En los últimos años se ha hecho visible un cambio en la visión política de la transición ecológica. Aunque la evidencia científica sobre el cambio climático es cada vez más contundente, las decisiones políticas no avanzan al mismo ritmo. Mientras algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, revierten compromisos y regulaciones ambientales, en espacios como la Unión Europea las políticas climáticas deben justificarse cada vez más por su contribución a la competitividad, la seguridad energética y la reducción de costes.

En este contexto se publica Hidden Assets: The economic and health case for climate and clean air action, una evaluación mundial elaborada por la Coalición Clima y Aire Limpio (Climate and Clean Air Coalition – CCAC), iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe analiza conjuntamente los efectos económicos, sanitarios y ambientales del cambio climático y la contaminación atmosférica y compara los costes de aplicar diferentes medidas con los beneficios que podrían generar.

Activos ocultos para las decisiones económicas

En su discurso de investidura, el 20 de enero de 2025, Donald Trump prometió «acabar con el Green New Deal» (el nuevo Pacto Verde) en favor del «oro líquido», en alusión al petróleo. Pocas horas después, una de sus primeras acciones ejecutivas fue firmar la orden ejecutiva «Unleashing American Energy» (Impulsar la energía estadounidense), destinada a eliminar regulaciones ambientales y de energía aplicadas durante el mandato anterior, impulsando la producción nacional de combustibles fósiles.

La orden sostiene que determinadas regulaciones habían dificultado el desarrollo de los recursos energéticos nacionales, reducido la creación de empleo y elevado el coste de la energía. También disolvió el grupo federal encargado de calcular el coste social de los gases de efecto invernadero, retiró sus estimaciones y planteó eliminar este indicador de las decisiones regulatorias. Además, estableció que los efectos globales de una medida deben diferenciarse de sus costes y beneficios dentro de Estados Unidos. Ese mismo día, mediante otra orden ejecutiva, Trump inició nuevamente la retirada estadounidense del Acuerdo de París.

Frente a este planteamiento, el informe del PNUMA amplía el perímetro de lo que se considera económicamente relevante. Los cálculos habituales reflejan con claridad cuánto cuesta introducir una regulación, transformar una fábrica o sustituir una fuente energética, pero no siempre incorporan con la misma precisión las enfermedades provocadas por la contaminación, el gasto sanitario, las jornadas laborales perdidas, las muertes prematuras o los daños climáticos evitados. De ahí la expresión Hidden Assets, que puede traducirse como «activos ocultos». El aire limpio, la salud colectiva y la estabilidad climática poseen un valor económico, aunque este no aparezca de manera inmediata en las cuentas de una empresa o en un presupuesto público.

Clima y contaminación, una misma política

El informe evalúa 25 soluciones aplicables a la energía, la industria, el transporte, la agricultura, los hogares y la gestión de residuos. Entre ellas se encuentran la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética, la reducción de fugas de metano, los sistemas limpios para cocinar y calentarse, el control de las emisiones industriales y del transporte o una gestión más eficaz de los residuos. Su principal conclusión es que las políticas climáticas y de calidad del aire deben diseñarse conjuntamente.

Ambas crisis comparten buena parte de sus causas, especialmente la combustión de fuentes fósiles, determinados procesos industriales y algunas prácticas agrícolas. Sin embargo, con frecuencia se abordan mediante normas, administraciones y presupuestos diferentes. Esta separación conduce, según el informe, a infravalorar los beneficios de la transición. Reducir el uso de combustibles fósiles no solo limita el calentamiento futuro: también puede mejorar inmediatamente la calidad del aire, reducir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aliviar el gasto sanitario y aumentar la productividad.

Los autores estiman que cada dólar invertido en el conjunto de las medidas podría generar alrededor de 15 dólares de beneficio económico y social. Una parte de esa estimación corresponde al valor atribuido a las vidas preservadas y a la mejora del bienestar. Pero incluso si se excluyen esos beneficios no comerciales y se contabilizan únicamente efectos observables, como el ahorro sanitario, la productividad o los daños materiales evitados, el retorno sería de unos cuatro dólares por cada dólar invertido.

La posición ambivalente de la Unión Europea

La Unión Europea sigue una orientación diferente a la estadounidense, aunque no exenta de tensiones. La Comisión ha situado la descarbonización dentro de su estrategia industrial y presenta el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal) como una hoja de ruta para combinar competitividad y reducción de emisiones. Al mismo tiempo, ha incluido entre sus prioridades la simplificación regulatoria. El paquete Ómnibus presentado en 2025 propuso reducir el alcance de algunas obligaciones empresariales de información sobre sostenibilidad y diligencia debida para aliviar cargas administrativas. El debate reside en determinar dónde termina la simplificación y dónde comienza la pérdida de transparencia y capacidad de control.

El informe del PNUMA reconoce que la burocracia y la falta de coordinación pueden retrasar las inversiones. Sin embargo, concluye que los principales obstáculos para aplicar las soluciones no son tecnológicos, sino institucionales: financiación insuficiente, debilidad administrativa, escasa coordinación entre ministerios, falta de datos y dificultades para hacer cumplir las normas. Por tanto, simplificar procedimientos innecesarios puede facilitar la transición, pero debilitar los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas puede producir el efecto contrario.

Una cuestión de distribución

El informe también aborda la distribución de los costes y beneficios de la transición. El informe advierte de que las políticas deben facilitar el acceso de los hogares vulnerables a las tecnologías limpias, incorporar instrumentos financieros adecuados y atender sus efectos distributivos. Una actuación puede resultar rentable para el conjunto de la economía y, al mismo tiempo, imponer costes inasumibles a determinados grupos sociales.

Esta dimensión conecta la transición ecológica con los debates sobre justicia social, cuidados, fiscalidad y orientación del crédito. También plantea una pregunta central para las finanzas éticas: qué actividades deberían recibir financiación cuando se consideran conjuntamente sus retornos económicos, ambientales, sanitarios y sociales. El actual debate, no enfrenta simplemente ecología y economía. Enfrenta diferentes maneras de determinar qué tiene valor, quién soporta los costes y durante cuánto tiempo se calculan sus consecuencias. Una economía que solo contabiliza los costes empresariales inmediatos, pero no los costes colectivos de la contaminación, ofrece una imagen distorsionada de la realidad.

Fuente: Valor Social

Coop57 ha firmado un nuevo acuerdo de garantías con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en el marco del programa europeo InvestEU para el emprendimiento social. Este nuevo acuerdo es un paso importante para Coop57, ya que las garantías del FEI refuerzan su solvencia, le permiten financiar más proyectos y garantizar, todavía más, el ahorro de las socias de la cooperativa.

El FEI es una institución de la Unión Europea que desarrolla diferentes programas para facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía social y solidaria. Lo hace ofreciendo garantías a bancos y entidades financieras como Coop57 para que puedan conceder préstamos en mejores condiciones.

El acuerdo prevé la creación de un fondo de garantía que permite a la cooperativa sostener el riesgo de su actividad financiera de manera compartida y, por tanto, reducir de manera significativa el potencial impacto negativo de posibles impagos.

En términos prácticos, estas garantías aseguran que una parte del riesgo de los préstamos quede cubierta por el FEI. Si en algún momento no se pudiera devolver algún préstamo, esta garantía asumiría una parte importante.

El objetivo final de estas garantías es reforzar la actividad habitual de Coop57 en el impulso de proyectos que trabajen por la transformación social y que se gestionen de forma transparente, participativa y comunitaria. Por eso, más allá del impacto económico, el acuerdo también supone un reconocimiento de su solidez y trayectoria como herramienta de financiación ética y cooperativa, y consolida este tipo de colaboraciones. Al mismo tiempo, es un ejemplo de que las instituciones europeas pueden destinar recursos a entidades de finanzas éticas comprometidas con la economía social y solidaria.

Anteriormente, Coop57 ya contó con el apoyo del FEI en el marco del programa EaSI (2020), un primer acuerdo con una duración de cinco años que le daba acceso a un fondo de avales para cubrir parte del riesgo de los préstamos que concedía. Ahora, este nuevo acuerdo actualiza y da continuidad a aquel primer convenio, adaptándolo al nuevo marco de InvestEU.

Esta operación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Fondo InvestEU.

Fuente: Coop57

La COP30 terminó siendo, como quería Lula, la cumbre de la verdad. Pero irónicamente no fue por mérito de la presidencia brasileña, sino porque Colombia forzó la mano al exigir una mención explícita al abandono de los combustibles fósiles. Esta acción arrancó varias máscaras: países como Rusia y Arabia Saudí, habituados a bloquear discretamente cualquier avance real a través de terceros, quedaron expuestos como los obstruccionistas que siempre han sido.

Lo más revelador fue la reacción de estos países en el plenario de cierre de la cumbre: respondieron insultando a Colombia y Panamá, calificándolos de «niños consentidos». Con ello no hicieron más que mostrar su incomodidad ante un ejemplo de auténtico liderazgo climático. Panamá, en su intervención de réplica, les recordó con gran lucidez que los niños suelen ser muy inteligentes y que, en estas cumbres, defender el futuro implica no conformarse con menos que todo. La emergencia climática exige justamente esa determinación.

Esta cumbre también desnudó a la Unión Europea. España, atrapada en la parálisis política europea, tuvo que recurrir a declaraciones laterales como la de Colombia para mantener algo de credibilidad. La UE, aunque predica la transición energética, se niega a proveer la financiación necesaria para que el Sur Global pueda elegir renovables en lugar de fósiles. La hipocresía es flagrante: sabemos que muchos países tienen fósiles baratos y accesibles en su territorio, mientras las renovables están acaparadas por el Norte Global y los BRICS. Peor aún, la arquitectura de Bretton Woods los obliga a exportar esos fósiles para pagar deudas, protegiendo los intereses de transnacionales y evitando que quien contamina pague.

La verdad incómoda es clara: el multilateralismo de las COP es fundamental pero insuficiente. No avanza al ritmo que la emergencia exige. Necesitamos mecanismos paralelos que tracen líneas entre quienes actúan y quienes obstruyen. La propuesta colombiana de un tratado vinculante sobre descarbonización y justicia climática es un camino necesario.

Una mirada plural sobre un fracaso compartido

Desde Alianza por el Clima hemos seguido de cerca estas negociaciones, y nuestra valoración es clara: la COP30 ha fracasado en lo fundamental. Lo decimos desde la riqueza de perspectivas que nos caracteriza: organizaciones ecologistas, sindicatos, colectivos agrarios, ONG de desarrollo, movimientos juveniles y entidades de consumo responsable coincidimos en un diagnóstico compartido.

Desde la perspectiva del trabajo y los derechos laborales, celebramos la aprobación del Mecanismo de Transición Justa como un logro arrancado por la sociedad civil tras años de presión internacional. Pero constatamos con preocupación que la exclusión inicial de la mención a esta transición justa en el texto político final del Mutirão refleja cómo los gobiernos siguen sin entender que no hay transición posible sin empleos dignos y diálogo social real.

Quienes defendemos la biodiversidad lamentamos especialmente que una cumbre celebrada en la Amazonía haya sido incapaz de aprobar un plan vinculante contra la deforestación. Mientras los textos finales apenas mencionan la protección de la naturaleza, los bosques tropicales, nuestros mejores aliados contra el colapso climático, siguen ardiendo sin que los gobiernos asuman su responsabilidad.

Para quienes trabajamos desde el mundo rural, esta cumbre ha ignorado que la agricultura familiar, que produce más del 80% de los alimentos mundiales y mantiene los sumideros de carbono esenciales, necesita políticas de apoyo urgentes. No es aceptable que quienes alimentan y cuidan el territorio queden relegados frente a los grandes emisores, mientras sufren récords de siniestralidad agraria año tras año.

Desde el ámbito del desarrollo y la cooperación, denunciamos que una vez más los países del Norte Global han eludido su responsabilidad histórica y su deuda ecológica con el Sur. La financiación climática acordada es insuficiente, mantiene mecanismos que generan más deuda en lugar de reparación, y se sigue priorizando la movilización del sector privado sobre la financiación pública que realmente necesitan las comunidades afectadas.

Para las voces más jóvenes y los movimientos de base, esta COP representa una decepción más. El planeta ha experimentado un año completo por encima de 1,5°C, los fenómenos extremos se multiplican, y aún así los gobiernos siguen sin atreverse a nombrar al principal culpable: los combustibles fósiles. La presencia de 1.500 lobistas de la industria fósil en la cumbre explica por qué toda mención explícita al fin del petróleo, gas y carbón desapareció del texto final.

Más allá de los fracasos temáticos, esta COP30 ha sido una de las cumbres climáticas más opacas de la historia. Esta opacidad no es casual. Es la estrategia de quienes prefieren negociar a puerta cerrada, lejos de la presión social, lejos de las cámaras, lejos de la rendición de cuentas.

La sociedad civil: único motor real del cambio

La COP30 deja una lección clara: el multilateralismo climático sobrevive únicamente gracias a la presión social, ya que son muchos países y empresas petroleras las que están haciendo lo posible por destruir el Acuerdo de París. Sin las 100.000 personas manifestándose en Belém, sin pueblos indígenas, organizaciones y la Cumbre de los Pueblos construyendo alternativas, la COP30 habría podido ser la última. Las movilizaciones del 15 de noviembre fueron el recordatorio de que existe una mayoría social exigiendo justicia climática y el fin de los fósiles, una mayoría que no seguirá esperando mientras los gobiernos juegan con nuestro futuro. Eso es lo que les hace políticamente caro destruir el proceso climático internacional, obligándoles cumbre tras cumbre, a desarrollar técnicas que les permitan bloquear cualquier avance sin ser percibidos como los posibles culpables del fracaso de la lucha climática.

Estamos a tiempo de hacer nuestra esta transición, pero no saldrá de las salas de negociación mientras los gobiernos sigan sometidos al lobby fósil y a intereses cortoplacistas. No nos quedan décadas: quedan años, quizás menos para comunidades en primera línea. Por eso seguiremos en las calles y en las salas de negociación, presionando a los políticos y construyendo alternativas desde nuestros territorios.

Imagen: Plenario de los Pueblos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém. Adriano Machado/REUTERS

Fuente: Público

La Red de Vivienda Cooperativa ha participado en la Consulta Pública de la Comisión Europea sobre el Plan Europeo de Vivienda Asequible (European Affordable Housing Plan), aportando la perspectiva del sector cooperativo y de la Economía Social y Solidaria en materia de vivienda.

Estas aportaciones han sido consensuadas dentro de Housing Europe, la federación europea de vivienda social, pública y cooperativa, de la que la Red Vivienda Cooperativa forma parte desde 2025. A través de esta alianza, la Red refuerza su participación en los espacios de diálogo europeos sobre políticas de vivienda asequible y comunitaria.

La contribución presentada subraya la necesidad de reconocer y fortalecer los modelos de vivienda cooperativa y comunitaria sin ánimo de lucro, como herramientas clave para garantizar la asequibilidad permanente, la participación democrática y la resiliencia social en los territorios europeos.

Principales aportaciones:

• Reconocimiento de la vivienda cooperativa en cesión de uso
  Como modelo jurídico y social diferenciado, que asegura la asequibilidad a largo plazo, la gestión democrática y la reinversión del valor en la comunidad.
• Acceso a financiación europea y nacional
  Reclamamos instrumentos financieros específicos y vehículos de inversión de impacto social que apoyen a las cooperativas y entidades de la economía social en el ámbito de la vivienda.
• Revisión de las normas de ayudas de Estado
  Proponemos adaptar la regulación existente con objeto de incluir a las cooperativas y otras iniciativas comunitarias sin ánimo de lucro en las ayudas sin discriminación y de manera efectiva.
• Políticas de suelo y planificación
  Sugerimos reservar suelo público para vivienda cooperativa y social gestionada por entidades sin ánimo de lucro.
• Sostenibilidad e innovación
  Promovemos sistemas colectivos de energía renovable, construcción en madera y comunidades energéticas locales que combinan transición ecológica y asequibilidad.
• Limitación de la especulación y la financiarización
  Apoyamos medidas fiscales sobre viviendas vacías y segundas residencias, así como la regulación del alquiler turístico para proteger la vivienda estable.
• Gobernanza inclusiva
  Defendemos el papel activo de las administraciones locales y de los actores de la economía social en el diseño e implementación de las políticas de vivienda.

Un mensaje común

“La vivienda asequible no es solo un desafío financiero o constructivo, sino también un proceso de innovación social, impulsado por la participación comunitaria y la propiedad colectiva solidaria.”

Con esta participación, la Red refuerza su compromiso por una Europa social que promueva el derecho a una vivienda digna, asequible y cooperativa.

Economistas sin Fronteras presenta: El desafío existencial de la Unión Europea. Dossieres EsF n.º 59, Otoño 2025.

Coordinación de este número: Gabriel Flores (Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid)

ÍNDICE

PRESENTACIÓN: El desafío existencial de la Unión Europea, Gabriel Flores (Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, exinvestigador del Instituto de Europa Oriental y del Instituto Complutense de Estudios Internacionales)

La apuesta sindical por Europa, Cristina Faciaben Lacorte (Secretaría de Internacional y Cooperación, CCOO)

De la transición energética a la transición ecosocial, Fernando Ferrando (Presidente de la Fundación Renovables)

Antifeminismo y extrema derecha, María Eugenia Rodríguez Palop (Universidad Carlos III de Madrid. Eurodiputada (2019-2024)

El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo: retos y oportunidades en el contexto actual, Nuria Diaz y Elena Muñoz (Comisión Española de Ayuda al Refugiado ‒CEAR‒)

Migración y debate social, María Gascón Stürtze (Mediadora Social para la Integración)

Las claves del vasallaje europeo y el nuevo orden internacional, Ignacio Muro Benayas (Director de la Fundación Espacio Público)

Sostenibilidad empresarial y competitividad en Europa: ¿sinergias o conflictos?, Antonio Vives Llabrés (Director de Cumpetere, exprofesor adjunto de la Stanford University)

Europa sin rumbo: del sueño federalista a la realidad geopolítica, Juan Barredo (Universidad del País Vasco)

Europa, una unión sin relato. Latinoamérica, un relato sin unión, Daniel Vila Garda (Economista)

EL LIBRO RECOMENDADO: Sami Naïr, Europa encadenada. El neoliberalismo contra la Unión (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2025), Gabriel Flores (Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, exinvestigador del Instituto de Europa Oriental y del Instituto Complutense de Estudios Internacionales)

En un momento en el que la Unión Europea se debate entre mantener su ambición en sostenibilidad o ceder a presiones por la simplificación normativa, un total de 198 firmantes —entre inversores, empresas, proveedores de servicios y organizaciones de la sociedad civil— han hecho público un manifiesto conjunto este 1 de julio de 2025. Su mensaje es claro: el paquete normativo conocido como Ómnibus I, impulsado como iniciativa de simplificación por las instituciones europeas, no debe suponer un retroceso en los estándares que sustentan el marco de finanzas sostenibles de la UE.

La declaración, coordinada por redes como Eurosif (European Sustainable Investment Forum), IIGCC (Institutional Investors Group on Climate Change) o GRI (Global Reporting Initiative ), subraya que los pilares del sistema europeo de finanzas sostenibles —el Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), los European Sustainability Reporting Standards (ESRS) y la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD)— son esenciales para que Europa alcance sus objetivos económicos y ambientales. Entre los firmantes figuran entidades financieras como el Grupo Banca Etica o Triodos Bank, así como otros actores internacionales.

Por qué preocupa el Ómnibus I

El contexto que motiva esta declaración es la propuesta del paquete Ómnibus I, una iniciativa dirigida a simplificar la regulación europea, pero que, según los firmantes, podría acabar diluyendo normas clave para la transparencia empresarial, la responsabilidad en la cadena de suministro y los compromisos climáticos. El documento advierte de que la supuesta simplificación no debe significar una reducción del alcance ni de la ambición de las normas vigentes. “Al promover la transparencia y una conducta empresarial responsable, estas normas son un motor de la competitividad y el crecimiento, así como de la creación de valor a largo plazo y de los retornos para los inversores”, indica el texto.

Las organizaciones firmantes insisten en que las normas actuales reorientan las inversiones hacia los sectores y tecnologías que impulsan los objetivos del Clean Industrial Deal europeo, contribuyen a la armonización de los mercados de capitales de la UE y refuerzan la resiliencia y la capacidad de las empresas para anticipar y gestionar los riesgos y oportunidades vinculados a la sostenibilidad.

Las recomendaciones de los 198 firmantes

El manifiesto no se limita a una crítica al paquete Ómnibus. Los firmantes plantean una serie de recomendaciones concretas para garantizar que la simplificación no erosione la esencia de las normas. Así, el manifiesto plantea que cualquier simplificación del marco normativo debe preservar el principio de doble materialidad de la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), clave para garantizar que las empresas informen no solo sobre los riesgos que los factores ambientales, sociales y de gobernanza suponen para su negocio, sino también sobre el impacto de sus propias actividades en la sociedad y el entorno. Los firmantes defienden que los European Sustainability Reporting Standards mantengan su interoperabilidad con estándares internacionales como los del ISSB, GRI y TNFD. Además, piden que el umbral de aplicación del CSRD se mantenga en empresas de más de 500 empleados, con un posible periodo de transición para las de entre 500 y 1.000 empleados, para no generar retrocesos ni desigualdades entre compañías.

Otra de las propuestas centrales es la defensa de un enfoque de debida diligencia basado en riesgos, tal y como recoge la Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD), alineado con los Principios Rectores de la ONU y las Directrices de la OCDE. El manifiesto subraya la importancia de exigir planes de transición climática con objetivos científicos, evaluados como una obligación de medios y no de resultados, y alerta sobre los peligros de imponer límites en la cadena de valor que puedan dificultar el acceso a información clave entre empresas e inversores, poniendo en riesgo la transparencia y la eficacia de las estrategias de sostenibilidad.

El riesgo de un paso atrás

El documento también alerta de que volver a un marco previo a la CSRD supondría ignorar los aprendizajes extraídos. Además, creen que reducir el alcance de la CSRD podría penalizar a las empresas que ya se han adelantado en la adopción de estas normas, y generar brechas de información que afecten a la toma de decisiones de los inversores. El manifiesto recuerda que más del 50 % de las empresas europeas con entre 500 y 1.000 empleados ya han comenzado a prepararse para el CSRD y desean mantenerse dentro de su ámbito de aplicación.

Otro punto de fricción es la propuesta de limitar la responsabilidad en la cadena de valor solo al primer nivel de proveedores. Los firmantes señalan que los riesgos más significativos en materia ambiental y de derechos humanos suelen encontrarse en eslabones más profundos de la cadena, por lo que reducir la debida diligencia a los proveedores directos sería un error y fomentaría el cumplimiento meramente formal, en lugar de una gestión real de riesgos.

Un mensaje a los responsables políticos

El texto concluye reclamando un entorno regulatorio claro y estable, imprescindible para que las empresas responsables y los inversores puedan contribuir a una economía europea competitiva y sostenible. “Mantener los elementos esenciales del marco europeo de finanzas sostenibles es clave para ofrecer la transparencia y certeza necesarias para crecer y descarbonizar al mismo tiempo”, afirma el documento. El documento permanece abierto a nuevas adhesiones hasta el 29 de agosto de 2025.

La CECJ, como entidad de Comercio Justo y miembros de la Plataforma por Empresas Responsables, apoyamos el escrito de llamamiento a la Comisión Europea firmado por varias organizaciones y movimientos sociales y ecologistas europeos, ante nuestra preocupación por las posibles consecuencias en las personas y el planeta, de la llamada ley omnibus.

Esta propuesta, presentada el 8 de noviembre por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, incluye su intención de enmendar tres pilares clave del Pacto Verde Europeo:  la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD, por sus siglas en inglés), la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD, por sus siglas en inglés) y el Reglamento de Taxonomía.

Reproducimos el texto elaborado por las organizaciones sociales y remitido a la Comisión Europea:

Original, en inglés, con firmantes del texto.

Como miembros de la sociedad civil, defensores de los derechos humanos y el medio ambiente, sindicatos y activistas climáticos, hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para que proteja activamente estas leyes de responsabilidad corporativa de la UE, reafirme el calendario oficial para su transposición e implementación, y sea completamente transparente sobre el proceso relacionado con la ley ómnibus.

La Unión Europea debe demostrar liderazgo en la protección de los derechos humanos, el medio ambiente y el clima, y prevenir más retrocesos en la responsabilidad corporativa. La creciente oposición al marco de sostenibilidad de la UE ocurre en un momento en que la rendición de cuentas de las empresas es crucial. Mientras algunas de las mayores empresas del mundo distribuyeron dividendos récord en 2023, sus inversiones están muy por debajo de lo necesario para avanzar hacia modelos empresariales sostenibles y resilientes. En todo el mundo, las empresas europeas, a través de sus complejas cadenas de suministro, siguen teniendo un impacto negativo en una amplia gama de derechos humanos y libertades fundamentales, incluidos los derechos laborales, la protección contra el trabajo forzado y el derecho a un medio ambiente limpio, saludable y seguro.

A pesar de los claros llamamientos del Comisario de Clima, Wopke Hoekstra, y de la Vicepresidenta Ejecutiva Teresa Ribera para proteger el legado del Pacto Verde Europeo –y el compromiso del Comisario de Justicia, Dermot McGrath, de “garantizar una implementación oportuna y efectiva” de la CSDDD durante su audiencia de confirmación como comisario–, la presidenta Ursula von der Leyen corre el riesgo de socavar protecciones clave al reabrir los expedientes con la ley ómnibus. Esto está generando una enorme incertidumbre para los países que ya han iniciado su proceso de transposición y recompensará a las empresas que no se han preparado para cumplir con estas legislaciones.

Una carrera hacia el mínimo estándar en las cadenas de valor aumentará la presión sobre la manufactura europea, además de provocar mayor explotación de las personas y causar daños ambientales en diversos países. Las empresas deben rendir cuentas por su responsabilidad de respetar los derechos humanos en todas sus operaciones y cadenas de suministro.

Varios países fuera de la UE ya han introducido o están en proceso de introducir leyes de diligencia debida obligatoria en derechos humanos, o cuentan con legislación más específica relacionada con la esclavitud moderna o el trabajo infantil. Estos países incluyen: Reino Unido, Suiza, Noruega, Australia, Corea del Sur, México, Brasil, Japón y Canadá.

La Unión Europea se funda en los valores de democracia, igualdad, estado de derecho y respeto por los derechos humanos. Estos principios están consagrados en el Tratado de la UE y en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. La UE no debería deshacer los avances logrados con el Pacto Verde Europeo, sino fomentar una carrera hacia el liderazgo y proteger los derechos humanos, el medio ambiente y el clima; todo ello mientras ofrece a las partes interesadas igualdad de condiciones mediante expectativas claras, certeza jurídica y directrices oportunas y completas sobre la implementación.

No olvidemos la evaluación realizada por la anterior Comisión bajo la presidencia de Ursula von der Leyen: la competitividad de la UE radica en su capacidad para proporcionar un entorno regulatorio estable bajo el Pacto Verde Europeo, centrado en la sostenibilidad y la transición verde, demandas cada vez más exigidas por los consumidores globales.

Por lo tanto, instamos a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a:

• Mantener la legislación de responsabilidad corporativa de la UE, incluidas la Directiva de Diligencia Debida de las empresas en materia de Sostenibilidad (CSDDD), la Directiva sobre Información corporativa en materia de Sostenibilidad (CSRD) y el Reglamento de Taxonomía.
• Cumplir con el calendario actual para la transposición e implementación de estas leyes esenciales y proporcionar directrices claras y oportunas para su cumplimiento.
• Como una cuestión urgente, aclarar las intenciones de la Comisión y ser completamente transparente sobre el fundamento, alcance, calendario, proceso legislativo, evaluación de impacto y período de consulta relacionados con la propuesta ómnibus.

**Traducción al español de la declaración conjunta en inglés

Bruselas muestra su firme compromiso con la Economia Social y con la reactivación del Intergrupo de Economía Social. Así se ha manifestado en el evento organizado por la eurodiputada Maravillas Abadía, del Grupo Popular Europeo en coordinación con Social Economy Europe, titulado  ‘La Economía Social y los objetivos de la UE 2024-2029’, que también ha contado con la presencia y apoyo de Idoia Mendía e Irene Tinagli del Grupo Socialista Europeo y con las responsables de las Direcciones Generales de Desarrollo Empresarial y de Empleo de la Comisión Europea.

Juan Antonio Pedreño, ha destacado el momento decisivo que vive este modelo empresarial: “La Economía Social puede y debe ganar un mayor protagonismo en este momento. Para conseguirlo, debemos trabajar todos juntos; instituciones y Economía Social. Es un esfuerzo colectivo, una construcción de políticas públicas en favor de la Economía Social. Trabajar juntos hacia unos objetivos que se encuentran en su momento más importante”.

Entre los objetivos señalados por el presidente de CEPES, destaca la renovación del Intergrupo de Economía Social en el Parlamento Europeo, cuya continuidad resulta “imprescindible” para ubicar a la Economía Social en el centro de las políticas públicas. Además, Pedreño ha mostrado su satisfacción por el apoyo que ya han mostrado cinco grupos políticos para la renovación de este foro y ha animado a seguir trabajando a todos los niveles: europeo, nacional, regional y local.

En este sentido, la europarlamentaria del Partido Popular, Maravillas Abadía Jover, ha declarado que “la Economía Social es un pilar esencial para el desarrollo económico, la cohesión y la competitividad en Europa”. Añadió que esta nueva Legislatura debe continuar el buen trabajo del anterior Intergrupo de Economía Social, y asegurar la implementación del Plan de acción europeo de Economía Social para seguir situando a este modelo empresarial en el centro de la Unión Europea.

El segundo objetivo indicado por Pedreño ha sido el nombramiento de un Comisario con competencias en Economía Social, de forma que coordine el despliegue del Plan de Acción y del ecosistema industrial de la Economía Social en todas las áreas de actividad de las diferentes direcciones generales de la Comisión Europea que afectan a la Economía Social.

Esta demanda está avalada por 19 gobiernos diferentes de la Unión Europea, a través del Manifiesto de San Sebastián y de la Hoja de Ruta adoptada en la Conferencia Europea en Lieja, y ha sido apoyada por la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, junto con los Gobiernos de Bélgica, Alemania, Luxemburgo y Eslovenia con una carta que envió recientemente a los tres vicepresidentes designados para esta futura comisión: Teresa Ribera, Roxana Minzatu y Stephanie Séjourné.

Para Pedreño, el resultado favorable de ambas demandas ayudaría a construir una arquitectura institucional para la Economía Social, un modelo empresarial social que está presente en todos los sectores económicos y a la vanguardia de las principales transformaciones que está experimentando la Unión Europea, representando el 6.5% del empleo y el 8% de su PIB (con 4.3 millones de empresas y 11.5 millones de personas trabajadoras).

En las últimas semanas, se han publicado dos importantes documentos que subrayan la importancia de la economía social y los desafíos que enfrenta para alcanzar su máximo potencial. La publicación de estos dos documentos, en el marco de Naciones Unidas y de la Unión Europea, refleja el esfuerzo que se está haciendo desde el sector para impulsar, visibilizar e incluir la economía social y solidaria en la agenda pública y política.

Por un lado, en el mes de septiembre, la Comisión Europea ha publicado el informe “Evaluación comparativa del rendimiento socioeconómico de la economía social de la UE”, desarrollado por EURICSE, CIRIEC International y Spatial Foresight. La investigación pone cifras al sector de la economía social y solidaria en la Unión Europea: 4,3 millones de empresas y entidades, 11,5 millones de empleados remunerados y más de 912.000 millones de euros de ingresos. El principal objetivo de esta iniciativa ha sido evaluar la importancia socioeconómica de la economía social y su contribución a la creación de un entorno sostenible, innovador y resiliente.

Por otro lado, estos días se ha presentado el primer informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria. El documento «Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible» documenta el modo en que la economía social y solidaria contribuye a la consecución de la Agenda 2030. Igualmente, subraya los avances y desafíos en la promoción de esta economía a través de marcos jurídicos, normativos e institucionales, así como mediante la educación, investigación y apoyo financiero. Además, se presentan recomendaciones para mejorar la visibilidad y el apoyo a estas entidades, enfatizando su papel en la creación de empleo, la sostenibilidad ambiental y la cohesión social.

Desafíos, prioridades y recomendaciones

Ambos informes coinciden en reconocer el valor de la economía social como motor de desarrollo sostenible y cohesión social, destacando su capacidad para generar empleo y promover la inclusión. Además, identifican desafíos comunes que enfrenta el sector, como la necesidad de mejorar el acceso a la financiación, la falta de reconocimiento y visibilidad, y la necesidad de un marco legal y político favorable. Las recomendaciones en ambos documentos incluyen la implementación de políticas públicas que apoyen el crecimiento y la sostenibilidad de las entidades de economía social, fomentando la innovación social y la colaboración entre diferentes actores.

Por otro lado, los documentos también muestran las prioridades de las diferentes instituciones. En el documento de Naciones Unidas se destaca la importancia  de la cooperación internacional, subrayando la necesidad de alianzas globales y la promoción de buenas prácticas a nivel mundial. También enfatiza el poder de la educación e investigación, como elementos fundamentales para «colmar las lagunas existentes en los conocimientos sobre la economía social y solidaria aportando una visión crítica sobre los modelos económicos y las estructuras de gobernanza diferentes que emplea y que más contribuyen al desarrollo sostenible». Por su parte, el informe de la UE presta atención a la importancia de la medición del impacto social, proponiendo la creación de indicadores específicos y sistemas de evaluación para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas. Además, hace hincapié en la innovación y la digitalización como motores de crecimiento, recomendando la adopción de nuevas tecnologías y la formación en competencias digitales para mejorar la eficiencia y la competitividad del sector.

Importancia de los servicios financieros y no financieros

El documento de Naciones Unidas menciona la importancia de los servicios financieros y no financieros en el contexto de la economía social y solidaria. Destaca la necesidad de proporcionar apoyo financiero y no financiero a las entidades de la economía social y solidaria para que puedan operar de manera sostenible y ampliar sus actividades. Se subraya que la falta de reconocimiento formal de estas entidades puede dificultar su acceso a la financiación y a otros recursos esenciales. Además, se menciona que los marcos jurídicos y normativos deben adaptarse para atender las necesidades específicas de estas entidades, facilitando su acceso a servicios financieros y no financieros.

Aunque en los informes no se menciona explícitamente a las finanzas éticas, el apoyo a la economía social y solidaria es una de sus señas de identidad. Un ejemplo de ello son las medidas adoptadas por Fiare Banca Etica para el apoyo a la economía social, como adaptar el sistema de evaluación a las entidades sociales (definiendo hasta 150 indicadores agrupados en áreas de valor como gobernanza, trabajo, calidad del producto o medio ambiente, entre otros) o bonificaciones en los tipos de interés. Un apoyo clave para liberar todo el potencial de la economía social como motor de desarrollo sostenible.

Disponible únicamente en inglés. Puedes leer o descargar en nuestra biblioteca.

Benchmarking the socio-economic performance of the EU social economy

Improving the socio-economic knowledge of the proximity and social economy ecosystem

This report summarises the findings of the project ‘Benchmarking the socio-economic performance of the EU social economy’. Across the 27 Member States, the social economy includes more than 4.3 million entities1. Social economy entities are mainly cooperatives, mutual benefit societies, associations and foundations. Within these figures, there are more than 246 000 social enterprises, of which almost 43 000 are ex lege and over 203 000 are de facto social enterprises2. At least 11.5 million people3 – 6.3% of the employed population in the EU – are occupied in the social economy. More than 6.2 million people (54%) are employed in associations and 3.3 million (29%) in cooperatives. Social enterprises employ at least 3.9 million people. At least 3.3 million people are employed in the health and social care sector, a further 702 000 in education and 622 000 in arts, culture and entertainment. Even if data on female employment is not always available, the share of female employment can be expected to be rather high. In Belgium and Portugal, women account for more than 70% of employment in the social economy, while in France, Poland and Italy the shares are 66%, 60% and 46%, respectively. The revenues generated by the social economy accounted at least for a turnover of EUR 912 billion in 2021. France, Italy, Spain and Finland account for the largest cooperative sectors in terms of turnover, predominantly driven by agricultural, consumer and worker cooperatives. France and Germany register the highest turnover for associations, foundations and mutuals. The social economy plays an important role in other industrial ecosystems. Its contribution to the health ecosystem is significant. It is also well positioned in the agri-food, retail and energy-renewables ecosystems, while it is emerging in the cultural and creative industries and in the tourism ecosystem. The capacity of the social economy to influence policies is very diverse, ranging from almost insignificant in some ecosystems (e.g. tourism) to extremely relevant (e.g. health, energy-renewables).

Comisión Europea, Agencia Ejecutiva para el Consejo Europeo de Innovación y las Pymes, Carini, C., Galera, G., Tallarini, G., Chaves Avila, R., et al., Benchmarking the socio-economic performance of the EU social economy : improving the socio-economic knowledge of the proximity and social economy ecosystem, Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2024, https://data.europa.eu/doi/10.2826/880860

Este documento ha sido desarrollado en el marco del proyecto BREED – Construyendo resiliencia comunitaria y desarrollo sostenible a través de la economía social, cofinanciado por la Unión Europea dentro del Programa de Mercado Único SMP bajo el acuerdo de subvención n. 101074094, que tiene como objetivo fomentar el desarrollo comunitario sostenible a través de la promoción de iniciativas de economía social.

Estas directrices proporcionan orientación práctica y mejores prácticas para aprovechar los principios de la economía social para abordar los desafíos locales y promover un desarrollo inclusivo y sostenible.

PÚBLICO OBJETIVO
Estas pautas están diseñadas para:

• Autoridades locales.
• Organizaciones comunitarias.
• Actores de la sociedad civil.
• Otras partes interesadas en impulsar cambios positivos a nivel de base.

El proyecto BREED ha sido desarrollado por la Fundación Comunitaria de Agrigento e Trapani (FCAT, Italia) en cooperación con la Mancomunitat de la Ribera Alta (España), El Cairo (Grecia), la Cámara Municipal de Paredes (Portugal) y la Red Europea de Integración Social. Empresas (ENSIE, Bélgica).

Puedes leer o descargar a través de este enlace.

El 23 de abril el Parlamento Europeo ha realizado el voto definitivo de la reforma de las reglas fiscales que marcarán la gestión de las cuentas públicas de la UE en los próximos años. Aunque las reglas fiscales propuestas suavicen el ritmo de los recortes de gasto en comparación con las reglas anteriores, para la mayoría de los Estados miembros supondrá restricciones que impedirán hacer frente a inversiones clave en bienestar y futuro.

Ante el resultado de la reforma, Ecologistas en Acción, Greenpeace y Observatori del Deute en la Globalització denuncian el impacto negativo que tendrá este acuerdo en los recursos disponibles que las Administraciones podrán destinar al bienestar de la población y las futuras generaciones. Asimismo, las organizaciones critican que la UE ponga al mismo nivel de prioridad los gastos en defensa y militares que  las inversiones en sanidad, educación, vivienda o la lucha contra el cambio climático y la crisis ecológica.

La reforma se aprueba tras cuatro años de vigencia de la cláusula de escape que permitió la desactivación de las reglas fiscales durante la pandemia de covid-19. Esto ha permitido afrontar la crisis económica por la vía de las inversiones públicas, al contrario que los recortes que se infringieron en la década pasada con la crisis griega y del euro. Frente a la reforma planteada, las organizaciones sociales habían pedido por carta al presidente del Gobierno en marzo de 2023 que las nuevas reglas generaran un espacio fiscal suficiente para hacer frente a los principales desafíos de presente y futuro, en línea con los compromisos internacionales de clima y medio ambiente y con la Carta Social Europea.

En palabras de Nicola Scherer, investigadora del Observatori del Deute en la Globalització,  “la UE ha perdido una oportunidad de generar un marco de gobernanza del dinero público a favor de una agenda feminista y una transición ecosocial justa. En cambio, han elegido unas normas fiscales que nos llevarán de nuevo a la austeridad”.

Nuria Blázquez Sánchez, responsable de internacional de Ecologistas en Acción, ha recordado que “la UE ha decidido que el gasto militar tenga una mayor relevancia mientras que dificultará el gasto público en sectores esenciales para la vida como son la salud, la educación, los cuidados, el transporte público, el derecho al acceso a la vivienda, alimentos, agua y energía”.

Carlos García Paret, de Greenpeace, apunta que “la austeridad 2.0 es una pésima noticia. Es urgente avanzar en democracia fiscal en toda la UE, con impuestos justos y verdes con foco en los más ricos y las empresas contaminantes. Además, no se pueden seguir derrochando miles de millones de euros de dinero público cada año en subsidiar una economía fósil y destructiva de la naturaleza y que beneficia mayoritariamente a unos pocos a costa de la mayoría. Es el momento de garantizar que cada euro público se invierta en el bienestar de las generaciones presentes y futuras”.

La reforma se aprueba en un momento en el que la UE-27 tiene un déficit de financiación de inversiones en transición ecológica que se calcula en unos 400 mil millones de euros al año, aproximadamente el doble que la inversión actual. Las nuevas restricciones de este marco de gobernanza económica harán más difícil obtener los fondos necesarios y solo 3 de los 27 países serán capaces de hacer frente a sus necesidades de inversión social y verde.

A partir de ahora, los Estados miembros deberán presentar planes nacionales antes de septiembre de 2024 que indiquen la trayectoria de la deuda y el déficit a medio plazo y las prioridades de inversión y reforma. La redacción de estos planes exige la participación de la sociedad civil. Las organizaciones que suscriben esta nota demandan al Gobierno de España una participación efectiva de la sociedad civil “para poder velar por la puesta en marcha de medidas a nivel estatal que eviten los recortes y la austeridad o el gasto superfluo y no prioritario y se apueste por la resiliencia ambiental y el bienestar social que favorezca al conjunto de la ciudadanía”.

Más información: DOSIER DE PRENSA

El Parlamento Europeo votó el pasado miércoles 24 de abril a favor de una legislación que obligará a las grandes empresas de la UE a abordar los impactos sobre los derechos humanos y el medio ambiente en sus operaciones y cadenas de suministro tanto dentro como fuera de las fronteras europeas. Esta ley incluirá aspectos como ingresos y salarios dignos y prácticas de compra responsables en la agenda de todas las grandes empresas.

La Directiva sobre la Diligencia Debida en materia de sostenibilidad de las empresas es clave para abordar las repercusiones sobre los derechos humanos y el medio ambiente, pero es necesario apoyar su aplicación 

La aprobación de esta directiva supone un paso adelante en la justicia corporativa. Es importante celebrar el logro y aclarar las medidas de acompañamiento para que su aplicación sea posible y tenga impacto. Para apoyar las próximas etapas, la Oficina de Defensa del Comercio Justo,

Salario digno, compra responsable y no a los recortes

Elementos clave de la Directiva son el reconocimiento del Salario Digno y el Ingreso Digno como derechos humanos que las empresas deben tener en cuenta, así como la aclaración de la importancia de abordar el impacto de las prácticas de compra de la empresa.

Otra mejora clave es la aclaración de que la desvinculación de los proveedores en virtud de la ley sólo debe producirse como último recurso y de manera responsable. Por último, vemos una redacción más contundente sobre la participación significativa de las partes interesadas, que es crucial para una diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente.

Se necesita apoyo e información para una aplicación adecuada

A medida que avanzamos hacia la aplicación, no se puede esperar que los proveedores en general, y los agricultores a pequeña escala en particular, asuman por sí solos la carga de la ambición de esta directiva. Por lo tanto, es crucial que las directrices y las cláusulas contractuales modelo se basen en normas y orientaciones reconocidas internacionalmente y dejen claro que no es una aplicación adecuada hacer recaer sobre los proveedores el coste y las responsabilidades en materia de derechos humanos y producción sostenible sin el apoyo adecuado.

El desarrollo de la ley ha sido complejo

La diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente que ahora será obligatoria se basa en las normas reconocidas internacionalmente desarrolladas por la ONU y la OCDE que existen desde 2011, así como en las buenas prácticas y directrices establecidas.

En febrero de 2022, la Comisión Europea publicó una propuesta legislativa inspirada en un Informe Legislativo Propio del Parlamento Europeo de 2021. El proyecto de ley tenía un gran potencial, pero carecía de claridad en algunos elementos clave, por lo que corría el riesgo de tener consecuencias negativas no deseadas para los pequeños agricultores y otros actores de las cadenas mundiales de suministro, a quienes la ley pretende proteger.

Gracias a la ardua labor del Parlamento Europeo, estos elementos se abordaron, y ahora tenemos una ley con muchas más posibilidades de generar un cambio positivo para los pequeños agricultores y agricultores, y las personas trabajadoras y artesanas de todo el mundo.

A pesar de que algunos Estados miembro hicieron caso omiso de las negociaciones en el último minuto, introduciendo cambios unilaterales para debilitar el texto final en marzo, la nueva Directiva supone un paso adelante fundamental para la responsabilidad de las empresas.

La UE y los Estados miembros se comprometen a proporcionar apoyo financiero e información a los diferentes actores de la cadena de suministro, a la sociedad civil y a las entidades productoras de todo el mundo. Creemos que las Delegaciones de la UE desempeñan un papel clave a la hora de garantizar que los agricultores, los trabajadores y las organizaciones de la sociedad civil puedan utilizar esta ley y que los actores de la cadena de suministro en posiciones vulnerables no se queden sin apoyo.

Citas:

Daniel Amponsah, Asunafo North Municipal Co-operative Cocoa Farmers (Ghana): Tener unos ingresos dignos es un derecho humano y, como productores, agradecemos que la UE lo reconozca y lo dé a conocer en la Directiva. Esto significa que las empresas con las que trabajamos se comprometerán a garantizar la reducción de la pobreza entre los agricultores y agricultoras. No obstante, volvemos a pedir a la UE que se asegure de que existen medidas para apoyar la aplicación de la Directiva.

May Hylander, Oficina de Defensa del Comercio Justo: Celebramos este paso clave e instamos a la Comisión Europea a que elabore orientaciones claras sobre temas clave como las prácticas de compra, la participación significativa de las partes interesadas y la forma de respetar el derecho a salarios e ingresos dignos para garantizar su correcta aplicación. Es imperativo que los costes y las responsabilidades no recaigan únicamente sobre los hombros de los proveedores.

La Alianza Cooperativa Internacional (ACI) ha firmado un nuevo acuerdo de asociación con la Comisión Europea en Bruselas. A partir de abril de 2024, los principales objetivos del programa quinquenal de Desarrollo Cooperativo Internacional serán reforzar la red empresarial de la ACI e impulsar su participación en la promoción de las políticas y programas de desarrollo cooperativo internacional. Entre otros, se fomentará una cooperación más estrecha entre las diferentes oficinas regionales de la ACI y la oficina internacional, así como entre las organizaciones miembro, las organizaciones de la sociedad civil, las instituciones de la Unión Europea y otras partes interesadas en el desarrollo cooperativo.

Como parte de esta nueva asociación, la ACI llevará a cabo distintas actividades sobre capacitación e intercambio de conocimientos; investigación y formación; promoción y colaboraciones; visibilidad y comunicación, así como un programa de gestión más completo.

La Unidad Estratégica de la ACI para este programa está compuesta por los cargos directivos de la oficina internacional y de las oficinas regionales, y serán ellos los encargados de diseñar la orientación estratégica del programa. La ACI trabajará en colaboración con la Dirección General de Asociaciones Internacionales de la Comisión Europea (DG INTPA).

“Este acuerdo es un reconocimiento político importante para la ACI y el movimiento cooperativo, al que se considera un actor clave para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, explicó Marc Noël, director de Desarrollo Internacional de la ACI.

A principios de mes, Marlene Holzner, directora de Unidad en la Comisión Europea, se reunió con el director general de la ACI, Jeroen Douglas, para tratar distintos puntos del acuerdo de asociación. Este es el segundo acuerdo de asociación entre la ACI y la Unión Europea. El primero, que tuvo un gran éxito, se desarrolló entre 2016 y 2021.

Más información sobre este programa disponible aquí: www.coops4dev.coop.

El pasado 29 de enero, varios miembros de Jóvenes x Fiare participamos en el evento “Del proyecto a la realidad: cómo educar a la próxima generación de emprendedores sociales”, que tuvo lugar en el Comité Económico y Social de la UE, en Bruselas. Este era el encuentro final de un proyecto de varios años llamado SE4Ces, en el que han participado las universidades de Tesalónica (Grecia); Essex (Reino Unido); Bolonia (Italia); Autónoma de Barcelona (España), así como organizaciones de economía social como Cooperativas de Europa; Aiccon y FEBEA. Es por esta última organización, a la que pertenece Fiare Banca Etica, por la que tuvimos la oportunidad de participar en el evento.

El evento se centró en el futuro y en los retos que tenemos por delante como educadores en torno a la economía social, donde tuvimos la oportunidad de participar como ponentes, introduciendo una mirada juvenil de la realidad. Una mirada que analiza una actualidad con diversas crisis (o una sola con múltiples aristas) y un futuro incierto en el que las decisiones económicas que tomemos hoy son realmente importantes y que, como jóvenes, nos afectan directamente.

Nuestra aportación se centró en la necesidad de establecer redes de contacto entre colectivos y profesionales, para fortalecer y apoyar el trabajo individual que ya se realiza y sumar nuevos protagonistas. Una educación centrada en los principios sociales de la economía, tantas veces olvidados en los manuales.

Si bien la educación superior y universitaria tuvo un protagonismo mayor en el evento, en nuestra intervención valoramos la importancia de empezar en la secundaria, considerándola una etapa más dinámica, en la que se debe ayudar al alumnado a definir sus proyectos académicos y profesionales con un enfoque directo a la economía social y una respuesta vital desde esta manera de hacer economía.

El martes 30 de enero, segundo y último día de encuentro en Bruselas, visitamos la oficina de FEBEA, que se encuentra en un coworking del centro de Bruselas compartido con otras entidades del tercer sector y empresas de Economía Social como la Cruz Roja de Bélgica o Social Economy Europe; y pudimos conocer a gran parte del equipo de FEBEA.

Durante la mañana, las compañeras de FEBEA organizaron un taller de “Activismo y Juventud”, en el cual participamos activamente miembros de JóvenesxFiare junto a representantes de otras organizaciones europeas como ShareAction o la Red Europea de Microfinanzas y representantes de entidades de finanzas éticas de Bélgica como CREDAL y Hefboom.

El workshop fue un espacio ideal para debatir y conversar sobre la participación de los jóvenes europeos en entidades de la Economía Social y Finanzas Éticas, reflexionamos sobre cómo hacer más atractiva la participación, activista o profesional, de la juventud en estas entidades que, al fin y al cabo, deberían ser las encargadas de liderar el cambio de modelo económico para construir un sistema global que respete el medio ambiente y a todas y cada una de las personas que habitan este planeta.

Para finalizar el taller de la mañana, el compañero Aleksei Nogueira, trabajador del departamento de Relaciones Asociativas de Fiare Banca Etica, realizó una presentación del grupo de JóvenesxFiare. Todos las entidades presentes en el taller coincidieron en que haber conseguido un grupo consolidado de más de 60 jóvenes, menores de 35 años, en su mayoría clientes y socios del banco, que participen activamente promoviendo y difundiendo las finanzas éticas entre otros jóvenes, es algo único con un enorme potencial.

A modo de conclusión, nos gustaría destacar una opinión compartida por todo el grupo: nos gustaría continuar presentando y explicando nuestro grupo de jóvenes en diferentes encuentros a los que nos inviten por Europa y; no podemos evitar pensar a futuro, y soñar con la posibilidad de una red de jóvenes europea por las finanzas éticas, impulsada por JóvenesxFiare. De momento queremos conocer a otros jóvenes activistas de otros países y bancos éticos europeos, una fecha que ya tenemos marcada en nuestro calendario es la Asamblea de FEBEA de septiembre de 2024 en Irlanda, en la que intentaremos ir un buen número de jóvenes del grupo y explicar nuestra experiencia, como ya hicimos en la pasada asamblea que se celebró en Grecia el 25 de septiembre de 2023.

Durante la presidencia belga de la Unión Europea, tendrá lugar la Conferencia ministerial y de expertos sobre Economía Social. Será del 12 al 13 de febrero en Lieja.

Dans le cadre de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne, les 3 régions belges s’associent pour organiser un événement dédié à l’économie sociale à Liège les 12 et 13 février 2024.

Cet événement comportera deux volets: une réunion des ministres de l’économie sociale européens et une conférence regroupant des experts, chercheurs et acteurs de terrain qui s’articulera autour d’ateliers, de panels, de séances plénières, de moments d’échanges de bonnes pratiques, etc.

Cet événement sera « the place to be » pour l’économie sociale européenne.
Bloquez les dates dans vos agendas!

Visitez régulièrement concertes.be pour découvrir le programme final et toutes les infos pratiques.
Un site internet sera prochainement dédié à l’événement

El proyecto base— Plan general para las capacidades avanzadas y la formación en la economía social (2022-2026) — es un proyecto de alianza seleccionado por la Comisión Europea a través del programa Erasmus+. Reúne a un grupo diverso de partes interesadas clave, incluidas empresas, proveedores de educación y formación, instituciones de investigación, interlocutores sociales y expertos del sector, para abordar los desajustes de capacidades y ofrecer nuevas capacidades alineadas con los perfiles profesionales en el sector de la economía social (SE). A través de actividades sectoriales e intersectoriales dentro del entorno socioeconómico, los resultados y productos tendrán un efecto extenso y duradero para apoyar el ecosistema de proximidad y economía social.

Se presentaba en octubre la edición inaugural de ‘Social Economy Insider’, una extensión del proyecto base. Esta innovadora revista, co-creada a través de las contribuciones de una amplia gama de expertos y socios clave del proyecto, se dedica a descubrir las últimas tendencias en la economía social a escala europea.

Según se recoge en su web, ‘Social Economy Insider’ sirve como un portal para comprender los matices del desarrollo de habilidades, la inversión de impacto, el emprendimiento sostenible, el consumismo consciente y los modelos innovadores que priorizan tanto a las personas como al planeta. La revista ofrece una amplia gama de contenido, incluidos artículos, entrevistas perspicaces, estudios de casos convincentes y podcasts que ilustran vívidamente el inmenso potencial dentro del sector de la economía social. La misión es iluminar la intrincada interacción entre el progreso económico y el avance social, amplificando las voces de quienes se dedican a hacer un impacto significativo. El contenido está cuidadosamente cuidado para informar, inspirar e iniciar conversaciones significativas.

La visión de esta revista es convertirse en una plataforma independiente, abierta a todos los actores de la economía social para la presentación de artículos, podcasts, noticias y entrevistas. Es un espacio donde las partes interesadas de la economía social pueden compartir, participar y proporcionar una plataforma para que sus voces sean escuchadas. El contenido abarcará proyectos existentes y en curso, a la vez que presentará artículos originales y novedosos.

La edición inaugural, se publicó en octubre de 2023 y se centra en SKILLS. Los números siguientes se publicarán semestralmente.

Póngase en contacto con baseproject4skills@gmail.com para compartir sus ideas y únase para construir una voz más fuerte, innovadora y unificada para la economía social.

Poco conocida y rodeada de un gran consenso en el Parlamento Europeo, la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA, por sus siglas en inglés), progresa adecuadamente para ser la guía de actuación de la Unión Europea en términos de estrategia de cara a un futuro con escasez de energía, requerimientos de reducción de emisiones y amenazas a la “seguridad” continental.

A la actual propuesta, votada en plenario en Estrasburgo, le faltan tres pasos, el llamado “trílogo” entre una persona que representa a la Comisión, otra al Parlamento y una tercera de la presidencia del Consejo, la aprobación en plenario y la adopción de la ley. Antes de eso, la semana del 13 de noviembre, está planteado un evento organizado por la Comisión Europea para reunir a colaboradores privados y representantes institucionales a discutir sobre las oportunidades de esta estrategia sobre materiales críticos.

Pero la aparente falta de críticas al proyecto, que solo ha sido contestado en el Parlamento Europeo por el minoritario grupo de La Izquierda (The Left) no implica que este esté libre de sospechas y certezas sobre el modo de aproximarse a un asunto sensible para el futuro de la UE y del conjunto del planeta.

Dos organizaciones de la sociedad civil, Corporate Europe Observatory (CEO) y el Observatoire des Multinationales (OdM) han presentado hoy un informe Blood on the Green Deal (Sangre en el Pacto Verde) que detalla los posibles impactos de una serie de normas destinadas a sostener y dar un nuevo impulso a la minería, así como los trabajos de lobby que han llevado a que este proyecto de ley se acople como un guante a las necesidades del sector armamentístico y la industria aeroespacial.

El hecho es que este documento discute que el proyecto no discrimina entre el uso de los materiales críticos que están en el punto de mira de la UE. De este modo, el uso “verde” para la transición ecológica de estas materias ni siquiera se prioriza frente a su uso en la construcción de aviones.

Tampoco hay hasta ahora ninguna limitación sobre las vías de acceso a esos materiales. Nada que proteja los ecosistemas: la Ley CRM no impide proyectos de exploración y extracción en áreas protegidas, espacios Natura 2000, el Ártico y las profundidades marinas, detalla el informe de CEO y OdM.

Bajo el paraguas del “interés público primordial”, se abre la posibilidad de extracción y nuevos desarrollos mineros que permitirán a las empresas mineras “eludir las directivas marco sobre el agua, los hábitats y las aves, incluso cuando no hay garantías de que los materiales extraídos se utilicen efectivamente para la transición verde”, señalan las ONG.

“Antes de abrir más minas, incluso en España, deberíamos abrir la discusión sobre nuestro consumo de materias primas”, argumenta Lora Verheecke, una de las autoras del informe Blood on the Green Deal.

Lista de materiales

Litio, bauxita, fluorita, fósforo, cobre, estroncio, tierras raras, cobalto o tántalo son algunos de los materiales considerados críticos. Necesarios para la fabricación de teléfonos móviles (cobalto y tántalo), de baterías de coches eléctricos (se emplean litio, grafito, cobalto, níquel y manganeso) y de sus motores (disprosio, neodimio, praseodimio y terbio), la UE quiere proteger su green new deal mediante la priorización estrategia de la búsqueda y extracción de estos materiales y la protección de las “cadenas de suministro globales”. Para ello ha creado un fondo de inversión, Global Gateway, dotado con 300.000 millones de euros, el equivalente al PIB de Portugal.

“La ley conducirá a una mayor minería en el Sur Global y posiblemente en partes de Europa debido al consumo cada vez mayor de materias primas de la UE”, dice el informe. La UE señala que España tiene casi la totalidad de las reservas requeridas por la UE de estroncio, usado en compuestos químicos y farmacéuticos y en la fabricación de pantallas.

Dentro de los materiales, no obstante, se han introducido también dos viejos conocidos, aluminio y titanio, cuyo uso en la transición verde es más que dudoso. En esa inclusión ha sido determinante la labor de los lobbies de la aeronáutica y la industria armamentística, que “han estado muy activos tratando de influir en el contenido de la legislación CRM y han disfrutado de acceso privilegiado a los tomadores de decisiones de la UE”, denuncia el informe.

Uno de estos lobbies, ASD, influyó decisivamente sobre la representación española en el Consejo de la UE, que preside desde el pasado mes de junio, para incluir los intereses de la industria aeroespacial en el borrador de la Ley. De ASD forman parte compañías “españolas” como Indra o la participada por el Estado Navantia, así como TEDAE, la Asociación Española de empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, dirigida por Ricardo Martí Fluxá, exsecretario de Estado de Seguridad y uno de los principales halcones del sector armamentístico en España.

“La Unión Europea habla de paz y green deal pero su nuevo proyecto de ley va a abrir minas sucias para armas”, resume Verheecke. Uno de los aspectos que destaca el informe del que es coautora es cómo la guerra de Ucrania ha dado barra libre a la carrera armamentística en la Unión Europea, lo que ha justificado que los materiales estratégicos para la fabricación de corbetas, misiles o cazas sean incluidos en el mismo cajón de sastre que aquellos que sí pueden favorecer una reducción efectiva de las emisiones de dióxido de carbono.

La reforma del Diseño del Mercado de la Electricidad (DME) propuesta por la Comisión de la UE (Comisión) representa una oportunidad fundamental para aclarar y mejorar los nuevos conceptos que se originaron en el Paquete de Energía Limpia, en particular el intercambio de energía, y para hacer que el mercado interno de la energía (MEI) más accesible para los ciudadanos de la UE. Sin embargo, quedan importantes interrogantes sobre si la DME resultante dará prioridad al enfoque correcto para sentar las bases de mercados energéticos descentralizados y garantizar la coherencia con la visión original de la UE de poner a los ciudadanos en el centro del sistema energético, donde puedan apropiarse de la energía. transición.

El DME necesita aclarar y mejorar las normas de la UE mediante las cuales los clientes activos y las comunidades energéticas pueden operar en segmentos específicos del MEI, incluida la producción, el suministro minorista y el intercambio de energía.

Unión Renovables participa en la acción de Rescoop para que la voz del cooperativismo energético se tenga en cuenta en el DME. Compartimos el documento de posición elaborado por REScoop  y que  describe recomendaciones clave  para los diálogos tripartitos sobre el diseño del mercado de la electricidad con el fin de lograr un mercado energético más democrático basado en el principio legal de igualdad de trato de la UE.

REScoop.eu-Position-Paper-on-the-Electricity-Market-Design-trilogue (español)

Según recogía en nota de prensa el Consejo de la Unión Europea, los ministros de la UE alcanzaban el pasado 9 de octubre un acuerdo político en relación con la Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social, con vistas a promover la inclusión social y el acceso al mercado laboral. Al haberse alcanzado un acuerdo político, ahora la Recomendación se adoptará formalmente en una próxima sesión del Consejo. Una vez adoptada la propuesta, los Estados miembros dispondrán de dos años para adoptar o actualizar sus estrategias nacionales en materia de Economía Social.

Las entidades de la Economía Social pueden constituirse, entre otras formas, como cooperativas, asociaciones y fundaciones. Su principio común fundamental es anteponer las personas, así como los fines sociales o medioambientales, a los beneficios. La economía social contribuye al mercado laboral y a la inclusión social, fomenta el desarrollo de capacidades y también promueve un desarrollo socioeconómico e industrial justos y sostenibles, mejorando la cohesión social y territorial en todos los Estados miembros. Para reforzar la economía social, resulta fundamental disponer de un marco propicio.

Las entidades de la economía social se ocupan de varios de los mayores retos que afronta nuestra sociedad, en particular en materia de integración laboral y social, así como de cohesión social. Sin embargo, aún podemos hacer mucho por que la economía social siga desarrollándose, tanto en nuestros Estados miembros como en toda la UE. Debemos aprovechar el gran potencial que nos brinda para mejorar nuestra respuesta ante los retos sociales y medioambientales a los que nos enfrentamos y velar por que nadie se quede atrás.

Yolanda Díaz Pérez, ministra en funciones de Trabajo y Economía Social de España.

ACCESO AL MERCADO LABORAL E INCLUSIÓN SOCIAL: EL VALOR AÑADIDO DE LA ECONOMÍA SOCIAL

En esta Recomendación, que es la primera que el Consejo ha adoptado sobre la economía social, se aconseja a los Estados miembros que implanten medidas tendentes a reconocer y respaldar el papel de la economía social a la hora de:

• facilitar el acceso al mercado laboral, especialmente para los grupos vulnerables o infrarrepresentados
• fomentar la inclusión social ofreciendo servicios sociales y asistenciales accesibles y de alta calidad
• estimular el desarrollo de capacidades, en particular aquellas que sean necesarias para las transiciones digital y ecológica
• promover la innovación social y un desarrollo económico sostenible

UN ENTORNO FINANCIERO FAVORABLE PARA LAS ENTIDADES DE LA ECONOMÍA SOCIAL

Las entidades de la economía social aspiran a lograr objetivos sociales y medioambientales, en lugar de simplemente a obtener beneficios. De ahí que su acceso a la financiación suela ser más difícil que para otras empresas. Se anima, por tanto, a los Estados miembros a que faciliten el acceso de dichas entidades a la financiación pública y privada, también haciendo el mejor uso posible de los fondos de la UE.

Según la Recomendación, la mejora del acceso a los mercados y a la contratación pública, el uso eficiente de las normas sobre ayudas estatales y un marco fiscal favorable resultan igualmente cruciales para el desarrollo de la economía social.

CEPES MUESTRA SU SATISFACCIÓN POR EL ACUERDO

La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) mostraba su satisfacción por la recién aprobada Recomendación sobre el desarrollo de condiciones marco para la Economía Social y destacaba el papel de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social en funciones, Yolanda Díaz, que ha liderado las negociaciones en el marco de la Presidencia Española de la UE.

Para el presidente de CEPES y de Social Economy Europe (SEE), Juan Antonio Pedreño, esta Recomendación permite a los países miembros de la UE “avanzar de manera conjunta en su apuesta por la economía social, un modelo empresarial que representa a más de 2,8 millones de empresas y entidades y emplea a más de 13,6 millones de personas en toda Europa”. “Esta Recomendación contempla una hoja de ruta innovadora que permitirá crear más empresas y empleos en la Economía Social, para alcanzar los 20 millones de empleos en 2030” añadió Pedreño.

Además, el presidente de las Patronales de la Economía Social española y europea, recuerda que este acuerdo se ha celebrado en el marco de la Presidencia Española de la UE y que, España, como país impulsor de la economía social, pondrá de relieve el peso de este modelo empresarial en la próxima Cumbre Europea de Economía Social, que reunirá en Donostia los días 13 y 14 de noviembre de 2023 a Gobiernos, instituciones europeas, gobiernos autonómicos, Estados miembros, organizaciones internacionales como la OCDE o la OIT, así como  a los líderes empresariales de la economía social a nivel mundial .

Destacan también que esta Recomendación explicita que promover el diálogo social en la economía social puede mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, de forma que, los Estados miembros pueden fomentar y aprovechar este aspecto de la economía social y hacer uso de sus conocimientos técnicos implicando a las entidades de la economía social en el diseño y la aplicación de políticas activas del mercado de trabajo. Además, esta recomendación insta a los Estados miembros a explorar las posibilidades para facilitar la participación de los empresarios de la economía social en el diálogo social.

Un aspecto importante es que se invita a los Gobiernos de la UA a garantizar un marco facilitador para las transmisiones de empresas a empleados para que constituyan cooperativas de trabajo asociado u otras formas de Economía Social, como en el caso de España, las sociedades laborales, con el objetivo de evitar pérdidas de empleo y salvaguardar la actividad económica.

Para facilitar la puesta en marcha de las medidas que recoge este documento, se recomienda a los Estados miembros que establezcan mecanismos de consulta y diálogo entre las autoridades públicas y las organizaciones representativas de la economía social. Esto, según apunta el acuerdo, puede implicar la creación de grupos de alto nivel y el apoyo a la creación y el desarrollo de redes representativas de la economía social.

El 13 de junio de 2023, la Comisión presentó al Consejo una propuesta de Recomendación del Consejo sobre el desarrollo de condiciones marco para la economía social. El objetivo de la Recomendación es fomentar el acceso al mercado laboral y la inclusión social orientando a los Estados miembros sobre cómo promover los marcos políticos y reglamentarios facilitadores. La economía social presenta diversos niveles de desarrollo en los Estados miembros y un potencial que todavía se puede aprovechar mucho más.

Propuesta aprobada el 29 de septiembre de 2023.

Leer el documento completo.

• Más de cien personas se concentraron la tarde de ayer en Córdoba para demandar un modelo alimentario más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural con motivo de la reunión de ministros de Agricultura de la UE del 3 al 5 de septiembre
• Por la noche, 50 activistas pusieron mensajes reivindicativos en la iluminación del Puente Romano y proyectaron una pancarta en las paredes de la Mezquita de Córdoba
• Además, durante todo el fin de semana previo, personas venidas de todo el Estado, celebraron en Hornachuelos (Córdoba) un encuentro para debatir soluciones al modelo agroalimentario

Más de un centenar de personas pertenecientes a más de 50 organizaciones sociales, ambientales, de consumidores y agrarias se concentraron la tarde de ayer en la plaza del Arco del puente de Córdoba durante la visita que los ministros de Agricultura de la Unión Europea realizaron a la mezquita de la ciudad, para exigir un sistema alimentario más justo, sostenible y respetuoso con el mundo rural.

Al finalizar la concentración, 50 activistas modificaron la iluminación del puente romano de la ciudad con plantillas en forma de frutas y hortalizas y proyectaron una pancarta en los muros de la Mezquita, para exigir cambios hacia un modelo agroalimentario justo y sostenible. Con esta acción simbólica, lo colectivos pretenden trasladar la necesidad de actuar con urgencia para que se dé un cambio radical en el modelo agroalimentario.

En el actual contexto de crisis climática y ecológica global, el modelo agroalimentario industrializado y globalizado, basado en la explotación de la naturaleza y las personas, ha demostrado su vulnerabilidad, por ejemplo, frente a perturbaciones como la pandemia de la COVID-19, la guerra de Ucrania o las sequías prolongadas. Por ello, las organizaciones reunidas en Córdoba han reivindicado que las políticas europeas se dirijan hacia la agroecología, la soberanía alimentaria y el feminismo como las únicas alternativas capaces de alimentar a la población de forma saludable, socialmente justa y ambientalmente respetuosa. Asimismo, han solicitado a los ministros y ministras de la UE que pongan todos los medios a su alcance para asegurar que la transición en marcha sea justa con las personas y el planeta, asegurando el futuro del campo y sus gentes.

Los mandatarios están en Córdoba para celebrar una reunión informal bajo el título “Las nuevas tecnologías para una agricultura más sostenible y resiliente”, por lo que las personas asistentes a la concentración aprovecharon la cita para reclamar que se implementen políticas públicas que avancen hacia un modelo agroalimentario basado en la agroecología y la soberanía alimentaria y que se dejen de lado las falsas soluciones. Así, los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “Nos plantamos, por un modelo agroalimentario justo y sostenible”, “Stop glifosato” o “Agroecología para enfriar el planeta”. Además, la concentración contó con una batucada y se corearon frases pidiendo respeto al mundo rural.

Los colectivos han querido transmitir a los ministros y ministras la necesidad de apostar por granjas pequeñas y medianas, con manejos agroecológicos que sostienen un mundo rural vivo. La industria y la distribución deben garantizar precios justos, tanto para quienes producen como para quienes consumen, para lo cual es fundamental el apoyo a los canales cortos de comercialización y las normativas e infraestructuras públicas para la transformación agroalimentaria a pequeña y mediana escala.

Ante la actual emergencia climática y de biodiversidad, las organizaciones demandan asimismo políticas públicas en defensa del territorio frente a macroproyectos, como ciertos megaparques para la producción de energía renovable, los monocultivos a gran escala o la ganadería industrial, que afectan a las poblaciones rurales y que socavan el funcionamiento de los ecosistemas, el suelo, el agua, la biodiversidad y el conjunto de servicios ecosistémicos que generan. A su vez, manifiestan la urgencia de acabar con la precariedad laboral del sistema agroalimentario industrializado, que afecta especialmente a personas migrantes y mujeres y supone una lacra para la dignidad rural.

Otras movilizaciones

Además de la concentración de la tarde de ayer, entre los días 31 de agosto y 3 de septiembre tuvo lugar un encuentro por la soberanía alimentaria, celebrado en Hornachuelos (Córdoba), en el que participaron más de 150 personas de organizaciones de todo el territorio español. En este se debatió sobre las problemáticas y las alternativas al modelo agroalimentario y se consensuó una hoja de ruta para continuar impulsando sus reivindicaciones conjuntas. Como defiende June San Millán, de REAS Nafarroa y asistente a las movilizaciones, «la agroecología y los movimientos por el clima, donde se alinean también las organizaciones de la Economía Solidaria, tienen el reto de coordinarse y organizar sus agendas a partir de encuentros como éste para que sus reclamas y propuestas transciendan socialmente».

Entre otras actividades, se realizaron mesas de debate sobre el modelo agroindustrial y su contribución a la crisis climática, así como la confluencia de las luchas territoriales con el movimiento por la soberanía alimentaria. Las jornadas sirvieron de punto de encuentro para personas vinculadas al movimiento alimentario, el movimiento climático, organizaciones campesinas, consumidoras, científicas, población rural y movimiento ecologista, incluyendo una representación del caso francés con las Sublevaciones de la Tierra y la Confederation Paysanne, que se unieron en defensa del territorio y un mundo rural vivo.

Un artículo de Daniel Rabanaque para economiasolidaria.org.

Hace apenas unos días, se celebraba en Bruselas la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea, América Latina y el Caribe. El foro, retomado tras ocho años, debía servir para construir y desarrollar estrategias comunes y horizontales que refuercen la importancia europea en la región y apoyen las transiciones verde y digital puestas en marcha en los diferentes países. En la declaración resultante, los participantes se comprometían a mejorar la coordinación multilateral y avanzar acuerdos comerciales dentro de un marco de respeto por los acuerdos de París, la lucha contra el cambio climático y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el horizonte. La cumbre se sitúa en el intento de la Unión Europea por afianzar su importancia en la región frente al avance de la presencia china como motor económico para estos países en crecimiento.

La Fundación Alternativas se hacía eco, ya el pasado mayo, de la diferencias, fracturas y contrastes existentes entre los países iberoamericanos. Las diferentes crisis (sistémica, financiera, sanitaria, ecológica) que se vienen produciendo a escala internacional hacen necesario un mayor diálogo entre los agentes implicados, agendas mejor coordinadas para garantizar el desarrollo sostenible y la inclusión social, y debates más profundos sobre nuevos modelos económicos que avancen “pactos verdes”, terminen con el extractivismo y favorezcan una política de cooperación al desarrollo que ahonde en la defensa de los derechos humanos.

ESTRECHA VENTANA DE PARTICIPACIÓN PARA LA ESS

La Economía Social estuvo representada en el encuentro con la presencia de la directora de Social Economy Europe, Sarah de Heusch, y la participación de su presidente, Juan Antonio Pedreño, en la mesa redonda dedicada al modelo empresarial. Si bien las propuestas de la ESS no se vieron reflejadas en las conclusiones generales del encuentro, CEPES no ha dudado en calificar de ventana de oportunidad para “situar a las empresas de #EconomíaSocial en el centro de las inversiones sostenibles de #GlobalGateway 🇪🇺 con #AmericaLatina”, aludiendo al paquete de inversiones destinadas a la región anunciado por Ursula von der Leyen dentro de la estrategia europea Global Gateway.

Sin embargo, otras voces apuntan a la decepción que ha supuesto que la cumbre no haya tratado los problemas de libertades y derechos existentes en muchos Estados, las propuestas de los movimientos indígenas o los riesgos de greenwashing que se asocian a las inversiones europeas en el continente. Gloria García, de Oxfam, advierte en el artículo de DW enlazado anteriormente: «América Latina está en un momento muy sensible, y estas inversiones pueden empeorar la democracia. Necesitamos blindar estas inversiones para no vayan por ese camino”.

En un artículo que resume la cumbre, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica señala otros desacuerdos y asimetrías en un encuentro teñido de oportunidad de negocio para las multinacionales. Así, subraya la presencia en la cumbre de directivos de empresas como Iberdrola, Banco Santander, Acciona, Telefónica o BBVA, por indicar solo aquellas de origen español.

EN PARALELO, LA CUMBRE DE LOS PUEBLOS

De forma paralela a la celebración de la Cumbre EU-CELAC, Bruselas acogía también el desarrollo de la Cumbre de los Pueblos, una cita convocada por numerosos actores políticos y sociales de la UE y América Latina. Su declaración de principios, estaba encabezaba por la defensa de la naturaleza y “la construcción de un nuevo orden internacional justo, democrático y equitativo, que ponga en el centro de las políticas públicas al ser humano, la satisfacción de sus necesidades desde una defensa del medio ambiente que nos permita vivir en armonía con la naturaleza”.

Por ella, pasaron los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y Bolivia, Ernesto Arce, el canciller venezolano Yván Gil y representantes de organizaciones, movimientos sociales o sindicatos de ambas regiones en un esfuerzo para encontrar una serie de resoluciones tendentes a manifestar el rechazo al modelo capitalista y proponer nuevas vías de convivencia y desarrollo económico. De especial interés resultó la intervención de Gustavo Petro, quien en su discurso puso de manifiesto la asociación de las lógicas de producción y acumulación del capitalismo con la destrucción del planeta.

En su declaración final, la Cumbre de los Pueblos subrayaba la oportunidad que supone la cumbre UE-CELAC para avanzar “en la creación de un mundo multipolar, con relaciones multilaterales que permita progresar en Paz a la Humanidad en armonía con la Madre Tierra”, señalando a la vez la ofensiva imperialista destinada a profundizar los conflictos y condenando las campañas en curso “encaminadas a desestabilizar gobiernos democráticamente elegidos por sus pueblos en América Latina y el Caribe”. Se señalan también en sus conclusiones “los intentos de la UE de imponer formatos y métodos, unilaterales, poco transparentes, contrarios al espíritu de respeto, diálogo y cooperación que debe imperar en las relaciones birregionales”.

La Cumbre de los Pueblos abogó por “la aplicación de políticas socialmente avanzadas que evite que los Pueblos de Europa sigan sufriendo las consecuencias de una crisis que no han causado”. Se exige también el fin de las sanciones unilaterales y los bloqueos, en especial los de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Se propone también la convocatoria de la Asamblea de la Tierra por parte de la ONU, “a fin de preservar nuestra casa común que es la Madre Tierra y debatir las consecuencias del modelo de desarrollo capitalista que ha llevado a la destrucción de nuestro planeta”. En el terreno económico, la Cumbre de los Pueblos defiende “acuerdos y medidas que contribuyan a desarrollar unas relaciones comerciales, financieras y económicas justas, equilibradas con base en el beneficio mutuo y la defensa de la Madre Tierra, de carácter multilateral, que definitivamente erradique el colonialismo que tanto daño ha causado a los Pueblos Latinoamericanos y Caribeños”.

¿DÓNDE SE SITÚA LA ESS?

Llama la atención, en los documentos de conclusiones de ambas cumbres, la ausencia de referencias a la Economía Social y Solidaria. La Cumbre EU-CELAC abría el período de presidencia de la UE correspondiente al Estado español, que ha afirmado tener la ESS como una de sus prioridades. Esta afirmación se alinea con las recomendaciones de organismos como la Organización Internacional del Trabajo o la Organización de Naciones Unidas, que señalan su capacidad para ofrecer una «respuesta más profunda, ambiciosa, transformadora e integrada» a los desafíos económicos y sociales a escala mundial, en especial tras las fragilidades mostradas durante la pandemia de COVID-19.

La resolución de Naciones Unidas, en concreto, subraya la capacidad de la ESS para adaptarse a contextos locales y ofrecer respuestas “en particular en lo que respecta al empleo y el trabajo decente, la prestación de servicios sociales, como los relacionados con la salud y la atención, la educación y la formación profesional, la protección del medio ambiente, incluso mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el acceso a una financiación asequible y el desarrollo económico local, el fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas en situaciones vulnerables, la promoción del diálogo social, los derechos laborales y la protección social, así como el crecimiento inclusivo y sostenible, la creación de alianzas y redes a nivel local, nacional, regional e internacional, y la promoción de la gobernanza y la formulación de políticas participativas y de todos los derechos humanos”. Buena parte de estos objetivos están recogidos en la declaración final de la cumbre.

La Comisión Europea aprobaba el pasado diciembre un Plan de Acción Europeo de Economía Social que la situaba en el centro de las políticas económicas de la Unión, estableciendo entre sus prioridades la de generar políticas y marcos estratégicos generales a su impulso. Sin embargo, se ha perdido la oportunidad de situarla en lugar relevante dentro de esta cumbre, a pesar de la apuesta por la ESS que muchos países de América Latina están realizando en los últimos años. Entrando en detalle, parece haberse dejado pasar la posibilidad de respaldar las políticas que gobiernos como los de México, Colombia o Bolivia vienen poniendo en marcha para extender un modelo económico comprometido con la defensa de la vida y la justicia social.

Más llamativa aún es la ausencia de citas a la Economía Solidaria en la declaración final de la Cumbre de los Pueblos, por ser un espacio, a priori, más permeable a movimientos sociales y alternativas de cambio de modelo. A pesar de compartir diagnóstico y propuestas con la ESS, la Cumbre de los Pueblos también deja fuera de sus conclusiones a la Economía Solidaria, con sus componentes integrados de economía popular, feminista y ecologista. Sin conocer los entresijos de la cumbre, es difícil encontrar la razón que explique esta ausencia. En cualquier caso, el movimiento de la Economía Solidaria haría bien en tomar nota de estas oportunidades para situarse como referente en soluciones factibles y disponibles para transformar el sistema económico hacia uno con mayores valores y compromiso de justicia social.

El momento de reconocimiento internacional que la Economía Social y Solidaria viene disfrutando una vez superada la pandemia global de COVID-19 ha de acompañarse en el tiempo para evitar convertir a la ESS en flor de un día. El trabajo realizado en incidencia política, visibilización como alternativa y posicionamiento en la agenda de varios países con peso regional, debe ser continuado de manera que la Economía Solidaria mantenga una presencia real en las políticas públicas internacionales. En un momento en el que la quiebra del modelo capitalista, colonialista, imperialista y neoliberal se hace evidente incluso al más alto nivel, la ESS tiene terreno fértil para desplegarse: alarguemos nuestro esfuerzo para extender el reconocimiento de la Economía Solidaria como realidad práctica que facilita la transición hacia economías más justas, multipliquemos su presencia en redes amplias de transformación social y sigamos compartiendo su potencial para construir relaciones más humanas y cuidar de la vida del planeta y las personas.

La Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, define a las comunidades energéticas como una entidad jurídica que:

a) que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, se base en la participación abierta y voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que esta haya desarrollado;

b) cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios;

c) cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras.

De este modo podemos apreciar el avance de la transposición de la Directiva europea en la normativa española. En el Boletín Oficial del Estado del 29 de junio de 2023, se modifica algunos aspectos de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

• Se introduce el apartado letra k) en el artículo 6.1 con el siguiente tenor literal: “Las comunidades ciudadanas de energía, que son entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, y cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”.
• Se incluye un artículo 12 bis en el que se indica, entre otras cuestiones, que “los socios o miembros de las Comunidades de energías renovables tendrán los derechos y obligaciones de los sujetos del sector eléctrico previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo; los consumidores finales, incluidos los consumidores domésticos, tienen derecho a participar en una comunidad de energías renovables a la vez que mantienen sus derechos u obligaciones como consumidores finales, y sin estar sujetos a condiciones injustificadas o discriminatorias, o a procedimientos que les impidan participar en una comunidad de energías renovables, siempre que, en el caso de las empresas privadas, su participación no constituya su principal actividad comercial o profesional; las comunidades de energías renovables tienen derecho a: producir, consumir, almacenar y vender energías renovables; compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha comunidad…”
• Se introduce también que al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo de las comunidades de energías renovables, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, garantizarán que: “se eliminen los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados a las comunidades; las comunidades de energías renovables que suministren energía o proporcionen servicios de agregación estén sujetas a las disposiciones aplicables a tales actividades; el gestor de la red de distribución coopere para facilitar las transferencias de energía; estén sujetas a procedimientos justos, proporcionados y transparentes, incluidos los procedimientos de registro y de concesión de licencias, y a tarifas de la red que reflejen los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes e impuestos; no recibirán un trato discriminatorio en lo que atañe a sus actividades, derechos y obligaciones en su condición de clientes finales, productores, suministradores, u otros participantes en el mercado; la participación sea accesible a todos los consumidores; estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación e información; se proporcione apoyo reglamentario y de refuerzo de capacidades a las autoridades públicas para propiciar y crear comunidades; y garantizar un trato equitativo a los consumidores que participen en las mismas.
• Dentro del texto se señala que “sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa comunitaria en materia de ayudas de estado, al diseñar los sistemas de apoyo, se tendrán en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables, a fin de que estas puedan competir por el apoyo en pie de igualdad con otros participantes en el mercado”.
• Se incluye un artículo 12 ter, en el que se establece un marco jurídico favorable para las comunidades ciudadanas de energía que garanticen que “la participación en una sea abierta y voluntaria, los socios tengan derecho a abandonarla ni pierdan sus derechos y obligaciones como consumidores finales de energía, que puedan acceder a todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica directamente, las comunidades estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como como a unas tarifas de acceso a la red que reflejen los costes de conformidad y que garanticen que contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto de costes del sistema y puedan actuar como representantes de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo”.

En medio la actual crisis multidimensional, especialmente acentuadas por la emergencia climática y ambiental y el agotamiento de recursos naturales, con guerras y ante el auge de las extremas derechas con sus políticas racistas, misóginas y antiLGTBIQ+, el programa de la Presidencia española del Consejo de la UE no plantea una adecuada respuesta a los principales desafíos.Por ello, diferentes movimientos sociales del Estado español ven la necesidad de movilizarse y comunicar sus denuncias sobre los impactos de las políticas de la UE y sus reivindicaciones desde los principios de promoción de la paz, la igualdad, la democracia y la solidaridad.

A continuación, sus reivindicaciones y agenda.

I. ¿Por qué nos movilizamos?

1. Para propiciar una movilización social, diversa y amplia a favor de la Europa de la justicia social y la paz con la posibilidad de dejar una coordinación de movimientos sociales a nivel estatal y, esperemos que también, europeo.
2. Para generar un discurso crítico e influir en los debates públicos de cara a las elecciones europeas, denunciando las políticas belicista, antidemocráticas, insostenibles, heteropatriarcales, colonialistas y catalizadoras de las crecientes desigualdades sociales y de género.
3. Para señalar la falta de ambición de la UE para responder a la emergencia climática, en una época de transición con importantes desafíos tales como la distribución de la riqueza, el trabajo y el tiempo así como la creciente degradación ambiental, la pérdida de biodiversidad y el agotamiento de recursos energéticos y materiales -incluidos algunos tan preciados como el agua.
4. Para denunciar los impactos del “Pacto Verde Europeo” y los intereses asociados del capital transnacional que está imprimiendo un nuevo ciclo de crecimiento económico que profundiza las relaciones desiguales entre regiones -creando zonas de sacrificio- y neocoloniales con el Sur Global para asegurarse el suministro de las materias primas críticas sin las cuales no existirían muchas industrias europeas.
5. Para influir en las políticas europeas que se negociarán durante el semestre de la Presidencia española del Consejo de la UE con el fin de defender políticas solidarias y comprometidas con los derechos humanos y los límites de la biosfera.
6. Para alertar sobre el auge del autoritarismo, el fascismo y la xenofobia. La imágen creada de una “Europa de los derechos humanos” es imposible de sostener ante el aumento de los gastos militares en la Unión Europea; la profundización de las desigualdades y el crecimiento de la pobreza, sobre todo feminizada; el aumento del coste de la vida y las privatizaciones de servicios públicos; el endurecimiento de un régimen de fronteras que conlleva violaciones sistemáticas de los derechos de las personas migrantes; así como el avance de los partidos de extrema derecha o ultraconservadora que están eliminando derechos fundamentales, como evidencian la prohibición del derecho al aborto, las politicas misóginas, los ataques a la poblaciuón LGTBIQ+ o el negacionismo de las violencias machistas.

II. ¿Qué vamos a hacer?

El 4 de julio se realiza una concentración en Málaga con motivo de la celebración del “Taller informal de la Presidencia sobre el cambio climático” en La Concepción Jardín Botánico-Histórico y el 5 de julio una marcha desde los talleres de Renfe hasta la estación María Zambrano, coordinada por el sindicato CGT, para reivindicar el tren como transporte sostenible.

Del 9 al 12 de julio, se organizará en Valladolid el Foro Social por una Transición Energética Justa que abordará, entre otros temas, la Directiva de calidad del aire y de emisiones industriales, la rehabilitación energética de viviendas, el mercado eléctrico y la revisión de los planes nacionales de energía y clima. Se organizan seminarios, mesas de debate, cineforum, acciones y murales.

El 12 de julio, con ocasión de la reunión de ministras y ministros de trabajo en Madrid, Ecologistas en Acción organizará la mesa redonda “El trabajo nos quita la vida” con los sindicatos LAB, CGT y ELA. También se hará un llamado a la población de hacerse una foto en lugares emblemáticos de la economía española con un cartel que exprese “Trabajar para cambiar el mundo, no para destruirlo” o “Que el derecho al trabajo no sea una condena a una vida de miseria” para difundirlo en redes sociales con el #TrabajosContraLaVida.

En Vigo, 17 y 18 de julio, Ecologistas en Acción y Greenpeace realizarán una acción para exigir al Consejo de la UE medidas urgentes que pongan fin a la sobrepesca, a través del desarrollo de planes de gestión que permitan una actividad pesquera a largo plazo y adaptada a nivel territorial, garantizando el reparto justo de posibilidades de pesca para incentivar las mejores prácticas sociales y ambientales.

Los días 17 y 18 de julio, con motivo de la cumbre UE-CELAC en Bruselas, una amplia coalición de organizaciones de América Latina y Europa organiza una conferencia en el Parlamento Europeo bajo el título «Una nueva relación comercial UE-América Latina para el siglo XXI» con representantes de gobiernos, parlamentos y sociedad civil. Se convocará una concentración para reclamar que no se ratifiquen los acuerdos comerciales de la UE con Mercosur, Chile y México. Asimismo tendrá lugar la Cumbre de los Pueblos 2023 en la Universidad de Bruselas.

Del 31 de agosto al 4 de septiembre, con ocasión de la reunión ministerial de agricultura en Córdoba, diversas organizaciones en defensa de un modelo agroalimentario justo y sostenible y un mundo rural vivo han organizado un Campamento de formación y activismo del movimiento por la Soberanía Alimentaria.

El 15 de septiembre en Santiago de Compostela se reunirán los ministros de Economía y Finanzas. Ecologistas en Acción junto con plataformas de resistencia al extractivismo minero se concentrarán exigiendo que las actividades industriales sean respetuosas con el medio ambiente y no perjudiquen la economía tradicional y sostenible existente.

El 18 de septiembre en Zaragoza, con motivo de la reunión ministerial de educación y juventud, Ecologistas en Acción realizará un debate, entre otros con Javier Zarzuela de Teachers For Future, y una acción, donde se cuestionará el Plan de Acción de Educación Digital por no atender al conocimiento científico, al principio de precaución ni a los límites biofísicos del planeta.

El 19 de septiembre en Zaragoza, coincidiendo con la reunión informal de ministros de educación, se hará una acción para reivindicar la importancia de la educación libre y democrática en todas las etapas, tanto en la educación formal como no formal, así como el papel de la juventud de cara a exigir una justicia ecológica y social.

El 21 y 22 de septiembre en Barcelona, con ocasión de la reunión informal de ministros de transporte, la red estatal “Gas no es solución”, la Coordinadora Estatal por el Tren Público, Social y Sostenible y organizaciones de Alianza por el Clima han acordado movilizarse para denunciar las políticas energéticas y de transporte de la UE y del gobierno español que agravan la emergencia climática.

Granada, del 29 de septiembre al 1 de octubre, será la ciudad donde tendrá lugar la movilización más importante por la reunión del Consejo Europeo y la Comunidad Política Europea (5-6 octubre). Desde hace meses se lleva preparando lo que será la Cumbre Social de Granada 2023 “Otra Europa es posible” en la que convergen numerosas actividades y una manifestación el domingo 1 de octubre a la que se espera la participación de colectivos de todo el país.

Con motivo reunión informal ministerial de Telecomunicaciones del 23 y 24 de octubre en León, Ecologistas en Acción realizará una charla-debate y una acción, denunciando la estrategia 5G de la UE y la denominada “Década Digital”, por no atender al principio de precaución, exacerbar los impactos energéticos, climáticos, sociales y del extractivismo de minerales, fomentar el hiperconsumismo y la dependencia tecnológica, así como vulnerar el derecho a la privacidad.

En Xixón (13-14 noviembre) se reunirán los ministros de vivienda. Desde Asturies pol Clima, integrante de la Coordinadora Estatal por el Tren Público Social y Sostenible, junto con otros colectivos asturianos se está preparando un foro social amplio contemplando debates y acciones en torno a las problemáticas de la vivienda y el urbanismo para denunciar la emergencia climática y reivindicar un modelo urbanístico y de transporte que vertebre el territorio y enfríe el planeta.

Entorno al 23-24 de noviembre, organizaciones feministas de Iruña/Pamplona preparan una movilización con motivo de la reunión ministerial de Igualdad para denunciar las violencias machistas, la cultura de la violación y los retrocesos en los derechos sexuales reproductivos.

Entorno al 27 y 28 de noviembre, en el marco del Foro Regional Ministerial informal de la Unión por el Mediterráneo y la reunión sobre Vecindad Sur que se hará en Barcelona, la Lafede.cat, formada por 124 entidades de la justicia global, realizará unas jornadas sobre las políticas de la UE en el Mediterráneo. Tratarán temas como el Pacto de asilo y migraciones de la UE, la criminalización del activismo, la securitización y control ciudadano, o el papel de la “democratización” y la externalización hacia terceros países.

III. ¿Qué demandamos?

1. Una transición energética justa con financiación pública responsable
2. Una reindustrialización verde decolonial y respetando los límites biofísicos del planeta
3. Un sistema de movilidad accesible y sostenible basado en un transporte público
4. Frenar la Agricultura 4.0 y avanzar en la soberanía alimentaria
5. No más muertes en la frontera Sur. ¡Regularización YA!
6. Justicia ecosocial y ecofeminista, blindar los servicios públicos y los presupuestos sociales y verdes, reparto justo de la riqueza.
7. En defensa de la juventud y una transformación hacia una educación ecosocial
8. Descolonizar las relaciones exteriores de la Unión Europea

Podéis consultar un listado de demandas más detallado a continuación.

IV. ¿Quiénes somos?

Ajuntamientos Granada (Red Social y Vecinal de Granada y su Área Metropolitana), Alianza por el Clima, Anticapitalistas, Asamblea Derechos Humanos Madrid, Asociación Española de Educación Ambiental, Asturies pol Clima, Attac, CGT, Consejo de la Juventud España, Coordinadora de ONGD de Castilla y León, Coordinadora por el Tren Público, Social y Sostenible, Cumbre Social de Granada, Desarma Madrid, Ecologistas en Acción, ELA Sindikatua, Escuela de Activismo – Greenpeace, Espacio Común 15M, Euskal Herriak kapitalari planto!, Futuro en Común, Futuro Vegetal, Intersindical, IZAR, La Fede.cat, LAB Sindikatua, Lunes Lilas Navarra, Mensa Cívica, Mesa por el Clima en Granada, Novact, Observatori del Deute en la Globalització (ODG), Plataforma Eureka por una Renta Básica Universal, Plataforma Ferrocarril Cuenca, Plataforma País Valencià Tren Públic, Red Gas no es solución, Regularización Ya, SOS Racismo, STECYL, Steilas Euskal Herria, XR – Rebelión por el Clima Málaga, USTEA.

Título del documento: Un nuevo contrato social: el papel de la economía social y el desafío de medir su impacto.

Autoría: Mercedes Valcárcel Dueñas

Edita: Revista DIECISIETE. 2023. Nº 8. Madrid.

Nº ISSN: ISSN 2695-4427 Versión digital (pp. 19-32) DOI: 10.36852/2695-4427_2023_08.01

La desigualdad, y sus consecuencias políticas, sociales y económicas, siguen teniendo un impacto significativo en la Unión Europea a pesar de las políticas redistributivas desplegadas en los últimos años. Para avanzar en su reducción, y en una economía más inclusiva, es necesario un nuevo contrato social que facilite la creación de empleo de calidad, entre otros objetivos.

Resumen: Desde la Comisión Europea, buscando impulsar este crecimiento inclusivo, se han lanzado diversas actuaciones de promoción de la economía social en las que se ha priorizado tanto su visibilidad como la medición de su impacto. Las metodologías de valoración de impacto utilizadas mayoritariamente en estas áreas de actividad, que suelen tener su origen en las realizadas por los programas públicos, podrían ser utilizadas por las entidades de la economía social para validar los resultados de los proyectos desplegados dentro del nuevo contrato social.

Palabras clave: Medición de impacto social, Contrato social, Desigualdad, Inclusión, Economía social

Durante la Conferencia Europea de Economía Social, celebrada en Gotemburgo los días 7, 8 y 9 de junio, se confirmó por parte de la Comisión Europea que España será el país que impulsará la aprobación de la Recomendación que va a marcar las políticas de Economía Social en toda la UE. Es unos de los principales objetivos del Plan de Acción Europeo de Economía Social aprobado en diciembre del 2021. Así lo destacó el presidente de Social Economy Europe (SEE) y de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), Juan Antonio Pedreño.

En su intervención en la mesa redonda ‘Por qué es importante seguir apoyando el desarrollo de la economía social’, Pedreño señaló la necesidad de movilizar a todas las empresas europeas de economía social para incrementar su visibilidad. “Con el Plan de Acción Europeo de Economía Social tenemos como objetivo cambiar de escala, crecer en empleo y crecer en políticas públicas”. Entre las más de 60 medidas, que contempla el Plan, señaló la importancia de incluir a la Economía Social en la educación y en promover en todos los países academias de emprendimiento juvenil.

Pedreño aludió también al impacto que va a tener la propuesta de Recomendación que la Comisión Europea va a publicar el 13 de junio para generar marcos jurídicos potentes para garantizar el crecimiento de las empresas y entidades de economía social en todos los Estados miembros de la UE.

En este sentido, el comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolás Schmit, ofreció su perspectiva acerca de la situación actual de este plan. Para el comisario, “Europa será más resiliente gracias a la economía social, en una sociedad en la que todo avanza rápidamente, la economía social es clave para crear una sociedad más justa e inclusiva».

Schmit recordó, además, que en los próximos días la Comisión Europea presentará al Consejo de la Unión Europea una propuesta de recomendación de economía social para potenciar este modelo empresarial en todos los países europeos. En lo que respecta a esta recomendación, la eurodiputada y copresidenta del Intergrupo de Economía Social, Patrizia Toia, comentó que Europa se encuentra expectante ante su inminente aprobación y que se pondrá en marcha en el próximo semestre, durante la presidencia española de la UE.

Por otro lado, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, intervino de manera virtual señalando que: “Durante la presidencia española de la UE, la economía social tiene que consolidarse como una política estructural europea. La recomendación del Consejo de la UE debe servir para modernizar las políticas públicas hacia la economía social, convirtiéndose en un actor clave en el futuro de Europa y a nivel internacional”, apuntó. A este respecto avanzó que los días 13 y 14 de noviembre se celebrará en San Sebastián una conferencia Europea donde se está trabajando para que los gobiernos de la UE aprueben está recomendación. No

Por su parte, el Comisionado Especial de Economía Social del Ministerio de Trabajo y Economía Social del Gobierno de España, Víctor Meseguer, quien también intervino en la mesa redonda, explicó que la economía social es una de las tres prioridades del ministerio de trabajo y economía social de cara a la presidencia española de la UE. Además, la economía social está fuertemente ligada a otras prioridades, como la democracia en el trabajo, el diálogo social o la autonomía estratégica.

Asimismo, añadió que existe “un consenso europeo en torno a la economía social, como modelo empresarial que trabaja para las personas y para el planeta en aras del interés general” e incidió en que hay que trabajar para que el ciudadano se implique más en este modelo empresarial.

Por parte de la Comisión Europea destacó la intervención de la Jefa de unidad de economía social, Ana Athanasopoulou recordando el compromiso de la UE con la Economía social identificándola como uno de los 14 ecosistemas industriales para una recuperación. Constató que este modelo de empresa crea valor en el mercado interior, teniendo un gran potencial para unas transiciones verde y digital justas.

ASAMBLEA GENERAL DE SOCIAL ECONOMY EUROPE

El día previo tuvo lugar también, la Asamblea General de Social Economy Europe, de la que Juan Antonio Pedreño es presidente y en la que participaron 60 representantes de la economía social europea. En la Asamblea se plantearon nuevos retos y desafíos de cara a la presidencia de la UE de España y Bélgica, en el segundo semestre de 2023 y en el primer semestre de 2024, respectivamente. Los próximos meses son claves para impulsar la agenda de la Economía Social de cara a las elecciones europeas de mayo de 2024.

Durante la Asamblea general se aprobó la adhesión de dos nuevos socios, de la Alianza de las Cooperativas Italianas y de la organización representativa de la economía social de Ucrania. Con estas incorporaciones, SEE cuenta con 25 socios miembros.

La segunda edición de los Premios Europeos de la Economía Social cierra sus candidaturas el 31 de agosto. Para candidatarse, es necesario rellenar este formulario en línea. Más información sobre los premios en la web de Social Economy Europe.

Un artículo de Daniel Rabanaque para economiasolidaria.org

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó de manera unánime en su 66ª sesión plenaria, celebrada el pasado 18 de abril de 2023 en la sede de New York, la resolución “Promover la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible” (A/77/L.60), que podría suponer un decidido impulso al modelo económico y empresarial de la ESS. Según afirma, entre otros, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE), estaríamos ante un momento histórico para la Economía Solidaria. El texto completo de la resolución, así como un vídeo que resume el momento de la aprobación, está ya recogido en nuestra web y puede leerse y descargarse en la sección de Recursos.

La resolución, que se suma a otras recientes muestras de apoyo a la Economía Social y Solidaria (OIT, Unión Europea, OCDE, Foro de Davos, etc), se esperaba desde hace meses. Entre otras cosas, porque podía contener una definición precisa de la ESS, si bien el texto final se limita a adoptar la definición propuesta por la Organización Internacional del Trabajo en el documento citado, dándole así una sobresaliente relevancia:

definición de Economía Social y Solidaria

la economía social y solidaria engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como de los activos, que las entidades de la economía social y solidaria aspiran a la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo y a la transición de la economía informal a la economía formal, y operan en todos los sectores de la economía, que ponen en práctica un conjunto de valores que son intrínsecos a su funcionamiento y acordes con el cuidado de las personas y el planeta, la igualdad y la equidad, la interdependencia, la autogobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, y el logro del trabajo decente y de medios de vida dignos, y que, en función de las circunstancias nacionales, la economía social y solidaria comprende cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras entidades que operan según sus valores y principios
(Resolución A/77/L.60v de Naciones Unidas)

Además de asumir esta definición, la resolución reconoce el papel de la ESS en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su capacidad para ofrecer una «respuesta más profunda, ambiciosa, transformadora e integrada» a los desafíos económicos y sociales a escala mundial, en especial tras las fragilidades mostradas durante la pandemia de COVID-19. La resolución subraya la capacidad de la ESS para adaptarse a contextos locales y ofrecer respuestas

en particular en lo que respecta al empleo y el trabajo decente, la prestación de servicios sociales, como los relacionados con la salud y la atención, la educación y la formación profesional, la protección del medio ambiente, incluso mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el acceso a una financiación asequible y el desarrollo económico local, el fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas en situaciones vulnerables, la promoción del diálogo social, los derechos laborales y la protección social, así como el crecimiento inclusivo y sostenible, la creación de alianzas y redes a nivel local, nacional, regional e internacional, y la promoción de la gobernanza y la formulación de políticas participativas y de todos los derechos humanos
(Resolución A/77/L.60v de Naciones Unidas)

Dar vuelo a la Economía Solidaria

Aunque lo anterior no es poco, el texto continúa afirmando la contribución de la Economía Solidaria al trabajo decente y a una economía inclusiva y sostenible. Recoge también la aportación de la ESS a la mejora de la calidad de vida de todas las personas, al desarrollo comunitario y la cohesión social, a la eliminación de la pobreza y a asegurar la inclusión social. Para finalizar sus reconocimientos, el texto se centra en el papel de la ESS para promover la democracia y la justicia social.

En su segunda parte, la resolución “Promover la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible” (A/77/L.60), que tiene menos extensión que este artículo y es, por tanto, bastante manejable, se dedica a alentar medidas que favorezcan el despliegue de la ESS. A los Estados miembros de la ONU, por ejemplo, les anima a promover estrategias y políticas públicas a todos los niveles, facilitando el acceso de las entidades de ESS a la financiación, reconociendo su papel en los programas educativos y ofreciendo incentivos fiscales y de contratación pública.

Así mismo, alienta también a que los organismos de la ONU cuenten con la Economía Solidaria como parte de sus instrumentos de planificación y programación, en especial en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El texto reclama para la ESS la facilitación de instrumentos y mecanismos financieros existentes y de otros nuevos que se adapten a todas las etapas de desarrollo por parte de las instituciones financieras.

Por último, la resolución garantiza el desarrollo de acciones más precisas al incluir la promoción de la Economía Solidaria en el 79º período de sesiones, «teniendo en cuenta la contribución de la economía social y solidaria a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de una recuperación inclusiva, resiliente, sostenible y que genere empleo».

Reacciones a la resolución de Naciones Unidas

Las reacciones a esta resolución, calificada de histórica y pionera en diversas declaraciones de personas expertas e instituciones de referencia para la Economía Social y Solidaria, se han ido sucediendo en los pasados días. La Red Internacional para la Promoción de la ESS (RIPESS) la calificaba de logro importante y, en un artículo de Yvon Poirier publicado ese mismo 18 de abril, ponía en relevancia el camino recorrido hasta conseguir el reconocimiento de la ONU, un camino en el que la propia RIPES ha estado muy presente. Remontándose a la Cumbre de Rio en 2012, Poirier desgrana las vicisitudes para lograr el reconocimiento de la ESS en el desarrollo sostenible y profundizar con ella en la erradicación de la pobreza, e incluye entre sus líneas las dificultades con las que se tropezó para conseguir patrocinar el texto de la resolución. Fueron Francia y España quienes facilitaron el avance hace apenas un año. En su artículo, se destaca también el papel de Chile y Senegal, así como el importante apoyo recibido de los Estados que copatrocinaron esta resolución: además de los citados, Alemania, Argentina, Armenia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mongolia, Portugal, República Checa, República Dominicana y Rumania.

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), por su parte, destacaba el carácter de hito histórico de la resolución, así como el papel desempeñado por el gobierno español y, en especial, por su vicepresidenta segunda y ministra de Economía Social, Yolanda Díaz. Muy cerca de asumir la presidencia de la Unión Europea, el Estado español se sitúa como referente internacional en cuanto se refiere a la Economía Social, según la valoración de CEPES. “Junto a las instituciones comunitarias, que cuentan con una política para fomentar este modelo empresarial en la UE, y las recomendaciones ya adoptadas por la OIT y OCDE, así como la del Foro de Davos, el impulso de la economía social a nivel global va a ser definitivo con esta resolución de la ONU”, apostillaba su presidente, Juan Antonio Pedreño.

La propia Yolanda Díaz, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, recordaba que la ESS en España representa el 10% del PIB y que “el concepto de Economía Social y Solidaria es fruto de un trabajo colectivo que avanza en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, mejorando las herramientas para encarar los desafíos que afronta la humanidad: la reducción de las desigualdades y la protección de nuestro planeta”. Además de enfatizar la variedad de sectores que engloba la economía social (desde la producción agrícola, a la salud, industria, comercio, vivienda, distribución energética o finanzas), Díaz afirmó que la brecha salarial en la Economía Social española supone ocho puntos menos que en la economía española en su globalidad.

Moncloa, por su parte, destacaba en su nota el compromiso de la ESS por un desarrollo económico basado en valores universales: «la Economía Social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país debe sacrificar, inevitablemente los ideales de justicia e igualdad». Recuerda también el papel de la ESS en la reducción de la brecha salarial en el Estado español. El texto de Moncloa evita, eso sí, utilizar la fórmula Economía Social y Solidaria y se limita a hablar de Economía Social, lo que no se corresponde con el texto aprobado ni, muy posiblemente con el espíritu que lo ha impulsado todo este tiempo.

Desde la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS RdR), queremos sumarnos a la satisfacción que supone un reconocimiento de este nivel, en la línea de los que ya se venían produciendo a escala internacional, estatal, autonómica y local. Queremos también reconocer el trabajo de tantas y tantas personas que, desde nuestros territorios en el Estado español o trabajando en el ámbito internacional, han ido dando forma a las ideas fundacionales de la ESS, bregando con su puesta en práctica, impulsando la cooperación en redes más y más nutridas y firmes, y reclamando en despachos y plazas el reconocimiento necesario para un modelo que no solo aspira sino que se afana hasta el desvelo en no dejar a nadie atrás.

Después de muchos años de trabajo, más de 25 en nuestro caso, las propuestas de la Economía Solidaria se perfilan cada vez más nítidamente como opciones reales y efectivas de transformar nuestras realidades cotidianas y el sistema bajo el que se desarrollan, aportando justicia, reparto, sostenibilidad y resiliencia, entre muchas otras cosas. Más aún en un contexto como el actual, de clara crisis de modelo económico y social. En este sentido, animamos a las personas y entidades que forman parte de nuestras redes, y a aquellas cercanas y simpatizantes, a celebrar este avance de la ESS, compartir la resolución y sus afirmaciones con todo lo que implican, y seguir desarrollando la Economía Solidaria desde sus proyectos empresariales, sus decisiones de consumo, su voto en las urnas y su implicación en los movimientos de transformación social.

Además, queremos volver a poner de relevancia la alineación de la Economía Solidaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por la ONU en su Agenda 2030. Como muestra de esta relación entre unos y otros objetivos, presentábamos recientemente a la ESS como fuerza dinámica clave para el cambio de paradigma que demanda la Agenda 2030. Las propuestas concretas se pueden consultar en una página dedicada al tema en esta misma web: https://www.economiasolidaria.org/ess-ods/. Confiamos en que las propuestas y las buenas prácticas de la Economía Solidaria sirvan de guía para indicar posibles recorridos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto a escala local como mundial, y para una transición ecosocial que ponga la vida en el centro.

¿Un paso de amplitud mundial para un modelo basado en realidades locales?

No hay duda sobre la importancia de esta resolución de Naciones Unidas y del decidido empuje que la Economía Solidaria ha ido adquiriendo en el último año y medio, en un despliegue trabajado desde la base, anunciado en diferentes citas y esperado desde hace varios años. Tampoco las hay sobre el papel clave que las economías transformadoras (solidarias, ecologistas, feministas, etc.) pueden jugar al conformar una nueva realidad social ante el agotamiento del modelo capitalista y liberal. Ni las hay sobre la magnitud de los retos que enfrentamos, desde la urgencia climática a la cada vez mayor presencia parlamentaria de la ultraderecha en Occidente y más allá.

Si alguna duda se despierta ante las declaraciones que desde grandes instituciones internacionales promueven la Economía Solidaria es sobre el cómo: ¿cómo trasladar estas intenciones de justicia social, equidad, cooperación al terreno en el que se desarrollan nuestras vidas? ¿cómo pasar del papel a las acciones concretas que supongan, ya no la solución total, sino al menos la mitigación de las desigualdades? ¿cómo casar la escenografía de la Asamblea General de Naciones Unidas con el paisaje cotidiano de tantas personas, de la desesperación de las chabolas a la deshumanización del barrio de clase media? Será desde luego un camino largo. Y siempre ronda alrededor el peligro de que las mejores intenciones queden en un parcheo casi azaroso e, incluso ese, trabado por los esfuerzos de quienes piensan que las cosas ya están bien así como están.

La Economía Solidaria ha progresado en los últimos 30 años a fuerza de actividad local, soluciones en contexto que han ido demostrando gran capacidad de adaptación y una mirada amplia que nos ha llevado a la construcción de redes cada vez más sólidas y de mayor alcance. No se debería perder de vista la actividad humilde de la Economía Solidaria, de sus trabajadoras principalmente, cuando el brillo de los altos púlpitos y las ocasiones solemnes entran en escena. Si existe una manera probada de extender la ESS a lugares donde aún es débil o inexistente, de hacerla saltar a mayores escalas, es la del trabajo localizado en el entorno inmediato y, acto seguido, la de la creación y multiplicación de conexiones en redes tejidas desde lo más cercano e inmediato.

Por ello, sin que se desluzca la importancia de estos gestos y declaraciones, avances a paso de gigante, se debe hoy reiterar la importancia de la cadena de pequeños pasos dados por la ESS en todo su recorrido, incluso aquellos que se dieron cuando apenas nadie en el mundo, y desde luego nadie en el mundo de las grandes instituciones, creía en la posibilidad de cambiar el modelo económico. Así, además de trazar puentes con la esfera pública y la política institucionalizada para desarrollar soluciones a esos cómos que hagan llegar la fuerza de las grandes declaraciones a la actividad diaria de quienes están hasta el cuello de ESS, reafirmamos nuestro compromiso con las bases de las que partimos, aseguramos los pies en el terreno conocido y apostamos también por todos los pequeños pasos de hormiguita que aún le quedan por dar a la Economía Solidaria.

La presidencia española del Consejo de la UE será un momento “clave” para situar a la economía social en el centro de la agenda de Europa. Esta una de las conclusiones de la reunión mantenida este lunes entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los máximos representantes de la Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe (SEE, entidad representativa del sector en Europa).

“El encuentro mantenido con Sánchez demuestra, una vez más, el compromiso del presidente y del Gobierno con la economía social española y europea”, señaló el presidente de CEPES y SEE, Juan Antonio Pedreño, tras la reunión.

Tal y como apuntó Pedreño, este encuentro permitirá seguir avanzando en la visibilidad de este modelo de empresa generadora de un valor social diferencial; facilitar la innovación, la transición ecológica y digital tanto a través de los fondos estructurales europeos dedicados a la economía social como del PERTE de Economía Social y de los Cuidados; así como consolidar a la economía social española como organización referente en Europa.

En el transcurso de la reunión, el presidente del Gobierno reconoció a ambas entidades, CEPES y SEE, su excelente trabajo a favor de la economía social en España y Europa, y puso en valor la contribución de este modelo empresarial durante la pandemia, así como su potencial capacidad para reconstruir el tejido empresarial europeo en medio de la delicada situación que atraviesa el continente, especialmente marcada por la guerra en Ucrania.

En alusión al momento actual que vive la economía social a nivel internacional, el encuentro, CEPES y SEE hicieron un repaso de las distintas resoluciones, recomendaciones y acuerdos, ya realizados o en marcha, procedentes de diferentes organizaciones internacionales a favor de impulsar este modelo empresarial (resoluciones y recomendaciones de la OIT, la OCDE, Naciones Unidades, Foro de Davos, el compromiso de 23 gobiernos de la Unión Europea, el manifiesto firmado la semana pasada entre Francia y España contemplando la importancia de la economía social en ambos países, el que se firmó en Portugal hace más de un año y el que se va a firmar entre España y Alemania en los próximos meses).

Por otro lado, el Plan de Acción Europeo de Economía Social, aprobado por la Comisión Europea el pasado mes de diciembre de 2021, fue otro de los temas destacados de la reunión, ya que, tal y como indicó Pedreño, “Este Plan reconoce a la economía social como motor clave para un futuro inclusivo y sostenible y además la reconoce como un agente económico fundamental en la agenda política europea e internacional, permitiendo visibilizar su papel como elemento esencial de transformación y sostenibilidad de la sociedad, capaz de generar riquezas, estabilidad laboral, cohesión social y un desarrollo inclusivo, en especial para los jóvenes”. A este respecto se ha analizado con el presidente, la importancia de la Academia de política de Emprendimiento Juvenil para atraer talento joven a la economía social.

Además, se constató la apuesta de la Comisión Europea al considerar a la economía social como uno de los 14 ecosistemas industriales para la recuperación para abordar las transiciones verde y digital justas que contribuyan a un crecimiento sostenible. Durante el encuentro, se puso de manifiesto que SEE lidera junto con la Comisión la alianza para mejorar las competencias de las empresas y las capacidades de las personas trabajadoras, aspecto que cobra gran importancia en el 2023, año europeo de las competencias.

Todos estos avances producidos se visibilizarán en la Conferencia Europea de Alto nivel que se celebrará en San Sebastián los días 13 y 14 de noviembre, conferencia en la que se está trabajando para que la Recomendación de economía social de la UE sirva de base sobre la que muchos gobiernos adopten políticas para la economía social y, en este punto, el papel de España será clave. Así, solicitaron la posibilidad de asistir a un encuentro entre todos los ministros responsables de Economía Social europeos.

Juan Antonio Pedreño ha señalado que:” Ante la relevancia de los temas a tratar en la Conferencia de San Sebastián, ha compartido con el presidente Sánchez la importancia de su presencia en la misma como señal inequívoca del liderazgo de España en economía social”.

El presidente del Gobierno, por su parte, mostró su apoyo a ambas organizaciones y su confianza en el papel de la economía social en España y Europa, por lo que les pidió su colaboración para implementar las acciones necesarias que permitan impulsar el modelo durante la presidencia española del Consejo de la UE en el segundo semestre de 2023.

Desde CEPES y SEE mostraron su confianza en la implicación y compromiso de Sánchez en el marco de las acciones que se desarrollarán con motivo de esta presidencia española, en especial en la Cumbre UE- América Latina, para que la economía social sea uno de los actores empresariales de esta agenda de trabajo.

Representación de CEPES y SEE

CEPES representa los intereses de más de 43.000 empresas de economía social en España, que representan más de 2.350.000 empleos (el 12% del empleo del país), y un 10% del PIB. SEE representa a más de 32 millones de empresas y más de 14 millones de trabajadores en Europa, lo que supone el 6,5% del empleo.

Los asistentes al encuentro con el presidente del Gobierno fueron el presidente de CEPES y SEE, Juan Antonio Pedreño; el vicepresidente de SEE, presidente de la Cámara Francesa de la Economía Social y Solidaria (ESS-France) y presidente de Crédit Coopératif, Jérôme Saddier; la vicepresidenta de SEE y directora de la Red Europea de empresas de inserción (ENSIE), Patrizia Bussi; el vicepresidente de SEE, miembro del CESE, miembro del bureau de AIM (Asociación Internacional de la Mutuas de Salud), co-presidente de Economía Social y Solidaria del Foro Global (ESS-FI) y responsable de relaciones internacionales de la Mutualidad Socialista belga ‘Solidaris’, Alain Coheur; la vicepresidenta de CEPES y presidenta del Consejo general de Mondragón Corporación, Leire Muguerza; la vicepresidenta de CEPES en representación de Cooperativas Agroalimentarias de España y presidenta de la Federación de cooperativas agrarias de Islas Baleares, Jerónima Bonafé; el vicepresidente de CEPES y presidente de la Confederación Española de Mutualidades, Enrique Sanz-Fernández; el vicepresidente de CEPES y secretario general de la ONCE, Rafael de Lorenzo; y el director de Social Economy Europe, Víctor Meseguer.

Unión Renovables está trabajando con la federación europea de energía renovables: Rescoop , en una respuesta conjunta por parte del cooperativismo energético europeo a la consulta Diseño del Mercado Eléctrico de la Comisión Europea.

La Comisión Europea finalmente ha lanzado su consulta sobre el Diseño del Mercado Eléctrico.

El Consejo Europeo envió un documento a los estados miembros para que comiencen a debatir y en qué términos realizar la reforma del diseño del mercado eléctrico.

Según dicho documento, los principales objetivos de la UE son:

• Proteger a los consumidores y la industria de la excesiva volatilidad de los precios para garantizar una energía asequible y competitiva para los consumidores de la UE. Es decir, precios de las tecnologías inframarginales en función de sus verdaderos costos de producción
• Mejorar la transparencia, vigilancia e integridad del mercado
• Aumentar la seguridad del suministro energético de la UE y la preparación en caso de emergencias.
• Mejorar los incentivos a la inversión para acelerar la transición hacia la energía limpia para cumplir los objetivos de descarbonización.
• Proteger al consumidor y dotarlo de un mayor empoderamiento.

En resumen, la consulta, que debe servir de base a una propuesta legislativa prevista para el mes marzo, pretende dar respuesta a dos cuestiones principales: cómo proteger a los consumidores de las perturbaciones externas de los precios y cómo garantizar que los inversores reciban las señales a largo plazo para seguir invirtiendo en energías renovables y gestión de la demanda.

Unión Renovables está participando activamente en aportar el punto de vista del cooperativismo energético de nuestro país para esta consulta. Incluyendo todas las aportaciones de las cooperativas socias de Unión Renovables.

De esta manera, queremos contribuir a mejorar el diseño del mercado eléctrico con la visión y valores del cooperativismo energético.

En diciembre del 2022 el Parlamento, el Consejo y la Comisión Europeos alcanzaron un acuerdo político sobre el Reglamento dirigido a limitar la deforestación de bosques vinculada con productos comercializados en la Unión Europea.

Las organizaciones de Comercio Justo y en particular Fair Trade Advocacy Oficce (FTAO), han acogido con gran satisfacción el nuevo reglamento, como un paso importante en la lucha contra la deforestación. Sin embargo también señalan algunas lagunas que podrían diluir su eficacia, especialmente, en sectores intensivos agrícolas a pequeña escala como el cacao o el café.

Así FTAO lamenta que “a pesar de las peticiones del Parlamento y de más de 50 organizaciones sociales y redes productoras, el texto final no incluye la obligación de que las empresas se comprometan de forma significativa con las partes interesadas, ni exista una obligación de garantizar que se paga un precio justo a los productores y productoras”.

En este sentido, FTAO reitera la importancia de garantizar medidas de apoyo adecuadas para las pequeñas organizaciones agrícolas que les permitan cumplir con los nuevos requisitos de acceso al mercado.

Charlotte Vernier, responsable de políticas y proyectos en la FTAO y jefa de equipo sobre deforestación, ha declarado que «esta legislación no será buena para la naturaleza si no lo es para las personas».

Asimismo lamenta el débil nivel de protección ofrecido en el texto final a los derechos de los pueblos indígenas en comparación con lo que pedían el Parlamento y la ciudadanía de la UE.

 “Hacemos un llamamiento a los responsables políticos para que consideren los ingresos como una parte vital del rompecabezas para que se produzcan los cambios estructurales necesarios”, señala C. Vernier.

«Si los agricultores y agricultoras a pequeña escala no pueden cubrir los costes de producción y carecen de ahorros para inversiones adicionales, la transición hacia un sector agrícola libre de deforestación quedará fuera de su alcance», añade Charlotte Vernier.

Las organizaciones de Comercio Justo y FTAO esperan que la Comisión cumpla su promesa realizada en 2019 de «apoyar acciones para transformar las cadenas de valor de productos básicos como el café, el cacao, el aceite de palma y la ganadería» e implementar un conjunto complementario de medidas del lado de la oferta y la demanda que conduzcan realmente a cambios estructurales.

Posicionamiento de Fair Trade Advocacy Oficce (en inglés)

La Confederación Empresarial Española dela Economía Social (CEPES), ha presentado en España el Plan de Acción Europeo en Economía Social. En concreto, ha trasladado cómo se pueden transponerlas más de 50 medidas de este plan, puesto en marcha por las instituciones europeas, para su ejecución en España.

Lo hizo el jueves 15 de diciembre en un acto al que asistieron casi 250 personas de diferentes países y que se celebró de manera híbrida en el Espacio Bertelsmann de Madrid, con el apoyo del Ministerio de Trabajo y Economía Social y en colaboración de la Comisión Europea, Social Economy Europe y distintos gobiernos autonómicos, bajo el lema ‘La apuesta de la Unión Europea por una economía al servicio de las personas y del planeta’.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, que inauguró el acto, señaló los tres grandes objetivos del plan: crear un marco legislativo favorable a este modelo empresarial; crear una definición de economía social en el ámbito europeo, que contemple la realidad de cada país; y abrir camino para que la economía social crezca, siendo este último, para él, el gran reto del sector.

Y es que el sector de la economía social europea se ha marcado como objetivo servirse de este Plan de Acción Europeo de Economía Social para pasar del 6,3% actual hasta el 10% la representación del empleo en Europa, con lo que en 2030 habría 22 millones de personas empleadas en este modelo empresarial en toda la UE.

 PRIORIDADES DE TRABAJO DE LA COMISIÓN EUROPEA

En representación de la Comisión Europea, la directora de Fondos: Programación e Implementación de la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Ruth Paserman, que intervino de manera telemática, explicó cómo el plan de acción tiene una doble visión: por un lado, establecer el apoyo de la UE a la economía social con acciones hasta 2030, y, por otro lado, ayudar a los Estados miembros a adoptar medidas concretas para fomentar este modelo empresarial.

A lo largo de la jornada, se insistió, tanto por parte de la Comisión Europea como del Ejecutivo y de responsables de gobiernos autonómicos, en que uno de los valores añadidos de este plan, a la vez que una de las prioridades, es aportar una definición europea de economía social. “Una definición que aporte equilibrio entre países y que se base en las características comunes de la economía social: prioridad de los principios sociales, utilidad para la sociedad y la gobernanza participativa”, apuntó Paserman. Se está trabajando intensamente para que esta definición sea aprobada en el marco de la Presidencia Española dela UE en el segundo semestre del 2022.

La representante de la Comisión centró su intervención en los tres pilares en lo que se basan las medidas del plan: crear un marco jurídico que permita el desarrollo de la economía social y que se adapte a los diferentes estados; generar oportunidades facilitando el acceso a la financiación y el trabajo en red; y el asesoramiento para las empresas. En este sentido, uno de los programas puestos en marcha es ‘Asistencia técnica financiera inclusiva’, gestionada por el Banco Europeo de Inversiones, que incluye formación sobre la especificidad de este modelo empresarial.

APLICACIÓN EN ESPAÑA: COLABORACIÓN CON LOS GOBIERNOS Y ORGANIZACIONES

Durante el debate ‘¿Cómo hacer del Plan de Acción una palanca de crecimiento de las empresas de economía social en España?’, moderado por Juan Antonio Pedreño, participaron Paserman y la directora general de Trabajo Autónomo, Economía Social y Responsabilidad Social de las Empresas, del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Maravillas Espín.

Según señaló el presidente de CEPES, para la economía social española, los principales retos son el fomento del emprendimiento colectivo, el desarrollo del espíritu empresarial y la atracción de talento joven. En este sentido, Paserman explicó que, junto con la OCDE, se está creando una Academia de Políticas de Emprendimiento para jóvenes, una red de aprendizaje donde los gobiernos pueden aprender de otros países experiencias de este tipo para atraer a jóvenes. Esta academia incluye seminarios que se desarrollaran en los próximos tres años, comenzando en 2023.

Otra de las medidas adoptadas por las instituciones europeas es que se van a destinar, entre 2021 y 2027, 200 millones de euros para innovación social, lo que permitirá crear un programa centrado en esta área, a través de un centro de transformación digital y de viveros de innovación.

Maravillas Espín destacó la Estrategia Española de Economía Social 2021-2027, una de las pocas estrategias de país existentes en Europa, y, en especial, la metodología empleada, “en la que han participado todos los niveles territoriales, tanto estatal como local, así como las distintas familias de la economía social, con el objetivo de mostrarla como referente de modelo empresarial eficiente, basado en el bienestar de las personas”. También subrayó que en España existen planes y estrategias de economía social en 9 Comunidades Autónomas, además de varias iniciativas de ámbito local.

Tras explicar este diálogo en el ámbito nacional, afirmó que la economía social en España está avanzando siguiendo la ruta del Plan de Acción Europeo y, además, está alineada con las resoluciones sobre el modelo realizadas en los últimos meses por la OCDE y la OIT, así como la futura resolución que hará la ONU en este sentido.

Además de la Estrategia Española de Economía Social, Espín destacó otro de los hitos del sector que no se ha producido en ningún otro país europeo: el PERTE de Economía Social y de los Cuidados. Precisamente, en el marco de este PERTE el Ministerio de Trabajo y Economía Social publicó este miércoles una convocatoria de ayudas dotada de 99, 3 millones de euros.

Como conclusión de este debate, quedó patente por la representante de la Comisión Europea, que España es de los pocos países que tiene un gran ecosistema de economía social y por tanto está ya aplicando muchos aspectos que recoge el Plan de Acción. Además, se comentó que se pondrán en marcha medidas dirigidas a la formación de funcionarios públicos de los países sobre la economía social y la gestión de fondos europeos para estas empresas en los distintos países.

DIFERENTES REDES PARA UN ECOSISTEMA INDUSTRIAL

La jefa de unidad de Proximidad, Economía Social e Industrias Creativas de la Dirección General GROW de la Comisión Europea, Anna Athanasopoulou, explicó, en la sesión ‘Iniciativas de la Comisión Europea para construir un ecosistema industrial de la economía social en Europa y en sus territorios’, los desafíos para este modelo empresarial: la necesidad de reforzar las infraestructuras de muchas de estas empresas, que no pueden acceder a todas las oportunidades que es ofrecen las transformaciones verde digital.

A continuación, explicó el conjunto de medidas que recoge el “Itinerario para las transiciones verde y digital” con 14 áreas de acción. Algunas de estas medidas para la transición verde son la colaboración entre empresas para fomentar la cadena de valor verde y circular; incentivos fiscales y normativas; así como certificaciones. Para la transición digital, la gestión de datos, nuevos modelos de negocio y alianzas tecnológicas público-privadas.

Otro de los puntos que despertó interés fue la Red de Regiones de la economía social, con más de 100 regiones que están trabajando de manera conjunta, incluyendo varias regiones de España. En este sentido, animó ala incorporación de nuevos participantes para poder seguir trabajando de manera dinámica.

Por otro lado, anunció que se va a crear una Red de emprendedores e innovadores y la Red de empresas europeas a nivel europeo dentro de la economía social, que permita fomentar aprendizajes entre participantes de varios países, así como un acercamiento de sus soluciones al mercado y también a las autoridades.

POLÍTICAS TERRITORIALES EN ESPAÑA

Para finalizar el acto, la directora de CEPES, Carmen Comos, moderó la mesa redonda ‘¿Cómo trasladar a nivel territorial las medidas del Plan de Acción Europeo a través de las Estrategias y políticas autonómicas para la economía social, en la que participaron representantes de los gobiernos de Murcia, Galicia y País Vasco, comunidades autónomas con larga tradición en el impulso de este modelo empresarial. Estas tres CCAA cuentan con Estrategias consolidadas de Economía Social, con un fuerte tejido asociativo y empresarial. Durante la sesión explicaron cómo a través de estas Estrategias ya se está aplicando algunos de los retos del Plan de Acción.

El director general de Autónomos, Trabajo y Economía Social de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía del Gobierno de la Región de Murcia, Antonio Pasqual de Riquelme, avanzó la próxima creación, en su región, de una comisión de seguimiento de la contratación pública responsable, ya que reconoce que “aún hay mucho camino por recorrer”. En este sentido, afirmó que la formación que se va a impartir desde las instituciones europeas para funcionarios públicos va a ayudar “considerablemente”. Otro punto importante anunciado fue la apuesta del Gobierno de la Región de Murcia en incluir a la economía social en la RISS4 (estrategias de especialización inteligente),lo cual permite situar como estrategia de región a la economía social, incrementando medidas y presupuesto.

La secretaria general de Apoyo al Empleo, Trabajo Autónomo y Economía Social de la Xunta de Galicia, Covadonga Toca, puso el foco en la importancia de la educación en economía social y del marco regulatorio. “Es un trabajo de ir sembrando y evangelizando; estamos en un buen momento para lograrlo, pues es un buen momento para la economía social”. Toca insistió en los 12 Polos de emprendimiento que se van a crear en toda la CCAA, en los cuales se prestará asesoramiento para emprender en economía social.

Por su parte, el director de Economía Social del Gobierno Vasco, Jokin Díaz, habló delos retos que se plantea San Sebastián – Donostia en 2023 como próxima capital española de la economía social. Uno de ellos es duplicar el peso de este modelo, pasando del 10% actual al 20% en 2040. Por otro lado, llegar a los jóvenes a través de la puesta en marcha de un Festival de la Economía Social y la visibilización y difusión del modelo serían los otros dos retos. Durante su intervención destacó algunas iniciativas innovadoras del País Vasco como es la apuesta por las Plataformas Digitales en formato cooperativo, las comunidades energéticas y apoyar a las empresas de economía social, ya que son un modelo de éxito que actúan en todos los sectores económicos con empresas de todos los tamaños.

Representantes de la economía social europea se reunieron en Bruselas este pasado miércoles (7 de diciembre) para celebrar el aniversario de la aprobación del Plan de Acción Europeo de Economía Social por parte de la Comisión Europea, la cual tuvo lugar el 9 de diciembre del pasado año.

Durante el evento se desarrollaron diferentes mesas redondas para analizar los principales puntos que recoge este plan, el cual fija más de 50 medidas para implementar hasta 2030 en áreas clave como ayudas estatales, marcos legales y políticos, contratación pública socialmente responsable, apoyo a las empresas y emprendimiento juvenil, acceso a financiación, contribución de la economía social a las transiciones verde y digital, innovación social y reconocimiento, entre otras. Además, uno de los objetivos que fija el plan es el crecimiento este modelo empresarial en Europa, pasando de representar el 6,3% del empleo al 10% en 2030.

El acto, que fue organizado por la entidad que representa a este modelo empresarial en Europa, Social Economy Europe (SEE), y el Intergrupo de Economía Social del Parlamento Europeo, contó con la participación de diferentes personalidades que explicaron por qué este plan es una oportunidad para impulsar este modelo empresarial, crear empleos de calidad y lograr un desarrollo sostenible en Europa.

El presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES) y de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño, destacó el reconocimiento de este modelo empresarial, “una fábrica de innovación social, económica y medioambiental que tiene mucho que ofrecer al futuro de Europa, al que ya se le otorga un papel protagonista como modelo capaz de acelerar los procesos de transformación”. Además, señaló a este modelo empresarial como “solución y motor de desarrollo local” ante la actual situación socio económica, la inflación, el cambio climático, el incremento delas desigualdades y la “desafección por nuestras democracias”.

Pedreño hizo especial mención al reto de atraer y acompañar a jóvenes y mujeres a este modelo empresarial, reto que se intentará superar el próximo año a través de la nueva academia de emprendimiento social, que contempla este plan. Otros de los retos que afrontará la economía social, según el presidente de CEPES y de SEE, es el apoyo a los intentos por modernizar la legislación y las políticas de economía social de diferentes países.

El comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, señaló cómo la economía social ofrece respuestas a los diferentes retos actuales. “Es un reto y una oportunidad, y gracias a este plan todo el sector ha progresado mucho”. Tras hacer un repaso ala situación post pandémica y a situaciones delicadas como la guerra en Ucrania, apuntó: “Tenemos que extraer las conclusiones acertadas: necesitamos un sector de economía social fuerte”.

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, afirmó que el Gobierno aprobará “en breve” una nueva Estrategia Española de Economía Social que “será dialogada” con el sector, y valoró el papel de los Estados que han trabajado en los últimos años para potenciar este modelo empresarial, así como la labor desarrollada por las entidades representativas del sector. Además, aprovechó su intervención para recordar que San Sebastián será la capital de la economía social en 2023.

También recordó que en España, se sigue trabajando en la “renovación” de tres leyes -la de economía social, la de empresas de inserción y la de cooperativas- y la aprobación, hace unos meses, del PERTE de la Economía Social y de los Cuidados, dotado con 800 millones de euros, en el marco del despliegue de los fondos europeos Next Generation EU.

La copresidenta del Intergrupo de Economía Social en el Parlamento Europeo, Patrizia Toia, puso el foco en la economía social como una “gran oportunidad de trabajo” y en el plan como un punto de partida paralas transiciones digital y verde, “que va a dar instrumentos para impulsar esta economía en los distintos estados miembro, al situar a la economía social en el centro de las decisiones de Europa, y por tanto, de los distintos Estados”.

Por su parte, el vicepresidente del intergrupo de Economía Social, Jordi Cañas, puso el foco en el trabajo realizado por los diputados del Parlamento Europeo para impulsar la economía social. “Estamos solo en el principio de este plan. Tenemos muchos retos que nos impulsan a trabajar. Ahora es el momento en que la economía social está en el centro del debate político, porque las crisis han evidenciado su papel a través de conceptos tan básicos como la resiliencia. Vamos a seguir trabajando para que la economía social sea una palanca de cambio para una sociedad más justa, inclusiva y próspera”, apuntó.

Destaca también la intervención de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, Elena Pérez Barredo, la cual se enmarcó en la capitalidad española de la Economía Social que ostentará en 2023 Donostia-San Sebastián. Pérez Barredo destacó la importancia de este modelo en el País Vasco e invitó a todos los asistentes a visitar la ciudad a lo largo de todo el año y, especialmente entre el 13 y 17 de noviembre, coincidiendo con los actos de la Presidencia española de la Unión Europea, que tendrá España en el segundo semestre de 2023.

DIEZ AÑOS DE SOCIAL ECONOMY EUROPE

Durante el acto, también se celebraron los diez años de Social Economy Europe (SEE), la entidad que representa a las empresas y entidades de la economía social en Europa. Juan Antonio Pedreño, destacó que SEE es una organización que, desde su nacimiento en 2012, apuesta por una economía al servicio de las personas, por la creación de un ecosistema europeo favorable a estas empresas y por participar en la implementación de las principales políticas dela UE.

Las 9 entidades que la constituyeron fueron AIM (Mutuas de salud), AMICE (mutuas y cooperativas de seguros), CEDAG (asociaciones), CEGES (hoy la Cámara Francesa de la Economía Social), CEPES, el EFC (hoy Philea), ENSIE, REVES y SAW-B. Hoy en día cuenta con 23 miembros.

Asimismo, durante el mismo acto se celebró la Asamblea de SEE y se aprobó la entrada de tres nuevos socios miembro: ADV Foundation (Rumanía),Techsoup Europe (Polonia), y Pasekalo (Grecia).

Ecologistas en Acción organiza una jornadas sobre el marco fiscal y su relación con la crisis climática para dar a conocer y entender en profundidad la propuesta de la Comisión, escuchar las propuestas que hacen las organizaciones de la sociedad civil y debatir, junto a representantes de la Comisión Europea, del Ministerio de Economía y Digitalización, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil. Esperamos veros por allí y que sea el principio de una movilización social que impulse un cambio de rumbo en la política económica.

Puedes conocer mejor el contexto de las jornadas con la lectura de este artículo en El Salto Diario: Por qué la reforma del marco fiscal europeo influirá en tu vida.

Reforma del marco fiscal europeo: un marco fiscal contra las desigualdades y la crisis climática.

30 de noviembre 2022
Ateneo La Maliciosa
C/Peñuelas, 12 – 28005 Madrid
18:30 – 20:00 Mesa de debate con:

• Isabelle Brachet (CAN-Europe).
• Ludovic Suttor-Sorel (Finance Watch).
• Ana Sagaseta Responsable de Ciudadanía y fiscalidad de Oxfam Intermón.
• Nicola Scherer, Investigadora de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
• Carlos Sánchez Mato (Profesor de Economía, Concejal en Madrid de 2015 a 2019 y Delegado de Economía y Hacienda de 2015 a 2017).
• Modera: Yago Álvarez, Economista y redactor de El Salto.

Inscripciones en este enlace.

¿Cómo apoyar una transición justa en el Estado español y en Europa?

El 1 de diciembre de 10:00 a 12:00 en la Oficina de la Comisión Europea de Madrid (Paseo de la Castellana, 46).

10:00 Bienvenida – Dª. María de los Ángeles Benítez Salas | Directora de la Representación de la Comisión Europea en España.

A continuación, mesa de debate con:

• Las actuales reglas fiscales de la UE y sus implicaciones para España.
  Carlos Cuerpo Caballero | Secretario General del Tesoro y Financiación Internacional.
• Líneas generales de la reforma del marco fiscal propuesta por la Comisión Europea.
  Marco Buti | Jefe de gabinete del Comisario de Asuntos Económicos, Comisión Europea, Paolo Gentiloni .
• ¿Por qué debemos tener el cambio climático en cuenta en la reforma fiscal europea?
  Ludovic Suttor-Sorel | Research and Advocacy Officer de Finance Watch
  Isabelle Brachet | Coordinadora de reforma fiscal de CAN Europe.
• Las reglas fiscales que necesita nuestra sociedad.
  Nicola Scherer | Investigadora de l’Observatori del Deute en la Globalització (ODG).
• Trabajo, derechos laborales y reforma fiscal. Maria Nikolopoulou | Consejera de CCOO en el Comité Económico y Social Europeo -CESE.

11:00 – 11:30 Debate abierto.

Modera Nuria Blázquez | Responsable de internacional de Ecologistas en Acción.

11:30- 12:30 Café y networking.

Imprescinble incripción en este  formulario.

Con 453 votos a favor, 57 en contra y 123 abstenciones, el Parlamento Europeo ha aprobado su posición ante la propuesta de legislación sobre deforestación importada es decir, la destrucción de bosques en terceros países para cultivar materias primas que importa la UE. La propuesta ha sido presentada por la Comisión Europea en noviembre de 2021, dando así respuesta a una reivindicación histórica de la sociedad civil organizada.

La Unión Europea es el segundo importador mundial de deforestación tropical y es responsable de al menos el 16 % de la deforestación asociada al comercio internacional de diferentes materias primas, por un total de 203.000 hectáreas y 116 millones de toneladas de CO₂.

Desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo y Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, CECU, Greenpeace, Mighty Earth, SEO/BirdLife y WWF valoramos positivamente este posicionamiento. También los siguientes puntos:

• Se han incluido la carne de cerdo, de oveja y cabra, las aves de corral, el maíz, el caucho, el carbón vegetal y los productos de papel impreso en el ámbito de aplicación del Reglamento.
• Se obligará a las instituciones financieras a garantizar que sus actividades no contribuyen a la deforestación.
• Se va a adelantar la fecha de aplicación retroactiva del Reglamento un año, al 31 de diciembre de 2019, frente a la posición del Consejo de la UE de retrasarla a finales de 2021.
• La dimensión de Derechos Humanos y derechos de los pueblos indígenas se ve reforzada, pues el reglamento exige el cumplimiento de las normas internacionales de Derechos Humanos y no solo de las leyes estatales sobre derechos de la tierra.

La posición aprobada deja fuera aspectos como la protección de otros ecosistemas naturales como praderas, turberas y humedales, medidas que hubieran mejorado sensiblemente el Reglamento y que será necesario incluir cuanto antes. El Reglamento tampoco prevé –por el momento- un mecanismo de responsabilidad civil ni la posibilidad de reparación e indemnización, lo que también es preocupante.

En este contexto, solicitamos al Gobierno de España que, en las negociaciones entre Comisión, Consejo y Parlamento, adopte una posición más ambiciosa que la que mantuvo en junio en la reunión del Consejo de la UE.

La votación de hoy coincide con la celebración del Día del Chocolate, una fecha que desde la Coordinadora Estatal de Comercio Justo aprovechamos para denunciar la deforestación importada asociada al cultivo del cacao, responsable del deterioro de gran parte de los bosques de Ghana y Costa de Marfil. (Más información sobre el impacto del cultivo del café y de cacao en el medio ambiente)

Al incluir el gas y la energía nuclear en la taxonomía de las actividades sostenibles, el Parlamento Europeo ha institucionalizado el lavado de imagen verde

La decisión del Parlamento Europeo de aprobar el proyecto de la Comisión Europea, que incluye el gas y la energía nuclear en la taxonomía de actividades económicas consideradas sostenibles, es la victoria del greenwashing. Más allá: es la institucionalización del greenwashing. Significa abandonar el proyecto de una Europa unida y motor del proceso de ampliación e integración frente a los nacionalismos y los intereses particulares. Significa haber contaminado el lugar más alto y sagrado de las instituciones democráticas con el virus de la falta de coraje. Es la transferencia de soberanía a los lobbies y poderosos industriales.

La ciencia explica, el parlamento europeo decide

La ciencia nos ha explicado -cifras, estudios e informes en mano- que si queremos tener alguna posibilidad (si es que aún la hay) de limitar el crecimiento de la temperatura media global a 1,5 grados centígrados a finales de este siglo, en comparación con los niveles preindustriales, debemos abandonar todos los combustibles fósiles lo antes posible. Todos. Y dejar bajo tierra todo lo que aún no ha sido minado: si es carbón, petróleo o gas es completamente irrelevante.

Sin embargo, el parlamento europeo, que es quien representa a la población, a la ciudadanía, a nosotros, en las instituciones de la UE, ha decidido que el gas todavía puede ser bueno. Bajo ciertas condiciones, por supuesto, y de forma transitoria, pero debe considerarse sostenible. También la energía nuclear, cuyos riesgos en caso de accidente no son un apagón sino una catástrofe de décadas, y que produce «efectos secundarios» llamados residuos radiactivos, que nadie -ni la ciencia ni los industriales- aún saben gestionar. Ello a pesar de los costes  y los tiempos hacen que esta energía sea incuestionablemente incapaz de resolver el problema de la necesaria reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Concepto de sostenibilidad desacreditado

Así, en el futuro, quienes invierten en productos sostenibles se arriesgan a financiar una fuente fósil y otra que produce residuos a costes astronómicos. Afortunadamente, hay quienes irán más allá de las indicaciones de la Unión Europea, sustituyendo un concepto de sostenibilidad diluido (si no totalmente desacreditado) por otro más estricto, efectivo y avanzado. Había esperanza en que las finanzas éticas no fueran ya pioneras, si no que se convirtieran en un patrimonio común. Pero, obviamente, todavía hay mucha agua bajo los puentes en el mundo demasiado a menudo impermeable de la política.

Los 328 parlamentarios que votaron a favor del gas y la nuclear, junto a los 33 que se abstuvieron, decidieron que el camino no debe ser el que ha señalado la ciencia (física, climatología, pero también economía). Decidieron que las dos comisiones parlamentarias responsables del asunto, que habían rechazado el proyecto, estaban equivocadas. Y decidieron que las personas expertas designadas por la misma Comisión en Bruselas, que igualmente habían rechazado el proyecto, estaban también equivocadas.

Afortunadamente, la batalla aún no ha terminado. Austria y Luxemburgo han anunciado hace tiempo que recurrirán ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Greenpeace ha anunciado una iniciativa similar. Fuentes bien informadas en las oficinas de Bruselas indican que las posibilidades de éxito no son bajas.

Necesario defenderse de la desinformación

Mientras tanto, también será necesario defenderse de la desinformación. En estos días, criticar las «causas naturales del cambio climático» está de moda. Quién sabe si estas críticas están dictadas por una sincera incomprensión de lo que indica la evidencia científica o por un simple afán de ir a contracorriente a toda costa. Tal vez para armar un escándalo y tener cinco minutos de fama. Nuestro portal informativo continuará informando lo que la ciencia, o al menos el 99,9% de ella, nos ha estado diciendo durante décadas. En la época del engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario.

Esta contribución es el resultado del trabajo colaborativo dentro de diferentes redes europeas y francesas especializadas en transiciones ecológicas y digitales que pertenecen a la economía social y solidaria. Se ha recopilado de todos los intercambios que fueron posibles dentro de diez  conferencias diferentes sobre economía social y solidaria y transiciones durante la cumbre europea de economía social organizada en Estrasburgo del 5 al 6 de mayo de 2022.

La contribución incluye varias propuestas concretas que tienen como objetivo incidir políticamente en las políticas europeas en favor de las iniciativas de economía social y solidaria que trabajan hacia las transiciones ecológica y digital.

Hacia una transición ecológica y solidaria

Lograr la neutralidad en carbono para 2050, como se afirma en el Pacto Verde Europeo (European Green Deal), es un gran desafío para Europa. Es un medio importante para mejorar el bienestar de los ciudadanos europeos fomentando modelos económicos más respetuosos con la biodiversidad y el clima, disminuir la presión sobre los recursos primarios, reducir la contaminación y la producción de residuos, ser motivadxs por la solidaridad, y que se fomente la creación de empleos y servicios locales que satisfagan las necesidades específicas de cada territorio.

La realización de la Transición Verde no será factible mientras el único indicador para evaluar el desempeño es el del valor monetario, de cualquier sector dado, ya que esto conduce a un modelo basado en la acumulación personal de riqueza y una sociedad de excesos: sobreproducción, sobreconsumo, etc. Es más urgente que nunca introducir y generalizar los principios de sobriedad, ya que estos son la única manera de construir una sociedad que tendrá menos impactos negativos en nuestro medio ambiente y en toda la humanidad.

La Economía Social y Solidaria se basa en la cooperación, la solidaridad, la creación de colectivos en lugar de la riqueza individual, el cuidado de la naturaleza y la biodiversidad, y la inclusión local, también como el mejor interés de la humanidad. Ya ha demostrado que es completamente posible conciliar el respeto ambiental, la utilidad social y las actividades económicas. En realidad la Economía Social y Solidaria ha sido una auténtica pionera en diferentes sectores económicos de la transición ecológica dentro de los territorios: agricultura y sistemas alimentarios sostenibles, reutilización y economía circular, transición energética, movilidad sostenible, educación ambiental…

Es por ello que es urgente implementar un marco legal y medidas económicas que fomenten iniciativas respetuosas con el medio ambiente y penalizar las iniciativas que no lo son: facilitar el acceso a la contratación pública, aplicar medidas fiscales favorables, etc. Todas estas medidas tendrán que abordar la especificidad de la economía social y solidaria en su conjunto.

Aquí está la lista de propuestas:

• Propuesta 1: Diseñar mecanismos jurídicos y financieros adaptados para las organizaciones de economía solidaria que trabajan por la transición ecológica;
• Propuesta 2: Por una agricultura sostenible y de calidad que aborde el derecho a alimentos saludables y nutritivos para todos, y a la autosuficiencia alimentaria territorial y la soberanía alimentaria;
• Propuesta 3: Del diseño ecológico al final de la vida útil de los productos, hacia una economía circular;
• Propuesta 4: Implementar la transición energética basada en la sobriedad, la energía
  eficiente de los edificios y las energías renovables, producidas esencialmente por sistemas de propiedad comunitaria;
• Propuesta 5: Por una movilidad europea sostenible mediante la instalación de la bicicleta y el ferrocarril en el centro de la planificación de la movilidad;
• Propuesta 6: Generalización de las soluciones de construcción ecológica mediante la difusión de las capacidades y adaptación de la educación y la formación;

Hacia un modelo digital colaborativo y responsable para la economía del mañana

En el marco del Plan de Acción Europeo para la Economía Social, sobre el que el Social Good Accelerator ha funcionado, y sobre todo de la necesidad de ver surgir nuevas ideas para fortalecer las capacidades resilientes de todos, la economía social y solidaria necesariamente tiene un papel que desempeñar.
Sin embargo, como nuestro estudio – «Cooperación entre la utilidad social y los actores tecnológicos en Europa» – lo ha demostrado, la mayoría de las organizaciones de la economía social y solidaria -cualesquiera que sean sus estatutos- encuentran obstáculos en su desarrollo similares a los de las empresas muy pequeñas, con dificultades adicionales vinculadas a su falta de rentabilidad, la financiación de proyectos al
detrimento de las estructuras, y la falta de organización sectorial en estas cuestiones.
Para enfrentar los desafíos de hoy y mañana, el Acelerador del Bien Social cree que la transición digital puede ser una oportunidad para ampliar finalmente la política social europea, a la condición siempre que cree alternativas reales y nuevas oportunidades ambientales, económicas y sociales. Para activar esta palanca, el Acelerador del Bien Social promueve y desarrolla la mediación digital, el diseño de UX y el open data

Cada propuesta incluer demandas concretas, 37 en total. Puedes leer el documento completo aquí: La Economía Social y Solidaria, motor de la transitions_VF verde y digital (en inglés).

Redes involucradas en la propuesta:

Coordinación : ESS Francia

• General : Social Economy Europe
• Agricultura y Alimentación : RIPESS Europa
• Economía circular y reutilización : RREUSE
• Energía : REScoop
• Transporte : Federación Europea de Ciclistas y Railcoop
• Ecoconstrucción : Fédération Ecoconstruire
• Transición digital: Social Good Accelerator

Así como

• Urgenci
• Eurocoop
• Réseau Cocagne
• Enercoop
• Réseau National des Ressourceries et Recycleries
• Emaús Europa
• Envie
• FUB – le vélo au quotidien
• La Fédération des Entreprises d’Insertion
• Le Labo de l’ESS

La Comisión Europea presentó el pasado 23 de febrero la propuesta de directiva que regulará el respeto a los derechos humanos y medioambientales por parte de las empresas en sus actividades dentro y fuera de las fronteras de la UE. Es la llamada directiva sobre Debida Diligencia Corporativa Sostenible.

Ante este texto, las organizaciones de Comercio Justo a nivel internacional como Fair Trade Advocacy Oficce y también la Plataforma por Empresas Responsables (PER), de la que la CECJ somos miembros, han hecho su análisis y valoración.

En líneas generales, las organizaciones destacan que la propuesta significa un punto de inflexión en la lucha para terminar con la impunidad corporativa, pero señalan importantes carencias que pueden limitar su alcance.

Por un lado, el movimiento de Comercio Justo ha celebrado que el texto reconozca la importancia de abordar los retos existentes en las fases iniciales, lo cual es fundamental dado que los riesgos para los derechos humanos y el medio ambiente son mayores al principio de la cadena.

Un aspecto que ha sido señalado como positivo por el movimiento de Comercio Justo es que la directiva se refiere de manera explícita a las decisiones de compra y la fijación de precios, como una de las principales razones de la violación de los derechos humanos. En este sentido Sergi Corbalán, director ejecutivo de FTAO, ha declarado: «las prácticas de compra abusivas y los bajos precios que no permiten a los agricultores/as y trabajadores/as contar con salarios e ingresos dignos son algunas de las causas fundamentales de muchas violaciones de los derechos humanos«. Corbalán ha valorado que la propuesta reconozca la prohibición de impedir un salario digno.

El texto destaca los retos específicos a los que se enfrentan las pequeñas organizaciones agrícolas. En este sentido, Konstantina Geroulakou ha comentado: «Las pequeñas organizaciones agrícolas y sus trabajadores/as son los colectivos que se encuentran en la situación más vulnerable en las cadenas de suministro globales«. Asimismo, ha destacado la importancia de evitar que las empresas de la UE abandonen a sus proveedores en las regiones de alto riesgo (la llamada conducta de «cortar y correr») y ha añadido que «la Unión Europea tiene que asegurarse de que las empresas adopten una estrategia ascendente y sitúen a los titulares de derechos en el centro del proceso de diligencia debida«.

La propuesta legislativa de la Comisión establece que las empresas podrían responsabilizarse de los daños cometidos por sus subsidiarias, subcontratistas y/o proveedores dentro o fuera de sus fronteras. Asimismo, las víctimas de estas vulneraciones de derechos podrían presentar denuncias ante juzgados de la Unión Europea. Este hecho constituye un paso importante que instaura el derecho al remedio para las víctimas de malas prácticas corporativas.

Sin embargo, hay una laguna peligrosa que pone en riesgo la eficacia de la ley a la hora de evitar daños más allá del primer eslabón de la cadena de suministro y que podría impedir que las víctimas puedan hacer responsables a las empresas. El borrador abre la posibilidad a que las empresas puedan cumplir con sus obligaciones añadiendo ciertas cláusulas en sus contratos con suministradores, transfiriendo el proceso de verificación a terceras partes. Las organizaciones de Comercio Justo y de la PER entendemos que las empresas no deberían poder trasladar sus responsabilidades a sus suministradores, o eludir las consecuencias del daño participando en planes sectoriales de naturaleza voluntaria. En este sentido, entendemos que los Sistemas Voluntarios de Sostenibilidad existentes pueden desempeñar un papel importante en la aplicación de la directiva y ayudar a abordar las causas fundamentales, no deben sustituir la obligación de diligencia debida y la responsabilidad de que sus cadenas de suministro están libres de infracciones.

Así, las organizaciones sociales reclaman un régimen más fuerte e inclusivo, especialmente cuando las violaciones se producen sin relación contractual directa con el comprador, pero en circunstancias que podrían haberse evitado o mitigado si se hubiera realizado una diligencia debida exhaustiva.

Una directiva que solo se aplicaría al 0’2% de la empresas

El borrador de directiva propone que las empresas de la Unión Europea que cuentan con más de 500 empleados/as y una facturación de 150 millones de euros, estén obligadas a establecer medidas específicas para evitar los abusos de derechos humanos y medioambientales a lo largo de sus cadenas de suministro, por medio de la llamada “debida diligencia”. En sectores con un mayor riesgo, como el agrícola y el textil, la propuesta de directiva señala que la norma se aplique a empresas con más de 250 empleados/as y una facturación de 40 millones de euros. Las PYME quedarían exentas, junto con las empresas de países no pertenecientes a la UE que operan en el mercado único y que sobrepasen estos umbrales.

Esta limitación implica que la propuesta legislativa solo afectaría al 0,2% de las empresas de la Unión Europea. Incluso en los sectores de alto riesgo reconocidos por la Directiva, la mayoría de las empresas que plantean riesgos reales y potenciales para los derechos humanos y el medio ambiente no estarían cubiertas.

Medidas para limitar el cambio climático

La propuesta legislativa prevé que las empresas adopten un plan de acción para garantizar que su modelo y estrategia de negocio sean compatibles con la transición a una economía sostenible y con la limitación del calentamiento global a 1,5 °C establecido en los Acuerdos de París.

Sin embargo, la propuesta no prevé consecuencias específicas por los incumplimientos de esta obligación.

Lagunas en la reparación de las víctimas

Otra de las principales lagunas del texto es la referida a la eliminación de las barreras legales que impiden a las víctimas llevar ante la justicia los casos de abusos empresariales que se producen fuera del suelo europeo, debido entre otras razones a los elevados costes, la brevedad del plazo de prescripción, el acceso limitado a las pruebas, la limitada capacidad legal y una carga de la prueba desproporcionada.

En relación a este aspecto, la directora de ECCJ Claudia Saller afirmó: “El borrador de la Comisión promete un nuevo camino a la justicia y la compensación para los trabajadores, trabajadoras y comunidades explotadas, traumatizadas y heridas. Pero ignora los impedimentos legales importantes que hacen que los juicios resulten costosos, largos y complicados. Por eso la futura ley debe tener un enfoque basado en las víctimas. Si la ley no facilita que las víctimas puedan responsabilizar a las empresas, entonces probablemente no traerá grandes cambios. Y esta falta de responsabilidad perpetuará algunos de los problemas más acuciantes en el mundo de hoy, como el trabajo infantil, la contaminación y la destrucción de la naturaleza”.

El 9 de diciembre de 2021, la Comisión Europea adoptó un nuevo plan de acción sobre la economía social, junto con otras medidas muy importantes que pretenden situar la economía social en el centro de un nuevo modelo de «Europa social y productiva» para la próxima década. La economía social -tal como la definen las instituciones de la UE- incluye casi tres millones de organizaciones que emplean a 13,6 millones de personas, articuladas en formas muy diferentes, como cooperativas, empresas sociales, fundaciones, asociaciones, sociedades de beneficencia, empresas sociales unidas por algunos elementos distintivos: la prevalencia de la finalidad y la utilidad social sobre el beneficio, la reinversión de los beneficios o parte de ellos en actividades de interés colectivo o general y sistemas de gobernanza abiertos y participativos. Cubren un abanico diverso y muy amplio de sectores económicos y ya es hora de tener un reconocimiento común en todo el continente europeo.

Pero, ¿el plan promueve y apoya realmente una Economía Social y Solidaria con un fuerte potencial transformador para cambiar la economía dirigida por el mercado y el crecimiento en algo diferente o es sólo una forma de apoyo colateral a un tercer sector, a empresas sociales o más responsables, con algún tinte social y verde?

La Comisión propone actuar en tres ámbitos: Crear las condiciones adecuadas para que la economía social prospere, abrir oportunidades para que las organizaciones de la economía social se pongan en marcha y se amplíen y asegurarse de que la economía social y su potencial sean reconocidos.

El Plan de Acción de la Economía Social podría trazar un giro político importante en términos de nuevas formas de fiscalidad, vías facilitadas en el sistema de ayudas estatales, apoyo financiero, esquemas innovadores de contratación y compra pública (aunque no tan ambiciosos y solidarios como esperábamos), homogeneización de los modelos de empresa y el marco legislativo entre los estados miembros.

Pero las potenciales implicaciones políticas de la iniciativa pueden captarse sobre todo poniendo en común todo el conjunto de iniciativas que la Comisión ha ido tomando en los últimos meses, desde el reconocimiento de la ESS y la «Economía de Proximidad» entre los catorce clusters industriales sobre los que se asienta el «renacimiento industrial» y la consiguiente publicación de la «Ruta de Transición, para ayudar a las transiciones verde y digital de la economía social en diálogo con las autoridades públicas y las partes interesadas. La Comisión solicita la opinión del público sobre la ruta de transición a través de una encuesta de la UE abierta hasta el 28 de febrero de 2022″.

Además, la Directiva sobre trabajadores de plataformas (gig economy) aprobada recientemente, la iniciativa sobre Clusters de Innovación Social y especialmente la Ley de Gobernanza de Datos con la que, entre otras muchas cosas, la Comisión introduce el principio de altruismo de datos y establece cooperativas de datos, reconociendo la importancia de los principios y organizaciones sociales en la buena y correcta gestión de los datos como bien común.

Aunque todavía tenemos que analizar más a fondo todos estos elementos, empezando por el propio Plan de Acción de la Economía Social… podemos decir sin duda que el hecho de que la Comisión Europea haya reunido todo un conjunto de elementos para una estrategia de promoción de la Economía Social (aunque preferiríamos el uso de la ahora internacionalizada Economía Social y Solidaria -ampliamente utilizada por las Naciones Unidas y muchas otras instituciones internacionales)- es un gran paso adelante. Sin embargo, la ambición de integrar los principios de la ESS en el conjunto de la economía debe seguir siendo fundamental y debe contemplar también la acción exterior de la UE, incluyendo cómo la diplomacia comercial y económica de la UE podría cambiar en la misma dirección, empezando por las normas de la Competencia y la nueva Política Agrícola Común, que -con pocas excepciones- van en dirección contraria. Y en muchos casos, la traducción de la Europa de la Próxima Generación en los Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia es lo de siempre. Si algo debe enseñarnos la crisis de Covid-19 (y también la climática y la financiera…) es que ya no podemos seguir de la misma manera, se acabó el tiempo.

La próxima cita importante es la conferencia Economía Social, Futuro de Europa en Estrasburgo (17 y 18 de febrero de 2022), organizada por la CE bajo la presidencia francesa de la UE. Es importante que hagamos oír nuestra voz y participemos (en línea y presencialmente) en aportando la experiencia y las expectativas del movimiento de la ESS.

In 2020, the OECD launched the Global Action “Promoting Social and Solidarity Economy Ecosystems”, funded by the European Union’s Foreign Partnership Instrument, that will cover more than 30 countries over a period of three years. This work targets all EU countries and non-EU countries such as Brazil, Canada, India, Korea, Mexico and the United States.

The 1st conference of the Global Action will take place from 13 to 16 September 2021 under the title The Social and Solidarity Economy on Stage: from the Margins to the Mainstream.

As part of the conference, we have launched a call for papers and case studies highlighting policies, initiatives and practices on a range of topics concerning the social and solidarity economy. Stories will be featured in OECD work highlighting international good practices. There may also be the chance to present your findings at the conference. Check the call and share your story by 7 May 2021.

Call for Papers and Case Studies

In the run up to the conference, the OECD is launching a call for papers and case studies. Papers and case studies should cover one or more countries targeted by the Global Action: EU Member States, Brazil, Canada, India, Korea, Mexico and the United States.
For further information: Call details.

RESOURCES 

Further resourses linked to this project:
Social and Solidarity Economy Ecosystems flyer
Summary of the 10th December 2020 Webinar: Leveraging Legal Frameworks to Scale the Social and Solidarity Economy

CONTACT

For general information about the Global Action, please contact socialeconomyandinnovation@oecd.org