Paz con Dignidad y su Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) organizan en Bilbao las Jornadas Internacionales «Palestina: economía del genocidio y empresas cómplices». Las jornadas nacen para analizar el papel de las empresas y los actores económicos en el contexto de la colonización y el genocidio del pueblo palestino, abordando sus responsabilidades desde una perspectiva jurídica, económica, política y social.

Será un espacio para escuchar de primera mano a personas activistas y expertas palestinas, analizar casos concretos, compartir conocimientos y experiencias y explorar colectivamente vías de acción, denuncia y exigencia de responsabilidades.

Fecha: lunes 5 y martes 6 de octubre de 2026
Hora: lunes 5, de 16:00 a 20:15 h; martes 6, de 9:30 a 20:30 h
Lugar: Bilborock, Muelle de la Merced, 1, Bilbao
Modalidad: presencial, con traducción simultánea
Organiza: Paz con Dignidad – OMAL
Inscripción: formulario de inscripción (gratuita)
Programa: descargar el programa completo (PDF)
Contacto: palestina_jardunaldiak@omal.info

Programa

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Este documento es el resultado de un proceso de debate virtual llevado a cabo en mayo y junio de 2021 entre mujeres de América Latina y Europa. El objetivo era la creación de un espacio de intercambio colectivo orientado a la lucha contra el poder corporativo, que cada una confronta de diferente forma desde su territorio. Este espacio busca seguir trabajando para avanzar en la construcción de una agenda internacional que ponga el foco en el creciente poder de las empresas transnacionales y sus impactos. No se trata de un documento acabado, sino del conjunto de reflexiones que nacieron en este debate y que abren una construcción colectiva a la que queremos dar continuidad.

Título: Resistencias y análisis feministas frente al poder corporativo
Autoras: Feministas de Europa y América Latina
Ilustración: Cristina Jiménez
Fecha: Julio de 2021

Enlace web

Editoras: Silvia Federici, Verónica Gago y Luci Cavallero.

Resumen: Es necesario decir ¡ya basta! Frente a la riqueza desmedida, tenemos que poner fin a las nuevas formas de esclavitud por deuda. A la servidumbre involuntaria a la que somete el capital financiero. La obligación de la deuda, el mandato que hace que no nos quede otra opción que endeudarnos para vivir, demuestra que la deuda funciona como herramienta productiva. Nos pone a trabajar. Nos obliga a trabajar más. Nos lleva a tener que vender nuestro tiempo y esfuerzo a futuro. Tiene la utopía de que paguemos hasta morir. Deudas para toda la vida. Alimentadas como obligación gracias al sentimiento de culpa que nos habla de nuestra responsabilidad como deudoras, de nuestro fracaso como emprendedoras, de nuestras cargas como cuidadoras, de nuestras exigencias frente a la falta de servicios públicos. Existe una historia de movimientos contra la deuda. Hay un archivo práctico de no-pago del que este libro da cuenta. Declaramos la deuda ilegítima. Empezamos entonces por una pregunta política: ¿QUIÉN LE DEBE A QUIÉN?

Autorías: Artículos de Ni Una Menos / Colectiva Feminista en Construcción / Mujeres de Frente / Caja de Ahorro 1 de Mayo / Territorio Doméstico / ATTAC CADTM / Plataforma Afectadxs por Hipotecas / Debt Collective / Deuda Educativa / Inquilinos Agrupados / La Laboratoria / Grupo de Investigación e Intervención Feminista / Instituto Amaq´/ Instituto Equit / CEPPAS. Esta publicación fue apoyada por la Fundación Rosa Luxemburgo con fondos del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania (BMZ).

Páginas: 240

Idioma: castellano

ISBN: 978-987-3687-79-2

Arte de tapa: Macarena Viva Fatne.

La escuela virtual de El Salto vuelve. Regresamos para hablar de Economía, con la mirada vigilante en los intereses de los grandes capitales.

La escuela virtual de El Salto vuelve, y lo hace en la mejor de las compañías. Regresamos para hablar de Economía, con la mirada vigilante en los intereses de los grandes capitales y las multinacionales, mapeando cómo este sistema económico depredador acosa al planeta, y pensando juntas en otra forma de entender la cosa económica que ponga la vida en el centro. Para hacer este recorrido contaremos con nuestras compañeras de OMAL (Observatorio de multinacionales de América Latina), Carro de Combate y REAS Madrid (Red de Economía Alternativa y Solidaria).

Hablamos mucho de la crisis económica activada por la emergencia sanitaria, son habituales los titulares que nos regalan los peores augurios, pintando un escenario que paraliza y dificulta el análisis. Por ello te proponemos una formación en la que vamos a diseccionar este sistema que ya estaba en crisis antes de que la pandemia lo acelerase todo.

El curso durará un total de cinco semanas, contando con cuatro sesiones en las que cada una de las organizaciones que participan abordará desde su trayectoria la crisis sistémica, de qué manera la Pandemia afecta al entramado capitalista y qué otras prácticas y miradas pueden conducirnos a nuevos horizontes. La última sesión consistirá en un taller de periodismo económico de la mano de El Salmón Contracorriente en el que podamos integrar los contenidos del curso en un artículo o reportaje.

• Dónde: Plataforma de formación online El Salto/Edita
• Cuándo: Del 5 de abril al 15 de mayo. Sesiones online: Lunes de 19 a 21h (12, 19 y 26 de abril y 3 de mayo)
• Docentes: Genoveva López (REAS Madrid), Nazaret Castro (Carro de Combate), Erika González (OMAL), Yago Álvarez (El Salmón Contracorriente)
• Metodología: Webconferencia semanal con posibilidad de visionado posterior, materiales de lectura y debate, foros de participación, trabajo final en forma de pieza periodística.
• Duración: El curso constará de cinco semanas con una carga horaria de 25h
• Inscripciones: hasta el 28 de marzo
• Matrícula: Si NO eres socia: 120€ pincha aquí /Si eres socia de OMAL, REAS, Carro de Combate o El Salto: 95€ pincha aquí Si tienes dudas o prefieres un pago domiciliado escríbenos a formacion@elsaltodiario.com con el asunto “Crisis, transnacionales y lavado verde”

A pesar de la desaparición del TTIP y el CETA de la agenda mediática, la lucha contra los tratados de libre comercio sigue siendo un eje clave de la defensa de la soberanía y la democracia. Por ello desde la Campaña contra el TTIP y el CETA vemos necesario ampliar el foco hacia la nueva oleada de tratados de comercio e inversión que impulsa la Unión Europea. Entendiendo que en el contexto actual los tratados se convierten en la expresión de una oleada anti-democrática a nivel mundial, que intenta imponer los intereses económicos de unos pocos, por encima de la soberanía de los pueblos.

Este nuevo contexto plantea la necesidad de reformular nuestro discurso, actualizarlo y fortalecerlo. Tanto por lo que hace al análisis de las consecuencias de esta nueva oleada en nuestro territorio, como por las formas de hacerle frente. Entendiendo que la resistencia contra los tratados de libre comercio, como una de las expresiones claras del poder corporativo, tendrá que ir de la mano de una articulación más fuerteentre los diferentes colectivos que trabajamos en defensa del territorio, la democracia, la soberanía y de unas vidas que merezcan la pena ser vividas.

Estas jornadas surgen, por tanto, de la necesidad de entender qué papel están jugando los tratados de libre comercio e inversión dentro de la nueva ofensiva del capital; poniendo especial atención en el papel que juega Euskal Herria en esta reconfiguración y en las estrategias que jornadas debemos desarrollar para hacerle frente. Por ello, se plantea una mesa redonda en la que abordar este debate desde diferentes perspectivas y un espacio de debate destinado a impulsar esta articulación entre las alternativas y resistencias que se están construyendo en diferentes ámbitos.

INSCRIPICIÓN PARA LAS JORNADAS (Fin del plazo: 27 de abril)

Viernes 4 de mayo 18:00-20:30

Mesa redonda: Desmontando la nueva ofensiva del capital

• Nuevas tendencias del capitalismo global [Erika Gonzalez]
• Euskal Herria frente a la nueva ofensiva del capital [Jule Goikoetxea]
• Los municipios frente a la nueva ofensiva [Ayuntamiento de Iruña]

Sábado 5 de mayo 9:30-14:00

World café: Defensa de la soberanía y la democracia frente al poder corporativo

• Tratado de los pueblos y Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria: alternativas al poder corporativo [Juan Hernández + ponente por confirmar]

Talleres de debate sobre experiencias de resistencia y alternativa al poder corporativo en diferentes ámbitos:

1. Laboral [Gonzalo Fernández y Laura Gonzalez de Txabarri]
2. Servicios públicos [Eider Casanova]
3. Feminismo [Feministalde]
4. Municipalismo y recuperación de soberanías [Iratxe Arriola]
5. Control y resistencias frente al poder corporativo [Erika González]

Por Gonzalo Fernández para La Marea

El libro ‘Alternativas al poder corporativo’ recoge 20 propuestas y 90 medidas políticas frente al poder de las grandes empresas, fruto de la sistematización de 30 experiencias de resistencia, regulación y propuesta alternativa en América Latina y en Europa.

“Vivimos en el mejor de los mundos, no hay alternativa posible”. Este es el mensaje con el que nos llevan bombardeando durante décadas, de manera machacona: el capitalismo ha triunfado y no tiene oposición. Máxima que se mantiene aún hoy, incluso en los tiempos que corren, donde se evidencia el colapso ecológico en el que nos encontramos, las crecientes desigualdades que nos asuelan, la violencia y la exclusión como pan de cada día.

“Dentro del sistema, todo; fuera, el abismo”, añaden ahora, ante el oscuro panorama que se nos ofrece a la humanidad y al planeta. De esta manera, como cada vez se hace más complicado vender las virtudes del sistema, centran sus esfuerzos en destruir toda iniciativa, propuesta, agente y proceso que ose marcar otras sendas por las que avanzar. El marco de lo posible —nos siguen diciendo—  es tan estrecho como el que define la lógica capitalista y la democracia formal. Se impone un imaginario dentro de este minúsculo margen, que tratan de inocularnos hasta que parezca pensado por nosotras mismas: no hay bienestar sin crecimiento económico; los problemas ecológicos tienen solución tecnológica; el comercio y la inversión son premisas del desarrollo; si a las grandes corporaciones les va bien, nos irá bien a todos y todas. Precisamente, son las empresas transnacionales, principales protagonistas del sistema vigente, quienes más interés tienen en sostener y difundir este imaginario, como vía para mantener y ampliar un poder sin igual en la historia: actualmente, 69 de las 100 principales entidades económicas mundiales son empresas y solo 31 Estados.

A la vez, su acceso e incidencia en las decisiones estratégicas es enorme a través de la labor de lobby, de la corrupción y de las “puertas giratorias” —auténticas camas redondas público-empresariales, en realidad—; manejan la información y la comunicación a través del control de seis grandes conglomerados mundiales; y han impuesto un marco jurídico global plagado de tratados de comercio e inversión, que configuran una arquitectura de la impunidad que sitúa en un altar la seguridad en las inversiones, mientras que los derechos humanos y de la naturaleza se arrodillan. “Las instituciones financieras multilaterales son necesarias para garantizar la estabilidad de los países” y “los tratados de libre nos benefician a todos, quedarse fuera es rezagarse en el progreso”, nos repiten cual mantra.

Pero por mucho que insistan, cada vez más comunidades, movimientos sociales y gobiernos populares tienen claro que sí hay alternativas, y que todas ellas transitan por caminos antagónicos a los hoy dominantes. Son alternativas no solo teóricas, sino sobre todo prácticas, demostrando que se hace camino al andar y que la disputa es aquí y ahora, para ganar nuestro presente y nuestro futuro. No hay término ni vía intermedia: o apostamos y defendemos la vida, o nos hundimos con el capital. El imaginario hegemónico se rompe y se cuestiona desde la raíz.

Así, por ejemplo, en 2008 se remunicipalizó el servicio del agua en París, frente a la oposición de las dos más grandes empresas mundiales del sector (Suez y Veolia), demostrando la viabilidad de lo público frente a la avaricia corporativa. A su vez, Bolivia había denunciado en 2015 todos y cada uno de los 22 tratados bilaterales de comercio e inversión firmados hasta esa fecha, cancelando en 2006 su deuda con el FMI y  poniendo fin a su adhesión a los tribunales de arbitraje del Banco Mundial, sin hundirse ni mucho menos por ello. Y podemos destacar también, entre muchas otras experiencias, el caso de la empresa de producción de té FRALIB, recuperada en Marsella por los y las trabajadoras, evidenciando la posibilidad de que estas dirijan la misma sin patrón alguno —y además desde una perspectiva agroecológica—, frente al gigante Unilever, que pretendía deslocalizar dicha planta en Polonia en busca de menores costos laborales.

Este es el punto de partida de Alternativas al poder corporativo, un libro que recoge 20 propuestas y 90 medidas políticas frente al poder de las grandes empresas, fruto de la sistematización de 30 experiencias de resistencia, regulación y propuesta alternativa en América Latina y en Europa. Se trata de plantear, de esta manera, toda una agenda de confrontación con las multinacionales —que necesariamente debe ser aterrizada a contextos y agentes específicos— cuya meta es, en última instancia, contribuir a la movilización social y a la agencia política frente al poder corporativo y al capitalismo, a partir de la sugerencia de una respuesta humilde pero articulada a las preguntas sobre qué, hacia dónde y cómo hacerlo.

1. Apuesta inequívoca por la vida frente al capital. Los contextos climático y energético están poniendo en riesgo la vida tal y como la hemos conocido, y por ello es necesario disputar espacios a los mercados, la ganancia y el lucro, posicionando en sentido contrario el bien común, la democracia, el trabajo y la sostenibilidad. Es fundamental incidir en la impostergable transición energética, como propone la cooperativa vasca sin ánimo de lucro GoiEner que, además de garantizar consumo de energía renovable a sus socias, se plantea la producción local y social como horizonte. A su vez, es fundamental priorizar la defensa de la tierra y el territorio frente a los megaproyectos, tal y como nos muestran miles de experiencias de resistencia, de entre las que destacamos la articulación de campesinos, maestras y comunidades del istmo de Tehuantepec (México) frente a los “desiertos eólicos”, en los que participan empresas como Iberdrola. Esta defensa del territorio en ningún caso conlleva obviar la apuesta global, como ejemplifica la red de articulación internacional de sindicatos y movimientos en torno a la empresa minera brasileña Vale, con nodos que van desde Canadá a Mozambique.

2. Defensa de la democracia y avance del poder popular. Frente a la democracia de baja intensidad, la única vía posible es la de fortalecer la regulación y ampliar los procesos participativos. Destacamos aquí la propuesta de un Tratado de los pueblos impulsada por la campaña global Desmantelando el Poder Corporativo, que defiende un sistema jurídico internacional en favor de los derechos humanos y de la naturaleza frente a la lex mercatoria. Igualmente son muy valiosos ejercicios de democracia directa como las consultas populares realizadas en muchos lugares del mundo frente a la arremetida de los megaproyectos, desde la celebrada en 2005 en Sipakapa (Guatemala), ante el rechazo popular a la entrada de la minera canadiense Goldcorp, al referéndum realizado en 2011 en Italia en favor del agua como derecho y servicio público, hito de soberanía popular frente a la privatización.

3. Construcción de economía alternativa. Es fundamental demostrar la viabilidad de otros principios y sistemas viables de entender la economía, más allá de la hegemonía absoluta de mercados y grandes empresas. Así, es importante aprender del ejemplo de REAS en el Estado español, una red que integra producción basada en el trabajo, mercado social y finanzas en un sistema de intercooperación articulado y en expansión. O del movimiento de la Vía Campesina, que impulsa procesos de reforma agraria, apoyo a las economías campesinas y al modelo agroecológico a partir del enfoque de soberanía alimentaria, tal y como propone también el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Podemos destacar también el intento de generar nuevas institucionalidades basadas en la autogestión, como el proyecto de comunas venezolanas.

4. Redistribución radical de bienes y trabajos. No hay emancipación sin igualdad, por lo que redistribuir es preceptivo. Y no nos referimos únicamente a los recursos sino que, dentro de una lógica de desmercantilización, ampliamos la mirada a la propiedad de todo aquello que resulte fundamental para la sostener la vida, así como de todos los trabajos necesarios en ese sentido. Destacamos así la apuesta por una compra pública socialmente responsable, como la impulsada en el Estado español a través de muchos ayuntamientos; la incidencia en favor de una fiscalidad internacional que ponga fin a los paraísos fiscales y a la evasión y elusión fiscal; la realización de auditorías para el impago de la deuda y la nacionalización de empresas y sectores estratégicos como las llevadas a cabo en Bolivia y Venezuela en la última década. Además, tenemos mucho que aprender de planes de igualdad como el hoy vigente en Gipuzkoa, que aborda de manera novedosa y emancipadora aspectos cruciales como los cuidados y las asimetrías de género.

5. Estrategias corresponsables y articuladas local-globalmente. Para avanzar en términos de poder popular es fundamental, ahí donde sea posible, el esfuerzo combinado de instituciones, movimientos sociales y comunidades. Gobiernos que regulen y también favorezcan la emancipación, organizaciones sociales que sostengan la agenda de transformación estructural desde una lógica de transición. Este ha sido el caso del Programa Campesino en Porto Alegre (Brasil), con el que se han articulado organizaciones campesinas, sindicatos urbanos y la municipalidad para impulsar una estrategia de alimentación saludable y transición agroecológica conjunta. Al igual que el caso de Nápoles, donde la municipalidad otorga valor jurídico a los procesos de autogestión, ensayando nuevas institucionalidades alternativas.

No podemos caer en el desánimo. Frente al imaginario único, hay muchos otros imaginarios, viables, en marcha, que disputan espacios al capital. Esperamos que este y otros trabajos parecidos sirvan para ponerlos en valor y multiplicar su fuerza. Los pueblos y comunidades sí tenemos alternativas, sí hay otros mundos posibles.

Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate es investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad.

Nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas que, según Naciones Unidas, se celebra el 9 de agosto y, al mismo tiempo, todavía recordamos el asesinato el pasado día 3 de marzo, en Honduras, de la activista lenca Berta Cáceres.

Pero, si bien su muerte y la de otros líderes ha dado pie a un incipiente interés internacional por lo que está ocurriendo con las personas defensoras de la naturaleza, esta es todavía una guerra de baja intensidad que se mantiene en gran medida oculta. Y esto dado que está dirigida en todo el mundo desde los intereses económicos de las empresas transnacionales. Es por ello que no se ha conseguido aún visibilizar otro dato que sobresale en esta dura estadística, como es el hecho de que quienes proporcionalmente más muertes y represión están sufriendo y, por tanto, quienes protagonizan por encima de otros sectores la defensa de la naturaleza, son los pueblos indígenas.

En cierta forma, seguimos pensando que la lucha por la defensa del medio ambiente, por la tierra, es solo patrimonio de occidente, de algunas de sus instituciones y de sus organizaciones medioambientalistas. Pero no es así y los dramáticos datos lo atestiguan: de los más de 1.000 asesinatos cometidos entre 2002 y 2014 contra quienes defienden el medio ambiente, el 40% fueron personas indígenas, pese a que estos pueblos son un escaso 5% de la población del planeta. Esto solo sobre informes conocidos y contrastados, ya que los estudios dicen que hay un alto número de asesinatos de los que nunca se llegan a tener noticias.

Para entender mejor esta situación es necesario comprender la concepción que estos pueblos tienen sobre sus territorios. Ellos defienden que «nuestro territorio no es una cosa, ni un conjunto de cosas utilizables, explotables, ni tampoco un conjunto de recursos; nuestro territorio, con sus selvas, sus montañas, sus ríos y humedales, con sus lugares sagrados donde viven los dioses protectores, con sus tierras negras, rojas y arenosas y sus arcillas es un ente vivo que nos da la vida, nos provee agua y aire; nos cuida, nos da alimentos y salud; nos da conocimientos y energía; nos da generaciones y una historia, un presente y un futuro; nos da identidad y cultura; nos da autonomía y libertad. Entonces, junto con el territorio está la vida y junto a la vida está la dignidad; junto al territorio está nuestra autodeterminación como pueblos». Esto determina que hoy sean los pueblos indígenas quienes sostienen la mayor carga en la defensa de la naturaleza, especialmente porque esa visión choca frontalmente con la idea y utilidad que a estos espacios otorgan gobiernos y transnacionales. Así, la mayoría de los homicidios de defensores están vinculados con las protestas contra megaproyectos de desarrollo y extractivas mineras, forestales o hidroeléctricas.

El sistema capitalista, en su fase neoliberal, ha entregado con total impunidad la naturaleza a las transnacionales extractivas. No solo por el hecho de que toda la normativa nacional e internacional hoy se establece para proteger sus inversiones y negocios, sino también por el hecho de que esa legislación y/o impunidad supone en la mayoría de los casos la violación sistemática de los derechos humanos individuales y colectivos. De esta forma, se puede afirmar que la defensa de la naturaleza se ha convertido en el nuevo campo de batalla para los derechos humanos. Y esa lucha, aunque invisibilizados sistemáticamente, son los pueblos indígenas quienes la protagonizan.

Las empresas transnacionales tienen cada día un mayor poder económico, con el que pueden someter al político para que defina nuevas normas, o adapte las existentes. El objetivo siempre es el mismo: obtener condiciones ventajosas para sus negocios y para el aumento de sus beneficios. Si bien esta es una constante del sistema neoliberal, es especialmente grave cuando entra en juego la naturaleza. Los impactos más agresivos contra esta, en su gran mayoría, son ignorados o disimulados tras grandilocuentes declaraciones internacionales y pequeñas concesiones/donaciones sociales a las poblaciones más directamente afectadas por la contaminación y degradación causada.

Para el caso de los pueblos indígenas, las empresas transnacionales irrespetan los estándares internacionales de protección a los derechos humanos que les atañen más directamente. Dicho de otra forma más clara, se está desarrollando un contexto de violaciones sistemáticas de derechos, especialmente sobre los territorios o el obligatorio de consulta a estos pueblos ante cualquier gran proyecto de desarrollo a ejecutar en sus tierras. Estas empresas hoy se benefician impunemente de los favorables sistemas jurídicos y legislativos hasta, prácticamente, convertirlas en entidades intocables. A partir de ahí, su abanico comprende la presión a los poderes políticos para la definición de doctrinas y normas en beneficio de sus intereses empresariales, la corrupción y sobornos, o el control y uso de cuerpos policiales y paramilitares para la represión de la protesta.

Además de las muertes individuales, los ejemplos dramáticos de afectación negativa por parte de las transnacionales, principalmente las extractivas pero también forestales y otras, sobre diferentes pueblos indígenas recorren el planeta. Y en este doloroso ranking América Latina sigue siendo la región del mundo más peligrosa para quienes ejercen la defensa de la naturaleza; países como Brasil, Colombia, Honduras o México encabezan esta lista y el 99% de las violaciones colectivas o de los asesinatos quedan impunes. En la misma línea hoy en día siguen produciéndose casos de pueblos desaparecidos o en práctico proceso de extinción como consecuencia de los impactos de las actuaciones de empresas transnacionales. Se aducirá que son «daños colaterales» en aras del progreso, pero lo cierto y denunciable es que son fehacientes violaciones de los derechos humanos. No puede admitirse que esos derechos y la dignidad de las personas se sigan poniendo en la misma balanza que los intereses económicos y siempre salgan dramáticamente perdiendo.

Las Naciones Unidas han reconocido y denunciado en diferentes momentos y documentos esta situación. Relatores especiales de este organismo internacional han señalado que las actividades de las industrias extractivas son fuente de conflictos. Igualmente, reafirman que este tipo de acciones de empresas trasnacionales en territorios indígenas violan constantemente derechos y han llamado a los gobiernos a cumplir con su responsabilidad de protección frente a los intereses económicos de las empresas. Evidentemente, unos y otros hacen oídos sordos a este tipo de llamamientos.

Berta Cáceres, indígena, feminista y defensora de los derechos humanos y medioambientales, había recibido en 2015 el premio Goldman, considerado el Nobel del medio ambiente. En 2016, Máxima Acuña, indígena quechua (Perú) recibió el mismo premio por su lucha contra el megaproyecto minero en Conga, de la transnacional estadounidense Newmont Mining Corporation. «Por eso yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. Yo no tengo miedo al poder de las empresas, seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca y por todos los que estamos en lucha en Cajamarca», afirmó Máxima al recoger el galardón, pese a haber sufrido la violencia de funcionarios locales que actúan en connivencia con la empresa minera y con las autoridades peruanas.

Como señalaba al inicio, nos situamos ante un nuevo Día Internacional de los Pueblos Indígenas y estos, más allá de grandes declaraciones, siguen planteando al sistema dominante y a los gobiernos del mundo la disyuntiva entre los intereses de las empresas transnacionales o la defensa de la vida y la naturaleza.

JESÚS GONZÁLEZ PAZOS

Asistimos a una crisis que apunta a la raíz del sistema. Un sistema que de manera asfixiante y natural ha ido mercantilizando, dominando y arrebatando espacios a la democracia, a la humanidad, a la vida en definitiva, por lo que no puede ser reformado sino trascendido. Nos enfrentamos a un conflicto explícito entre la vida y el capital, en el que este último lamina las bases materiales de reproducción de la vida, se desarrolla sobre violencia y sobre crecientes desigualdades que afectan a grandes mayorías, y se muestra ingobernable a la hora de responder a criterios de justicia y sostenibilidad.

El conflicto se acrecienta en base a la pugna entre las personas y los pueblos en favor de la vida, por un lado, y quienes la ponen en riesgo –el capital, las grandes corporaciones y sus alianzas–, por el otro.

En este marco, los caminos se bifurcan y se hace más notoria la necesidad de confrontar propuestas, la urgencia por generar e implementar alternativas al statu quo. Por eso hay que disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales: disputar la soberanía y autonomía de las personas y pueblos para decidir sobre su presente y futuro; disputar la primacía de las lógicas de justicia y sostenibilidad frente a las del ánimo de lucro y el crecimiento incesante; disputar los diversos saberes populares frente al pensamiento único y corporativizado.

Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. Debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida, que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas.

Además, es posible. Así, y a pesar del poder omnímodo que acumulan estas empresas, hoy en día ya se están formulando e impulsando alternativas que confrontan directamente el poder corporativo. No se trata entonces de una esperanza basada en vagas utopías, sino más bien en prácticas existentes y en la creencia en la capacidad de la humanidad para tomar las riendas de su futuro. El reto consiste en cómo articularlas para ir progresivamente arrebatando espacios para la democracia, la igualdad y la sostenibilidad, desde estrategias políticas confrontativas y de disputa de espacios, valores y legitimidades.

Distintas naturalezas

Estas iniciativas son de una naturaleza muy diversa. En primer lugar, alcanzan diferentes intensidades dentro de la lógica de transición, desde la resistencia (ocupación de monocultivos por parte de campesinas brasileñas el 8 de marzo) hasta la propuesta alternativa (soberanía alimentaria, ecofeminismo, economía solidaria), pasando por la regulación (normas vinculantes y observatorios internacionales). En segundo lugar, son impulsadas por diferentes actores, como los movimientos sociales (nacionalización de sectores estratégicos, control público y/o social de los bienes naturales, reparto del trabajo), los gobiernos (leyes de regulación de la mercantilización de la información, normativa en defensa de derechos), las personas (consumo responsable, boicot) e incluso las propias empresas (democracia interna, primacía del trabajo frente al capital, tratamiento no capitalista del capital).

Por último, se formulan en función de los diferentes ámbitos competenciales de nuestra sociedad global, desde el territorio (mercado social, lucha contra la minería a gran escala), pasando por el Estado (nacionalización de la seguridad social), el nivel regional (como los valores de reciprocidad defendidos en el ALBA-TCP) y el internacional (propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos). Es por tanto fundamental reconocer, visibilizar, articular y vincular toda esta miríada de alternativas —dentro de las cuales las señaladas son solo unos ejemplos—, en una lógica de transición y de disputa integral respecto a las multinacionales.

No obstante, es necesario que en este punto nos preguntemos por el horizonte de nuestras alternativas. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Alternativas a qué y para qué? En este sentido, es importante tener en cuenta que no toda propuesta tiene por qué ser considerada una alternativa al sistema actual por el hecho de no circunscribirse estrictamente a los parámetros y principios hegemónicos. Al mismo tiempo, no toda iniciativa nace desde una lógica procesual de transición, ni desde análisis certeros de la compleja realidad global estructurada en torno al sistema de dominación múltiple. Es aquí donde se vuelve indispensable contar no con un modelo cerrado y universal, sino más bien con una serie de principios e ideas-fuerza que nos ayuden a definir cuáles son los horizontes de emancipación que nos pueden servir de referencia para reconocer, priorizar y construir alternativas.

Muchas son las perspectivas (economía feminista, ecológica, marxista, solidaria, soberanía alimentaria, decolonialidad, buen vivir, etc.) que aportan su grano de arena en este sentido. Sin ánimo de ser exhaustivos, planteamos una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la democracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales.

Asistimos de esta manera a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar, disputando el poder, el ser y el saber a las transnacionales. Es un compromiso de todas y todos, es nuestro compromiso.

Algunas claves para  la transición

• Asunción de los ciclos de energía, materiales y residuos.
  
• Gestión democrática de la demanda en base a un consumo menor y más responsable.
  
• Democratización de las decisiones económicas (estados, pueblos, comunidades, empresas, hogares).
  
• Desmercantilización capitalista de la economía (bienes comunes, propiedad pública y/o social).
  
• Redistribución y reparto equitativo de los trabajos; redistribución igualitaria de los recursos.
  
• Democratización cultural (comunicación, conocimiento, etc).
  
• Reconocimiento de economías diversas.
  
• Fomento de economías no capitalistas.
  
• Apuesta por sistemas económicos basados en la reciprocidad y la intercooperación.

Por Gonzalo Fernández Ortiz de Zárate para Revista Pueblos

Quienes asistieron al nacimiento de las primeras compañías comerciales en Holanda en el siglo XVII, quienes vivieron la aparición de las fábricas textiles en Manchester en el siglo XIX, e incluso quienes contemplaron la configuración de las grandes empresas fordistas y de los incipientes conglomerados corporativos estadounidenses a lo largo de los primeros dos tercios del siglo XX, no dejarían de mostrar su asombro ante el poder acumulado hoy en día por las empresas transnacionales.

Es más, podríamos llegar a afirmar que el mismísimo Karl Marx (que no fue ni mucho menos ajeno a las dinámicas de centralización y concentración del capital) se quedaría perplejo si pudiera visualizar la dimensión global y el peso que las grandes corporaciones han alcanzado en múltiples aspectos de nuestras vidas, de todas y cada una de las personas y pueblos que vivimos en este mundo globalizado.

Es precisamente a partir de la actual fase de globalización neoliberal, iniciada hace cuatro décadas en el contexto de la crisis de los 70, cuando las tendencias expansivas de las empresas transnacionales se agudizan. Éstas se convierten en los agentes que con mayor fuerza impulsan una salida a dicha crisis desde el ahondamiento de los valores civilizatorios vigentes (ánimo de lucro, maximización de la ganancia, acumulación, crecimiento incesante), a través de una propuesta política conocida como Consenso de Washington (desregulación, apertura, flexibilización, limitación de las capacidades de los Estados). La implementación de dicha propuesta se ve favorecida por el disciplinamiento de la clase trabajadora, por un lado, así como por las mejoras tecnológicas en el transporte, la comunicación y la información, por el otro.

De esta manera, éstas asumen el papel de agente hegemónico de la globalización neoliberal y amplían no sólo su frontera espacial a lo largo y ancho del mundo, sino también su frontera sectorial (incorporando progresivamente al mercado capitalista y controlando ámbitos como la agricultura, los servicios, los bienes naturales, las patentes sobre la propia vida, etc.), e incluso su frontera política (alcanzando una capacidad de incidencia superior a la de los Estados y los pueblos).

Acumulan así un poder extraordinario que se expande más allá de lo económico y que se evidencia también en los ámbitos político, cultural y jurídico. En este sentido, y en lo que respecta al poder económico, las empresas transnacionales se sitúan en el centro de las grandes cadenas globales de producción, distribución, comercialización, finanzas y comunicación, lo que les permite acumular beneficios que superan en ocasiones las capacidades de los propios Estados. Algunos ejemplos: Wal-Mart, la mayor empresa del mundo, maneja un volumen anual de ventas que supera la suma del PIB de Colombia y Ecuador, mientras la petrolera Shell tiene unos ingresos superiores al PIB de Emiratos Árabes Unidos, al igual que el BBVA comparado con Guatemala.

Por supuesto, esta situación de privilegio económico se traslada de manera natural a un poder político creciente. Las multinacionales son las principales beneficiarias (y defensoras a ultranza) de la democracia de baja intensidad en la que vivimos, donde las decisiones se alejan de la ciudadanía y se toman cada vez más en ámbitos supraestatales (como estamos viendo en las negociaciones del TTIP [1] o del TISA [2]), sin las mínimas garantías democráticas de participación e información, y contando con la connivencia de Estados matrices y receptores, así como de las principales instituciones multilaterales, formales (FMI, OMC) o informales (G7). Es en este contexto y en estos espacios donde su capacidad de incidencia a través de lobbies se acrecienta, a la vez que, en sentido contrario, los Estados (y no digamos ya los pueblos) pierden peso específico. De esta manera, los gobiernos ven limitada su capacidad para actuar en defensa de la ciudadanía en espacios donde no tienen protagonismo. A su vez, la infiltración de las transnacionales en sus competencias y responsabilidades es tal que en muchas ocasiones los Estados priman la alianza con éstas frente a su compromiso con las mayorías sociales, bien sea por derrotismo (no hay alternativa), persuasión (empleo, negocios, inversión extranjera directa, etc.) y/o corrupción (sobornos, puertas giratorias, etc.), situando a las grandes corporaciones como agentes políticos de primer orden.

Pero, además, las empresas transnacionales acumulan también poder cultural, jugando un papel fundamental en la reproducción simbólica del sistema, convirtiéndose en sujetos activos en defensa de una civilización individualista, consumista, fragmentada y despolitizada. De esta manera, han entendido con claridad que su legitimación depende de los imaginarios colectivos, de los valores imperantes, para lo cual han llevado la cultura a su terreno (mercantilizándola en la medida de lo posible), a la vez que han diseñado, impulsado y generalizado un formato universal de sociedad, de ciudadanía global, y de saber y conocimiento, adaptado a la primacía del crecimiento capitalista y a la democracia de baja intensidad.

Finalmente, y como garantía para mantener todo este entramado de poder económico, político y simbólico, las corporaciones transnacionales acumulan un aplastante poder jurídico. Éste se muestra en una lex mercatoria (derecho fuerte, basado en una maraña de complejos tratados, acuerdos comerciales, de inversión, etc.) que se impone sobre la soberanía de los pueblos y sobre el marco internacional de derechos humanos (derecho débil), generando así una arquitectura de la impunidad que les protege y blinda jurídicamente de las posibles iniciativas populares y/o de los Estados.

El círculo se cierra. Pasamos del poder económico al político, y de éste al cultural, todo ello bajo un marco jurídico actualmente inexpugnable y que les favorece. Han conseguido, por tanto, ser el agente protagonista y hegemónico en nuestra realidad global, con una gran incidencia en múltiples ámbitos de nuestras vidas.

En el centro del conflicto capital-vida

La relación entre las empresas transnacionales y el sistema vigente es de absoluta simbiosis. Por un lado, es éste quien dentro de su propia lógica de reproducción ha posibilitado y favorecido el poder de las empresas transnacionales, frente al de las personas y pueblos. Por el otro, son las grandes corporaciones el agente fundamental y centro del sistema, quien lo valida y sostiene. Sistema y trasnacionales son por tanto hermanas siamesas imposibles de separar: éstas no sobrevivirían sin un modelo de sociedad que no primara los valores civilizatorios del lucro, ganancia, competencia y acumulación; mientras que el sistema no se podría trascender sin enfrentar explícitamente a las transnacionales. Su devenir camina entonces por la misma senda.

Es precisamente esta senda la que muestra hoy en día con toda crudeza su carácter desigual, ingobernable, violento e insostenible. Hablamos de crisis civilizatoria, atravesamos una crisis multidimensional cuya génesis situamos en el propio modelo de sociedad global imperante, cuyos parámetros de civilización básicos desde hace más de dos siglos (progreso, individualismo, crecimiento económico capitalista y democracia liberal-representativa) y cuyos principios fuertes (ánimo de lucro, ganancia, acumulación), agudizados en la actual fase de globalización neoliberal, nos conducen a un callejón sin salida.

Esto es fundamentalmente porque el propio sistema es incapaz de enfrentar esta situación en clave de bienestar, democracia, justicia y sostenibilidad, valores de segundo orden o incluso antagónicos con su propia naturaleza. Y es esta naturaleza la que lleva en su génesis una vulnerabilidad estructural que se manifiesta en un sistema de dominación múltiple que sufrimos las mayorías populares, de manera intensa pero desigual, y en el que se articulan capitalismo, patriarcado, productivismo, colonialidad y democracia de baja intensidad. Son precisamente las grandes corporaciones quienes se sitúan como agente necesario en dicha dominación múltiple. En este sentido, la primacía de sus valores y estrategias de mercantilización, centralización y concentración no sólo no ha conllevado la mejora económica prometida (cantidad y calidad en el empleo, prestación de servicios, inversiones, transferencia tecnológica), sino que ha generado unos impactos muy negativos en términos sociales, políticos, ambientales y culturales, sistemáticamente denunciados por personas y pueblos de todo el mundo.

Asistimos a una crisis que apunta a la raíz del sistema. Un sistema que de manera asfixiante y natural ha ido mercantilizando, dominando y arrebatando espacios a la democracia, a la humanidad, a la vida en definitiva, por lo que no puede ser reformado sino trascendido. Nos enfrentamos pues a un conflicto explícito entre la vida y el capital, en el que este último lamina las bases materiales de reproducción de la vida, se desarrolla sobre violencia y sobre crecientes desigualdades que afectan a grandes mayorías, y se muestra ingobernable a la hora de responder a criterios de justicia y sostenibilidad. Por lo tanto, el conflicto se acrecienta en la pugna entre las personas y los pueblos en favor de la vida, por un lado, y quienes la ponen en riesgo (el capital, las empresas transnacionales y sus alianzas), por el otro.

Los caminos se bifurcan y se hace más notoria la necesidad de confrontar propuestas, la urgencia por generar e implementar alternativas al statu quo. Como hemos dicho, sistema y grandes compañías son hermanas siamesas, por lo que es momento de disputar el poder, el ser y el saber a las transnacionales: disputar la soberanía y autonomía de las personas y pueblos para decidir sobre su presente y futuro; disputar la primacía de las lógicas de justicia y sostenibilidad frente a las del ánimo de lucro y el crecimiento incesante; disputar los diversos saberes populares frente al pensamiento único y corporativizado.

Alternativas a las transnacionales… ¿Hacia dónde?

Vivimos un momento de agudización del conflicto capital-vida, por lo que es necesario y urgente que nos empeñemos no sólo en resistir ante los embates del capital, sino también en proponer alternativas que prefiguren y desarrollen en la práctica otras formas de organización social. En este sentido, debemos iniciar y consolidar procesos de transición en defensa de la vida que nos permitan colocar diques de contención que frenen la actuación de las transnacionales, a la vez que nos posibiliten avanzar en la consecución de espacios emancipadores que escapen a sus lógicas.

Además, es posible. Así, y a pesar del poder omnímodo que acumulan estas empresas, hoy en día ya se están formulando e impulsando alternativas que confrontan directamente el poder corporativo. No se trata entonces de una esperanza basada en vagas utopías, sino más bien en prácticas existentes y en la creencia en la capacidad de la humanidad para tomar las riendas de su futuro. El reto consiste por tanto en cómo articularlas para ir progresivamente arrebatando espacios para la democracia, la igualdad y la sostenibilidad, desde estrategias políticas confrontativas y de disputa de espacios, valores y legitimidades.

Estas iniciativas son de una naturaleza muy diversa. En primer lugar, alcanzan diferentes intensidades dentro de la lógica de transición, desde la resistencia (ocupación de monocultivos por parte de campesinas brasileñas este 8 de marzo) hasta la propuesta alternativa (soberanía alimentaria, ecofeminismo, economía solidaria), pasando por la regulación (normas vinculantes y observatorios internacionales). En segundo lugar, son impulsadas por diferentes actores, como los movimientos sociales (nacionalización de sectores estratégicos, control público y/o social de los bienes naturales, reparto del trabajo), los gobiernos (leyes de regulación de la mercantilización de la información, normativa en defensa de derechos), las personas (consumo responsable, boicot) e incluso las propias empresas (democracia interna, primacía del trabajo frente al capital, tratamiento no capitalista del capital). Por último, y en tercer lugar, se formulan en función de los diferentes ámbitos competenciales de nuestra sociedad global, desde el territorio (mercado social, lucha contra la minería a gran escala), pasando por el Estado (nacionalización de la seguridad social), el nivel regional (como los valores de reciprocidad defendidos en ALBA-TCP [3]) y el internacional (propuesta del Tratado Internacional de los Pueblos [4]). Es por tanto fundamental reconocer, visibilizar, articular y vincular toda esta miríada de alternativas (las señaladas son sólo unos ejemplos) en una lógica de transición y de disputa integral respecto a las multinacionales.

No obstante, es necesario que en este punto nos preguntemos por el horizonte de nuestras alternativas. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Alternativas a qué y para qué? No toda propuesta tiene por qué ser considerada una alternativa al sistema actual por el hecho de no circunscribirse estrictamente a los parámetros y principios hegemónicos. Al mismo tiempo, no toda iniciativa nace desde una lógica procesual de transición, ni desde análisis certeros de la compleja realidad global estructurada en torno al sistema de dominación múltiple. Es en este momento donde se vuelve indispensable contar no con un modelo cerrado y universal, sino más bien con una serie de principios e ideas-fuerza que nos ayuden a definir cuáles son los horizontes de emancipación que nos pueden servir de referencia para reconocer, priorizar y construir alternativas.

Muchas son las perspectivas (economía feminista, ecológica, marxista, solidaria, soberanía alimentaria, decolonialidad, buen vivir, etc.) que aportan su granito de arena en este sentido. Sin ánimo de ser exhaustivos, y a modo de propuesta tentativa, planteamos a continuación una serie de ideas-fuerza que consideramos sugerentes: la centralidad de la sostenibilidad de la vida, frente a la que se otorga actualmente a la reproducción ampliada del capital; el reconocimiento y articulación de la diversidad, frente a la pretendida universalidad del modelo hegemónico y a la jerarquización de seres, poderes y saberes; la democracia participativa, que se contrapone a la democracia de baja intensidad actual; la relevancia de lo colectivo y de la comunidad frente al individualismo; la politización de lo cotidiano dentro de dinámicas que unen lo general con lo personal; y la confrontación con el sistema y sus agentes fundamentales, entre ellos las empresas transnacionales.

Aterrizando estas ideas-fuerza al ámbito socio-económico y a la disputa con las grandes corporaciones, proponemos una serie de claves que nos permitirían vislumbrar hacia dónde dirigir los esfuerzos en el impulso de alternativas:

• asunción de los ciclos de energía, materiales y residuos;
  
• gestión democrática de la demanda en relación con un consumo menor y más responsable;
  
• democratización de las decisiones económicas (Estados, pueblos, comunidades, empresas, hogares);
  
• desmercantilización capitalista de la economía (bienes comunes, propiedad pública y/o social);
  
• redistribución y reparto equitativo de los trabajos;
  
• redistribución igualitaria de los recursos;
  
• democratización cultural (comunicación, conocimiento, etc.);
  
• reconocimiento de economías diversas;
  
• fomento de economías no capitalistas;
  
• apuesta por sistemas económicos basados en la reciprocidad y la intercooperación.

Asistimos a un momento civilizatorio muy complejo, pero reiteramos la necesidad, la urgencia y la esperanza en visibilizar y construir nuevas sendas, nuevos horizontes por los que transitar, disputando el poder, el ser y el saber a las transnacionales. Es un compromiso de todas y todos, es nuestro compromiso.

Notas

[1] Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión entre EEUU y la UE (por sus siglas en inglés).

[2] Acuerdo Internacional de Comercio e Inversión de Servicios (por sus siglas en inglés).

[3] Alternativa Bolivariana para las Américas – Tratado de Comercio de los Pueblos.

[4] Hernández Zubizarreta, Juan; González, Erika y Ramiro, Pedro (2014): Tratado internacional de los pueblos para el control de las empresas transnacionales: Una apuesta desde los movimientos sociales y la solidaridad internacional, Cuadernos de Trabajo / Lan-Koadernoak, Hegoa, nº 64.

Gonzalo Fernández es coordinador de Paz con Dignidad – Euskadi e investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

Euskaraz: “Transnazionalei boterea, izaera eta jakintza kentzeko alternatibak”

El Consejo de Derechos Humanos de la Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado en Ginebra, una resolución histórica para establecer un grupo de trabajo intergubernamental bajo el mandato de elaborar un instrumento internacional legalmente vinculante que obligue a las grandes transnacionales y a otros inversores a cumplir las normas para proteger los derechos humanos.

La coalición de movimientos sociales, que instaba a la ONU a aprobar el acuerdo vinculante durante la 26ª sesión del Consejo de Derechos Humanos, considera esta decisión como una victoria sin precedentes para las víctimas de las violaciones de derechos humanos y los movimientos sociales.

Las organizaciones sociales del Estado español presentes en Ginebra (Amigos de la Tierra, Col•lectiu RETS, Ecologistas en Acción, Observatorio de las Multinacionales en América Latina – Paz con Dignidad, Observatorio de la Deuda en la Globalización y HEGOA-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional) señalan que «gracias a la movilización social, a la resistencia de las organizaciones afectadas por la violación sistemática de derechos humanos, se ha conseguido este logro».

Más de 610 organizaciones de 95 países forman parte de la alianza, que exigía la creación de un grupo de trabajo intergubernamental para elaborar en el plazo de dos años normas internacionales vinculantes para acabar con los abusos de las multinacionales que operan sin respetar los derechos humanos, presentada por Ecuador y Sudáfrica.

El acuerdo ha salido adelante con 20 países a favor, 14 en contra y 13 abstenciones. Durante la votación ha quedado en evidencia qué países ponen los intereses privados de unas pocas empresas por encima del interés general, como los países de la Unión Europea, o Estados Unidos y Japón, y cuáles defienden los derechos humanos.

La Unión Europea y Estados Unidos, que rechazaron el acuerdo, no sólo han confirmado su desprecio por las leyes internacionales de Derechos Humanos, sino que han convertido a sus gobiernos en cómplices de las violaciones de derechos humanos perpetradas por las multinacionales.

Los crímenes contra la humanidad, cometidos por empresas transnacionales, ni pueden suceder, ni pueden quedar impunes. Es una demanda de las víctimas de estas violaciones a los derechos humanos y de una gran parte de las organizaciones y movimientos sociales del mundo.

A pesar de la noticia positiva, la alianza de la sociedad civil considera que el resultado del grupo de trabajo dependerá de dar continuidad a la presión de la sociedad civil y a las movilizaciones. «Esta votación ha sido sólo la victoria de una batalla parcial», añaden.

Esta semana en Ginebra, también se celebraba Tribunal Permanente de los Pueblos donde se han presentado 12 casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas por grandes empresas, como Chevron-Texaco en Ecuador, Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica, Cocacola en Colombia y el caso de una empresa española, Hidralia, en Guatemala.

Notas:

[1] El 7 de mayo de 2014, una alianza mundial de organizaciones de la sociedad civil conocida como la Alianza del Tratado (Treaty Alliance), que representa a más de 500 grupos, exhortó a los miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU a que apoyen en junio una iniciativa que daría inicio a un proceso para establecer un tratado internacional para enfrentar las violaciones de derechos humanos perpetradas por empresas transnacionales. Por más información: http://www.foei.org/es/prensa/archivo-por-tema/justicia-economica-resistencia-al-neoliberalismo-prensa/groups-call-for-un-treaty-to-tackle-corporate-human-rights-violations/

[2] El nuevo informe «Defendemos el medioambiente, defendemos los derechos humanos» se encuentra disponible en: http://www.foei.org/resources/publications/publications-by-subject/human-rights-defenders-publications/we-defend-the-environment-we-defend-human-rights/

[3] En el Consejo de Derechos Humanos, un grupo de 84 países propuso en septiembre de 2013 el establecimiento de un marco normativo y de aplicación que sea jurídicamente vinculante para las empresas, lo cual representa un reclamo histórico de los movimientos de derechos humanos y Amigos de la Tierra Internacional.

Las declaraciones ayer del ministro García-Margallo convierten al gobierno español en cómplice de las graves violaciones de los derechos humanos por parte de las empresas transnacionales

Más de 530 organizaciones del mundo exigen en Ginebra acciones vinculantes de la ONU frente a las violaciones de Derechos Humanos por parte de empresas transnacionales

En la jornada “El Valor de las Multinacionales Extranjeras en España” el ministro de Asuntos Exteriores, José García-Margallo, declaró: “las corporaciones tienen derecho a imponer determinadas decisiones para instalarse”. Situando los intereses de las corporaciones transnacionales por encima de los derechos humanos y ambientales.

Las declaraciones del ministro son un reflejo de la posición de los países de la Unión Europea intentando bloquear la resolución, que se deberá aprobar en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante el jueves o el viernes de esta semana en Ginebra. En esta sesión se pretende aprobar la resolución a favor de la creación de un grupo intergubernamental que diseñe un instrumento internacional vinculante que haga frente a las violaciones de derechos humanos cometidas por las empresas transnacionales y los inversores internacionales.

En este mismo sentido, durante esta semana en Ginebra, movimientos y organizaciones sociales así como comunidades afectadas por crímenes sociales y ambientales han presentado en una audiencia especial del Tribunal Permanente de los Pueblos 12 casos de violaciones sistemáticas de los derechos humanos por multinacionales. Como las petroleras Chevron-Texaco en Ecuador y Shell en Nigeria, la israelí Mekorot en Palestina, la minera suiza-inglesa Glencore Xstrata en 7 países, Lonmine en Sudáfrica o Cocacola en Colombia. Al mismo tiempo ha sido presentado el caso de la empresa española Hidralia en Guatemala.

En el caso de la empresa española Hidralia Energía, sus inversiones han producido conflictos en la comunidad de Santa Cruz Barillas, y están vinculadas al asesinato de un líder comunitario por parte de miembros de seguridad de la empresa y la detención arbitraria de 12 miembros de la comunidad. Además la multinacional se aprovecha de la declaración del estado de sitio por parte del presidente de Guatemala en el lugar de las inversiones. Y ante todos estos abusos, el Gobierno Español no solo ha hecho oídos sordos, sino que apoya a la empresa en su proyecto inversor que viola el Acuerdo Internacional de Derechos Humanos. Por estos motivos, el viernes 27 de junio, miembros de la resistencia a la empresa en S.C.Barillas (Guatelmala) presentarán en Madrid una queja ante la defensora del pueblo del Estado Español.

Las organizaciones sociales del Estado español presentes en Ginebra durante la “Semana de movilización contra la impunidad y el poder corporativo” exigen a la Unión Europea que se abstenga de bloquear la resolución presentada por Ecuador y Sudáfrica y cerca de 80 países, especialmente del Grupo ALBA y G77, que propone la creación de un grupo de trabajo intergubernamental con el mandato de elaborar urgentemente normas internacionales vinculantes para acabar con los abusos de los derechos humanos a manos de las empresas transnacionales y otros inversores.

La audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos realizada en Ginebra muestra como la Responsabilidad Social Corporativa (RSC), el marco político de Naciones Unidas como el Global Compact y los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos no sirven sino para encubrir las graves violaciones a los derechos humanos por empresas transnacionales en el mundo. Por ello las organizaciones exigen que la Unión Europea apoye un tratado vinculante que ponga fin a la arquitectura de la impunidad que encubre las actividades y los intereses del poder corporativo.

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ORGANIZACIONES firmantes de este comunicado:
Amigos de la Tierra
Col·lectiu RETS
Ecologistas en Acción
Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL) – Paz con Dignidad
Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG)
HEGOA-Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional

***

Más información:

Víctor Barro (en Ginebra): +34 659655734
Mónica Vargas (en Ginebra): +41-774865137
Tom Kucharz (en Ginebra): +34 619 94 90 53
Pedro Ramiro (Madrid): +34-915233918

Más información: http://www.treatymovement.com
En Twitter: #bindingstandards #StopTNCimpunity

Colectivos de la sociedad civil, sindicatos, comunidades afectadas y parlamentarios se reunirán en una conferencia en Bruselas el 5 de septiembre para instar a la UE para promover un Tratado de la Internacional de los Pueblos y Tribunal Internacional que regule a las corporaciones transnacionales y las inversiones para el interés público.

El derrumbe de Rana Plaza en Bangladesh, que mató a más de 1132 trabajadores y dejó a miles de heridos – la mayoría mujeres-, así como la masacre de 34 mineros en la mina de platino Lonmin Plcs en Marikana (Sudáfrica) son dos ejemplos recientes de cómo las operaciones de las empresas transnacionales dan lugar a la violación flagrante de los derechos humanos.

Al respecto, Rehad Desai Presidente de la Campaña de Apoyo a Marikana (Sudáfrica) urge: “Necesitamos poner fin a la negligencia e impunidad de las empresas transnacionales. La masacre de Marikana demuestra de forma devastadora pero clara las relaciones mortíferas entre el poder corporativo y la represión, en nombre del incremento de beneficios para las transnacionales. Exigimos que el Estado garantice el derecho a la justicia de los trabajadores y los familiares de las víctimas, mediante compensaciones adecuadas, así como el acceso al sistema judicial”.

Estos ejemplos están lejos de ser casos aislados, como muestran otros ejemplos recientes de comunidades locales en México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia, Brasil, Filipinas e Indonesia, cuyos derechos fundamentales han sido violados por corporaciones transnacionales de forma sistemática y permanente. Esto se ve facilitado y protegido por una arquitectura de la impunidad construida sobre los tratados de libre comercio y de inversiones. Por otro lado, los códigos de conducta voluntarios recogidos en los Principios Rectores de la ONU, propuestos por las empresas transnacionales, no son eficaces para la rendición de cuentas por violaciones de los derechos humanos. El enfoque actual de la UE que se centra en la promoción de informes sociales y ambientales por las empresas transnacionales también es insuficiente y necesita ser reemplazado por la creación de normas de obligado cumplimiento

Gabi Zimmer, Presidenta del Grupo GUE/NGL, comenta al respecto que “En la actualidad, los gobiernos de la UE no están tomando ninguna responsabilidad en lo que respecta a la regulación de las operaciones de las empresas transnacionales en el extranjero. Necesitamos urgentemente un marco transnacional de normas obligatorias para que las empresas que tienen actividad en terceros países sean responsables”.

Brid Brennan de Transnational Institute (TNI) y miembro de la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo refiere en ese sentido que “Es hora de poner fin a la impunidad de las corporaciones transnacionales y promover alternativas de rendición de cuentas, como el Tratado Internacional de los Pueblos. Esto incluye poner las bases para establecer un Tribunal Internacional que juzgue los crímenes sociales, económicos y ecológicos de las transnacionales”.

Estos son algunos de los temas clave que se tratarán el 5 de septiembre en la Mesa Redonda organizada en el Parlamento Europeo: » Desafiando el poder corporativo – Inversiones e impunidad en la crisis, ¿cuáles son las alternativas? Hacia un Tratado Internacional de los Pueblos, convocada por el Grupo GUE/NGL en coordinación con redes de los movimientos sociales y la sociedad civil tales como: la Campaña para Desmantelar el Poder Corporativo y poner fin a la impunidad de las transnacionales, Enlazando Alternativas, Transnational Institute (TNI), Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Ecologistas en Acción, War on Want, OMAL – Paz con Dignidad, CADTM, CETIM, OIDHACO y la Red Seattle to Brussels.

La Mesa Redonda contará con la participación de Gabi Zimmer, Presidenta del Grupo GUE/NGL, Juan Ramón Quintana, el Ministro de la Presidencia de Bolivia, así como un conjunto de parlamentario/as europeo/as de diferentes grupos políticos, actores clave de los movimientos sociales de América Latina, África y Asia, sindicatos, comunidades afectadas, y expertos a nivel jurídico internacionalmente reconocidos.

 Más información: http://www.stopcorporateimpunity.org

41 adituk parte hartu dute UPV/EHUko Hegoa Institutuak eta Latinoamerikako Multinazionalen Behatokiak sustatutako obran.

Zer dira enpresa transnazionalak? Zer multinazional daude Espainian? Zer dira finantzarizazioa, zuzeneko inbertsio atzerritarrak eta merkatuak? Korporazio handiek ba al dute zerikusirik soldata- eta genero-desberdintasunekin, zor ekologikoarekin eta eskubide kolektiboen urraketarekin?  Ba al dago beste era bateko ekonomia- eta gizarte-ereduak ezartzeko bidean aurrerapausoak ematen laguntzeko proposamen alternatiborik?

Horrelako galderei erantzuteko  Latinoamerikako Multinazionalen Behatokiak (OMAL) -Bakea eta Duintasuna Elkartearena-, eta UPV/EHUko Hegoa – Nazioarteko Lankidetza eta Garapenari Buruzko Ikasketa Institutuak «Enpresa transnazionalei buruzko hiztegi kritikoa. Korporazio handien botereari aurre egiteko gakoak» bultzatu dute. Liburua Icaria argitaletxeak plazaratu du (Antrazyt bilduma, 389. zk.) eta Juan Hernández Zubizarretak, Erika Gonzálezek eta Pedro Ramirok editatu dute.

Hiztegia, gai honen inguruan argitaratzen den lehenengoa, egun eskuragarri dago gaztelaniaz, paperezko edizioan, eta laster argitaratu da euskarazko bertsioa ere. Paperezko edizioarekin batera, gaztelaniazko eta euskarazko bertsio elektronikoa kontsultatu daiteke web helbide hauetan: www.omal.info/diccionario eta www.hegoa.ehu.es

Hiztegiaren helburua da enpresa transnazionalek mundu ekonomian duten eraginaren inguruan gogoeta egitea posible eta beharrezkoa dela aldarrikatzea eta bestelako diskurtsoen eraikuntzan laguntzea.

Liburuan, ekonomiaren, lan harreman eta eskubideen, nazioarteko politika eta garapenerako lankidetzaren arloetako kontzeptuak zehatz analizatu dituzte unibertsitate, GKKE, erakunde sindikal eta gizarte mugimenduetako 41 egilek.