cada una de las familias de la economía social cuál era el sentimiento tras la aprobación del Plan de Acción, la respuesta habría sido una simple palabra: celebración.

Tras 14 años de trabajo colectivo y compromiso incansable, los miembros de la Economía Social Europea se consideran satisfechos por el documento presentado. Sin embargo, SEE advierte que éste “no puede ser un momento para relajarse, sino que es el punto de partida de una serie de acciones encaminadas a aplicar con éxito el Plan”. De hecho, en 2022 será el momento de ampliarlo.

Tras su aprobación, entidades como la Asociación Internacional de la Mutualidad (AIM), la Asociación de Mutuas Aseguradoras y Cooperativas de Seguros (AMICE), la Confederación Europea de Cooperativas Industriales y de Servicios (CECOP), la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), Cooperatives Europe, la Federación Europea de Banca Ética (FEBEA) y la Asociación Europea de Filantropía (Philea) publicaron comunicados valorando el Plan de Acción.

En suma, todos ellos confían en que este Plan de Acción abre una nueva etapa histórica no sólo para los que ya se dedican al sector de la economía social, sino también para los que se incorporarán en el futuro. El Plan, por un lado, reconoce a las empresas y organizaciones de la Economía Social como motor del desarrollo sostenible y, por otro lado, propone instrumentos concretos para permitir el crecimiento de los distintos actores de la economía social tanto en Europa como más allá de las fronteras. Entre dichos instrumentos figuran medidas como el acceso a los fondos europeos de recuperación, políticas fiscales y administrativas, la colaboración público-privada con la economía social, y acciones para la mayor visibilidad de la economía social y sus familias.

Acceder a los comunicados sobre el Plan de Acción de Economía Social de:

• AIM: https://www.aim-mutual.org/wp-content/uploads/2021/12/Press-Release-Social-Economy-Action-Plan_final.pdf
• AMICE: https://amice-eu.org/app/uploads/2021/12/2021-12-09-AMICE-press-release-Social-Economy-Action-Plan.pdf
• CECOP: https://www.cecop.coop/works/social-economy-action-plan-delivers-but-lacks-long-term-objectives
• CEPES: https://www.cepes.es/noticias/714_cepes-califica-historica-aprobacion-plan-accion-europeo-economia-social
• Coops Europe: https://coopseurope.coop/resources/news/commission-gives-social-economy-new-boost-ambitious-action-plan
• FEBEA: https://febea.org/saint-nicholas-and-the-european-action-plan-for-the-social-economy/
• Philea: https://philea.eu/wp-content/uploads/2021/12/Press-Release_EU-Action-Plan-on-Social-Economy.pdf

El Plan de Acción de Economía Social está ya traducido a 23 idiomas oficiales de la Unión Europea en:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0778&qid=1640075004787

Estas semanas, las instituciones de la Unión Europea están debatiendo los presupuestos 2021-2027, que deberán tener en cuenta las medidas ya puestas en marcha y las previstas para afrontar la pandemia tanto desde el punto de vista sanitario como económico.

Ante un PIB europeo que puede caer más del 8% en 2020, la Comisión presentó en mayo una nueva propuesta de presupuestos que ahora debe pasar el tamiz del Consejo y el Parlamento europeos. Precisamente el Parlamento ha tomado postura recientemente, pidiendo un replanteamiento de los «recursos propios» de la UE en una resolución aprobada el pasado 16 de septiembre. En las últimas décadas, los recursos procedían en gran parte de derechos de aduana y de las contribuciones de cada uno de los Estados, pero ahora podrían provenir de una nueva fiscalidad a escala europea.

Hablar de fiscalidad europea implica la necesidad de avanzar al menos en dos direcciones.

La primera es una armonización entre los países miembro. En material fiscal, más que de «Unión» Europea, hoy debería hablarse de «competición» europea, ya que los Estados están empeñados en una carrera por atraer capitales e inversiones en la que compiten con los demás miembros. Es una competición que pasa frecuentemente por una reducción de la fiscalidad a las empresas. No es casualidad que muchos de los paraísos fiscales del planeta se encuentren en Europa. Las multinacionales son las verdaderas vencedoras de esta competición acérrima entre países miembro en materia fiscal, que hace posible que las grandes corporaciones puedan elegir la jurisdicción que les garantice las mejores condiciones para cada actividad.

La armonización fiscal no es el único tema: hoy sería deseable una verdadera actualización de los propios impuestos europeos.

¿Habrá finalmente un impuesto europeo sobre las transacciones financieras?

Uno de estos podría ser el impuesto sobre las transacciones financieras (o ITF), que la evolución de las finanzas viene recomendando hace tiempo. Una tasa pensada para no interferir con el funcionamiento normal de los mercados financieros, pero que sería extremadamente eficaz contra la especulación y las operaciones a cortísimo plazo que generan inestabilidad y crisis continuas. Hace años que se debate su introducción en una decena de países europeos. Según  las estimaciones de la Comisión Europea, aunque solo se aplicara en estos diez países, un ITF podría generar unos ingresos de más de 80.000 millones de euros al año. La propia Comisión ya publicó un óptimo borrador de Directiva en 2016 y el Parlamento Europeo votó en pleno a favor de su introducción, pero esta medida sigue sin ver la luz, atrapada en los debates infinitos de cada uno de los países.

Ahora, el Parlamento Europeo vuelve a pedir un impuesto sobre las transacciones financieras, junto con otras medidas diferentes en materia fiscal, para posibilitar que la UE tenga acceso a los recursos necesarios para financiar la recuperación económica después de la crisis vinculada a la pandemia. Varios diputados europeos han subrayado que dichos recursos no pueden traducirse únicamente en deuda nueva que acabaría recayendo sobre la ciudadanía europea y, sobre todo, sobre las generaciones futuras.

Otras fuentes de financiación posibles para el Plan de Recuperación de la UE: tasar a los gigantes de internet y al contenido de carbono de sus importaciones.

De aquí procede la lista incluida en la resolución aprobada por el Parlamento a mediados de septiembre, que comprende el ITF y una base imponible consolidada para las empresas (avanzando precisamente hacia la armonización fiscal de la UE). Entre otras propuestas del Parlamento se cuenta un impuesto sobre los servicios digitales (para conseguir gravar a los gigantes de internet), una contribución por los resíduos de embalajes de plástico no reciclados y una tasa sobre el contenido de carbono de las importaciones.

Como en el caso del ITF, esta última propuesta no está pensada únicamente para generar un ingreso, sino sobre todo para contrarestar algunos impactos negativos. Si en el caso del ITF se trataba de la especulación, un impuesto sobre el contenido de carbono de las importaciones serviría para evitar que los productos importados de países extracomunitarios sigan siendo productos que responden a un estándar inferior, mientras que en Europa se toman medidas para disminuir el consumo de combustibles fósiles y luchar contra el cambio climático. Además del daño ambiental que producen, de hecho se trata de un caso de competencia desleal por parte de terceros países, pero también de un incentivo a que nuestras empresas deslocalicen la producción a lugares fuera de la UE en los que la normativa es más débil en materia ambiental.

La resolución del 16 de septiembre es un primer paso, aunque se sabe que el Parlamento es la más débil de las tres instituciones europeas. Especialmente en lo que respecta a los presupuestos, es la Comisión la que formula la propuesta, mientras que la última palabra la tiene el Consejo, o en realidad los gobiernos individuales de cada país de la UE. Sigue siendo cierto que se ha abierto un importante espacio político y de debate y que el Parlamento deberá pronunciarse de nuevo antes de que venza el presupuesto actual (el 31 de diciembre de 2020) y se apruebe el de 2021-2027. Varios parlamentarios ya han señalado que consideran inaceptable la ausencia de medidas que vayan en la dirección descrita. En los próximos meses veremos si las instituciones europeas, y sobre todo los países miembros a título individual, querrán avanzar en este ambicioso proceso y hasta qué punto.

Foto: David Fernández en flickr.