Por Jordi Garcia Jané (www.economiasolidaria.cat), para Blog Idearia – Diagonal

Redactar una ley para un sector tan heterogéneo como el cooperativismo no es tarea fácil. Una cooperativa agraria guarda poca relación con una cooperativa de viviendas y ésta con una cooperativa de trabajo, por mencionar sólo tres clases de cooperativas. Lo que las personas socias esperan de su cooperativa y aportan a la misma es muy distinto, y por tanto la vivencia que reciben de su participación también. Resulta más fácil vivir intensamente los valores cooperativos en una pequeña cooperativa de trabajo, donde un grupo de personas sacan adelante su empresa trabajando codo a codo y día a día, y de ello depende su sueldo a final de mes, que vivirlos, por ejemplo, siendo dueña de una farmacia y asociándose a una cooperativa de servicios farmacéuticos para que le suministre los medicamentos que su negocio necesita.

Pero a pesar de esta diversidad, el cooperativismo es un movimiento mundial vertebrado en la Alianza Cooperativa Internacional que se mantiene unido en torno a una definición de lo que es una cooperativa, así como de unos valores y unos principios que deben seguir todas las cooperativas, independientemente de la clase y del país que sean. Este mínimo común denominador consiste, resumiendo, en la propiedad colectiva de la empresa por parte de las personas socias, su gestión democrática (una persona socia, un voto), la distribución de los excedentes en función de la actividad de cada socio y no del capital aportado, la existencia de fondos colectivos irrepartibles y el compromiso con la comunidad.

Viene todo ello a cuento porque estos días ha entrado en el Parlamento catalán el proyecto de nueva ley de cooperativas presentado por el gobierno de CiU, y hay que decir que más que una ley de cooperativas parece una ley descooperativa, es decir, para descooperativizar el cooperativismo catalán. Por una parte, supone un ataque a la naturaleza democrática y participativa del cooperativismo: reducción de competencias de la asamblea general, posibilidad de gestionar la empresa por un administrador único, voto no igualitario sino ponderado para varias clases de cooperativas, restricciones al derecho de información de las personas socias, aumento de la cuota de poder de los socios inversores e, incluso, de no socios, etc. Por la otra, ataca el patrimonio colectivo cooperativo: reducción de los fondos de reserva obligatorios y del fondo dedicado a la educación, la intercooperación y las causas sociales, así como posibilidad que, si se liquida la cooperativa, las personas socias puedan repartirse hasta el cincuenta por ciento de dichos fondos cuando hasta ahora debían ser transferidos íntegramente al movimiento cooperativo.

Este intento de asimilar el cooperativismo a la empresa mercantil por parte del gobierno catalán forma parte, de hecho, de una tendencia general de las leyes cooperativas que se están promulgando en todas las comunidades autónomas del Estado español desde los años noventa. Las razones de que esta corriente de fondo desnaturalizadora sea tan general son fáciles de imaginar. En primer lugar, se trata de leyes elaboradas por gobiernos del PP, PSOE, CiU o PNV, y todos ellos coinciden en una misma concepción de la economía y de la empresa, la neoliberal. A todos ellos, lo único que les interesa de las cooperativas es su demostrada capacidad de generar autoempleo, en concreto las cooperativas de trabajo; en cambio, que sean más o menos democráticas o estén más o menos comprometidas socialmente, esto les preocupa poco, si no es que más bien les estorba. En segundo lugar, estos gobiernos reciben presiones de las cooperativas más grandes, aquellas que tienen capacidad para presionar, y que son precisamente allí donde manda una tecnocracia, que dispone de un estatus y de unos intereses propios que buscan consolidar y aumentar mediante cambios normativos, por los que éstos van en el sentido de reducir la democracia y aumentar el poder de la gerencia.

El movimiento cooperativo, y la economía social y solidaria en general, deben hacerse fuertes y pelear también en el terreno de la reivindicación y la movilización para impedir que los gobiernos acaben desfigurando hasta liquidar las iniciativas económicas alternativas a las dominantes. Las leyes y las políticas públicas sobre cooperativismo son demasiado importantes para dejarlas en manos de personas que no creen en el mismo.