La Economía Social y Solidaria (ESS) ha tomado un papel principal y relevante dentro de las Naciones Unidas y otras organizaciones supranacionales como la Comisión Europea como herramienta para promover una economía más resiliente y saludable. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en abril de 2023, referida a la Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible. En diciembre de 2024, la resolución fue ratificada, mostrando el supuesto compromiso de la organización con esta forma de entender la economía.

Dicha resolución también señala que los países miembro deben elaborar estadísticas nacionales propias para este sector para que puedan dar visibilidad a la ESS, que permita su medición y que muestre el verdadero impacto que puede tener sobre el resto de la economía, sobre la generación de empleo y otros factores. Pero, la realidad es que la ESS está totalmente invisibilizada en los sistemas de contabilidad nacional.

La Economía Social y Solidaria está totalmente invisibilizada en los sistemas de contabilidad nacional

Es por ello que representantes de diez países comprometidos con los valores y la promoción de la ESS han firmado una carta conjunta en la que le piden a la Secretaría de Naciones Unidas, y concretamente a la División de Estadística, “la inclusión de un capítulo específico sobre economía social y solidaria en la próxima actualización del SCN-2008, en el que se establezcan los criterios-marco de perimetración de la economía social y solidaria”. Además, exigen la elaboración de un “Manual de Cuentas-Satélite de la economía social y solidaria”.

“Las empresas y entidades que integran la economía social y solidaria conforman un relato institucional del sistema económico con perfiles propios y diferenciados, inspirados en los valores y principios del cooperativismo histórico formulados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)”, defienden los firmantes.

La carta ha sido firmada por la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a ministros de Trabajo de Brasil, Portugal, Colombia, Costa Rica, Honduras o Uruguay, el presidente del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo de Chile, la directora general Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria de Ecuador y la directora general del Instituto Nacional de la Economía Social de México. En total diez países “iberoamericanos especialmente comprometidos con la economía social y solidaria”, tal y como reza el texto enviado a la ONU.

Fuente: El Salto

• La iniciativa consta de tres artículos modificativos de las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la ley de la Economía Social
• Se ataja el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización
• Con el pleno consenso del sector se refuerza y amplía la definición de los colectivos protegidos en la regulación de las empresas de inserción para poder llegar a un mayor número de personas
• “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la vicepresidenta.

“Avanzamos e impulsamos un sector que es un orgullo de país y algo sin precedentes en el contexto europeo”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al presentar este anteproyecto de ley tras el Consejo de Ministros.

Modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social

Constituida como un motor clave de crecimiento sostenible, trabajo decente, democracia económica y justicia social, la Economía Social ha ido ganando terreno en el tejido productivo nacional y precisaba de la actualización normativa que representa este anteproyecto de ley, que cuenta con la incorporación a la norma de diferentes aportaciones del sector. “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la ministra.

El primero de los tres artículos de la nueva normativa adecúa y actualiza la 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.

En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.

“Añadimos recursos y garantías para luchar contra el fraude de algunas empresas que utilizan la fórmula cooperativa para evitar cumplir la ley laboral”, ha destacado la vicepresidenta.

El Artículo segundo del anteproyecto aprobado hoy modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.

A modo de ejemplo, la ministra Díaz ha detallado que ahora también serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes.

Asimismo, el anteproyecto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.

En el tercer artículo del anteproyecto de ley se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector.

Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.

“Este anteproyecto de ley”, ha concluido la ministra, “es la culminación de estos cuatro años de apuesta decidida por una Economía verde, feminista y democrática. Y esto es la Economía Social”.

En España las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB. Más de 2,2 millones de personas trabajan en estas entidades que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios. En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género.

Los días 29 y 31 de enero, los gobiernos de España, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala y México constituyeron, en la Ciudad de México, la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria, a la que está previsto que se sumen en breve otros países como Portugal o Cuba. La red se busca promover los organismos de la Economía Social y Solidaria para crear condiciones que permitan el desarrollo de un sector conformado por cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo o mutualidades, entre otros, y la plena integración de todo ese ecosistema productivo en el comercio regional.

El acto de firma y presentación contó con la intervención del profesor Juan Fernando Álvarez, de CIRIEC-Colombia y el Observatorio Iberoamericano OIBESCOOP, y el Comisionado Especial para la Economía Social del Gobierno de España, Víctor Meseguer. El profesor Juan Fernando Álvarez coordinó la firma de este documento con el Comisionado Víctor Meseguer; el director de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias (UAEOS) de Colombia, Mauricio Rodríguez; el director General del Instituto Nacional de la Economía Social (INAES) de México, Juan Manuel Martínez Louvier, y el secretario nacional de Economía Solidaria del Gobierno de Brasil, Gilberto Carvalho. Acompañaron la firma la presidenta de Cooperativas de las Américas, Graciela Fernández; el director de la División de Desarrollo Productivo y Empresarial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Daniel Titelman, y el presidente de Social Economy Europe, Juan Antonio Pedreño. “Un momento único en la historia de las políticas públicas de la economía social y solidaria en Iberoamérica”, según el profesor Juan Fernando Álvarez.

«La Economía Social es una alternativa de presente y futuro al desorden global. La Red Iberoamericana de Fomento a la Economía Social y Solidaria es un hito más en la construcción de unas relaciones más horizontales entre Europa y América Latina», ha asegurado la ministra Yolanda Díaz en la presentación de esta red. La Economía Solidaria, que promueve el desarrollo sostenible y democrático y tiene como pilar la distribución equitativa de la riqueza que genera, es un modelo productivo que mejora las condiciones de vida de la población y sobre todo de personas en situación de vulnerabilidad.

«La Red Iberoamericana de la Fomento de la Economía Social y Solidaria es un instrumento de cooperación que va a potenciar la democracia y la justicia social en el conjunto de los países iberoamericanos», ha insistido Díaz, que en su intervención ha destacado cómo esta forma de entender la economía procura trabajo decente, ensancha derechos y refuerza el sistema de bienestar, además de contribuir a sociedades más inclusivas.

La creación de esta red tiene lugar tras la aprobación el año pasado, a iniciativa de este ministerio, de la primera resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU) sobre la Economía Social con el objetivo de impulsar políticas que fomenten este modelo económico. «La economía social es clave para recuperar la autonomía estratégica de nuestros Estados, por ser una economía que nunca se deslocaliza y estar al servicio de las comunidades locales. Es una economía resiliente que siempre prioriza el bienestar de las personas», ha explicado la vicepresidenta.

El presidente de CEPES, Juan Antonio Pedreño, quien participó en el acto de constitución, ha valorado de manera muy positiva la Red RIFESS como una iniciativa que va a complementar y reforzar los esfuerzos que CEPES viene desplegando desde hace décadas con sus homólogos de toda América Latina para situar a la Economía Social en la agenda iberoamericana.

Pedreño participó, junto con las representantes de la OIT y Naciones Unidas en México así como del Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos del Gobierno de México, en una sesión moderada por el Comisionado Especial de Economía Social de España, Víctor Meseguer. Durante su intervención reclamó a los Gobiernos una mayor capacidad de influencia y de participación en las políticas públicas por parte de las organizaciones representativas de la Economía Social. Además recordó  cómo la Economía Social da respuesta a retos compartidos en toda la región iberoamericana para crear empleo de calidad, generar un crecimiento económico inclusivo, incrementar los niveles de protección social o fomentar el desarrollo sostenible de los territorios, también a través de un tejido industrial que está incentivando unas transiciones verde y digital justas mediante modelos empresariales centrados en la persona.

En un acto junto a la ministra senegalesa de Microfinanzas y de Economía Social y Solidaria, Victorine Anquediche Ndeye, Yolanda Díaz anunciaba el pasado uno de junio la firma de una Declaración de Intenciones para fomentar la cooperación en el ámbito de la Economía Social, al igual que también se ha hecho con otros países como Francia, Alemania o Colombia. Ambas ministras mantuvieron un encuentro bilateral antes del acto. y firmaron un acuerdo que impulsará la promoción y el intercambio de información y apoyo técnico para la formulación de políticas de Economía Social, así como el fomento de proyectos y medidas de estas características centrados en mujeres y grupos vulnerables.

Díaz agradeció a la ministra senegalesa el apoyo de su país a la primera resolución de la Asamblea General de la Naciones Unidas sobre Economía Social, que alienta a los países a incentivar esta forma de emprendimiento desde sus políticas públicas.

“Es mucho lo que hemos conseguido y es mucho los que nos queda por hacer”, ha asegurado la vicepresidenta, que ha instaurado esta forma de emprendimiento como una de las prioridades de la presidencia española del Consejo de la Unión Europea a partir de julio, porque es una economía que ha demostrado ser más equitativa, con mayor impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente.

Incentivar el liderazgo femenino

El acto se completaba con la reunión de un grupo integrado por 26 mujeres líderes en diversos sectores de la Economía Social, desde el agroalimentario, a la industria, pasando por la distribución, los cuidados, la inserción de personas con discapacidad, la cultura, la universidad o la consultoría. “Representáis la enorme diversidad de esta otra forma de hacer empresa y lleváis años trabajando y tejiendo alianzas para la igualdad”, ha explicado la vicepresidenta, que ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación de Mujeres de Cooperativas Agroalimentarias de España, Jerónima Bonafé, la presidenta del Congreso de Mondragón, Leire Mugerza, así como de Carmen Marcuello, catedrática de la Universidad de Zaragoza.

Con la hoja de ruta que hoy se presenta se establecen unas líneas de actuación en diferentes ámbitos que se irán desarrollando a lo largo del año. El área de acción va desde el análisis de la situación de las mujeres en las empresas y entidades de la Economía Social, hasta el apoyo al empoderamiento de las mujeres en el sector para fomentar el acceso a puestos de liderazgo, pero también el apoyo a la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la racionalización de horarios, así como a la formación para optimizar sus cualificaciones y aumentar su visibilidad y liderazgo.

Díaz agradeció el trabajo de las empresarias que están participando en esta labor para afianzar la igualdad en la Economía Social, un sector que constituye el 10% del PIB y presenta tanto una menor brecha salarial entre hombres y mujeres que en la economía convencional, como una mayor estabilidad laboral, ya que arroja menores disparidades en términos de tiempos de trabajo y desempleo.

El objetivo final de esta iniciativa, que entronca con la Estrategia de la Economía Social recientemente aprobada,  es la adopción de soluciones a los principales aspectos determinados en la hoja de ruta, para que las entidades de la Economía Social de nuestro país se constituyan en un referente de cómo las mujeres pueden alcanzar puestos de responsabilidad y servir de ejemplo a todas las empresas y entidades, incluidas aquellas que no forman parte de la Economía Social.

Un artículo de Daniel Rabanaque para economiasolidaria.org

La Asamblea General de Naciones Unidas adoptó de manera unánime en su 66ª sesión plenaria, celebrada el pasado 18 de abril de 2023 en la sede de New York, la resolución “Promover la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible” (A/77/L.60), que podría suponer un decidido impulso al modelo económico y empresarial de la ESS. Según afirma, entre otros, el Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE), estaríamos ante un momento histórico para la Economía Solidaria. El texto completo de la resolución, así como un vídeo que resume el momento de la aprobación, está ya recogido en nuestra web y puede leerse y descargarse en la sección de Recursos.

La resolución, que se suma a otras recientes muestras de apoyo a la Economía Social y Solidaria (OIT, Unión Europea, OCDE, Foro de Davos, etc), se esperaba desde hace meses. Entre otras cosas, porque podía contener una definición precisa de la ESS, si bien el texto final se limita a adoptar la definición propuesta por la Organización Internacional del Trabajo en el documento citado, dándole así una sobresaliente relevancia:

definición de Economía Social y Solidaria

la economía social y solidaria engloba a empresas, organizaciones y otras entidades que realizan actividades económicas, sociales y medioambientales de interés colectivo o general, que se basan en los principios de la cooperación voluntaria y la ayuda mutua, la gobernanza democrática o participativa, la autonomía y la independencia, y la primacía de las personas y el fin social sobre el capital en la distribución y el uso de los excedentes o los beneficios, así como de los activos, que las entidades de la economía social y solidaria aspiran a la viabilidad y la sostenibilidad a largo plazo y a la transición de la economía informal a la economía formal, y operan en todos los sectores de la economía, que ponen en práctica un conjunto de valores que son intrínsecos a su funcionamiento y acordes con el cuidado de las personas y el planeta, la igualdad y la equidad, la interdependencia, la autogobernanza, la transparencia y la rendición de cuentas, y el logro del trabajo decente y de medios de vida dignos, y que, en función de las circunstancias nacionales, la economía social y solidaria comprende cooperativas, asociaciones, mutuales, fundaciones, empresas sociales, grupos de autoayuda y otras entidades que operan según sus valores y principios
(Resolución A/77/L.60v de Naciones Unidas)

Además de asumir esta definición, la resolución reconoce el papel de la ESS en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, así como su capacidad para ofrecer una «respuesta más profunda, ambiciosa, transformadora e integrada» a los desafíos económicos y sociales a escala mundial, en especial tras las fragilidades mostradas durante la pandemia de COVID-19. La resolución subraya la capacidad de la ESS para adaptarse a contextos locales y ofrecer respuestas

en particular en lo que respecta al empleo y el trabajo decente, la prestación de servicios sociales, como los relacionados con la salud y la atención, la educación y la formación profesional, la protección del medio ambiente, incluso mediante el fomento de prácticas económicas sostenibles, la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres, el acceso a una financiación asequible y el desarrollo económico local, el fortalecimiento de las capacidades productivas de las personas en situaciones vulnerables, la promoción del diálogo social, los derechos laborales y la protección social, así como el crecimiento inclusivo y sostenible, la creación de alianzas y redes a nivel local, nacional, regional e internacional, y la promoción de la gobernanza y la formulación de políticas participativas y de todos los derechos humanos
(Resolución A/77/L.60v de Naciones Unidas)

Dar vuelo a la Economía Solidaria

Aunque lo anterior no es poco, el texto continúa afirmando la contribución de la Economía Solidaria al trabajo decente y a una economía inclusiva y sostenible. Recoge también la aportación de la ESS a la mejora de la calidad de vida de todas las personas, al desarrollo comunitario y la cohesión social, a la eliminación de la pobreza y a asegurar la inclusión social. Para finalizar sus reconocimientos, el texto se centra en el papel de la ESS para promover la democracia y la justicia social.

En su segunda parte, la resolución “Promover la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible” (A/77/L.60), que tiene menos extensión que este artículo y es, por tanto, bastante manejable, se dedica a alentar medidas que favorezcan el despliegue de la ESS. A los Estados miembros de la ONU, por ejemplo, les anima a promover estrategias y políticas públicas a todos los niveles, facilitando el acceso de las entidades de ESS a la financiación, reconociendo su papel en los programas educativos y ofreciendo incentivos fiscales y de contratación pública.

Así mismo, alienta también a que los organismos de la ONU cuenten con la Economía Solidaria como parte de sus instrumentos de planificación y programación, en especial en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El texto reclama para la ESS la facilitación de instrumentos y mecanismos financieros existentes y de otros nuevos que se adapten a todas las etapas de desarrollo por parte de las instituciones financieras.

Por último, la resolución garantiza el desarrollo de acciones más precisas al incluir la promoción de la Economía Solidaria en el 79º período de sesiones, «teniendo en cuenta la contribución de la economía social y solidaria a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de una recuperación inclusiva, resiliente, sostenible y que genere empleo».

Reacciones a la resolución de Naciones Unidas

Las reacciones a esta resolución, calificada de histórica y pionera en diversas declaraciones de personas expertas e instituciones de referencia para la Economía Social y Solidaria, se han ido sucediendo en los pasados días. La Red Internacional para la Promoción de la ESS (RIPESS) la calificaba de logro importante y, en un artículo de Yvon Poirier publicado ese mismo 18 de abril, ponía en relevancia el camino recorrido hasta conseguir el reconocimiento de la ONU, un camino en el que la propia RIPES ha estado muy presente. Remontándose a la Cumbre de Rio en 2012, Poirier desgrana las vicisitudes para lograr el reconocimiento de la ESS en el desarrollo sostenible y profundizar con ella en la erradicación de la pobreza, e incluye entre sus líneas las dificultades con las que se tropezó para conseguir patrocinar el texto de la resolución. Fueron Francia y España quienes facilitaron el avance hace apenas un año. En su artículo, se destaca también el papel de Chile y Senegal, así como el importante apoyo recibido de los Estados que copatrocinaron esta resolución: además de los citados, Alemania, Argentina, Armenia, Bélgica, Bulgaria, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Dinamarca, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Grecia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Malta, Marruecos, Mongolia, Portugal, República Checa, República Dominicana y Rumania.

La Confederación Empresarial Española de Economía Social (CEPES), por su parte, destacaba el carácter de hito histórico de la resolución, así como el papel desempeñado por el gobierno español y, en especial, por su vicepresidenta segunda y ministra de Economía Social, Yolanda Díaz. Muy cerca de asumir la presidencia de la Unión Europea, el Estado español se sitúa como referente internacional en cuanto se refiere a la Economía Social, según la valoración de CEPES. “Junto a las instituciones comunitarias, que cuentan con una política para fomentar este modelo empresarial en la UE, y las recomendaciones ya adoptadas por la OIT y OCDE, así como la del Foro de Davos, el impulso de la economía social a nivel global va a ser definitivo con esta resolución de la ONU”, apostillaba su presidente, Juan Antonio Pedreño.

La propia Yolanda Díaz, en su intervención ante la Asamblea General de Naciones Unidas, recordaba que la ESS en España representa el 10% del PIB y que “el concepto de Economía Social y Solidaria es fruto de un trabajo colectivo que avanza en el cumplimiento de los ODS de la Agenda 2030, mejorando las herramientas para encarar los desafíos que afronta la humanidad: la reducción de las desigualdades y la protección de nuestro planeta”. Además de enfatizar la variedad de sectores que engloba la economía social (desde la producción agrícola, a la salud, industria, comercio, vivienda, distribución energética o finanzas), Díaz afirmó que la brecha salarial en la Economía Social española supone ocho puntos menos que en la economía española en su globalidad.

Moncloa, por su parte, destacaba en su nota el compromiso de la ESS por un desarrollo económico basado en valores universales: «la Economía Social ha logrado desmentir el interesado tópico de que el desarrollo económico de un país debe sacrificar, inevitablemente los ideales de justicia e igualdad». Recuerda también el papel de la ESS en la reducción de la brecha salarial en el Estado español. El texto de Moncloa evita, eso sí, utilizar la fórmula Economía Social y Solidaria y se limita a hablar de Economía Social, lo que no se corresponde con el texto aprobado ni, muy posiblemente con el espíritu que lo ha impulsado todo este tiempo.

Desde la Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria (REAS RdR), queremos sumarnos a la satisfacción que supone un reconocimiento de este nivel, en la línea de los que ya se venían produciendo a escala internacional, estatal, autonómica y local. Queremos también reconocer el trabajo de tantas y tantas personas que, desde nuestros territorios en el Estado español o trabajando en el ámbito internacional, han ido dando forma a las ideas fundacionales de la ESS, bregando con su puesta en práctica, impulsando la cooperación en redes más y más nutridas y firmes, y reclamando en despachos y plazas el reconocimiento necesario para un modelo que no solo aspira sino que se afana hasta el desvelo en no dejar a nadie atrás.

Después de muchos años de trabajo, más de 25 en nuestro caso, las propuestas de la Economía Solidaria se perfilan cada vez más nítidamente como opciones reales y efectivas de transformar nuestras realidades cotidianas y el sistema bajo el que se desarrollan, aportando justicia, reparto, sostenibilidad y resiliencia, entre muchas otras cosas. Más aún en un contexto como el actual, de clara crisis de modelo económico y social. En este sentido, animamos a las personas y entidades que forman parte de nuestras redes, y a aquellas cercanas y simpatizantes, a celebrar este avance de la ESS, compartir la resolución y sus afirmaciones con todo lo que implican, y seguir desarrollando la Economía Solidaria desde sus proyectos empresariales, sus decisiones de consumo, su voto en las urnas y su implicación en los movimientos de transformación social.

Además, queremos volver a poner de relevancia la alineación de la Economía Solidaria con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles impulsados por la ONU en su Agenda 2030. Como muestra de esta relación entre unos y otros objetivos, presentábamos recientemente a la ESS como fuerza dinámica clave para el cambio de paradigma que demanda la Agenda 2030. Las propuestas concretas se pueden consultar en una página dedicada al tema en esta misma web: https://www.economiasolidaria.org/ess-ods/. Confiamos en que las propuestas y las buenas prácticas de la Economía Solidaria sirvan de guía para indicar posibles recorridos hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tanto a escala local como mundial, y para una transición ecosocial que ponga la vida en el centro.

¿Un paso de amplitud mundial para un modelo basado en realidades locales?

No hay duda sobre la importancia de esta resolución de Naciones Unidas y del decidido empuje que la Economía Solidaria ha ido adquiriendo en el último año y medio, en un despliegue trabajado desde la base, anunciado en diferentes citas y esperado desde hace varios años. Tampoco las hay sobre el papel clave que las economías transformadoras (solidarias, ecologistas, feministas, etc.) pueden jugar al conformar una nueva realidad social ante el agotamiento del modelo capitalista y liberal. Ni las hay sobre la magnitud de los retos que enfrentamos, desde la urgencia climática a la cada vez mayor presencia parlamentaria de la ultraderecha en Occidente y más allá.

Si alguna duda se despierta ante las declaraciones que desde grandes instituciones internacionales promueven la Economía Solidaria es sobre el cómo: ¿cómo trasladar estas intenciones de justicia social, equidad, cooperación al terreno en el que se desarrollan nuestras vidas? ¿cómo pasar del papel a las acciones concretas que supongan, ya no la solución total, sino al menos la mitigación de las desigualdades? ¿cómo casar la escenografía de la Asamblea General de Naciones Unidas con el paisaje cotidiano de tantas personas, de la desesperación de las chabolas a la deshumanización del barrio de clase media? Será desde luego un camino largo. Y siempre ronda alrededor el peligro de que las mejores intenciones queden en un parcheo casi azaroso e, incluso ese, trabado por los esfuerzos de quienes piensan que las cosas ya están bien así como están.

La Economía Solidaria ha progresado en los últimos 30 años a fuerza de actividad local, soluciones en contexto que han ido demostrando gran capacidad de adaptación y una mirada amplia que nos ha llevado a la construcción de redes cada vez más sólidas y de mayor alcance. No se debería perder de vista la actividad humilde de la Economía Solidaria, de sus trabajadoras principalmente, cuando el brillo de los altos púlpitos y las ocasiones solemnes entran en escena. Si existe una manera probada de extender la ESS a lugares donde aún es débil o inexistente, de hacerla saltar a mayores escalas, es la del trabajo localizado en el entorno inmediato y, acto seguido, la de la creación y multiplicación de conexiones en redes tejidas desde lo más cercano e inmediato.

Por ello, sin que se desluzca la importancia de estos gestos y declaraciones, avances a paso de gigante, se debe hoy reiterar la importancia de la cadena de pequeños pasos dados por la ESS en todo su recorrido, incluso aquellos que se dieron cuando apenas nadie en el mundo, y desde luego nadie en el mundo de las grandes instituciones, creía en la posibilidad de cambiar el modelo económico. Así, además de trazar puentes con la esfera pública y la política institucionalizada para desarrollar soluciones a esos cómos que hagan llegar la fuerza de las grandes declaraciones a la actividad diaria de quienes están hasta el cuello de ESS, reafirmamos nuestro compromiso con las bases de las que partimos, aseguramos los pies en el terreno conocido y apostamos también por todos los pequeños pasos de hormiguita que aún le quedan por dar a la Economía Solidaria.

En su 66ª reunión plenaria del 18 de abril de 2023, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la resolución “Promover la Economía Social y Solidaria para el Desarrollo Sostenible” (A/77/L.60). La resolución proporciona una definición oficial de la Economía Social y Solidaria y reconoce que ella puede contribuir al logro y la localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Reconociendo el papel de la Economía Social y Solidaria en la promoción de la democracia y de la justicia social, la resolución también:

1. Alienta a los Estados Miembros a que promuevan y apliquen estrategias, políticas y programas nacionales, locales y regionales para apoyar y potenciar la economía social y solidaria como posible modelo de desarrollo económico y social sostenible, habida cuenta de las circunstancias, los planes y las prioridades nacionales, entre otras cosas, desarrollando marcos jurídicos específicos, cuando proceda, para la economía social y solidaria, dando visibilidad, siempre que sea factible, a la contribución de la economía social y solidaria a la hora de elaborar las estadísticas nacionales y ofreciendo incentivos fiscales y de contratación pública, reconociendo el papel de la economía social y solidaria en los programas educativos y las iniciativas de desarrollo de capacidades e investigación y reforzando el espíritu empresarial y el apoyo a las empresas, en particular mediante un mayor acceso de las entidades de la economía social y solidaria a los servicios financieros y a la financiación, y alienta la participación de los agentes de la economía social y solidaria en el proceso de elaboración de las políticas;

2. Alienta a las entidades pertinentes del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, incluidos los equipos de las Naciones Unidas en los países, a que presten la debida atención a la economía social y solidaria como parte de sus instrumentos de planificación y programación, en particular el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible, a fin de apoyar a los Estados, a petición de estos y de conformidad con sus mandatos, en la determinación, formulación, aplicación y evaluación de medidas y marcos políticos coherentes y propicios para el desarrollo de la economía social y solidaria como herramienta para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y reconoce a este respecto la labor del Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria;

3. Alienta a las instituciones financieras multilaterales, internacionales y regionales y a los bancos de desarrollo a que apoyen la economía social y solidaria, incluso a través de los instrumentos y mecanismos financieros existentes y de otros nuevos que se adapten a todas las etapas de desarrollo;

4. Solicita al Secretario General que elabore un informe, con los recursos existentes, en colaboración con el Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria, acerca de la aplicación de la presente resolución, teniendo en cuenta la contribución de la economía social y solidaria a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y de una recuperación inclusiva, resiliente, sostenible y que genere empleo, y decide incluir en el programa provisional de su septuagésimo noveno período de sesiones, bajo el tema titulado “Desarrollo sostenible”, el subtema titulado “Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible”

Puedes leerla completa en este enlace. Recogemos también el corte de vídeo con la aprobación de la propuesta defendida por Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno español.