La preocupación social por los desahucios y por la dificultad de acceder a una vivienda exige respuestas inmediatas. Ninguna persona debería perder su hogar sin una alternativa digna. Es necesario proteger a quienes viven de alquiler y evitar que las subidas de precio o los usos fraudulentos del alquiler expulsen a las personas de sus casas y sus barrios.

Apoyamos a quienes se organizan para defender su vivienda. Su movilización hace visible una inseguridad que a menudo se vive en soledad y que empieza antes de cualquier procedimiento judicial: cuando llega una subida imposible de asumir, cuando se acerca el fin de un contrato o cuando ya no existe una vivienda accesible en el entorno donde se ha construido una vida.

Las medidas urgentes son imprescindibles. También debemos preguntarnos qué viviendas encontrarán las próximas generaciones. Si cada crisis se afronta sin ampliar un parque residencial estable, seguiremos interviniendo cuando muchas personas ya estén a punto de perder su hogar.

Desde Red Vivienda Cooperativa defendemos una política capaz de hacer las dos cosas: proteger ahora y crear vivienda asequible de forma duradera. Esto requiere aumentar la vivienda pública de gestión directa y sumar la capacidad de entidades sociales sin ánimo de lucro y comunidades organizadas. El objetivo debe ser que el suelo, la financiación y las ayudas públicas de hoy sigan produciendo hogares asequibles dentro de décadas.

Los casos recientes de expulsión residencial obligan también a preguntarnos qué prácticas favorecen la fiscalidad y las ayudas a la vivienda. Estos instrumentos deberían promover la asequibilidad duradera, proteger a quienes ya habitan los inmuebles y evitar que su revalorización dependa de expulsar a sus residentes.

La vivienda cooperativa en cesión de uso puede contribuir a ese objetivo. El inmueble es de propiedad cooperativa y se gestiona colectivamente, las personas residentes disponen de un derecho de uso estable y las cuotas se destinan a sostener los costes del proyecto. Con reglas que impidan la venta individual y la apropiación privada de las plusvalías, las viviendas pueden permanecer al servicio de quienes las habitan y de quienes llegarán después.

Sabemos que esta fórmula no realoja por sí sola a quien afronta mañana un desahucio. Promover o rehabilitar viviendas lleva tiempo, y la aportación inicial sigue excluyendo a muchas personas. Para que la cesión de uso sea una opción real para más hogares, las administraciones deben facilitar suelo e inmuebles, financiación a largo plazo, garantías y ayudas que reduzcan los costes de entrada y aseguren la inclusión. También pueden apoyar la adquisición y rehabilitación de edificios existentes, con garantías para sus residentes.

Este planteamiento coincide con una preocupación que atraviesa el debate europeo. Housing Europe ha pedido convertir el crecimiento del parque público, cooperativo y social permanentemente asequible en un objetivo estructural. También ha señalado que la vivienda liderada por la comunidad necesita pasar de iniciativas aisladas a sistemas capaces de sostenerse y crecer. Desde RVC queremos aportar la experiencia de las cooperativas de cesión de uso en el Estado español a ese aprendizaje compartido.

La respuesta a la emergencia habitacional se medirá por las personas que logren conservar hoy su hogar. La política de vivienda también deberá medirse por cuántos hogares públicos, sociales y cooperativos permanecen asequibles año tras año. Para avanzar en ambas tareas hacen falta decisión pública, recursos y participación de la sociedad organizada.

La crisis de acceso a la vivienda —con precios de compra que han crecido cerca de un 13% solo en el último año y un parque de alquiler social prácticamente inexistente en el Estado español— ha puesto sobre la mesa un modelo que, sin ser nuevo, empieza a consolidarse como respuesta estructural: la vivienda cooperativa en cesión de uso. A diferencia de la cooperativa de vivienda convencional, aquí la propiedad del inmueble permanece siempre en manos de la cooperativa; quienes habitan la vivienda tienen un derecho de uso indefinido, pero nunca la propiedad individual. El resultado es un parque que no puede volver al mercado especulativo, porque nunca sale de la esfera colectiva.

A raíz de una reciente sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada precisamente a este modelo y a su relación con las administraciones públicas, conviene detenerse en algunas de las propuestas y de los debates que atravesaron el encuentro, porque dibujan bien el estado actual de un sector que crece, pero que sigue dependiendo, caso a caso, de la voluntad política de cada territorio. Hoy existen ya más de 60 proyectos en fase de convivencia en el conjunto del Estado y decenas más en distintas fases de desarrollo, un crecimiento que ha sido posible, sobre todo, allí donde se ha dado una condición concreta: la colaboración sostenida entre el tejido cooperativo y las administraciones públicas. No como excepción puntual, sino como política deliberada.

Un modelo, cuatro palancas de política pública

Desde la Red de Vivienda Cooperativa —la sectorial de vivienda de REAS Red de Redes— se ha sistematizado esta relación en un manual de acción para la colaboración público-cooperativa, disponible en abierto, que ordena la actuación pública en cuatro grandes ámbitos: la activación de la demanda y el impulso del mercado social; el acceso al suelo, tanto público como privado; el apoyo económico directo; y un conjunto de medidas complementarias —fiscales, urbanísticas, normativas— que a menudo resultan determinantes para que un proyecto sea o no viable.

Ninguna de estas palancas funciona de forma aislada, y así lo planteó durante la sesión Gloria Rubio Casas, de la Fundación La Dinamo y coordinadora del manual: para que el modelo arraigue de verdad en un territorio, decía, la administración tiene que entender que impulsarlo es tarea de la promoción económica, de la política de juventud o de la de igualdad, y no solo de la concejalía de vivienda. A esa transversalidad se suma una segunda condición, de carácter normativo: un marco legal que reconozca y blinde tres elementos que el sector considera irrenunciables —la propiedad colectiva indefinida, el derecho de uso intransmisible y un límite a la aportación de capital inicial, que se sitúa como máximo deseable en el 30%—, de modo que la asequibilidad no dependa de la buena voluntad de cada promotora, sino que quede garantizada por norma.

Del suelo a la financiación: lo que enseñan los proyectos ya construidos

Los ejemplos que se pusieron en común durante la formación —y que el sector viene señalando como referencia— comparten un mismo patrón: la alianza con lo público resuelve, casi siempre, alguno de los dos grandes cuellos de botella del modelo: el acceso al suelo y la financiación.

En Palamós (Girona), 34 viviendas de protección oficial se han levantado sobre suelo público cedido mediante adjudicación directa, una vía que la normativa urbanística y de vivienda catalana permite cuando el destino es social y la entidad receptora carece de ánimo de lucro. El proceso, iniciado en 2019 con un protocolo de intenciones entre ayuntamiento y cooperativa, se ha completado con subvenciones de la Generalitat —incluida una línea específica para cesión de uso— y un préstamo del ICO a 40 años, hasta dejar la aportación inicial media por unidad de convivencia en unos 14.700 euros, muy por debajo del precio de mercado de la zona. En Manresa, la fórmula ha sido distinta: la compra de un edificio privado —antes propiedad de una entidad financiera— mediante el derecho de tanteo y retracto que recoge la legislación catalana, con financiación al 100% del Institut Català de Finances a interés bonificado, ha permitido reducir la aportación inicial media a apenas 1.300 euros por vivienda. Yabel Pérez Moreno, responsable de crecimiento de Sostre Cívic y quien presentó ambos casos, insistió en que esa es precisamente la clave: por encima de cada proyecto concreto, lo que determina que la vivienda social sea realmente asequible son el acceso al suelo y la financiación, y solo cuando la administración se implica en los dos a la vez —con subvención directa y crédito público a largo plazo e interés bonificado— es posible trasladar ese esfuerzo a cuotas verdaderamente accesibles.

En Zaragoza, la cooperativa Acobijo ha resuelto el acceso al suelo mediante una permuta con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda —cediendo un solar propio a cambio del derecho de superficie sobre uno colindante— y ha sido, junto a otra cooperativa aragonesa, la única beneficiaria de una línea autonómica de subvenciones diseñada específicamente para este tipo de proyectos. Anabel García Recio, socia de Acobijo, matizaba durante la sesión que la cooperativa no considera que el ayuntamiento les haya regalado nada —el solar que aportaron era más valioso que el que recibieron a cambio—, pero sí destacaba como un logro en sí mismo que una corporación municipal haya tenido la voluntad política de sumarse a un proyecto cooperativo, algo que a su juicio abre camino para las iniciativas que vengan detrás.

No todos los balances que se compartieron fueron tan favorables. En Rivas Vaciamadrid, el proyecto Cosmos —dirigido a personas mayores de 50 años— cuenta con cesión gratuita de suelo durante 75 años, pero no ha recibido ningún tipo de apoyo económico público, y el encarecimiento de materiales, unido a las exigencias medioambientales para acceder a crédito del ICO, está empujando la aportación inicial de los socios hasta el 50%. Coral Hernández, presidenta de la cooperativa, lo planteó sin rodeos: siendo un colectivo con una edad media superior a los 65 años, explicaba, no confían en poder reunir el 30% de aportación inicial que se maneja como referencia en el sector, y calculan que tendrán que acercarse al 50%; por eso, conseguir financiación en condiciones asequibles se ha convertido en su principal reto, más incluso que la propia construcción de las viviendas.

En Canarias, el impulso ha llegado por una vía singular: una línea de financiación de 3,5 millones de euros del Plan Canarias Te Cuida, gestionada desde Bienestar Social con fondos europeos, que ha permitido financiar desde estudios de viabilidad hasta la compra de suelo, condicionando parte de la ayuda a que los proyectos reserven unidades para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Cooperativistas de Entre Alisios

Ventejui Hernández Costa, socio de la cooperativa Entre Alisios, recordaba que hasta 2022 el archipiélago ni siquiera contaba con una ley que reconociera la cesión de uso como figura cooperativa específica, y que fue la incidencia sostenida del propio sector la que logró incorporarla a la primera ley de economía social canaria; solo a partir de ese reconocimiento legal, señalaba, resultó posible negociar con la administración una línea de financiación pensada expresamente para las distintas fases de estos proyectos.

Y en Valencia, donde todavía no existe ningún proyecto en fase de convivencia, la experiencia de La Posta apunta a un tipo de colaboración más incipiente. Julia Pineda Soler, socia de la cooperativa impulsora, explicaba que en un contexto donde aún no están desplegadas las políticas específicas que sí existen en otros territorios, la vía que han encontrado para dialogar con el ayuntamiento ha sido presentar el proyecto como demostrador dentro de un laboratorio municipal de innovación urbana; a cambio negocian apoyo en los honorarios técnicos de las fases iniciales, una reducción de las exigencias de aparcamiento —dado el reducido tamaño de la parcela— y posibles bonificaciones fiscales, además de un informe sobre el potencial del modelo para regenerar el tejido urbano consolidado sin necesidad de crecer sobre suelo protegido.

Lo que aún falta

Del conjunto de experiencias compartidas se desprenden también los límites del momento actual: la ausencia de parque público suficiente obliga a mirar cada vez más hacia el suelo privado; la banca ética empieza a incorporarse como opción de cofinanciación, pero su bonificación por parte de las administraciones sigue siendo excepcional; y la exigencia de aparcamiento o los estándares energéticos, pensados para la promoción convencional, pueden encarecer hasta la inviabilidad proyectos que ya nacen con vocación de sostenibilidad y de reducir la dependencia del vehículo privado.

El debate que atravesó la sesión, en todo caso, apuntaba en una misma dirección: cuando la administración pública entiende la cesión de uso no como una anomalía a tolerar sino como una herramienta legítima de política de vivienda —con marco legal propio, líneas de subvención específicas y voluntad política sostenida en el tiempo—, los proyectos dejan de depender del voluntarismo de cada promotora y empiezan a convertirse en una alternativa real, replicable y arraigada en el territorio.

Las cooperativas Ingoin y Ariwake han presentado ELKARBIZI, una nueva metodología diseñada para acompañar a personas y colectivos que quieran poner en marcha proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso en Euskadi desde los principios de la Economía Social y Solidaria. El proyecto, desarrollado con el apoyo del programa ERAIKAL del Gobierno Vasco, busca facilitar el recorrido de los grupos desde las primeras conversaciones hasta la consolidación de la comunidad.

La metodología estructura el proceso en cinco fases —formación del grupo, constitución de la cooperativa, acceso al suelo o inmueble, construcción o rehabilitación y convivencia— e incorpora una mirada integral que contempla tanto los aspectos jurídicos, económicos y técnicos como otros elementos fundamentales para el éxito de estos proyectos, como la participación, la gobernanza compartida, los cuidados, la cultura o la construcción de comunidad.

Uno de los elementos más innovadores de ELKARBIZI es su sistema de cuatro herramientas complementarias, que pueden utilizarse conjuntamente o de forma independiente. La guía ofrece una visión global del proceso y orienta sobre los aspectos que conviene trabajar en cada etapa; las cartas proponen preguntas, dinámicas y ejercicios para facilitar el trabajo colectivo; los tableros ayudan a visualizar el estado del proyecto, detectar cuestiones pendientes y planificar los siguientes pasos; y el portal web reúne toda la documentación y recursos, que irán ampliándose progresivamente.

Lejos de plantear un modelo cerrado, ELKARBIZI propone una metodología flexible y adaptable, para que cada comunidad pueda construir su propio itinerario según sus necesidades, su ritmo y su contexto. Todos los materiales están disponibles de forma gratuita en castellano y euskera, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de proyectos de vivienda cooperativa más participativos, sólidos y sostenibles en Euskadi.

Puedes descargarlos en la web elkarbizi.eus

La Red Vivienda Cooperativa participa en la Asamblea General y Conferencia Anual de Housing Europe en Trieste

Los días 4 y 5 de junio, la Red Vivienda Cooperativa participó en Trieste (Italia) en la Asamblea General y Conferencia Anual de Housing Europe, la federación europea de vivienda pública, cooperativa y social. La representación de la Red estuvo a cargo de José Téllez, de la cooperativa catalana Sostre Cívic, entidad socia de la Red y referente del modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso en el Estado español.

Housing Europe es la principal organización europea del sector de la vivienda pública, cooperativa y social. Desde 1988 agrupa a federaciones y entidades de 31 países, representando a más de 25 millones de viviendas y constituyendo una de las voces más influyentes en el diseño de las políticas europeas de vivienda.

La edición de este año se celebró en un momento especialmente relevante. La vivienda se ha situado por primera vez en el centro de la agenda política europea, con la puesta en marcha del Plan Europeo de Vivienda Asequible y la revisión de diversos instrumentos normativos y financieros destinados a reforzar la capacidad de los Estados y de las entidades proveedoras de vivienda asequible.

Dos días de trabajo para debatir el futuro de los sistemas de vivienda europeos

La Asamblea General reunió a las entidades miembros de Housing Europe para analizar la situación del sector, definir prioridades de incidencia política y reforzar la coordinación entre organizaciones de distintos países.

El día 5 se celebró la Conferencia Anual bajo el lema “From West to East: Building a Brighter Housing Future”, organizada conjuntamente con Federcasa y ATER Trieste. La conferencia reunió a responsables públicos, representantes de federaciones de vivienda, cooperativas, investigadoras y profesionales del sector para debatir cómo fortalecer los sistemas de vivienda europeos en un contexto marcado por la crisis de acceso a la vivienda, el aumento de los costes de vida y las crecientes tensiones sociales.

Entre los temas abordados destacaron la reconstrucción de vivienda en Ucrania, la movilización de vivienda vacía, la financiación de la vivienda asequible, la regeneración urbana y el papel de los distintos modelos de provisión de vivienda para responder a los retos sociales y territoriales actuales.

La aportación de la vivienda cooperativa impulsada por la comunidad

En este contexto, la Red Vivienda Cooperativa trasladó un mensaje claro a los promotores públicos, federaciones cooperativas y asociaciones europeas presentes en Trieste: la nueva agenda europea de vivienda asequible no puede convertirse únicamente en una agenda de incremento de oferta.

Construir más vivienda es necesario, pero no suficiente.

Si el éxito de las políticas públicas se mide exclusivamente por el número de viviendas construidas, la velocidad de ejecución o la capacidad de atraer inversión, existe el riesgo de dejar en segundo plano modelos que generan valor social permanente, como la vivienda cooperativa en cesión de uso y otras fórmulas de Community Led Housing (CLH).

La cuestión central no es únicamente cuánta vivienda se construye, sino qué tipo de sistema de vivienda estamos ayudando a consolidar mediante recursos públicos.

Por ello, desde la Red Vivienda Cooperativa defendimos tres prioridades:

• Reconocer la vivienda cooperativa y comunitaria como un pilar estratégico de la política europea de vivienda asequible.
• Incorporar criterios exigibles de asequibilidad permanente, ausencia de lucro, gobernanza democrática y protección frente a la especulación.
• Garantizar que estos modelos estén presentes en el diseño del Plan Europeo de Vivienda Asequible, las políticas de suelo público, los fondos europeos y el marco de ayudas de Estado.

Del reconocimiento a la escala europea

Durante los últimos años, los modelos de Community Led Housing han ido ganando visibilidad en el ámbito europeo. Cooperativas de vivienda, Community Land Trusts y otras fórmulas impulsadas por la ciudadanía están demostrando su capacidad para generar vivienda asequible a largo plazo, fortalecer las comunidades locales, mejorar la resiliencia territorial y asegurar que las inversiones públicas produzcan beneficios colectivos duraderos.

Sin embargo, su presencia sigue siendo limitada en los grandes debates europeos sobre vivienda, todavía dominados por enfoques centrados principalmente en la producción de vivienda y la movilización de inversión.

Por ello, uno de los objetivos compartidos por diversas organizaciones presentes en Trieste es seguir avanzando para que la próxima edición de Housing Europe, prevista en Lisboa en 2027, incorpore un espacio principal específicamente dedicado a la vivienda cooperativa y comunitaria impulsada por la ciudadanía, reconociendo su creciente aportación a la construcción de sistemas de vivienda más democráticos, asequibles y sostenibles.

Una voz cada vez más presente en Europa

La participación de la Red Vivienda Cooperativa en Housing Europe forma parte del trabajo de incidencia internacional que la entidad viene desarrollando para situar la vivienda cooperativa en cesión de uso dentro de los principales espacios de decisión europeos.

En un momento en el que Europa busca respuestas estructurales a la crisis habitacional, la experiencia de las cooperativas de vivienda demuestra que existen alternativas capaces de combinar asequibilidad, estabilidad, participación democrática, sostenibilidad y construcción de comunidad.

Porque el reto no es únicamente construir más viviendas. El reto es construir mejores sistemas de vivienda para las generaciones presentes y futuras.

Conoce más la Red el mapa de proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso existentes, en la web Red Vivienda Cooperativa.

Coproducción de políticas públicas: Vivienda Cooperativa en cesión de uso.

Esta formación aborda cómo impulsar políticas locales de vivienda más justas, sostenibles y eficaces a través de la colaboración entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria (ESS).

Primera sesión del ciclo formativo del proyecto Coopublic, organizado por REAS Red de Redes dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria (vivienda, energía, finanzas y alimentación). Esta sesión, titulada «Vivienda cooperativa en cesión de uso: claves para las administraciones públicas», introduce el modelo de vivienda cooperativa en cesión de uso y presenta herramientas concretas para impulsarlo desde las políticas públicas, partiendo del Manual de acción para la colaboración público-cooperativa. Tras el marco teórico (contexto de la crisis de vivienda, qué es el modelo y qué políticas públicas pueden impulsarlo: activación de la demanda, acceso al suelo, apoyo económico y medidas fiscales), distintas cooperativas exponen casos prácticos reales en todo el territorio: Madrid, Zaragoza, Valencia, Cataluña y Canarias.

Ponentes y proyectos:

Gloria Rubio Casas — Coordinadora de actividad de La Dinamo Fundaciò (cooperativismo de vivienda en cesión de uso en Cataluña) y parte de la Red Estatal. Modera y desarrolla el modelo y el manual de políticas públicas.
María Ríos Carballeira — Socia de Agrelar Consultora y de Seite Oitavas, miembro del Grupo Gallego de Vivienda Colaborativa. Introducción y marco general.
Coral Hernández — Presidenta de la cooperativa Cosmos (vivienda sénior en cesión de uso, Rivas, Madrid).
Anabel García Recio — Socia de A Cobijo y de La Replazeta, coordinadora del grupo de vivienda de REAS Aragón. Proyecto Acobijo (Zaragoza).
Julia Pineda Soler — Socia de Crearqció y de La Posta. Coordinadora de Domèstiques.
Yabel Pérez Moreno — Responsable de crecimiento y miembro del Consejo Rector de Sostre Cívic. Proyectos en Cataluña (Palamós y Manresa).
Bentejui Hernández Acosta — Socio de OFIC y Entrealicios. Proyecto Entrealicios (Tenerife, Canarias). Toda la información aquí: https://reas.red/coopublic/

Suscríbete al canal de REAS RdR para no perderte nada.

Desde RIPESS Europa, en el marco del proyecto europeo CHOICE, y en colaboración con la Red de Vivienda Cooperativa, tenemos el placer de invitaros al Diálogo Estatal sobre Vivienda Cooperativa, un espacio de encuentro para debatir cómo fortalecer, ampliar y consolidar las alternativas cooperativas frente a la crisis de acceso a la vivienda.

Fecha: 5 de junio
Hora: 18:30 h
Lugar: Ecooo, Lavapiés, Madrid

Registro Obligatorio: https://nubedelcomun.tangente.coop/apps/forms/s/dXCEw4pLMEzGFwwZPrSwjWCC

La vivienda se ha convertido en uno de los principales campos de disputa social de nuestro tiempo. El aumento de los precios, la especulación inmobiliaria y la creciente financiarización de un derecho básico, está haciendo que la clase trabajadora no tengal acceso a una vivienda digna.

Frente a esta realidad, iniciativas comunitarias están demostrando que existen formas alternativas de acceder, gestionar y habitar la vivienda, basadas en la propiedad colectiva, la gestión democrática, la asequibilidad y el apoyo mutuo.

Bajo el título «Vivienda cooperativa: escalar la alternativa», este encuentro reunirá a personas y organizaciones implicadas en la promoción de modelos cooperativos y comunitarios de acceso a la vivienda para reflexionar conjuntamente sobre cómo fortalecer y ampliar estas experiencias.

La conversación partirá del recorrido y los aprendizajes del modelo catalán de vivienda cooperativa y se enriquecerá con experiencias procedentes de Navarra, Galicia, Aragón, Canarias, Valencia y Andalucía.

Además del espacio de diálogo, contaremos con un momento informal al finalizar para compartir un cóctel, intercambiar experiencias y fortalecer alianzas entre iniciativas y redes.

Queremos debatir cómo hacer crecer estas iniciativas, fortalecer los ecosistemas que las sostienen y avanzar hacia modelos de vivienda basados en la propiedad colectiva, la gestión democrática y el apoyo mutuo.

Porque la Economía Social y Solidaria se vuelve verdaderamente transformadora cuando interviene en sectores esenciales para la vida cotidiana. La vivienda es uno de ellos. Cuando construimos cooperativas, bienes comunes e infraestructuras comunitarias, no solo respondemos a necesidades inmediatas: construimos poder colectivo y abrimos caminos hacia una sociedad más justa y sostenible.

Rubén Méndez, junto a su vivienda de la cooperativa Ametxe en Gordexola (Vizcaya). FERNANDO DOMINGO-ALDAMA

“Esto es una contracultura”, resume Rubén Méndez al otro lado del teléfono. Este santurzano de 49 años reside desde 2024 con sus dos hijos y su expareja en la cooperativa Ametxe, en Gordexola, un pequeño municipio vizcaíno de menos de 2.000 habitantes. Comparten un caserío de 600 metros cuadrados con cuatro siglos de historia, rehabilitado, rodeado de una extensión inmensa de terreno verde (40.000 m²). Junto a ellos conviven otras cinco unidades familiares, en la que se convirtió en la primera cooperativa de vivienda del País Vasco. Antes de mudarse, Méndez tenía un piso en propiedad, ligado a una hipoteca. Ahora paga 660 euros mensuales por su espacio de uso privado, con acceso a las zonas comunes. “No veo otra forma de vida”, afirma, en referencia a la situación de crisis que atraviesa la vivienda. A su juicio, las respuestas institucionales para hacerle frente son insuficientes: “Todo lo que han hecho ha sido poner parches. Este modelo es el más sostenible en el tiempo”.

Las cooperativas de vivienda en cesión de uso en España beben de un modelo surgido en Uruguay en la década de los sesenta del siglo pasado. Aunque no fue hasta 1999 cuando quedaron reguladas por ley, su desarrollo ha sido progresivo y, en los últimos años ―especialmente a partir de 2011―, claramente han acelerado. Según datos de la Red de Vivienda Cooperativa, en la actualidad existen 216 proyectos en marcha en todo el país, de los cuales más de medio centenar ya están habitados. En conjunto, suman alrededor de 700 unidades de convivencia (o viviendas) y más de 1.000 personas residentes. La creciente tensión del mercado inmobiliario ha actuado como catalizador de esta fórmula, que se ha incrementado en un 600% en los últimos 16 años: en 2020 apenas había un centenar de viviendas habitadas en el país.

Distribución territorial de las cooperativas de vivienda

Solo aquellas en cesión de uso y habitadas.

A diferencia de las cooperativas tradicionales, en las de cesión de uso no se compra ni se vende una casa. El edificio pertenece a la cooperativa y las personas que viven en él pagan una entrada y una cuota mensual ―actualmente un 20% por debajo del precio de mercado tras las últimas alzas―, a cambio de poder usar el inmueble de forma estable. Esta fórmula de agrupación residencial impide la especulación y garantiza un hogar a largo plazo, al mismo tiempo que permite que el inmueble vaya cambiando de manos y no quede inhabitado.

“Es un modelo que busca garantizar el uso residencial a precio de coste”, analiza Leandro Escobar, profesor de Métodos Cuantitativos de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE. “Puede tener mucho sentido en un mercado como el español, donde hay muchas personas que por distintos motivos no pueden comprar en propiedad, y que tampoco encuentran un alquiler estable y razonable”, añade. Sin embargo, su escasa representatividad sobre el parque total limita su capacidad de impacto sobre la situación actual, en opinión del experto.

“Aunque se ha hecho un importante trabajo pedagógico y de concienciación por todo el país, donde ha arraigado de verdad es en Cataluña”, señala José Téllez, miembro de la cooperativa Sostre Cívic, e impulsor y portavoz de la red. El papel del Ayuntamiento de Barcelona, que en sus inicios cedió suelo público, junto con el acceso a financiación cooperativa, fue clave para que los primeros proyectos echaran a andar entre 2013 y 2014. Hoy, sin embargo, la situación no es tan favorable. La necesidad de congeniar estos dos requisitos ha frenado su expansión por otros territorios. De las 52 cooperativas en cesión de uso habitadas en España, el 69% se concentra en Cataluña, con 66 proyectos. “Nuestros referentes europeos son Viena y Copenhague, que tienen un modelo híbrido: un tercio del parque es privado, otro público y otro cooperativo”, explica Téllez, que concluye con una valoración crítica: “Los modelos de vivienda asequible que se han aplicado hasta ahora en España no han funcionado”.

Ángela García (izquierda) comparte una comida con sus vecinos en la cooperativa Cirerers (Barcelona). GIANLUCA BATTISTA

Encontrar la felicidad

En Madrid, uno de los mercados más tensionados del país, hay cuatro cooperativas. “Yo entré aquí para ser más feliz”, resume Nacho García, miembro de la cooperativa Entrepatios, en la que vive desde 2020. “Nuestro grupo lo que busca es contribuir a que aumente el parque de viviendas que no están sujetas a la especulación, y que no pase lo de ahora, que la vivienda no es accesible para la mayoría de la gente que opta al mercado libre”, explica. En su edificio cuentan con viviendas de dos y tres dormitorios, siendo de 85 metros cuadrados el inmueble más grande. La cuota mensual más elevada que se paga es de 595 euros, tres veces menos que la media en el mercado libre (de 1.980 euros en abril, según Idealista).

García experimentó en su piel el destierro habitual que persigue a muchos madrileños. “Empecé viviendo en el barrio de Delicias, en el centro; luego me seguí moviendo dentro de la M-30; después me tuve que ir fuera de allí y más tarde a la periferia, hasta que conseguí volver al centro. Este es un modelo que ya no suena tan marciano y que rompe con el pensamiento tradicional de propiedad que sigue imperando”, relata.

Perfiles diversos

Estas cooperativas no son solo una alternativa para familias jóvenes, sino que acogen perfiles muy diversos. En muchos proyectos viven personas mayores que encuentran en la vida comunitaria una fuente de tranquilidad y apoyo mutuo. Compartir espacios, actividades cotidianas y una red cercana de vecinos reduce la soledad y ofrece seguridad en una etapa vital marcada, a menudo, por la incertidumbre. Actualmente, hay 56 proyectos para seniors, aunque tan solo cinco están habitados: dos en Madrid, uno en Castilla-La Mancha y los otros dos en Castilla y León.

También existen cooperativas, como La Morada, en Barcelona, formadas exclusivamente por mujeres, que apuestan por modelos de convivencia basados en el cuidado compartido, la autonomía y la solidaridad. Justo enfrente de este edificio, en otro llamado Cirerers, vive Ángela García, desde 2022. “Si me tocase la lotería hoy, no me compraría una casa”, explica. Esta confesión revela su nivel de satisfacción actual, tras años de alquiler, y tras haber contemplado “solo como aspiración” convertirse en propietaria. “Mi calidad de vida ha mejorado en este tiempo, entonces, ¿por qué iba a abandonar este proyecto?”, se pregunta.

Las dificultades para acceder a suelo público y obtener la financiación necesaria son las barreras principales que bloquean el despliegue de las cooperativas, ya que el interés parece haberse despertado en los últimos años. “Somos una especie que necesita apoyarse mutuamente para no ser tan vulnerables y generar dinámicas creativas, que nos empoderen y, que, como es nuestro caso, también sirvan para dinamizar el entorno rural y hacer frente a la despoblación”, valora Rubén Méndez.

Mayor apoyo

El Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 incorpora, por primera vez de forma explícita, medidas que pueden favorecer el desarrollo de cooperativas de vivienda en cesión de uso. El borrador del programa apunta a un mayor apoyo a fórmulas no especulativas, con líneas de ayudas para la promoción de vivienda asequible, incentivos a la cesión de suelo público y un refuerzo de la financiación para proyectos colectivos sin ánimo de lucro. También reconoce el papel de estos modelos para ampliar el parque residencial estable y moderar precios en mercados tensionados.

Desde la Red de Vivienda Cooperativa, sin embargo, consideran que este plan abre una oportunidad, pero no desarrolla las condiciones necesarias para que la vivienda cooperativa pueda desplegarse a gran escala. “Las entidades de crédito todavía no tienen completamente normalizado el producto, y para ellas no es lo mismo financiar una promoción tradicional con viviendas que se venden una a una, que una cooperativa. Por eso algún tipo de ayuda pública, o una regulación que ofrezca seguridad jurídica, podría mejorar su implantación”, concluye Escobar.

Un artículo de Gorka R. Perez para El País

En un contexto marcado por retos sociales, económicos y ambientales cada vez más complejos —como el acceso a la vivienda, la transición energética, la sostenibilidad de los sistemas alimentarios o la necesidad de modelos financieros más justos—, las administraciones públicas están llamadas a innovar en la forma en que diseñan e implementan sus políticas.

En paralelo desde la Economía Social y Solidaria (ESS) llevamos décadas impulsando iniciativas que sitúan a las personas y al territorio en el centro, generando soluciones sostenibles, inclusivas y orientadas al bien común. La colaboración entre ambos ámbitos se presenta hoy como una oportunidad estratégica para avanzar hacia políticas públicas más eficaces y transformadoras.

Con este objetivo, lanzamos un ciclo de formaciones centrado en la coproducción de políticas públicas, un enfoque que promueve la colaboración activa entre administraciones públicas y entidades de la ESS en todas las fases de las políticas: desde el diagnóstico hasta su implementación y evaluación.

Cuatro sectores estratégicos para la transformación

El programa se articula en torno a cuatro ámbitos clave, donde existen importantes desafíos pero también un gran potencial de innovación desde la colaboración:

•  Vivienda: abordando modelos de acceso más justos y fórmulas de colaboración público-cooperativa.
• Energía: impulsando la transición hacia sistemas más democráticos a través de comunidades energéticas y proyectos de base local.
• Finanzas éticas: incorporando criterios de transparencia, sostenibilidad e impacto social en la financiación pública.
• Alimentación: fortaleciendo sistemas alimentarios de proximidad, sostenibles y vinculados al territorio.

Fortalecer capacidades para incidir y transformar

Más allá del contenido teórico, estas formaciones están diseñadas con un enfoque práctico y aplicado. Las personas participantes podrán:

• Fortalecer sus capacidades de incidencia política y técnica.
• Conocer herramientas concretas para la coproducción de políticas públicas.
• Analizar casos reales de colaboración entre administraciones y entidades de la ESS
• Identificar oportunidades para aplicar estos enfoques en sus propios contextos

El objetivo es facilitar no solo el aprendizaje, sino también la transferencia directa a la acción pública, contribuyendo a generar políticas más conectadas con las necesidades sociales y más eficaces en su impacto.

Un espacio para la colaboración y el aprendizaje mutuo

El ciclo está dirigido principalmente a personal técnico y responsables políticos de administraciones públicas, así como a entidades de la Economía Social y Solidaria interesadas en fortalecer su capacidad de interlocución y colaboración con el sector público. Además de ser un espacio formativo, el programa busca fomentar la creación de redes, el intercambio de experiencias y la construcción de alianzas entre actores clave para la transformación territorial.

Hacia políticas públicas más abiertas, participativas y transformadoras

La coproducción de políticas públicas no es solo una metodología, sino un cambio de paradigma: implica repensar los roles tradicionales, abrir espacios de colaboración real y apostar por modelos de gobernanza más democráticos. Este ciclo de formaciones se enmarca en esa visión, con la voluntad de contribuir a una administración pública más innovadora y a una Economía Social y Solidaria con mayor capacidad de incidencia.

AGENDA

• 12 de Mayo de 10.30 a 12: Formación en vivienda: ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.
• 19 de Mayo de 10.30 a 12h: Formación en energía: ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.
• 9 de Junio de 10.30 a 12h: Formación en Finanzas Éticas. ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.
• 16 de junio de 10.30 a 12h: Formación en Alimentación. ACCEDE AQUÍ A MÁS INFORMACIÓN.

Coproducción de políticas públicas en vivienda desde la Economía Social y Solidaria

Esta formación aborda cómo impulsar políticas locales de vivienda más justas, sostenibles y eficaces a través de la colaboración entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria (ESS).

Objetivo general

Fortalecer las capacidades de incidencia política y técnica para impulsar la colaboración público-cooperativa en políticas locales de vivienda.

Objetivos específicos.

• Presentar el Manual de acción para la colaboración público-cooperativa.
• Compartir claves para la incorporación del modelo en políticas públicas municipales.
• Visibilizar experiencias reales en diferentes territorios del Estado.
• Generar un espacio de reflexión orientado a la acción para personal técnico y político.

Dirigido a: Personal técnico y responsables políticos de administraciones públicas, y entidades de la ESS especialmente vinculadas al ámbito de la vivienda.

Modalidad: online.

Fecha: Martes 12 de mayo de 2026.

Duración: 1 hora y media.

INSCRÍBETE EN ESTE ENLACE

Esta actividad cuenta con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El pasado diciembre tuvo lugar la constitución legal de Cal Bloke, una nueva cooperativa en cesión de uso situada en Manresa, en la provincia de Barcelona. Es el primer bloque habitado de viviendas en el Estado que pasa de manos de un fondo buitre a ser propiedad de una cooperativa.

Se trata de un edificio de siete viviendas, construido en 2013 en el barrio de Vic-Remei, una zona revalorizada en los últimos tiempos, especialmente después de que en 2024 la Universitat Politécnica de Catalunya comenzara las obras de restauración de una antigua fábrica donde ubicará su nuevo campus tecnológico, lo que ha atraído a su vez todo tipo de movimientos especulativos. La cesión o derecho de uso es un modelo entre la compra y el alquiler, al margen del mercado especulativo que potencia la creación de comunidad y salidas colectivas al problema de la vivienda.

La propiedad del inmueble perteneció en sus inicios a Solvia, la inmobiliaria del Banco Sabadell, pero tras el interés del fondo buitre estadounidense Cerberus en parte de la cartera de activos inmobiliarios de este, se creó Promontoria Coliseum —estrechamente vinculada a José María Aznar Jr—, que absorbió el edificio. Se consiguió “recuperar” para uso social en 2015 por activistas vinculados a los movimientos sociales de Manresa y, sobre todo, a la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) del Bages. Este colectivo ha denunciado en multitud de ocasiones que Manresa es la ciudad catalana que tiene mayor proporción de pisos vacíos por habitante, cerca de un 23% del total del parque de vivienda disponible.

En febrero de 2025, finalmente, Promontoria Coliseum decidió poner a la venta la totalidad de los siete inmuebles de lo que hoy es Cal Bloke, después de años sin mostrar ningún interés en alquilar o vender. Las personas ocupantes del edificio, ahogadas por las órdenes de desahucio y con la mirada puesta en lo que estaba sucediendo esos días en Barcelona con la Casa Orsola, decidieron buscar alternativas que les aportaran algo de estabilidad habitacional. Los habitantes del bloque entraron en contacto con el movimiento cooperativista de vivienda, especialmente con La Dinamo Fundació.

Esta entidad, nacida a partir del proceso de La Borda, uno de los proyectos pioneros del cooperativismo en cesión de uso construido en suelo propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, ayudó a Cal Bloke a realizar el traspaso de la propiedad y constituirse en cooperativa, consiguiendo así “arrebatar nuevos inmuebles al mercado especulativo convirtiéndolos al cooperativismo en cesión de uso y así modificar la estructura de propiedad del parque de vivienda”, nos cuentan.

Esta estrategia se enmarca en los debates que en esas fechas estaba teniendo el movimiento de vivienda en el II Congrés d´Habitatge de Catalunya, que dio lugar a la constitución de la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya. En este espacio de confluencia del activismo por la vivienda, se destacó la necesidad de impulsar modelos que se sitúen fuera del mercado y se mencionó el cooperativismo en cesión de uso como una de las opciones, sobre todo en inmuebles que necesitasen de una estabilización legal si se viera en peligro la continuidad del proyecto. “Cooperativizarse se convertía en una opción coherente, colectiva y realista para continuar aquí”, cuenta Saúl, habitante de Cal Bloke y activista de la PAHC del Bages.

La ventaja de este modelo no sólo ha sido de tipo económico —la hipoteca colectiva es más ventajosa que la individual y queda por debajo del precio de mercado—, sino que, tal y como afirman desde La Dinamo Fundació, “la solución a los conflictos sindicales de vivienda debe venir desde alternativas colectivas y que transformen la sociedad ya que ser propietario no es la solución, eso son salidas individualistas que perpetúan el problema”. De hecho, creen que “si estos proyectos no se dan en un marco de conflicto, serían prácticamente imposibles”.

Por lo pronto, el sábado 24 de enero, Cal Bloke presentaba el proyecto en Manresa, acompañados de La Dinamo Fundació, la PAHC del Bages y de la COSHAC para reivindicar que existen posibilidades más allá del mercado inmobiliario tradicional.

Les Juntes, cooperativa de viviendas dispersas pero “juntas” frente a la especulación

L’Hospitalet de Llobregat, La segunda ciudad más poblada de Catalunya, tiene uno de los récord entre las ciudades más densamente pobladas de toda Europa, con más de 23.500 personas por kilómetro cuadrado, según L’Institut d’Estadística de Catalunya.

En esta ciudad, situada en el área metropolitana de Barcelona, el terreno disponible para construir cooperativas en cesión de uso es prácticamente nulo, pero una entidad ha conseguido salvar este escollo formando Les Juntes, cooperativa de vivienda dispersa de gestión comunitaria formada en 2024 y que cuenta actualmente con ocho viviendas ubicadas en distintos inmuebles del barrio de La Florida y con 50 personas socias, 14 de las cuales ya hacen uso de sus viviendas junto con sus unidades de convivencia, ocho colaboradores y el resto expectantes de vivienda.

Gracias al impulso de la cooperativa de trabajo social y cultural La Fundició, la asociación vecinal La Florida s’Aveïna y el soporte técnico de La Dinamo Fundació, se ha conseguido poner en marcha una iniciativa que “no solo trata de un proyecto de vivienda, sino que está conectada a toda una red vecinal en espacios de gestión comunitaria, uno de cuyos principales objetivos es fomentar una cultura colectiva fundamentada en la autoorganización, la interdependencia y el apoyo mutuo”, cuenta Francisco, socio de la cooperativa.

El modus operandi es sencillo: la cooperativa compra pisos en los que ha surgido un conflicto con fondos buitres o propietarios especulativos y los incorpora a su red, reformando estos pisos si hiciera falta para tener condiciones dignas de habitabilidad, muchas veces gracias al apoyo mutuo entre las personas socias. Incluso, se ha creado una caja de resistencia para emergencias en la cooperativa.

Para conseguir que sea una iniciativa accesible a personas con rentas bajas, se establece un pago mensual de entre 450 y 600 euros, cediéndoles el derecho de uso durante 43 años, lo que aporta estabilidad y seguridad habitacional a personas privadas de ella con frecuencia. Da buena cuenta de ello Maika, socia de la cooperativa que vive con su marido y sus tres hijos, cuando asegura que “anteriormente había vivido más de 15 años siempre con el miedo constante a ser desahuciada”. La cooperativa adquirió la vivienda que ocupaba en el barrio de La Florida, propiedad de un fondo buitre, a raíz de entrar en contacto con la red vecinal de la que emerge el proyecto de Les Juntes en las movilizaciones para parar en múltiples ocasiones su desahucio. De hecho, siete de las ocho viviendas de la cooperativa tienen historias similares: de estar a punto del desahucio o con situaciones muy precarias han pasado a manos cooperativas.

Cabe destacar también la perspectiva de género dentro de la iniciativa, ya que la cooperativa destina una vivienda a tres mujeres solas que en su etapa como inquilinas de habitaciones habían sufrido precios y condiciones abusivas, como no poder hacer prácticamente uso del resto de zonas de la casa. Ahora, en cambio, entre esas cuatro paredes reina la sororidad.

No en vano, hace pocos días, esta iniciativa ha sido premiada por la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya por su labor como proyecto social innovador que ha formulado soluciones para transformar los barrios frente a las crisis climática, capitalista y de cuidados.

Juanjo Hernández: de resistir desahucios con el Sindicat de Llogateres a cooperativista de Sostre Civic

En el barrio de Ciutat Meridiana, uno de los de menor renta de Barcelona y símbolo de la lucha contra los desahucios, se encuentra la vivienda de Juanjo Hernández. El pasado noviembre, después de varios intentos de desahucio resistidos gracias a la movilización impulsada por el Sindicat de Llogateres, del que Juanjo es activista, la propiedad fue adquirida por Sostre Civic, uno de los máximos exponentes en Catalunya del cooperativismo de vivienda en cesión de uso con casi 20 años de andadura, más de 2.100 personas socias y 27 proyectos gestionados, 14 ya conviviendo.

Tras realizar la dación en pago con Catalunya Banc, Juanjo pasó de ser propietario a inquilino. El inmueble pasó por las manos de Caixa Catalunya, BBVA y, de nuevo tras el interés del fondo buitre estadounidense Cerberus en parte de la cartera de activos inmobiliarios de este, se creó Divarian —también estrechamente vinculada a José María Aznar Jr—, que terminó por ser propiedad exclusiva de Cerberus. Juanjo lo resumía a la perfección en la rueda de prensa donde se anunció la cooperativización de su inmueble cuando afirmaba que el hecho de que su casa haya tenido a estos cinco propietarios era un resumen de la crisis inmobiliaria.

En noviembre, después de varios intentos de desahucio resistidos gracias a la movilización, la propiedad del piso de Juanjo fue adquirida por Sostre Civic. Este activista del Sindicat de Llogateres ha podido quedarse en su casa con un modelo de cesión de uso

En esa comparecencia también aludió a que “si no hubiera sido por la lucha”, hubiera tenido que acabar en una pensión o alquilando una habitación. Según cuenta, la movilización fue clave para que, primero, la propiedad quisiera vender y, segundo, para que lo hiciera a un precio por debajo del de mercado.

Precisamente, para encontrar la base del éxito de esta operación hay que retrotraerse a septiembre de 2023, cuando se presentó públicamente la alianza estratégica entre el Sindicat de Llogateres y Sostre Civic para “impulsar procesos de cooperativización de viviendas en lucha, movilizándolos hacia modelos no especulativos como la cesión de uso”. En la práctica ha funcionado, aportando cada una de las organizaciones la experiencia propia de su ámbito: “el sindicalismo de vivienda, la movilización y la denuncia y el cooperativismo, la gestión y la gobernanza colectiva en los proyectos”, comenta José Téllez, de Sostre Civic. Esta simbiosis permitiría algo así como “ir asegurando lo ganado en procesos de conflicto”.

Gracias a todo esto, Juanjo ahora es socio cooperativista y está pagando una cuota de cesión de uso por debajo del precio de mercado.

Contexto normativo: Catalunya marca el camino pero aun así va despacio

Para entender por qué el contexto normativo catalán es el más propicio de todo el Estado hay que retrotraerse, al menos, hasta el Decreto-ley 1/2015, de 24 de marzo, de medidas extraordinarias y urgentes para la movilización de las viviendas provenientes de procesos de ejecución hipotecaria, aprobado en un momento en que el Govern pertenecía a Convergència i Unió.

En su artículo 2 se regula el derecho de tanteo que consiste en un derecho de adquisición preferente por parte de la Generalitat de ciertas viviendas —en este caso, las derivadas de ejecuciones hipotecarias—, pero abriendo la puerta a que otras entidades competentes en materia de vivienda puedan ejercerlo en su nombre a través de la Agència de l’Habitatge de Catalunya.

Esta cesión del derecho de tanteo está acompañada del compromiso de que la propiedad será cooperativa durante unos años (75 normalmente), pero posteriormente pasará al parque de vivienda público de protección oficial, buscando con esta medida engrosarlo. Todo esto está asociado a una línea de crédito del Institut Català de Finances (ICF) que ofrece condiciones favorables siempre y cuando reviertan en colectivos vulnerables susceptibles de solicitar VPO, bonificándose el coste financiero por parte de la Agència de l’Habitatge de Catalunya para estos casos.

También, a finales del diciembre pasado, se aprobó la nueva Ordenanza reguladora de la sujeción de inmuebles destinados a vivienda a los derechos de tanteo y retracto del Ayuntamiento de Barcelona, más beneficiosa para extender el cooperativismo al cederse el derecho e introduciendo elementos muy novedosos como la posibilidad de que las personas inquilinas de un mismo edificio participen de la posibilidad del tanteo, pero sin ningún instrumento asociado de financiación aún.

En la Comunidad de Madrid (a diferencia de Catalunya), el derecho de tanteo apenas se ha regulado, ciñéndose en exclusiva a VPO y tampoco se puede ceder el derecho a nadie que no sea la CAM

De hecho, la principal crítica en el tema financiero desde cooperativas como Sostre Civic, radica en que los 100.000 euros máximo por vivienda que financia el ICF son del todo insuficientes para poder acceder a multitud de inmuebles, teniendo en cuenta, por ejemplo, que según datos recientes del Ayuntamiento de Barcelona, el precio medio de las compraventas durante 2025 se situó allí en 4.240 euros el metro cuadrado.

En el caso de otras Comunidades Autónomas como Madrid, el derecho de tanteo apenas se ha regulado, ciñéndose en exclusiva a VPO y tampoco se puede ceder el derecho a nadie que no sea la CAM. De hecho, es una figura de uso testimonial frente a los cerca de 6.000 inmuebles para los que ha hecho uso la Generalitat en los últimos cinco años, de acuerdo con datos de la Agència de l’Habitatge de Catalunya. Esto da cuenta de por qué es tan complicado encontrar alternativas en el cooperativismo en cesión de uso como solución de conflictos sindicales de vivienda en Madrid, como ocurrió con el caso del bloque en lucha de la Calle San Ildefonso 20 organizado a través del Sindicato de Inquilinas e inquilinos de Madrid y que sigue sin resolverse.

Propuestas y recapitulaciones

Las anteriores experiencias de viviendas habitadas que pasan al cooperativismo en cesión de uso son todavía escasas dentro del total, donde predomina la construcción o la rehabilitación de edificios. Actualmente hay más de 3.000 viviendas proyectadas que se irán materializando en los próximos años ya que se encuentran en fases que van desde la adquisición del suelo hasta llevar ya años en convivencia, como da cuenta el Mapa estatal de proyectos cooperativos en cesión de uso, creado de la colaboración entre el equipo de Alterhabitat y REAS.

Desde La Dinamo Fundació apuntan a que, para las Administraciones, la colaboración público-cooperativa aportaría muchas ventajas. Entre ellas, el Estado se ahorraría la gestión directa del parque de vivienda social y protegida, dedicando los recursos públicos, no a la gestión del parque, sino a apoyar la creación de mecanismos de gobernanza de las usuarias. Todo ello, sin perder la capacidad de decisión sobre la gestión. Todo lo anterior permitiría multiplicar su capacidad para ampliar el parque social y protegido, haciendo un uso más eficiente de los recursos públicos.

Rubén Méndez, de la Secretaría Técnica de la Red de Vivienda Cooperativa, destaca la importancia del cooperativismo de vivienda en derecho de uso, un modelo en el que “la vivienda deja de ser una mercancía para convertirse en un bien de uso colectivo. No existe propiedad individual ni ánimo de lucro, lo que elimina la lógica especulativa que genera expulsiones y subidas abusivas”.

En este modelo las cuotas se calculan en función de los costes reales del proyecto y se gestionan de forma democrática, garantizando estabilidad residencial y seguridad vital a largo plazo. “Ante un mercado inmobiliario que expulsa, precariza y fragmenta, el cooperativismo en cesión de uso ofrece una respuesta estructural y transformadora. Aquí, el derecho a la vivienda prima sobre la rentabilidad”, sentencia.

Fuente: El salto

Manual elaborado por La Dinamo Fundació en colaboración con Red Vivienda Cooperativa (antes Grupo de Trabajo en REAS) que recoge el aprendizaje acumulado de años de trabajo en el impulso del cooperativismo de vivienda en cesión de uso en el Estado español.

La publicación plantea la vivienda cooperativa en cesión de uso como una herramienta clave para ampliar el parque de vivienda asequible y estable, reforzar la participación ciudadana y promover comunidades más cohesionadas y sostenibles.

El documento analiza el marco jurídico existente, recoge resoluciones parlamentarias y normativas autonómicas, y plantea propuestas concretas para que las administraciones públicas impulsen este modelo mediante políticas de suelo, financiación y acompañamiento técnico.

La Red Vivienda Cooperativa ha presentado el Manual de acción para la colaboración público-cooperativa en vivienda cooperativa en cesión de uso, una guía dirigida a administraciones públicas y agentes sociales para fortalecer políticas de vivienda basadas en modelos no especulativos y de interés público.

El manual, elaborado por La Dinamo Fundació en colaboración con Red Vivienda Cooperativa (Antes Grupo de Trabajo en REAS), recoge el aprendizaje acumulado de años de trabajo en el impulso del cooperativismo de vivienda en cesión de uso en el Estado español.

La publicación plantea la vivienda cooperativa en cesión de uso como una herramienta clave para ampliar el parque de vivienda asequible y estable, reforzar la participación ciudadana y promover comunidades más cohesionadas y sostenibles.

El documento analiza el marco jurídico existente, recoge resoluciones parlamentarias y normativas autonómicas, y plantea propuestas concretas para que las administraciones públicas impulsen este modelo mediante políticas de suelo, financiación y acompañamiento técnico.

Según la Red Vivienda Cooperativa, la colaboración entre lo público y lo cooperativo “permite combinar el interés general con la capacidad de autoorganización de las comunidades, multiplicando el impacto social de las políticas públicas de vivienda”.

El manual está dirigido a administraciones públicas, entidades técnicas y proyectos cooperativos, y está disponible de forma abierta para su consulta y descarga gratuita en la web de la Red Vivienda Cooperativa: www.viviendacooperativa.red.

La contratación pública es una de las principales palancas de transformación económica y social. En España representa el 11,5 % del PIB y cerca del 15 % en el conjunto de la Unión Europea (Fuente: OIRESCON), lo que la convierte en una herramienta estratégica para impulsar modelos más justos, sostenibles y responsables.

En este contexto, REAS Red de Redes celebró una nueva sesión del ciclo de foros sobre Contratación Pública Responsable (CPR), impulsado desde 2023 por el grupo de trabajo de CPR de la red. La sesión de 2025 tuvo como objetivo actualizar el marco normativo europeo y analizar la aplicación práctica de criterios sociales y ambientales en sectores estratégicos como el comercio justo y la vivienda cooperativa en cesión de uso.

Del marco normativo europeo a la aplicación real

La sesión fue inaugurada por Javier Mendoza, quien realizó un recorrido por la evolución de la Directiva Europea de Contratación Pública, destacando el cambio de enfoque introducido desde 2014: no solo importa qué se compra, sino también cómo se compra.

Mendoza subrayó la necesidad de definir con precisión los criterios de calidad en los contratos públicos y explicó cómo algunas administraciones, como las de Cataluña, ya están incorporando criterios sociales y ambientales en el propio objeto del contrato. No obstante, señaló importantes desafíos en su implementación efectiva: aunque la ley obliga a incluir estos criterios, con frecuencia los pliegos no los desarrollan adecuadamente.

Asimismo, explicó que los tribunales no suelen cuestionar la legitimidad de los criterios sociales, sino la falta de justificación técnica de su aplicación, especialmente en aspectos relacionados con mejoras salariales y condiciones laborales.

Contratos reservados y oportunidades para la economía social

Otro de los puntos clave fue el análisis de los contratos reservados. Mendoza aclaró que los centros especiales de empleo y determinadas iniciativas sociales pueden acceder a este tipo de contratación, mientras que las iniciativas mercantiles han quedado excluidas tras una reciente resolución del Tribunal Supremo.

También detalló las opciones disponibles para las entidades de la economía social, como los contratos contemplados en la disposición adicional 48, limitados a servicios sociales, culturales y de salud, con una duración máxima de tres años, así como la posibilidad de reservar lotes específicos para empresas de inserción o centros especiales de empleo.

Criterios éticos y comercio justo en la contratación pública

En el bloque dedicado a los criterios éticos, David Comet presentó un recorrido por el trabajo del movimiento de comercio justo desde 2004 para incorporar estos principios en la normativa de contratación pública.

Recordó hitos importantes como la sentencia Norola de 2012 y las enmiendas normativas de 2017, pero señaló que, pese a los avances legales, los criterios sociales y ambientales siguen siendo voluntarios en la práctica. En este sentido, destacó la preocupación expresada por el Parlamento Europeo ante la falta de una implementación efectiva.

Como contrapunto, Comet compartió experiencias exitosas, como las del Ayuntamiento de Madrid y la Universidad de Valencia, que han logrado integrar criterios de comercio justo en sus contratos públicos, demostrando que su aplicación es viable cuando existe voluntad política.

Vivienda cooperativa: una alternativa desde la contratación pública responsable

El último bloque estuvo dedicado al sector de la vivienda, con la intervención de Javier Blanco, quien defendió que los recursos públicos no deberían contribuir al enriquecimiento del mercado inmobiliario privado.

Blanco planteó tres premisas fundamentales para una contratación pública responsable en vivienda:

• Evitar la venta de suelo público al mercado libre.
• Limitar las ayudas públicas para impedir el aumento de los precios de la vivienda.
• Garantizar una supervisión pública permanente.

Asimismo, presentó el modelo de cooperativas de vivienda en cesión de uso, una propuesta que redefine la vivienda como un bien de uso y no como un activo especulativo, poniendo el acceso a la vivienda en el centro.

Cierre y perspectivas de futuro

En el cierre de la sesión, David Comet y Javier Blanco compartieron reflexiones sobre cómo difundir y consolidar buenas prácticas. Comet insistió en la necesidad de compromisos políticos firmes y obligaciones concretas, más allá de criterios voluntarios, señalando que la difusión solo es efectiva cuando las administraciones se comprometen explícitamente a utilizar productos de comercio justo.

Por su parte, Blanco reconoció que los modelos de vivienda basados en la economía social y solidaria aún enfrentan importantes desafíos, especialmente en comparación con sectores más consolidados como el comercio justo. Sin embargo, subrayó que cada proyecto exitoso fortalece y visibiliza el movimiento.

Próximos pasos

Desde REAS se anunció la continuidad del ciclo de foros el próximo año, con la posibilidad de ampliarlo a otros sectores estratégicos como la energía renovable y las finanzas éticas. Además, se prevé la organización de sesiones formativas específicas orientadas a distintos sectores, con el objetivo de seguir impulsando una contratación pública verdaderamente responsable.

Euskadi Lagunkoia Berria presenta un nuevo vídeo de la serie Legado, dedicado en esta ocasión a conocer Ametxe, un proyecto de vivienda cooperativa ubicado en Gordexola (Bizkaia) que impulsa nuevas formas de convivencia más solidarias, flexibles y centradas en las personas.

En este capítulo, Imanol y Rubén comparten su día a día en la cooperativa y explican cómo este modelo permite fomentar el apoyo mutuo, la intergeneracionalidad y una manera de habitar basada en la colaboración. Ametxe apuesta por crear entornos donde las relaciones comunitarias se fortalecen y donde la vida cotidiana se organiza desde la participación y el respeto a la diversidad.

La iniciativa se ha consolidado como una referencia en el ámbito de las viviendas colaborativas, mostrando que es posible desarrollar propuestas innovadoras que contribuyan al bienestar de la sociedad y a la construcción de entornos más amables y cohesionados.

El vídeo completo ya está disponible y puede visualizarse en el canal oficial de Euskadi Lagunkoia Berria.

Ver vídeo “Legado | Ametxe”

https://www.youtube.com/watch?v=1cr9pPLJ4xU

Euskadi Lagunkoia, una iniciativa promovida por el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico del Gobierno Vasco y desarrollada por Matia Instituto. Su objetivo es impulsar la participación de las personas mayores y de toda la ciudadanía en la mejora de los barrios y entornos de los municipios de Euskadi, siguiendo el marco del Age-friendly Environments Programme de la OMS. Actualmente, la red está formada por 87 municipios adheridos.

Ametxe forma parte de Koobizitza.org y de la Red Vivienda Cooperativa, viviendacooperativa.red.

Viernes, 21 de noviembre · 11:00–13:30h · Zoom
Inscripción abierta

La vivienda cooperativa en cesión de uso avanza con fuerza en todo el Estado gracias al impulso de proyectos, cooperativas, administraciones públicas y organizaciones vinculadas a la Economía Social y Solidaria.

Para seguir fortaleciendo este ecosistema compartido, presentamos públicamente la Red Vivienda Cooperativa, una nueva asociación estatal vinculada a REAS Red de Redes, como una consolidación del proceso realizado desde 2020 en el Grupo de Trabajo de Vivienda Cooperativa en cesión de uso.

La jornada online del viernes 21 de noviembre, abierta y gratuita (con inscripción previa), será un espacio para conocer la labor de la red, acercarse a las políticas públicas en marcha, conectar con experiencias de distintos territorios y situar el modelo en el contexto europeo.

¿Qué podrás encontrar en esta jornada?

• Presentación de la Red Vivienda Cooperativa y sus líneas de trabajo
• Avances del Mapa estatal de vivienda cooperativa en cesión de uso
• Experiencias en desarrollo de proyectos y organización territorial
• Revisión de las políticas públicas, desarrollo normativo y ayudas.
• Miradas desde las administraciones públicas
• La perspectiva europea de la mano de Housing Europe
• Mesa redonda con ponentes de distintos territorios
• Cierre con las claves y retos para los próximos años

Con intervenciones de representantes de ministerios, redes europeas, entidades técnicas, cooperativas y proyectos que impulsan el modelo en todo el Estado.

Datos clave

Fecha: viernes, 21 de noviembre de 2025

Horario: 11:00–13:30h (hora peninsular)

Formato: online (Zoom)

Acceso: gratuito con inscripción previa

Dirigido a: administraciones públicas, entidades técnicas, cooperativas y proyectos, profesionales del ámbito de vivienda y personas interesadas

Organiza: Red Vivienda Cooperativa

Financia: Ministerio de Trabajo y Economía Social (MITES)

Inscripciones

Reserva tu plaza completando el formulario de Zoom: REALIZA TU INSCRIPCIÓN AQUÍ

Programa

Viernes 21 de noviembre de 2025 (11:00h peninsular, Madrid)

11:00h – PRESENTACIÓN

• Saludos y contexto de la jornada, María Riaza, REAS Vivienda Illes Balears. (5min)

11:05h – APERTURA

• Aicha Belassir. Directora General de Economía Social y RSE de empresas, Ministerio de Trabajo y Economía Social. (5min)

11:10h – Presentación RED VIVIENDA COOPERATIVA

• Rubén Méndez. Secretaría Técnica Red Vivienda Cooperativa. (5min)

11:15h – Presentación MAPA VIVIENDA COOPERATIVA

• Mariana Relli. Investigadora ALTERHABITAT. (5min)

11:20h – DESARROLLO DE PROYECTOS

• Mikel Pau Casado. Arquitecto Colectivo El Tinglado. (10min)

11:30h – DESPLIEGUE DE TRABAJO TERRITORIAL

• Anabel García. La Replazeta y REAS Vivienda Cooperativa Aragón. (10min)

11:40h – POLÍTICAS PÚBLICAS, NORMATIVAS Y AYUDAS

• Lali Daví. La Dinamo Fundació y Sectorial d’Habitatge XES, Catalunya. (10min)

11:50h – VISIÓN INSTITUCIONAL ESTATAL DE LA VIVIENDA COOPERATIVA (30min)

• Aicha Belassir. Directora General de Economía Social y RSE de empresas, Ministerio de Trabajo y Economía Social. (10-15min)
• Javier Martín Ramiro. Director General de Vivienda y Suelo, Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. (10-15min).

12:20h – LA VIVIENDA EMERGE CON FUERZA EN LA ESCENA EUROPEA

• Sorcha Edwards. Secretaria General de Vivienda para Europa en Housing Europe. (20min) 

12:40h – MESA REDONDA CON PARTICIPANTES

• Modera: Maite Arrondo. Comisión Internacional Red Vivienda Cooperativa. (40min)

13:20h – CONCLUSIONES Y CIERRE

• José Téllez. Sostre Cívic, Cataluña. (5min)

La Red de Vivienda Cooperativa ha participado en la Consulta Pública de la Comisión Europea sobre el Plan Europeo de Vivienda Asequible (European Affordable Housing Plan), aportando la perspectiva del sector cooperativo y de la Economía Social y Solidaria en materia de vivienda.

Estas aportaciones han sido consensuadas dentro de Housing Europe, la federación europea de vivienda social, pública y cooperativa, de la que la Red Vivienda Cooperativa forma parte desde 2025. A través de esta alianza, la Red refuerza su participación en los espacios de diálogo europeos sobre políticas de vivienda asequible y comunitaria.

La contribución presentada subraya la necesidad de reconocer y fortalecer los modelos de vivienda cooperativa y comunitaria sin ánimo de lucro, como herramientas clave para garantizar la asequibilidad permanente, la participación democrática y la resiliencia social en los territorios europeos.

Principales aportaciones:

• Reconocimiento de la vivienda cooperativa en cesión de uso
  Como modelo jurídico y social diferenciado, que asegura la asequibilidad a largo plazo, la gestión democrática y la reinversión del valor en la comunidad.
• Acceso a financiación europea y nacional
  Reclamamos instrumentos financieros específicos y vehículos de inversión de impacto social que apoyen a las cooperativas y entidades de la economía social en el ámbito de la vivienda.
• Revisión de las normas de ayudas de Estado
  Proponemos adaptar la regulación existente con objeto de incluir a las cooperativas y otras iniciativas comunitarias sin ánimo de lucro en las ayudas sin discriminación y de manera efectiva.
• Políticas de suelo y planificación
  Sugerimos reservar suelo público para vivienda cooperativa y social gestionada por entidades sin ánimo de lucro.
• Sostenibilidad e innovación
  Promovemos sistemas colectivos de energía renovable, construcción en madera y comunidades energéticas locales que combinan transición ecológica y asequibilidad.
• Limitación de la especulación y la financiarización
  Apoyamos medidas fiscales sobre viviendas vacías y segundas residencias, así como la regulación del alquiler turístico para proteger la vivienda estable.
• Gobernanza inclusiva
  Defendemos el papel activo de las administraciones locales y de los actores de la economía social en el diseño e implementación de las políticas de vivienda.

Un mensaje común

“La vivienda asequible no es solo un desafío financiero o constructivo, sino también un proceso de innovación social, impulsado por la participación comunitaria y la propiedad colectiva solidaria.”

Con esta participación, la Red refuerza su compromiso por una Europa social que promueva el derecho a una vivienda digna, asequible y cooperativa.

Las personas que viven allí gozan de mayor estabilidad, menor gasto y mayor bienestar emocional que las que viven de alquiler en el mercado privado.

Así lo señala ​​el primero Estudio de impacto de la vivienda cooperativa en cesión de uso, elaborado por la Federación de Cooperativas de Vivienda de Cataluña (Habicoop) con la colaboración de Sostre Cívic y otras entidades del sector, presentado el 30 de septiembre en el BLOC4BCN, en Barcelona,. El informe evalúa, por primera vez con datos contrastados, los efectos de este modelo en tres ámbitos: social, económico y ambiental.

El estudio está coordinado por Alma Puerta (Andaira) y Laura Camprubí (El Risell), y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Barcelona y de la Generalitat de Cataluña. Aplica un método innovador basado en la evaluación del impacto neto y la teoría del cambio, con perspectiva de género y enfoque colaborativo. La investigación se ha basado en una encuesta a más de 300 personas y el análisis de 19 proyectos de vivienda cooperativa en convivencia en toda Cataluña, con el objetivo de medir su impacto social, económico y ambiental. Esta metodología permite comparar la situación de las personas que viven en viviendas cooperativas con las personas que viven de alquiler en el mercado privado, controlando factores como la edad, el género o los ingresos.

Más estabilidad, mejor salud y más ahorro

Los resultados son claros: las personas que viven en viviendas cooperativas en cesión de uso tienen 6,6 veces más probabilidades de poder vivir allí toda su vida y 8,3 veces más probabilidades de estar satisfechas con su vivienda que las que viven de alquiler. También muestran un nivel de satisfacción con la vida 1,3 puntos más alto (en una escala de 0 a 10) y manifiestan mayor confianza, apoyo mutuo y bienestar emocional.

Según el informe, el 75% de las personas cooperativistas pasan tiempo con el vecindario en los espacios comunes y gozan de una percepción de seguridad un 31% mayor. El sentimiento de comunidad y la participación son especialmente destacados: tres de cada cuatro socias participan regularmente en asambleas y casi el 25% lo hacen semanalmente.

Durante la presentación, Eulàlia Tubau, co-coordinadora de Sostre Cívic y miembro de la comisión gestora del estudio, destacó que “este informe demuestra con datos lo que ya vivimos a diario: que el cooperativismo de vivienda mejora la vida de las personas y genera comunidad, confianza y arraigo”.

Asequible y económicamente resiliente

El modelo es también más sostenible económicamente. El coste medio de una vivienda cooperativa es 3,66 €/m² inferior al del alquiler privado, y cuatro veces más personas consiguen dedicar menos del 30% de sus ingresos a la vivienda. Además, las personas cooperativistas tienen 11 veces más probabilidades de llegar a fin de mes con facilidad y la mitad declara que puede ahorrar más que antes de entrar en la cooperativa.

La viabilidad de los proyectos es igualmente positiva: el 84% de los edificios presentan un balance económico positivo, y la práctica totalidad dispone de mecanismos de solidaridad interna para apoyar a las personas con dificultades puntuales. En palabras de David Guàrdia, vicepresidente de Habicoop y co-coordinador de Sostre Cívic, «este modelo demuestra que es una alternativa económicamente viable, capaz de ofrecer viviendas estables sin ánimo de lucro y con una gestión comunitaria».

Impacto ambiental y sostenibilidad

En el ámbito ambiental, los datos muestran que el modelo cooperativo reduce significativamente el impacto ecológico de la vivienda. Los edificios estudiados tienen un consumo energético un 55% inferior en la media de Cataluña, y el 90% de la energía que utilizan es renovable. Además, un 70% de los proyectos dispone de sistemas de monitorización energética, y casi el 60% ofrece aparcamientos para bicicletas o vehículos compartidos.

También se constata un aumento del uso de alimentos ecológicos y de proximidad, y un cambio de hábitos hacia una movilidad más sostenible, con menos uso del coche privado y más desplazamientos a pie, en bici o en transporte público.

«La sostenibilidad es inherente al modelo», subrayó Laura Camprubí, de la cooperativa El Risell. «Construimos edificios eficientes y comunidades que cuidan el entorno, y esto tiene un impacto directo en la reducción de emisiones y en el bienestar de las personas.»

Una puerta de entrada a la Economía Social y Solidaria

Además de los beneficios económicos, sociales y ambientales, el estudio también revela otro impacto clave del modelo cooperativo: su capacidad para acercar nuevas personas a la Economía Social y Solidaria (ESS). Por tanto, esto significa que es socialmente muy transversal y genera vínculos entre trayectorias muy diversas. La vivienda cooperativa actúa como una puerta de entrada a la ESS, ya que facilita la incorporación de personas sin experiencia previa y favorece la participación en iniciativas colectivas.

Según los datos del informe, casi una de cada cinco personas residentes (17,6 %) no tenía ninguna relación previa con la ESS, y este porcentaje sube hasta el 48,5 % entre aquellas que conocían el modelo pero no habían participado antes. Esto confirma que vivir en cooperativa no sólo transforma la forma de habitar, sino que abre caminos hacia otras formas de consumo, trabajo y organización más democráticas y solidarias.

Reconocimiento institucional y retos de futuro

El acto reunió a más de una cincuentena de personas y ha contado con la presencia del secretario de Trabajo de la Generalitat, Paco Ramos, y del comisionado de Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Ramon Riera. Ambos coincidieron en destacar el papel estratégico del cooperativismo de vivienda para ampliar el parque asequible y garantizar el derecho a la vivienda. «Hay que utilizar todos los recursos que tenemos en un momento tan difícil», ha remarcado Ramos, mientras que Riera ha subrayado la necesidad de «dar un salto de escalera» y consolidar un sistema de vivienda mixta con protagonismo del sector social.

Desde Sostre Cívic, coincidimos plenamente: el estudio evidencia que el modelo de cesión de uso funciona y es una herramienta real para garantizar el derecho a la vivienda. Actualmente, gestionamos casi la mitad de los proyectos cooperativos de Cataluña, con más de 2.100 personas socias i 550 viviendas en convivencia o en promoción.

El estudio de Habicoop supone un paso decisivo para el reconocimiento del cooperativismo de vivienda como pilar de las políticas públicas de vivienda. Los resultados refuerzan lo que muchas comunidades de vivienda cooperativa han demostrado sobre el terreno: que es posible garantizar viviendas dignas, estables y asequibles fuera del mercado especulativo.

Estudi d’Impacte de l’Habitatge Cooperatiu en Cessió d’Ús

Fuente: Sostre Civic

Más de doscientas personas de diferentes territorios se dieron cita este sábado 4 de octubre en Alcorcón durante el II Foro de Vivienda Cooperativa en Cesión de Uso. La jornada, celebrada en el Centro Cultural Los Pinos, reunió a representantes de administraciones, cooperativas y entidades sociales con un objetivo común: consolidar un modelo habitacional accesible, comunitario y sostenible.

La apertura estuvo a cargo de Candelaria Testa Romero, alcaldesa de Alcorcón, y Aicha Belassir, directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, junto a representantes de cooperativas de Coovivir Madrid.

Uno de los espacios más valorados del encuentro fue la mesa de buenas prácticas de colaboración público-cooperativa en la promoción de vivienda en cesión de uso, en la que participaron, entre otros, NASUVINSA la Empresa Pública de Vivienda de Navarra, Sostre Cívic, el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid. Este diálogo permitió compartir aprendizajes y estrategias conjuntas entre administraciones, cooperativas y agentes sociales comprometidos con un cambio de modelo habitacional.

Durante la jornada se desarrollaron también talleres prácticos sobre políticas públicas, fiscalidad, financiación, derecho a la vivienda y gestión cooperativa. Estos fueron espacios participativos, donde las personas y organizaciones asistentes pudieron intercambiar experiencias, analizar retos y construir propuestas en colectivo.

Entre los proyectos participantes destacaron Sostre Cívic, Entrepatios, Jubilar Villa Rosita, Cooperativa Convivir y La Replazeta, junto a equipos técnicos municipales, entidades de finanzas éticas, así como técnicos de acompañamiento a grupos.

Este foro se consolida así como un punto de encuentro estatal clave para fortalecer la vivienda cooperativa en cesión de uso y avanzar hacia un parque de vivienda asequible, estable y socialmente transformador.

Este foro se coorganizó entre el Ayuntamiento de Alcorcón, la coordinadora de viviendas colaborativas de Madrid Coovivir, la Promotora del Común del Grupo Cooperativo Tangente y la asociación RED Vivienda Cooperativa, sectorial de REAS Red de Redes. y se consolida como un punto de encuentro estatal clave para fortalecer la vivienda cooperativa en cesión de uso y avanzar hacia un parque de vivienda asequible, estable y socialmente transformador.

Vivienda cooperativa en cesión de uso: una alternativa estable, accesible y sin ánimo de lucro

La vivienda cooperativa en cesión de uso es una fórmula habitacional que combina estabilidad, asequibilidad y protección frente a la especulación. Las personas socias acceden a un derecho de uso indefinido mediante una aportación inicial retornable y una cuota mensual asequible, muy por debajo de los precios de mercado.

La propiedad colectiva —mantenida por una cooperativa sin ánimo de lucro— garantiza el acceso a precios justos en el presente y en el futuro, evita el endeudamiento y contribuye a crear un parque de vivienda socialmente sostenible.

Este modelo, con raíces en el cohousing danés de los años 70, cuenta hoy con referentes consolidados en países como Suiza, Canadá, Uruguay o Austria, y se expande en el Estado español como una respuesta cooperativa y comunitaria frente a la crisis de vivienda global.

Este documento nace del estudio “La vivienda cooperativa en cesión de uso en el entorno rural de la CAPV. Claves de buenas prácticas para su replicabilidad”, impulsado por Ametsak Sortzen Elkartea con el apoyo del Departamento de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.

La investigación analiza las primeras experiencias de vivienda cooperativa en cesión de uso (ViCCU) desarrolladas en el medio rural vasco, todas ellas mediante la rehabilitación colectiva de antiguos caseríos. Estas experiencias suponen respuestas innovadoras a retos estructurales como la inaccesibilidad a la vivienda, el abandono del patrimonio rural o la soledad no deseada, integrando principios de sostenibilidad, cuidados y corresponsabilidad comunitaria.

Con el objetivo de facilitar la comprensión y aplicación del modelo, se han producido dos materiales clave, disponibles en euskera y castellano:

• El documento maestro de la investigación, que recoge de forma extensa el contexto, el análisis de los casos y las claves para la replicabilidad del modelo en territorios rurales.
• Una publicación divulgativa de buenas prácticas, que presenta de forma accesible los aprendizajes principales, los obstáculos superados y los elementos comunes entre los casos. Está orientada a facilitar su aplicación por parte de nuevas iniciativas y agentes técnicos o institucionales.

Conclusiones principales

• La ViCCU representa una alternativa viable y transformadora para rehabitar caseríos en desuso y revitalizar zonas rurales afectadas por el despoblamiento.
• El estudio identifica condiciones clave para su replicabilidad, destacando la necesidad de contar con acompañamiento técnico especializado, apoyo institucional y marcos normativos facilitadores.
• Se subraya el valor de estas comunidades como parte de un ecosistema emergente de innovación social, basado en principios cooperativos y solidarios. Son entornos donde se recupera el sentido de los cuidados, se fortalece la participación y se mejora el acceso a la vivienda, generando formas de vida con mayor sostenibilidad y arraigo.

“El modelo cooperativo en cesión de uso no sólo rehabilita espacios, también reconstruye vínculos y revitaliza territorios.”

Este trabajo refuerza el papel de la vivienda cooperativa en cesión de uso como herramienta estratégica para políticas de vivienda, desarrollo rural y sostenibilidad.

Más información y documentos en euskera y castellano: ametsaksortzen.eus