Mientras que, en tiempos de emergencia social y arcas municipales vacías, van en aumento los ayuntamientos que incorporan prácticas de la economía solidaria a la política, el Parlament de Catalunya ha aprobado una ley del sector cooperativo en nombre, paradójicamente, de la competitividad. El jarro de agua fría sobre el cooperativismo que ha lanzado la decisión −con sólo los tres votos de la CUP en contra− no sorprende a Jordi Garcia, activista de la Xarxa d’Economia Solidària (XES).

Garcia advierte en la ley un nuevo intento de limar la identidad democrática y social que diferencia al modelo cooperativo, una voluntad de asimilación mercantilista que, denuncia, está enraizada en el escalafón político autonómico de todo el Estado.

La nueva ley de cooperativas de Catalunya se ha aprobado con una parte significativa del movimiento cooperativo en contra. ¿Por qué ha generado tanta oposición?

El cooperativismo con sensibilidad transformadora ha criticado la ley por ser un paso más en los intentos de los gobiernos de asimilar la cooperativa a la empresa mercantil privada. Desde los 90, no sólo en Catalunya, en todas las comunidades autónomas, una ley tras otra ha ido reduciendo los rasgos diferenciales de la cooperativa, los que le dan identidad: el carácter democrático, el carácter colectivo del capital, no tener como finalidad generar lucro y el compromiso social. Todo lo que no encaja con la empresa mercantil privada. Además, la ley que necesitamos es una ley de promoción del cooperativismo, que fomente otra manera de hacer empresas y otra economía, que resuelva cómo se enseña en las escuelas, cómo se introduce en los medios de comunicación, cómo cuenta con condiciones favorables… De 157 artículos de la nueva ley catalana, sólo dos hablan de medidas de fomento y promoción.

¿En qué cambios se concreta la voluntad de acercar el modelo cooperativo a la empresa mercantil?

Esta lógica se concreta en reducir poderes a la asamblea. La nueva ley le recorta competencias obligatorias. El pensamiento subyacente es que la democracia es poco eficaz. También la encontramos en la reducción del capital colectivo. La nueva ley permite que una cooperativa decida que, al menos la mitad del capital hasta el momento irrepartible, se lo embolsen los socios y socias. Se pierde el carácter de bien común. Otro elemento es que, hasta ahora, un 30% de los beneficios tenían que destinarse a un fondo de reserva obligatorio −que te sirve para reinvertir y para tener bien capitalizada tu cooperativa− y un 10% al fondo de educación y promoción cooperativa −para fomentar el cooperativismo, dar apoyo a causas sociales, formar a los socios y socias e informar a la sociedad de los beneficios de la cooperación−. Se han rebajado del 30% al 15% el primero y del 10% al 5% el segundo. ¿Bajo qué argumento? Que esto mejora la competitividad de las cooperativas. Recortar el fondo de reserva obligatorio es otra manera de asimilar la cooperativa a la empresa mercantil, de quitarle la idea de perdurabilidad y de lucro limitado.

Pero no todo el sector cooperativo rechaza los cambios…

J.G.: Tanto el Gobierno de Con