Decenas de organizaciones cooperativas, asociaciones de pequeños productores, emprendedores, organizaciones sociales no gubernamentales y grupos de consumidores, acordaron la conformación de una plataforma solidaria de comercio justo y redes de Economía Solidaria en la República Dominicana.

Con esta iniciativa buscan mejorar las condiciones económicas y sociales de trabajadores y comunidades que participan de manera subordinada en el sistema productivo.

La plataforma iniciaría con la integración de una base de datos sobre la oferta y demanda de bienes y servicios en la que participarían comunidades organizadas para fomentar los intercambios directos entre consumidores y productores.

De esta forma explicaron le quitaría peso a rol dominante que juegan los intermediarios en las cadenas de producción y distribución, donde a los trabajadores, pequeños productores y consumidores en general en la actualidad, le corresponde la menor parte de la riqueza social colectiva producida en la sociedad.

Estas son de las principales conclusiones a que se arribaron en el Encuentro Nacional sobre Buenas Prácticas en Cooperación entre Cooperativas, Comercio Justo y Redes de Economía solidaria en la República Dominicana realizado el pasado sábado 25 de noviembre en el Salón Duran Bracho del Colegio Medico Dominicano (CMD) en el Distrito Nacional.

El Centro Comunal de Las Palmas (CCLP) y la Cooperativa de Producción, Trabajo y Servicios Múltiples Unión Comunitaria (Coopucom), promovieron esta actividad en el Marco del Proyecto: Educación Cooperativa y Financiera para la Autogestión, la Movilización Comunitaria y el Impulso del Desarrollo Sostenible en Las Palmas y el Municipio Santo Domingo Oeste que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación (Minerd).

Tomaron parte del encuentro también un conjunto de instituciones y organizaciones que promueven proyectos e iniciativas que buscan la justicia social con una mejor organización de las cadenas de producción, distribución y el predominio de las finanzas éticas que le pongan coto a la usura, entre ellas, el Instituto para el Desarrollo de la Economía Asociativa (Ideac), la Articulación Nacional Campesina (ANC), Iniciativa Solidaria (ISOL), el Observatorio Nacional en Defensa de los Derechos del Consumidor (Onpeco), la Asociación de Personas con Discapacidad Físico Motora (Asodifimo).

También el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil para las Políticas Sociales, la Federación Nacional de Cooperativas de Ahorro y Créditos, Grupo Ambiental Hábitat, Centro de Promoción Campesina Sebastián Lemba, Centro de Investigación y Educación Popular(Ciepo), Coalición Ambiental del Noroeste (Coanor) entre otras.

Durante la actividad se desarrollaron mesas de trabajos en temas de Producción, distribución, comercialización, consumo responsable, comercio justo y finanzas éticas.
De igual forma se discutió una propuesta de protocolo para organizar la base de datos sobre oferta y demanda e incentivar los intercambios directos entre productores y consumidores organizados en cooperativas, asociaciones, ONGs y otras organizaciones.

Del 11 al 15 de agosto 2014, el Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC) y el Movimiento Agroecológico de America Latina y el Caribe (MAELA) invitan al I Encuentro Regional de Agroecología de Organizaciones del Caribe. Nos estarán acompañando organizaciones de Cuba, Haití, Puerto Rico, Guadalupe y República Dominicana.

MAELA representa a cientos de miles de campesinos y campesinas, agricultores familiares, y pueblos indígenas que sostienen desde sus organizaciones y territorios sistemas agroalimentarios sanos, seguros y soberanos para alimentar a nuestros pueblos.

Entendemos la agroecología como uno de los pilares básicos que componen la #EconomíaSocial y #EconomíaSolidaria, junto con la#SoberaníaAlimentaria, la #EconomíaFeminista, la #Autogestión de los bienes comunes, las #FinanzasÉticas y el #ComercioJusto. Del mismo modo la ESS es una modalidad de organización de la producción, la distribución, la reproducción y el consumo responsable; basándose en la cooperación, colaboración e interdependencia entre los seres humanos y de estos con la naturaleza.

Si quiere participar y para más información, llamar al 809-227-0012, contacto Mery Lois Dorrejo, o escribir a mdorrejo@ideac.org.do

Los doctores Max Puig y Marcos Villamán plantearon la necesidad de modificar el modelo económico que se aplica en la República Dominicana y coincidieron en afirmar que la economía solidaria podría ser un elemento fundamental en ese cambio y en la mejoría de las condiciones de vida de millones de dominicanos.

El ministro de Trabajo y el director ejecutivo del Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare) afirmaron que el crecimiento económico que se da en el país en los últimos años, va acompañado de un crecimiento de la desigualdad social y económica.

Los doctores Max Puig y Marcos Villamán plantearon la necesidad de modificar el modelo económico que se aplica en la República Dominicana y coincidieron en afirmar que la economía solidaria podría ser un elemento fundamental en ese cambio y en la mejoría de las condiciones de vida de millones de dominicanos.

Los funcionarios formularon sus consideraciones al participar este martes como oradores en el acto inaugural del Primer Congreso Internacional sobre Economía Solidaria y Estrategia de Desarrollo que contó con la participación de más de 150 dirigentes de organizaciones de trabajadores autónomos de ocho países de América Latina.

Puig sostuvo que el 56 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA) del país está en la economía informal, mientras que hay un desempleo ampliado de un 14.3 por ciento, por lo que al sumarlos tenemos un 70 por ciento de economía informal.

“De manera que sólo un 30 por ciento de la PEA forma parte del sector formal. Y de este 30% alrededor de un 40% perciba salario de diez mil pesos o menos”, expresó.

Agregó que el promedio de escolaridad de los trabajadores es de un promedio de un 5%, lo que implica escasa formación, poca capacidad productiva y bajos salarios.

En tanto que Marcos Villamán, director ejecutivo del Conare sostuvo que aunque se ha decretado teóricamente una salida del neoliberalismo, este modelo se sigue ejerciendo en la práctica, es el referente.

Planteó la necesidad de abrir el país a un debate con otras ideas, diferentes al actual modelo económico, abrirse a otras realidades para orientar y ver alternativas económicas.

En ese sentido consideró que ayudaría ver y escuchar lo que hacen otros países, compartir experiencias, identificar las mejores prácticas y estrategias, de modo que se haga un esfuerzo por resolver el problema “que nos mantiene anclados a un crecimiento económico parejo al crecimiento de las desigualdades sociales y económicas”.

Consideró que las discusiones de los ejemplos y adelantos en la economía solidaria en distintos países podría ayudar a introducir cambios en el modelo económico que se sigue en el país.

Dijo que el gobierno hace un gran esfuerzo para transformar el país, que se mantiene trabajando en la Estrategia Nacional de Desarrollo, cuya propuesta lleva a todos los sectores nacionales.

Mientras que Nicolás Cruz Tineo, coordinador de la Red de Economía Solidaria (Redesol) y director del Instituto de Desarrollo de la Economía Nacional (IDEAC), dijo que América Latina es el hemisferio con mayor desigualdad y que la República Dominicana es el país de Latinoamérica con mayores niveles de desigualdad en esta zona.

Afirmó que desde el Estado no existe una propuesta, ni una voluntad política expresa dirigida a cambiar esta situación, que el Plan Nacional de Desarrollo no contempla esto, “pues el mismo Estado se niega a cumplir la ley, por ejemplo al negarse a invertir el 4% en Educación”.

Sostuvo que la base de la economía solidaria es la autogestión, la independencia de los trabajadores, intelectuales, técnicos para que no dependan del gobierno, sino de su trabajo, de impulsar sus propios proyectos.

Agregó que los otros elementos son la equidad de género, la soberanía alimentaria, la economía ecológica, el comercio justo y que todo esto se manifiestas en el cooperativismo, el asociacionismo, entre otras manifestaciones.

El Primer Congreso Internacional de Economía Solidaria se organizó por el IDEAC y REDESOL con el apoyo del Ministerio de Trabajo y el CONARE, se llevó a cabo en el Hotel Lina y cuenta con la participación de delegaciones de Costa Rica, Colombia, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, Cuba y República Dominicana.

La actividad tiene como objetivo ampliar los conocimientos y posicionar en el debate público los temas relacionados con la economía solidaria, como propuesta de desarrollo económico y social fundamentado en el ser humano, en el bien vivir, a nivel de la opinión pública, la sociedad civil, los estamentos políticos, académicos, legislativos, para la elaboración de una propuesta nacional de desarrollo a 20 años y la creación de un marco jurídico adecuado al sector.

Entre los expositores nacionales y extranjeros que se encuentran en la actividad figuran Euclides Mance, Pedro Pablo Pérez, Cristian Guillén, Francisco verano, Win Dierckxsens, Luís Eduardo Salcedo, Yanio Concepción, Manrique de Peña, Silvestre De León, Gustavo Gandini, Amparao Chantada, Hecmilio Galván, Eduardo Fontenla, Romeo Lemos, Isabel Rauber, Mirqueya Mateo, Roldán Mármol, Antonio Morillo, Juan Monegro, Carlos Varela, Guadalupe Valdez, Alina Ramírez y Jorge Eligio Méndez, entre otros.

El presidente Leonel Fernández afirmó ayer en Medellín, Colombia, que la vía para que América Latina alcance un verdadero desarrollo sostenible está en la implementación de lo que llamó un nuevo modelo de economía social solidaria de mercado.

Al dictar una conferencia en la universidad EAFIT sobre economía y geopolítica en Las Américas, el mandatario dominicano aseguró que uno de los principales problemas que afectan al continente en el siglo 21 es de carácter social, de marginalidad, de desempleo, de falta de oportunidades y exclusión social.

Fernández entiende que esos problemas exigen un plan de desarrollo económico que debe surgir a raíz de un nuevo paradigma o modelo económico donde el mercado juegue su papel de proveedor de los ciudadanos.

El mandatario explicó que en pleno siglo 21 lo más prudente y aconsejable para que América Latina alcance un verdadero desarrollo social y económico es que se establezca un equilibrio entre Estado y mercado, ya que estos son los dos conceptos y ejes que existen en un sistema de libre competencia.

Equilibrio. El presidente Fernández agregó que ese equilibrio se puede lograr asignando a cada cual el rol que le corresponde en un modelo de desarrollo económico social.

Dijo que en un sistema capitalista, al mercado le corresponde el papel de proveer los bienes, productos y servicios que los ciudadanos demandan y que el Estado no sólo debe garantizar que esos productos y servicios lleguen a las familias, sino que lleguen con calidad y a buenos precios.

Fernández sostuvo que a ese paradigma de equilibrio entre mercado y Estado se le puede llamar modelo de economía social solidaria de mercado porque a su entender, rescatando la dimensión de lo social y lo solidario, Latinoamérica avanzará a un estado superior de convivencia y desarrollo.

De su lado, el rector de la universidad EAFIT, Juan Luis Mejía Arango, al presentar al presidente Fernández calificó al mandatario como un líder de América Latina y el Caribe en procura de la paz en nuestro continente.

Mejía Arango agradeció en nombre de todos los colombianos el papel desempeñado por éste en la Cumbre de Río celebrada en la República Dominicana en el 2008, donde el jefe de Estado logró acercar naciones de Latinoamérica que vivían dificultades diplomáticas.

Escrito por: ADALBERTO DE LA ROSA (a.rosa@hoy.com.do)

La economía social esta creciendo y ocupando espacios tanto en la economía real como en el campo académico y en las políticas públicas mundial, por lo cual es importante que República Dominicana la vea como propuesta de desarrollo económico y social alternativo en el plano popular, de la sociedad civil, político, académico y científico, afirmó el licenciado Nicolás Cruz, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía (IDEAC).

El economista externo su opinión en el acto de clausura del seminario “Economía solidaria ante la crisis del capitalismo global”, que se realizó del 18 al 19 de este mes, organizado por la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UASD, la Red Nacional de Organizaciones de Economía .y el Instituto de Desarrollo de la Economía (IDEAC), con el auspicio de la Corporación Católica para la Ayuda al Desarrollo y la Unión Europea a través del Proyecto PRIL.

El evento contó con prestigiosos expertos de la economía del ámbito nacional e internacional, los expositores extranjeros fueron Los doctores Euclides André Mance, de Brasil, Benito Díaz, de Venezuela, Francisco Verano, de Colombia, Yves Vailancourt, de Canadá. También Nedda Angulo, de Perú y Trinidad Sánchez, de Honduras.

Por el país estuvieron como expositores Los doctores Manuel Salazar, Manuel Linares, Hirán Sánchez, Melvin Pérez y los licenciados Hecmilio Gaván, Román Batista y Juan A. Japa.

Benito Díaz, profesor de la Universidad de los Andes de Venezuela, destacó que en un estudio reciente contratado por la Comunidad Europea, se determinó que la Economía Social son organizaciones democráticas, cuyos socios controlan mayoritaria o exclusivamente el poder de decisión de la organización, tales como cooperativas, sociedades laborales, mutuales, fundaciones, asociaciones de utilidad pública, centros especiales de empleo y empresas de inserción social.

De su lado, Francisco Verano, presidente de la Confederación Latinoamericana de Cooperativas y Mutuales de Trabajadores de Colombia (COLACOT), explicó que la crisis global del capitalismo da la oportunidad a los pueblos y naciones para superar las causas sociales, económicas, políticas y culturales que impiden alcanzar el desarrollo humano en nuestra región.

“Una de las características de la economía solidaria es .la supremacía del trabajo sobre el capital, con lo cual se reencuentra el origen y la función de la economía y el desarrollo humano, y se rescata el trabajo y su dignidad de la esclavitud ejercida por el capital.” Afirmó Verano.

Asimismo, Hiran Sánchez, economista y profesor de la Universidad autónoma de Santo domingo (AUSD), señaló que en las actuales circunstancias, el sector de la economía solidaria debe constituirse en paradigma de los sectores empresariales, sociales e institucionales, debiendo ser la vanguardia del desarrollo, a pesar de lo desfavorable que resulta para este sector dadas las tempestades globalizantes, que traen consigo una desaforada competencia comercial y una agresiva competitividad empresarial, y que evidentemente, producto de los profundos cambios institucionales, políticos y sociales que de manera irreversible se avizoran conducirán a un nuevo orden económico mundial.

El concepto y propuestas de Economía Solidaria están siendo considerados por organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales, investigadores sociales, economistas y gobiernos, como propuesta viable de modelos de desarrollo de los países o a nivel local.

Todo el planteo teórico y académico de la propuesta de economía solidaria, se fundamenta en la existencia real de múltiples y variadas formas económicas no lucrativas y asociativas de hacer economía.

El Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (Ideac), deploró que la reforma constitucional no reconozca ni fortalezca la economía solidaria, dando así rango constitucional al neoliberalismo económico.

Creen que el resultado de los puntos aprobados le confiere rango constitucional a la primacía de la economía privada sobre la pública y la social”.

Durante un taller celebrado este fin de semana con periodistas del área económica, el director del Ideac, Nicolás Cruz Tineo, planteó que el incremento de la desigualdad social, principal generador del modelo neoliberal, ha obligado a los trabajadores autónomos a acceder a los mercados y a sostener sus propios empleos, quedando sus acciones desprotegidas por la nueva constitución.

Entre los artículos reformados que cuestiona el Ideac se cuestiona que estén los siguientes: El no reconocimiento al límite particular e individual sobre las inversiones y propiedad privada, la privatización de las playas, de las áreas ecológicas y protegidas, así como otros servicios sociales. Critican también que mientras la constitución vigente establece que el Estado es el único ente que puede establecer monopolios de interés estratégico para la nación, la nueva reforma eliminó esas prerrogativas soberanas de la nación. Asimismo cuestionan que mientras la presente constitución privilegia el desarrollo de las empresas nacionales y la protección y fomento del sistema productivo del país, la reforma establece iguales condiciones a las inversiones nacionales y extranjeras.

Se quejan además de que se eliminara del régimen económico el privilegio que gozan las cooperativas en la actual constitución.

La entidad asegura que la Constitución que pretende aprobar la Asamblea Revisora desconoce los derechos y la protección de una parte importante de la clase trabajadora.

Su propuesta

La Red de Organizaciones de la Economía Solidaria (Redesor), fue una de las entidades que presentó hace varios meses sus propuestas centrales y reivindicaciones durante encuentros y reuniones con comisiones y a través de contactos directos con asambleístas.

Los resultados

Los representantes de la sociedad civil han sido sorprendidos en su buena fe, porque no han obtenido respuesta y, peor aún, fueron notificados de que tales propuestas no fueron ni siquiera conocidas por la Asamblea Revisora.

La economía solidaria que es promovida por las cooperativas podría disminuir su influencia en el auge de soluciones a los problemas de los sectores de menos ingresos económicos, si quedan desprotegidas por la Constitución y pasan a ser reguladas por la Superintendencia de Bancos en la libre competencia en el sector financiero del país.

Los aportes de las cooperativas en el país es de un movimiento económico de alrededor de 60 millones de pesos.

También la generación de 60 mil empleos y más de dos millones de soluciones al año, podrían perderse a causa de las intenciones de algunos sectores de que sean regidas por la Ley Monetaria y Financiera.

El movimiento cooperativo de la región del Cibao, está muy preocupado por las consecuencias que traería a ese sector las marcadas intenciones de colocar estas instituciones de la economía solidaria en las mismas condiciones que la banca privada.

El problema radica en la desprotección constitucional, insisten los líderes de ese sector, encabezado por el presidente de la Federación Regional de Cooperativas del Cibao (FECOOPCEN), Eddy Alvarez, Narciso Vargas, Alejandro López, Rodolfo Reyes, Eulogio Mendoza y Francisco Martínez.

Hay dispositivos aprobados en primera lectura en el marco de la reforma a la Constitución, donde se retira el término protección y se sustituye por el de libre competencia, con lo cual las cooperativas pasarían a recibir el trato impositivo y las regulaciones de la Superintendencia de Bancos, en lugar de estar a cargos del Instituto Dominicano de Crédito Cooperativo IDECOOP y por la Ley 127.

Siendo así las cooperativas dejarían de cumplir su función de operar como un factor de estabilización social ante la crisis y que permite resolver cuestiones prioritarias al 30 por ciento de la población pobre.

La República Dominicana cuenta con alrededor de 750 mil cooperativas que generan miles de empleos directos. Los indirectos no han sido cuantificados, pero son muchos.

La protección Constitucional

Además, de la ley 127 del l964, creada exclusivamente para regular el funcionamiento de las cooperativas, la Constitución de la República protege ese sector. El artículo 8 en los numerales l3 y l4 se refiere a la protección que ofrece a las cooperativas.

Los dirigentes de las cooperativas del Cibao, integrados en la Federación Regional de Cooperativas del Cibao (FECOOPCEN), advierten que quitar esa protección y permitir que las leyes impositivas regulen el funcionamiento de este sector sería la destrucción de la economía solidaria.

Pero además, la República Dominicana se establecería como el único país en el Caribe, América Latina que grava el funcionamiento de las cooperativas en las mismas condiciones que el sector financiero.

A los congresistas de Santiago

Los cooperativistas pidieron a los congresistas del Cibao que defiendan las cooperativas rechanzando la desprotección constitucional aprobda en primera lectura en el conocimiento de la Reforma a la Constitución.

Los conceptos de preocupación de las cooperativas fueron expuestos en el marco de una visita de cortesía al director de este diario, lienciado Enmanuel Castillo.

«Nosotros atendemos el 30% de la población más pobre, que por sus condiciones no puede aplicar al sistema financiero formal y operamos con gran transparencia y efectividad en una actividad que beneficia indirectamente a tres millones de personas, por intermedio de los 750 mil socios que se benefician de nuestro sistema en el cual no hay un grupo dueño del capital, sino que el patrimonio es colectivo», agregaron.

Tanto Alvarez, como Vargas, este último presidente de la Cooperativa La Altagracia, entienen que los congresistas deben defender el actual status de las coopertivas, porque es lo mismo que defender los intereses de los pobres y marginados del país que tienen acceso a crédito en este sector.

Los cooperativistas entienden que los legisladores deben situarse como genuinos representantes del sentir popular, votando a favor de la protección del cooperativismo en la República Dominicana.

Las gestiones del cooperativismo beneficia al comercio, pequeña y mediana empresa, entidadades comunitarias y otros sectores de la economía informal», pusieron de manifiesto los representantes del Cibao Central de las cooperativas.

La República Dominicana cuenta con 650 cooperativas diseminadas en todo el país, que mueven alrededor de RD$60 mil millones al año y tienen más de 750 mil socios. Es el sector de la economía solidaria que más aportes hace a la guerra contra la pobreza y la exclusión social.

Julio Furcal, presidente del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), en visita a DL, junto a José Joaquín Suriel, gerente general de la Cooperativa Empresarial, dijo que ese sector tiene una gran responsabilidad social que cumplir, por lo que pidió a las autoridades y congresistas que ese sector sea preservado y protegido constitucionalmente.

Según Furcal, las cooperativas trabajan con los sectores más carenciados de la sociedad dominicana, y citó que donde están las mayores cooperativas abiertas y comunitarias en el país, no se ha podido desarrollar el sistema financiero tradicional.

En la provincia Monte Plata donde todas las propiedades y terrenos son del Estado, un cliente no tiene con qué garantizar un préstamo en un banco, incluso algunos bancos han intentado establecerse en la zona, pero no han podido ,y su papel lo vienen a jugar las cooperativas.

Sin embargo, la Cooperativa el Progreso en Bayaguana se establece y ayuda resolver los problemas a la gente debido a que la garantía principal es solidaria o la confianza, es decir, el compromiso que tiene el asociado con la entidad.

En San José de las Matas, por ejemplo, todos los servicios sociales que se brindan en esa comunidad lo realiza la Cooperativa San José. O la Cooperativa Empresarial, en la que José Joaquín Suriel es el gerente general, que es una entidad formada para trabajar con microempresarios.

Pero no es que las cooperativas tienen competencia con la banca nacional, pues los recursos que manejan lo administra el sistema financiero del país. Lo que pasa es que la cooperativa trabajan con un sistema distinto a ese sistema.

El volumen de retorno de las cooperativas en el país, de casi un 98% y se habla de 750 mil socios directos, está en competencia con las instituciones financieras más eficientes del país. En la actualidad hay 650 cooperativas y grupos cooperativos.

El sector maneja entre el 30% a 33% de la población dominicana que accesan a los créditos y préstamos vía las cooperativas para resolver sus problemas en microempresas, hogar, cultivo y siembra, recursos que no pueden conseguir en la banca tradicional.

Según Furcal, a este sector, más golpeado en este momento en el marco de la reforma constitucional, el Gobierno, el Estado y los legisladores, lo que deben es procurar seguir incentivando su desarrollo, pues en una empresa pública o privada donde hay una cooperativa se le quita presión a los gestores de esa entidad.

Las cooperativas hora están en una campaña amplia de apoyo al año escolar.

Las más fuertes

La primera cooperativa que surgió en el país fue la de Manoguayabo, en el 1947. El mayor desarrollo del sector está en Santo Domingo y en el Cibao. Hay cooperativas que manejan más recursos que algunos de los bancos del sistema tradicional.

Las principales son La Cooperativa de Maestros, que tiene 105 mil asociados y la San José, en San José de las Matas. La primera tiene más de RD$7 mil millones en activos y la San José ronda los RD$4,500 millones.

En una marcha demostración realizada este miércoles 12 de agosto, en demanda de su inclusión en la Carta Magna, que concluyó frente al edificio del Congreso Nacional, las Organizaciones del sector de la economía solidaria, integrado por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras organizados en empresas asociativas, cooperativas, grupos de ayuda mutua y auto-ayuda, mutuales, fondos rotatorios de créditos, organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD), y de desarrollo comunitario, etc., demandan el reconocimiento y protección constitucional, mediante su inclusión en el nuevo texto constitucional de la República Dominicana.

Las cooperativas y organizaciones económicas asociativas como parte de la economía solidaria, cuyos principios de solidaridad, primacía del trabajo y control democrático de la gestión, realizan un significativo aporte a la economía y desarrollo social democrático del país. Contribuye al desarrollo económico del país, a través de los miles de millones de pesos generados en la producción y comercialización de productos de primera necesidad, la obtención de divisas por la exportaciones agropecuarias de comercio justo, la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como la generación y protección de cientos de miles de empleos y autoempleos en todo el territorio nacional.

En ese sentido el sector de economía solidaria han propuesto el reconocimiento constitucional de sus derechos como trabajadores y trabajadoras y el establecimiento de un Régimen Económico que promueva y proteja todas las formas de propiedad y organización económica existentes, incluida la propiedad social, además de la pública y privada.

La ausencia de una normativa constitucional resulta violatoria de las disposiciones de la actual constitución de la República, así como de las constituciones de 1963 y 1966 que reconocen y establecen el deber del Estado en la protección y fomento de la cooperativas, lo que a su vez se traduce en desprotección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras autónomas asociados(as), quienes representan una significativa proporción de la fuerza de trabajo en la República Dominicana.

La débil protección al sector de economía solidaria tiene su expresión en estos momentos en que se pretende desconocer el aporte del sector cooperativo en el ámbito educativo, medio ambiente, salud, etc., imponiéndole administrativamente impuestos comerciales y aranceles de los que están legalmente exoneradas precisamente en razón de su responsabilidad y compromiso social.

Las Propuestas del Sector de la Economía Solidaria y Cooperativo:

Artículo 42. El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, cooperativa, mixta y que deberá cumplir su función social y ambiental. Toda persona tiene derecho al goce, disfrute y disposición de sus bienes. El Estado garantizará la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad, factores de producción y mercados de trabajo, impulsando políticas especiales dirigidas a erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el ámbito económico.

Artículo 195. El régimen económico de la República Dominicana es plural, y se orienta al logro del desarrollo humano sostenible, basado en la justicia social, el desarrollo económico, la igualdad, la cohesión social y territorial, la justa distribución de la riqueza e ingresos nacionales, la sostenibilidad ambiental, en un marco de participación social, solidaridad e igualdad de oportunidades.

El sistema económico estará constituido por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determine. Todas las formas de organización económica tienen la obligación de generar trabajo digno

Artículo 196. Toda iniciativa de actividad económica es libre, siempre y cuando no sea contraria al bien común. El Estado procurará, junto a los demás actores económicos, un desarrollo equilibrado y sostenido de la economía, con estabilidad de precios, tendente al pleno empleo, y al incremento del bienestar social, mediante la utilización racional de los recursos disponibles, la formación permanente de los recursos humanos, y del progreso científico y tecnológico.

Artículo 197. El Estado garantiza el pluralismo económico basado en la coexistencia de diversas formas de propiedad y de empresa: pública, privada y social. Bajo el principio de corresponsabilidad, el Estado puede, por cuenta propia o en asociación con los sectores privado y social, ejercer la actividad empresarial con el fin de prestar servicios públicos, asegurar el acceso de la población a bienes y servicios básicos y de promover la economía del país.

Artículo 200. El Estado reconoce el aporte de las iniciativas económicas populares y solidarias al desarrollo del país. Incentiva y protege a la pequeña y mediana empresa, las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos rotatorios, los fondos de ayuda mutua, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, la producción, el ahorro y el consumo, que generen condiciones que les permitan acceder a financiamiento, asistencia técnica y capacitación oportunos. Estas formas empresariales que son parte de la economía solidaria, se regularán de acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios.

República Dominicana
Octavio Rivera
Periodista

Artículos de prensa:

• Cooperativistas demandan se les incluya en la Constitución
  
• Marchan por reconocimiento y protección trabajadores de la Economía Solidaria
  
• Cooperativistas marchan en demanda de ser incluidos en la Constitución
  
• Cooperativas piden protección del Congreso (incluye vídeo)
  
• Cooperativistas dominicanos marchan en reclamos de derechos
  
• Piden Incluir en la Constitución el reconocimiento y protección de los trabajadores y trabajadoras de la Economía Solidaria
  
• Coopherrera participa en marcha de los cooperativistas exigiendo al Gongreso reconocimiento constitucional

Red de Organizaciones de la Economía Solidaria proponen a los/as legisladores incluir en la Constitución de la República un Régimen Económico que reconozca y proteja al sector de la Economía Social y Solidaria

En la República Dominicana existen y han existido históricamente distintas formas de propiedad: a) la estatal que es patrimonio público, cuyo fin es el bienestar común y b) la privada, con fines lucrativos y de beneficios individuales y, c) la propiedad social o asociativa, de beneficios colectivos para sus asociados(as) y para la comunidad.

Esta última forma de propiedad y organización económica, marginalmente reconocida en la legislación dominicana, constituye la base de la economía social y solidaria, cuyos principios de solidaridad, primacía del trabajo sobre el capital y control democrático de la gestión, están orientados a la transformación y reducción de los graves efectos de los procesos económicos generadores de pobreza, inequidad social y de género, desempleo y deterioro medio ambiental.

La Economía social y solidaria aglutina a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas que se asocian como estrategia de supervivencia, producción y reproducción de sus vidas. Se organizan para generar mayores ingresos, produciendo y/o comercializando sus productos, gestionando servicios sociales y comunitarios, ofreciendo asistencia técnica y facilitando microseguros y microcréditos, todo ello en el marco de relaciones de cooperación y protección de los recursos naturales y la biodiversidad, a partir de sus propios medios de producción, recursos productivos y conocimientos.

El sector de economía social y solidaria realiza un significativo aportes a la economía y desarrollo social del país, a través de miles de millones de pesos generados en la producción y comercialización en productos de primera necesidad, la obtención de ciento de millones de dólares en divisas por la exportaciones agropecuarias de comercio justo, mediante la prestación de servicios sociales y comunitarios, así como la generación y protección de cientos de miles de empleos y autoempleos en todo el territorio nacional.

Las Organizaciones del sector de la economía social y solidaria de la República Dominicana, integrado por miles de empresas asociativas, cooperativas, grupos de ayuda mutua y auto-ayuda, mutuales, fondos rotatorios créditos, organizaciones no gubernamentales de desarrollo (ONGD) y de servicios a terceros, comités de protección de cuencas, comités de ecoturismo local, de desarrollo comunitario,
etc., en el marco del proceso de reforma de la constitución de la República Dominicana, proponen que en el país se consigne constitucionalmente un Régimen Económico que reconozca las distintas formas de propiedad y de organización económicas existentes.

La ausencia de una normativa legal que reconozca al sector de la economía solidaria se traduce en desprotección de los derechos económicos y sociales de los trabajadores y trabajadoras autónomas asociados(as), quienes representan una significativa proporción de la fuerza de trabajo en la República Dominicana.

Las consideraciones aquí expuestas motivan a organizaciones de la Economía Solidaria a presentar las siguientes Propuestas de Modificación al Proyecto de Reforma Constitucional presentado por el Poder Ejecutivo y demandar de los y las legisladoras de la Asamblea Nacional que las mismas sean tomadas en cuenta en la discusión y aprobación de un nuevo texto constitucional apegado a los principios de igualdad, solidaridad, justicia social, pluralismo y democracia.

Demandamos una Constitución de la República que establezca:

• Un régimen económico plural que reconozca las diferentes formas de propiedad: pública, privada y social, así como las distintas formas de organización económica: privada, estatal, mixta, popular y solidaria.
  
• La distribución del ingreso y la riqueza, como garantía del desarrollo humano sostenible.
  
• La función social como el límite a cualquier iniciativa económica.
  
• La responsabilidad de todos los sectores económicos: público, privado y social, en el desarrollo económico nacional, tendente al incremento del bienestar social y al trabajo digno para toda la clase trabajadora.
  
• El fomento de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía alimentaria.
  
• La protección estatal del derecho al trabajo y reconocimiento de todas las modalidades de trabajo: en relación de dependencia o autónomas, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales productivos, a todas las trabajadoras y trabajadores, del campo y la ciudad.
  
• El deber estatal de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de asociación comunitaria para el trabajo, el ahorro o el consumo.
  
• La garantía estatal a la igualdad de derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a la propiedad, factores de producción y mercados de trabajo, impulsando políticas especiales dirigidas a erradicar la desigualdad y discriminación hacia las mujeres en el ámbito económico.

Ver más información de la propuesta y las entidades que forman REDESOL en el archivo adjunto

La concreción de la propuesta del sector solidario de la economía dominicana, colocaría al Estado Dominicano en el mismo nivel de desarrollo constitucional de otros países latinoamericanos. Un régimen económico que reconozca las distintas formas de propiedad e iniciativas económicas.

Diversas organizaciones han detectado una oportunidad de mejoría en la propuesta de reforma constitucional de la República Dominicana: incluir el reconocimiento de la economía social y solidaria como parte de las iniciativas económicas que aportan al desarrollo de la nación. Se han reunido para analizar y consensuar demandas en torno a la necesidad de establecer la propiedad social y comunal como parte de las diferentes formas de propiedad y de empresa que coexisten en el país, además de la propiedad privada y estatal.

Nicolás Cruz Tineo, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), explica que hasta ahora las propiedades asociativas y solidarias no se reconocen o son marginalmente reconocidas en la legislación dominicana.

“Este régimen se fundamenta en principios de comercio justo, preservación de la ecología, la equidad social y de género, desarrollando relaciones solidarias, de servicios sociales, sin fines de lucro y de beneficios comunes”.

Según explica la jurista y experta en la materia, Alina Ramírez, en la Constitución se reconocen apenas dos tipos de organizaciones económica fundadas en la asociatividad: las cooperativas y las asociaciones de trabajadores del campo. Destaca que otros países de América Latina, como Colombia, Ecuador, Bolivia, Venezuela y Brasil, ya reconocen constitucionalmente diversas formas de organización de la producción en la economía.

Como parte del pliego de propuesta a la reforma constitucional, entre otras medidas se plantea establecer el deber del Estado de fomentar y proteger la creación y el desarrollo de la economía solidaria, integrada por las cooperativas, las empresas rurales asociativas, los fondos de ayuda mutua, los fondos rotatorios de crédito, las empresas familiares y cualquier otra forma de propiedad asociativa y comunal para asegurar el trabajo, el ahorro o el consumo; y consignar el fomento y protección de la producción nacional como factor determinante en la garantía de la soberanía y seguridad alimentaría de la nación. Se propone asimismo ampliar la garantía del derecho al trabajo mediante la protección al trabajo autónomo, de labores de auto sustento y cuidado humano, así como el reconocimiento de los trabajadores como actores sociales productivos, y la democratización de los factores de la producción.

Cruz Tineo ve en la economía solidaria una opción de respuesta ante la crisis global y destaca la importancia de crear una ley especial que la regule. “Es vital establecer una política pública que favorezca este sector, surgido como mecanismo y forma de articulación social de autodefensa y estrategia de sobrevivencia de sectores pobres que al asociarse pueden gestionar con mayor eficiencia el acceso al mercado”.

La cifra

7 % del Producto Interno Bruto (PIB) es el aporte de las cooperativas y grupos de economía solidaria. Para el 2008 esto representó aproximadamente 29 mil millones de pesos, en la que estuvieron involucradas cerca de 750 mil personas.

Una multitud

Las organizaciones y empresas que constituyen el sector de la economía social y solidaria está conformada por cientos de miles de trabajadores y trabajadoras autónomas. Tan solo 892 asociaciones reconocidas legalmente agrupan a un total de 53,215 asociados, aglutinados en 60 federaciones. Entre ellos se encuentran campesinos, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia, pequeños comerciantes, artesanos, pequeños industriales y agroindustriales, grupos de mujeres y jóvenes.

Según explica Nicolás Cruz Tineo, director ejecutivo del Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa (IDEAC), como estrategia de supervivencia, producción y reproducción de sus vidas, estas asociaciones se organizan para generar mayores ingresos, gestionar servicios sociales y comunitarios, comercializar sus productos, ofrecer asistencia técnica y facilitar microseguros y microcréditos. “Se convierten en un modelo de construcción del desarrollo local sostenible, a partir de sus propios medios de producción, recursos productivos y conocimientos locales”.

Se nos ha querido vender la idea de que los países ricos y los grandes consorcios multinacionales pueden mantener altos niveles de producción, suficientes para alimentar a la humanidad. Que por tanto, los países pobres deben dedicarse simplemente a pequeña producción suplementaria, a desarrollar el turismo y a vivir de los servicios.

Pero la gran producción mundial esta íntimamente relacionada con un modelo basado en los valores del mercado. Solo tiene valor aquello que tiene valor en el mercado, y el valor que le da el mercado. Pero el mercado esta cada vez más bajo el control de los grandes productores mundiales.

Además, con el mercado como único indicador de valor, tenemos más de 830 millones de seres padeciendo hambre que no tienen recursos para acceder a los alimentos.

Sólo EE.UU. consume la mitad de los recursos no renovables del planeta y su población sólo supone el 5% de la población mundial.

Toda esa producción mundial de alimentos, suficiente para abastecer los mercados pero no a los hambrientos, se realiza sobre la base de una destrucción acelerada de los recursos naturales, la perdida de la biodiversidad, la desertificación del planeta, la destrucción de la capa de ozono y desatando procesos de posibles consecuencias catastróficas como el llamado cambio climático global.

La República Dominicana además de los alarmantes índices de pobreza, ha visto destruir sus recursos naturales, reducir su biodiversidad y aumentar la contaminación ambiental. La cobertura forestal que se estimaba en 80% del territorio para 1908, se ha reducido a menos de un 27%.

Una producción sostenible debe estar basada en algunos lineamientos que, entre otros debe incluir:

El Ordenamiento Territorial, que preserve las tierras con vocación agrícola para la producción y no para otro uso como el urbano o industrial, los cuáles tendrían áreas específicas para su establecimiento de acuerdo a esa misma vocación de los suelos.

Respetar la vocación natural de los suelos. En República Dominicana el 52% de los suelos tiene vocación para foresta y otros cultivos permanentes. Quedan tierras de vocación agrícola bajo otros usos, o bajo ningún uso, que pueden ser incorporadas a la producción. Existen tierras que todavía pueden ser incorporadas al riego.

Una producción sostenible debe respetar la reducida superficie con ecosistemas naturales que todavía existen. Respetar los parques nacionales y otras áreas naturales protegidas.

Debe desarrollar tecnología apropiada a las condiciones socioeconómicas y naturales del país. Es necesario apoyar la investigación agrícola y pecuaria.

Debe promoverse incentivos a la agricultura sostenible, entre ellas a la agricultura orgánica que reduce los costos de producción, no afecta al medio ambiente y tiene precios justos en mercados solidarios.

Tecnologías de punta como la producción en espacios controlados, o los llamados invernaderos, constituye una posibilidad de aumentar la producción sin afectar el medio ambiente, procurando reducir los costos para que el pequeño y mediano productor pueda acceder a la misma.

Hay que procurar que los valores de solidaridad sustituyan a los valores del mercado. En el mundo hay una gran corriente que promueve la Economía Solidaria, de la cual el comercio justo es uno de sus componentes.

En un estudio reciente realizado para las cuencas altas que drenan hacia la presa de Sabana Yegua. Se ha podido comprobar que la causa principal de la deforestación, la erosión de suelos, la escasez de agua y la reducción de la vida útil de la indicada obra hidráulica, esta asociada a la agricultura intensiva en suelos de laderas.

Incluso la intensificación de los daños causados por las inundaciones y deslizamientos ante la presencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, es una consecuencia de la deforestación, e indirectamente de estas prácticas productivas no sostenibles.

Al mismo tiempo, se ha comprobado que a pesar del extraordinario daño ambiental los habitantes de esas montañas no han logrado superar la extrema pobreza que les abate.

Dichos estudios aplicaron análisis económico a los cultivos tradicionales de la zona, los cuales consisten en cultivos anuales combinados fundamentalmente de habichuelas, guandul y maíz. Además del terrible impacto ambiental que este modelo de producción ha provocado, los indicadores económicos demuestran que estos no son rentables, ya que presentan tasa interna de retorno negativa y relación Beneficio/ Costo debajo de 1.

En cambio, se aplicaron los mismos análisis a doce (12) alternativas de producción forestal y agroforestal, combinando cultivos anuales con plantaciones forestales, frutales, café de calidad y crianza, y los indicadores económicos arrojaron rentabilidad, con tasa interna de retorno positiva por encima de 50 y relación Beneficio/Costo por encima de 1.50.

Así como se debe incentivar la producción agroforestal en zonas de montañas. En los suelos llanos y regables deberían incentivarse cultivos de alta rentabilidad y bajos impactos ambientales. Hemos visto zonas bajo riego con cultivos que no requieren riego, convirtiéndose en prácticas que desperdician un bien tan escaso como el agua y las costosas infraestructuras de riego.

Los países que han alcanzado niveles de desarrollo y bienestar para sus habitantes lo hicieron sobre la base de construir una sólida base productiva agropecuaria e industrial. Aún después de haber alcanzado el desarrollo se preocupan por mantener niveles de producción alimenticia que les garantice la seguridad alimentaria, aunque tengan que subsidiar esta producción, como ocurre en Estados Unidos de América y en Europa, por tanto, si tenemos suelos y una masa poblacional que todavía vive de la producción agropecuaria, ¿porqué tenemos que postrarnos a la dependencia alimentaria permanente?

Nos ha tocado vivir en un mundo bajo amenazas naturales desatadas por los propios seres humanos. El cambio climático global es el resultado de un conjunto de procesos de degradación ambiental.

La producción de alimentos se concentra en algunos países y monopolios mundiales que solo conocen de las leyes del mercado, y son sordos y ciegos a los millones de hambrientos.

Podemos seguir produciendo, recuperando la capacidad de los países para producir de manera sostenible, promoviendo nuevos modelos solidarios.

El desarrollo científico-técnico debe ser nuestro aliado y no nuestra amenaza.

Roberto Sánchez