La contribución de RIPESS pone el foco en una realidad a menudo invisibilizada: las cadenas globales de cuidados, que trasladan las responsabilidades de cuidado entre territorios y recaen especialmente sobre mujeres migradas, trabajadoras del hogar, cuidadoras comunitarias y comunidades del Sur Global.

De las cadenas globales de cuidados a alternativas basadas en la solidaridad

A través de testimonios de mujeres de distintas regiones del mundo, la campaña muestra cómo las desigualdades en la organización de los cuidados afectan a millones de personas y cómo la Economía Social Solidaria (ESS) ya está construyendo alternativas concretas para poner la vida en el centro.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran cooperativas de cuidados, redes comunitarias, asociaciones de mujeres y otras experiencias colectivas que demuestran que es posible organizar los cuidados de manera más justa, democrática y sostenible.

🎥 Vídeo | Transformando las cadenas globales de cuidados desde la ESS

Una campaña construida desde las voces de quienes cuidan

Con motivo del Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo, mujeres de organizaciones de la Economía Social Solidaria de España, Guatemala, Camerún, Indonesia y Turquía comparten sus experiencias sobre las cadenas globales de cuidados y las alternativas que ya se están construyendo desde los territorios.

Amelia Campos, Més que Cures, España. Originaria de México

Valeska Sarmento, Asociación de Desarrollo Agrícola y Microempresarial (ADAM), Guatemala

Pierrette Memong Meno, Red Nacional de la Economia Social Solidaria de Camerún (RESSCAM)

Eri Trinurini, Consejo Asiático de Economía Solidaria (ASEC), Indonesia

Aylin Çiğdem Köne – Social Economy Platform, Turquía y Ayşe Eyüboğlu Pulhan – Hasbahçe Foundation, Turquía

¿Por qué hablar de cadenas globales de cuidados?

El trabajo de cuidados, tanto humano como ecosistémico, sigue estando marcado por relaciones patriarcales, racistas y clasistas que reproducen desigualdades estructurales en todo el mundo. Históricamente, muchas de estas tareas han sido invisibilizadas, no remuneradas o realizadas en condiciones de precariedad.

Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), las mujeres realizan el 76,2 % del trabajo de cuidados no remunerado a nivel mundial y dedican 3,2 veces más tiempo que los hombres a estas actividades. Además, 708 millones de mujeres se encuentran fuera de la fuerza laboral debido a responsabilidades de cuidados no remunerados. International Labour Organization

Como señala Oxfam, el sostenimiento de la vida y de nuestras economías se apoya en las cadenas globales de cuidados: redes transnacionales mediante las cuales las responsabilidades de cuidado se transfieren entre mujeres situadas en distintos territorios y posiciones sociales.

En la práctica, como señala el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), millones de personas, en su mayoría mujeres, migran para desempeñar labores de cuidados. Al hacerlo, suelen delegar el cuidado de sus propios hogares en otras personas, generando redes que trascienden las fronteras. Estas dinámicas responden tanto a la creciente demanda de cuidados en los países de destino como a factores como la pobreza, la falta de oportunidades y otras desigualdades estructurales en los países de origen. Inter-American Development Bank

De este modo, las cadenas globales de cuidados pueden desplazar las responsabilidades hacia otras mujeres, familias y comunidades, reproduciendo desigualdades en distintos territorios. Las mujeres migrantes y las trabajadoras del hogar se encuentran especialmente expuestas a situaciones de precariedad laboral, informalidad y falta de protección social. Inter-American Development Bank

En este contexto, hablar de cuidados implica también hablar de derechos laborales, migración, género, justicia social y sostenibilidad de la vida.

Frente a esta realidad, organizaciones, cooperativas y redes de la Economía Social Solidaria están impulsando alternativas que sitúan los cuidados en el centro, promoviendo modelos basados en la solidaridad, la corresponsabilidad, la dignidad laboral, la participación democrática y la justicia social.

Nuestra llamada a la acción

Desde RIPESS hacemos un llamado a los gobiernos para que reconozcan el cuidado como un derecho humano fundamental y avancen hacia Sistemas Integrales de Cuidados universales, públicos, comunitarios y con enfoque de género, reconociendo y fortaleciendo el papel de la Economía Social Solidaria en la provisión y organización de los cuidados.

Porque los cuidados sostienen la vida. Y transformar los cuidados es transformar nuestras sociedades.

💜#VoicesOfCare # #SocialSolidarityEconomy

Fuente: Ripess

Posicionamiento de REAS

En los últimos años se ha hecho visible un cambio en la visión política de la transición ecológica. Aunque la evidencia científica sobre el cambio climático es cada vez más contundente, las decisiones políticas no avanzan al mismo ritmo. Mientras algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, revierten compromisos y regulaciones ambientales, en espacios como la Unión Europea las políticas climáticas deben justificarse cada vez más por su contribución a la competitividad, la seguridad energética y la reducción de costes.

En este contexto se publica Hidden Assets: The economic and health case for climate and clean air action, una evaluación mundial elaborada por la Coalición Clima y Aire Limpio (Climate and Clean Air Coalition – CCAC), iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe analiza conjuntamente los efectos económicos, sanitarios y ambientales del cambio climático y la contaminación atmosférica y compara los costes de aplicar diferentes medidas con los beneficios que podrían generar.

Activos ocultos para las decisiones económicas

En su discurso de investidura, el 20 de enero de 2025, Donald Trump prometió «acabar con el Green New Deal» (el nuevo Pacto Verde) en favor del «oro líquido», en alusión al petróleo. Pocas horas después, una de sus primeras acciones ejecutivas fue firmar la orden ejecutiva «Unleashing American Energy» (Impulsar la energía estadounidense), destinada a eliminar regulaciones ambientales y de energía aplicadas durante el mandato anterior, impulsando la producción nacional de combustibles fósiles.

La orden sostiene que determinadas regulaciones habían dificultado el desarrollo de los recursos energéticos nacionales, reducido la creación de empleo y elevado el coste de la energía. También disolvió el grupo federal encargado de calcular el coste social de los gases de efecto invernadero, retiró sus estimaciones y planteó eliminar este indicador de las decisiones regulatorias. Además, estableció que los efectos globales de una medida deben diferenciarse de sus costes y beneficios dentro de Estados Unidos. Ese mismo día, mediante otra orden ejecutiva, Trump inició nuevamente la retirada estadounidense del Acuerdo de París.

Frente a este planteamiento, el informe del PNUMA amplía el perímetro de lo que se considera económicamente relevante. Los cálculos habituales reflejan con claridad cuánto cuesta introducir una regulación, transformar una fábrica o sustituir una fuente energética, pero no siempre incorporan con la misma precisión las enfermedades provocadas por la contaminación, el gasto sanitario, las jornadas laborales perdidas, las muertes prematuras o los daños climáticos evitados. De ahí la expresión Hidden Assets, que puede traducirse como «activos ocultos». El aire limpio, la salud colectiva y la estabilidad climática poseen un valor económico, aunque este no aparezca de manera inmediata en las cuentas de una empresa o en un presupuesto público.

Clima y contaminación, una misma política

El informe evalúa 25 soluciones aplicables a la energía, la industria, el transporte, la agricultura, los hogares y la gestión de residuos. Entre ellas se encuentran la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética, la reducción de fugas de metano, los sistemas limpios para cocinar y calentarse, el control de las emisiones industriales y del transporte o una gestión más eficaz de los residuos. Su principal conclusión es que las políticas climáticas y de calidad del aire deben diseñarse conjuntamente.

Ambas crisis comparten buena parte de sus causas, especialmente la combustión de fuentes fósiles, determinados procesos industriales y algunas prácticas agrícolas. Sin embargo, con frecuencia se abordan mediante normas, administraciones y presupuestos diferentes. Esta separación conduce, según el informe, a infravalorar los beneficios de la transición. Reducir el uso de combustibles fósiles no solo limita el calentamiento futuro: también puede mejorar inmediatamente la calidad del aire, reducir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aliviar el gasto sanitario y aumentar la productividad.

Los autores estiman que cada dólar invertido en el conjunto de las medidas podría generar alrededor de 15 dólares de beneficio económico y social. Una parte de esa estimación corresponde al valor atribuido a las vidas preservadas y a la mejora del bienestar. Pero incluso si se excluyen esos beneficios no comerciales y se contabilizan únicamente efectos observables, como el ahorro sanitario, la productividad o los daños materiales evitados, el retorno sería de unos cuatro dólares por cada dólar invertido.

La posición ambivalente de la Unión Europea

La Unión Europea sigue una orientación diferente a la estadounidense, aunque no exenta de tensiones. La Comisión ha situado la descarbonización dentro de su estrategia industrial y presenta el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal) como una hoja de ruta para combinar competitividad y reducción de emisiones. Al mismo tiempo, ha incluido entre sus prioridades la simplificación regulatoria. El paquete Ómnibus presentado en 2025 propuso reducir el alcance de algunas obligaciones empresariales de información sobre sostenibilidad y diligencia debida para aliviar cargas administrativas. El debate reside en determinar dónde termina la simplificación y dónde comienza la pérdida de transparencia y capacidad de control.

El informe del PNUMA reconoce que la burocracia y la falta de coordinación pueden retrasar las inversiones. Sin embargo, concluye que los principales obstáculos para aplicar las soluciones no son tecnológicos, sino institucionales: financiación insuficiente, debilidad administrativa, escasa coordinación entre ministerios, falta de datos y dificultades para hacer cumplir las normas. Por tanto, simplificar procedimientos innecesarios puede facilitar la transición, pero debilitar los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas puede producir el efecto contrario.

Una cuestión de distribución

El informe también aborda la distribución de los costes y beneficios de la transición. El informe advierte de que las políticas deben facilitar el acceso de los hogares vulnerables a las tecnologías limpias, incorporar instrumentos financieros adecuados y atender sus efectos distributivos. Una actuación puede resultar rentable para el conjunto de la economía y, al mismo tiempo, imponer costes inasumibles a determinados grupos sociales.

Esta dimensión conecta la transición ecológica con los debates sobre justicia social, cuidados, fiscalidad y orientación del crédito. También plantea una pregunta central para las finanzas éticas: qué actividades deberían recibir financiación cuando se consideran conjuntamente sus retornos económicos, ambientales, sanitarios y sociales. El actual debate, no enfrenta simplemente ecología y economía. Enfrenta diferentes maneras de determinar qué tiene valor, quién soporta los costes y durante cuánto tiempo se calculan sus consecuencias. Una economía que solo contabiliza los costes empresariales inmediatos, pero no los costes colectivos de la contaminación, ofrece una imagen distorsionada de la realidad.

Fuente: Valor Social

La movilización hacia el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo ya está en marcha. De cara al próximo 29 de octubre, la Alianza Global por los Cuidados invita a organizaciones, redes, comunidades y personas de todo el mundo a sumarse a #VoicesOfCare y contribuir a que las voces, experiencias, conocimientos y propuestas vinculadas con los cuidados sean escuchadas.

La campaña busca conectar las acciones que se desarrollan en distintos territorios con una conversación global sobre la transformación de los cuidados. Para ello, la Alianza ha puesto a disposición de su membresía y del público general una serie de recursos, convocatorias y espacios de formación e intercambio.

Recursos para preparar para el 29 de octubre

El Kit de Activación 2026 reúne ideas para organizar actividades, impulsar acciones de incidencia, compartir historias, activar comunidades y llevar los cuidados al espacio público.

También está disponible el Kit de Prensa, que ofrece mensajes clave, datos, materiales audiovisuales y herramientas para trabajar con periodistas y medios de comunicación.

[DESCARGA EL KIT DE ACTIVACIÓN]

[CONSULTA EL KIT DE PRENSA]

Diferentes formas de sumar voces y acciones

Cualquier persona, organización o institución puede registrar sus eventos, campañas y actividades en el Mapa de Actividades del Día Internacional. El mapa permanece abierto durante todo el año y permite conectar iniciativas de distintos territorios con una movilización global.

También está abierta la convocatoria para compartir artículos, historias, entrevistas y experiencias que puedan publicarse en la página web del Día Internacional. Estas contribuciones podrán enviarse hasta el 23 de septiembre de 2026.

[REGISTRA TU ACTIVIDAD EN EL MAPA]

[COMPARTE TU HISTORIA O CONTENIDO]

Convocatorias abiertas para integrantes de la Alianza Global por los Cuidados:

La membresía de la Alianza pueden sumarse a las distintas iniciativas colaborativas de la campaña:

• Participar en el itinerario de formación y acompañamiento para desarrollar o fortalecer una campaña y formar parte del Grupo de Trabajo.
• Enviar un vídeo para la pieza audiovisual colaborativa.
• Compartir una fotografía para el collage colectivo.
• Proponer contenidos o actividades para el Canal de Cuidados 24 Horas.
• Registrar eventos, campañas y actividades en la Agenda Colectiva de la membresía.

El plazo para participar en los talleres finaliza el 2 de septiembre de 2026. Las propuestas para la pieza audiovisual, el collage colectivo y el Canal de Cuidados 24 Horas podrán enviarse hasta el 23 de septiembre.

Cada organización puede participar en una o varias iniciativas, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada convocatoria.

[PARTICIPA EN LAS INICIATIVAS PARA LA MEMBRESÍA]

Fuente: Alianza Global por los cuidados

Esta es la principal conclusión del nuevo informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, publicado a finales de julio. El documento examina los avances en la aplicación de la Resolución 79/213, dirigida a promover la economía social y solidaria como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para elaborarlo, Naciones Unidas ha recabado alrededor de 40 contribuciones de Estados, organismos internacionales y otras partes interesadas.

Desde la aprobación de la resolución, numerosos países han incorporado la economía social y solidaria a sus políticas como una herramienta para responder a desafíos relacionados con el empleo, los cuidados, la vivienda o la transición ecológica. Sin embargo, Naciones Unidas señala una distancia importante entre este reconocimiento y su aplicación: se han adoptado numerosas medidas de apoyo, pero todavía existe poca información sobre sus resultados concretos para las entidades, las personas trabajadoras y las comunidades.

El documento plantea un cambio profundo del modelo actual de producción y consumo de moda, poniendo en el centro los derechos de las personas trabajadoras y los límites del planeta. Frente a un sistema que sigue generando pobreza laboral y graves impactos ambientales, el manifiesto defiende que la transición ecológica solo será justa si incorpora justicia social, redistribución de la riqueza y responsabilidad empresarial.

El texto ha sido desarrollado de forma colectiva por personas trabajadoras, jóvenes y organizaciones sociales vinculadas a la Campaña Ropa Limpia, y combina propuestas concretas para esta década con una visión a largo plazo de un sistema de moda más justo, resiliente y sostenible.

Principios para un sistema de moda justo

El manifiesto establece una serie de principios que deben guiar el futuro de la industria. Un sistema de moda justo es aquel que:

• garantiza trabajo digno, una buena calidad de vida e igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras a lo largo de la cadena de valor.
• asegura la justicia en todas sus dimensiones: social, económica, de género y climática, ahora y en el futuro.
• redistribuye la riqueza hacia las personas trabajadoras, garantizando salarios dignos y protección social universal.
• reparte de forma justa los costes de la adaptación y mitigación climática.
• garantiza que las personas trabajadoras tengan voz y puedan expresarse sin miedo.
• restaura la naturaleza y respeta los límites planetarios.
• reduce la sobreproducción y aumenta la seguridad laboral.
• responsabiliza a las empresas y a sus directivos por los daños causados.
• impulsa formas justas de producir, transformar, transportar, comercializar y reciclar prendas, calzado y accesorios.
• se construye desde el poder colectivo y la solidaridad global.

Un llamamiento colectivo

El manifiesto se presenta como una herramienta para impulsar la movilización social y fortalecer la organización de las personas trabajadoras en toda la cadena global de la moda. Bajo la premisa de que la ropa no puede seguir produciéndose a costa de la explotación, el documento reivindica un modelo basado en el trabajo digno, la justicia climática y la solidaridad internacional.

Somos quienes hacen y quienes visten la ropa. Somos activistas, movimientos sociales y ambientales, organizaciones de la sociedad civil, personas trabajadoras de la industria de la moda, sindicatos, organizaciones por los derechos laborales y aliadas que luchamos por un mundo libre de explotación.

Juntas, alzamos la voz por un sistema de moda justo que respete los derechos de las personas trabajadoras y restaure la naturaleza.

La Campaña Ropa Limpia invita a organizaciones e individuos de todo el mundo a sumarse al manifiesto Tejiendo una Transición Justa en la Moda y, juntas, tejer el futuro justo que queremos.

Para más información vea aquí el Manifiesto completo

Apoya nuestra labor en favor de una transición justa: https://cleanclothes.org/campaigns/manifesto

Fuente: Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Ya en 1019, el Plan de Derechos Humanos de Cataluña reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos”. ¿En qué punto estamos?

De concepto a derecho humano básico

El consumo responsable se ha conceptualizado por entidades de la sociedad civil como aquel consumo que es consciente de la limitación de los recursos del planeta, de la emergencia climática, de las desigualdades entre Norte y Sur y que, en consecuencia, se ajusta a la escasez de suministros básicos.

Defenderlo como un derecho humano básico compuerta garantizar unos mínimos indispensables que, más allá de las opciones (personales o colectivas) tiene que ser garantizado a todas las personas. La triple apuesta en que se propone el derecho básico al consumo responsable se basa en

1. Reivindicar unos mínimos garantizados de consumo de productos y servicios que minimicen los impactos negativos en las personas y el entorno.
2. Entender el consumo como una cadena con derechos y deberes de diferentes actores.
3. Limitar aquel consumo que vulnera derechos fundamentales de generaciones presentes y futuras, humanos y ambientales.

El Plan de Derechoss Humanos de Cataluña (2019) reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos” (a partir de ahora CRRDH), incorporando la vertiente colectiva y entendiendo que hay que atender a los impactos sociales, económicos y ambientales del consumo. Este documento abrió la puerta a un marco jurídico más ambicioso y a un horizonte y hoja de ruta que incorpora el respecto a los derechos humanos y ambientales como parte central de este derecho.

En el ámbito normativo actualmente se está trabajando el anteproyecto de Ley de consumo sostenible, un primer paso que ha contado con numerosas aportaciones de la sociedad civil y que permitiría avanzar en la transparencia de la información (precio, características del producto pero también información ambiental) y en la previsión de medidas destinadas a favorecer la reparación y la reducción de residuos. Ahora bien, algunas entidades consideran que a la propuesta le falta una mirada conjunta del modelo de producción y consumo, dejando fuera a sectores tan importantes como el textil o la alimentación e incorporando pocos incentivos fiscales para la reparación y el reacondicionamiento.

Naturaleza jurídica y previsiones normativas para avanzar en el reconocimiento

Con estos antecedentes, el presente artículo aborda algunos de los aprendizajes extraídos de la configuración y defensa de otros derechos humanos, centrndonos principalmente en el caso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS), con alguna referencia puntual al derecho a la energía. El tratado de derechos que forman parte de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los cuales han tenido una trayectoria particular en el derecho internacional.

Un primer aspecto que hay que considerar es que, del mismo modo que pasa con el DHAS y el derecho a la energía, el derecho al CRRDH es fundamental para hacer efectivod otros DESC, como el derecho a la salud y el derecho un nivel de vida adecuado. Los dos primeros se encuentran sujetos a una constante tensión entre la lógica neoliberal y mercantil que los contempla en cuanto que bienes económicos o de consumo, enfrente a la perspectiva de los derechos humanos, que les contempla como bienes comunes. Esta tensión también es presente en el derecho al CRRDH

En segundo lugar, el DHAS y el derecho a la energía no tienen un reconocimiento constitucional ni estatutario explícito. Tampoco existe el reconocimiento constitucional del derecho al CRRDH. Ahora bien, a diferencia de los dos primeros, la defensa de las personas consumidoras y usuarias sí que ha sido reconocida explícitamente de manera constitucional en tanto que principio rector de la política social y económica (art. 51 CE). También se ha reconocido estatutariamente el derecho de las consumidoras y usuarias a la protección de su salud, seguridad, acceso a la información veraz con garantías, y a la protección ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas (arte. 28 EAC). Se trata de un reconocimiento que, a pesar de no incluir explícitamente una referencia en relación con el respecto a los derechos humanos, vincula de manera explícita – tal y como indica expresamente el propio EAC- todos los poderes públicos de Cataluña y, de acuerdo con la naturaleza de cada derecho, a los particulares (arte. 37 *EAC).

Aterrizando al ámbito catalán y haciendo una comparativa en cuanto a marco competencial, a diferencia del DHAS – que es compartida – Cataluña sí tiene competencia exclusiva en materia de consumo, materia regulada en el Código de Consum que define el consumo responsable como aquel “consumo moderado, informado, reflexivo y consciente de bienes y servicios, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad cultural, ambiental, socioeconómica y lingüística” (art. 111-2 lletra l). Una definición sobre la cual el Plan de Derechos Humanos de Cataluña recomendaba incluir explícitamente el respecto a los derechos humanos. El Código de Consumo también reconoce, de manera diferenciada, el “Principio de consum responsable” (art. 112 – 4) al cual tienen que ajustarse las relaciones de consumo, como por ejemplo criterios de preservación del medio ambiente, calidad de vida, “y otros factores que determinan un desarrollo socioeconómico individual y colectivo”.

A partir de esta batería de previsiones normativas habrá que ver, pues, de qué manera incorporar y fortalecer la perspectiva de los derechos humanos del derecho del consumo y, tal como se indicaba en el Plan de Derechos Humanos de Cataluña, poniendo en valor los efectos multiplicadores del derecho al CRRDH que se traslada a toda la cadena de producción de bienes y servicios.

Interdependencia con otros derechos y vínculo con la dignidad humana

Uno de los grandes aprendizajes que se pueden extraer de los DESC, y en particular del DHAS, es la configuración de su contenido y su exigibilidad a través de su interdependencia con otros derechos, como la vivienda (arte. 47 CE), la salud (arte. 43 CE) o principios fundacionales como la dignidad humana (arte. 10.1 CE).

En el caso del DHAS, en el ámbito de las Naciones Unidas, este derecho se ha reconocido de manera directa a través de laObservación General núm. 15 (2002), que reconoció por primera vez el DHA y lo vinculó con el derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a un nivel alto de salud física y mental (arts. 11 y 12 PIDESC); posteriormente la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las NNUU (2010) reconoció que “el DHAS es un Derecho Humano esencial para el pleno goce de la vida y de todos los Derechos Humanos”. En el caso de la energía, de una manera más indirecta, a través de la Observación General núm. 4 (1991) donde se desarrolla el contenido del derecho a una vivienda adecuada y se incorpora el acceso a la energía como servicio indispensable para garantizar la salud, seguridad, comodidad y nutrición de las personas. Por otro lado, tanto el agua como la energía se han incorporado en cuanto que Objetivos de Desarrollo Sostenible: agua limpia y saneamiento (ODS 6) y energía asequible y no contaminante (ODS 7).

Podemos encontrar ejercicios similares por el que hace a lo que podríamos considerar que forma parte del contenido del derecho al CRRDH, como el reconocimiento de la promoción y el consumo responsables (ODS 12) en cuanto que objetivo de la Agenda 2030 y algunas referencias hechas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC) que lo ha vinculado con la expansión del derecho a un nivel de vida adecuado (arte. 11 PIDESC). Así, el CDESC ha conectado el consumo con los fundamentos jurídicos de derechos específicos, como el derecho a una alimentación adecuada (OG núm.12) o el derecho humano al agua (OG núm. 15) configurando al modelo de consumo como criterio de sostenibilidad para garantizar, por ejemplo, un acceso a los alimentos sin comprometer la disponibilidad de estos a largo plazo ni afectar otros derechos humanos, o para evitar la sobreexplotación del agua. También encontramos referencias explícitas que vinculan los modelos de consumo y producción sostenibles con la gestión y eliminación de sustancias peligrosas (2020).

Así, a pesar de no haber un reconocimiento explícito del derecho al CRRDH en el ámbito de las Naciones Unidas, el derecho a consumir bienes y servicios con ciertas garantías se ha consolidado progresivamente como objetivo transversal y indispensable para garantizar y promover los DESC, hecho que toma especial relevancia en el contexto actual de crisis ambiental global.

Más recientemente, la Resolución de las Naciones Unides sobre un Medio Ambiente sano (2022) que reconocía el acceso al medio ambiente limpio y sano como un derecho humano universal recordaba la interdependencia de los derechos, así como las repercusiones negativas del uso no sostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra o el agua, entre otros, en el goce efectivo de todos los derechos humanos.

Pero, ¿es suficiente demostrar la interdependencia y transversalidad del modo de producción y consumo con otros DESC para avanzar en su reconocimiento? ¿Podría ser que, en función de la naturaleza del DESC, el derecho al CRRDH se module, o bien habría que trabajar en unos mínimos comunes?

Cómo se configura el contenido: 5 dimensiones y principios comunes

Otro aprendizaje de interés en cuanto al proceso de reconocimiento del derecho humano al agua es cómo se ha construido su contenido normativo, definido como “el derecho de todos a disponer agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (OG n.º 15) y, posteriormente, en cuanto que DHAS, conformado por 5 dimensiones que se tienen que interpretar de manera conjunta:

1. Disponibilidad: el acceso al agua y a servicios de saneamiento tienen que ser disponibles para todo el mundo y ser adecuados para las necesidades y contextos territoriales y socioculturales de cada persona.
2. Accesibilidad: la proximidad entre las fuentes de abastecimiento -no más de 1000 metros o 30 minutos de desplazamiento- y el mantenimiento de una adecuada red de abastecimiento de agua.
3. Asequibilidad: el precio de acceso al agua y a servicios de saneamiento no pueden suponer una barrera para las personas, en base a primeros de equidad y no discriminación.
4. Calidad: el agua tiene que ser potable y, por lo tanto, libre de microorganismos y sustancias peligrosas para la salud. Las infraestructuras de saneamiento tienen que ser higiénicamente seguras.
5. Aceptabilitdad el abastecimiento de agua, las instalaciones y el servicio tienen que ser compatibles con las realidad culturales y tradicionales de las comunidades, teniendo en cuenta las necesidades de género, ciclo vital y privacidad de las personas.

Estas 5 dimensiones del DHAS tienen que ser garantizadas por los Estados que, a la hora de garantizar el derecho, tienen que interpretarlo sobre la base de unos principios comunes: el principio de equidad y no discriminación, el principio de sostenibilidad ambiental, económica y social y, finalmente, el principio de transparencia, rendición de cuentas y control social.

En este sentido, podríamos preguntarnos si en el ámbito del derecho al CRRDH se podría plantear, por analogía, criterios similares para desarrollar su contenido o bien tendrían que ser adaptados a la naturaleza del derecho.

Obligaciones para los Estados y los actores privados

La constante tensión mencionada al inicio de este artículo, en el caso del DHAS, ha sido patente en la fuerte presión ejercida para mercantilizar el derecho y privatizar su gestión. La mercantilización y privatización ha tenido varias consecuencias: aumentos de las tarifas, cortes de agua, poca transparencia y reducción de la calidad del agua, entre otros.

Es en este punto cuando las 5 dimensiones y los principios comunes del DHAS se tienen que leer en base a los principios de realización progresiva y de no regresióm (art. 2.1 PIDESC). Es decir, los Estados están obligados a adoptar medidas orientadas a la realización del derecho, priorizando siempre las necesidades de las personas más vulnerables (OG 3, párrafo 3, 4, 9 y 10). Este desarrollo progresivo también implica que el nivel de satisfacción conseguido por este derecho no puede ser reducido, o tiene que estar muy justificado en un contexto de aprovechamiento del máximo de recursos disponibles (no regresividad).

Además, los Estados tienen tres tipos de obligaciones en relación con los derechos humanos: respetar, proteger y cumplir. En cuanto al DHAS estas se traducen en adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del DHAS (obligación de cumplir); abstenerse de ejecutar actividades que restrinjan o denieguen el acceso al agua y servicios de saneamiento en condiciones de igualdad (obligación de respetar); e impedir que terceras personas (físicas o jurídicas) interfieran en su goce efectivo (obligación de proteger).

En relació con esta última obligación, la OG núm. 15 indica que los Estados Parte tienen la obligación de adoptar medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros (ya sean particulares, grupos, empresas u otras entidades) denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad. En previsión del control de los servicios de suministro de agua por parte de terceros, el OG n.º 15 también indica que, en aplicación de esta obligación, los Estados Parte tienen que establecer mecanismos de supervisión independiente, herramientas para la participación pública y la imposición de sanciones por incumplimiento.

Consumir bien es un derecho: hacia un nuevo horizonte de justicia ambiental

Se pueden encontrar no pocos aprendizajes y referencias en el camino recorrido por el DHAS o el derecho a la energía que pueden ser de utilidad para avanzar en el reconocimiento del derecho al consumo responsable como derecho humano emergente, un concepto vinculado a las nuevas necesidades y demandas que surgen en las sociedades, ya sea ampliando el alcance de los derechos humanos o extendiéndolos a colectivos antes no contemplados.

Algunas cuestiones que nos permitirían avanzar en el diálogo sobre el derecho al consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos podrían ser, por ejemplo, concretar su naturaleza jurídica, las posibles dimensiones que tendría que tener, bajo qué principios comunes funcionaría, de qué manera se relacionaría con otros derechos y con qué previsiones normativas ya existentes se podría recoger o potenciar su dimensión colectiva.

La ONU publicó el pasado mes de agosto el Informe del Secretario General relativo a la aplicación de la Resolución 79/213 de la Asamblea General sobre la promoción de la ESS para el desarrollo sostenible, y relativo al Diálogo Ministerial del Grupo de Amigos de la Economía Social y Solidaria. En él se confirma el creciente reconocimiento de la ESS como instrumento para promover el desarrollo sostenible, el trabajo decente y la justicia social.

El informe recoge avances en los distintos países en el establecimiento de marcos jurídicos, estrategias nacionales y políticas específicas, así como una mayor integración de la ESS en ámbitos como el empleo, la protección social, los cuidados, la educación, el desarrollo territorial y la transición ecológica, si bien advierte de la existencia de grandes diferencias entre los países.

Las numerosas referencias a España en el documento reflejan el grado de consolidación alcanzado por las políticas de Economía Social en nuestro país, tanto en el ámbito normativo y financiero como en su integración en distintas políticas públicas, la generación de estadísticas sobre el sector y la participación de España en la agenda internacional y multilateral.
El ejemplo español

El documento resalta el papel de España en esta materia, mencionando específicamente la aprobación en 2026 de la Ley integral de impulso de la Economía Social, que refuerza el marco legislativo del sector e incorpora medidas relacionadas con la igualdad, la contratación pública, las estadísticas y nuevas formas organizativas.

A su vez destaca la importancia del PERTE de la Economía Social y los Cuidados entre los programas más destacados del informe, que ha movilizado más de 2.500 millones de euros y llegado a más de 4.400 entidades.

El documento añade la importancia de la medición de la Economía Social en nuestro país, con la publicación en 2026 de la Cuenta Satélite de la Economía Social, contribuyendo a visibilizar el peso económico y social del sector y a reforzar la disponibilidad de evidencia para el diseño de políticas públicas.
El Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria

En el ámbito internacional, Naciones Unidas destaca el papel de otros países como Brasil y Colombia en el lanzamiento este año del Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria, así como en la negociación y publicación del Compromiso Iberoamericano 2026-2030, reforzando el papel de la Economía Social y Solidaria en la agenda internacional y regional.

Informe del Secretario General

Fuente: Ciriec

Ya está en línea el informe de actividades 2025 del GSEF:

Este pasado agosto, se conoció el Informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre la aplicación de la Resolución 79/213, el cual confirma el creciente reconocimiento internacional de la Economía Social y Solidaria (ESS) como herramienta para promover el desarrollo sostenible, el trabajo decente y la justicia social.

Resumimos sus principales conclusiones:

• Que la ESS está ganando peso en las políticas públicas de numerosos países, especialmente en empleo, protección social, cuidados, educación, desarrollo territorial y transición ecológica.

• Que existen avances en la creación de marcos jurídicos y estrategias nacionales específicas para el sector, aunque persisten diferencias importantes entre países. Aquí, el informe destaca especialmente a España por varias iniciativas recientes como la Ley integral de impulso de la Economía Social (2026); el PERTE de la Economía Social y los Cuidados o la publicación de la Cuenta Satélite de la Economía Social, que sitúa la contribución de este ecosistema en el 11,1 % del PIB y el 10 % del empleo nacional.

• También reconoce el papel de España, junto con Brasil y Colombia, en el lanzamiento del Grupo de Amigos de la Economía Social y Solidaria y en el impulso del Compromiso Iberoamericano 2026-2030.

Informe completo.

El capitalismo neoliberal caracterizado por la globalización, el peso de las finanzas en la economía y la meritocracia, es la causa principal de la creciente desigualdad social y de la creciente crisis ecológica, pero también de la alta polarización social y del auge de los populismos autoritarios de extrema derecha.

En virtud de ello, el objetivo del presente artículo será observar cuáles son algunos de los elementos principales que la economía política republicana presenta como respuestas satisfactorias para hacer frente al mayor reto actual de nuestras sociedades occidentales -al menos a corto plazo-: el auge de los populismos autoritarios de extrema derecha. Para ello, en el primer apartado, se presentará un breve diagnóstico de cómo se ha llegado hasta aquí; y, en los siguientes tres apartados, se expondrán tres propuestas -interconectadas- que han sido seleccionadas con base en su potencialidad para dar respuesta satisfactoria a este reto, en su diferenciabilidad de otras corrientes ideológicas y en su relación con el cooperativismo.

No obstante, y antes de continuar, se han de realizar dos aclaraciones. Por un lado, se ha de señalar una aclaración terminológica: en España, en el lenguaje cotidiano de la política, el término republicano está asociado principalmente a la defensa de un sistema de gobierno no monárquico. Sin embargo, en el ámbito de la filosofía política, el republicanismo posee un significado distinto y más amplio, como se observará a lo largo del artículo.

Y, por otro, se ha de destacar que dentro del republicanismo existe una extensa variedad interna que permite hablar de: una tradición democrática y otra oligárquica; una tradición particularista y otra cosmopolita : un republicanismo fuerte y otro moderado ); y también un republicanismo más conservador y otro más transformador a propósito de la estructura económica . Por los límites de extensión del presente artículo, al respecto sólo se puede señalar: por un lado, que el autor del mismo se sitúa en las tradiciones demócrata, cosmopolita, moderada y transformadora; y, por otro, que sólo abordando las cuestiones económicas y construyendo una economía republicana transformadora que incluya en su seno al cooperativismo será posible hacer frente de manera satisfactoria al capitalismo.

Leer artículo completo en el dossier de Idearia LAB (página 69)

Fuente: Alternativas Económicas

El cambio climático afecta especialmente a las mujeres, aunque desempeñan un papel clave en las economías locales y en las soluciones. Sin embargo, las mujeres tienen mucho menos acceso a la financiación climática y a los recursos financieros. Las microfinanzas pueden contribuir a cambiar esta situación fortaleciendo su posición económica y su resiliencia climática. 

La comunidad internacional coincide cada vez más en que el cambio climático no es un reto que pueda dejarse para más adelante. Tal y como se acordó en el Acuerdo de París, los países tienen la responsabilidad de proteger a su ciudadanía y contribuir activamente a las soluciones frente al cambio climático. Los recientes avances jurídicos y políticos, como la resolución de la Corte Internacional de Justicia y la posterior resolución de las Naciones Unidas, también subrayan esta obligación legal. 

A pesar de este consenso creciente sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático, todavía hay una distancia considerable entre la ambición y la práctica.  Aunque cada vez hay más financiación climática disponible, el acceso a ella sigue estando lejos de ser equitativo. 

Financiación climática y desigualdad 

La crisis climática no afecta a todas las personas por igual. El cambio climático afecta con mayor dureza a las mujeres porque las desigualdades existentes en roles, poder y acceso a recursos aumentan su vulnerabilidad. De aquí a 2050, los efectos del cambio climático podrían empujar a la pobreza a 158 millones de mujeres y niñas, 16 millones más que el número total de hombres y niños. Esta diferencia ya es visible hoy. Por ejemplo, el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. 

Una razón importante son los roles sociales que las mujeres suelen asumir. En todo el mundo, las mujeres realizan más del 75 % del trabajo no remunerado. Cuando se producen desastres climáticos, esta carga aumenta aún más, ya que las mujeres asumen responsabilidades adicionales para ayudar a sus hogares y comunidades a recuperarse y reconstruirse. Las mujeres también suelen tener menos acceso a la educación, los ingresos y la toma de decisiones, lo que reduce su capacidad para adaptarse al cambio climático. 

Las desigualdades económicas y legales aumentan aún más esta vulnerabilidad. Aunque un tercio del empleo femenino en todo el mundo se encuentra en la agricultura, las mujeres representan solo el 12,6 % de las personas propietarias de tierras. Además, el 90 % de los países tiene leyes que limitan las oportunidades económicas de las mujeres. Entre ellas hay leyes que impiden a las mujeres trabajar en fábricas o aceptar un empleo sin el permiso de su marido. Estas desigualdades económicas hacen que a las mujeres les resulte más difícil protegerse frente a los efectos del cambio climático, ya que los impactos climáticos se ven agravados por las desigualdades existentes. 

Al mismo tiempo, las mujeres desempeñan un papel fundamental en las economías locales y en las soluciones climáticas. En muchas comunidades, son responsables de la producción de alimentos, la gestión del agua y pequeños negocios. Sus conocimientos y su posición las convierten en piezas esenciales para la transición hacia una economía más sostenible y resiliente. 

Las mujeres, motor de un cambio duradero 

La investigación muestra que, cuando las mujeres tienen el mismo acceso a ingresos y recursos, las economías crecen más rápido y de forma más inclusiva. A largo plazo, la economía podría llegar a ser hasta un 20 % mayor. Las mujeres también pueden tener un efecto multiplicador en la reducción de la pobreza, ya que reinvierten hasta el 90 % de sus ingresos en sus familias, comunidades y educación.

Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos que los hombres, la producción agrícola aumentaría y el número de personas que padecen hambre en el mundo se reduciría entre un 12 % y un 17 %. Las mujeres también marcan una diferencia demostrada en la toma de decisiones. Los estudios muestran que una mayor representación de mujeres en cargos políticos está relacionada con menores emisiones nacionales de CO₂. 

Sin embargo, el acceso de las mujeres a la financiación climática sigue muy por detrás. Las agricultoras reciben solo el 10 % del total de la ayuda al desarrollo destinada a la agricultura, la silvicultura y la pesca. También tienen menos acceso a información que podría fortalecer su resiliencia climática, como conocimientos sobre tecnologías de adaptación. 

En todo el mundo, mil millones de mujeres, más del 40 %, están excluidas de los sistemas financieros formales. Esto limita directamente su acceso a los recursos que necesitan para invertir en soluciones climáticas o recuperarse de perturbaciones climáticas. Las mujeres también siguen teniendo menos probabilidades de acceder a una cuenta bancaria y al crédito. Para muchas de ellas, la falta de garantías es el principal obstáculo. 

Un sistema que no funciona para todo el mundo 

Una parte importante del problema está en la forma en que se estructura la financiación climática. Muchos mecanismos de financiación están diseñados para proyectos a gran escala y organizaciones con capacidad suficiente para gestionar procedimientos complejos. Para las iniciativas locales y las organizaciones lideradas por mujeres, esto crea una barrera importante. 

Solicitar financiación suele requerir conocimientos técnicos, una amplia documentación y una base financiera sólida. Para las personas que no tienen acceso a servicios bancarios formales o no disponen de garantías, esto resulta muy difícil. Los factores sociales y culturales refuerzan este problema, ya que las mujeres suelen tener menos control sobre los recursos financieros y menos acceso a redes e información. 

Como resultado, la financiación climática llega principalmente a grandes actores internacionales, mientras que las soluciones locales, en las que las mujeres suelen desempeñar un papel clave, siguen recibiendo pocos recursos. Esto crea una paradoja: los grupos que son esenciales para una acción climática eficaz son los que menos acceso tienen a los recursos que necesitan para cumplir ese papel. 

El papel clave de las finanzas inclusivas 

Precisamente ahí se abre una oportunidad importante, y las microfinanzas pueden ayudar a aprovecharla. Cuando la financiación se adapta mejor a la realidad de las mujeres y de las personas con pequeños negocios, el impacto puede ser considerable. Las herramientas financieras accesibles, como las microfinanzas, permiten invertir a pequeña escala en soluciones que contribuyen directamente a la resiliencia climática. 

Esto puede incluir inversiones en agricultura sostenible, gestión del agua o energía limpia local. Estas iniciativas suelen requerir importes relativamente pequeños, pero tienen un impacto directo y visible en la vida diaria. Estos pequeños préstamos accesibles permitEn a las mujeres, muchas veces por primera vez, invertir en su negocio, explotación agrícola u hogar.

Esto aumenta sus ingresos y su independencia económica, y las ayuda a estar mejor preparadas frente a futuras perturbaciones climáticas. Al hacer que la financiación sea más accesible y se adapte mejor a las realidades locales de las mujeres, puede lograrse un doble beneficio: mayor impacto climático y más igualdad social. 

El papel de Oikocredit 

Oikocredit contribuye a este enfoque utilizando la financiación como palanca para la justicia climática. A través de organizaciones socias locales, Oikocredit invierte en finanzas inclusivas para que las mujeres y las personas con pequeños negocios puedan acceder a los recursos que necesitan para hacer que su negocio, explotación agrícola u hogar sean más resilientes frente a las perturbaciones climáticas. En 2024, el 88 % de los clientes finales alcanzados por nuestras organizaciones socias fueron mujeres. 

Este trabajo se vuelve especialmente tangible cuando la financiación llega a las personas a través de soluciones prácticas y arraigadas en el territorio. Un ejemplo es Ebo Sacco, una cooperativa de ahorro y crédito del suroeste de Uganda que es organización socia de Oikocredit desde 2016. Ebo Sacco ofrece a sus más de 92.000 miembros préstamos, productos de ahorro y formación. A través de un programa especial de préstamos centrado en agua, saneamiento e higiene, la cooperativa ha apoyado ya a más de 300 agricultores y agricultoras del llamado «Cattle Corridor» de Uganda para que inviertan en soluciones de agua y saneamiento.

Comprar ropa, gadgets tecnológicos o decoración por menos de lo que cuesta un café parece un chollo. Plataformas como Shein, Temu o AliExpress han revolucionado el comercio electrónico con precios extraordinariamente bajos y una oferta casi infinita. Pero, ¿cómo es posible vender tan barato? ¿Y qué coste ambiental, social y económico se esconde detrás de estos precios?
Del low cost al ultra low cost

Hace unas décadas, el concepto low cost revolucionó varios sectores de consumo. Sobre todo llegó de la mano de las compañías aéreas, que ofrecían vuelos a precios muy bajos, con una promesa clara: pagar menos a cambio de renunciar a algunas prestaciones.

Pero en los últimos años hemos dado un paso más. La llegada de plataformas como Shein (moda ultra rápida) y Temu o AliExpress (mercados digitales que venden todo tipo de productos a precios muy baratos) ha consolidado lo que ya se conoce como ultra low cost: productos vendidos a precios todavía más bajos, tan bajos, que a menudo cuesta entender cómo han sido fabricados, transportados y comercializados sin perder dinero por el camino.

Una camiseta por 3 euros, unos pendientes por menos de 1 euro o un aparato electrónico por pocos euros ya no son excepciones, sino una parte central de un modelo de negocio basado en una oferta casi infinita, descuentos constantes y compras impulsivas.

Qué costes quedan fuera de la etiqueta. Porque, cuando los precios llegan a estos extremos, es inevitable preguntarse quién está asumiendo la diferencia.

El modelo de negocio de las plataformas ultra low cost

AliExpress, fundada el 2010 por el grupo Alibaba, fue una de las primeras grandes plataformas a conectar directamente fabricantes chinos con consumidores de todo el mundo. Años más tarde llegaron Shein, especializada en moda ultra rápida, y Temu, lanzada el 2022, y que en muy poco tiempo se ha convertido en una de las aplicaciones de compras más descargadas del mundo.

A pesar de sus diferencias, comparten un mismo modelo de negocio: vender directamente por internet, eliminar intermediarios, producir a gran escala y ofrecer una cantidad casi infinita de productos a precios extraordinariamente bajos. A través de algoritmos, promociones constantes y una experiencia de compra muy gamificada, consiguen que comprar sea fácil, rápido y a menudo impulsivo.

Su crecimiento ha sido espectacular. Millones de personas compran regularmente en estas plataformas, atraídas por precios difíciles de encontrar en el comercio convencional.

Ultra low cost: ¿cómo pueden vender tan barato?

Este modelo no se basa en un único secreto ni en una innovación revolucionaria. Los precios extremadamente bajos que ofrecen son el resultado de la combinación de varios factores que permiten reducir costes en casi todas las etapas del proceso: desde la fabricación hasta la distribución, pasando por la logística y la fiscalidad.

• Producción muy barata. Una parte importante de los productos que se venden en estas plataformas se fabrican en China y en otros países asiáticos con costes laborales muy bajos. Además, varias investigaciones periodísticas como «Dejarse la piel por Shein» han denunciado casos de jornadas laborales muy largas, horas extras excesivas y sistemas de producción sometidos a una fuerte presión para cumplir plazos muy ajustados. Esta presión, además, no afecta solo los salarios, sino también otros aspectos como la seguridad laboral, la protección social o la capacidad de las personas trabajadoras para negociar mejoras en sus condiciones.
• Economías de escala. Estas plataformas operan a escala global y venden centenares de millones de productos cada año, hecho que les permite negociar mejores precios con fabricantes, empresas logísticas y proveedores de servicios. Cuanto mayor es el volumen de producción o de ventas, menor es el coste unitario de cada producto.
• Venta directa. Estas empresas eliminan buena parte de los intermediarios tradicionales. Plataformas como Temu o AliExpress conectan directamente fabricantes y consumidores a través de internet. Además, no necesitan mantener una extensa red de tiendas físicas (con los costes de alquiler, personal y mantenimiento que esto implica). Esta estructura más simple permite reducir gastos y ofrecer precios más bajos.
• Ventajass fiscales y aduaneras. Durante años, el crecimiento de estas plataformas también se ha visto favorecido por determinadas normas comerciales internacionales. Tradicionalmente, muchos paquetes de bajo valor enviados directamente desde países extracomunitarios han sido sometidos a menos controles aduaneros y, en algunos casos, han disfrutado de exenciones fiscales o procedimientos simplificados. Esto ha permitido reducir costes administrativos y agilizar las importaciones. A pesar de que la situación está cambiando, el enorme volumen de paquetes que llegan diariamente continúa representando un reto para las autoridades aduaneras y de vigilancia de mercado.

La reflexión que hay que hacer es si estos ahorros son, en realidad, costes que se están trasladando a otros lugares: a las personas trabajadoras, al medio ambiente o a los sistemas públicos de control y regulación.

El impacto ambiental: millones de paquetes en movimiento

Cuando pensamos en el impacto ambiental de una compra, a menudo nos fijamos en el producto: de que está hecho, si es reciclable o cuánto ha contaminado fabricarlo. Pero en el caso de las plataformas de ultra low cost, una parte muy importante del impacto se genera mucho antes que el paquete llegue a casa nuestra. El transporte, la rapidez de las entregas, la producción constante de novedades y la corta vida útil de los productos hacen que la huella ambiental de este modelo sea especialmente elevada.

• Transporte. Una de las características de estas plataformas es que envían los pedidos directamente desde los centros logísticos asiáticos hasta la persona consumidora. En lugar de enviar grandes cantidades de productos a tiendas o distribuidores locales, hacen llegar millones de paquetes individuales a domicilios de todo el mundo. Este modelo multiplica los trayectos y hace que, cada día, una enorme cantidad de pequeños paquetes recorra miles de kilómetros antes de llegar a su destino. Además, una parte importante de los envíos se hace por vía aérea. A pesar de ser el medio de transporte más rápido, también es uno de los más contaminantes: transportar mercancías en avión puede generar muchas más emisiones de gases invernadero que hacerlo por barco o ferrocarril.
• • isiones. La extracción de materias primas, la fabricación, el transporte internacional, la distribución y el embalaje forman parte de su huella ambiental de un producto. Cada producto puede tener una huella muy superior a la que imaginamos.
  • Sobreproducción. En el caso de la moda, marcas como Shein han convertido la renovación constante del catálogo en el centro de su modelo de negocio y llega a incorporar miles de nuevos productos cada día. Esta oferta casi inagotable incentiva un consumo continuo y acelera el ritmo con que se fabrican, se vienen y se descartan las prendas de ropa. El resultado es un aumento de las emisiones asociadas a toda la cadena de producción y distribución, muy superior a lo que generaría un modelo basado en fabricar menos prendas, más duraderas y durante más tiempo.
  • Residuos. Los precios extremadamente bajos hacen que muchos productos sean percibidos como fácilmente sustituibles. Cuando una camiseta cuesta 3 euros o unos auriculares 5, es más probable que se reparen menos, se utilicen durante menos tiempo y se reemplacen antes. Esta dinámica contribuye a aumentar los residuos, especialmente en dos sectores muy presentes en estas plataformas: el textil y la pequeña electrónica. A todo esto hay que añadir los embalajes. Cada pedido acostumbra a llegar envuelto individualmente con bolsas de plástico, sobres, cajas, etiquetas y materiales de protección. Cuando se multiplica este embalaje por millones de paquetes diarios, el volumen de residuos generado es enorme.

  En definitiva, el problema no es solo el producto que compramos, sino un modelo de consumo basado en comprar mucho, comprar a menudo y sustituir rápidamente aquello que todavía podría continuar haciendo servicio.

  ¿Qué sabemos de las condiciones laborales?

  Una de las preguntas que más a menudo genera el fenómeno del ultra low cost es quién fabrica estos productos y en qué condiciones. A pesar de que las grandes plataformas aseguran que exigen a sus proveedores el cumplimiento de estándares laborales, numerosas investigaciones periodísticas e informes de organizaciones independientes han puesto en entredicho hasta qué punto estos controles son efectivos.

  • Jornadas laborales muy largas. En los últimos años, varios reportajes han documentado las condiciones de trabajo en fábricas proveedoras de plataformas como Shein. Entre las situaciones descritas hay jornadas laborales de 12 horas o más, muy pocos días de descanso al mes y sistemas de remuneración vinculados a la cantidad de prendas producidas. Estas prácticas no son exclusivas de una única empresa ni se pueden atribuir a todas las fábricas que trabajan para estas plataformas. Ahora bien, sí que reflejan la presión que genera un modelo basado en fabricar grandes volúmenes, renovar constantemente el catálogo y ofrecer precios cada vez más bajos.
  • Una cadena de suministro difícil de seguir. Conocer el origen real de un producto es mucho más complicado de lo que puede parecer. Las grandes plataformas trabajan con miles de fabricantes y subcontratistas, que pueden cambiar con frecuencia según la demanda. Esta complejidad dificulta la trazabilidad: es decir, saber exactamente dónde se ha fabricado un producto, quién lo ha confeccionado y en qué condiciones. También hace más difícil detectar irregularidades y exigir responsabilidades cuando se producen vulneraciones de los derechos laborales.

  • • Transparencia insuficiente. Otra de las críticas recurrentes es la carencia de transparencia. A pesar de que muchas empresas publican códigos éticos o informas de sostenibilidad, a menudo no facilitan información detallada sobre todos sus proveedores, los resultados de las auditorías o las medidas adoptadas ante posibles incumplimientos. Sin esta información es difícil que las personas consumidoras, las administraciones o las organizaciones independientes puedan verificar si los compromisos sociales se cumplen realmente.
    • Un modelo que incrementa los riesgos. Cuando una empresa exige producir más rápido, más barato y con plazos muy cortos, aumenta la presión sobre toda la cadena de suministro. En este contexto, es más probable que aparezcan jornadas excesivas, sueldos insuficientes, subcontrataciones opacas u otras prácticas que vulneren los derechos laborales.

    Por eso, detrás de un precio extraordinariamente bajo a menudo hay una pregunta incómoda pero necesaria: si fabricar, transportar y vender un producto tiene un coste, ¿quién está asumiendo la diferencia? Demasiado a menudo, esta diferencia recae sobre las personas trabajadoras, sobre el medio ambiente o sobre ambos a la vez.

    Comprar ultra barato también tiene efectos aquí: ¿qué pasa cada vez que compramos en estas plataformas?

    Más allá de los impactos ambientales y laborales en los países productores, que se pueden percibir como lejanos, a nivel local los impactos sobre la economía son muy tangibles: afectan las calles donde compramos, los puestos de trabajo de nuestro entorno e incluso los ingresos públicos.

  • • Menos negocio para el comercio local. Una tienda de barrio, una librería o una tienda de ropa tienen que asumir gastos que las grandes plataformas digitales no tienen: alquileres, personal, impuestos locales, suministros… Cuando muchas de las compras se desplazan hacia otras plataformas, el comercio local pierde facturación y tiene más dificultades para mantenerse. El resultado es una mayor homogeneización de las calles comerciales y la desaparición progresiva de comercios independientes. Pero las consecuencias no son solo económicas, también afecta la vida comunitaria: menos comercio a menudo implica menos actividad en los barrios, menos relaciones de confianza y menos espacios de encuentro.
    • Ocupación: ¿qué puestos de trabajo se crean y cuáles se pierden? Las plataformas digitales generan ocupación, especialmente en logística, reparto y almacenamiento. Pero a menudo se trata de puestos de trabajo con menos valor añadido y más presión laboral que los que desaparecen en sectores como el comercio, la reparación o la producción local. Además, buena parte del valor económico generado por las compras no se queda en el territorio. Cuando compramos en una tienda local, una parte importante del dinero se redistribuye en forma de salarios, proveedores locales o impuestos. Cuando compramos a una gran plataforma internacional, una parte mucho más grande de los beneficios marcha fuera.
    • Menos capacidad para reparar y reutilizar. El modelo ultra low cost favorece la sustitución antes de que la reparación. Si un objeto cuesta muy poco, a menudo sale más barato comprar uno nuevo que arreglarlo. Esto perjudica oficios locales vinculados a la reparación (costura, electrónica, zapatería, carpintería) y contribuye a la pérdida de conocimientos y actividades económicas que alargan la vida útil de los productos, aparte del impacto evidente en la generación y necesaria gestión de los residuos.
    • Competencia difícil para las empresas responsables. Las empresas que intentan producir con criterios sociales y ambientales o de comercio justo tienen muchas dificultades para competir con productos vendidos a precios extremadamente bajos. Cuando el factor determinante es solo el precio, las iniciativas locales, cooperativas o sostenibles juegan con desventaja. Esto puede desincentivar modelos empresariales como la economía social y solidaria, que generan ocupación de calidad y reducen impactos ambientales.

    La decisión de compra no solo afecta quién fabrica el producto, sino también el modelo económico que reforzamos.

    ¿Qué podemos hacer como sociedad?

    Ante el impacto de las plataformas de ultra low cost, a menudo el debate se centra en qué podemos hacer como consumidoras. Pero las decisiones individuales tienen un recorrido limitado si el mercado continúa premiando los productos más baratos, aunque su coste social o ambiental sea muy elevado.

    Desde el Derecho al Consumo Responsable defendemos que todas las personas tendrían que poder tomar decisiones de consumo alineadas con sus valores sin tener que asumir una carga excesiva de tiempo, dinero o información. Para que esto sea posible, hace falta que las administraciones y las empresas también asuman su responsabilidad y establezcan unas reglas del juego más justas.

    En los últimos años, varios gobiernos e instituciones han empezado a impulsar medidas para limitar los impactos del ultra low cost y favorecer modelos de producción y consumo más sostenibles.

    Medidas que ya se discuten o se están implementando:

    • Regular la moda ultra rápida. de la ultra fast fashion. Entre las medidas propuestas hay restricciones a la publicidad, obligaciones de información ambiental y mecanismos para que los productos más contaminantes asuman una parte más grande de los costes que generen.

    • Exigir más transparencia. Otra línea de actuación es obligar las empresas a informar con más detalle sobre su cadena de suministro: dónde fabrican, qué proveedores utilizan y qué medidas adoptan para garantizar el respecto a los derechos laborales y ambientales. Una información más accesible permitiría tanto a las administraciones como las personas consumidoras tomar decisiones más informadas.

    • Aplicar la responsabilidad ampliada de los productores. O lo que es lo mismo: hacer que quien pone un producto al mercado asuma los impactos. La responsabilidad ampliada del productor es un principio cada vez más presente en la legislación europea. Consiste en hacer que las empresas asuman una parte de los costes ambientales que generan sus productos, especialmente cuando se convierten en residuos. Este modelo incentiva que los productos sean más duraderos, reparables y fáciles de reciclar, en lugar de fomentar la sustitución constante.

    • Incorporar los costes ambientales en el precio. Cuando un producto es extraordinariamente barato, a menudo es porque algunos de sus costes no se reflejan en el precio final. La fiscalidad ambiental busca corregir este desequilibrio haciendo que actividades especialmente contaminantes contribuyan a financiar los impactos que generan. El objetivo no es encarecer el consumo por sí mismo, sino evitar que los productos con más impacto ambiental sean, paradójicamente, los más económicos.

    • Garantizar el derecho a reparar. Alargar la vida útil de los productos es una de las maneras más efectivas de reducir el consumo de recursos y la generación de residuos. Por eso, la Unión Europea está impulsando el derecho a la reparación, que obliga los fabricantes a facilitar piezas de repuesto, información técnica y servicios de reparación durante más tiempo. Estas medidas también pueden reforzar los oficios locales vinculados a la reparación y reducir la dependencia de un modelo basado en el comprar y tirar.

    • Reforzar los controles sobre los productos importados. El enorme volumen de paquetes que llegan diariamente a Europa hace muy difícil comprobar que todos cumplen la normativa sobre seguridad, calidad, derechos laborales o impacto ambiental. Por eso, cada vez hay más iniciativas para reforzar los controles aduaneros, exigir las mismas garantías a los productos importados que a los fabricados dentro de la Unión Europea y evitar que las plataformas compitan aprovechando diferencias regulatorias.

    La responsabilidad no puede recaer solo en las personas consumidoras. Consumir es una decisión personal, pero el mercado en el que compramos es una construcción colectiva. Si queremos que las opciones más sostenibles dejen de ser la excepción, no basta con pedir más esfuerzo a las personas consumidoras: también hacen falta normas que garanticen unas condiciones de competencia más justas y protejan tanto los derechos de las personas como los límites del planeta.

    Fuente: Opcions

Nuestra hoja de ruta ha sido elaborada por expertos de todo el mundo, desde agencias de la ONU hasta movimientos de base. Hacemos un llamamiento a los líderes políticos de todos los niveles para que la utilicen.

Vivimos en una era de escasez artificial. En un mundo más rico que nunca, aproximadamente una décima parte de la población mundial aún vive en la miseria extrema . Millones de personas no pueden permitirse suficiente comida, una vivienda digna ni atención médica básica, mientras que una pequeña minoría acumula una riqueza y un poder sin precedentes. Al mismo tiempo, las sequías, los megaincendios, las inundaciones y las olas de calor nos recuerdan que nuestras economías están llevando al planeta más allá de sus límites.

Estas no son crisis aisladas. Son síntomas de un modelo económico que ha llegado a su fin. La pobreza y la desigualdad no son casualidad; son consecuencias previsibles de las decisiones políticas: cómo diseñamos los sistemas tributarios, regulamos los mercados laborales, valoramos los cuidados, estructuramos los servicios públicos y decidimos qué necesidades y qué voces importan. Fundamentalmente, si los gobiernos pueden generar pobreza, también pueden erradicarla.

Durante décadas, la fórmula fue sencilla: impulsar la economía y la pobreza desaparecería gradualmente. Pero la promesa de que el crecimiento económico beneficiaría a todos no se ha cumplido. Mientras los ingresos nacionales aumentaban, los salarios se estancaban, el trabajo se volvía más precario y se recortaban los servicios públicos. En la cima, las fortunas se disparaban; en la base, las familias recurrían a los bancos de alimentos. El crecimiento se ha desvinculado de la prosperidad compartida.

También se ha vuelto ecológicamente insostenible. Nos acercamos a un « invernadero », donde el aumento de las emisiones y la pérdida de biodiversidad desestabilizan las condiciones que sustentan la vida humana. Alrededor del 92 % del exceso de emisiones globales de carbono se atribuye al hemisferio norte , y el 10 % más rico de la población es responsable de casi la mitad de las emisiones globales , mientras que las personas en situación de pobreza son las primeras en sufrir malas cosechas y el aumento de los precios de los alimentos. Un modelo económico que depende de la expansión ilimitada en un planeta finito no solo es injusto, sino también peligroso.

Muchos países de bajos ingresos aún necesitan crecimiento para construir carreteras, hospitales, escuelas, energías renovables y empleos dignos. Sin embargo, la vía dominante hacia el crecimiento —basada en la extracción de recursos, mano de obra barata y dócil, dependencia de las exportaciones y creciente endeudamiento— ha aumentado la desigualdad y degradado el medio ambiente. La verdadera pregunta hoy no es si el crecimiento continúa, sino qué tipo de economías estamos construyendo, a quiénes benefician y si permiten que todos vivan con dignidad dentro de los límites planetarios.

Por eso nos hemos unido para desarrollar y respaldar la “hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento”. Esta hoja de ruta ofrece diversas alternativas para superar el enfoque restrictivo de “crecimiento, impuestos y transferencias” que ha marcado las políticas durante décadas. No se trata de un plan elaborado por un puñado de expertos. Es todo lo contrario: durante más de 18 meses, más de 400 personas —organismos de la ONU, gobiernos nacionales, expertos académicos, organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, actores de la economía social y solidaria y movimientos de base, tanto del norte como del sur global— trabajaron para responder a una pregunta sencilla: ¿cómo podemos acabar con la pobreza y reducir las desigualdades sin considerar el crecimiento del PIB como la condición principal para el progreso? Más de 350 firmantes han respaldado el plan , entre ellos Jean Drèze, Pavlina Tcherneva, Tim Jackson, Bhumika Muchhala, Julia Steinberger, Ndongo Samba Sylla y Timothée Parrique.

No coincidimos en todos los detalles de las políticas. Sin embargo, nos une la convicción de que nuestras economías deben rediseñarse en torno al cumplimiento de los derechos y el bienestar colectivo dentro de los límites planetarios, en lugar de maximizar la producción a cualquier precio. Los derechos humanos no son aquí una cuestión secundaria; son el principio rector que guía nuestra forma de medir el progreso, establecer prioridades y resolver disyuntivas. La protección social y los servicios públicos son esenciales, pero no pueden compensar indefinidamente unas economías que, por su propia naturaleza, generan salarios de miseria, empleos precarios y viviendas inaccesibles.

Necesitamos cambiar las reglas desde la raíz. Esto implica, por ejemplo, trabajo decente y garantías de empleo, salarios dignos y remuneración justa, sindicatos más fuertes y democracia en el lugar de trabajo, combatir la discriminación y valorar el trabajo de cuidados, remunerado y no remunerado, del que dependen nuestras sociedades. Significa invertir en la infancia, la vivienda, la salud, la educación y el transporte mediante la provisión pública universal. Significa control público de los activos estratégicos, orientación crediticia para dirigir la inversión hacia prioridades sociales y ecológicas, y apoyo al desarrollo de la economía social y solidaria.

Implementar esta visión implica cambiar las reglas de la economía global. Hoy, los gobiernos del Sur global son criticados por no hacer lo suficiente para combatir la pobreza, mientras se ven presionados por sanciones unilaterales, acuerdos comerciales restrictivos, desigualdades en el intercambio y cargas de deuda con raíces en siglos de despojo colonial. Alrededor de 3.400 millones de personas viven en países que gastan más en el servicio de la deuda que en salud o educación. Mientras tanto, las cadenas de suministro globales permiten una vasta transferencia neta de mano de obra y recursos del Sur al Norte . La solidaridad internacional es, por lo tanto, una obligación legal y moral arraigada en la realidad histórica de que muchos países ricos construyeron su riqueza empobreciendo al Sur, mediante patrones de extracción que continúan hoy bajo nuevas formas. Una transición justa más allá del crecimiento debe incluir justicia de la deuda, mayor cooperación Sur-Sur, financiamiento climático reparador y apoyo a pisos de protección social universales, basados ​​en los principios de no dominación y autodeterminación para que los países puedan trazar su propio futuro económico soberano.

Igualmente crucial es quién decide cómo se produce esta transición. Con demasiada frecuencia, las políticas que afectan a las personas en situación de pobreza se diseñan sin tenerlas en cuenta, e incluso a veces en su contra. Cuando los sistemas de bienestar se basan en la sospecha, las sanciones y las condiciones humillantes, profundizan el estigma y disuaden a las personas de reclamar sus derechos. Quienes viven en la pobreza saben mejor que nadie cómo pueden fallar estos sistemas en la práctica. Su experiencia debe guiar el diseño, la implementación y el seguimiento de las estrategias contra la pobreza, desde los ayuntamientos hasta los parlamentos y los foros internacionales.

No partimos de cero. En todo el mundo, las luchas indígenas, la organización feminista, los sindicatos y los movimientos por la justicia climática defienden y construyen futuros alternativos basados ​​en el cuidado colectivo y los derechos territoriales. Nuevas coaliciones de Estados impulsan nuevas visiones de la gobernanza económica mundial, y los gobiernos experimentan con estrategias de lucha contra la pobreza basadas en los derechos, asambleas ciudadanas y la creación de riqueza comunitaria. La ONU y muchos socios exploran indicadores que van más allá del PIB y nuevas instituciones, como un panel internacional sobre desigualdad, para ayudar a trazar este camino.

Nuestra hoja de ruta se basa en estos esfuerzos, los conecta y los impulsa aún más. La presentamos ahora como un punto de referencia común para quienes se niegan a aceptar que la pobreza y el colapso ecológico sean el precio a pagar por la forma en que actualmente definimos el “éxito” económico. Los gobiernos y las instituciones multilaterales tienen dos opciones: persistir en un modelo fallido que prioriza el crecimiento o comprometerse a erradicar la pobreza transformando las reglas económicas que la generan.

La pobreza es un fenómeno artificial. Esa es la mala noticia, y a la vez la buena. Lo artificial puede desmantelarse y reemplazarse. Presentamos opciones concretas, respaldadas por perfiles de políticas detallados que exponen evidencia, pasos para su implementación y ejemplos reales. Hacemos un llamado a los líderes políticos de todos los niveles para que las utilicen, escuchen a los más afectados y consideren la erradicación de la pobreza, la reducción de las desigualdades y la efectiva realización de los derechos humanos como el criterio para evaluar la política económica.

• Olivier De Schutter preside el proyecto Nuevas Economías para la Erradicación de la Pobreza; Joseph Stiglitz es premio Nobel de Economía; Jayati Ghosh es profesora de Economía en la Universidad de Massachusetts Amherst; Thomas Piketty es profesor de Economía en la Escuela de Economía de París; Kate Raworth es economista en el Instituto de Cambio Ambiental de la Universidad de Oxford; Jason Hickel es economista político y profesor en la Universidad Autónoma de Barcelona.

Artículo original en inglés: The Guardian

Comunicado de RIPESS Intercontinental

Nos alegra anunciar que el artículo de opinión que acompaña la Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento ya ha sido publicado en The Guardian y Le Monde. Se trata de un artículo colectivo firmado por Olivier De Schutter, presidente de NEEP, junto con destacadas voces internacionales como Joseph Stiglitz, Jayati Ghosh, Thomas Piketty, Kate Raworth y Jason Hickel, además de más de 400 expertas y expertos de todo el mundo.

RIPESS Intercontinental ya ha firmado, reafirmando su compromiso con esta hoja de ruta colectiva para transformar las reglas económicas que hoy producen pobreza, desigualdad y devastación ecológica.

Un llamado que responde a los desafíos actuales

En un contexto de desigualdades crecientes y crisis ecológica global, las y los expertos coinciden: el crecimiento económico no ha logrado erradicar la pobreza ni garantizar el bienestar.

El mensaje es claro: la pobreza no es inevitable; es fabricada.

La Hoja de ruta para erradicar la pobreza más allá del crecimiento, co-desarrollado por más de 400 personas de la academia, el sistema de Naciones Unidas, sindicatos, movimientos de base y organizaciones de la sociedad civil, propone 80 medidas de política pública para rediseñar la economía hacia el bienestar humano y ecológico.

Leer el artículo

The Guardian: https://www.theguardian.com/commentisfree/2026/jun/10/economists-maths-growth-doomed-strategy-un-agencies-political-leaders

Le Monde: https://www.lemonde.fr/idees/article/2026/06/10/si -les-gouvernements-peuvent-fabriquer-la-pauvrete-ils-peuvent-aussi-l-eradiquer-pres-de-400-personnalites-internationales-proposent-une-feuille-de-route-concrete_6700388_3232.html

Suma tu firma y difunde

La invitación a respaldar el Roadmap continúa abierta.

Sigamos ampliando el alcance de este llamado global para transformar las reglas económicas y construir un futuro basado en la justicia social y ecológica.

Crédito de la imagen: Eleanor Shakespear/The Guardian

«El actual colapso ecológico pone en evidencia la fantasía o mito de un ‘crecimiento verde’ al que se siguen aferrando las grandes corporaciones»

Un movimiento internacional está surgiendo en torno a la idea de que el actual crecimiento económico del planeta amenaza el bienestar, la salud y los recursos naturales de los que dependemos. El capitalismo extremo personificado en las gigantescas corporaciones multinacionales, cada vez más poderosas, ha encontrado en la tecnología una aliada que aumenta aún más su influencia. El Foro Social Más Allá del Crecimiento aglutina en España a quienes apuestan por un decrecimiento económico, al objeto de que la economía se ajuste a las necesidades de la población y el planeta, en vez de usarlos como simple materia prima. 700 personas participaron el pasado mes de febrero en una sesión de este foro, entre las que estaban la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau o el investigador Fernando Valladares. Se trata de un movimiento que surge y se extiende en toda Europa. Hugo Abad es uno de sus miembros más activos y una de sus voces más destacadas.

¿Por qué hay cada vez más voces que claman por un decrecimiento económico y en qué ha de consistir exactamente ese decrecimiento?

-Hay un consenso científico creciente en torno al decrecimiento económico como mejor estrategia para frenar la crisis ecológica y las diversas crisis sociales que vivimos (acceso a vivienda y alimentación digna, precariedad laboral, crisis de cuidados, salud mental, etc.) para avanzar hacia sociedades justas y sostenibles. Los hechos muestran que una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo para alinear las sociedades con los límites ecológicos es la única vía realmente sostenible en los países de renta alta. La imposibilidad de un desacoplamiento absoluto entre crecimiento económico e impactos ecológicos al ritmo y escala necesario para frenar el colapso ecológico pone en evidencia la fantasía o mito de un «crecimiento verde», al que se siguen aferrando las grandes corporaciones y poderes económicos.

¿Por qué el capitalismo ha pasado de ser el modo de producción que hemos conocido siempre a convertirse en un modelo de destrucción ecológica masiva?

El capitalismo ha estado siempre basado en la destrucción ecológica y explotación de las personas, aunque es con los combustibles fósiles y en su fase neoliberal de las últimas décadas cuando estamos asistiendo a sus consecuencias más destructivas. Entre ellas se incluye también el giro autoritario donde formas de control y represión que hasta ahora sólo habían tenido lugar en las colonias y en estados autocráticos se dan en los centros imperiales de Europa y Norteamérica, con el fin de mantener la acumulación por parte de las élites, en un contexto de guerras por los recursos. El problema no es sólo el nivel de producción y consumo agregado, sino también qué se produce y quién controla las decisiones sobre qué se produce y cómo. Hoy se siguen produciendo innumerables cosas que están acabando con las bases de la vida y la salud planetaria y humana (armas, coches de combustión, carne de macrogranja, fast fashion, ect.) que responden a modelos empresariales extractivos apoyados por una industria del marketing dispuesta a asegurar que el valor de todo lo producido llega a buen puerto al ser comprado. El decrecimiento pone esto en cuestión, abogando por redirigir las capacidades colectivas a lo que sostiene realmente la vida, desmantelando de forma justa los sectores destructivos y potenciando los que son claves para la transformación ecosocial, como la agroecología, la rehabilitación de edificios, la regeneración ecológica, los servicios públicos, los cuidados y la instalación de renovables a escala comunitaria.

Hoy se siguen produciendo innumerables cosas que están acabando con las bases de la vida y la salud planetaria y humana (armas, coches de combustión, carne de macrogranja, fast fashion…) que responden a modelos empresariales extractivos»

Cuando se dice que existe una alternativa al capitalismo y al crecimiento, ¿en qué consiste esa alternativa?

La alternativa consiste en organizar de forma democrática la economía en torno a un enfoque público-comunitario que priorice el bienestar ecosocial con criterios de suficiencia. En este modelo, la satisfacción de necesidades fundamentales debe estar fuera del mercado, y los mercados que existan deben estar bajo criterios sociales y ecológicos que les impidan especular y explotar la vida en sus diversas dimensiones. Es por ello que, en esta alternativa, el rol de las comunidades más allá del mercado y el estado es clave, ya que son quienes habitan los territorios y hacen posible el sostenimiento cotidiano de la vida.

Dado que el gran capital está cada vez en menos manos y surgen oligopolios de proporciones hasta ahora desconocidas ¿realmente hay posibilidades reales de escapar a esta dinámica?

Hay posibilidades reales que requieren cambios profundos en la propiedad y en el control de la inversión. Sectores clave, como la energía, el transporte o la alimentación, tienen que dejar de estar en manos de accionistas que buscan el beneficio privado, y pasar a estar en favor de propiedad y gestión públicas o colectivas. A esto se debe sumar una planificación democrática que implique a instituciones, personas trabajadoras y comunidades para orientar la economía hacia la satisfacción de necesidades reales, la redistribución de la riqueza y la protección del planeta.

Muchas personas, al oír criticar al capitalismo, automáticamente piensan que se está defendiendo el comunismo. ¿Es posible acabar con este dualismo?

Los socialismos realmente existentes, como el de la URSS, reprodujeron patrones productivistas y acabaron haciendo que, el mismo proceso de acumulación, en lugar de darse en torno a los actores del mercado se diera en el marco del Estado. Las corrientes ecosocialistas han venido realizando una crítica de esta realidad, haciendo propuestas que convergen y nutren el cuerpo teórico del decrecimiento. No obstante, las influencias que recibe el decrecimiento son muy amplias, abarcando críticas que vienen desde las miradas ecofeministas, decoloniales o de defensa de los bienes comunes. Es esta la riqueza de un proyecto social y político que dice un ‘no’ claro al sistema capitalista y muchos ‘síes’ a las alternativas posibles para liberarla trama de la vida del imperativo del crecimiento y el beneficio privado.

Hay que potenciar sectores que son claves para la transformación ecosocial, como la agroecología, la rehabilitación de edificios, la regeneración ecológica, los servicios públicos, los cuidados y la instalación de renovables a escala comunitaria»

¿Pueden acabar las grandes corporaciones gobernando el planeta, con los políticos como simples intermediarios? ¿Lo están haciendo ya?

En gran medida lo están haciendo ya, sobre todo si prestamos atención a las dependencias digitales de los gobiernos e instituciones de las grandes corporaciones tecnológicas, en un escenario de expansión de las formas de poder basadas en el control de los datos y la información. Ante este preocupante escenario, urge generar formas de soberanía tecnológica y digital, y regulaciones que impidan en el corto plazo que esta tendencia continúe, aislando en último término las instituciones democráticas de la influencia de las grandes corporaciones. Para ello es esencial el apoyo a nivel internacional entre territorios y países resistiendo a esta tendencia y tratando de poner en marcha alternativas.

¿En qué consiste el Foro Social Más Allá del Crecimiento? ¿Está surgiendo una nueva conciencia o se limita solo a círculos muy reducidos?

El Foro Social Más Allá del Crecimiento es un espacio de deliberación democrática que tiene como objetivo fortalecer y expandir las alianzas entre organizaciones y colectivos que comparten un horizonte común de superación del modelo económico capitalista basado en el crecimiento. El proceso del Foro Social emerge de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que tuvo lugar en septiembre de 2025, y celebró su primera sesión en febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy, hay más de 140 entidades, redes y alianzas adheridas al proceso. La diversidad de organizaciones y colectivos que participan en el Foro Social muestra la transversalidad y la potencial capacidad de articulación en torno a una transición ecosocial justa, donde las perspectivas que van más allá del crecimiento y del capitalismo se van generalizando en la sociedad civil desde valores compartidos de justicia social y sostenibilidad ecológica. El Acuerdo Ecosocial, en el cual estaremos trabajando en los próximos 10 meses, supone alcanzar un programa común para una transición ecosocial justa en el Estado español, articulable a todos los niveles territoriales.

54. Economía campesina y feminista

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El 86% de la energía consumida en el mundo proviene de los combustibles fósiles. Este es un hecho recogido en el último informe del Instituto de Energía. Tras un periodo de desinversión, la banca privada ha incrementado la financiación de este sector en los últimos tres años y, según ha denunciado la campaña “Banca sobre el caos climático”, en 2024 invirtió, al menos, 750.000 millones de euros. La ciencia climática nos dice que el calentamiento global debe limitarse urgentemente a 1,5 ° C y, por lo tanto, reducir el uso de combustibles fósiles. Pero la banca sigue facilitando no solo la continuidad sino también la expansión de la industria que explota estos combustibles, “apostando efectivamente por el fracaso de los objetivos climáticos”, dice Klara Butz, responsable de defensa financiera de la organización Urgewald, uno de los promotores de esta campaña. “Cada nuevo proyecto hace que la vida en la Tierra sea más peligrosa”, dijo.

La financiarización y el endeudamiento global perpetúan la lógica colonial y la especulación en el sistema alimentario con los mercados futuros. Del mismo modo, en el caso de la industria fósil, los agentes especulativos –bancos, fondos de inversión… – “invierten en lo que creen que será el precio futuro del combustible, como una especie de apuesta”, ejemplifica la investigadora del Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG) Claudia Custodio. Hay múltiples factores a considerar en esta apuesta, pero actualmente el precio de los combustibles fósiles acaba siendo regulado muy a menudo por publicaciones en X o Truth Social:“con la guerra en Irán, se supone que el barril de petróleo subirá; cada vez que Donald Trump dice que la guerra ha terminado, el precio de un barril baja inmediatamente”, continúa Custodio.

Desenmascarando la transición energética

Frente al aumento de los precios mundiales, la dependencia geopolítica del petróleo que financia y perpetúa conflictos como la guerra en Irán se vuelve clara. La alternativa a esta dependencia instalada en el imaginario colectivo es la llamada transición energética. La humanidad, sin embargo, no va del uso de una energía a otra, pero todos los sistemas de generación están en constante crecimiento, y el fósil nunca ha dejado de estar en la cima de la clasificación. Según el informe del Instituto de Energía 2025, las energías renovables representan solo el 10% del consumo mundial de energía, aunque son las de más rápido crecimiento (especialmente la solar y la eólica) y en muchos países de Europa ya generan tanta o más electricidad que los combustibles fósiles.

“Es muy grave porque muchos bancos y fondos de inversión cubren sus apuestas sobre combustibles fósiles, basados en préstamos, inversiones o emisiones de acciones y bonos, al apoyar a las compañías de combustibles fósiles que presionan a los actores políticos para que retrocedan en los compromisos climáticos, debiliten las políticas de transición energética e incluso supriman la disidencia civil”, dice el activista de Urgewald, una organización alemana que lucha contra la destrucción. Según Klara Butz, el avance de las energías renovables significa que las inversiones en energía fósil corren el riesgo de convertirse en “activos varados”. «Están especulando contra nuestro futuro», concluye.

En este contexto generalizado de crecimiento del consumo de energía, por lo tanto, las energías renovables solo han aliviado parcialmente las consecuencias del cambio climático, mientras que la industria fósil continúa creciendo, aunque es cierto que registra un crecimiento más lento que hace unas décadas. Pero está claro que, a escala global, el sistema energético todavía depende del petróleo, el carbón y el gas, tres bienes comunes naturales que requieren grandes infraestructuras para ser extraídos del subsuelo y, por lo tanto, de las inversiones millonarias. Estas macroinstalaciones están financiadas por grandes fondos de inversión y bancos de inversión como JPMorgan o el Bank of America en Estados Unidos, Barclays o Deutsche Bank a nivel europeo y Santander, BBVA y CaixaBank en términos de bancos con sede en España.

Encadenado a la industria fósil

“Los bancos siguen apoyando la expansión de los combustibles fósiles porque todavía lo consideran rentable”, explica Butz, quien denuncia la falta de transparencia de bancos como Santander. Durante la gira europea que Urgewald ha hecho apuntando al banco fósil, explica el experto, “todos los bancos con los que nos hemos puesto en contacto han acordado reunirse con nosotros, excepto Santander”, que rechazó el diálogo por completo. Hay que tener en cuenta que todas estas instituciones financieras, y muchas otras, dejaron la Alianza Bancaria Net Zero de la ONU (NZBA), disuelta en octubre de 2025 a raíz de una ola de víctimas masivas. Este movimiento, vinculado al regreso de Donald Trump y su ofensiva contra las políticas ESG (ambiental, social y de gobernanza), evidencia un lavado verde estructural: los bancos priorizan evitar los riesgos políticos y legales en lugar de cumplir con los compromisos climáticos.

“Invertir en la industria fósil es extremadamente peligroso porque se basa en infraestructuras gigantescas y muy caras, como los gasoductos, que requieren un retorno económico que puede tardar hasta treinta años”, explica Clàudia Custodio. “Esto nos encadena a los combustibles fósiles”, continúa el investigador, porque una vez realizada la inversión, “los actores financieros necesitan que se extraiga y consuma gas o petróleo durante décadas solo para recuperarlo”.

Dentro de la lógica capitalista de la recuperación de capital, puede parecer justificable mantener la explotación de ciertas infraestructuras para amortizar la inversión inicial. Sin embargo, bajo el prisma del Acuerdo de París y la evidencia del agotamiento de los límites físicos de la Tierra, es indefendible continuar inyectando dinero en nuevos proyectos de extracción o expandiendo la infraestructura existente. A pesar de los compromisos climáticos, la realidad se está moviendo en la dirección opuesta: según la organización BankTrack, que controla la actividad de los grandes bancos, hay planes para lanzar nuevos depósitos equivalentes a 256.000 millones de barriles de petróleo y gas.

Y todavía hay un actor clave en este caos fósil: las aseguradoras. Las compañías de seguros son el socio invisible que permite la expansión fósil, ya que ningún proyecto puede operar u obtener financiamiento sin sus pólizas. A pesar de los discursos verdes, empresas como Mapfre, Allianz o Axa, siguen garantizando la viabilidad de la perforación dañina en el cono sudamericano (como el caso de Petrobras en Brasil). Esta práctica, además, es casi un suicidio financiero: el sector de los seguros, paradójicamente, alimenta una crisis climática que cuesta miles de millones en compensación por desastres naturales.

Un ejemplo concreto, indispensable para la vida de millones de personas, pero al mismo tiempo bastante invisible, es el del gasoducto que lleva el gas a las cocinas y calentadores de las viviendas catalanas. Se trata de la Medgaz, la macro-reed submarina de 210 kilómetros que conecta Argelia y la Península Ibérica, ya que el principal gasoducto Magreb-Europa dejó de a conflictos entre Marruecos y Argelia. Según su web, la inversión del Medgaz fue financiada principalmente por empresas privadas como Endesa, Cepsa e Iberdrola, entre otras (que invirtieron 900 millones de euros), el Banco Europeo de Financiación (500 millones) y la Unión Europea (200 millones). En 2021, la compañía española de gas Naturgy compró la mitad del proyecto gracias a los préstamos de bancos como Santander o ING o el fondo de El otro 50% de la infraestructura es propiedad de la empresa estatal argelina Sonatrach.

Este proyecto se puso en marcha en 2001, su construcción comenzó en 2008, fue inaugurado en 2011 y, según el Global Energy Monitor, comenzó a generar beneficios aproximadamente a partir de 2014. En 2021 seguía siendo objeto de una extensión. Actualmente, es un proyecto que para la empresa Naturgy genera 130 millones de dividendos al año. Más allá del caso del Medgaz, este tipo de infraestructura responde a una lógica común de proyectos a muy largo plazo. Otro ejemplo paradigmático es el Proyecto Gorgon Gas, en Australia, construido a partir de sitios que fueron descubiertos entre la década de 1980 y la década de 1990, pero no entró en funcionamiento hasta 2016, después de décadas de planificación, inversión y construcción. Proyectos de este tipo refuerzan la dependencia de los actores inversores y de los combustibles fósiles: una vez activados, requieren décadas de explotación continua para garantizar el retorno económico de las inversiones iniciales.

La primera línea de resistencia: el caso de Vaca Muerta

Según la coalición Banca en el Caos Climático, “las personas que sufren las consecuencias del caos climático y la industria de los combustibles fósiles son principalmente pueblos indígenas, comunidades negras y mulatas, trabajadores de bajos salarios, mujeres, pescadores o pequeños agricultores, que a menudo viven en la pobreza”. Klara Butz lo explica de esta manera: “El sistema financiero actual funciona como una ‘máquina de transferencia de costos’. Si bien los beneficios de la expansión de los combustibles fósiles pasan a las manos de los accionistas y gerentes, “los costos reales – la destrucción de los ecosistemas, los fenómenos extremos o la pérdida de vidas – se transfieren a aquellos que no son responsables de ellos”.

Este es el caso del proceso de resistencia a la extracción de combustibles fósiles en la región de Vaca Muerta, en la Patagonia argentina, protagonizada principalmente por comunidades campesinas y, sobre todo, por el pueblo indígena mapuche, que defienden su territorio ancestral contra la práctica del fracking, que está en plena expansión. El proyecto Vaca Muerta recibe una importante financiación de los bancos españoles, especialmente a través de préstamos para infraestructuras clave como gasoductos y gasoductos. Banco Santander es la entidad con la participación más activa y directamente y actualmente, según la revista Forbes, negocia un crédito millonario junto con grandes gigantes financieros (Citigroup y JPMorgan) para construir un nuevo gasoducto que conecta Vaca Muerta con la costa atlántica.

Fernando Cabrera, periodista y miembro del Observatorio del Petróleo Sur en Neuquén (en la Patagonia) denuncia que actualmente “se proyectan 500 pozos de fracking junto a lagos que dan agua a alrededor de un millón de personas en la Patagonia, por lo que la frontera extractiva se está expandiendo hacia las zonas costeras vírgenes, y amenaza desde las ballenas hasta el turismo local”. El modelo está diseñado desde el principio principalmente para la exportación: “a las grandes corporaciones transnacionales no les importa el consumo nacional”, añade Cabrera. Según el investigador, el gobierno argentino de Javier Milei ha liberalizado la exportación, “atando las manos para imponer cualquier tipo de control de precios”.

Comunidades como las de Vaca Muerta no solo cuestionan los impactos ambientales de la explotación de hidrocarburos no convencionales, sino también la violación de los derechos territoriales y culturales de las comunidades que los habitan, ya que muchas fincas se encuentran en terrenos que consideran propios. En Vaca Muerta, las movilizaciones, los bloqueos de acceso a la infraestructura petrolera y las acciones legales son comunes para exigir el reconocimiento de la propiedad colectiva del territorio. El conflicto implica un enfrentamiento directo con empresas energéticas, como YPF, Shell o Chevron, y con el Estado argentino, que a menudo ha utilizado mecanismos judiciales y represivos para facilitar la explotación y desalojar a las comunidades. “El día en que se firmó el acuerdo con Chevron, hubo una represión brutal para alejar a los manifestantes mientras se votaba la extracción. Esa misma noche, se quemaron casas de la comunidad mapuche que vivían donde se instaló el proyecto”, dice Cabrera.

Así, la lucha en Vaca Muerta ejemplifica un conflicto más amplio entre los modelos de desarrollo basados en el extractivismo y las formas de vida y la relación con el territorio de las poblaciones locales e indígenas. “Desde la devastación ambiental y el desplazamiento forzado hasta el atraso democrático y la reducción del espacio cívico, la expansión de los combustibles fósiles es la raíz de muchos de los desafíos globales actuales”, dice Klara Butz de Urgewald. El panorama no es esperanzador para las comunidades que resisten, los movimientos ambientales o la humanidad en general.

Según la campaña Banca en el Caos Climático, se están desarrollando 8.800 kilómetros de gasoductos y gasoductos en toda América del Sur, Central y del Caribe, 19 terminales de exportación de gas natural licuado (GNL) y 54 gigavatios de electricidad generada por gas. Toda esta expansión de los combustibles fósiles se financia desde el extranjero: el 92% de los bancos involucrados en estos proyectos que violan los objetivos climáticos multilaterales se basan fuera de la región. Entre ellos, el Banco Santander destaca como el principal financiador de la expansión del petróleo y el gas en la región de América Latina y el Caribe. “Vemos que Santander forma parte de un grupo especial de bancos que suelen organizar estos acuerdos relacionados con los combustibles fósiles. Juegan un papel crucial para hacer posible esta expansión», dice Klara Butz.

Caminos y alternativas al caos fósil

Las denuncias, acciones y litigios contra el papel de la banca en el sector fósil por parte de activistas, organizaciones ambientales y ONG son constantes, pero la iniciativa que ha ido más lejos por ahora es la demanda presentada en 2023 por la división francesa de Oxfam, Amics de la Terra y Notre Affaire à Tous contra el holding financiero BNP Paribas. denúncies, accions i litigis La iniciativa judicial, que sorprendentemente ha superado las primeras barreras procesales de admisión a la tramitación, requirió que la institución bancaria deje de financiar la industria fósil. Según varios medios de comunicación franceses, los tribunales deben analizar actualmente si la financiación de nuevos proyectos de petróleo y gas viola la llamada Ley sobre el deber de vigilancia, que obliga a las empresas a identificar y prevenir riesgos de abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente. Una convicción sería pionera en el mundo y tendría consecuencias para el resto de los bancos que invierten en proyectos de expansión fósil. Por otro lado, bancos como Deutsche Bank han recibido sanciones históricas por lavado verde.

“Si decidiéramos abandonar los combustibles fósiles a la vez, habría un cataclismo económico global, con todas las inversiones no recuperadas. Somos, literalmente, rehenes del modelo financiero”, denuncia Clàudia Custodio, de la ODG. Las energías renovables se presentan como la gran alternativa, sin embargo, si seguimos consumiendo energía con el volumen e intensidad que actualmente consumimos, tendrán impactos negativos. Según el antropólogo y experto en ecología política Jaume Franquesa, “si el modelo de distribución de energías renovables copia el modelo centralizado de producción, a través de grandes infraestructuras, combustibles fósiles, no arreglamos nada”.

Franquesa propone que una transición como tal significaría “pasar de modelos de grandes centrales a modelos a mediana y pequeña escala, acercando la producción y el consumo y sobre todo, abriendo un debate ciudadano sobre el umbral de consumo que queremos tener”, dejando de lado el paradigma de crecimiento. Para avanzar hacia este modelo alternativo, sin embargo, existen muchos obstáculos legales, y además “actualmente los gobiernos están apostando claramente por una alianza con los sectores de capital que permiten la instalación de más megavatios. Apuestan por el caballo que corre más rápido, básicamente”, concluye el antropólogo.

Sin embargo, existen iniciativas transformadoras que responden a esta desescalada y que, además, están comprometidas con la soberanía energética. Este es el caso del proyecto Luz de Todos, originado en la comunidad de San Pablo Tacaná (Guatemala) en 2018, cuando decidió “independientemente del sistema energético del terror y aprovechar los recursos disponibles en los territorios para establecer pequeñas centrales hidroeléctricas que puedan abastecer a comunidades rurales aisladas”, dice Kristian Velázquez, activista de esta comunidad y consultora de proyectos relacionados con energías renovables.

Luz de todos es una iniciativa que nace fruto de una colaboración inicial entre las comunidades locales con la Fundació l’Olivera de Catalunya y que se llevó a cabo gracias en parte a la financiación articulada a través de la cooperativa COOP57. “Si hoy ya tenemos cuatro mini-centrales en curso, es gracias a las aportaciones de muchas personas de diferentes rincones del mundo para la transformación que queremos para nuestros territorios, no solo a escala energética sino a escala económica, social, política y espiritual”, dice Velázquez. El objetivo de Luz de Todos es emanciparse del modelo energético general “utilizando, por ahora, agua, con mini centrales hidroeléctricas que tienen como principio el cuidado del río, la fauna y la flora; y también el sol, con miniparques fotovoltaicos. Se está debatiendo si se debe utilizar la energía eólica, porque podría transformar mucho el paisaje”, explica el activista guatemalteco.

“Obviamente, lo que está sucediendo en este momento con la guerra petrolera liderada por Estados Unidos tiene impactos directos en los precios de la energía en todo el mundo, y también en la mayoría de las comunidades rurales. Pero por ejemplo no está afectando aquí, en San Pablo Tacaná, porque tenemos nuestro propio sistema. Si pudiéramos, expandir este modelo de red, podríamos claramente erigir una alternativa para América Latina, con un gran impacto en los flujos internacionales de energía y recursos”, dice Velázquez.

Fuente: La directa

El ataque de Estados Unidos e Israel sobre Irán y el posterior bloqueo iraní del estrecho de Ormuz ha puesto sobre la mesa una cuenta atrás angustiante en la que vamos elucubrando día tras día cuánto nos faltará para notar en nuestras vidas la escasez de petróleo, gas natural, fertilizantes, azufre, helio o aluminio, todas ellas mercancías que salen del Golfo Pérsico a través de esa ruta y que son claves en la economía global. Vivimos con la sensación, muy real, de que tenemos muy poco tiempo para parar este sinsentido.

Pero en realidad lo más urgente en el suroeste asiático no es frenar las afecciones sobre nuestras vidas de la guerra, sino sobre las suyas: detener el genocidio palestino, la conquista del Líbano por Israel, la destrucción de Irán… Cada día que no lo conseguimos mueren decenas de personas.

Aunque, si nos ponemos a enumerar efectos en los que estamos, en el mejor de los casos en tiempo de descuento, nos salen otros de todavía mayor calado para las vidas humanas actuales y por venir, y las del resto de seres vivos: el caos climático se nos está a punto de ir de las manos y lo mismo pasa con la disrupción ecosistémica, cuya mayor expresión es la pérdida de biodiversidad masiva. Es urgente también abandonar los combustibles fósiles antes de que ellos nos abandonen fruto de su agotamiento (además de por sus afecciones ambientales, claro) y lo mismo pasa con una economía adicta a la minería de elementos cada vez más escasos.

Vivimos un momento histórico caracterizado no solo por la prisa con la que vivimos, sino especialmente por la ausencia de tiempo para realizar de manera pausada los cambios imprescindibles con los que encarar tanta crisis.

Cuando ya no hay margen, parece de perogrullo plantear que hay que correr todo lo que se pueda, pero en realidad mucho más importante que correr con celeridad es saber hacia dónde hacerlo, porque una mala elección puede ser fatal. En la crisis gigantesca y multifacética actual, las sociedades están corriendo en tres direcciones distintas.

La primera es hacia acaparar los crecientemente escasos recursos minerales y, sobre todo, fósiles. Es la descarada apuesta de EE. UU. y sus aliados. Es la opción a la que intentan obligarnos las extremas derechas (y las no tan extremas). Es una carrera por sostener los privilegios de un puñado pequeño de la población global a costa de millones de vidas cobradas en guerras, impactos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad, o el racismo institucional. Una carrera que nos lleva colectivamente –también a quienes la promueven– con mucha velocidad al desastre más absoluto.

La segunda dirección es la del desarrollo irrestricto y acelerado de energías renovables de alta tecnología, coches eléctricos, reindustrialización verde, aviones movidos por agrocarburantes, ciudades inteligentes… Esta carrera está llena de incertidumbres: ¿habrá minerales para tanto molino y placa?, ¿alcanzarán para abastecer de energía a todas las personas o solo a unas pocas privilegiadas?, ¿no aumentarán las emisiones al menos a corto plazo (no olvidemos que no tenemos tiempo) con tanta nueva actividad industrial?, ¿apostar por transiciones dependientes de grandes empresas, no reproducirá las mismas injusticias?, ¿pasaremos de tener guerras por el petróleo a guerras por los metales estratégicos para las energías renovables?, ¿tanta necesidad de nuevos minerales no expoleará la pérdida de biodiversidad, el trabajo infantil, las guerras civiles en el Sur global o incluso el consumo de combustibles fósiles para mover las máquinas que escavan, transportan, refinan, centrifugan, muelen…?, ¿fiarlo todo al desarrollo de tecnologías que todavía no existen, como buenas baterías, no será demasiado arriesgado cuando no hay tiempo?, ¿será posible alcanzar una economía realmente circular cuando el grado de circularidad actual es del 9% y las tasas de reciclaje de la mayoría de los minerales están estancadas desde hace lustros? Tal vez son demasiadas dudas para que sea la dirección hacia la que correr más conveniente.

Así que queda una tercera opción. Es mucho menos espectacular. Tiene no pocos obstáculos que salvar en forma de imaginarios colectivos, intereses económicos e inercias sociales. Pero tiene una ventaja irresistible: es una dirección segura.

En lugar de la opción suicida de la primera dirección y la, cuanto menos, incierta de la segunda, reducir de forma drástica el consumo energético y material hasta los márgenes asumibles por los ecosistemas sabemos con total seguridad que tiene efectos sanadores ante las crisis ambientales que nos atenazan. Es más, existe una sólida evidencia científica de que es una media ineludible. También está sobradamente documentado que la satisfacción de las necesidades humanas requiere de menos, de mucho menos, consumo material y energético. El consumo suntuario actual no tiene nada que ver con nuestro bienestar, sino con el mantenimiento de una economía que tiene que crecer sin parar para no entrar en crisis. Así pues, corramos hacia el decrecimiento en el consumo material y energético con todas nuestras fuerzas.

Pero corramos sumando al decrecimiento más factores, pues sabemos que vivimos en sociedades muy desiguales. Desde luego, no todo el mundo debe reducir su consumo material y energético en la misma medida. De hecho, hay quien no puede porque vive en condiciones de miseria. De este modo, requerimos de un decrecimiento diferencial: mayor, mucho mayor, para quienes más tienen. Esto tiene varios nombres. Uno es redistribución de la riqueza.

Pero hay otro tipo de imposibilidad al que se enfrenta la población de cara a poner en marcha políticas decrecentistas: como consecuencia de los entornos sociales hay consumos que nos son muy difíciles de reducir. Por ejemplo, hay personas que necesitan (de verdad, no como excusa) el coche para ir a su puesto de trabajo y no puede renunciar a ese insostenible consumo energético.

De este modo, además de decrecer y redistribuir, es necesario cambiar nuestro sistema económico. Satisfacer nuestras necesidades no a costa de otras personas o del medio ambiente, algo que hacemos a diario incluso aunque no lo queramos al transportarnos a largas distancias, ingerir comida industrial o comprar una camiseta. Cambiarlo para poner como objetivo de la economía nuestro bienestar y el del resto de personas. Esto ya está inventado y en marcha. Existen una miríada de prácticas reales englobadas al rededor de la economía solidaria que muestran como otra economía es viable en vivienda, educación, alimentación, movilidad, obtención de energía, fabricación de bienes, salud, cuidado de personas dependientes, financiación, comunicación… Si no las conoces, búscalas y llama a su puerta.

Ya hay muchas prácticas compartidas y sinergias en marcha entre el decrecimiento, la redistribución y la economía solidaria, pero es necesario repensar y profundizar esas alianzas. Por ejemplo, la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) está dándole vueltas a cómo entrelazar estas miradas. Será uno de sus ejes de reflexión en su próximo encuentro de Idearia, que tendrá lugar en Pamplona/Iruña en mayo.

En conclusión, porque no tenemos tiempo, el decrecimiento, la redistribución y la economía solidaria son la dirección más segura hacia la que correr. Trabajemos para no tropezar en el camino y acelerar nuestra marcha.

Luis González Reyes es doctor en Ciencias Químicas y miembro de Ecologistas en Acción, Garúa, Fuhem y Entrepatios, entre otras.

Fuente: Climática

Con motivo del Día Mundial por la Abolición de los Paraísos Fiscales que se celebra el 3 de abril, la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forma parte Economistas sin Fronteras, ha reclamado al Gobierno de España y a las instituciones europeas “una revisión urgente y profunda” del actual listado de donde grandes fortunas y empresas multinacionales esconden sus beneficios para evitar contribuir a los sistemas públicos de aquellos países donde obtienen sus beneficios.

Una década después de la histórica filtración conocida como Papeles de Panamá que evidenció el uso sistemático de estructuras para ocultar patrimonio y eludir impuestos, la plataforma denuncia que los avances han sido insuficientes y que persisten importantes lagunas en la regulación internacional que siguen permitiendo la evasión de capitales a estas “guaridas fiscales donde se refugian los piratas”.

“Los criterios utilizados por la Unión Europea para elaborar su lista siguen siendo claramente ineficaces y dejan fuera a jurisdicciones clave que facilitan la evasión fiscal. La lista negra comunitaria apenas incluye actualmente una decena de territorios, mientras que numerosos países con baja o nula tributación como Bahamas, Bermudas, Islas Caimán o Luxemburgo continúan operando con total normalidad dentro del sistema financiero global. Esta falta de ambición permite mantener un modelo en el que grandes fortunas y multinacionales eluden su responsabilidad fiscal”, destaca el coordinador de la plataforma, el economista Juan A. Gimeno.

Según los cálculos de la plataforma Tax Justice Network, solo en 2024 España perdió cerca de 9.400 millones de euros por culpa del abuso fiscal de las multinacionales y los grandes patrimonios. Además, la Plataforma señala la desigualdad en el sistema tributario actual, puesto que las grandes empresas llegan a pagar tipos efectivos menores que la media de la ciudadanía y son precisamente las grandes fortunas quienes mayor uso hacen estos “refugios”.

Por todo ello, la Plataforma por la Justicia Fiscal insta al Gobierno español a liderar en el ámbito europeo una reforma de los criterios de identificación de paraísos fiscales, así como a apoyar iniciativas internacionales como la futura convención fiscal de Naciones Unidas y la tasa global para gravar con un 2% anual a las grandes fortunas del planeta.

Fuente: ESF

Garantizar que los derechos humanos o ambientales no se violen durante la producción de su ropa, su móvil, el combustible de su transporte o la fruta que ha comido para un refrigerio, no es tarea fácil. Tampoco se ha hecho este informe mientras se lanzan bombas en Venezuela e Irán en nombre de la democracia y la libertad con el objetivo -explícito en el caso del ataque a Caracas- de obtener un acceso privilegiado a algunas de las últimas grandes reservas accesibles de petróleo en el mundo (Venezuela, Arabia Saudita e Irán son los países con más crudo subterráneo según la Organización de Países Exportadores de Petróleo).

El hecho de que todos puedan consumir productos responsables con el planeta y la humanidad depende, por lo tanto, de factores estructurales, económicos y geopolíticos y de las decisiones de los grandes magnates que subestiman cada vez más el derecho internacional. Aun así, la normativa internacional que regula el mercado y la actividad de las empresas multinacionales sumadas a iniciativas de observación y auditoría locales y regionales como el potencial Centro de Empresas y Derechos Humanos de Cataluña, podría permitir productos responsables a lo largo de su proceso.

Para dejar de concebirlo como una posibilidad individual y pasar a entenderlo como un derecho colectivo, es necesario colocar toda la cadena de valor de cualquier producto: desde la producción, pasando por la distribución y comercialización –y la legislación que los regula– hasta el consumo y gestión de residuos. Y es necesario tener en cuenta los impactos de cada una de estas fases en la emergencia climática, en las violaciones de los derechos humanos en comunidades y territorios y también en el aumento del precio de los bienes básicos y en las desigualdades en el acceso a estos bienes. En definitiva, sería necesario analizar muy bien cuáles son las externalidades sociales y territoriales de cada producto. Universalizar la posibilidad de consumir de manera responsable, sostenible y consciente significaría centrarse en los estados, las políticas y el mercado, no en el consumidor.

Si cumplimos con la Declaración de Derechos Humanos

Marco Aparicio, presidente del Observatorio DESCA y profesor de derecho constitucional en la Universidad de Girona, asegura que para universalizar el acceso al consumo responsable “tiene sentido conceptualizarlo como un derecho, pero estaríamos hablando de un derecho muy, muy amplio. Sería necesario desarrollar eso no es sencillo: determinar las implicaciones de este derecho, para la institucionalidad y los Estados, y qué obligaciones genera, principalmente para el ámbito empresarial”. Las implicaciones serían para los gobiernos, desde los municipios hasta los organismos multilaterales como la Unión Europea o las Naciones Unidas, e incluirían el cumplimiento, o la creación en su ausencia, de la legislación que garantice la producción y la distribución que no violen los derechos. Garantizar el cumplimiento de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, el Derecho Internacional Humanitario, los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU sería un buen comienzo.

En este sentido, Georgine Kengne, líder social de Camerún y miembro de la organización feminista panafricana WoMin -que trabaja en Sudáfrica, Zimbabwe, Madagascar, República Democrática del Congo (RDC), Nigeria, Burkina Faso y Senegal-, asegura que no se cumplan las legislaciones que existen para garantizar los derechos de las comunidades que viven en territorios perjudicados por la lógica extractivista. “Las constituciones nacionales de los países de África donde acompañamos a las comunidades hablan de proteger los derechos de las minorías étnicas, de las comunidades indígenas, pero en la práctica esto no sucede y cuando llega una empresa minera no hacen la consulta previa e informada a las comunidades, se consulta a las élites nacionales y encuentran una manera de establecerse allí”, explica el pesimista Kengne.

Tres planetas para satisfacer el “estilo de vida europeo”

Esta dinámica se repite en la mayoría de los países del Sur Global, especialmente en América Latina y África, de los cuales provienen muchas de las materias primas y productos terminados de poco valor agregado que consumimos en los países del Norte Global. Países como Luxemburgo, Suiza, Noruega, Estados Unidos o Canadá, son los más consumidos per cápita del mundo, según datos del Banco Mundial. Según aquellos que estudian la huella ecológica en profundidad a escala global, ha quedado claro que para que todo el mundo viva con el llamado “estilo de vida europeo”, se necesitarían tres mundos. Y para obtener el estilo de vida de las clases acomodadas de los Estados Unidos, cuatro.

Con esta “falta” de planetas –o exceso de consumo– es que hay lo que los antropólogos expertos en ecología política como Joan Martínez Alier llaman “déficit físico existente en el comercio internacional de países empobrecidos y pasivos ambientales asociados”, que sucede cuando algunos países exportan muchas toneladas de materias primas a precios muy bajos e importan bienes de productos terminados con poco valor añadido para valores superiores a los que han exportado. “En general, Sudamérica exporta unas tres veces más de lo que importa en toneladas, cumpliendo con la regla de San Garabato: comprar caro y venta barata”, dijo Martínez Alier en su reconocido artículo académico “Ecología política del extractivismo y la justicia socioambiental” (2015).

Según datos de Eurostat 2025, el 81,3% de las importaciones procedentes de la Unión Europea procedentes de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay) son bienes primarios (materias primas y productos mal transformados). Y según un informe del departamento de política exterior del Parlamento Europeo, más del 65% de los bienes que la Unión Europea importa desde África son productos primarios (materias primas, alimentos y energía).

Algunos ejemplos concretos: el 79% del litio que Europa necesita para su consumo de teléfonos, baterías eléctricas, etc. proviene de Chile, y el 68% del cobre de la República Democrática del Congo. Gran parte de la soja que Europa necesita para alimentar a su ganado proviene de América Latina, principalmente de Brasil y Argentina, un consumo que impulsa la deforestación y los conflictos sobre la tierra. La mitad de la ropa que importa Europa proviene aproximadamente de países como Bangladesh, China o Vietnam, y su producción tiene un alto impacto en las personas, los territorios, el medio ambiente. Con todos estos datos, de diversas fuentes, medios de comunicación e informes de entidades y centros de investigación, podemos hacernos la idea del peso de la actividad humana y empresarial que se desarrolla en nuestro consumo en el Sur Global. Es por ello que es tan importante tener en cuenta cómo se regula la reubicación.

De fábricas a plazas: reubicación

Que nuestros niños actualmente juegan en parques gigantes y van a grandes escuelas que anteriormente habían sido fábricas textiles, tiene impactos. Que hoy nuestros centros cívicos y culturales tienen sede en grandes edificios rehabilitados con paredes de ladrillo a la vista, vigas metálicas, techos altos y grandes ventanales, los llamados lofts industriales, tiene implicaciones. La externalización de la producción persigue un objetivo claro para las empresas, para ganar más dinero. Pero para las personas y territorios de los países donde se lleva a cabo, implica impactos económicos, sociales y ambientales negativos.

El proceso por el cual una fábrica se traslada a otro país para reducir costos e impactos ecológicos en Europa se llama “reubicación”, pero para los países que reciben esta actividad, este proceso generalmente se llama “atracción de capital extranjero” o “inversión extranjera directa”. No importa cuánto se venda con la idea de crear empleos, las condiciones precarias o su explotación laboral, la dependencia económica que se construye con respecto a las empresas de capital y la sede en el Norte Global y la contaminación, son los que terminan pesando más en la balanza.

Aquí debemos tener en cuenta la responsabilidad por la violación de los derechos humanos a lo largo de la cadena de valor, tanto en las empresas como en los estados de nuestro territorio, pero sobre todo en la lógica de la organización neoliberal y la externalización de los procesos de producción en cualquier parte del planeta”, dice Aparicio. A nivel europeo existen directivas (2001/23/CE y 2002/14/CE) que regulan y protegen a los trabajadores en caso de transferencias de empresas y las normas de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) y los convenios de la Organización Internacional del Trabajo también establecen claramente la responsabilidad social corporativa y las condiciones de trabajo de las empresas en el extranjero. También existe una normativa específica en las ayudas públicas que desalienta o incluso penaliza la reubicación de la producción de empresas que reciben financiación pública.

Pero la realidad se parece más a la explosión que tuvo lugar el 28 de enero en una mina de coltán en la República Democrática del Congo, específicamente en el norte de Kivu, debido a deslizamientos de tierra que causaron más de 400 muertes, incluidos trabajadores y personas de comunidades cercanas. Aunque la estructura colonial global está más que instalada, con terribles consecuencias como esta, en el actual contexto de guerra, crisis de multilateralismo y aumento de la tensión internacional geoestratégica, el Estado español, como de cierta manera la Unión Europea, posiciona cada vez más el concepto de “autonomía estratégica” o “reindustrialización”.

na de las principales consecuencias de esta externalización global de la producción y especialización productiva de los países es el transporte global intensivo. Millones y millones de mercancías viajan en barco todos los días. Según Aparicio: “a nivel ambiental, en el campo criminal, ya hay delitos ambientales, y estudios de impacto ambiental de ciertas actividades para prevenirlos. Pero está claro que algunos elementos no se aplican lo suficiente y otros aún no están articulados, por ejemplo, el kilometraje de los productos y, por lo tanto, del gasto energético”.

Caminos hacia la responsabilidad

Históricamente, una de las alternativas propuestas en el ámbito del consumo ha sido el comercio justo. Según Anna Bregolat, de la Coordinadora de Comercio Justo y Finanzas Éticas “hay productos que no dejaremos de consumir socialmente aunque no se produzcan aquí, como el cacao, el café o el azúcar”. Un tipo de consumo que no podemos separar del pasado colonial y del presente. Según el Bregolat, los impactos positivos del comercio justo son el fortalecimiento y la nueva creación de cooperativas en los países del Sur Global, la sindicalización de los trabajadores o la prefinanciación por parte de organizaciones del Norte de iniciativas productivas en el Sur. Además, en el precio de los productos de comercio justo, “también está la prima social, una donación de dinero extra, que la cooperativa del país productor debe gastar en la comunidad: en carreteras, escuelas, mercados locales para favorecer el desarrollo de la zona”, explica.

El comercio justo también está comprometido con la soberanía alimentaria y la diversificación de los cultivos, es decir, la reducción de los monocultivos característicos de las plantaciones – caña de azúcar, plátanos, algodón, soja- del modelo extractivista colonial. Dos elementos contra los que juega la actual financiarización de los productos alimenticios que favorecen la especulación alimentaria. “Estamos hablando de productos que están en los mercados futuros y, por lo tanto, hay mucha especulación”, advierte Bregolat, “si el precio baja, el comercio justo hace lo que hace es mantener un precio base”, añade. Aun así, reconoce los límites del modelo de comercio justo, como el alto costo de las certificaciones o la dificultad de rastrear cadenas desde el origen.

“Al final, se trata de pensar ¿quién puede permitirse el precio de hacer las cosas bien? Con qué normativas o reglamentos europeos, estamos animando a la producción a terminar en manos de las multinacionales. Y también es lo que sucede aquí con las licitaciones y compras públicas, solo se pueden presentar los ancianos”, dice Anna Bregolat. Y quiénes deberían ser capaces, al menos, de “pagar para hacer las cosas bien” son las administraciones públicas. El presidente de ODESCA asegura que donde actualmente hay más ruta, en este sentido, se encuentra en la contratación pública responsable: “se necesitan más campañas para una regulación que requiera que toda contratación pública, en cualquier campo, de un proveedor, sea de papel, de alimentos, de computadoras, esté sujeta a toda una serie de requisitos ambientales y de derechos humanos”. “Esta es una de las herramientas más efectivas”, dice Marco Aparicio.

Una revolución por el derecho al consumo responsable

Georgine Kengne, “lo que necesitamos es una revolución: poner la justicia y la equidad como la más básica, romper la gran brecha entre ricos y pobres”. La realidad es que las poblaciones de las regiones donde se instalan las empresas occidentales, las comunidades de los territorios vistos por el Norte Global como reservas de recursos naturales explotables, los ciudadanos de países que se han establecido como víctimas de la lógica colonial, no piensan en consumir responsablemente: piensan en defender los derechos más básicos.

Iniciativas como el Centro de Empresas y Derechos Humanos, la demanda de contratación pública responsable o el comercio justo son algunos pasos hacia la construcción de un derecho al consumo responsable. Pero, según Aparicio, “no hay derecho que pueda ser efectivo si no hay una sociedad organizada detrás de ella que presione para que sea respetada, para que sea promovida y protegida”, por lo tanto, la base de cualquier derecho es una sociedad articulada. “Debemos seguir manteniendo estructuras de defensa colectiva, en el formato del sindicato de inquilinos, que ahora avanza con la defensa del derecho a la vivienda. Movimientos estables y estructurados, lo que históricamente ha sido la clase, los sindicatos de trabajadores, que son estructuras permanentes”, desarrolla Aparicio.

La universalización del consumo responsable, por lo tanto, implica concebirlo como un derecho que obliga a los gobiernos y a las empresas a garantizar cadenas productivas justas, sostenibles y transparentes. Un desafío a largo plazo que involucra a sociedades organizadas, legislación efectiva y modelos económicos que priorizan la vida y el planeta sobre el beneficio inmediato. Así que consumir responsablemente deja de ser un lujo o una opción, y se convierte en un estándar de justicia global.

Fuente: Opcions

En 2024, el 88 % de las personas clientes finales de Oikocredit en el sector de la financiación inclusiva eran mujeres. No es una casualidad. Refleja una realidad ampliamente reconocida en el ámbito del desarrollo y la inversión de impacto: cuando las mujeres tienen acceso a financiación, conocimientos y oportunidades, los beneficios se extienden mucho más allá de la persona. Las familias están más sanas, las comunidades son más resilientes y las economías locales se fortalecen.

En muchas comunidades de bajos ingresos, las mujeres sostienen los hogares, las explotaciones agrícolas y miles de pequeños negocios. Sin embargo, siguen enfrentándose a barreras importantes, más que los hombres, para acceder a servicios financieros, a la propiedad de la tierra, a la educación o a espacios de decisión.

Desde 1975, Oikocredit trabaja para reducir esa brecha, colaborando con alrededor de 500 organizaciones locales para que las mujeres puedan construir medios de vida sostenibles y decidir sobre su propio futuro.

Por qué se celebra el Día Internacional de la Mujer el 8 de marzo

El Día Internacional de la Mujer, que se celebra cada año el 8 de marzo, tiene sus raíces en las luchas de las trabajadoras que exigían salarios justos, condiciones laborales dignas y derechos políticos.

Desde las protestas de las trabajadoras textiles en Nueva York a finales del siglo XIX hasta la creciente movilización de los movimientos de mujeres en Europa, esta jornada nació de décadas de reivindicación colectiva.

Uno de los episodios más trágicos que marcó este proceso fue el incendio de la fábrica Triangle Shirtwaist, el 25 de marzo de 1911, en el que murieron 146 personas, en su mayoría mujeres jóvenes inmigrantes. La tragedia puso de relieve las durísimas condiciones laborales que sufrían muchas trabajadoras en la industria.

El primer Día Nacional de la Mujer se celebró en Estados Unidos el 28 de febrero de 1909. La fecha del 8 de marzo se consolidó internacionalmente a partir de 1917 y fue reconocida oficialmente por Naciones Unidas en 1977.

Más de un siglo después, muchas de aquellas reivindicaciones siguen vigentes. La participación económica, la independencia financiera y unas condiciones de vida y trabajo seguras continúan fuera del alcance de miles de millones de mujeres en todo el mundo.

Por qué las mujeres son clave para un impacto social duradero

Décadas de investigación confirman lo que vemos cada día sobre el terreno. Cuando las mujeres tienen igualdad de acceso a ingresos y recursos, las economías crecen más rápido y se vuelven más diversas. La desigualdad disminuye. Las familias invierten más en educación, nutrición y salud. Y las comunidades se vuelven más resilientes frente a crisis económicas y medioambientales.

Diversos estudios internacionales muestran que las mujeres suelen reinvertir una parte importante de sus ingresos en sus hogares y comunidades. Ese efecto multiplicador beneficia a la infancia, fortalece los servicios locales y crea oportunidades para las generaciones futuras.

La experiencia en financiación inclusiva también demuestra que las mujeres empresarias mantienen altos niveles de disciplina en el reembolso de los préstamos, lo que contribuye a la estabilidad de las instituciones financieras locales.

Por eso, apoyar a las mujeres no es solo una cuestión de justicia. Es también una de las formas más eficaces de impulsar un desarrollo económico sostenible e inclusivo.

La realidad a la que se enfrentan muchas mujeres en comunidades de bajos ingresos

A pesar de su papel central, muchas mujeres siguen encontrando barreras estructurales que limitan su potencial. Entre ellas se encuentran el acceso limitado a crédito y productos de ahorro, la falta de garantías o títulos de propiedad, menores niveles de educación formal, una elevada carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados, y la exclusión de espacios de liderazgo y toma de decisiones.

En la agricultura, por ejemplo, las mujeres producen una parte significativa de los alimentos del mundo. Sin embargo, a menudo tienen menos acceso que los hombres a financiación, formación y mercados.

En las microempresas y pequeñas empresas, muchas emprendedoras se concentran en sectores informales con márgenes reducidos y mayor vulnerabilidad económica.

Estas desigualdades no solo son injustas. También limitan el potencial de desarrollo de comunidades enteras.

Invertir en Oikocredit es invertir en las mujeres

El Día Internacional de la Mujer nació como un llamamiento a la dignidad, la seguridad y la justicia económica para las trabajadoras.

Más de un siglo después, ese llamamiento sigue vivo. No solo en fábricas o en las calles, sino también en granjas, pequeñas empresas y comunidades rurales de todo el mundo.

Durante más de cinco décadas, Oikocredit ha defendido una idea sencilla: las finanzas deben estar al servicio de las personas, y no al revés.

Situar a las mujeres en el centro de nuestro trabajo no es una cuestión simbólica. Es una cuestión de eficacia, responsabilidad y visión a largo plazo.

Apoyar a las mujeres no es solo lo correcto. Es también una de las maneras más eficaces de crear un impacto social duradero, hoy y para las generaciones futuras.

Cuando inviertes en Oikocredit, contribuyes a construir un mundo más justo e igualitario.

Leer artículo completo en Oikocredit

Este 8M queremos celebrar y seguir soñando mundos feministas, igualitarios, inclusivos y pacifistas. Frente al odio, la violencia, el avance de la extrema derecha y las guerras que atraviesan nuestro tiempo, hoy más que nunca es necesario celebrar las victorias alcanzadas por la cooperación, la solidaridad y el apoyo mutuo de las luchas sociales.

Por ello, queremos poner la mirada en la reciente regularización administrativa impulsada en el Estado español, una demanda histórica lograda gracias al esfuerzo y la perseverancia de centenares de organizaciones que han denunciado durante años la violencia institucional y de género asociada a la irregularidad administrativa.

La falta de reconocimiento y de derechos laborales genera condiciones de precariedad y explotación que afectan especialmente a la población migrante. Una vez más, las mujeres se sitúan entre las más perjudicadas. Salarios por debajo del mínimo interprofesional, jornadas laborales excesivas o incluso sin regularizar son algunas de las consecuencias más visibles de esta situación de desprotección. A ello se suman otras inseguridades derivadas de la ausencia de contrato y de cotización: la imposibilidad de acceder a prestaciones por desempleo, incapacidad temporal, pensiones de jubilación o protección frente a accidentes laborales.
Y es que no puede haber trabajo digno —como defendemos desde la economía solidaria— sin las garantías mínimas para participar en el mercado laboral y sin el reconocimiento pleno de derechos. Como denunciaba Kenia García, integrante del Colectivo de Prostitutas de Sevilla y el Movimiento Regularización Ya, en nuestro último encuentro de Idearia, “la Ley de Extranjería somete a las mujeres a estar trabajando dentro de la economía sumergida, precarizada, sin derechos garantizados y con serias dificultades para conseguir una vivienda”.

En un sistema como el capitalista, donde el trabajo es la puerta de entrada a los derechos sociales, la exclusión laboral conlleva barreras de acceso a necesidades básicas como la vivienda, la salud o la educación. Estas situaciones de vulnerabilidad económica y laboral aumentan, además, el riesgo de sufrir violencia y acoso sexual, al situar a muchas mujeres en contextos de mayor dependencia y desprotección, donde el miedo a perder el empleo, a ser denunciadas o a no encontrar alternativas dificulta denunciar los abusos y perpetúa dinámicas de explotación.

Muchas de estas mujeres sostienen, con su trabajo cotidiano, un sistema de cuidados imprescindible para la vida, mientras el Estado del bienestar se debilita progresivamente. Sin embargo, lo hacen desde un sector profundamente feminizado y precarizado como es el de los cuidados. Resulta clave, por tanto, avanzar en el reconocimiento y la dignificación de los cuidados y de quienes los sostienen. Solo así podremos seguir caminando hacia una redistribución justa de estas tareas, abandonando la lógica del mercado y de la exclusión, y avanzando hacia un modelo centrado en la sostenibilidad de la vida, tal y como plantean los feminismos y la economía solidaria.

Como decía Kenia García, “Ningún trabajo empodera, lo que empodera es saberse digna de reconocimiento y de derechos”. Por eso, este 8M salgamos a las calles para reclamar y defender los derechos de todas las mujeres trabajadoras y precarizadas. Y alcemos también la voz por la paz y por el derecho a la vida y a la dignidad de las mujeres en Gaza, en Oriente Medio y en las decenas de conflictos armados que siguen activos en el mundo, donde las desigualdades de género se vuelven aún más crudas y evidentes.

Llamamos a la movilización por todas ellas, desde las urbes pero también en aldeas, pueblos y barriadas, donde en ocasiones la militancia feminista no se vive arropada por multitudes y donde, a veces, toca convivir puerta con puerta con discursos reaccionarios. Lugares en los que la afinidad quizá no adopta la forma de una colectiva formal, sino de encuentros entre personas feministas que, además, sostienen la asociación cultural, la cooperativa del pueblo o la parada del mercado local. Una colectivización intergeneracional que nace en la ruralidad y que está atravesada por la necesidad de defender con firmeza el territorio, de cuidar y preservar la memoria y los saberes, de honrar las luchas de tantas que nos precedieron. Espacios donde el feminismo y la economía solidaria no son consignas, sino prácticas cotidianas de sostén, de vida.

En todos los rincones del mundo,
por los derechos laborales, sociales, sexuales y reproductivos,
por un mundo más justo, sostenible, solidario y feminista.

Los seguros son, junto con las entidades de servicios bancarios y de crédito, uno de los pilares del sistema financiero. Según el informe El Mercado Español de Seguros 2024, los españoles gastaron de media 1.531,2 euros en pólizas durante el año. También en 2024, las inversiones del sector asegurador superaron los 320.000 millones de euros, según un estudio divulgado por la asociación ICEA. Esas inversiones se repartieron fundamentalmente en deuda pública (47%) y deuda de las empresas (20%). Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, basta señalar que equivale aproximadamente a la capitalización bursátil conjunta de las dos mayores empresas del Ibex 35 (Inditex y Banco Santander), o a cerca del 20% del PIB anual de España.

El origen de ese capital no es otro que las primas que pagan los asegurados por sus pólizas. Algo que pocas personas saben es que, hasta que necesitan rescatar en forma de indemnizaciones el dinero que han depositado en sus seguros, las compañías aseguradoras lo invierten para obtener beneficios en forma de intereses, dividendos, o por la compraventa de acciones. El perfil inversor de las aseguradoras es conservador por la necesidad de garantizar el pago de indemnizaciones a sus clientes, de ahí que casi la mitad de su inversión se destine a la deuda pública; pero no podemos dejar de señalar que ese no es el único destino de las inversiones en el sector.

La transparencia, la base de la democracia aseguradora

Una mayor transparencia por parte de las aseguradoras sobre el destino de sus inversiones y los criterios empleados en la toma de decisiones redundaría en un fortalecimiento de la confianza de sus clientas y de la sociedad en su conjunto. A su vez, una mayor confianza en el sistema financiero facilita la resiliencia del conjunto de la economía.

Sabemos que la seguridad es el principal criterio a la hora de invertir (y eso es positivo), pero el segundo criterio más utilizado suele ser la maximización del beneficio. Algunas de las actividades más lucrativas lo son, precisamente, porque externalizan sus impactos negativos. Encontramos ejemplos de ello en informes como los elaborados por Banca Armada o Insure our Future.

Tanto el alcance de los movimientos de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) como las encuestas de opinión nos muestran que determinadas políticas de inversión no cuentan con una buena valoración por parte de la mayoría de la población. Sin embargo, las entidades financieras mantienen esas inversiones mientras publicitan ampliamente cualquier acción con impacto socioambiental positivo. Junto con las energéticas, las empresas financieras son las que más recursos destinan a mejorar su imagen ante la opinión pública tras la crisis bancaria de 2008 y han sido pioneras en prácticas como el greenwashing y socialwashing.

Como reacción a las prácticas del sector financiero que desembocaron en la ya citada crisis de 2008, surgieron los movimientos de finanzas éticas, que hicieron de la transparencia una de sus principales banderas. Esta se aplica tanto a la claridad y sencillez de los contratos como a la publicación del destino de sus inversiones.

Los seguros son, junto con las entidades de servicios bancarios y de crédito, uno de los pilares del sistema financiero. Según el informe El Mercado Español de Seguros 2024, los españoles gastaron de media 1.531,2 euros en pólizas durante el año. También en 2024, las inversiones del sector asegurador superaron los 320.000 millones de euros, según un estudio divulgado por la asociación ICEA. Esas inversiones se repartieron fundamentalmente en deuda pública (47%) y deuda de las empresas (20%). Para hacernos una idea de la magnitud de esta cifra, basta señalar que equivale aproximadamente a la capitalización bursátil conjunta de las dos mayores empresas del Ibex 35 (Inditex y Banco Santander), o a cerca del 20% del PIB anual de España.

El origen de ese capital no es otro que las primas que pagan los asegurados por sus pólizas. Algo que pocas personas saben es que, hasta que necesitan rescatar en forma de indemnizaciones el dinero que han depositado en sus seguros, las compañías aseguradoras lo invierten para obtener beneficios en forma de intereses, dividendos, o por la compraventa de acciones. El perfil inversor de las aseguradoras es conservador por la necesidad de garantizar el pago de indemnizaciones a sus clientes, de ahí que casi la mitad de su inversión se destine a la deuda pública; pero no podemos dejar de señalar que ese no es el único destino de las inversiones en el sector.

La transparencia, la base de la democracia aseguradora

Una mayor transparencia por parte de las aseguradoras sobre el destino de sus inversiones y los criterios empleados en la toma de decisiones redundaría en un fortalecimiento de la confianza de sus clientas y de la sociedad en su conjunto. A su vez, una mayor confianza en el sistema financiero facilita la resiliencia del conjunto de la economía.

Sabemos que la seguridad es el principal criterio a la hora de invertir (y eso es positivo), pero el segundo criterio más utilizado suele ser la maximización del beneficio. Algunas de las actividades más lucrativas lo son, precisamente, porque externalizan sus impactos negativos. Encontramos ejemplos de ello en informes como los elaborados por Banca Armada o Insure our Future.

Tanto el alcance de los movimientos de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) como las encuestas de opinión nos muestran que determinadas políticas de inversión no cuentan con una buena valoración por parte de la mayoría de la población. Sin embargo, las entidades financieras mantienen esas inversiones mientras publicitan ampliamente cualquier acción con impacto socioambiental positivo. Junto con las energéticas, las empresas financieras son las que más recursos destinan a mejorar su imagen ante la opinión pública tras la crisis bancaria de 2008 y han sido pioneras en prácticas como el greenwashing y socialwashing.

Como reacción a las prácticas del sector financiero que desembocaron en la ya citada crisis de 2008, surgieron los movimientos de finanzas éticas, que hicieron de la transparencia una de sus principales banderas. Esta se aplica tanto a la claridad y sencillez de los contratos como a la publicación del destino de sus inversiones.

Imaginando futuros posibles para los seguros éticos

El siguiente paso para fortalecer la función social del sistema asegurador pasa por fomentar la participación de su base social en la toma de decisiones. En un sistema económico que tiende a situar a las personas en un papel pasivo (como evocaba la máxima ilustrada de “todo para el pueblo, pero sin el pueblo”), permitir la participación democrática en la toma de decisiones es un acto revolucionario.

Un cambio de tanto calado en la forma de relacionarse entre una entidad financiera y sus socias y usuarias no es lineal ni rápida. Requiere articular espacios de participación que sean realmente operativos y promover la movilización e implicación de la base social. A menudo tenemos pocos ejemplos a seguir; por eso es necesario imaginar alternativas y explorar cómo integrarlas en las dinámicas existentes. Con todo, hay motivos para el optimismo: desde el nacimiento de las finanzas éticas hasta hoy se han producido cambios significativos que permiten pensar en propuestas que hace apenas dos décadas habrían parecido utópicas.

En ese sentido, la sociedad dispone de cada vez más herramientas digitales que permiten generar espacios de participación más dinámicos y democráticos. Un ejemplo lo encontramos en los presupuestos participativos impulsados por muchas administraciones locales durante la pasada década, y que aún perviven en numerosos municipios. Entidades como la Red de Entidades Locales por la Transparencia y la Participación Ciudadana impulsan el análisis y el intercambio de este tipo de experiencias.

A partir de estos casos, resulta posible imaginar cómo trasladar sus métodos y aprendizajes para profundizar en la democratización del sector asegurador. Podemos, por ejemplo, plantearnos cómo podríamos trasladarlo a la política de inversiones de nuestras entidades, permitiendo tanto que sea la propia base social quien proponga dónde destinar una parte de los fondos como que esa misma base social pueda elegir entre las opciones propuestas cuáles se adecúan mejor a sus valores. Y esa es una de las muchas posibilidades que hoy podemos empezar a explorar.

Lo único que no podemos permitirnos es renunciar a imaginar futuros mejores para las finanzas y seguros éticos, ni dejar de innovar en modelos de gobernanza participativa. En un contexto internacional que parece dirigirse hacia modelos más autoritarios y donde se perciben retrocesos en el respeto a los derechos humanos, debemos demostrar que existen alternativas realistas y viables. Para ello, es necesario profundizar en la democratización de nuestras propias entidades e instituciones. Nos jugamos mucho en ello.

Fuente: Valor social

Gran expectación y éxito de participación han marcado el webinar internacional de presentación de un importante informe elaborado por la XES y FETS sobre finanzas feministas realizado este pasado martes 24 de febrero.

Unas 300 personas provenientes se habían inscrito a la sesión interesadas por este estudio que analiza cómo el sistema financiero tradicional ha invisibilizado históricamente a las mujeres y sus formas de organización. Basado en experiencias de Cataluña, el Estado español, Argentina, Colombia y Brasil, el estudio no solo diagnostica las barreras de acceso al crédito, sino que recoge experiencias transformadoras de todo el mundo para proponer alternativas que pongan realmente la vida en el centro.

Este informe, titulado Avanzando hacia unas finanzas feministas: Diagnóstico sobre las necesidades y retos de financiación de la economía solidaria feminista, es un paso imprescindible para entender que la justicia económica global no es posible sin una mirada feminista que rompa con las lógicas patriarcales del capital. El documento desgrana también las claves para una financiación que respete los tiempos, los cuidados y la sostenibilidad colectiva.

El diagnóstico ha sido impulsado por la XES y FETS con la colaboración de REAS-Red de Redes y la financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, y ha contado con un equipo de colaboradoras integrado por La Base (Argentina), la Mesa de Economía Feminista de Bogotá (Colombia), y SOF-Sempreviva Organizaçao Feminista (Brasil).

El informe analiza cómo las mujeres y las economías feministas continúan sufriendo exclusión financiera, dificultades de acceso al crédito e infrafinanciación de sus proyectos, especialmente en contextos populares y comunitarios. El diagnóstico demuestra cómo estas desigualdades se repiten a escala internacional, en un sistema financiero hegemónico que responde a lógicas patriarcales y de máximo beneficio, y que no reconoce los tiempos de cuidado ni las formas de autoorganización comunitaria.

Así mismo, se señalan las finanzas éticas y solidarias como una herramienta clave para transformar esta realidad, pero advierte que el sector todavía tiene camino por recorrer para incorporar plenamente la mirada feminista en sus productos, criterios y espacios de gobernanza. Entre las principales propuestas, el informe plantea rediseñar los productos financieros para que se adapten a los ritmos y necesidades de los proyectos feministas, reforzar la financiación de la ESS impulsada por mujeres y comunidades, crear alianzas estables entre redes de economía feminista y finanzas éticas, y desplegar programas de formación y sensibilización en finanzas feministas tanto para profesionales del sector como para los colectivos de base.

Aquí puedes descargarte el informe completo, así como una infografía y resumen ejecutivo.

El webinar de presentación del diagnóstico ha reunido en directo a más de un centenar de las inscritas. Conducido por Blanca Crespo Arnold, de REAS-Red de redes, durante la sesión se presentaron las principales conclusiones del informe de la mano de Nina González (FETS), Anna Fernàndez (XES) y María Palomares Arenas (coordinadora del diagnóstico). También se compartieron reflexiones sobre las principales recomendaciones y buenas prácticas destacadas en el diagnóstico con María Eva Raffoul y Sofía Tirachini, de La Base (Argentina) y con María Atienza, de REAS-Red de Redes. Y se contó con las intervenciones de las representantes de algunas de las iniciativas entrevistadas en el informe, como Neneide Lima, de la Rede Xique Xique, cooperativa especializada en agroecología de Río Grande do Norte en Brasil, y Yoraima Navarro Izquierdo, integrante de la comunidad arhuaca y de la organización Josa Constructoras de Paz de Colombia.

También se contó con la intervención de Alejandra Santillana, socióloga, investigadora y activista feminista y anticolonialista, que nos compartió el llamado a la solidaridad con compañeras ecuatorianas de YASunidos que están sufriendo la persecución política del gobierno de Noboa en Ecuador.

Fuente: fets

Históricamente, las mujeres han sido excluidas o invisibilizadas del ámbito financiero por un sistema diseñado bajo una mirada patriarcal. Para romper con esta dinámica y poner la economía al servicio de la vida, FETS – Financiación Ética y Solidaria y la XES (Red de Economía Solidaria), entidades de las que el CAB forma parte, organizan el webinar: ‘Avanzando hacia unas finanzas feministas’.

El acto servirá para presentar el diagnóstico sobre las necesidades y retos de financiación de la economía solidaria feminista. Este estudio recoge voces y experiencias de Cataluña, España, Colombia, Brasil y Argentina, centrándose en tres ejes clave:

• La exclusión financiera: Las dificultades reales de acceso al crédito en el sistema convencional.
• La mirada feminista: Cómo el sistema actual ignora los tiempos y las formas de organización de las economías feministas.
• Alternativas reales: Las soluciones y herramientas que ya se están construyendo desde la economía social y solidaria.

El objetivo de la sesión es generar un espacio de reflexión colectiva para imaginar unas finanzas que, lejos de la lógica del beneficio ciego, prioricen las necesidades de las personas y las comunidades.

 24 de febrero

COT (Bogotá) 7h
ARTE (Buenos Aires) 9h
BRT (Brasilia) 9h
CET (Barcelona, Madrid) 13h

En línea

Inscripción en este enlace

Daniela Osorio es una activista feminista uruguaya, doctora en Psicología Social, docente e investigadora. Su mirada nos invita a repensar la economía solidaria desde la sostenibilidad de la vida, incorporando la importancia de los vínculos afectivos y las relaciones. Daniela participó en los inicios de la Comisión de Economías Feministas de la XES.

Daniela, ¿cuál es la principal aportación de la economía feminista a la economía social y solidaria?
La economía feminista desde la sostenibilidad de la vida es una herramienta teórico-política que nos permite generar marcos de reconocimiento y visibilidad, particularmente en aquellas tareas y trabajos que hacen posible que la vida exista en todas sus formas. En este sentido, creo que la economía feminista ha sido clave para reconocer cuáles son esos trabajos que hacen sostenible la vida y, al mismo tiempo, también reconocer qué cuerpos los hacen posibles. Es una manera de romper con una visión productivista de entender lo económico, que aún tiene mucha fuerza dentro del movimiento.

También hablas de los componentes afectivo-relacionales. ¿Qué importancia tienen?
Para mí, una de las sinergias y aportaciones de la economía feminista ha sido justamente introducir el tema de que lo económico incluye no solo las relaciones y la materialidad, sino también los afectos. Este lugar de lo afectivo puede ser una potencia o un freno en los procesos de transformación social. Muchas organizaciones del ámbito de las economías alternativas a menudo se sostienen en el tiempo incluso cuando los números no cuadran. O al contrario, cuántas veces hemos visto proyectos colectivos muy sostenibles económicamente que se ven atravesados por conflictos relacionales que no se abordan como un problema o una responsabilidad colectiva. Hay una cantidad de tiempos que deben organizarse y hacerse visibles para poder pensar una forma de hacer juntas que ponga la vida en el centro.

¿Qué implica “poner la vida en el centro” en el día a día de una organización? ¿Cómo se traduce en prácticas concretas?
Implica repensar la cuestión de los tiempos, cuestionar y criticar esa mirada que no reconoce las dobles o triples jornadas que muchas veces se generan en estas experiencias.
Puede pensarse desde la creación de espacios de cuidado dentro de los colectivos, moderar reuniones para trabajar también el tema de los conflictos, hasta cuestiones relacionadas con la creación de espacios de ocio y de tiempo libre que permitan recomponer desde otro lugar la tarea cotidiana.
También es necesario reflexionar sobre cómo asumimos colectivamente el autocuidado: en lugar de considerarlo una cuestión externa al colectivo, se trata de pensar cómo lo integramos y cómo sostenemos, conjuntamente, los procesos necesarios de autocuidado.

En los últimos diez años, ¿has visto avances en estas “transiciones feministas”?
Sí, ha habido un cuestionamiento de las relaciones de poder jerárquicas que se dan en las organizaciones, al pensar la lógica representativa que muchas veces condiciona qué cuerpos se hacen responsables de esos espacios de decisión —a menudo masculinizados—. Creo que algo de eso se ha tensionado. También ha habido un avance en el reconocimiento de cuáles son las condiciones de sostenibilidad de la vida, en definitiva, hacer visible lo invisible. Pero para estabilizar estos avances hace falta un apoyo “macro”. En primer lugar entiendo necesario fortalecer redes de solidaridad e intercooperación global-local para hacer visibles los cambios y sostenernos colectivamente. Y por otro lado me refiero también a políticas públicas que sustenten y refuercen esas apuestas, para que no todo recaiga sobre los cuerpos de quienes han hecho posibles los avances. Sobre todo, aquellas políticas que refuercen la gestión público-comunitaria y que respeten los procesos de gestión colectiva.

¿Y qué diferencias ves entre las experiencias del Norte y del Sur global?
No tengo una visión de “todo” el Cono Sur, y por supuesto tampoco de todo el Sur. Hay una variedad inmensa de experiencias difíciles de agrupar. Pero sí puedo decir que, en términos de politización de lo reproductivo, ha habido un avance en ambos lados, en esto de pensar que el cuidado de la vida está en el centro. Después hay elementos que dependen más de la diversidad y heterogeneidad de las prácticas. Pero lo que sí diría es que no es lo mismo pensar en emprendedorías cuyas bases materiales en el Norte Global están más consolidadas, que en experiencias más informales o con mucha precariedad en sus condiciones materiales, más comunes en el Sur.

Después del Congreso de Economía Feminista de Sevilla, ¿cuál es la siguiente frontera para la economía feminista?
Hay que profundizar en eso que antes mencionaba sobre la mirada de la política afectiva, en la dimensión de lo sensible. Profundizar en herramientas que tienen que ver con poner el cuerpo, con el arte, con esa dimensión estético-política que permite conmover, que permite generar desde otro lugar. A veces no basta con marcos analíticos que nos den explicaciones racionales sobre las cosas que están pasando y cómo debemos cambiarlas; también hay algo que tiene que pasar por el cuerpo, en un sentido amplio.

Marina Reig, Miembra de la Comissió d’Economies Feministes de la XES

Esta entrevista se ha realizado en el marco del proyecto “Por unas finanzas éticas y solidarias, globales y locales en clave feminista” financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

Fuente: MeCambio en El salto

Durante casi seis años, las Naciones Unidas me han encomendado la tarea de informar sobre las soluciones más prometedoras del mundo para erradicar la pobreza. Hoy puedo afirmar con seguridad que —a pesar de lo que nos han hecho creer políticos, economistas, expertos en desarrollo e incluso las instituciones de la ONU— la respuesta no es simplemente estimular el crecimiento económico.

Como dejé claro en el informe de 2024 a la ONU sobre cómo erradicar la pobreza más allá del crecimiento: aunque históricamente se ha prometido la erradicación de la pobreza a través del «efecto goteo» o la «redistribución» de la riqueza, el crecimiento económico, en cambio, a «fluye hacia arriba» beneficiando a unos pocos privilegiados.

Vivimos en un planeta que nunca ha sido más rico. Los multimillonarios vieron crecer sus fortunas en 2 millones de dólares estadounidenses al día de media en 2024 y se espera que haya cinco billonarios en la próxima década. Sin embargo, el número de personas que todavía viven en la pobreza —alrededor de 3.500 millones según el Banco Mundial— apenas ha cambiado desde 1990.

La búsqueda interminable del crecimiento a toda costa, junto con el consumo y la producción incesantes que la acompañan, también está llevando a nuestro planeta más allá de sus límites. Desde 1973, hemos estado viviendo por encima de la biocapacidad de la Tierra: consumimos más recursos de los que se reponen naturalmente y vertemos en el medio ambiente más residuos y contaminación que los ecosistemas pueden absorber.

Como expuse en mi informe más reciente a la ONU, son las personas en situación de pobreza las que están pagando el precio —incluso con sus vidas— de la crisis climática. Durante las últimas tres décadas, más del 90 por ciento de las muertes relacionadas con el clima han ocurrido en países en desarrollo.

Seamos claros. La respuesta a este dilema no es el «crecimiento verde» —que promete que el crecimiento económico bien hecho puede ir acompañado de una reducción de su huella ecológica—. Incluso en las mejores condiciones, un creciente conjunto de evidencias demuestra que el desacoplamiento absoluto del producto interior bruto (PIB) del uso de recursos (hacer crecer la economía mientras se reducen simultáneamente sus impactos ambientales negativos) es imposible. Los avances tecnológicos simplemente no pueden compensar la naturaleza destructiva de nuestros patrones de consumo.

La búsqueda del crecimiento económico perpetuo es incompatible con la vida en este planeta. Y acabar con la pobreza no puede seguir siendo utilizado como excusa para perseguir un PIB en constante aumento, cuando este empeño, en cambio, empuja a las personas a empleos mal pagados y a menudo peligrosos para satisfacer las necesidades de la élite.

En los países de bajos ingresos todavía se requiere crecimiento para construir infraestructura pública y crear empleos dignos en la economía formal. Pero no debemos olvidar que el modelo de crecimiento actual para el Sur Global está construido sobre el saqueo de sus recursos naturales por parte del Norte Global y la explotación de una mano de obra barata en las cadenas de suministro globales.

Existe otra vía. Democratizar la economía, de modo que la toma de decisiones se comparta más ampliamente en toda la sociedad, en lugar de concentrarse en manos de una pequeña élite, podría conducir a una agenda compartida de poscrecimiento basada en políticas más redistributivas y sostenibles. Los ejemplos incluyen recompensar el trabajo según su valor social y ecológico en lugar de los beneficios que genera para unos pocos, o la cancelación de deuda para que los pagos a los acreedores no tengan prioridad sobre el gasto social.

Esto no es una teorización abstracta. La Conferencia Más Allá del Crecimiento del 26 de septiembre en Madrid es una continuación de la Conferencia Beyond Growth celebrada en el Parlamento Europeo en 2023, a la que asistieron más de 5.000 participantes. Junto con la alianza emergente de agencias de la ONU, gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, académicos, sindicatos y otros, estamos co-construyendo la Hoja de ruta para Erradicar la Pobreza Más Allá del Crecimiento, que presentaré a la Naciones Unidas en 2026. Este plan de actuación ofrecerá a los gobiernos un conjunto de medidas concretas que desvíen las economías de la maximización de beneficios hacia el bienestar humano.

Y a nivel de la ONU, siguiendo una solicitud expresada en el Pacto para el Futuro adoptado en la Cumbre de las Naciones Unidas de 2024, el secretario general de la ONU António Guterres nombró un grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Más Allá del producto interior bruto para proponer recomendaciones sobre nuevas formas de medir el progreso que vayan más allá del PIB. La Alianza Global sobre Más Allá del PIB, compuesta por más de 60 países y socios, se lanzó oficialmente en julio durante la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo en Sevilla para apoyar la aplicación práctica de estas nuevas métricas.

Las nuevas métricas son importantes, por supuesto. El PIB es una herramienta profundamente defectuosa para medir el progreso, puesto que ignora el trabajo esencial no remunerado realizado por mujeres en su mayoría en hogares y comunidades y que no tiene en cuenta los costes sociales y ambientales de la actividad económica. Sin embargo, los nuevos indicadores por sí solos no serán suficientes. Si hablamos en serio sobre erradicar la pobreza, debemos ser mucho más ambiciosos.

Debemos rechazar el mito de que el crecimiento económico equivale al progreso humano. Aunque esto pueda parecer un pensamiento radical después de casi un siglo de que nos hayan dicho que todo lo que importa es la rapidez con la que crece la economía, soy optimista de que pronto se convertirá en la corriente dominante. Porque el planeta, y sus habitantes, no sobrevivirán sin ello.

Un artículo de Olivier De Schutter -relator de la ONU sobre la pobreza extrema y los derechos humanos- para el Mundo.

El aumento del gasto en defensa se ha convertido en una constante en los últimos años. Gobiernos de todo el mundo, también en Europa, destinan cada vez más recursos a políticas de seguridad y defensa, en un contexto marcado por la inestabilidad geopolítica y la proliferación de conflictos armados. Este incremento no es solo una cuestión presupuestaria: va acompañado de un cambio de discurso que presenta el rearme como una respuesta necesaria, inevitable y ampliamente compartida.

Los datos disponibles confirman que el número de conflictos armados activos se mantiene en niveles históricamente altos. Según el Uppsala Conflict Data Program (UCDP), en 2024 se registraron 61 conflictos armados en los que participó al menos un Estado, la cifra más elevada desde que existen registros sistemáticos, en 1946. De ellos, 11 alcanzaron la categoría de guerra, con más de 1.000 muertes relacionadas con el conflicto en un solo año. Aunque no todos estos conflictos son de alta intensidad ni se desarrollan a gran escala, el dato refleja una violencia organizada persistente en múltiples regiones del mundo. Guerras prolongadas como la de Ucrania, el genocidio de Gaza o la situación en Sudán conviven con numerosos conflictos de menor visibilidad, pero igualmente sostenidos en el tiempo. Este escenario de conflictividad elevada forma parte del telón de fondo sobre el que se construyen las políticas de seguridad actuales.

El gasto militar alcanza máximos históricos

En paralelo, el gasto militar global ha experimentado un crecimiento continuado durante la última década. Según el Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), en 2024 el gasto militar mundial alcanzó aproximadamente 2,7 billones de dólares, el mayor aumento interanual desde el final de la Guerra Fría. Europa ha sido uno de los principales motores de este incremento. El gasto militar europeo creció alrededor de un 17 % en 2024, impulsado tanto por la guerra en Ucrania como por una revisión generalizada de las políticas de defensa. En el conjunto de la Unión Europea, los Estados miembros destinaron en torno a 343.000 millones de euros a defensa, acercándose al umbral del 2 % del PIB que marca la OTAN como referencia. España se inscribe también en esta tendencia. En la última década, el gasto militar se ha más que duplicado en términos absolutos y el Gobierno ha anunciado su intención de avanzar hacia el objetivo del 2 % del PIB, adelantando plazos inicialmente previstos.

Pero, más allá de las cifras, ha habido un cambio significativo en el marco discursivo que acompaña al incremento del gasto en defensa. La seguridad ha pasado a ocupar un lugar central en la agenda política, y el rearme se presenta cada vez más como una respuesta inevitable a un entorno internacional incierto, más que como una decisión política sujeta a debate. En este contexto, el aumento del gasto militar deja de ser una opción entre otras y se plantea como una necesidad derivada del contexto geopolítico, reduciendo el espacio para cuestionar prioridades o explorar enfoques alternativos de seguridad. Las implicaciones sociales, económicas y éticas queda en segundo plano.

Seguridad, competitividad y economía

El discurso de la seguridad se entrelaza además con argumentos económicos. La industria de defensa se presenta como un sector estratégico, generador de empleo, innovación tecnológica y competitividad industrial. El énfasis creciente en la seguridad y el rearme no es neutro. En el ámbito europeo, este enfoque aparece con fuerza en el debate sobre sostenibilidad y competitividad, donde se plantean tensiones inéditas, como la consideración de la industria armamentística dentro de marcos pensados originalmente para promover la transición ecológica. Este giro no es menor: implica redefinir qué actividades se consideran prioritarias, qué sectores merecen apoyo público y qué inversiones se consideran legítimas en nombre de la seguridad y la estabilidad económica.

Todo este entramado no podría sostenerse sin el sistema financiero. El gasto militar público se apoya en mecanismos como la deuda, los mercados financieros y la intermediación bancaria, mientras que la industria armamentística requiere crédito, inversión y servicios financieros para operar y expandirse.

El enfoque de las finanzas éticas frente a este escenario

En este contexto de rearme y normalización del gasto en defensa, las finanzas éticas introducen un enfoque claramente diferenciado sobre el papel del sistema financiero. Su punto de partida es que no todo es financiable, incluso cuando determinadas actividades se presentan como estratégicas o necesarias desde el punto de vista político o económico. A diferencia de la banca convencional, el modelo de las finanzas éticas incorpora criterios explícitos de exclusión, junto con criterios positivos de impacto social y ambiental. Estos criterios no se aplican de forma coyuntural, sino que forman parte de su identidad y de su gobernanza.

Uno de los elementos más claros y compartidos dentro del sector de las finanzas éticas es la exclusión del armamento. Esto incluye tanto la financiación directa de empresas fabricantes de armas como la inversión indirecta a través de fondos, bonos o productos financieros vinculados al sector. Esta exclusión se fundamenta en varios principios: la incompatibilidad del armamento con la protección de los derechos humanos, el impacto directo de las armas en los conflictos armados y la violencia; y la imposibilidad de generar un impacto social positivo a partir de actividades diseñadas para la destrucción.

El actual debate europeo sobre sostenibilidad, competitividad y seguridad plantea nuevos retos para las finanzas éticas. La posible consideración de la industria armamentística como sector estratégico, o incluso su encaje en marcos vinculados a la sostenibilidad, genera tensiones evidentes con los principios del sector. Ante este escenario, las finanzas éticas no plantean una respuesta técnica, sino política en el sentido amplio del término: reivindican que la sostenibilidad no puede desvincularse de la paz, los derechos humanos y la justicia social, y que ampliar los marcos de financiación sin revisar sus impactos supone vaciar de contenido los propios conceptos que se pretende proteger.

Desde esta óptica, las decisiones financieras adquieren una dimensión clave. Dónde se invierte, a qué sectores se destinan los recursos y qué actividades se priorizan contribuye a definir qué modelo de sociedad se refuerza y qué riesgos se asumen como aceptables. En un contexto en el que el incremento del gasto en defensa se presenta como inevitable, las finanzas éticas recuerdan que toda decisión financiera es una decisión con consecuencias. No ofrecen soluciones simples ni respuestas cerradas, pero sí establecen límites claros y abren espacios de reflexión sobre el papel del dinero en la construcción de seguridad, paz y bienestar. En ese sentido, las finanzas éticas no solo operan como una alternativa financiera, sino también como una herramienta crítica para pensar el modelo económico y social que se está consolidando.

Fuente: Valor Social

ESTADO DEL PODER 2025: Geopolítica del capitalismo
Este libro reúne la traducción al español de los artículos del reporte Estado del Poder 2025. Sus ensayos examinan el complejo y cambiante panorama del poder mundial y desafían la noción de un orden unipolar. El volumen describe un mundo fracturado por la policrisis y una nueva era de rivalidad entre las grandes potencias., que se expresa en una geopolítica estatal-capitalista.

Este libro es una herramienta esencial para comprender los nuevos mecanismos del capital y del autoritarismo, así como para fortalecer las estrategias de los movimientos sociales frente a la hegemonía.

Autores: Ilias Alami. Iqra Anugrah. Walden Bello. Nick Buxton. Jessica DiCarlo. Tica Font. Juan Lovera. Steve Rolf. Ana Saggioro Garcia. Seth Schindler. Sean Kenji Starrs. Adam Tooze. Rafeef Ziadah.

Puedes descargarlo en la página de Fuhem y también puedes leerlo online en la web de la librería Clacso

Flora Partenio es una activista lesbiana y feminista argentina, integrante de DAWN, por sus siglas en inglés (Mujeres por un Desarrollo Alternativo para una Nueva Era ) e investigadora sobre economía feminista. Su análisis nos muestra cómo la financiarización de la economía y las fallas de los sistemas públicos recaen sobre las mujeres a través del endeudamiento para los cuidados.

Flora, en Argentina habéis hecho estudios que muestran cómo las mujeres son las más afectadas por el endeudamiento. ¿Cuál es la conexión entre ser mujer, tener personas a cargo y acabar endeudándose?

Nuestros estudios cualitativos, realizados tras la pandemia, mostraron que los hogares con mayor demanda de cuidados —es decir, que necesitaban más tiempo, dinero y trabajo de cuidados— eran aquellos hogares con personas con discapacidad, niñas, niños y adolescentes, y personas mayores. ¿Y qué características tenían estos hogares? Eran monoparentales, encabezados por mujeres y mujeres trans y de bajos ingresos. Cuando cruzamos esos datos con la variable del endeudamiento, vimos que los hogares con mayores niveles de deuda eran precisamente esos.

¿Quién asume la administración financiera del hogar? Es decir, las mujeres llevan el peso de los cuidados y, si el Estado no llega, caen en el endeudamiento. Pero, ¿cómo sucede exactamente eso?

Lo que encontramos en los estudios cualitativos fue, primero, visibilizar una dimensión descuidada en los estudios sobre cuidados: la gestión monetaria de los cuidados, que implica la administración financiera y monetaria del hogar. Hablamos de tareas de gestión, administración, planificación y coordinación, pero también de la administración financiera del hogar. ¿Y quién asume esa tarea? Las mujeres. Y lo que vimos en esos hogares es que las mujeres no solo tenían una mayor carga de cuidados, sino que además presentaban los niveles más altos de endeudamiento. Y los motivos de esas deudas eran precisamente para cuidar, es decir, para atender a otra persona.

En un contexto de mucha informalidad laboral, ¿cómo acceden a ese crédito?

Hay un fenómeno difícil de detectar en las estadísticas: las mujeres crean circuitos de préstamos con tarjetas. Por ejemplo: yo soy trabajadora informal, no tengo cuenta bancaria, pero mi vecina, mi amiga o mi hermana sí la tiene y posee una tarjeta de crédito. Me la presta, y cada mes yo le paso el dinero para que pague las cuotas. Yo no soy la titular legal de esa cuenta, pero soy la titular social. Generalmente, estas redes se construyen entre mujeres.

A menudo se habla de inclusión financiera como solución. ¿Lo ves así?

No es que las mujeres estuvieran fuera del sistema financiero: muchas pasaron previamente por la formalidad. Se endeudaron por montos pequeños, con deudas que no eran para ellas —ropa, el pago de una cuota escolar, un tratamiento de salud urgente de algún familiar—, y quedaron con deudas que no pudieron saldar. Eso las expulsó del sistema formal y las lanzó al sistema informal, que es mucho más riesgoso.

Ese estrés constante por las cuentas, esa “gestión monetaria”, ¿qué efectos tiene en la salud de las mujeres?

En la dimensión psicosocial, los impactos en la salud son grandes.

Se ha registrado que la gestión monetaria y el endeudamiento afectan la salud con síntomas de ansiedad, problemas dermatológicos y enfermedades neurológicas. Nos hablaban de “llevar el peso de la deuda “en la cabeza”, despertarse en la mitad de la noche pensando en los vencimientos, lidiar en soledad con los plazos de pago, “masticar” la preocupación”.

¿Cuál es la situación con el actual gobierno argentino?

Los hogares que ya estaban en situación crítica tras la pandemia hoy, frente a la desarticulación de los programas de apoyo y los recortes en el sistema de salud público y seguridad social, muestran una crisis brutal.

Y si lo conectamos con lo digital, durante la pandemia empezó a crecer el acceso a billeteras virtuales o ecosistemas digitales de pago.

Hoy muchas mujeres están endeudadísimas con esas plataformas.

Son plataformas virtuales que penetraron profundamente en los sectores medios y populares.

Escribimos un artículo junto a Ariel Wilkis que se llama “Donde falla un derecho, nace una deuda”, porque precisamente, cuando hay una brecha en el acceso a una prestación pública de salud o de seguridad social, las familias tienen que pagar.

¿La economía social y solidaria también está en peligro?

Sí, la economía solidaria está amenazada. El Estado se ha retirado, y lo poco que se había construido con políticas locales o provinciales ha quedado desmantelado. Tenemos que pensar cómo reconstruir sin empezar desde cero cada vez que cambia el gobierno.

Hay que cuestionar estos marcos y repensar cómo reubicar la economía social y solidaria en el centro, enfrentando las miradas que la consideran “una economía para pobres”. Necesitamos diseños de futuro que permitan estructuras más arraigadas y menos frágiles.

¿Cuál es el desafío en el cruce entre feminismo, tecnología y economía solidaria?

Desde la Red de Justicia Digital Feminista trabajamos para reflexionar sobre cómo las tecnologías pueden servir a los pueblos y no a las corporaciones. Durante la pandemia vimos que las grandes empresas tecnológicas estaban preparadas: tenían infraestructura, dinero y poder. Mientras tanto, las cooperativas digitales feministas recién estaban comenzando.

Hay experiencias valiosas: una cooperativa de reparto de trabajadoras trans en Brasil, o el proyecto “We Care” en Sudáfrica, que intenta crear su propia aplicación. Pero competir con plataformas como Uber es casi imposible si no hay políticas públicas ni marcos regulatorios.

También debatimos sobre justicia fiscal feminista: las grandes tecnológicas no pagan impuestos en los países donde operan. Si esa tributación existiera, podría financiar infraestructuras digitales públicas y cooperativas, por ejemplo, para los cuidados.

¿Qué opinas del avance de la inteligencia artificial?

Hay que observar los límites ecológicos del paradigma digital. La IA se sostiene en minería de datos, extracción de litio y trabajo precario. Todo esto tiene una materialidad, y muchas veces se instala en territorios del Sur Global: zonas de sacrificio, desplazamiento de poblaciones y contaminación. Decimos que existe un “pacto patriarcal con el capitalismo digital”: la inteligencia artificial se sostiene sobre trabajo invisible, mal pagado, muchas veces realizado por mujeres migrantes.

Por eso necesitamos regulaciones transfronterizas y una mirada feminista de la geopolítica tecnológica.

Flora, dinos algo bonito: ¿cómo seguir ante este panorama?

Con internacionalismo, pero no solo de palabra: de práctica. El cara a cara sigue siendo insustituible. Debemos reabrir conversaciones globales sobre deuda, cuidados y justicia ecológica, y escuchar las experiencias de Asia, África y América Latina.

Durante la pandemia impulsamos la campaña “Feministas por el acceso a una vacuna popular”, articulando organizaciones de salud y derechos humanos para denunciar el monopolio de las patentes. Ese tipo de alianzas son el camino: conectar luchas, tejer estrategias y sostener los espacios donde ya avanzamos.

No es momento de retirarse: es momento de sostener presencia, resistir y reconstruir.

** Esta entrevista se ha realizado en el marco del proyecto “Por unas finanzas éticas y solidarias, globales y locales en clave feminista” financiado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD).

Fuente: Mecambio en El salto

Recopilación internacional de 17 working papers
Las políticas locales de ESS al servicio de la transición socioecológica reúne diecisiete working papers que responden a un llamado a contribuciones lanzado por el grupo de trabajo «Investigación» del GSEF. Procedentes de todos los rincones del mundo, estos trabajos ofrecen una panorámica de diferentes políticas públicas locales, directas e indirectas, de apoyo a la economía social y solidaria. Las escalas varían, por ejemplo, desde pequeños municipios (El Hoyo) hasta ciudades más grandes (Burdeos, Grenoble, Montreal). Los textos también identifican contextos en los que las políticas locales se derivan de políticas elaboradas en niveles superiores, como las políticas provinciales (Gangwon) o nacionales (Marruecos, Haití). Por último, los ejemplos muestran la gran diversidad de la ESS, que abarca desde un festival cultural en una zona rural (Italia) hasta bancos comunitarios y municipales (Brasil). Esta recopilación multilingüe reúne textos redactados en inglés, español y francés, y destaca los procesos de (co)construcción de políticas locales a través de experiencias de institucionalización de la economía social y solidaria, que a veces son fruto de la colaboración con los actores locales y otras veces de la apropiación política.

Coordinación : Timothée Duverger (Sciences Po Bordeaux) y Marguerite Mendell (Karl Polanyi Institute)
Publicado por el GSEF en octubre de 2025.

Un modo de repensar la eclosión de la Economía Social y Solidaria (ESS) en las primeras décadas del presente siglo reside en la posibilidad de hacer realidad la utopía de un mundo mejor. Ello consiste, en hacer de la solidaridad una práctica permanente y sostenible en un mundo donde la lógica voraz del mercado impone un modelo de sociedad sustentada en la barbarie, antítesis de la civilización. Tal contradicción, donde el capital se ha convertido en motivo de pleitesía, convierte a la EES y a su apuesta por la solidaridad, en una ingenuidad.

Cuando hablamos de ingenuidad, esta se relaciona con la capacidad mutable del capitalismo como sistema, que cuenta con más de quinientos años de existencia, un periodo breve si lo comparamos con la evolución humana. El llamado “descubrimiento” de América, con la llegada de las naves de Colón, no fue más que la idea romántica de una empresa que buscaba superar la crisis del naciente capitalismo, urgido de nuevas rutas comerciales para obtener fuentes de capital. Esa necesidad sentó los antecedentes más remotos de la batalla entre civilización y barbarie: la imposición extrema de la violencia contra las comunidades originarias del “Nuevo Mundo”, que aún practicaban formas de asociación basadas en el trueque y el intercambio de productos para distribuir los resultados de su producción. Puede afirmarse que la conquista y la colonización, con la consiguiente expoliación de los recursos naturales y humanos de América Latina y el Caribe, constituyen el punto de partida de esa ingenuidad. La expresión de José Martí, al señalar que con la independencia de estas naciones la colonia continuó viviendo en las repúblicas que surgieron, sentó las bases primigenias de la ingenuidad de creer posible romper radicalmente con el subdesarrollo mediante la alianza solidaria entre los próceres de estos procesos libertarios.

Un momento de inflexión de esa ingenuidad se ubica en la década de los noventa, con la desaparición del campo socialista y la imposición de la unipolaridad capitalista. La ideología neoliberal, como expresión del reajuste del capital financiero, volvió a evidenciar la capacidad de adaptación del imperialismo en un nuevo contexto, donde la izquierda latinoamericana y caribeña había impulsado diversas alternativas socialistas o democráticas durante los años setenta y ochenta del siglo pasado. Chile y Granada fueron ejemplos paradigmáticos.

Ante la crisis que provocó estas salidas anticapitalistas, surgieron otras opciones “mágicas” del neoconservadurismo, con epicentro en Europa, frente a la crisis financiera global y la denominada burbuja financiera. Estas respuestas generaron mecanismos innovadores. Esta capacidad de resiliencia, como un “organismo social”, ha convertido los periodos de crisis en el contexto ideal para autorregularse. Cuando las crisis no existen, el capitalismo las crea. La guerra en Ucrania es la más reciente de sus derivaciones para recircular el capital. El estímulo de otros conflictos en distintas regiones del mundo, que derivan en nuevas crisis “civilizatorias” —a partir del enfrentamiento entre Rusia y Europa, sumando a China como potencia— ha demostrado a lo largo de la historia la ingenuidad de la solidaridad. Optar por una economía orientada a la rentabilidad a corto plazo como indicador de riqueza o crecimiento material obliga a los movimientos sociales “antisistémicos” a regresar al periodo cervantino, con la metáfora de los molinos de viento del Quijote.

Esto último se traduce en la reestructuración de la izquierda, que atraviesa una crisis en sus postulados ideológicos de base. Este fenómeno ha ocurrido en uno de sus escenarios por excelencia: América Latina. En comparación con la expoliada y fragmentada África, esta última ha mostrado un ejemplo de unidad solidaria. Sin embargo, en la última Cumbre de Países Iberoamericanos, donde no asistió la mayoría de los jefes de Estado y de Gobierno, marcó el clímax de una fractura que debilita las bases de muchas iniciativas de ESS. En casos como Brasil y Ecuador, estas iniciativas han reducido su alcance, con impactos que contradicen los argumentos utilizados para sostener su supuesta ingenuidad.

Por otra parte, la derecha política también se reacomoda a esta situación, con un reajuste hacia el centro similar al que experimenta la militancia de izquierda. Hoy es posible afirmar que las divisiones entre izquierdas y derechas han llegado a su fin. Con asombro, las ideologías se “pintan de colores”, como el ambientalismo político o los feminismos negros. Al igual que las crisis económicas, la política ha ido perdiendo credibilidad social. No obstante, la izquierda, en su intento por mantenerse, recurre a medios alternativos para sobrevivir en un escenario de relativa hegemonía neoconservadora, mientras persiste la bipolaridad, visible en los BRICS o en la supremacía de China en asuntos económicos y de seguridad militar.

Ante un contexto global, la ESS persiste como una alternativa que apuesta por la solidaridad, especialmente para los más desposeídos. Desde la ciencia económica, demuestra una praxis que genera utilidad social y valores humanos, potenciando principios positivos como resultado de un desarrollo integral. Este se traduce en iniciativas como ferias del libro solidarias, finanzas éticas o comunidades energéticas, que buscan deconstruir las narrativas que presentan la solidaridad como ingenua y la asocian con inmovilidad y pesimismo social.

La ESS, más allá de variantes como la Economía Naranja, la Economía del Conocimiento o la Economía Circular, incorpora un valor agregado esencial: la solidaridad. Esta surge de sus resultados, cuyo impacto puede generar transformaciones estructurales a nivel comunitario, territorial y global. Uno de los ejemplos más relevantes es el cooperativismo como modelo empresarial, que actúa como reservorio de principios orientados al mejoramiento humano. Este enfoque lo aparta radicalmente de la tradición que concibe la empresa únicamente como productora de mercancías. En el cooperativismo también se sientan las bases de un sujeto de “nuevo tipo”, un “sujeto orgánico” que supera con creces la supuesta ingenuidad atribuida a la Economía Social y Solidaria. Este nuevo sujeto, desde el empresariado cooperativo, constituye un capital que ofrece recursos y servicios en función del bien social, un bien que posee un alto valor agregado expresado en la solidaridad, el bien común y el voluntariado.

El modelo socialista cubano encontró en el cooperativismo, inicialmente asociado al ámbito agrario, una de las vías para lograr una distribución más equitativa de los resultados de la producción entre sus asociados y la sociedad.

Sin embargo, la apuesta por un cooperativismo no exclusivamente rural, más allá de su carácter empresarial, busca maximizar la solidaridad mediante la responsabilidad social cooperativa. Este esfuerzo no está exento de grandes obstáculos, como los impuestos por una economía en crisis, agravada por un entorno de creciente hostilidad externa debido al bloqueo, y por la falta de experiencia práctica en la concepción e implementación de formas de gestión cooperativa más efectivas y eficientes. Sin que ello implique falta de voluntad institucional, parece que Cuba constituye más un ejemplo de la ingenuidad de concebir la empresa cooperativa como un actor económico de peso para superar la crisis.

Apostar por la solidaridad en un entorno capitalista, donde la batalla entre barbarie y civilización se inclina a favor de la primera, convierte a la EES en una opción valiosa para equilibrar la balanza. Esto resulta clave cuando se busca edificar un modelo civilizatorio basado en el conocimiento, en un mundo interconectado por la virtualidad, donde las ideologías y las alternativas solidarias han persistido frente a crisis globales como la escasez de energía o alimentos.

Aunque Europa, considerada modelo por excelencia de la cultura de élite y del progreso, no escapa al anquilosamiento del pensamiento de izquierda, diversas iniciativas logran avanzar y desafiar la supuesta ingenuidad atribuida a la EES.

A modo de conclusión, la supuesta ingenuidad de la EES cobra sentido en modelos como los de España y Cuba. Aunque presentan enfoques de desarrollo diferentes, fenómenos sociales como la drogadicción, la violencia o la prostitución —especialmente entre mujeres y jóvenes— constituyen un flagelo común que plantea retos enormes. Estos desafíos pueden y deben enfrentarse mediante la cooperación de todos los actores sociales, políticos y económicos.

La Economía Social y Solidaria, generadora de empleo, conocimiento y servicios, convierte en realidad el axioma de que un mundo mejor es posible, donde prevalezca la necesidad de ser más solidarios y de actuar por el bien común para garantizar nuestra supervivencia como especie.

Fuente: Escuela Economía Social

Probablemente no te suenen sus nombres, pero son los dueños invisibles de casi todo. O lo han sido en algún momento, porque lo que controlan son las materias primas con las que se fabrica prácticamente cualquier cosa. Mueven miles de millones de euros al año, pero no hacen publicidad ni grandes lanzamientos. Pero deciden dónde y cómo se producen desde cereales, aceite de palma o café, pasando por el petróleo, los metales o el algodón. Y, sobre todo, controlan a qué precio se vende.

El intercambio de materias primas nació en la antigua Mesopotamia hacia el año 4.000 antes de Cristo, con pequeños trueques entre diferentes productores. Sin embargo, no sería hasta el siglo XIX cuando empezarían a crearse empresas similares a lo que son hoy las intermediarias, grandes compañías cuyo principal papel es mover las materias primas de un lugar a otro. Una de las primeras fue Bunge, fundada en 1818, y que hoy en día es una de las empresas con mayor control global sobre el comercio de cereales, oleaginosas y azúcar, entre otras.

En España, por ejemplo, Bunge monopoliza, junto a Cargill, las importaciones de soja desde América destinadas a la fabricación de piensos para la industria cárnica. Tras Bunge nacerían Louis Dreyfus (1851), Cargill (1865) y Archer Daniels Midland (1902), que completan el grupo de las ‘ABCD’ de la industria agrícola, como se las conoce por el gran poder que tienen sobre el mercado. Se calcula que estas cuatro empresas controlan entre el 50% y el 60% de los cereales, oleaginosas y semillas proteicas comerciadas a nivel mundial.

Pero las materias primas agrícolas no son las únicas que están en unas pocas manos. Prácticamente cualquier commodity, como llaman los anglosajones a estas materias primas poco procesadas, está controlada por cuatro o cinco empresas, a veces incluso menos. Uno de los ejemplos más drásticos es el de los metales, muchos de ellos fundamentales en la digitalización y la transición energética. Así, tres empresas —Glencore, Trafigura y Vitol— manejan buena parte del comercio global de cobre, zinc, plomo o aluminio. Glencore es probablemente la más significativa ya que se calcula que ha llegado a controlar el 50% del mercado mundial de cobre y el 60% de zinc, aunque, al igual que el resto de intermediarias, los datos que suelen proporcionar sobre sus operaciones son escasos.

El poder de estas empresas sobre los mercados es enorme. Y ni siquiera necesitan ser una de las grandes para poder trastocar sus precios. Un ejemplo es la empresa de inversión Armajaro, quien en 2010 compró más de 240.000 toneladas de cacao en un solo día, el equivalente al 7% de la producción mundial, disparando los precios a sus valores más altos desde los años 70. La empresa pretendía así guardar la materia prima para venderla cuando los precios estuvieran más altos, una estrategia habitual de las intermediarias para ganar dinero.

Las intermediarias establecen, además, los estándares de producción de las materias primas y cuáles serán sus impactos sociales y medioambientales. Así, la mayoría de estas empresas se ha visto envuelta en escándalos de trabajo infantil, deforestación o contaminación de aguas, entre otros. Una de las más polémicas es Cargill, empresa que fue considerada por la ONG Mighty Earth como la “peor empresa del mundo” debido a sus políticas “totalmente evitables”, que incluyen niños trabajando en plantaciones de cacao, personas enfermas tras consumir carne contaminada de la compañía, indígenas desplazados y selvas deforestadas para dedicar esos terrenos a la alimentación de los animales de Cargill.

Fuente: El salto

Paracetamol es una palabra que surge varias veces en las conversaciones. A modo de receta mágica o de capa de invisibilidad. Toma un paracetamol y estarás bien. La salvación para todo.

Dolores, fatiga, cansancio, lesiones musculares, depresión, heridas, agotamiento, malestar. Paracetamol. Este medicamento pertenece al grupo de los llamados analgésicos y antipiréticos y es parte de la vida de muchas trabajadoras de cuidados y del hogar, casi su único asidero cuando van al centro de salud.

“Algunas mujeres sufren de los pulmones y les dicen que es por tabaquismo, pero no fuman, es por los productos químicos que les obligan a usar sin protección. Y si dices algo pues contestan que así se ha hecho toda la vida. También tenemos dolor de articulaciones, de manos y pies, porque hacemos movimientos repetitivos, como lavar, planchar, y siempre lo mismo; las manos sufren porque van de situaciones calientes al frío del agua. Y eso se hace a diario, no hay descanso, todos los días. También tenemos lumbalgias por mover a personas mayores y es fácil hacer un mal movimiento”, detalla Elizabeth Gutiérrez, trabajadora de cuidados y del hogar e integrante del colectivo Mujeres con Voz, con sede en Getxo, una de las poblaciones más ricas del País Vasco, la octava de España.

Este empleo, socialmente reconocido como esencial, no tiene acreditada ningún tipo de enfermedad profesional. No existen bajas laborales, lo que se traduce en falta de derechos.

“Es complicado que nos den la baja, te dicen toma paracetamol, sal con tus amigas y no te encierres mucho. Son pocas la que van al médico”, continúa Gutiérrez, que describe por teléfono una retahíla de malestares y de soluciones inverosímiles: “Dolores de cabeza, depresión, ansiedad; se sufre mucho de estar encerrada y hacer siempre lo mismo; incluso dejas de hablar y vives en modo automático. Y vas al médico y te dicen que trates de estar distraída; y te mandan a hacer yoga, natación, ¡pero si no tienes tiempo! Y tampoco te atreves a hacer cosas sola; es difícil porque se siente que no sabes hacerlo y si dices que no sabes la gente te trata como tonta, así que para evitar eso no lo haces. O a lo mejor no sabes nadar, o no lo te lo puedes permitir económicamente o por los horarios”.

Las enfermedades que sufren estas trabajadoras sí que se consideran profesionales en otros sectores. Según relata Oxfam Intermón en el informe ‘Trabajo invisible, cuerpos rotos. Radiografía del trabajo de hogar y de cuidados en España,’ se debe a que las enfermedades laborales se tipifican por profesiones, no por tipo de dolencia. Esa ausencia acarrea que sus bajas sean por enfermedad común, lo que afecta a la cotización, por extensión a la jubilación, y dificulta lograr una incapacidad laboral.

“Muchas veces trabajamos con personas que tienen un alzhéimer muy avanzado, pero permanecen en el domicilio. Y es una persona a la que tienes que hacer todo, sostienes su vida, tienes que moverla, saber manipularla; es un cuerpo muerto que provoca lumbalgias fuertes. Y se nos niega la baja, solo nos dan paracetamol. Hay compañeras que tienen averías para toda la vida”, describe por teléfono María Juncay, trabajadora de cuidados y parte de Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias.

Desde Oxfam Intermón, Gotzone Olarra explica que el real decreto que regula la protección de la seguridad y la salud tiene una mención al trabajo doméstico en el cuadro de enfermedades profesionales, pero, en realidad, cuenta, no las tiene reconocidas porque se entiende que el riesgo de enfermar por inhalación de químicos, por contagio, por movimientos de repetición o carga es inferior a otras profesiones. “Cuando una trabajadora enferma, se trata como enfermedad común, aunque se hayan contagiado cuidando a una persona enferma o se hayan cronificado sus lesiones derivadas de las cargas, de los movimientos. Eso por no hablar del estrés, la ansiedad, la depresión común muy especialmente en las trabajadoras internas”, añade Olarra.

Estrés y depresión son otras palabras que, además de paracetamol, salen en las conversaciones. Melva Rodríguez, antigua militante de Emakume Migratu Feministak Sociosanitarias, recuerda que la ausencia de bajas implica que no hay servicios terapéuticos: “Cogían mi tarjeta y venga analgésicos para el dolor, cada vez más y más fuertes; y si tienes ansiedad, estrés, alteraciones a la salud mental, te dan ansiolíticos y que sigas con tu vida. Te dan medicinas y que bajes el ritmo de trabajo, pero eso no se puede”. Y Gutiérrez añade: “Es una rueda, te dicen que descanses, que no es para tanto, pero no puedes descansar, porque si exiges descanso en el trabajo lo puedes perder”.

Según datos del Ministerio de Trabajo, en 2023 las lesiones más frecuentes en este sector reconocidas con baja médica, no laboral, fueron dislocaciones, esguinces y distensiones (43,48 por ciento), heridas y lesiones superficiales (23,56), fracturas de huesos (18,77) conmociones y lesiones internas (6,5 por ciento).

“Estamos hablando de las mujeres que ocupan en la casa el lugar de otra mujer que asumía todos esos trabajos sin cobertura de ningún tipo, sin que nadie lo considerara riesgoso o causante de enfermedad. De hecho, la trabajadora tendría que demostrar que la enfermedad es producto de su trabajo remunerado y no del no remunerado que pueda estar realizando en su propia casa, aunque en aquel esté sometida a mayor presión y, como consecuencia, a mayor riesgo. Reconocer enfermedades laborales significaría asumir el coste de las bajas, pero más allá de eso, obviamente, tiene que ver con la desvalorización del trabajo de hogar y cuidados. Reconocer enfermedades profesionales significa reconocer el esfuerzo que conlleva este trabajo, reconocer que requiere una serie de habilidades y conocimientos que hay que entrenar, reconocer su esencialidad y su lugar en la sostenibilidad de la vida y del sistema”, añade Olarra por correo electrónico.

La campaña Sin nosotras no se mueve el mundo, lanzada en el último trimestre de 2024, buscaba el reconocimiento de las enfermedades profesionales y el cuidado de la salud laboral en los trabajos de hogar, cuidados, limpieza y camareras de piso. Desde entonces, pocos avances: “Hemos dedicado nuestra vida a cuidar de otras personas, a limpiar para otras personas y llegamos a los 40 o 50 años con cuerpos con los que ya no podemos trabajar al mismo ritmo. La falta de reconocimiento de nuestras enfermedades profesionales nos impide el acceso a una pensión digna”, recogía la campaña lanzada por Kellys Unión Madrid y Territorio Doméstico.

Vivir con dolor es una realidad para las miles de trabajadoras de cuidados y del hogar. Una encuesta de Oxfam Intermón, recogida en su citado informe, apunta que el 90,6 por ciento de las empleadas expresaron haber sufrido dolores musculoesqueléticos durante el último año; un 28,1 por ciento haber sufrido problemas en la piel, tales como eccemas, sarpullidos, o quemaduras; y un 16 refirió problemas respiratorios por inhalación de productos de limpieza.

Los dolores no son solo físicos. La misma encuesta recoge que un 61,2 por ciento afirma haber sufrido sobrecarga psíquica o emocional en el último año, estrés en un 65,5 por ciento de los casos, insatisfacción en un 49, ansiedad en un 59,2, depresión en un 36,6 y baja autoestima en un 29,5 por ciento. “No tenemos tiempo para descansar, para ir a espacios organizados, formarnos. Es una cárcel, te quitan la libertad, no puedes tener un proyecto de vida, te vuelcas en tener una relación laboral”, lamenta María Juncay, que trabajó 15 años como interna con una persona con alzhéimer.

Porque, más allá de las enfermedades, muchas de estas trabajadoras continúan con jornadas imposibles: total disponibilidad. En España hay 565.718 trabajadoras de cuidados y del hogar, de las que más de 38.000 están en régimen de internas, es decir, que trabajan donde viven y conviven sus jefes y empleadoras, según datos del segundo trimestre de 2024 de la Encuesta Población Activa y recogidos por Oxfam Intermón. Gotzone Olarra recuerda que la legislación es muy ambigua, “menciona solo vagamente a las internas, luego existen, pero sin regulación alguna”. Y añade que “la regulación horaria es muy deficiente y se aprecia una gran resistencia a aplicar el control horario”.

Una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre de 2024 recuerda al Estado español que los empleadores domésticos están obligados a establecer un sistema que permita registrar la jornada diaria de las trabajadoras del hogar para tener un cómputo de horas empleadas, algo que según Isabel Otxoa, quien ha sido profesora de Derecho del Trabajo en la EHU y es integrante de la Asociación de Trabajadoras del Hogar – Etxeko Langileen Elkartea (ATH-ELE), se hace en unos términos que “la vacían de contenido”, escribe en la revista Viento Sur. Los datos de 2024 de ATH-ELE dicen que más del 68 por ciento de las internas trabaja más de 60 horas semanales y el 41 por ciento tiene que interrumpir su descanso dos o más veces cada noche. “Ha habido avances en los últimos años, como la prestación por desempleo, pero exigimos al Estado que se reconozcan las jornadas laborales, y exigimos una figura profesional, somos profesionales”, apunta María Juncay.

Desde el pasado 14 de noviembre, quien cuente con trabajadoras del hogar tiene que la obligación de evaluar los riesgos laborales. Una medida que la mayoría de las fuentes consultadas considera relevante. “¡Pero si no está regulado el horario!, ¿riesgos laborales sobre qué? Hay que ir a la médula del problema, las condiciones, a garantizar los derechos laborales; mientras, todo lo demás es adorno”, incide Melva Rodríguez. Para María Juncay también es contradictorio porque se aprueba sin pensar en que hay jornadas laborales de 24 horas los siete días de la semana: “No ayuda a las trabajadoras. Lo tiene que hacer la familia, que es quien dice si hay riesgos laborales o no. Es todo absurdo”. Gotzone Olarra, en cambio, ve el lado positivo: “Cada pasito que se da, aunque muy pequeño, significa una mejora, significa que la lucha de las trabajadoras de hogar y cuidados va dando frutos, aunque sean escasos”. Pero recuerda también que no afectará a las familias que tengan empleadas sin contrato. “Ya se ve que hay familias empleadoras cumplimentando el formulario sin contar con la trabajadora, es demasiado confiar en la buena intención, sobre todo cuando hemos visto en nuestros estudios de percepciones que no se mira a la trabajadora como persona y eso propicia situaciones de abuso. Se ha creado una herramienta on line sin tener en cuenta la brecha digital y no se sabe que el formulario cumplimentado vaya a llegar a ningún sitio, ni se espera que inspección de trabajo actúe para saber del cumplimiento”, añade la técnica de Oxfam Intermón.

En este trabajo, las inspecciones laborales no son posibles porque según la Constitución el domicilio es inviolable, pero Melva Rodríguez contrapone: “Sí se entra para hacer la valoración en dependencia, o para revisar las calderas; esto se reinterpreta a favor de la empleadora. No hay interés en que las cosas cambien ni mejoren porque el sistema de cuidados se está sosteniendo con el trabajo muy barato de trabajadoras migrantes y eso supone un ahorro para lo público y todo es a costa de nuestra salud y de nuestros cuerpos”.

En España hay 565.718 personas trabajadoras de hogar y cuidados; casi el 90 por ciento son mujeres, y un 32 por ciento no cuenta con alta en la Seguridad Social; además, cerca de un 70 por ciento tienen nacionalidad extranjera o doble nacionalidad. Más datos: en 2023, el 40,5 por ciento de los permisos de trabajo concedidos a mujeres extranjeras fueron para trabajo del hogar.

“Lo central tiene que ver con la estructura opresora, patriarcal y racista. Es un sector feminizado y somos migrantes las que trabajamos, muchas en situación administrativa irregular”, cierra Rodríguez.

Fuente: Pikara magazine

En fechas en las que se habla de paz, de amor y de estar en compañía de gente querida, Ecologistas en Acción recuerda que la paz que anunciaron Donald Trump y Benjami Netanyahu y entró en vigor el pasado 10 de octubre no ha llegado. Es más, el genocidio continúa en forma de ataques y asesinatos diarios, bloqueo de ayuda humanitaria, abandono de la población ante fuertes temporales, ocupación y apartheid que se suma a la colonización, expulsión y limpieza étnica del pueblo palestino desde hace al menos 75 años. Todo ello unido a un ecocidio que, contaminando agua y arrasando con los cultivos, busca imposibilitar la vida de la población palestina.

Por ello, y como parte de sus consejos festivos, este año la organización ecologista vuelve a sumarse a la campaña de la plataforma Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) para hacer un llamamiento por el boicot en las compras: “Ahora que se acerca uno de los periodos de mayor consumo del año, el boicot del consumo es una herramienta efectiva de presión social para frenar las agresiones de Israel bajo la complicidad de la comunidad internacional”.

En el centro de la campaña de boicot se sitúa Carrefour, una multinacional que cuenta con más de 50 establecimientos en Israel, ha regalado lotes de productos a soldados del ejercito israelí, vende productos fabricados en Israel y tiene acuerdos y alianzas con empresas israelíes activas en la industria de los asentamientos ilegales en Cisjordania cómplices del genocidio, tales como Electra Consumer Products, Yeinot Bitan o el banco Hapolaim.

Ecologistas en Acción se suma a la denuncia pública de Carrefour y a las movilizaciones que, durante los próximos días, se esperan en diferentes territorios del Estado español para señalar a esta cadena de supermercados e informar a la ciudadanía de su complicidad con las masacres del pueblo palestino. Unas movilizaciones a las que en las últimas semanas también han recibido cadenas de ropa como Zara o restaurantes de comida rápida como McDonalds.

Según Enrique Quintanilla, portavoz de la organización ecologista, “las campañas de desinversión y boicot contra estas empresas, cuidadosamente seleccionadas, aumentan la presión sobre ellas para que pongan fin a su complicidad con la opresión del pueblo palestino. Ya ha ocurrido en el pasado, por ejemplo, con la marca de ropa deportiva Puma, que hace un par de años no renovó su contrato de patrocinio con la Asociación de Fútbol de Israel (IFA), que gobernaba y abogaba por mantener equipos en asentamientos ilegales israelíes en tierras palestinas robadas”.

Unas fiestas con menos y mejor consumo

Ecologistas en Acción llama al boicot a Carrefour no solo por su complicidad en el genocidio en Palestina, sino también por el modelo de consumo que reproduce. Su funcionamiento de gran distribución genera grandes impactos ambientales y sociales, ya que se basa en un modelo deslocalizado, derrochador de energía, generador de desperdicio alimentario y de ingentes cantidades de envases, que genera menos puestos de trabajo que el pequeño comercio. Algo que aprovecha el poder que le otorga su amplia cuota de mercado para imponer precios en origen abusivos y que concentra la riqueza.

Como alternativas a la compra en Carrefour, Ecologistas en Acción apuesta por opciones más justas y sostenibles ambientalmente como es el caso del pequeño comercio, que garantiza una mejor distribución de la riqueza y la cr

eación de empleo. También por opciones que apuestan por relaciones comerciales justas y por la venta de productos locales y de producción ecológica.

Como cada año, la organización ecologista incide en su apuesta por un consumo en el que los actores respeten los derechos humanos, frente a las injusticias que esconden el modelo de consumo actual dominado por grandes empresas que anteponen los beneficios económicos por encima de las personas.

En esta línea, además de llamar al boicot comercial a algunas marcas, Ecologistas en Acción recuerda sus habituales consejos navideños, entre los que destaca descansar y disfrutar de planes sencillos y en buena compañía. Además, pone el acento en el mencionado consumo local, la apuesta por regalos –desde juguetes a todo tipo de productos y alimentos– procedentes de la Economía Social y Solidaria o del comercio local, suscripciones a medios independientes y cooperativos y/o regalos no materiales en forma de tiempo y momentos compartidos, la celebración de  cenas y comidas sabrosas pero sostenibles, y, en general, la reducción del consumo y de la huella ecológica así como la promoción del activismo, el asociacionismo y el ecologismo social.

Luis Azorín, portavoz de Ecologistas en Acción, ha declarado: “Las palabras de solidaridad y paz, tradicionalmente asociadas a las fiestas navideñas, cada vez quedan más olvidadas en la vorágine consumista de estas fechas. Sin embargo, la masacre que el ejército israelí está perpetrando en Gaza hace imprescindible que demos protagonismo a estos valores, transformando el tradicional consumismo desaforado en un consumo más racional y crítico enfocado a la defensa de los derechos humanos”.

Marga Padilla (Barcelona, 1957) explica que el libro Inteligencia artificial: jugar o romper la baraja (Traficantes de sueños, 2025) surge de un impulso inicial: las dudas de algunas de sus colegas sobre la cuestión laboral y cómo la inteligencia artificial (IA) aterriza sobre un montón de profesiones como un atajo para la desvalorización del trabajo humano. Padilla es programadora y una referente de los movimientos de la cultura libre, en los que lleva décadas participando; alguien que trabaja en una nube de unos y ceros y que participa en los procesos sociales y las relaciones que transcurren fuera de la máquina. De esa experiencia combinada surge un libro que sirve como caja de herramientas tanto para entender la inteligencia artificial como para imaginar y conocer otras formas de uso.

“La inteligencia artificial recorre todos los hitos de la vida: lo laboral, lo personal, los cuidados, lo económico, lo colonial. Y permite hacerse cargo de los problemas de época, entender cómo es la época que estamos viviendo y construir ideas sobre ello” sostiene Padilla, que cree que el escenario actual no es deprimente sino interesante, dado que permite pensar en lo humano, lo tecnológico y lo bioquímico desde nuevos puntos de vista y que eso abre la puerta para un “hackeo” social.

Para eso, defiende, hay que separar el envoltorio, el papel de regalo, con el que se presenta la IA actual, impuesto por las grandes empresas de Silicon Valley, de las tecnologías que subyacen a esos envoltorios. “Se llama de la misma forma a cosas que son muy distintas y eso genera confusión y no permite entender qué es la IA”, explica esta autora. Bajo esa etiqueta en auge se engloban desde herramientas de selección de objetivos en la guerra hasta algoritmos para la concesión de becas, desde modelos de aprendizaje de idiomas hasta herramientas de transcripción o traducción. ¿Cómo discernir si la IA puede ayudarnos a transformar la realidad o si, por el contrario, solo consolida el poder que está dirigiendo al mundo hacia crisis irresolubles como el calentamiento global? Padilla apuesta, en primer lugar, por comprender qué funciones tiene la tecnología base: para qué puede servir, y después, intervenir socialmente para que esa tecnología sea abierta, debatible, auditable y que se pueda compartir. A partir de ese momento, será más sencillo entender cuál es el alcance real de la inteligencia artificial sobre nuestras vidas y cómo podemos huir de la profecía de que la tecnología terminará por hacer de los humanos piezas de museo.

¿Tiene sentido aplicar modelos de inteligencia artificial a todo tipo de procesos sociales?
La respuesta es similar a si nos preguntamos si el coche es útil. El coche es una tecnología que mata gente, contamina, ocupa el espacio público, hace ruido, etc., pero nos lleva de un sitio a otro. Si fuera un medicamento no cumpliría ninguno de los preceptos para ponerlo en uso y, sin embargo, quitarlo de en medio es misión imposible. Entonces, la pregunta por la utilidad de la inteligencia artificial es complicada. No hemos de ver el algoritmo como algo aislado, sino en la cadena de uso. O sea, no fijarse en un coche suelto, sino en todo el sistema que ha creado el vehículo privado.

En el libro examinas VioGen, el sistema basado en IA del Ministerio del Interior para hacer predicciones sobre el nivel de riesgo de violencia de género. ¿Es uno de los casos donde es más controvertido su uso?
VioGen a lo mejor es una herramienta medianamente útil, pero sería necesario que las personas que la usan tuvieran formación para hacer una evaluación personalizada. El algoritmo es útil realmente en estos casos si las personas tienen formación, hacen una evaluación y después el algoritmo hace una segunda evaluación, de tipo estadístico, que puede confirmar o reforzar lo que han decidido las personas, o que les hace cambiar de opinión. La cuestión no está en el algoritmo suelto, está en toda la cadena. En una cadena de montaje, el algoritmo es una pieza y su utilidad depende de cómo se usa. Cuando se monta la cadena de forma que primero el algoritmo da su veredicto y después la persona lo confirma —acepta el sesgo de autoridad y no se ve legitimada para cambiar lo que ha dicho el algoritmo—, me parece que es un acoplamiento poco útil. Pero con otras formas de acoplamiento puede haber una manera enriquecedora de usar estas tecnologías.

¿Cómo te imaginas un proceso en el que no desvalorice, sino que coadyuve al trabajo humano?
Creo que el problema no es la ayuda al trabajo humano, sino la remuneración de ese trabajo. Una persona que hace traducciones, igual que tiene un diccionario online, puede tener unos automatismos que asesoren o que sugieran cómo hacer traducciones. Creo que nadie estaría en contra de ese uso. Dicho de otra manera, se abre la oportunidad de un nuevo sindicalismo que valorice la remuneración y, si es preciso, se llegue a una renta básica. Lo que pide la situación es un nuevo sindicalismo y no volver otra vez a la defensa del copyright, que no nos va a salvar de nada. Ese no es el camino que elegimos cuando optamos por la cultura libre.

Es decir, que la lucha contra las corporaciones no sería tanto reclamar que paguen un pequeño porcentaje a cada creador cuyas obras han utilizado para alimentar la IA, lo cual es casi imposible, sino que una renta básica sería más justa para todo el mundo. Porque en el fondo la IA está bebiendo de lo que se ha creado colectivamente.
Digo esto desde el cariño, pero hay muchos manifiestos de creadores que se quejan contra la IA porque se les expropia su obra y se usa para alimentar inteligencias artificiales sin remuneración, pero no hay una reivindicación que vaya más allá. Creo que ese camino es corto, no lleva a grandes alianzas ni a grandes movilizaciones, y me parece imposible impedir que se use la IA, porque gran parte de la sociedad la abraza con los brazos abiertos. Hay que buscar dónde están las grietas. Yo no tengo ahora la solución, pero para mí sería muy interesante resituar el peso que debe tener el trabajo remunerado en la vida, y reconocer todo el trabajo con el que estás contribuyendo socialmente. Hay que crear conflicto, pero desde mi punto de vista sería un conflicto que no impugne la tecnología base en sí, en tanto que esa tecnología es fruto de una creatividad y un conocimiento social, sino que impugnaría las líneas de ensamblaje donde está metida. Eso es compatible con aprender, con amar la tecnología, con hackear, con disfrutar con el código.

Cuestionas la afirmación que dice que la tecnología es neutral y que es el uso el que no es neutral. ¿Podrías explicar por qué?
Un ejemplo es la lógica que subyace a los productos de Apple, que concibe que el usuario solo puede empeorar las cosas, porque se va a poner a toquetear y con su ignorancia lo va a estropear todo. Si haces un ordenador para una persona que tiene deficiencias cognitivas, a lo mejor es una buena solución que no pueda tocar nada. Pero para una persona de veintipocos años que tiene ganas de aprender, es una pésima solución. Por eso creo que es muy importante contemplar toda la cadena de uso donde algo se implanta, para ver los efectos que tiene. Al fin y al cabo, la tecnología es cultura y la cultura es una creación humana. En este mundo no hay nada neutro, sería raro que lo fuera la tecnología. Esta responde a intereses, a relaciones de poder, pero también a conflictos y luchas. No todo es dominación, también hay resistencias, autoorganización y maneras de componer otras lógicas.

Abrir las “cajas negras”, esto es, desmontar el control privado del software, es una de las reivindicaciones clásicas de la cultura libre, pero ¿hay otros factores que sean igual de importantes que esa apertura de las cajas negras?
En la historia del software libre se da mucho peso a la cuestión de las licencias, porque fue la manera jurídica de blindar los derechos al uso, al conocimiento, a la modificación y a la redistribución. Pero hay algo no menos importante que no está blindado jurídicamente: la comunidad como institución que custodia el software libre. Abrir la caja negra yo sola en mi casa puede estar bien para mi crecimiento personal, pero lo que permite el empoderamiento es la existencia de comunidades articuladas, porque sin comunidad no puede haber soberanía.

Un ejemplo.
En Wikipedia hubo un gran debate sobre cómo financiarse y una de las opciones era incluir publicidad, y la gente que participaba decidió que no querían que hubiese publicidad. Y esa es una decisión que Wikipedia mantiene, porque hay una comunidad que tiene un contrapoder. La licencia y el código no dejan de ser un instrumento para la soberanía, y la articulación de todo eso requiere de comunidades.

¿Cómo se forman esas comunidades?
Hay una barrera: la idea de que quien se tiene que organizar es la gente que entiende de tecnologías. Eso es como decir que quien se tiene que organizar en la defensa de la sanidad son solo las doctoras; la sanidad es un común que se defiende desde muchos puntos de vista. El conocimiento está en la sociedad y con alianzas suficientes se aborda en todos los frentes. Es fundamental no desatender los problemas ciudadanos y dejarlos en manos de expertos y expertas.

Señalas que la IA no solo es una tecnología, sino que lleva consigo una ideología. ¿Qué nos dice la ideología de la IA?
Así, en un titular, creo que dice que la subjetividad humana es mala, es un fallo en el sistema, algo a superar y eliminar. Pienso que deberíamos tomar esa propuesta y debatirla, reformularla. ¿Cuál es el valor de lo humano? Yo no me niego a pensar en ello, solo que no quiero pensarlo con Google y con Microsoft, sino contigo y con las demás. Vivimos en un mundo poblado de tecnologías muy avanzadas que ponen en cuestión facetas de lo que antes considerábamos que era lo humano. Hay un cierre identitario que defiende lo humano por encima de todo lo demás, como seres superiores. Ahora es una buenísima ocasión de abolir esa pirámide de superioridad y plantearnos una horizontalidad entre humanos, máquinas, y otros seres y formas de vida. Es un tema de época que es apasionante pensar, pero no desde la ideología de los poderosos, sino desde la vida que palpita desde abajo.

Nos llama la atención lo que dices al final del libro, «la ideología de la IA considera que la vejez o la enfermedad son errores de diseño en lo humano”.
Considera que lo humano es sucio, está lleno de enfermedades, lleno de problemas. El ser humano es tan bobo que está poniendo en crisis el planeta, por lo que necesitamos dotarnos de unos mecanismos que superen esa crisis. Pero cuando se dice que el ser humano está poniendo en crisis el planeta, se hace una totalización de lo humano que no tiene en cuenta las relaciones de poder. ¿Qué humanos? ¿Dónde están? ¿Qué capacidad de decisión tienen? Señalemos con el dedo en lugar de hacer esa totalización sobre la humanidad. Estas ideas que consideran a la humanidad sin relaciones de poder no nos sirven para pensar los desafíos que tenemos.

Esos grandes empresarios presentan el futuro de la IA en términos apocalípticos, con la vieja idea de los robots matando a gente por la calle a lo Terminator. Pero parece que todos los demás problemas que ya estamos viendo asociados a la inteligencia artificial se eluden. ¿Por qué crees que se insiste tanto en esas visiones por parte de estos grandes empresarios?
Lo que señalan estos miedos a que los robots nos maten son, a mi entender, marcos opresores, porque refuerzan y dan por hecha una relación de dominación. ¿Quién se ha sublevado a lo largo de la historia? Quienes estaban oprimidos, los esclavos. Esa amenaza de sublevación de las máquinas refuerza la idea de que es legítimo, natural y bueno tratar a las máquinas como nuestros esclavos, como algo que está a mi disposición para hacer lo que le ordeno, que no tiene necesidades. Al final esta idea legitima estructuras de dominación. Tanto si yo domino a alguien como si alguien me domina a mí, la dominación es mala porque no es liberadora. Tenemos muchas narrativas de ciencia ficción en las que los robots se rebelan, pero apenas hay narrativas de colaboración horizontal con las máquinas. Para mí son las más interesantes, porque para tener una relación horizontal con las máquinas, estas deberían ser de otra manera: máquinas que yo pueda amar, de las que me haga cargo, con las que tenga una relación social.

Es que los últimos dos años, a raíz del genocidio de Gaza, se ha puesto muchísimo énfasis en la selección algorítmica y la IA militar. Una de las cuestiones principales de ese uso es la inexplicabilidad: las cajas negras que nos impiden saber cómo se ha llegado a esa decisión ¿Qué supone que se esté usando una selección algorítmica de adjetivos que posteriormente nadie pueda explicar?
La cuestión es cómo se dan por finiquitados los derechos humanos. Habíamos aceptado, que no cumplido, que la peor persona del mundo, el genocida más despreciable, tiene derechos porque es humano. Y ahora vemos lo contrario, no solo en Gaza, sino con el asesinato de personas en el Caribe por parte de EE UU. Esa idea sobre los derechos humanos es lo que legitima la utilización de esas tecnologías. Es volver atrás, finiquitar una etapa que legitimaba que lo humano en sí mismo es portador de derechos. Partiendo de ese cambio, la no explicabilidad es un dato menor, porque si puedo tirar bombas masivamente y matar a todo el mundo sin dar explicaciones, usar tecnologías que no son explicables no presenta ningún problema. Ese uso te separa cada vez más: yo a lo mejor no sería capaz de estrangular a una persona con mis propias manos, pero quizá sí sería capaz de apretar un botón. El enemigo se deshumaniza, se convierte en un número. Cuanto más abstracta sea esa relación, más fácil es ejercer la violencia. Otra cosa son contextos como el Estado español, donde todavía se reconocen los derechos de las personas. En ese caso, usar tecnologías que no son explicables es problemático.

¿Cómo se resuelve este problema?
Lo suyo sería poner en marcha auditorías ciudadanas de todas las inteligencias artificiales, de todos los automatismos que pueden influir en el acceso a los derechos de las personas. La auditoría no consiste solo en ver el código, sino en ver cómo está afectando a las personas en términos de justicia. Hay que jugar con toda la baraja: una jugada es oponerse, otra es criticar la legitimidad, y otra es auditar. En contextos como el de la guerra, el error no preocupa porque no hay que rendir cuentas. Pero vivimos en entornos donde el error sí que preocupa. Por ejemplo, con las mamografías en Andalucía. Ahí lo que tenemos que ver es cómo mantener organizaciones que se preocupen por el error, porque eso es un contrapoder fuerte que vigila y no permite que todo valga.

Hace diez, 15 años había una visión muy optimista de las posibilidades que daban las redes sociales e internet y eso se ha venido abajo. ¿Ha cambiado tu visión en estos años o ya eras escéptica entonces?
Era escéptica, pero lo que yo fuera no viene al caso, porque al final una persona suelta no aporta. Ahora es el momento de recoger ese desencanto y aplicarlo al presente y al futuro, con estas nuevas tecnologías que están en una fase más incipiente. La ventana de posibilidad y de transformación es mayor. Venimos de 15 años de haber experimentado a dónde nos han llevado determinados usos de la tecnología, cuánto sufrimiento han creado en lo personal, cuánta desigualdad en lo social, cuánto dinero han permitido acumular. Tenemos la oportunidad de aplicar con espíritu crítico esa experiencia colectiva al nuevo escenario.

Defiendes que la inteligencia artificial puede ser portadora de horizontalidad. ¿Cómo puede ayudarnos a alcanzar esa soberanía tecnológica popular la propia herramienta?
Lo que tenemos ahora mismo no es portador de liberación. Lo que podemos construir con ello exige activar la imaginación, quitar todos esos productos y servicios que nos dan empaquetados e imaginar otras cosas. Y eso no lo puede hacer cada persona en su casa, pensando: se requiere experimentación. Para eso tenemos que agregarnos, organizarnos y ponernos manos a la obra. Por ejemplo, al hacer una auditoría nos vamos a enfrentar con muchos problemas, pero esos problemas van a ir transformando la idea. No nos vamos a liberar imaginando de manera idealista y en ausencia de conflicto. Hay suficientes suspicacias, dudas, malestares, miedos, unidos con expectativas positivas para experimentar. No me voy a inventar una IA que vaya a ser mucho mejor que ChatGPT y vaya a resolver todos los problemas de la humanidad. No es cambiar un producto por otro, dejar de usar ChatGPT y usar el ChatGPT libre. Pero si aprovechamos la oportunidad y nos ponemos a trastear, podemos crear otra relación con la tecnología que sea liberadora. Tenemos que cambiar las reglas del juego y crear otro juego.

También podemos imaginar que una IA no tenga que ser esta cosa megalómana, gigantesca, sino que puede ser algo un poco más pequeño.
Hay proyectos para que personas que tienen ordenadores portátiles medio buenos donen su capacidad de cómputo para ejecutar ideas a personas que no tienen esa capacidad de cómputo, en una especie de red P2P. Pero si además hay una comunidad de gente, tenemos posibilidades de encuentro, de apropiación. Como sé que estoy usando el ordenador de otra persona, no voy a usar la IA para hacer la primera tontería que se me pase por la cabeza, sino que la usaré con criterios de austeridad, porque entiendo que le estoy quitando capacidad de cálculo a otra persona. Ahí hay una oportunidad de relacionarse de otra forma con la tecnología. Hay modelos pequeños, hay modelos locales, modelos específicos. Es quitar el envoltorio, quedarte con la tecnología base y empezar a levantar según tus necesidades. Y necesidades que no sean finalistas, por ejemplo, necesito una IA que me haga resúmenes, pero también necesito no contaminar, estar en comunidad.

Fuente: El salto

La COP30 terminó siendo, como quería Lula, la cumbre de la verdad. Pero irónicamente no fue por mérito de la presidencia brasileña, sino porque Colombia forzó la mano al exigir una mención explícita al abandono de los combustibles fósiles. Esta acción arrancó varias máscaras: países como Rusia y Arabia Saudí, habituados a bloquear discretamente cualquier avance real a través de terceros, quedaron expuestos como los obstruccionistas que siempre han sido.

Lo más revelador fue la reacción de estos países en el plenario de cierre de la cumbre: respondieron insultando a Colombia y Panamá, calificándolos de «niños consentidos». Con ello no hicieron más que mostrar su incomodidad ante un ejemplo de auténtico liderazgo climático. Panamá, en su intervención de réplica, les recordó con gran lucidez que los niños suelen ser muy inteligentes y que, en estas cumbres, defender el futuro implica no conformarse con menos que todo. La emergencia climática exige justamente esa determinación.

Esta cumbre también desnudó a la Unión Europea. España, atrapada en la parálisis política europea, tuvo que recurrir a declaraciones laterales como la de Colombia para mantener algo de credibilidad. La UE, aunque predica la transición energética, se niega a proveer la financiación necesaria para que el Sur Global pueda elegir renovables en lugar de fósiles. La hipocresía es flagrante: sabemos que muchos países tienen fósiles baratos y accesibles en su territorio, mientras las renovables están acaparadas por el Norte Global y los BRICS. Peor aún, la arquitectura de Bretton Woods los obliga a exportar esos fósiles para pagar deudas, protegiendo los intereses de transnacionales y evitando que quien contamina pague.

La verdad incómoda es clara: el multilateralismo de las COP es fundamental pero insuficiente. No avanza al ritmo que la emergencia exige. Necesitamos mecanismos paralelos que tracen líneas entre quienes actúan y quienes obstruyen. La propuesta colombiana de un tratado vinculante sobre descarbonización y justicia climática es un camino necesario.

Una mirada plural sobre un fracaso compartido

Desde Alianza por el Clima hemos seguido de cerca estas negociaciones, y nuestra valoración es clara: la COP30 ha fracasado en lo fundamental. Lo decimos desde la riqueza de perspectivas que nos caracteriza: organizaciones ecologistas, sindicatos, colectivos agrarios, ONG de desarrollo, movimientos juveniles y entidades de consumo responsable coincidimos en un diagnóstico compartido.

Desde la perspectiva del trabajo y los derechos laborales, celebramos la aprobación del Mecanismo de Transición Justa como un logro arrancado por la sociedad civil tras años de presión internacional. Pero constatamos con preocupación que la exclusión inicial de la mención a esta transición justa en el texto político final del Mutirão refleja cómo los gobiernos siguen sin entender que no hay transición posible sin empleos dignos y diálogo social real.

Quienes defendemos la biodiversidad lamentamos especialmente que una cumbre celebrada en la Amazonía haya sido incapaz de aprobar un plan vinculante contra la deforestación. Mientras los textos finales apenas mencionan la protección de la naturaleza, los bosques tropicales, nuestros mejores aliados contra el colapso climático, siguen ardiendo sin que los gobiernos asuman su responsabilidad.

Para quienes trabajamos desde el mundo rural, esta cumbre ha ignorado que la agricultura familiar, que produce más del 80% de los alimentos mundiales y mantiene los sumideros de carbono esenciales, necesita políticas de apoyo urgentes. No es aceptable que quienes alimentan y cuidan el territorio queden relegados frente a los grandes emisores, mientras sufren récords de siniestralidad agraria año tras año.

Desde el ámbito del desarrollo y la cooperación, denunciamos que una vez más los países del Norte Global han eludido su responsabilidad histórica y su deuda ecológica con el Sur. La financiación climática acordada es insuficiente, mantiene mecanismos que generan más deuda en lugar de reparación, y se sigue priorizando la movilización del sector privado sobre la financiación pública que realmente necesitan las comunidades afectadas.

Para las voces más jóvenes y los movimientos de base, esta COP representa una decepción más. El planeta ha experimentado un año completo por encima de 1,5°C, los fenómenos extremos se multiplican, y aún así los gobiernos siguen sin atreverse a nombrar al principal culpable: los combustibles fósiles. La presencia de 1.500 lobistas de la industria fósil en la cumbre explica por qué toda mención explícita al fin del petróleo, gas y carbón desapareció del texto final.

Más allá de los fracasos temáticos, esta COP30 ha sido una de las cumbres climáticas más opacas de la historia. Esta opacidad no es casual. Es la estrategia de quienes prefieren negociar a puerta cerrada, lejos de la presión social, lejos de las cámaras, lejos de la rendición de cuentas.

La sociedad civil: único motor real del cambio

La COP30 deja una lección clara: el multilateralismo climático sobrevive únicamente gracias a la presión social, ya que son muchos países y empresas petroleras las que están haciendo lo posible por destruir el Acuerdo de París. Sin las 100.000 personas manifestándose en Belém, sin pueblos indígenas, organizaciones y la Cumbre de los Pueblos construyendo alternativas, la COP30 habría podido ser la última. Las movilizaciones del 15 de noviembre fueron el recordatorio de que existe una mayoría social exigiendo justicia climática y el fin de los fósiles, una mayoría que no seguirá esperando mientras los gobiernos juegan con nuestro futuro. Eso es lo que les hace políticamente caro destruir el proceso climático internacional, obligándoles cumbre tras cumbre, a desarrollar técnicas que les permitan bloquear cualquier avance sin ser percibidos como los posibles culpables del fracaso de la lucha climática.

Estamos a tiempo de hacer nuestra esta transición, pero no saldrá de las salas de negociación mientras los gobiernos sigan sometidos al lobby fósil y a intereses cortoplacistas. No nos quedan décadas: quedan años, quizás menos para comunidades en primera línea. Por eso seguiremos en las calles y en las salas de negociación, presionando a los políticos y construyendo alternativas desde nuestros territorios.

Imagen: Plenario de los Pueblos en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), en Belém. Adriano Machado/REUTERS

Fuente: Público

Desde REAS Red de Redes (y XES) participamos activamente en el Foro Mundial de la Economía Social y Solidaria (GSEF 2025) celebrado en Burdeos del 29 al 31 de octubre, y también en la Asamblea General de RIPESS Europa, que tuvo lugar los días 1 y 2 de noviembre. En este espacio compartimos reflexiones estratégicas sobre la nueva hoja de ruta del movimiento europeo de ESS, avanzando en un plan de acción común para la transición ecosocial, la democratización económica y el fortalecimiento de un internacionalismo desde abajo, capaz de responder al contexto actual de crisis y retrocesos democráticos. Nuestra participación en ambos espacios refuerza el compromiso de REAS con la articulación internacional del movimiento y con la construcción colectiva de políticas transformadoras.

El GSEF 2025 reunió a 10.800 participantes procedentes de 907 ciudades y 109 países, confirmando que la Economía Social y Solidaria es hoy un actor global con legitimidad política creciente. El mensaje central —expresado también en la Bordeaux GSEF 2025 Declaration— fue claro: la ESS no es solo un sector económico, sino un proyecto de transformación social y de paz, capaz de disputar los marcos del capitalismo financiarizado, el racismo estructural y la erosión democrática.

El Foro se posicionó con firmeza ante las crisis globales —climática, democrática, geopolítica y social— y llamó a construir un movimiento internacional sólido, articulado y con visión política común. Durante los tres días, surgieron tres líneas de reflexión especialmente potentes: la ESS como economía de paz y justicia; la urgencia de descolonizar nuestras mentes para imaginar sociedades radicalmente diferentes; y la convicción colectiva de que no se trata de salvar un sistema en declive, sino de acelerar la transición hacia otro más justo y solidario, ya en marcha y reconocido por la ONU, la OIT, la UE y la OCDE.

Este reconocimiento, sin embargo, se encuentra hoy seriamente amenazado. La crisis del multilateralismo y un nuevo ciclo de nacionalismo neoliberal están debilitando Estados, instituciones públicas y sistemas de bienestar. El panorama global muestra con claridad esta tensión: instrumentalización geopolítica de los derechos humanos, retrocesos democráticos, auge del militarismo y la securitización, avance de la privatización, y una nueva fase de guerras económicas que profundizan desigualdades y fracturas sociales. Estas dinámicas restringen los espacios de cooperación, erosionan las capacidades públicas y alimentan agendas autoritarias basadas en el miedo, la exclusión y la competencia.

Ante ello, la ESS se reafirma como contracorriente civilizatoria. La Declaración de Burdeos la define como una economía de diálogo y de paz, entre pueblos, dentro de las naciones y con la propia naturaleza. La paz, recordaron múltiples voces, solo es sostenible si se funda en la justicia social. Por eso la ESS no se limita a reparar daños: construye futuros deseables, fortalece la resiliencia comunitaria y genera alternativas al odio, la precariedad y la polarización. En este marco, el Foro subrayó la necesidad de reconstruir comunidad, defender la libertad de movimiento, revalorizar los bienes comunes, y situar la vida —y no el capital— en el centro de las decisiones económicas.

Los debates destacaron el papel de la ESS en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de las mujeres, las libertades públicas y la independencia de los medios de comunicación. Se resaltó también su capacidad para ofrecer alternativas cooperativas a los monopolios digitales y para impulsar una transición socioecológica justa, basada en los cuidados, la corresponsabilidad, la igualdad, la democracia económica y el reparto equitativo de la riqueza y los recursos entre territorios y pueblos. Todo ello configura una ESS entendida como espacio político de resistencia, emancipación e innovación democrática.

En esta edición, la juventud emergió como un nuevo sujeto político del movimiento internacional. La Youth Declaration lo expresó con contundencia: “Elegimos la ESS como nuestro horizonte común, una economía que sirve a la vida, la dignidad y el bienestar colectivo”. Las y los jóvenes articularon su visión en torno a seis ámbitos de acción —vivir con dignidad; trabajar de otra manera; aprender, compartir y actuar juntas/os; proteger la vida y el planeta; participar en la toma de decisiones; y construir paz y solidaridad entre los pueblos— y exigieron co-decisión, empleo digno, igualdad de género, justicia climática, educación transformadora y participación plena en la gobernanza de la ESS y de las políticas públicas. Su intervención fue más que un aporte: fue un mandato político para el presente.

El cierre del Foro cristalizó una llamada urgente a la solidaridad internacional y a la acción política colectiva. Redes de ESS, movimientos sociales, ciudades, comunidades y territorios están convocados a hablar con una sola voz para frenar las atrocidades y las injusticias actuales, defender la vida en todas sus formas y construir un proyecto internacional basado en la cooperación, el diálogo intercultural y la protección de la Tierra.

En este esfuerzo, la Unión Europea tiene una responsabilidad ineludible: mantener los compromisos del Social Economy Action Plan, promover los valores de la ESS dentro y fuera de sus fronteras, asegurar la coherencia entre políticas comerciales, climáticas y de cooperación, defender los derechos humanos y apoyar activamente a quienes están construyendo alternativas desde la economía democrática, feminista y solidaria.

El GSEF 2025 deja claro que la ESS no es un complemento técnico ni un nicho económico: es un proyecto civilizatorio. Es una apuesta política por la paz, la democracia, la igualdad, la sostenibilidad, los cuidados y la vida. Es una infraestructura global de esperanza y de resistencia, que exige hoy más que nunca coordinación, valentía y acción colectiva.

La Declaración de Bordeaux GSEF 2025

La Déclaration pour une paix durable

La Declaración Internacional de la Juventud para la ESS

El 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, desde RIPESS Intercontinental denunciamos una realidad que persiste y se agrava: la violencia contra las mujeres no es solo física o psicológica. También adopta formas estructurales, invisibilizadas y normalizadas, como la violencia económica, la precarización de los cuidados y la privación de autonomía.

Este año, tras la reunión de alto nivel para conmemorar el 30º aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, Beijing +30, celebrada el 22 de septiembre de 2025 en la Asamblea General de Naciones Unidas, se ha confirmado lo que los movimientos feministas llevan décadas señalando:
ninguna de las metas globales de igualdad de género está en camino de cumplirse.

Según ONU Mujeres:

708 millones de mujeres
fuera del mercado laboral debido a los cuidados no remunerados

1 de cada 3 mujeres
sufrirá violencia física o sexual a lo largo de su vida

Los Estados gastan 6 veces más en armamento que en igualdad de género.

💜 Cuidar no es vivir libres

Nuestra campaña global de cuidados demostró algo fundamental:
cuando los cuidados no están garantizados, distribuidos y reconocidos, se convierten en un mecanismo de control y dependencia.

La falta de autonomía económica obliga a millones de mujeres a permanecer en situaciones de violencia y vulneración de derechos.

Por eso, este 25N afirmamos:

Reconocer, redistribuir y revalorizar los cuidados es una estrategia clave para eliminar la violencia contra las mujeres.

Reconocimiento de los Cuidados en las Agendas Globales

El reconocimiento del cuidado como un eje clave para la equidad y el desarrollo sostenible avanza en el ámbito internacional:

ODS 5.4 de la Agenda 2030

Este objetivo busca «reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda a nivel nacional».

Más información.

Convenio 189 de la OIT (2011)

Este convenio, sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, anima a los Estados a «adoptar medidas para garantizar la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de todos las personas que desempeñan trabajos domésticos”.

Más información

Resolución A/RES/77/281 (2023)

Este objetivo busca «reconocer y valorar el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado mediante la prestación de servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social y la promoción de la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda a nivel nacional».

Más información

Convenio 189 de la OIT (2011)

Este convenio, sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos, anima a los Estados a «adoptar medidas para garantizar la promoción y protección efectivas de los derechos humanos de todos las personas que desempeñan trabajos domésticos”.

Más información

Resolución A/RES/77/281 (2023

Esta resolución de la ONU reconoce el papel de la Economia Social Solidaria para implementar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y para en la construcción de modelos económicos sostenibles e inclusivos.

Más información

Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo (29 Octubre)

En la declaración de la ONU se subraya  que “el trabajo de cuidados en todo el mundo sigue caracterizándose por la ausencia de prestaciones y protecciones, los bajos salarios o la falta de compensación, y la exposición a daños físicos, mentales y, en algunos casos, sexuales. Está claro que se necesitan nuevas soluciones en dos frentes: en lo que respecta a la naturaleza y la provisión de políticas y servicios de cuidados, y a los términos y condiciones del trabajo de cuidados”

Más información

Resolución relativa al trabajo decente y la economía del cuidado de la OIT (2024)

Estos esfuerzos representan un avance hacia la transformación de la división desigual del trabajo de cuidado entre hombres y mujeres en una organización más igualitaria del cuidado, promoviendo la corresponsabilidad social entre el Estado, el sector privado, las familias, la economía social y solidaria (ESS) y la comunidad (OIT, 2024, p. 2)

Más información

La Economía Social y Solidaria construye autonomía, derechos y dignidad para eliminar la violencia contra las mujeres.

• Miles de personas se movilizan en más de 15 ciudades del Estado español uniéndose a las protestas en los cinco continentes.
• Alianza por el Clima denuncia la dependencia de combustibles fósiles que agrava desigualdades y provoca fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones e incendios.
• El manifiesto, bajo el lema “El clima exige acción, el futuro esperanza” que reclama una transición justa, ha sido firmado por más de 50 organizaciones sociales, ambientales y sindicales.

Miles de personas han salido a las calles este fin de semana en más de 15 ciudades españolas, convocadas por Alianza por el Clima, plataforma de la que forma parte Ecologistas en Acción, para exigir un cambio urgente de modelo económico y medidas efectivas de justicia climática. Las movilizaciones en España han formado parte de una jornada de acción global que se ha desarrollado simultáneamente en decenas de países. En Belém, sede de la COP30, casi 100.000 personas se han manifestado para exigir a los líderes mundiales reunidos compromisos vinculantes frente a la emergencia climática. Según datos preliminares de los organizadores, a lo largo del día se registraron protestas en los cinco continentes, con una participación estimada de cientos de miles de personas en todo el mundo.

La jornada principal del sábado 15 de noviembre ha concentrado las mayores movilizaciones, con cientos de personas en Madrid y València, entre otras ciudades. Las acciones han incluido desde manifestaciones y concentraciones hasta performances participativas y actos simbólicos. En Madrid, cerca de 300 manifestantes se han congregado en la Plazuela de Lina Morgan llevando a cabo un mosaico humano, mientras que en Barcelona la concentración ha reunido a cientos de manifestantes en el Moll d’Espanya. También se han registrado movilizaciones en Málaga, Córdoba, Pamplona-Iruña, Xixón, Sant Cugat del Vallès y Burgos, además de actos previos el viernes 14 en Bilbao y Logroño. La lista completa de convocatorias puede encontrarse aquí.

Las protestas, celebradas bajo el lema “El clima exige acción, el futuro esperanza”, han denunciado el actual modelo económico basado en combustibles fósiles que “agrava las desigualdades sociales, eleva el coste de bienes básicos y genera crisis diversas que benefician solo a unos pocos, mientras aumentan los fenómenos extremos como olas de calor, inundaciones e incendios”. Más de 50 organizaciones han firmado el manifiesto lanzado por la Alianza por el Clima, que exige un pacto sociopolítico que garantice los medios necesarios para reducir urgentemente las emisiones y afrontar los crecientes riesgos climáticos, reclamando que “el poder, los recursos y las decisiones estén en manos de las comunidades que arden y se inundan, no en las de quienes se lucran de nuestra vulnerabilidad”.

Galería multimedia de movilizaciones en el Estado español y en Belém.

Firmantes del manifiesto

AFCE

Alianza por la Emergencia Climática de Paterna, San Antonio de Benageber y L’Eliana

Alianza por la Emergencia Climática en Aragón

AMES (Asociación de Moda Ética y Sostenible)

Amnistía Internacional

Amnistía Internacional Madrid

Amycos.org

Asamblea Cívica por el Clima

Asociación Bee Garden

Asociación La Burra Verde

Asociación retoglobal.eu

Asociación retoglobal

Asociación Una por Una

ATTAC País Valencià

Attac

Canopia Coop. V. / Espacio de Encuentros Rurales La Surera

CCOO

CECU (Federación de Consumidores y Usuarios)

Diamante Verde

Eco-union

Ecologistas en Acción

Ekologistak Martxan

Econciencia Terrestre (Organización Ambiental, Colombia)

ESALOGIKA

Fridays for Future España

Fundación Vida Sostenible

Iaioflautas Valencia

La Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo

La Corriente

La Garbancita Ecológica S. Coop. Mad

La Imprenta, Estrategias y Artefactos Culturales

Málaga por la Regeneración

Manos Unidas

Mesa por el Clima de Granada

Observatori del Deute en la Globalització (ODG)

Oikocredit Euskadi

ONGAWA

Organización Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles

Oxfam Intermón

Plataforma por un Nuevo Modelo Energético

Rebelión o Extinción

Senderar ONG

Unión Renovables

URBE

WWF

Fuente: Ecologistas en Acción

La campaña #VámonosJuntas causó un éxodo de usuarios de la red X, después de que su propietario, Elon Musk, hiciera varias declaraciones controvertidas y un polémico gesto de saludo nazi durante la toma de posesión de Donald Trump. Una alternativa para las personas que abandonaron el antiguo Twitter es el Fediverso. Su nombre nace de la unión de las palabras federación y universo. Es un espacio social que pretende recuperar la esencia de una Internet libre: sin mercantilización de los datos, sin inteligencia artificial, sin centralización de servidores.

“La red del Fediverso fue fundada por un grupo de personas que habían sufrido discursos de odio en Internet. Crearon un protocolo informático, Activity Pub, que permite que diferentes programas se comuniquen”, explica Ona, de DonesTech –asociación que trabaja para reducir la brecha de género en las TIC– y colaboradora del proyecto La Furgo, un programa de acompañamiento para personas que quieren iniciarse en el Fediverso. En este universo, un equivalente de X es Mastodon, con más de 10 millones de usuarios en todo el mundo. En lugar de YouTube, existe PeerTube; en lugar de Instagram, Pixelfed. “Se ha retomado la idea de la antigua Internet, donde las empresas no tenían barreras para comunicarse entre ellas: ¿No es cierto que con un GMail puedes comunicarte con un Hotmail?”, resume. La Furgo ha creado una lista con todas las herramientas que utiliza y recomienda.

En el Fediverso los datos no están centralizados. Se distribuyen en nodos, servidores gestionados sin ánimo de lucro por particulares, colectivos, asociaciones o entidades. Y estos servidores se federan para poder comunicarse entre sí.

“Una primera recomendación para unirse al Fediverso sería tomarse un tiempo para elegir nodo; es como hacerse socio de una entidad, con estatutos y acuerdos de convivencia. Recomiendo mirar tres o cuatro”

Rita Barrachina, divulgadora del Fediverso y miembro de Fedi.cat, el colectivo que impulsa el Fediverso en catalán

Después, hay que trabajar en poner una descripción al perfil y encontrar personas a seguir, usar y revisar etiquetas, ya que en estas redes no existe ningún algoritmo de recomendación. “Para encontrar gente rápidamente solo hace falta un poco de voluntad. Tal y como pasa en el mundo físico, no podemos esperar llegar a un lugar nuevo y que todo el mundo nos salude”, añade. Un ejemplo de acuerdo de convivencia es el del nodo fem.elbarri.online; al hacer clic en ‘Crear una cuenta’, se pueden leer sus normas de convivencia.

“La nube no existe, es el ordenador de otra persona”

Free Software Foundation Europe (FSFE)

Esta es una frase que Barrachina utiliza para alejarse del concepto de despreocuparse de dónde están los datos que gestionan las grandes tecnológicas, el conocido cloud. “Lo que nos venden como nube es la ilusión de la irresponsabilidad”, defiende. En el ámbito técnico destaca que el Fediverso es más robusto que las redes sociales comerciales porque, si cae un nodo, los demás pueden seguir funcionando. Meta ha intentado acercarse a esta forma de operar con Threads. “Las grandes tecnológicas no cooperan, solo intentan parasitar lo que haga falta para obtener un beneficio”, sentencia Barrachina. Sobre los motivos de esta apuesta del antiguo Facebook, cree que seguramente buscan competir con X, mejorar su imagen en Europa o esperar que los usuarios del Fediverso hagan el trabajo por ellos y así poder seguir despidiendo personal. Concluye que “quien tiene un poco de sentido común, silencia o bloquea Threads”.

Un cambio de paradigma

Según Ona, de DonesTech, la principal dificultad que encuentran al acompañar a personas hacia el Fediverso es “la falta de tiempo”. “Estamos en la sociedad de los conejos de Alicia en el país de las maravillas, toda la gente con prisas, haciendo cosas a medias por querer hacer demasiado”, argumenta. “Lo más difícil no es llegar, sino quedarse y participar, tomarse el tiempo para descubrir otras formas de hacer y poder comparar unos medios con otros”, añade Barrachina.

El Fediverso no busca “emular inercias de grandes corporaciones, sino posibilitar comunicaciones resilientes e independientes”

“Nada masivo es bueno. Los seres humanos nos organizamos mejor a pequeña escala, en comunidades que cuando toman impulso se agrupan en federaciones y confederaciones”

Ona de Donestech

 

En el Fediverso no hay nodos generalistas. Son temáticos, regionales, lingüísticos o institucionales. A partir de ahí, estos nodos pueden establecer conexiones, si lo desean. Ona detalla que al principio la mayoría del contenido estaba relacionado con informática, ya que las redes sociales alternativas fueron creadas por hacktivistas. Sin embargo, ahora el abanico de temas es amplio. Defiende que aprender cosas nuevas en informática requiere tiempo y práctica. “Hacerlo sola es más difícil. Por eso intentamos hacerlo juntos, aprendiendo mutuamente, y que sea agradable y empoderador”, añade.

Llegar acompañadas

El pasado 9 de octubre, Fedi.cat y La Furgo pusieron en marcha el FediConsultorio, un espacio presencial en el que cada mes se dialoga sobre el Fediverso en el hacklab Logout de Can Vies, en el barrio de Sants de Barcelona. Las próximas reuniones serán el 13 de noviembre y el 11 de diciembre, a las 19:30 h. Las impulsoras del Fediverso entrevistadas opinan que es mejor llegar al Fediverso en grupo, con el objetivo, defiende Ona, de “conocer a gente interesante que ha decidido tomar las riendas de su vida digital”. “Al principio puede resultar confuso, por eso hacemos los talleres, para que eso no sea un freno”.

¿Bluesky es Fediverso?

El éxodo de X llevó a personas y entidades a la red social Bluesky, impulsada en 2019 por Jack Dorsey, cofundador y CEO de Twitter. Actualmente cuenta con 35 millones de usuarios. Es un proyecto que busca crear un protocolo abierto y descentralizado —diferente de Activity Pub— para que varias redes sociales puedan interactuar entre sí. Barrachina afirma que “no es una herramienta fediversal”, ya que utiliza otra tecnología y “es una empresa financiada con capital riesgo”. “Han censurado temas sobre Palestina y no sabemos qué hacen con los datos de la gente porque no está hecha en software libre o de código abierto”, añade Ona, de DonesTech. En todo caso, Dorsey abandonó la junta directiva de Bluesky porque está “repitiendo literalmente todos los errores” que cometió la plataforma ahora conocida como X.

¿Una opción exclusiva?

“Si por ejemplo eres una ONG, puede que además de las redes del Fediverso tengas otras”, reflexiona Ona. “Existen proyectos que nunca han tenido presencia en medios publicitarios, solo en los federados:  Tu nube seca mi río, LiberaForms, Anartist, Fedicat, Komun, Logout, hiper/ediciones y Komunikilo”, enumera. Otros —menciona Amoved o eXo. Otros —menciona Amoved o eXo— minimizan el impacto de las GAFAM siguiendo las medidas de relevancia, alcance y participación (RAP). GAFAM es el acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft.

“A menudo falta financiación para hacer los programas más usables, más bonitos o ambas cosas”, reflexiona Barrachina. Señala que “la financiación suele llegar al desarrollo, pero no a la difusión, la formación o la creación de comunidades federadas”. Según ella, un reto es “vehicular una estrategia comunicativa en entornos cooperativos, activistas, asamblearios, educativos y culturales”. “No hay ningún departamento de marketing Fediversoal”, concluye, aunque destaca que “el primer reto es motivar la voluntad colectiva y transmitir el potencial de la federación”.

El futuro

Preguntada por si se imagina una fecha de fin de X y Meta, Barrachina responde que “no hay nada eterno” y lanza al vuelo: “¿Quién se acuerda de Messenger?”. En todo caso, defiende que “siempre es agradable dedicar tiempo a proyectos que realmente merece la pena crear y habitar”. Espera que el concepto de Fediverso despierte simpatía, familiaridad y esperanza, y que se creen muchos más nodos y herramientas fediversales: “Ya está ocurriendo y seguirá creciendo”. La miembro de Fedi.cat confía en que “la adopción del Fediverso pondrá en valor la cultura libre y general”.

Ona recuerda cómo “estaba enamorada de Internet 1.0 y con lo que llamaron 2.0” las grandes tecnológicas interceptaron la “comunicación horizontal” de los usuarios para convertirla —lamenta— en beneficio económico. “Somos una colonia digital, principalmente de Estados Unidos, aunque China se está expandiendo”. Según ella, Europa necesita sus propias herramientas y opina que hay que impulsar el software libre. Su conclusión es que “la soberanía, tanto digital como alimentaria o territorial, es crucial si no quieres depender de gente que no cuida a las demás personas. Buscan fama, dinero y poder”.

Somos Connexión tienen presencia en mastodon.social desde principios de 2019. Os animamos a descubrir el Fediverso, una alternativa abierta y descentralizada a las redes sociales convencionales. Es un espacio ético, genuino y respetuoso, donde la privacidad y la colaboración son prioritarias. Lejos del mercadeo de datos y de la inteligencia artificial que modela el timeline, en el Fediverso las conexiones son más humanas y conscientes.

Fuente: Somos Conexión

Lo digital es, también, material.

No es una falacia sino, más bien, una aseveración lógica: no puede haber mundo digital sin pantallas, sin cargadores, sin baterías, sin enchufes de la luz, sin cascos… sin servidores de internet y, por tanto, sin electricidad. Encender y apagar la luz o cargar el teléfono móvil necesitan recursos, usando un lenguaje capitalista, o bienes naturales, si se escribe desde una mirada crítica con el sistema económico. Detrás de lo digital hay agua, minerales, bosques, cada vez menos petróleo y gas, también tierras, muchas tierras y vidas de gente.

Y luchas y resistencias, y crítica feminista.

“El tamaño de la esfera material de la economía es totalmente dependiente del aporte energético que se pueda hacer”, decía la antropóloga y activista ecofeminista Yayo Herrero, en una entrevista publicada en el monográfico Energías, de Pikara Magazine.

Amaia Pérez Orozco, economista feminista, aterriza este apunte en los planes diseñados para marcar el futuro económico del Estado español, cimentado sobre los 72.000 millones de euros de los fondos europeos. “No se sostienen sobre nada, sobre ninguna materia y sobre ninguna energía. Niegan el colapso ecológico y ofrecen una visión simplista del cambio climático. No hablan de materiales escasos ni de materiales críticos. Se habla de la digitalización como climáticamente neutra y sin impacto. En energía se cambian los modos de generación, pero no se cuestiona la demanda ni hay perspectiva de reducción. Y el cuerpo es desplazado, no se habla de trabajo, solo de empleo”, resumía en la presentación del informe ‘Cómo la inversión pública socava la transformación ecofeminista’, editado por las organizaciones Colectiva XXK, Observatorio de la deuda en la globalización (ODG), Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) y Enginyeria Sense Fronteres (ESF).

El documento urge a confrontar el relato dominante que considera neutra en emisiones a la transición energética, al fomento de nuevas tecnologías y a los procesos de electrificación y de digitalización. Tilda asimismo de neocolonial a la economía europea, a la que acusa de acaparadora de los materiales y de “promotora del proceso de repatriarcalización de los territorios que trae consigo el extractivismo, como se denuncia desde colectivos ecofeministas”.

Dalila Argueta, defensora del río Guapinol, tuvo que abandonar Honduras porque su oposición a una minera de hierro en una reserva natural, que afectaba a 34 fuentes de agua, puso en peligro su vida. Ahora, como refugiada política y desde su nuevo hogar, la casa de defensoras Basoa, en Bizkaia, cuestiona las formas de vivir y los consumos. “Somos responsables de todo este daño ambiental que estamos ocasionando en todo el mundo, nos estamos comiendo la casa común. Estamos creando a nuestro planeta una grieta porque estamos hurgando y hurgando para sacar todo este tipo de minerales que necesitan para crear todo lo que se les antoje a las grandes compañías que crean la tecnología”, comparte.

“Luchan por todas nosotras”

Desde el Observatorio de la Deuda en la Globalización (ODG), Alfons Pérez, especializado en energía y clima, explica que la digitalización conlleva cambiar el modelo de consumo energético, porque profundiza la electrificación que, a su vez, necesita todo un aparataje: sí, el enchufe, pero también pensar dónde y cómo se produce la electricidad, y luego el cableado de alta tensión y de baja tensión. “Hay toda una materialidad detrás de la electricidad, aunque parece que es bastante inocua, no lo es”, incide. Y en la base material de la electricidad, recuerda Pérez, están el cobre, el litio, el lantano, las tierras raras. Y cita a la Agencia Internacional de la Energía, que ha dicho que en los próximos 20 años la extracción de litio puede aumentar 40 veces la demanda actual.

Por cierto, el 60 por ciento de las reservas mundiales de este metal están en el llamado triángulo del litio, entre Bolivia, Argentina y Perú. Por cierto, el expresidente boliviano Evo Morales culpó al litio del golpe de Estado en su país de 2019. Por cierto, Elon Musk, dueño de la empresa de coches eléctricos Telsa y ahora también de X (ex Twitter), puso entonces un tuit, que luego borró, en el que decía que derrocarían a quien quisieran. Por cierto, Lourdes Huanca, presidenta de la Federación de mujeres campesinas, artesanas, indígenas, nativas y asalariadas del Perú, ha dicho en una entrevista que “2023 es el año de revisar las concesiones mineras, petroleras y de agroexportación. Además, han encontrado litio en Puno. El poder lo sabe”. Por cierto, Perú vive una importante crisis política y social y la región de Puno está militarizada [el reportaje se escribió en 2023]. Por cierto, la extracción de litio requiere 2,2 millones de litros de agua por tonelada.

Hablar de extractivismo y de defensa del territorio debe ser una apuesta feminista, aunque no genere noticias virales y no ocupe grandes espacios en las agendas políticas ni en los encuentros culturales. En un ya lejano 2019, la salvadoreña Vidalina Morales, defensora del territorio y luchadora contra la minería metálica, compartió mesa de debate con Silvia Federici. “Escuchar a defensoras del medio ambiente es una cuestión de vida o muerte. Quienes luchan contra las grandes empresas de minería, petroleras y del agrobusiness luchan por todas nosotras”, manifestó ante un abarrotado auditorio la escritora y activista feminista italiana.

Alabar la digitalización y las tecnologías, presumir de cables blancos bien bonitos y de cámaras con una indecencia de megapíxeles, utilizar el comercio electrónico y las plataformas para ver cine online no puede obviar el debate sobre la minería, los grandes proyectos energéticos que generan expulsiones, y la situación de las defensoras. Ni ignorar las vidas de lucha, de exilios, y también de muerte: tanto Vidalina Morales como Dalila Argueta han sufrido el asesinato de compañeros y compañeras. Los grandes cables submarinos, el control de datos, los servidores de internet que hay que alimentar y enfriar o los oligopolios no pueden desaparecer si no se hace un uso crítico de un panorama digital controlado por un puñado de grandes empresarios, y que genera acaparamiento.

Desgobernanza y control

“Una de las críticas más fuertes a la economía digital es la ausencia total de lo que podemos llamar gobernanza, no solo de internet, sino también del manejo y comercio de datos, el comercio electrónico, de los usos de la inteligencia artificial, porque no podemos olvidar los controles de vigilancia ligados al fortalecimiento de regímenes autoritarios. Y esa desgobernanza es uno de los principales puntos donde insisten las críticas del feminismo. Es clave cómo los Estados montan políticas de control de movimiento de la población y de las acciones de la sociedad civil. Los sistemas de cibervigilancia y ciberseguridad afectan a los derechos humanos. Es lo que [la socióloga Shoshana] Zuboff llamó el capitalismo de la vigilancia”, reflexiona por teléfono Flora Partenio.

Los datos son una nueva materia prima

La doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires habla de la “geopolítica del poder digital”, que es un nudo entre digitalización, poder corporativo y financiarización. Porque hablar de internet es hablar de empresas, de unos 450 grandes cables submarinos y de nubes, pero no de las de vapor de agua, sino de conjuntos inmensos de ordenadores que envían información de acá para allá todo el rato y consumen mucha luz. Vamos, que la nube es materia pura y dura, es cosa, es objeto. Y está controlada por pocas manos, sobre todo por las de Amazon. Según los datos publicados el Transnational Institute (TNI), el 47,8 por ciento de la nube es de Amazon, el 15,5 de Microsoft, el 7,7 de Alibaba y el 4 por ciento de Google. “Esta concentración de poder digital es un riesgo, porque la promesa inicial que tenía el mundo digital era el acceso democrático, donde íbamos a poder acceder todas y todos, buscar, subir cosas, bajar. Y cuando vemos la trastienda, es una concentración muy fuerte en un puñado de empresas, lo que tiene un impacto enorme en la privatización de la internet en términos de acceso, de costos y de inversión en infraestructura”, continúa Partenio, integrante de DAWN, una red de feministas del sur cuyas siglas del inglés significan Mujeres por un Desarrollo Alternativo para la Nueva Era.

Los datos se acumulan en la nube, que no son más que montones de ordenadores operando juntos en búnkeres, pero también se mueven. Y no por el aire, sino por grandes cables. “La mayoría de nuestras actividades diarias, ya sean económicas (compras y operaciones bancarias en línea, comercio de alta frecuencia), administrativas (votar, presentar declaraciones de impuestos, ponerse en contacto con embajadas extranjeras), o sociales (redes sociales, llamadas telefónicas a otros países, conversaciones por correo electrónico) requieren una conexión a internet y el movimiento de datos en todo el mundo”, apunta Camille Morel, investigador asociado en el Instituto de Estrategia y Estudios de Defensa (Universidad de Lyon, Francia) y el Centro de la Marina Francesa para Estudios Estratégicos, en un informe sobre los cables submarinos en el Pacífico.

Si en 2010 Google, Meta, Microsoft y Amazon solo tenían un cable submarino de larga distancia, ahora rondan la treintena; en concreto, el famoso buscador tiene más de 100.000 kilómetros de cables bajo los mares y los océanos, nuevos espacios, por cierto, que se están abriendo a la minería. Maximilian Jung escribe en un informe de TNI que la construcción de sus propios cables brinda a las grandes empresas de tecnología un control técnico y operativo sin precedentes, así como el acceso privilegiado a los datos de miles de millones de personas usuarias. Porque es complicado vivir al margen de este orbe de apps, servicios tecnológicos y actividades en línea. A las grandes empresas tecnológicas, apunta Jung, les gusta afirmar que los datos son una nueva materia prima.

Reindustrialización

Y el control de los datos, recuerda la activista feminista Flora Partenio, es una cuestión clave: “Hay que reclamarlos, esto lo dicen muchas autoras, hay que apelar a la discusión de los datos como bienes comunes; y debe ser una prioridad, si no, es imposible avanzar en un mundo digital igualitario y justo”. Unos datos que se multiplican a diario, que son materia y, por cierto, están provocando una “reindustrialización”, un cambio de paradigma. El 39 por ciento de los centros de datos están en Estados Unidos, el 10 en China y el 6 en Japón. Nada de periferias, en pleno centro del sistema.

«Al no ser neutra, la tecnología replica los patrones de género»

“La parte industrial, es decir, el sustento real de esta economía digital, se relocaliza cada vez más en los centros de los países desarrollados, que hace una década y media o dos se habían deslocalizado hacia China por las condiciones laborales favorables a la ganancia y al lucro por la falta de derechos. Ahora, cada vez más empiezan a incorporar la inteligencia digital y el uso de datos en la producción y por lo tanto requieren de unas capacidades de trabajadores y trabajadoras que son más accesibles y cercanas a los centros de consumo; por eso la economía de [Estados Unidos, con el expresidente Donald] Trump creció como creció”, compartía la directora regional adjunta de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, Cecilia Alemany, hace dos años en la Escuela de Economía Feminista de DAWN. En el Estado español, por ejemplo, existen 25 centros de datos, según Spain DC, la patronal del sector que se acaba de crear, y hay varios más en marcha, entre ellos de Amazon.

Más allá de control, monopolio, acaparamiento, autoritarismos y expulsiones, la digitalización masiva requiere no olvidar el sesgo de los algoritmos, la pérdida de derechos laborales, las brechas digitales y de soberanía y los roles de género. Los feminismos están atentos y Partenio apuesta por la “justicia digital feminista”, un camino teórico y práctico que ya se ha empezado a caminar. “¿Es posible romper el pacto del capitalismo digital y las dinámicas patriarcales, que se sirven del trabajo no remunerado, mal remunerado, feminizado? Es central ver cómo interpelamos y cómo afrontamos esta desigualdad. Porque, al no ser neutra, la tecnología replica los patrones de género. ¿Cómo construimos un nuevo pacto digital?”, se repregunta la activista feminista que coordina el proyecto Justicia digital feminista, una iniciativa conjunta de investigación y activismo de DAWN con IT for Change.

Y su análisis, además de preguntas, atisba caminos por los que transitar: cómo sostener infraestructuras públicas digitales al servicio de los cuidados, de la salud y de la seguridad social; cómo avanzar hacia la desmercantilización de la comunicación digital y de las tecnologías; cómo avanzar en una estructura en red democrática, controlada por la comunidad y plural, y no en manos de unas pocas empresas; cómo avanzar en dinámicas de gobernanza feministas de las tecnologías; cómo reclamar internet como un bien público y espacios democráticos en estos mundos digitales y soberanía de los datos; y, al mismo tiempo, cómo avanzar en marcos de protección laboral. “Hay que abrir la discusión”, finaliza. Las grietas ya se abrieron.

Un artículo de Mª Ángeles Fernández para Pikara Magazine
Este reportaje pertenece al monográfico de Economía Digital Feminista, publicado en marzo de 2023, y que puedes comprar en su tienda online.

La Economía Social y Solidaria (ESS) ha tomado un papel principal y relevante dentro de las Naciones Unidas y otras organizaciones supranacionales como la Comisión Europea como herramienta para promover una economía más resiliente y saludable. La Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución en abril de 2023, referida a la Promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible. En diciembre de 2024, la resolución fue ratificada, mostrando el supuesto compromiso de la organización con esta forma de entender la economía.

Dicha resolución también señala que los países miembro deben elaborar estadísticas nacionales propias para este sector para que puedan dar visibilidad a la ESS, que permita su medición y que muestre el verdadero impacto que puede tener sobre el resto de la economía, sobre la generación de empleo y otros factores. Pero, la realidad es que la ESS está totalmente invisibilizada en los sistemas de contabilidad nacional.

La Economía Social y Solidaria está totalmente invisibilizada en los sistemas de contabilidad nacional

Es por ello que representantes de diez países comprometidos con los valores y la promoción de la ESS han firmado una carta conjunta en la que le piden a la Secretaría de Naciones Unidas, y concretamente a la División de Estadística, “la inclusión de un capítulo específico sobre economía social y solidaria en la próxima actualización del SCN-2008, en el que se establezcan los criterios-marco de perimetración de la economía social y solidaria”. Además, exigen la elaboración de un “Manual de Cuentas-Satélite de la economía social y solidaria”.

“Las empresas y entidades que integran la economía social y solidaria conforman un relato institucional del sistema económico con perfiles propios y diferenciados, inspirados en los valores y principios del cooperativismo histórico formulados por la Alianza Cooperativa Internacional (ACI)”, defienden los firmantes.

La carta ha sido firmada por la Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto a ministros de Trabajo de Brasil, Portugal, Colombia, Costa Rica, Honduras o Uruguay, el presidente del Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo de Chile, la directora general Instituto Nacional de Economía Popular y Solidaria de Ecuador y la directora general del Instituto Nacional de la Economía Social de México. En total diez países “iberoamericanos especialmente comprometidos con la economía social y solidaria”, tal y como reza el texto enviado a la ONU.

Fuente: El Salto

REAS se suma, como viene haciendo, a las voces de denuncia ante el genocidio que exigen el fin de la ocupación que sufre el pueblo palestino, la ruptura de relaciones comerciales con Israel y una respuesta definitiva a la crisis humanitaria en Gaza así como una solución pacífica y duradera. Por todo ello, secunda esta jornada de paro por Palestina.

Nos hacemos eco y secundamos el manifiesto de la Red Solidaria contra la ocupación de Palestina:

MANIFIESTO POR LA HUELGA GENERAL POR PALESTINA

¡El 15 de octubre lo paramos todo por Palestina!

Hoy, 15 de octubre, paramos. Paramos nuestras vidas, nuestros trabajos, nuestras aulas, nuestros cuerpos y nuestras calles.
Paramos porque no podemos seguir con nuestras rutina, mientras en la otra orilla del Mediterráneo se comete un genocidio.
Paramos porque no queremos mirar hacia otro lado. Porque el silencio y la inacción son cómplices.

El régimen colonial de Israel no comete este genocidio, esta ocupación militar, este apartheid en solitario. Lo hace con el apoyo, la financiación y la diplomacia de estados y empresas. Lo hace con la complicidad internacional de gobiernos, bancos, universidades y medios que sostienen un régimen de ocupación militar, apartheid, genocidio y colonialismo contra el pueblo palestino.

Estos días, las calles se han llenado de manifestaciones históricas. Estamos en un punto de no retorno. De no permitir que pase un día más sin actuar. Cada día que mantenemos la normalidad, Israel refuerza la maquinaria del genocidio.

Por eso, hay que pararlo todo por Palestina, tal y como piden los sindicatos que han convocado huelga general el 15 de octubre. Instamos a todos las organizaciones sociales, políticas y sindicales a trabajar en esa dirección. Una huelga general que debemos hacer masiva, llamando a todas las trabajadoras y trabajadores para que se unan a ella, y a la sociedad para que la apoye.

La presión popular está consiguiendo avances históricos —desde cierres de oficina gubernamentales en Israel, limitar el comercio armamentístico con Israel, que España no participe de Eurovisión si está Israel o que el equipo ciclista ya no se llamará “Israel Premier Tech”— pero todavía queda mucha complicidad que desmantelar.
Exigimos:

• Embargo integral y retroactivo de armas al Estado de Israel, que incluya los tránsitos, subcontrataciones y cualquier tipo de colaboración. Exigimos que el Real Decreto Ley de control de comercio de armas incorpore todas las enmiendas necesarias para convertirse en un verdadero embargo integral.
• Ruptura de relaciones de todo tipo con el Estado de Israel: económicas, académicas, diplomáticas, deportivas, culturales o institucionales.
• Apoyo firme a las demandas judiciales contra el Estado de Israel en la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional, así como la imposición de sanciones internacionales al régimen genocida.
• Fin del bloqueo israelí a la Franja de Gaza y apoyo activo a las iniciativas civiles y solidarias que buscan romperlo, como la Global Sumud Flotilla.
• Sanciones a las empresas, privadas y públicas, que sigan comerciando con Israel
• Ruptura de relaciones con sindicatos israelíes.
• Derogación inmediata de la Ley Mordaza y fin de la criminalización de la solidaridad con Palestina y de la persecución de activistas, periodistas y defensores de derechos humanos.

Porque si no paramos nosotras, seguirá la impunidad. No vamos a permitirlo.

La Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento es el fruto de un proceso colectivo iniciado hace meses en el que han participado numerosas organizaciones y colectivos de la sociedad civil. Constituye una serie de principios que informan el proceso de cara al Foro Social, que se celebrará en la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) los días 13 y 14 de febrero de 2026, y que supone la continuación de la Conferencia desde la deliberación democrática y acción colectiva por una transición ecosocial justa.

Uno de los actos centrales de la Conferencia Beyond Growth en Madrid fue la presentación de una declaración bajo el título Decrecimiento para el bienestar: la urgencia de un nuevo modelo ecosocial. 

La declaración es resultado de las aportaciones de muchas de las organizaciones que participaron en la conferencia con la voluntad de construir algo en común y cuyo resultado fue un documento de ocho páginas que, ahora mismo, está recopilando adhesiones. Se trata de un texto que denuncia en su introducción que “un modelo social y económico basado en el crecimiento sin fin es incompatible con el equilibrio ecológico del planeta y su habitabilidad” y pretende “abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro”.

La agenda de este pacto poscrecimiento se concretaría en una serie de 39 medidas iniciales que ocupan el grueso del documento y se estructuran en doce áreas: servicios básicos universales con perspectiva público-comunitaria, renta básica universal e incondicional como derecho de garantía de ingresos, fin de subvenciones a actividades destructivas y finanzas ecosociales, decrecimiento del sector turístico, transición agroecológica, impulso a de la economía social y solidaria, reforma fiscal justa y verde, democracia deliberativa permanente y vinculante, protección de los derechos de las generaciones futuras y de la naturaleza, cancelación de los tratados de comercio e inversión, cancelación de la deuda y reparación histórica, y decrecimiento digital.

Puedes conocer más detalles en este artículo: «Crónica de «Más allá del crecimiento / Beyond Growth España» (II): la Declaración»

Declaración en el marco de la Conferencia Más Allá del Crecimiento 2025.

Activar el freno de emergencia
Con esta Conferencia Más Allá del Crecimiento, en el Congreso, activamos colectivamente el freno de emergencia ante un modelo que nos está llevando al colapso ecológico y social. Es una llamada directa a la sociedad y a las instituciones para abrir un debate democrático inaplazable: cómo vivir con bienestar dentro de los límites del planeta sin depender de la explotación de otras vidas, humanas y no humanas, presentes o futuras, poniendo la vida en el centro.

Partimos de una situación en la que nuestros modos de vida han sido moldeados por un sistema económico basado en la acumulación sin límites, un sistema capitalista, fósil, patriarcal, colonial y antropocéntrico que no cuida a las personas ni al planeta, que depende de recursos energéticos y minerales limitados, que se apropia de innumerables trabajos de cuidados para sostenerse, y que deja de lado a millones de vidas mientras nos empuja hacia la extinción. Un sistema que carece de legitimidad para guiar la transición ecosocial que necesitamos en un contexto de creciente autoritarismo y deterioro de las instituciones democráticas. (…)

Leer declaración completa

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Oikocredit publica su Informe de Impacto 2025, documento que recoge la actividad de impacto social de la cooperativa en África, América Latina y Asia dentro de sus sectores prioritarios: microfinanzas, agricultura sostenible y energías renovables.

• El nuevo informe recoge la actividad de impacto social de la cooperativa en África, América Latina y Asia dentro de sus sectores prioritarios: microfinanzas, agricultura sostenible y energías renovables.
• Las organizaciones socias de la cooperativa han alcanzado a 49 millones de clientes y a casi 3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Asimismo, se ha llegado a 600.000 agricultores y se ha proporcionado acceso a energía limpia a 118.870 hogares.
• La cooperativa invirtió casi 1,4 millones de euros en fortalecimiento de capacidades, beneficiándose de ello 151 organizaciones en 21 países diferentes, un 57 % más que en el año anterior.

Oikocredit, cooperativa internacional dedicada a la inversión de impacto en países de bajos ingresos, acaba de publicar su Informe de Impacto 2025. El documento recoge los principales resultados de su labor durante el último año y conmemora medio siglo de trayectoria, destacando su contribución a la inclusión financiera, la agricultura sostenible y las energías renovables en comunidades de bajos ingresos de África, Asia y América Latina y el Caribe. Además, desarrolla con detalle su aportación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible a través de más de 50 indicadores y subraya el valor de su programa de mejora de capacidades para organizaciones socias. 

Desde su fundación en 1975, Oikocredit ha demostrado que las finanzas basadas en valores pueden transformar vidas. A lo largo de medio siglo, ha desembolsado más de 5.800 millones de euros en apoyo a 2.240 organizaciones socias en 75 países.  

El nuevo informe confirma la solidez de este compromiso: las organizaciones socias de la cooperativa han alcanzado a 49 millones de clientes del Sur Global y a casi 3 millones de micro, pequeñas y medianas empresas. Analizando el perfil de cliente, el 88 % de las personas beneficiadas por las organizaciones socias de Oikocredit para la inclusión financiera han sido mujeres, y el 72 % viven en zonas rurales. 

Por otra parte, y fruto de las colaboraciones de Oikocredit con organizaciones agrícolas, se ha llegado a 600.000 agricultores, mientras que las asociadas al sector de energías renovables han proporcionado acceso a energía limpia a 118.870 hogares. 

El Informe de Impacto 2025 también pone rostro al cambio a través de historias reales que muestran cómo la inversión responsable transforma comunidades.

• En Indonesia, Eti ha pasado de cultivar hortalizas tradicionales a consolidar un negocio de fresas gracias al apoyo de BMT ItQan, proporcionándole ingresos más estables; mientras que Triendah Daryanti, con el respaldo de la cooperativa Kopsyah BMI, logró ampliar su lavandería y diversificar ingresos para su familia. Hoy cuenta con numerosos clientes y ofrece recogida gratuita de ropa en moto.
• En India, Padma y Amarnath han fortalecido su pequeño comercio de arroz y abierto una tienda de comestibles con un préstamo de Vreedhi para comprar existencias.
• En Uganda, más de 12.000 caficultores, entre ellos Ireen Kabugho, han accedido a mercados certificados y a formación en prácticas sostenibles con el apoyo de Agri Evolve.
• Además, los préstamos de la organización socia de Oikocredit SHARE Guatemala han ayudado a Prudencia Patzán al crecimiento de su negocio de telas en el que emplea a 25 tejedoras que trabajan desde casa. Su hija Evelyn recibió una beca de SHARE para completar la educación primaria gracias a su buen rendimiento.
• En Kenia, a través de Mitra Dhuafa (KOMIDA), cooperativa de ahorro y crédito para mujeres indonesias con bajos ingresos, Oikocredit facilitó el acceso a la financiación agrícola asequible y flexible a las mujeres agricultoras, además de formarlas en conocimientos financieros y características de los préstamos.

Descarga aquí el informe completo (inglés).