Artículo de Jordi Rojas para la revista Opcions

Creo que la ESS es la mejor alternativa al modelo socioeconómico y cultural del capitalismo. Hago esta aclaración porque, a partir de ahora, lo que diré podría hacer pensar que no es así. Lo que pretendo, en todo caso, es hacernos preguntas, aunque sean incómodas, poner en cuestión algunos de los datos en las que basamos muchas afirmaciones, proponer un debate en torno a nuestra estrategia transformadora y tratar de aportar alguna idea que, a mi modesto juicio, pueda ayudar a superar algún obstáculo o mejorar nuestra capacidad de debilitar el sistema hegemónico. ¿Cómo? Apostando por una economía por la vida que sustituya una economía basada en la explotación y en la acumulación.

La ESS y las clases populares de nuestro país viven, con carácter general, vidas separadas. Vidas que, puntualmente, se encuentran en algunos espacios comunes pero que, en su cotidianidad, viven en la ignorancia o el desconocimiento la una de la otra. Sin embargo, esto no ha sido siempre así.

Sin las clases populares no hay transformación

Si hacemos una mirada a la historia vemos que, tal y como nos cuenta Ignasi Faura en su libro L’economía social catalana als inicis del segle XX. Xooperació, solidaritat i valors, «A finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en Cataluña se crea una amplia red de cooperativas de consumo, sindicatos agrarios, mutualidades, ateneos y todo tipo de sociedades de los trabajadores, para dar respuesta a la mejora de las condiciones de vida, de trabajo, de cultura y educación o de salud. Cataluña desarrolló, en los inicios del siglo XX, un conjunto de sociedades que dieron respuesta a las necesidades culturales, sanitarias, agrarias, de trabajo y de consumo que requerían las clases populares y obreras». Y remacha: «Una economía que, forjada desde las luchas de las clases populares catalanas, ha articulado solidariamente nuestra sociedad, creando y distribuyendo equitativamente riqueza, cultura, comunidad, identidad».

A finales del siglo XIX y comienzos del XX, las clases populares se organizan para cubrir necesidades que el sistema no cubre

Es decir, las clases populares se organizan para cubrir necesidades que el sistema no cubre. Esto, sin embargo, cambia y, al acabar la II Guerra Mundial y con la consolidación de la política de bloques, las clases dominantes de los países del bloque occidental (sobre todo las democracias, pero no únicamente) ante el miedo a la expansión del comunismo, se afanan a construir lo que hemos denominado «el estado del bienestar», generalizando el conjunto de servicios básicos que tradicionalmente las clases populares habían resuelto con la autoorganización: sanidad, educación, vivienda, seguridad social, etc. Lo que las clases populares habían consolidado en respuesta a sus necesidades, ahora lo garantizaría el Estado.

El estado del bienestar y la privatización de los servicios básicos

La desmovilización de las clases populares, fiando su «bienestar» al estado, se produce, sin embargo, en paralelo a la «privatización» de buena parte de este catálogo de servicios que en épocas anteriores habían estado en manos de los trabajadores y trabajadoras y que ahora el estado, en mayor o menor grado, pone en manos de las grandes corporaciones. A pesar de mantener un potente sistema público de salud, la privatización de una parte importante de los servicios ha puesto en peligro su capacidad y una pandemia como la que estamos viviendo ha evidenciado su descapitalización. A pesar de que el sistema garantiza la plena escolarización, lo hace sobre la base de financiar, con recursos públicos, un importante sector de la enseñanza con un modelo privado concertado. A pesar de las políticas de vivienda de protección oficial, la emergencia habitacional se está convirtiendo en otra pandemia y asistimos diariamente al drama de los desahucios, fruto de la avaricia especulativa de los fondos buitres de inversión. Aunque el sistema de pensiones garantiza ingresos a una parte importante de la ciudadanía, después de una vida continuada de trabajo asalariado, cada vez más, los fondos de pensiones privados sustituyen la garantía de unos ingresos dignos en la etapa final de la vida.

Junto a ello, nos encontramos que algunos de los servicios básicos como la electricidad, el agua, el gas o la conectividad (sí, este, a día de hoy, también es un servicio básico) están en manos de grandes compañías, de carácter mayoritariamente transnacional, que presentan beneficios obscenos cada ejercicio y que acaban siendo el destino de una parte no pequeña de los políticos que, en el ejercicio de sus funciones públicas, han gestionado sus intereses.

Uno de ellos, no hace mucho tiempo, respondía «es el mercado, amigos» cuando se le reprochaban ciertas prácticas. Otros, sin sutilezas, responden: es el capitalismo y todas estas prácticas son legales y constituyen la esencia misma de una sociedad libre y democrática.

La realidad, sin embargo, es que, sí, es el capitalismo, pero en lugar de generar una sociedad equitativa, libre y democrática, el capitalismo nos mata. Vivimos en una sociedad profundamente desigual, con un porcentaje significativo de la población viviendo bajo el umbral de la pobreza, con unos niveles de contaminación insostenibles, con miles de personas muriendo en el Mediterráneo en el dramático camino en busca de una vida mejor y en la que un 1% de los ricos acumulan el 82% de la riqueza mundial.

El capitalismo no hay que gestionarlo, hay que combatirlo

La alternativa a este sistema debe ser una economía al servicio del bien común, una economía que ponga la vida en el centro y no el beneficio privativo y una economía basada en la equidad, la solidaridad, la democracia, la sostenibilidad y los cuidados. Que aplique la perspectiva feminista y que fomente la integración de los sectores más vulnerabilizados de la sociedad, apostando por políticas de discriminación positiva. Una economía basada en la nacionalización de los servicios esenciales y la concertación público-comunitaria de los equipamientos y servicios. Una economía social y solidaria.

¿Qué es ahora la ESS? Un conjunto de empresas, mayoritariamente cooperativas que, inspirándose en los valores tradicionales del mutualismo y la cooperación, operan en el mercado ofreciendo bienes y servicios en un entorno socio-económico profundamente diferente al de sus orígenes.

Es cierto que los datos que se presentan pueden hacer pensar que la ESS tiene un peso importante en el conjunto de la economía. Según datos de la AESCAT (Asociación Economía Social de Cataluña) de la que yo mismo formo parte, la ESS «aglutina 7.422 organizaciones, 139.202 personas trabajadoras, una base social de 2,5 millones de personas y supone una facturación de 7.853 millones de euros». Sin embargo, sabemos que estos datos, presentados de manera agregada, requieren de un análisis más detallado que nos obligaría a «afinar» algunas afirmaciones.

Partimos de una premisa, que es que «otra economía ya existe» en contraposición al lema surgido del Foro Social Mundial de Porto Alegre de que «otra economía es posible». Y no sólo decimos que ya existe, sino que la suya es una vocación inequívocamente transformadora.

La alternativa al sistema capitalista tiene que ser una economía al servicio del bien común

Los que aspiramos a construir un mundo más justo e igualitario consideramos que las actividades económicas deben cambiar radicalmente su orientación. Por eso trabajamos en el desarrollo de una economía alternativa y solidaria que se traduce en una visión y una práctica que reivindica la economía en sus diferentes facetas (producción, financiación, comercio y consumo) como medio -y no como fin – al servicio del desarrollo personal y comunitario. Un instrumento, en definitiva, de transformación social y justicia, que fomenta un desarrollo social y medioambiental sostenible y participativo.

Desde esta perspectiva, consideramos imprescindible la organización y la movilización social, a través de la denuncia y la presión sobre gobiernos e instituciones financieras, para que varíen las actuales políticas económicas.

La Economía Social y Solidaria debe estar en los espacios donde las clases populares viven y luchan

Pero, ¿estamos realmente transformando la realidad del conjunto de la ciudadanía? ¿Estamos impactando en las economías de los barrios populares? ¿Somos la respuesta a las necesidades de la gran masa de trabajadoras y trabajadores del país? ¿Movilizamos amplios sectores de la población en defensa de un nuevo modelo económico? La respuesta parece obvia.

Hoy por hoy, la ESS es un movimiento constituido mayoritariamente por personas de origen acomodado, con formación universitaria, no racializada y con un marcado sesgo ideológico de izquierda de amplio espectro, que ha optado por cooperativizar su trabajo y constituir una empresa de carácter democrático, basada en valores, sin ánimo de lucro o con lucro limitado o para vincularse a organizaciones sin ánimo de lucro del llamado Tercer Sector Social y trabajar, fundamentalmente, en el ámbito del servicio a las personas.

¿Las clases populares participan activamente de este movimiento emancipador que es la ESS?

Una propuesta, hay que decirlo y ponerlo en valor, que en la mayoría de casos va más allá del ámbito profesional y se inscribe en un posicionamiento ideológico de carácter más o menos transformador. Podríamos decir que se inscribe en el marco de un amplio movimiento social que apuesta por lo que hemos llamado «Una economía por la vida» en contraposición a una economía orientada al beneficio privativo. Un movimiento que reivindica un modelo social y económico en el que las principales protagonistas son las clases populares que luchan por emanciparse de un capitalismo que las condena a la precariedad y la vulnerabilidad. La pregunta (malintencionada) es: ¿las clases populares participan activamente de este movimiento emancipador?

No oculto que una parte de la intencionalidad de este artículo bebe del puñetazo que significó el libro La clase obrera no va al paraíso de Ricardo Romero (Nega) y Arantxa Tirado. En el mismo sentido que se sostienen sus tesis, no se trata de mitificar las «clases populares» sino entender que, sin ellas, no hay transformación posible. Quizás porque, como ellos, comparto este origen y he vivido un proceso vital similar. Quizás porque, aunque he subido en el ascensor social, sigo reivindicando mi pertenencia y entiendo las reticencias que podemos generar con nuestros discursos híper intelectuales y cargados de conceptos ajenos a sus vidas. O, lo que es peor, a una mirada que, sin quererlo, tiene mucho de superioridad moral.

Hay que decir, por honestidad, que la ESS ha sido capaz de dar respuesta rápida, solidaria, empática y arraigada al territorio en momentos de crisis profunda como ha sido esta crisis de la Covid-19 que estamos viviendo y que está golpeando duramente no sólo a los colectivos vulnerabilizados, sino una parte muy significativa de esto que aquí hemos dado en llamar «clases populares». La ESS, sin embargo, no debe ser una «economía de emergencia» que sirve sólo en momentos de crisis. Debe ser la alternativa al modelo hegemónico. Y, para serlo, debe implicarse en las luchas de las clases populares. Unas clases populares, hay que decirlo también claramente, poco organizadas, poco politizadas, desmovilizadas y, en cierto modo, imbuidas de los valores dominantes del capitalismo. Pero, al mismo tiempo, no hay que olvidarlo, las que deben ser parte nuclear del cambio. De un cambio que las reivindica como sujeto, aunque demasiado a menudo las condena a la invisibilidad.

¿Cómo pueden hacer su la ESS las clases populares para ser capaz de interpelar de forma efectiva los poderes políticos? ¿Cómo pueden ver en la ESS un instrumento de organización que sea, de verdad, un espacio de lucha y de transformación social? Recientemente, el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, en una entrevista de Laura Aznar Llucià el diario Crític, decía, hablando del independentismo: «no tenemos que ir a los barrios, debemos estar en ellos». Un poco, sería esto. La ESS debe estar en los espacios en los que las clases populares viven y luchan, en los lugares que sienten suyos, debe surgir de entre ellas.

La ESS, como movimiento, propone un modelo económico transformador e interpela el poder político desde la teorización de lo que necesita la mayoría de la población para tener una vida digna. Mientras tanto, la mayoría de la población lucha, a menudo de forma poco organizada, ya no para tener una vida digna sino para sobrevivir. Y lo hace de forma individual o en espacios de organización no vinculados a la ESS.

Sin embargo, una parte no pequeña de las activistas en los movimientos vecinales, en las redes de apoyo mutuo, en la lucha contra los desahucios son, al mismo tiempo, personas vinculadas a la ESS o, directamente, activistas de la ESS. El vínculo, sin embargo, entre estos dos activismos no siempre se hace evidente. Creo que esta es una de las claves para hacer más «popular» la ESS. Impregnar de ESS todo lo que hacemos y hacer que las luchas en las calles de barrios, pueblos y ciudades sientan el movimiento de la ESS como un movimiento propio o cómplice de sus luchas.

La lucha por la titularidad pública de los recursos

Creo también que hay que orientar nuestra propuesta transformadora hacia reivindicaciones más vinculadas a los grandes problemas a los que nos enfrentamos. Está muy bien impulsar la creación de cooperativas de vivienda en cesión de uso, porque es un modelo que combate la especulación. Pero la respuesta a la emergencia habitacional es el impulso de la vivienda social en régimen de alquiler.

Hay que construir alternativas soberanas en el abastecimiento de los bienes y suministros básicos: energía, agua, alimentación… Pero la lucha debe ser por la titularidad pública de las fuentes y de las infraestructuras. Después podremos hablar de gestión público-comunitaria.

Hace poco, leíamos en una entrevista a Joan Benach al digital Crític una afirmación que creo que nos sitúa en otra de las claves en las que la ESS debe ser un actor político vinculado a las clases populares: la reivindicación de una mayor inversión en protección y servicios sociales. Demasiado a menudo se identifica la ESS como un actor que se reivindica a sí mismo, que se preocupa por capturar su cuota de subvención pública para desarrollar sus proyectos pero que no muestra un interés real por las necesidades de los más desfavorecidos. Decía Joan Benach que «una buena parte de la población ya estaba en muy malas condiciones antes de la pandemia: altos niveles de pobreza, de desempleo y de desigualdad, precarización laboral, desahucios, servicios mercantilizados, exclusión social, servicios sociales deficientes, etc. Pensamos que, en España y en Cataluña, una de cada cuatro personas está en situación de riesgo de pobreza y de exclusión, que más de la mitad de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes, y que se gasta mucho menos de lo necesario en protección y servicios sociales.»

Para terminar, una obviedad: Las transformaciones en profundidad requieren de políticas públicas valientes. En este sentido, Ivan Miró, en esta interesantísima entrevista a Debats pel demà nos aporta un poco de luz sobre lo que hay que hacer: 

«Los partidos deberían hacer una reflexión seria. No deben aspirar al monopolio de la acción política, en todo caso deben ser una herramienta al servicio de la sociedad, y por tanto sus lógicas, a menudo incomprensibles para la sociedad, y la visión que no se pueden articular alternativas de izquierdas sustantivas a nivel político. En todo caso, lo que se puede plantear es que el protagonismo debe ser de la sociedad, los movimientos sociales, sin una movilización social y sin una agenda compartida de transición ecosocial, sin objetivos claros de nuevo modelo económico, pues los partidos seguirán con su agenda propia. Desde la sociedad tenemos que crear una agenda compartida y empujar a los partidos para que sean un instrumento de este cambio de paradigma» (Ivan Miró)

Un cambio de paradigma que sólo será posible si la ESS, los movimientos sociales y las clases populares entienden que sus deben ser, ya no sólo luchas compartidas sino la misma lucha. Porque el capitalismo no hay que gestionarlo, hay que combatirlo.

Las alianzas o colaboraciones público-privadas en la gestión de servicios públicos son una constante en los discursos de la arena política. Para unos, una medicina que ahorra costes al Estado, para otros una forma de privatizar lo público. Se definen como el acuerdo entre al menos un actor del sector público y al menos un actor del sector privado para la prestación de un servicio público.

Los servicios públicos son aquellos servicios provistos por los Estados que deberían tener como objetivo el bienestar social. Suelen ser servicios esenciales y la mayoría de ellos se pagan a través de las transferencias de la ciudadanía (personas, empresas) al Estado a través de los impuestos. Desde una visión más amplia podríamos decir que los servicios públicos deberían tener como finalidad cuidar la vida humana y no humana – que no significa que la vida se cuide solo con los servicios públicos -. Esta visión engarza con la visión del ecofeminismo: los servicios públicos son una de las herramientas para garantizar aquellas condiciones que permitan una vida que merezca ser vivida.

El debate sobre los servicios públicos se enmarca en el debate sobre la comprensión del Estado, sus funciones y con qué actores se juega la partida. El marco económico bajo el que analizamos las funciones del Estado establece a qué le damos más importancia, qué valoramos más y qué valoramos menos, también en lo económico.

APRENDIZAJES DE PANDEMIA

Durante los meses de economía pandémica se han puesto sobre la mesa una serie de cuestiones muy interesantes sobre las que reflexionar y que tan bien describía Anna Pacheco en este mismo medio en su artículo Esenciales: qué son y para qué sirven. Durante los días de encierro se nos ha obligado a pensar como sociedad cuáles son las actividades esenciales y cuáles no, y ha quedado bastante patente que las actividades esenciales son, sobre todo, las que cuidan la vida, las que mayoritariamente se quedan en la esfera de lo reproductivo y no tanto en lo productivo, muchas de ellas más precarizadas y feminizadas que el resto de las actividades y que por supuesto, en caso de remunerar algo, remuneran trabajo y no capital: cuidado de mayores, limpieza, atención a la dependencia, hostelería a domicilio, supermercados… Hoy, después de aquellos días duros y de vuelta a la normalidad hemos vuelto al criterio de la rentabilidad. Estamos en el punto de partida sin cuestionarnos absolutamente nada. Lo productivo, y las retribuciones al capital, y no al trabajo, han vuelto a tomar el control de los indicadores económicos. El PIB y la prima de riesgo como elementos vertebradores de nuestra vida y no los trabajos y condiciones de vida de aquellas personas que la sostienen.

Ni que decir tiene que esa visión economicista de la sociedad aplica a la batalla por el control y la gestión de los servicios públicos, lo cual ha quedado patente de manera lacerante durante el encierro covid. Las colaboraciones publico privadas de la Presidenta de la Comunidad de Madrid han evidenciado la falta de escrúpulos de la clase política conservadora. Esperanza Aguirre fue siempre la punta de lanza del discurso privatizador con su “no le quepa a usted duda que la empresa privada es más eficaz”. La cuenta de twitter personal de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid se ha convertido en un escaparate de marcas . Existen evidencias contra de la supuesta eficiencia de lo privado gestionando lo público. El propio Tribunal de Cuentas, ese órgano tan poco revolucionario, en un informe escrito en 2013 afirmaba que la gestión pública de servicios como agua, limpieza o basura resulta más barato que la gestión privada.

La pandemia ha plasmado que necesitamos mecanismos de gestión comunitaria de los servicios públicos, también de auditoría de los mismos. Un claro ejemplo han sido las residencias de personas mayores. Necesitamos una tercera vía. Nos faltan mecanismos de control ciudadano, comunitario, para poder establecer servicios públicos que cuiden la vida de verdad, con menos burocracia y con más participación, donde exista una auditoría real de la comunidad a la que ese servicio público sirve. Los servicios públicos han de ser de gestión pública y de acceso universal, no cabe duda. Sin embargo lo público no es necesariamente de gestión estatal, puede ser comunitaria. Es en este punto donde las organizaciones de propiedad colectiva, pegadas al territorio y con criterios sociales y solidarios tienen un gran papel que jugar. La economía social y solidaria se convierte, de facto, en un actor que debería jugar un rol fundamental en la cogestión de lo público ya que estas organizaciones no buscan el lucro, sino que reinvierten los beneficios en su objeto social y no remuneran capital, sí trabajo, aplican criterios de cuidado del planeta y de las personas y actúan en lo local. Deberíamos salir del binomio público privado y empezar a hablar de un sistema público comunitario. Un sistema en red de cooperativas y asociaciones que junto con las administraciones públicas pudieran garantizar la provisión de servicios basados en las necesidades reales de la población, contando con su participación y dinamizado en los barrios.

OTRA GESTIÓN DE LO PÚBLICO ES POSIBLE

Como muestra un botón: A3Calles es una cooperativa creada por mujeres migrantes para ofrecer cuidados de calidad y condiciones laborales dignas para las trabajadoras. Los cuidados para ellas son un derecho humano individual y colectivo, que el Estado no llega a cubrir, según la entrevista que publicaron en Cuarto Poder. Ofrecen cuidados que van más allá de la Ley de Dependencia, que tan solo contempla a mayores, menores y personas con discapacidad, es decir, ofrecen lo necesario para unas condiciones de vida dignas para todas, incluidas las trabajadoras.

El planteamiento de la dignificación del trabajo es fundamental a la hora de replantear las alianzas del Estado en la provisión de servicios públicos. Las condiciones laborales de las mujeres que trabajan para Clece, una de las mayores subcontratas de servicios de cuidados propiedad de Florentino Pérez, se han puesto sobre la mesa: menos de 1000 euros al mes y despidos abusivos de trabajadoras que denunciaban falta de medios. El salario de los médicos está en torno a los 21.000 euros anuales, casi un 20% menos que la media según el portal Indeed, un buscador que agrega publicaciones de empleo de miles de páginas web incluyendo empresas de reclutamiento y selección. Las mujeres que han montado la cooperativa de A3Calles son soberanas de sus decisiones, y su trabajo, desde luego, no sirve para engordar las carteras de capitalistas que absorben l­a plusvalía generada por sus horas de trabajo. También es interesante contar con un sistema distribuido de servicios públicos a nivel comunitario, ya que podría ofrecer posibilidades de un trabajo digno a muchas personas, la mayoría mujeres si hablamos del sector de cuidados. Las plazas públicas, ya sean de personal laboral o funcionariado quedan fuera del alcance de muchas personas por limitaciones administrativas o falta de dominio del idioma.

¿Pero cómo garantizamos que una organización cumple los criterios de la economía social y solidaria? Dentro de REAS, la Red de Economía Alternativa y Solidaria, existe el Balance Social. Una certificación que supone un ejercicio de transparencia por parte de la organización. La entidad se evalúa en base una una serie de criterios, que coinciden con los principios fundamentales de la eoconomía social y solidaria: trabajo, equidad, cooperación, compromiso con el entorno, ausencia de ánimo de lucro y sostenibilidad medioambiental. Los resultados que obtienen son públicos y transparentes, lo que garantiza que si hay malas prácticas, la organización está expuesta al escrutinio público.

Por supuesto existen retos a la hora de plantear la cogestión público comunitaria de servicios públicos. La escala es siempre un gran debate. ¿Es posible mantener la democracia interna con una empresa que supera determinada escala? ¿Es posible que haya organizaciones de economía social y solidaria en todos los sectores necesarios para la provisión de servicios públicos que cuiden la vida? Desde luego queda mucho por hacer, pero tenemos iniciativas que se han ganado un espacio meritorio en el cuidado de las personas. Reconocerlo es necesario y abrir los espacios, también.

Se puede visionar el debate que da pie a este texto en este vídeo  intervención de Genoveva López a partir del minuto ’49):

Si quieres leer las reflexiones que inspiraron la intervención de María Pulido en esta mesa, puedes leer este artículo de nuestro blog.

Un artículo de Genoveva López Morales en nuestro blog en El Salto.
Imagen: Karolina Grabowska.