En concreto, la CECJ plantea que la futura Ley incorpore una disposición adicional que defina y fomente el Comercio Justo como parte de la Economía Social. Esta medida “contribuirá al reconocimiento del Comercio Justo y proporcionará seguridad jurídica a muchos niveles, como por ejemplo, en la aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público”, explica Laura Rubio, directora de la CECJ.

El movimiento del Comercio Justo, que se basa en un modelo comercial centrado en el desarrollo social y humano y en la sostenibilidad ecológica, forma parte de la Economía Social. No solo comparten una finalidad común sino también sus principios y valores.

Siguiendo los pasos de la UE. El caso francés

La iniciativa de la Coordinadora Estatal de Comercio Justo se enmarca en el reconocimiento que la UE ha aplicado al Comercio Justo a través de distintas resoluciones y comunicaciones, como en la Resolución sobre el Comercio Justo y Desarrollo de 16 de junio de 2006 (2005/2245(INI).

Además, la propuesta sigue el modelo desarrollado en Francia, cuya Ley de Economía Social aprobada en 2014 incorporó el Comercio Justo y sus principios aplicables. Desde su entrada en vigor, en el país vecino el mercado de productos de Comercio Justo se ha multiplicado por cuatro, alcanzando los 2.100 millones de euros en 2022, y ha contribuido al impulso del Comercio Justo Local. 

Además, “ha supuesto una mayor conciencia pública sobre esta práctica y ha generado un marco de apoyo institucional y financiero para las empresas comprometidas con esta alternativa comercial”, explica L. Rubio, directora de CECJ. “Por otro lado, ha ayudado a alinear las prácticas comerciales con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

En España, la facturación del Comercio Justo en 2023, superó los 156 millones de euros. Desde el año 2000 (el primero del que existen datos) el aumento del sector ha sido constante, pero nuestro país está lejos de las cifras registradas en otros países europeos.

En definitiva, la incorporación del Comercio Justo en el proyecto de Ley Integral de Economía Social favorecería su reconocimiento legal, hasta ahora inexistente en nuestro país. Además, supondría un importante respaldo a las organizaciones, empresas y consumidores/as que participan en este movimiento desde hace casi 40 años en España.

• La iniciativa consta de tres artículos modificativos de las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción y la ley de la Economía Social
• Se ataja el intrusismo en las cooperativas, a la vez que se avanza en igualdad y digitalización
• Con el pleno consenso del sector se refuerza y amplía la definición de los colectivos protegidos en la regulación de las empresas de inserción para poder llegar a un mayor número de personas
• “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la vicepresidenta.

“Avanzamos e impulsamos un sector que es un orgullo de país y algo sin precedentes en el contexto europeo”, ha asegurado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, al presentar este anteproyecto de ley tras el Consejo de Ministros.

Modifica la Ley de Cooperativas, de Empresas de Inserción y de la Economía Social

Constituida como un motor clave de crecimiento sostenible, trabajo decente, democracia económica y justicia social, la Economía Social ha ido ganando terreno en el tejido productivo nacional y precisaba de la actualización normativa que representa este anteproyecto de ley, que cuenta con la incorporación a la norma de diferentes aportaciones del sector. “Hemos dado desarrollo al artículo 129 de la Constitución”, ha asegurado la ministra.

El primero de los tres artículos de la nueva normativa adecúa y actualiza la 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas.

Adapta el funcionamiento interno de las cooperativas, la fórmula empresarial de la Economía Social que tiene mayor arraigo, a las nuevas formas de comunicación y participación basadas en las nuevas tecnologías.

En adelante, por ejemplo, las cooperativas de 500 o más socios tendrán la obligación de crear e inscribir una web con un contenido mínimo determinado que garantice la accesibilidad y la transparencia de la organización hacia sus socios.

El principio cooperativo de igualdad se reflejará de forma más efectiva con la elaboración de planes de igualdad cooperativos y se evitará el uso abusivo de las cooperativas recurriendo al procedimiento administrativo de la descalificación, en especial en los casos de subcontratación con un nivel de dependencia económica de la contratista que sea igual o superior al 75%.

“Añadimos recursos y garantías para luchar contra el fraude de algunas empresas que utilizan la fórmula cooperativa para evitar cumplir la ley laboral”, ha destacado la vicepresidenta.

El Artículo segundo del anteproyecto aprobado hoy modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, las entidades que facilitan la participación en el mercado laboral de personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de colectivos o personas expuestas a situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, evitando su estigmatización.

A modo de ejemplo, la ministra Díaz ha detallado que ahora también serán objeto de acompañamiento las personas sin hogar que aun trabajando no tienen garantizados ingresos suficientes.

Asimismo, el anteproyecto incluye una definición de empresa de inserción más adecuada y coherente con sus fines, de forma que los nuevos ajustes introducidos en el funcionamiento interno de estas empresas permitirán garantizar su competitividad con la contratación indefinida en empresas ordinarias como meta laboral.

En el tercer artículo del anteproyecto de ley se modifica la Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social clarificando las tipologías y el catálogo de entidades que integran el sector.

Además, se reformulan los objetivos que deben internalizar las políticas públicas en la actividad de promoción del sector.

“Este anteproyecto de ley”, ha concluido la ministra, “es la culminación de estos cuatro años de apuesta decidida por una Economía verde, feminista y democrática. Y esto es la Economía Social”.

En España las cooperativas, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías, mutualidades, fundaciones sin ánimo de lucro y otras entidades que conforman la Economía Social representan el 10% del PIB. Más de 2,2 millones de personas trabajan en estas entidades que combaten la desigualdad con una redistribución más equitativa de los beneficios. En las más de 43.000 empresas que integran el sector el 60% de las personas trabajadoras son mujeres. Estas entidades se sitúan a la vanguardia en la reducción de brecha de género.

El Govern de la Generalitat ha donat aquest dimarts 9 d’abril llum verda al Projecte de Llei de l’Economia Social i Solidària, una aprovació que permet ara remetre-la al Parlament de Catalunya per al seu debat i aprovació. Aquesta és una passa important després més d’una dècada d’incidència política per fer-la realitat, on la perseverança de la XES i d’altres sectors socials i de l’ESS ha tingut un paper fonamental per arribar fins aquí.

Al 2014 la XES va formular la seva proposta, per a impulsar a Catalunya una llei que reconegués i promogués l’Economia Social i Solidària. L’any 2017 es constituïa l’Associació Economia Social Catalunya (AESCAT) que agrupa, a banda de la XES, altres organitzacions representatives: la Confederació de Cooperatives de Catalunya, la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, la Confederació Empresarial del Tercer Sector Social de Catalunya i la Federació de Mutualitats de Catalunya. Amb l’AESCAT es va elaborar una nova proposta que va ser aprovada per l’Assemblea General de la XES al 2019.

Amb l’AESCAT es va sumar un important pol de força col·lectiu que ha estat cabdal per l’elaboració de l’actual Projecte de Llei, que va començar el tràmit jurídic l’any 2020 amb la publicació del document de bases de la llei. Des de la comissió de Llei ESS de la XES s’ha treballat en els últims 10 anys perquè aquesta normativa reculli i contempli els principis i valors que defineixen l’Economia Solidària.

El camí ha estat llarg i encara hi ha molt per recórrer: la norma ara haurà de començar els tràmits parlamentaris per a la seva aprovació definitiva. Des de la XES i l’AESCAT seguirem perseverant i fent incidència política perquè això passi. És per motius com aquest que la XES és un actor clau i de pes per defensar l’Economia Solidària, cosa que és possible amb la força de les seves sòcies i la seva base social.

El projecte aprovat pel Govern

La Llei estableix el reconeixement formal i institucional de l’Economia Social, així com els criteris que hi donen sentit: la primacia de la persona, i l’interès col·lectiu per sobre del lucre econòmic i l’acompliment dels principis recollits en el seu articulat.

El Projecte de llei recull elements rellevants com, per exemple, els principis i valors que han de complir les entitats que volen formar part del sector de l’Economia Social i Solidària. En aquest sentit, els principals valors són l’interès general, el bé comú, les persones i l’objecte social per sobre del capital i del lucre; els sistemes de governança i participació democràtica en la decisió i en la participació dels diferents col·lectius que formen l’entitat.

Així mateix, són principis la transformació social i feminista i la promoció de la igualtat de gènere; la generació d’ocupació estable i de qualitat, les relacions laborals justes i l’equitat salarial; i el compromís amb el medi ambient amb voluntat de fer efectiva una transició energètica i ecològica per revertir l’emergència climàtica.

Altrament, destaquen també l’arrelament en el territori i la participació en el teixit social; la transparència sobre l’activitat, sistema de govern, gestió, retribucions i distribució d’excedents si se’n fa; la intercooperació amb altres iniciatives de l’Economia Social i Solidària, i la independència respecte dels poders públics i d’altres empreses o entitats diferents.

Aquests valors i principis sónrequisits que han d’acreditar les entitats del sector que duguin a terme una activitat econòmica i empresarial a Catalunya, el compliment dels quals seran verificats pel Registre de l’Economia Social i Solidària, segons els indicadors i procediments establerts pel Reglament que el Govern haurà d’aprovar posteriorment.

Consell Català de l’Economia Social i Solidària

El Projecte de llei preveu la creació del Consell Català de l’Economia Social i Solidària com a òrgan consultiu i d’assessorament, anàlisi i debat en les matèries relacionades amb aquest sector, que estarà adscrit al Departament del Govern competent en la matèria.

Aquest Consell actuarà amb total autonomia i independència en l’exercici de les seves funcions, i serà responsable de fomentar i reforçar el diàleg entre les organitzacions de l’Economia Social i Solidària i les autoritats públiques catalanes en relació amb la promoció, la participació, el reconeixement, l’evolució i la consolidació d’aquest sector a Catalunya.

A proposta del Consell, el Departament competent en la matèria presentarà al Govern de la Generalitat un Pla Nacional de l’Economia Social i Solidària cada tres anys i una diagnosi sobre la situació del sector a Catalunya que s’hagi tingut en compte per elaborar el Pla.

Mesures per promoure l’Economia Social i Solidària

A banda del Pla Nacional d’Economia Social i Solidària, el Projecte de llei també estableix que les administracions catalanes hauran de promoure mesures de sensibilització i formació del sector per promoure’n el coneixement i la visibilització entre la ciutadania, el món professional i, especialment, en totes les etapes del sistema educatiu i acadèmic.

A més, les administracions hauran de promoure la creació i l’enfortiment de l’Economia Social i Solidària a tot el territori mitjançant, entre altres iniciatives, la col·laboració pública, cooperativa, social i comunitària amb entitats del sector per la provisió de serveis públics.

Així mateix, hauran de vetllar perquè els ajuts dirigits al teixit empresarial català incloguin com a beneficiàries les organitzacions de l’Economia Social i Solidària.

Finalment, el Govern impulsarà la col·laboració amb les entitats de l’Economia Social i Solidària en les polítiques públiques d’habitatge social i assequible. En aquest cas, es prioritzaran les entitats inscrites al Registre de l’Economia Social i Solidària en les polítiques de cessió de sòl o patrimoni públic i l’atorgament d’ajuts públics vinculats a incrementar el parc d’habitatges destinats a polítiques socials.

El viernes 1 de marzo REAS Rioja se reunió con la subdirección general de Diálogo Social y Relaciones Laborales para analizar los próximos pasos a dar para continuar con el impulso a la Ley y a la Economía Social en La Rioja.

Uno de los retos es mejorar el conocimiento de las distintas figuras que hay dentro de la Economía Social, (cooperativas, asociaciones, fundaciones, centros especiales de empleo, centros de inserción laboral…) como alternativas a las SL. Se acordó programar una jornada de formación y difusión que será co-organizada por REAS Rioja y la Subdirección. ¡Os informaremos en cuanto vayamos concretando!

Poco conocida y rodeada de un gran consenso en el Parlamento Europeo, la Ley de Materias Primas Críticas (CRMA, por sus siglas en inglés), progresa adecuadamente para ser la guía de actuación de la Unión Europea en términos de estrategia de cara a un futuro con escasez de energía, requerimientos de reducción de emisiones y amenazas a la “seguridad” continental.

A la actual propuesta, votada en plenario en Estrasburgo, le faltan tres pasos, el llamado “trílogo” entre una persona que representa a la Comisión, otra al Parlamento y una tercera de la presidencia del Consejo, la aprobación en plenario y la adopción de la ley. Antes de eso, la semana del 13 de noviembre, está planteado un evento organizado por la Comisión Europea para reunir a colaboradores privados y representantes institucionales a discutir sobre las oportunidades de esta estrategia sobre materiales críticos.

Pero la aparente falta de críticas al proyecto, que solo ha sido contestado en el Parlamento Europeo por el minoritario grupo de La Izquierda (The Left) no implica que este esté libre de sospechas y certezas sobre el modo de aproximarse a un asunto sensible para el futuro de la UE y del conjunto del planeta.

Dos organizaciones de la sociedad civil, Corporate Europe Observatory (CEO) y el Observatoire des Multinationales (OdM) han presentado hoy un informe Blood on the Green Deal (Sangre en el Pacto Verde) que detalla los posibles impactos de una serie de normas destinadas a sostener y dar un nuevo impulso a la minería, así como los trabajos de lobby que han llevado a que este proyecto de ley se acople como un guante a las necesidades del sector armamentístico y la industria aeroespacial.

El hecho es que este documento discute que el proyecto no discrimina entre el uso de los materiales críticos que están en el punto de mira de la UE. De este modo, el uso “verde” para la transición ecológica de estas materias ni siquiera se prioriza frente a su uso en la construcción de aviones.

Tampoco hay hasta ahora ninguna limitación sobre las vías de acceso a esos materiales. Nada que proteja los ecosistemas: la Ley CRM no impide proyectos de exploración y extracción en áreas protegidas, espacios Natura 2000, el Ártico y las profundidades marinas, detalla el informe de CEO y OdM.

Bajo el paraguas del “interés público primordial”, se abre la posibilidad de extracción y nuevos desarrollos mineros que permitirán a las empresas mineras “eludir las directivas marco sobre el agua, los hábitats y las aves, incluso cuando no hay garantías de que los materiales extraídos se utilicen efectivamente para la transición verde”, señalan las ONG.

“Antes de abrir más minas, incluso en España, deberíamos abrir la discusión sobre nuestro consumo de materias primas”, argumenta Lora Verheecke, una de las autoras del informe Blood on the Green Deal.

Lista de materiales

Litio, bauxita, fluorita, fósforo, cobre, estroncio, tierras raras, cobalto o tántalo son algunos de los materiales considerados críticos. Necesarios para la fabricación de teléfonos móviles (cobalto y tántalo), de baterías de coches eléctricos (se emplean litio, grafito, cobalto, níquel y manganeso) y de sus motores (disprosio, neodimio, praseodimio y terbio), la UE quiere proteger su green new deal mediante la priorización estrategia de la búsqueda y extracción de estos materiales y la protección de las “cadenas de suministro globales”. Para ello ha creado un fondo de inversión, Global Gateway, dotado con 300.000 millones de euros, el equivalente al PIB de Portugal.

“La ley conducirá a una mayor minería en el Sur Global y posiblemente en partes de Europa debido al consumo cada vez mayor de materias primas de la UE”, dice el informe. La UE señala que España tiene casi la totalidad de las reservas requeridas por la UE de estroncio, usado en compuestos químicos y farmacéuticos y en la fabricación de pantallas.

Dentro de los materiales, no obstante, se han introducido también dos viejos conocidos, aluminio y titanio, cuyo uso en la transición verde es más que dudoso. En esa inclusión ha sido determinante la labor de los lobbies de la aeronáutica y la industria armamentística, que “han estado muy activos tratando de influir en el contenido de la legislación CRM y han disfrutado de acceso privilegiado a los tomadores de decisiones de la UE”, denuncia el informe.

Uno de estos lobbies, ASD, influyó decisivamente sobre la representación española en el Consejo de la UE, que preside desde el pasado mes de junio, para incluir los intereses de la industria aeroespacial en el borrador de la Ley. De ASD forman parte compañías “españolas” como Indra o la participada por el Estado Navantia, así como TEDAE, la Asociación Española de empresas Tecnológicas de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y Espacio, dirigida por Ricardo Martí Fluxá, exsecretario de Estado de Seguridad y uno de los principales halcones del sector armamentístico en España.

“La Unión Europea habla de paz y green deal pero su nuevo proyecto de ley va a abrir minas sucias para armas”, resume Verheecke. Uno de los aspectos que destaca el informe del que es coautora es cómo la guerra de Ucrania ha dado barra libre a la carrera armamentística en la Unión Europea, lo que ha justificado que los materiales estratégicos para la fabricación de corbetas, misiles o cazas sean incluidos en el mismo cajón de sastre que aquellos que sí pueden favorecer una reducción efectiva de las emisiones de dióxido de carbono.

Quince años después de la promulgación de la Ley 1/2007, de 22 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo, los contextos, la coyuntura y la propia trayectoria de la cooperación vasca y la de sus agentes hacían necesaria una reconceptualización de sus objetivos y adecuación de su organización para responder de manera eficaz a los retos planteados.

Esta propuesta de ley avanza en el reconocimiento, entre los agentes de la cooperación vasca, de la Economía Social y Solidaria, un movimiento social, político y económico que ya está presente en el sector de la cooperación y la solidaridad internacional y que trabaja por la construcción de alternativas económicas que abordan muchos de los retos ecosociales a los que queremos hacer frente con esta ley.  Un movimiento que ha sido ya reconocido por organizaciones internacionales como la ONU (Organización de Naciones Unidas) como un agente clave para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y el Desarrollo Humano Local (DHL).

Sin embargo, hay otros elementos sobre los que hicimos algunas consideraciones que creemos que mejorarían sustancialmente esta ley. En primer lugar, echamos de menos, tanto en los análisis como en los objetivos, contenidos y acciones de cooperación, una mayor relevancia del ámbito económico. El aumento de la pobreza y las desigualdades, los movimientos forzados de población de sus lugares de origen, la violación de derechos humanos, así como la insostenibilidad de los modelos de producción y consumo están directamente relacionados con la expansión y desarrollo del modelo económico capitalista. Consideramos que la cooperación debiera incluir en sus análisis este enfoque y que, en las diversas modalidades de acción, tanto sobre terceros países como en nuestras sociedades, debe impulsar el desarrollo de alternativas económicas.

Pese a la relevancia que tiene para las organizaciones sociales y la atención institucional, la Educación para la Transformación Social apenas se cita y no se recoge en ningún apartado ni su concepto ni su carácter estratégico. Así, por momentos pareciera que las acciones educativas, de sensibilización y de promoción de valores y prácticas alternativas en nuestras sociedades no fueran relevantes para alcanzar los objetivos de la cooperación y la solidaridad. De esta forma, se traslada el erróneo concepto de que la cooperación y la solidaridad tienen que ver principalmente con la llamada cooperación sobre el terreno y, lo que es más importante, que los impactos de las políticas, estructuras económicas, comportamientos y valores de nuestras sociedades no están en el origen de la insostenibilidad y la injusticia de nuestro planeta.

Por último, esta ley puede ser una oportunidad para hacer frente a la situación de un sector con condiciones laborales precarias, altamente inestables, justificadas en la militancia, pero amenazadas por exigencias de tecnificación y burocracia. En este sentido, la propuesta es incorporar el fortalecimiento del sector como objeto de la ley, desde el reconocimiento al trabajo realizado por las ONGDs, liderando la ejecución de la mayoría de la cooperación vasca y movilizando la solidaridad de amplios y diversos sectores de la población.

En la noticia original publicada en reaseuskadi.eus puedes ver vídeos y el documento presentado por REAS Euskadi.

Unión Renovables, organización sin ánimo de lucro que reúne a casi una treintena de cooperativas de energías renovables de toda España, ha presentado alegaciones al Proyecto de Real Decreto (RD) por el que se desarrollan las figuras de las comunidades de energías renovables y las comunidades ciudadanas de energía, proyecto de RD que presentó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico el pasado mes de abril. En el titular adelantamos una. A continuación, extractamos todas las principales.

Unión Renovables sugiere que se incluya una referencia explícita a la figura cooperativa como la forma jurídica idónea para desarrollar plenamente las relaciones internas, externas, las acciones, actividades, dotando de derechos y obligaciones, a las personas socias necesarias en el desarrollo de la existencia de una comunidad de energías renovables. Este enfoque –explican desde Unión Renovables– contribuiría en gran medida a identificar claramente a las comunidades de energías renovables. “Tenemos el ejemplo de Grecia –añaden–, que adoptó la sociedad cooperativa como base para su definición”. La legislación cooperativa de nuestro ordenamiento jurídico, conforme se va actualizando, ya está incluyendo e identificando la figura de las comunidades energéticas como propia.

Las comunidades energéticas –denuncia en sus alegaciones Unión Renovables– están sufriendo “retrasos injustificados relacionados con la solicitud de los puntos de conexión”. Pues bien, las cooperativas consideran en ese sentido que “la evaluación que debe llevar a cabo el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía debería abordar esta problemática y proponer soluciones: ventanilla única dependiente de la administración para solicitar los puntos de conexión, establecer plazos concretos o valorar la posibilidad de establecer un régimen sancionador por retrasos injustificados”.

En el preámbulo del RD –apuntan desde Unión Renovables– se reconoce que las comunidades ciudadanas de energía pueden ser un instrumento adecuado para hacer frente a la pobreza energética, permitiendo la participación de hogares vulnerables en proyectos de energías renovables y fomentando la eficiencia energética a nivel doméstico. Sin embargo, Unión Renovables critica que no se haga una “mención expresa” a la importancia de estas figuras para combatir la pobreza energética, especialmente considerando que son una herramienta idónea para ayudar a los colectivos más vulnerables y en situación de pobreza energética. “Se deberían añadir y desarrollar criterios que faciliten la integración de personas vulnerables en situación de pobreza energética”.

La Directiva promueve la democratización energética y establece que la pertenencia a las comunidades ciudadanas de energía debe estar abierta a todas las entidades. Sin embargo –critica Unión Renovables–, se observa que “grandes grupos energéticos disfrazados de comunidades están pervirtiendo el concepto de democratización” y se están expandiendo en todo el país. “Por lo tanto –concluyen las cooperativas–, es vital prohibir expresamente la participación de grandes grupos empresariales que ejercen una posición de do- minio en las actividades propuestas para las comunidades de energía renovable o comunidades ciudadanas de energía”.

En el día de hoy, se ha iniciado en el Parlamento de Cataluña un procedimiento para llevar al Congreso de los Diputados una Propuesta de Ley para incluir el delito de ecocidio en el Código Penal.

La propuesta, que fue redactada y registrada hace varios meses por la CUP, ha sido impulsada por Stop Ecocidio, la Xarxa per la Justícia Climàtica (que incluye a más de 30 entidades y movimientos entre los cuales se encuentran el Observatorio DESC, Ecologistas en Acción y Entrepueblos) y SETEM Cataluña. Además, 71 entidades catalanas se han adherido al Manifest “Prou Ecocidis” para apoyar esta iniciativa legislativa y que se suman a las más de 300 entidades, ONGs y empresas que ya se han adherido al Manifiesto de Stop Ecocidio a nivel nacional.

Esta mañana, todos los grupos políticos representados en el Parlament se han posicionado respecto a la propuesta legislativa que ha contado con el apoyo de Esquerra Republicana (ERC), el Partido de los Socialistas de Cataluña (PSC), JuntsxCatalunya y En Comú Podem. En tres de las intervenciones se ha hecho referencia directa a la Definición Jurídica de Ecocidio dada por el Panel de Expertos Independientes convocado por la Fundación Stop Ecocidio hace dos años.

A partir de ahora, la tramitación de la propuesta seguirá su curso. Después de un periodo de varios meses de comparecencias en el que se podrán introducir enmiendas al texto presentado, se votará definitivamente en el Parlamento catalán y, tras ello, se trasladará  la Propuesta de Ley al Parlamento estatal, que es el órgano competente para crear leyes penales.

Para Maite Mompó, Directora de Stop Ecocidio España, “Es una excelente noticia que en el Parlamento de Cataluña se haya iniciado un procedimiento para que el ecocidio se tipifique en el Código Penal español. Con ello, España se situaría entre los países que lideran en Europa y en el mundo la creación de marcos jurídicos que eviten los peores daños al medioambiente a la vez que protegen las bases de la vida, algo esencial ante la gran crisis ambiental y climática en las que nos hallamos inmersos. Es un pequeño gran paso que también facilita el camino para que el Gobierno de España apoye formalmente la incorporación del crimen de Ecocidio en la Corte Penal Internacional.”

Dani Corbellà, quien ha defendido la propuesta en el Parlament, ha declarado: “Estamos orgullosas de que hoy, en el Parlamento de Cataluña, se haya iniciado este proceso para incorporar en el Código Penal español el crimen de ecocidio; orgullosas porque hay una mayoría parlamentaria muy amplia que apoyará durante todo el proceso para que, finalmente, se apruebe en el Parlament en unos meses esta Proposición de Ley y que llegue a instancias superiores del Estado español y que allí pueda debatirse y aprobarse el incorporar el ecocidio en el Código Penal y que el Estado español pida un cambio en el Estatuto de Roma para la creación del crimen internacional.”

Jojo Mehta, Cofundadora y Directora Ejecutiva de Stop Ecocidio Internacional, ha señalado que “En las últimas semanas se han presentado iniciativas de Propuestas de leyes de ecocidio a diferentes niveles en Brasil, los Países Bajos, Escocia y ahora Cataluña. Los dirigentes de todo el mundo están comenzando a darse cuenta de los peligros a los que nos enfrentamos, y en estos momentos hay una clara dirección hacia la protección legar del mundo vivo que nos sustenta. Es sólo una cuestión de tiempo que el reconocimiento del ecocidio sea aceptado como un paso legislativo necesario tanto por la masa crítica de los Estados como por la Corte Penal Internacional. El impulso que estamos observando está haciendo que el ecocidio ocupe un lugar prioritario en la agenda mundial, y así debe de ser”.

Texto del comunicado de prensa conjunto de Stop Ecocidio, Xarxa per la Justícia Climàtica y Setem (versión en catalán AQUÍ).

La Directiva (UE) 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, define a las comunidades energéticas como una entidad jurídica que:

a) que, con arreglo al Derecho nacional aplicable, se base en la participación abierta y voluntaria, sea autónoma y esté efectivamente controlada por socios o miembros que están situados en las proximidades de los proyectos de energías renovables que sean propiedad de dicha entidad jurídica y que esta haya desarrollado;

b) cuyos socios o miembros sean personas físicas, pymes o autoridades locales, incluidos los municipios;

c) cuya finalidad primordial sea proporcionar beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus socios o miembros o a las zonas locales donde opera, en lugar de ganancias financieras.

De este modo podemos apreciar el avance de la transposición de la Directiva europea en la normativa española. En el Boletín Oficial del Estado del 29 de junio de 2023, se modifica algunos aspectos de la Ley 24/2013, del 26 de diciembre, del Sector Eléctrico:

• Se introduce el apartado letra k) en el artículo 6.1 con el siguiente tenor literal: “Las comunidades ciudadanas de energía, que son entidades jurídicas basadas en la participación voluntaria y abierta, cuyo control efectivo lo ejercen socios o miembros que sean personas físicas, autoridades locales, incluidos los municipios, o pequeñas empresas, y cuyo objetivo principal consiste en ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros, socios o a la localidad en la que desarrolla su actividad, más que generar una rentabilidad financiera”.
• Se incluye un artículo 12 bis en el que se indica, entre otras cuestiones, que “los socios o miembros de las Comunidades de energías renovables tendrán los derechos y obligaciones de los sujetos del sector eléctrico previstos en esta ley y en su normativa de desarrollo; los consumidores finales, incluidos los consumidores domésticos, tienen derecho a participar en una comunidad de energías renovables a la vez que mantienen sus derechos u obligaciones como consumidores finales, y sin estar sujetos a condiciones injustificadas o discriminatorias, o a procedimientos que les impidan participar en una comunidad de energías renovables, siempre que, en el caso de las empresas privadas, su participación no constituya su principal actividad comercial o profesional; las comunidades de energías renovables tienen derecho a: producir, consumir, almacenar y vender energías renovables; compartir, en el seno de la comunidad de energías renovables, la energía renovable que produzcan las unidades de producción propiedad de dicha comunidad…”
• Se introduce también que al objeto de fomentar y facilitar el desarrollo de las comunidades de energías renovables, las administraciones públicas, en el ejercicio de sus respectivas competencias, garantizarán que: “se eliminen los obstáculos reglamentarios y administrativos injustificados a las comunidades; las comunidades de energías renovables que suministren energía o proporcionen servicios de agregación estén sujetas a las disposiciones aplicables a tales actividades; el gestor de la red de distribución coopere para facilitar las transferencias de energía; estén sujetas a procedimientos justos, proporcionados y transparentes, incluidos los procedimientos de registro y de concesión de licencias, y a tarifas de la red que reflejen los costes, así como a los pertinentes cargos, gravámenes e impuestos; no recibirán un trato discriminatorio en lo que atañe a sus actividades, derechos y obligaciones en su condición de clientes finales, productores, suministradores, u otros participantes en el mercado; la participación sea accesible a todos los consumidores; estén disponibles instrumentos para facilitar el acceso a la financiación e información; se proporcione apoyo reglamentario y de refuerzo de capacidades a las autoridades públicas para propiciar y crear comunidades; y garantizar un trato equitativo a los consumidores que participen en las mismas.
• Dentro del texto se señala que “sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa comunitaria en materia de ayudas de estado, al diseñar los sistemas de apoyo, se tendrán en cuenta las particularidades de las comunidades de energías renovables, a fin de que estas puedan competir por el apoyo en pie de igualdad con otros participantes en el mercado”.
• Se incluye un artículo 12 ter, en el que se establece un marco jurídico favorable para las comunidades ciudadanas de energía que garanticen que “la participación en una sea abierta y voluntaria, los socios tengan derecho a abandonarla ni pierdan sus derechos y obligaciones como consumidores finales de energía, que puedan acceder a todos los mercados organizados de producción de energía eléctrica directamente, las comunidades estén sujetas a procedimientos y tasas, incluidos el registro y la concesión de licencias, equitativos, proporcionales y transparentes, así como como a unas tarifas de acceso a la red que reflejen los costes de conformidad y que garanticen que contribuyan de manera adecuada y equilibrada al reparto de costes del sistema y puedan actuar como representantes de los consumidores para la realización del autoconsumo colectivo”.

En el resumen recogido en su web, Unión Renovables explica las alegaciones más relevantes propuestas al trámite de participación pública. Incluyen:

• Se sugiere que se incluya una referencia explícita a la figura cooperativa como la forma jurídica idónea para desarrollar plenamente las relaciones internas, externas, las acciones, actividades, dotando de derechos y obligaciones a las personas socias necesarias en el desarrollo de la existencia de una comunidad de energías renovables. Este enfoque contribuiría en gran medida a identificar claramente a las CER. Tenemos el ejemplo de Grecia que adoptó la sociedad cooperativa como base para su definición. La legislación cooperativa de nuestro ordenamiento jurídico, conforme se va actualizando ya está incluyendo e identificando la figura de las comunidades energéticas como propia.
• Se propone estandarizar el criterio de proximidad descrito en el proyecto de RD, para los casos segundo y tercero y que se establezca un radio de cinco kilómetros como máximo fuera de los límites del término municipal, desde el emplazamiento de cualquier proyecto finalizado por la comunidad de energías renovables. Con ello, se asegura que la selección de proyectos se realiza de manera justa y equitativa para todos los socios de las comunidades de energías renovables, sin discriminación alguna. Por lo tanto, se promueve la aplicación de un criterio de proximidad justo y equitativo en todas las situaciones en que se deba seleccionar un proyecto en el contexto de las comunidades de energías renovables.
• Las comunidades energéticas están sufriendo retrasos injustificados relacionados con la solicitud de los puntos de conexión. La evaluación que debe llevar a cabo el IDAE debería abordar esta problemática y proponer soluciones: ventanilla única dependiente de la administración para solicitar los puntos de conexión, establecer plazos concretos o valorar la posibilidad de establecer un régimen sancionador por retrasos injustificados.
• En el preámbulo se reconoce que las comunidades ciudadanas de energía pueden ser un instrumento adecuado para hacer frente a la pobreza energética, permitiendo la participación de hogares vulnerables en proyectos de energías renovables y fomentando la eficiencia energética a nivel doméstico. Sin embargo, se critica que no se haga una mención expresa a la importancia de estas figuras para combatir la pobreza energética, especialmente considerando que son una herramienta idónea para ayudar a los colectivos más vulnerables y en situación de pobreza energética. Se deberían añadir y desarrollar criterios que faciliten la integración de personas vulnerables en situación de pobreza energética.
• La Directiva promueve la democratización energética y establece que la pertenencia a las comunidades ciudadanas de energía debe estar abierta a todas las entidades. Sin embargo, se observa que grandes grupos energéticos disfrazados de comunidades están pervirtiendo el concepto de democratización y se están expandiendo en todo el país. Por lo tanto, es vital prohibir expresamente la participación de grandes grupos empresariales que ejercen una posición de dominio en las actividades propuestas para las comunidades de energía renovable o comunidades ciudadanas de energía.

La Organización Internacional del Trabajo publicaba el pasado mayo este Compendio de textos legislativos sobre la Economía Social y Solidaria, donde se analizan 23 leyes seleccionadas en América, África y Europa.

El Departamento Nacional de Planeación a través de un Proyecto de Decreto se modificaría y adicionaría el Decreto 1082 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional; con el fin de promover el acceso de los organismos de acción comunal al sistema de compras públicas, e incorporar criterios sociales y ambientales en los Procesos de Contratación de las Entidades Estatales, y se dictan otras disposiciones.

Se haría necesario adoptar medidas que permitan garantizar el acceso al mercado de la compra pública a las Mipymes dentro de las cuales se incluyen las organizaciones comunales, cooperativas, asociaciones mutuales, empresas de economía solidaria del segmento Mipyme, pequeños productores agropecuarios locales y/o a productores de la Agricultura Campesina, Familiar o Comunitaria locales y sus organizaciones, que constituyan organismos de economía solidaria, con el propósito de facilitar y promover su participación en el sistema de compras públicas y contratación estatal.

Para los fines contemplados en el presente artículo, el uso obligatorio de los Acuerdos Marco de Precios organizados y celebrados por la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- por parte de las Entidades Estatales sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública se hará de manera gradual, teniendo en cuenta las condiciones expuestas en el documento.

Para más información, consultar: Proyecto de Decreto – Departamento Nacional de Planeación.

Esta modificación de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres que ha entrado en vigor el 18/03 de este año supone un avance en muchas áreas, sobre todo, desde la perspectiva de su redacción y la incorporación de enfoques y conceptos procedentes de la teoría feminista y, también, algunas de las demandas históricas del movimiento feminista de Euskal Herria.

Una ley que nace con vocación de integralidad y transversalidad, pero, desde nuestra perspectiva, nace también, con algunas debilidades: un presupuesto insuficiente (1% del presupuesto general, aunque para 2030 se plantea alcanzar el 1,5%), una EMAKUNDE debilitada por la nueva posición que esta ley le otorga en el organigrama y mucho trabajo por hacer para concretar los mandatos de esta ley en instrumentos concretos que hagan posible su implantación.

Las principales novedades que introduce esta ley las hemos recogido en un documento. No se trata de un análisis exhaustivo de todos los cambios introducidos, ya que son muchos, si no una recopilación de las que nos ha parecido que interpelan en mayor medida a las entidades del tercer sector de acción social de Euskadi.

A continuación, queremos resaltar algunos de los elementos del espíritu de esta ley que nos parecen más significativos:

En primer lugar, la referencia que se realiza a la necesidad de transitar hacia un modelo económico que sitúe la sostenibilidad de la vida en el centro. En este sentido, el movimiento feminista lleva tiempo señalando que la igualdad real entre mujeres y hombres no es posible en el marco de un sistema que se construye (y reproduce) sobre las desigualdades y, en especial, sobre la desigualdad de género.

Esta ley, aunque queda trabajo por concretarla en otros instrumentos, pretende contribuir a esta transición, entre otras, a través de la Compra Pública Responsable, la conciliación-corresponsable, la garantía de un sistema público e integral de provisión de cuidados y la revalorización del trabajo doméstico y de cuidados no remunerado.

Así, aún con sus limitaciones, trata de avanzar hacia una nueva organización social de los cuidados que aborde la tremenda injusticia en términos de tiempos y calidad de vida que supone para las mujeres la obligatoriedad del cuidado.

El segundo elemento es el enfoque interseccional que aparece en esta modificación y que nace de la idea de que el género se cruza con otras variables (procedencia, etnia, diversidad…) complejizando las identidades, condiciones de vida y posiciones de las mujeres en el sistema socioeconómico. Uno de los retos estará en aprovechar toda la potencialidad que esta perspectiva tiene unida, por ejemplo, al desarrollo de políticas antidiscriminatorias.

Otro de los elementos significativos es que esta ley trata de poner las violencias machistas que se ejercen contra las mujeres en el centro y ser garante de una vida libre de violencias machistas. Se avanza en una definición amplia de estas violencias desde la perspectiva de los derechos humanos de las mujeres y se incorporan nuevas tipologías, como son, la violencia digital, la obstétrica o la que se ejerce contra el entorno que apoya a la víctima.

Por último, se apela a la necesidad de impulsar un cambio en la cultura y la práctica empresarial y organizacional desde la consideración de las entidades como titulares de responsabilidades en la construcción de espacios equitativos y el fomento de una cultura organizacional no machista. Utiliza, para ello, la Compra Pública Responsable y las bases reguladoras de las subvenciones como método para impulsar estas transformaciones en la empresa privada.

Este elemento nos parece especialmente significativo ya que el tercer sector social vasco está altamente feminizado (más del 70% de las trabajadoras y voluntarias son mujeres). Se trata de un sector que ofrece posibilidades de trabajo remunerado en condiciones dignas a las mujeres, sin embargo, necesitamos transformar nuestra cultura y espacios de trabajo ya que, nuestras organizaciones, habiendo sido mayormente fundadas por y para hombres, sus sistemas de trabajo, estructuras, normas, etc. tienden a reflejar experiencias de hombres y valores masculinos. Por otro lado, tenemos que intervenir en el ámbito privado, para asumir de manera corresponsable entre mujeres y hombres el cuidado de la vida.

De otra forma, toda la potencialidad de este tercer sector de acción social para la promoción de la igualdad puede convertirse en una trampa las mujeres. El tercer sector puede convertirse en un espacio que atienda las necesidades prácticas de las mujeres y nos ofrezca más y mejores posibilidades para combinar nuestras dobles y triples jornadas pero que no cuestione las relaciones de poder y desigualdad que son la base de la discriminación y la violencia.

Como señala nuestra compañera Silvia Piris, nos encontramos en un momento de crisis sistémica que señala la urgencia, necesidad y oportunidad de impulsar procesos de transformación de la cultura organizacional. Las formas de participar, de entender la división entre empleo y trabajo, las lógicas patriarcales que atraviesan nuestras formas de estar y de relacionarnos en estas organizaciones deben ser progresivamente cuestionadas, revisadas y transformadas. Y esta modificación de la Ley vasca para la igualdad entre mujeres y hombres nos interpela directamente a poner en marcha estos procesos.

Artículo de Marina Berga, Ramon Campa y  Valentín Valencia Técnicos de economía social de Colectivo Ronda

Cumplidos ya diez años de la Ley de Economía Social que el Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad es buen momento para reflexionar sobre la articulación de este marco legal y sobre los retos pendientes dentro de un sector que en los últimos años ha crecido, ha madurado y ha superado varias crisis, incluso una pandemia, mostrando su enorme flexibilidad y resiliencia. Dos características que a menudo van por delante de toda regulación, sobre todo cuando esta debe incluir la diversidad del sector y al mismo tiempo, o así lo creemos nosotros, proteger sus formas más genuinas: las que han gobernado y guiado el cooperativismo.

Precisamente, este es uno de los miedos que con frecuencia nos asalta a los que hace años estamos trabajando para y asesorando en pro de los colectivos de economía social: que las normas sean más un corsé que una ayuda y que no haya la suficiente escucha previa que permita una definición apropiada de los marcos. Y es que transcurridos estos diez años vemos ya como al Ley debe adaptarse si quiere acoger el enorme potencial de un sector que se transforma a toda velocidad y que requiere agilidad administrativa y burocrática ante nuevos formatos surgidos por las propias dinámicas de vida (un ejemplo de ello, las cooperativas de vivienda y sus múltiples formas de gestión y definición).

Así pues, podemos decir que los beneficios de la Ley hasta ahora pasan, básicamente (y que no es poco), por haber dado visibilidad al sector mediante el “sello” o “etiqueta” que pretendía definir quien podía formar parte de él, des de una perspectiva jurídica y también económica. Es aquí donde creemos que con el afán de abarcar un sector amplio no se han puesto los límites necesarios para evitar que algunos de los agentes que nunca han respondido a los valores de la economía social hayan podido acceder dentro de este marco. Las leyes deben marcar principios (de entendimiento y de regulación) pero también y quizá más importante, unas líneas rojas que pongan freno a la validación de empresas que pueden tensionar el sector (estamos hablando de las “falsas” cooperativas o de algunas fundaciones bajo sospecha).

Es por ello que creemos que el marco jurídico de la Ley debe sobretodo poner (o devolver) su acento sobre el funcionamiento democrático, equitativo y horizontal que siempre ha acompañado al cooperativismo. Los valores de la actividad por delante de la posible incidencia económica. El cooperativismo es una de las herramientas más potentes en su forma jurídica y de relaciones laborales. Y así lo hemos defendido siempre. Formas como decíamos genuinas que no sólo no deben perderse, sino que han demostrado ser las más resistentes en momentos difíciles. Las experiencias de reconversión o transformación vía cooperativa de trabajo de negocios mercantiles a punto de quebrar muestran un potencial que crece día a día y lo hace precisamente bajo estos valores. Pero aquí si que se requiere la ayuda y aportación de un marco legal y administrativo que potencie dicha reconversión. Esto y las posibles políticas activas a pequeña y gran escala para favorecer la implementación del modelo como opción laboral y de emprendimiento con futuro.

En Cataluña, con una amplia tradición del sector, han aparecido los llamados Ateneos Cooperativos, impulsados desde el gobierno catalán para difundir el conocimiento del sector y poder ampliar la capa social que conoce o pueda conocer los proyectos que se mueven dentro de la economía social y solidaria. Son pequeños avances que celebramos si se acompañan siempre de un sector público (ahora mismo se está debatiendo la Ley autonómica de Economía Social) que sea sensible a los procesos que se mueven desde la base (esa capacidad de escucha) y a la experiencia ya alcanzada de años que permite sentar las bases de un recorrido que nunca debe ser intervencionista por parte de la administración (para no caer en la dependencia de contrataciones y subvenciones que a menudo deja al sector con inercias y dinámicas poco saludables). Tener a un lado una administración ágil y sensible y por el otro un marco jurídico protector podría ser una suma perfecta.

El camino hace tiempo que está abierto. Y la norma debe tener muy claro que el objetivo que persigue es siempre resolver y ayudar. Solo (le) pedimos esto.

Artículo de Juan Manuel Portas  de la secretaría técnica de AERESS para El Salto Diario

En general, el proyecto de Ley de Residuos peca de falta de ambición y concreción. Los objetivos que establece se antojan conformistas, además de no estar personalizados para las distintas fracciones de residuos. Deberían establecerse objetivos independientes de preparación para la reutilización respecto del reciclado. Las medidas que se proponen para el cumplimiento de la jerarquía de residuos no son vinculantes y son demasiado conceptuales. La globalidad de los agentes del sector de los residuos necesita un impulso mayor para potenciar el cumplimiento de la jerarquía de residuos y la participación en el mismo de todos. Las entidades sociales son importantes actores del sector de la recuperación y necesitan medidas concretas de apoyo a diversos niveles, vinculantes y definidas.

No obstante, como valoraciones positivas, destacamos que el proyecto incluye menciones al fomento de la reutilización para un mejor seguimiento de la jerarquía de residuos, aunque le falta una mayor definición. Del mismo modo, se mencionan apartados que entendemos importantes para un mejor funcionamiento del sector, como es el fomento de las redes de preparación para la reutilización y de la disponibilidad de piezas de aparatos eléctricos y electrónicos para su reparación. Entendemos también como adecuada la prohibición a partir de 2021 de destrucción de excedentes no vendidos de productos no perecederos tales como textiles, juguetes, aparatos eléctricos, etc.

Al tratarse de la transposición del marco europeo al español, el ajuste del proyecto de Ley al cumplimiento estricto de la jerarquía de residuos debería ser más concreto, accesible y de obligado cumplimiento en buena parte de sus propósitos. Las ayudas a los primeros pasos de la jerarquía (prevención y preparación para la reutilización) dependen en buena parte de las campañas de información y sensibilización en el primer caso y del fortalecimiento de las redes de entidades sociales que se dedican a la preparación para la reutilización, en el segundo caso.

La experiencia y conocimiento de los gestores y la peculiaridad de cada flujo de residuos -con diferentes capacidades de ser preparados para reutilizar y diferentes tratamientos- nos lleva a pensar que cada tipo de residuo debería tener unos objetivos individuales. Creemos además que los objetivos de preparación para la reutilización deberían definirse de un modo independiente de los objetivos de reciclado.

En el Anexo V, tratándose de instrumentos útiles y en la dirección de promover la jerarquía de residuos, la Ley debería ser más ambiciosa en el marco del cumplimiento de la misma y convertir buena parte de estas proposiciones en medidas vinculantes para todos los agentes del sector. De esta manera se podría lograr un avance importante en la aplicación real de la jerarquía de residuos, además de poder realizar un seguimiento de estas acciones y una difusión de las mismas. Se debería mencionar la posibilidad para las Administraciones, agentes fundamentales, de acogerse a la figura de la reserva de mercado, presente en la Ley 9/2017 y con origen en el marco europeo, para impulsar una mejor recuperación de los residuos, amparándose además en el valor de las acciones, no solo ambientales sino también sociales, de los gestores. Del mismo modo, debería incluirse un punto de adaptación de ayudas a las actividades de empresas y organizaciones que trabajan en pos de la jerarquía de residuos.

Como último pilar y fundamental para lograr un impulso del sector, la administración debería contemplar la promoción para el establecimiento de la reducción del IVA en productos procedentes de procesos de preparación para la reutilización. La repercusión económica de esta medida sería muy baja para la Administración General del Estado (apenas un 0,002% del total recaudado, según un estudio realizado por AERESS) y el beneficio ambiental y social que aportaría sería muy importante.

En definitiva, la transposición de la Directiva Europea al ordenamiento español define los principios a seguir referidos a la jerarquía de Residuos pero no da los pasos necesarios para fomentar de un modo explícito la misma. Faltan herramientas por mencionar y medidas por definir en un contexto de actividad que necesita proteger legislativa y logísticamente los primeros pasos de la jerarquía.

La página Legislación nació del deseo de reunir en un solo lugar las leyes marco de la ESS en diferentes países del mundo. Luego, con la ayuda de los miembros y observadores del UNTFSSE, se ha enriquecido con leyes y decretos relativos a los componentes de la ESS: asociaciones, mutuas de seguros, cooperativas de vivienda, indicadores, etc. No pretende ser exhaustiva y se actualiza regularmente.

A través de este enlace puedes acceder a la página.

Qué es el UNTFSSE

El Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Economía Social y Solidaria (UNTFSSE) tiene como objetivo aumentar la visibilidad de la Economía Social y Solidaria (ESS) dentro del sistema de las Naciones Unidas y fuera de él. Los miembros y observadores del Grupo de Trabajo se han comprometido a realizar actividades de colaboración para:

• Aumentar el reconocimiento del papel de las empresas y organizaciones de ESS en el desarrollo sostenible;
• Promover el conocimiento de la ESS y consolidar las redes de la ESS;
• Apoyar el establecimiento de un entorno institucional y normativo propicio para la ESS;
• Asegurar la coordinación de los esfuerzos internacionales, y crear y fortalecer las asociaciones.

La actividad del Grupo de Trabajo adopta la forma de iniciativas conjuntas entre sus miembros: elaboración de informes y resúmenes, organización de actos relacionados con la ESS en relación con los procesos y conferencias pertinentes de las Naciones Unidas y la creación de asociaciones y diálogos con entidades gubernamentales y de la sociedad civil.

Más información en este enlace

SOCIECO.ORG

Es el sitio de recursos documentales sobre economía social y solidaria. Este sitio agrupa 6.877 documentos, 1.770 publicaciones y 1.360 videos ligados a 5.555 autores y 1.251 organizaciones. Recopila también 279 formaciones y 735 sitios. Más información en este enlace.

En este espacio también se puede encontrar información sobre REAS Red de Redes y sus redes socias así como publicaciones, artículos y otros recursos.

El pasado 11 de diciembre, el consejero de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir lo Homrani, y el presidente de la AESCAT, Guillem Llorens, han presentado el documento de bases consensuado para impulsar la Ley de Economía Social y Solidaria en Cataluña.

Los objetivos de la futura Ley de la ESS tienen que ser reconocer y promover la economía social y solidaria como parte integrante de una economía plural en Cataluña, con la voluntad de avanzar hacia la democratización económica, y contribuir a la consolidación y el crecimiento cualitativo y cuantitativo. Por eso, los objetivos de la ley que marca el documento de bases son establecer un marco jurídico de la economía social y solidaria; fomentar y promocionar este modelo económico, y el logro de su reconocimiento y representatividad institucional.

Según Chakir el Homrani, “la creación de un marco normativo de la economía social y solidaria es un elemento indispensable para poder avanzar en el proceso de transición del modelo económico catalán hacia uno de más plural, sostenible, democrático, centrado en las personas, responsable y transparente. Este es el elemento clave de la economía social y solidaria: los valores, no la forma jurídica”.

Sobre el proceso de tramitación de la futura ley, que ya será en la próxima legislatura, El Homrani ha explicado que ahora toca “redactar la ley de manera consensuada, como se ha trabajado hasta ahora, y desplegarla. Por eso nos hemos encontrado ya con los grupos parlamentarios”. “Si el sector de la economía social y solidaria ha hecho este ejercicio de trabajo y consenso desde miradas muy diversas, desde el ámbito político también lo tenemos que poder hacer. Hace falta que esta ley salga adelante sin desdibujar el documento de bases”, ha remachado.

En concreto, tiene que ser inclusiva, que respeta la singularidad de las diferentes formas jurídicas y empresariales; social, que prioriza las personas y la vida; transformadora, que permite avanzar hacia un sistema económico sostenible, plural, democrático, solidario, equitativo y feminista; flexible, que tiene una mirada abierta a reconocer nuevas realidad sociales y comunitarias; y alineada con las diversas propuestas legislativas que se impulsan en el ámbito europeo.

De este modo, con el documento de bases de la Ley de ESS se quiere avanzar hacia un modelo catalán de economía plural. En un momento en que la economía está exclusivamente subordinada a la lógica de los beneficios controlados por las grandes corporaciones, las organizaciones de la economía social y solidaria han contribuido a construir un tipo de globalización relacionada con las personas y las comunidades.

Participación de la XES

Durante la pasada Asamblea General Extraordinaria de la Red de Economía Solidaria de Catalunya celebrada en el espacio BiciHub, se ha debatido y aprobado el documento con las bases de la futura Ley de Economía Social y Solidaria en Cataluña. Durante el encuentro, se ha partido de un documento provisional que ha sido trabajado en los últimos meses por un grupo de trabajo de ley de la XES, creado con este objetivo. Tanto este grupo de trabajo como las socias y la comisión permanente de la XES han incorporado enmiendas al texto inicialmente propuesto; de manera que durante la reunión se ha podido incidir directamente en las enmiendas concretas.

Cabe recordar que en el Plan de Gobierno de la Generalitat de Cataluña se contempla como acción destacada de la actual legislatura la elaboración de la Ley catalana de la economía social y solidaria. En esta línea, la Generalitat de Cataluña emplazó a los actores que forman parte de la AESC a participar en la articulación de la futura Ley de Economía Social y Solidaria en Cataluña.

Entidades de la ESS: proceso de reconocimiento

La futura Ley de ESS tiene que delimitar el concepto de economía social y solidaria y tiene que definir qué se entiende como ESS y diferenciarlo de manera clara de aquello que no se puede considerar.

Además de las entidades constituidas de acuerdo con las formas jurídicas que normalmente se asocian a la ESS (mutualidades de previsión social, cooperativas, sociedades laborales, fundaciones y asociaciones, centros especiales de trabajo y empresas de inserción, las sociedades agrarias de transformación y las cofradías de pescadores), el documento de bases establece que hay que estar abiertos a incluir otras entidades e iniciativas que utilizan otras formas jurídicas, siempre que cumplan los principios y los valores del ESS en su práctica cotidiana. Las entidades que quieran ser reconocidas como ESS tendrán que pasar un proceso de reconocimiento, acreditar que están alineadas con los principios y los valores que prevé la definición y se tendrán que incorporar en un registro de titularidad pública.

Creación de un entorno favorable a la Economía Social y Solidaria

El documento de bases defiende que la Ley debe servir para poner en valor la economía social y solidaria, y destacar el compromiso transformador y el impacto positivo de sus actividades, así como facilitar su conocimiento y reconocimiento de la ciudadanía. En este sentido, recoge que habrá que trabajar para establecer una estrategia de transversalización de las políticas públicas favorables a la ESS, con la voluntad que otros organismos públicos puedan impulsar programas que permitan resolver las necesidades socioeconómicas del país, mediante el impulso de la diversidad , la justicia social y la igualdad de oportunidades.

Reconocimiento del ESS como un agente socioeconómico

El documento de bases establece que uno de los objetivos de la Ley es el reconocimiento de las organizaciones representativas de la ESS como interlocutoras con las administraciones, así como fomentarlo en los diferentes niveles de la Administración pública. Así mismo, tiene que prever la creación de un espacio de diálogo y gobernanza de la ESS con la Administración de carácter paritario y transversal. Se considera que la función de este espacio lo tiene que ejercer el Consejo Catalán del ESS, que tendría que estar formado por los diferentes actores del ESS y las administraciones públicas implicadas en su desarrollo.

Colaboración publico-social y comunitaria

El documento de bases consensuado subraya que se tendrán que establecer medidas de fomento del ESS a fin de acceder a la compra pública de bienes y servicios, y pose de relevo que habrá que promover marcos de relación más allá de la contratación que prioricen la calidad de los servicios por encima del precio.

Aquí se puede acceder al documento y en este enlace al documento traducido adaptado del documento original

Por la redacción de La Coperacha

Es urgente convocar una reunión para definir una agenda de trabajo en la perspectiva de incidir en la dicha Constitución

La expedición de la primera Constitución “es una oportunidad histórica que el movimiento cooperativista de la Ciudad de México no debería desaprovechar”, afirma Juan José Rojas, integrante de la Red Nacional de Investigadores y Educadores en Cooperativismo y Economía Solidaria (Redcoop).

Para el académico “sería lamentable que en todo el texto de la nueva Constitución no apareciera en ninguna parte la palabra cooperativismo y economía solidaria”, menciona.

Rojas considera este modelo económico como un “excelente instrumento para combatir el desempleo, el subempleo y la precarización del trabajo que afecta a millones de gentes que viven en la Ciudad de México”.

También hace un llamado a las distintas áreas de la administración pública de la Ciudad de México, «para que tengan una política pública de fomento cooperativo activa, amplia, de larga duración, muy estable y muy consistente”.

El doctor menciona además que “es urgente que el movimiento se pueda autoconvocar a un reunión que le permita definir una agenda de trabajo en la perspectiva de incidir en esta elaboración de la nueva Constitución de la Ciudad de México”.

La Coordinadora Estatal de Comercio Justo (CECJ) ha enviado hoy a los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones generales un decálogo en el que solicitan que incorporen a sus programas electorales medidas que promuevan un modelo económico y comercial que respete los derechos y el bienestar de las personas y el medio ambiente, frente a los intereses económicos empresariales.

Las diez propuestas solicitadas se agrupan en tres bloques: política exterior, legislación y concienciación ciudadana.

En relación con la política exterior las organizaciones de Comercio Justo solicitan que en los acuerdos comerciales que suscriba el próximo Gobierno de España o la Unión Europea con terceros países se equilibren los intereses económicos con la defensa de los Derechos Humanos, laborales y medioambientales. Además piden que se impulse el papel de las embajadas y delegaciones europeas en el desarrollo del Comercio Justo, así como la promoción de convenios bilaterales con otros países con la finalidad de fortalecer el Comercio Justo y la economía solidaria.

En cuanto a la legislación, una de las medidas más destacadas se refiere a que las compras y contrataciones de las administraciones públicas tengan en cuenta los aspectos sociales y medioambientales, y no únicamente el precio. En este sentido las organizaciones solicitan que la ley de contratos del sector público que se está tramitando impulsen de manera efectiva la Compra Pública Ética y el Comercio Justo. Además, piden que se fomente el consumo de estos productos en los servicios internos de las administraciones públicas (cafeterías, restaurantes, máquinas de vending…)

Otro aspecto importante que solicitan las entidades es que el Comercio Justo se incluya como una línea de acción dentro de la política estatal de cooperación al desarrollo, dado que a lo largo de su trayectoria de más de 60 años, el Comercio Justo ha demostrado que es una eficaz herramienta de lucha contra la pobreza. Otras iniciativas propuestas son la modificación de la ley de la economía solidaria aprobada en 2011 de manera que salga reforzada esta alternativa económica, o la aplicación de una fiscalidad positiva a los productos elaborados con criterios sociales y medioambientales.

Por último, las organizaciones solicitan apoyo para desarrollar acciones de información y concienciación en torno al consumo responsable y el Comercio Justo dirigidas a ciudadanos-as y empresas, así como fomentar la educación de niños y niñas como ciudadanos-as críticos responsables.

Con el fin de dar a conocer esta iniciativa, la CECJ ha elaborado un vídeo para la difusión en redes sociales en el que se resumen las 10 medidas propuestas. En twitter los mensajes llevarán la etiqueta #VotaComercioJusto. Descarga de materiales

VÍDEO #VotaComercioJusto

Descarga: Propuestas electorales Comercio Justo Dic 2015

Una mesa de trabajo sectorial evaluará realidades particulares y las políticas públicas a encarar para fortalecer el rol de la economía solidaria, que es clave para profundizar la nueva etapa de desarrollo nacional.

En un espacio convocado por el Instituto Nacional para la Promoción de la Economía Solidaria (IPES) en articulación con la Confederación Argentina de Mutualidades (CAM) y la Confederación Cooperativa de la República Argentina (Cooperar) más de 40 representantes de las principales federaciones cooperativas y mutuales de todo el país se reunieron con funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Eduardo Aparicio, titular de esa cartera.

Aparicio, coincidió con los dirigentes del movimiento, en armar equipos de trabajo para elaborar iniciativas en busca de aumentar la incidencia de estas organizaciones en la economía nacional.

El ministro también expresó que, en caso de que «Daniel Scioli triunfe en las elecciones nacionales del 25 de octubre, consolidará las estructuras de gobierno en relación con las cooperativas y mutuales en diálogo con los dirigentes del movimiento».

Antes de esa fecha las organizaciones mutuales y cooperativas argentinas comenzarán a trabajar codo a codo con los equipos de gestión del actual gobernador bonaerense.

Juan De Biasi, presidente de la Mutual Pyme y miembro de IPES manifestó su entusiasmo ante la voluntad de «delinear una agenda común y buscar la mejor estrategia para el sector«.

Asimismo, defendió la idea de crear una cartera que atienda esta problemática porque «se trata de un sector que ha crecido en estos últimos tiempos y que tiene que gran capacidad de generar nuevos puestos de trabajo. Es un paso necesario para consolidar este tipo de economía basada en la solidaridad».

«Desde la Mutual Pyme trabajamos, a partir cada una de las Casas Pyme del país promoviendo la democracia participativa de nuestro sector. No nos proponemos hazañas individuales, sino colectivas, hablando de otra economía, la solidaria, la nuestra, la social», finalizó De Biasi.

En la extensa reunión, se repasaron numerosos temas de «agenda sectorial», entre ellos el Proyecto de Ley de Economía Solidaria que se viene debatiendo en foros en todo el país.

El titular de la cartera social, Aparicio sostuvo: «Las cooperativas y mutuales son una pieza clave para seguir transformando esta Argentina. Nos planteamos con el equipo una mesa de trabajo, propuestas e ideas, donde vamos a llevar lo mejor para el sector y para las políticas públicas que se tienen que poner de manifiesto para que al sector le sirva».

Los números

Se calcula que más de 30.000 cooperativas y mutuales aportan cerca del 10 por ciento del PBI en Argentina y cada día aportan productos y servicios a más de 14 millones de personas.

Ofrecen servicios de salud a dos millones y medio de personas, la cobertura del 80% de la electrificación rural, cientos de medios de comunicación, en distintos puntos del país, están bajo la modalidad asociativa.

Asimismo, es de destacar el desarrollo del cooperativismo de trabajo, la fortaleza de la banca cooperativa y la ayuda económica mutual, entre otros indicadores de la presencia federal y arraigo del formato solidario.

Al comentari anterior, titulat “S’acaba el curs 2014-15, fem balanç cooperatiu!”, vaig recordar les principals iniciatives cooperatives d’aquests dotze mesos. Ara voldria complementar aquell balanç amb algunes valoracions més generals sobre el que ha representat el curs per a l’economia social i solidària i sobre el panorama que ens trobarem just tornant de vacances. Ho faré d’una manera esquemàtica en cinc apartats.

Primer: la nova llei de cooperatives

Finalment, CiU s’ha sortit amb la seva i ha aconseguit aprovar una nova llei de cooperatives amb el suport d’ERC, PSC i Ciutadans, l’abstenció d’ICV i el PP, i els vots en contra de la CUP. Si comparem el text definitiu amb la primera versió presentada ―un disbarat―, és clar que ha millorat; però, malgrat això, segueix sent un instrument per intentar canalitzar el funcionament de les cooperatives cap a formes precisament menys cooperatives. És a dir, la nova llei facilita que les cooperatives siguin menys col·lectives, menys democràtiques i menys compromeses. Permetre que la meitat dels fons de reserva fins ara irrepartibles es pugui distribuir entre les persones sòcies en cas de liquidació, retallar competències obligatòries a l’assemblea general i reduir a un ridícul 5% la dotació del Fons d’Educació i Promoció Cooperatives il·lustren el propòsit d’aquesta llei globalment negativa per al sector. A la tardor es veurà si les cooperatives que més s’han oposat al projecte de llei se senten amb ganes i capacitat per fer accions que els permetin acumular forces per poder-la canviar quan arribi el nou govern, que, sigui quin sigui, serà més d’esquerres.

Segon: la llei d’economia solidària

El Parlament va manifestar la seva voluntat de redactar una llei d’economia solidària. De moment, però, qui l’ha redactada ha estat la Xarxa d’Economia Solidària (XES). Aquest és precisament el tipus de llei que més necessita el sector: no una que modifica per enèsima vegada el marc normatiu de les cooperatives, sinó la que compromet els poders públics a promocionar les cooperatives i les altres entitats d’economia social i solidària. Una llei d’economia solidària com hi ha al Brasil, a Portugal o a França; la XES haurà de pressionar el nou govern perquè compleixi el compromís i l’aprovi.

Tercer: la XES es renova i s’enforteix

En aquest curs, la XES ha viscut un procés de renovació i d’enfortiment que s’ha expressat en l’entrada de noves persones i entitats, els canvis organitzatius, la incorporació de l’enfocament feminista en el discurs, les agrupacions per sectors d’activitat amb l’objectiu d’intercooperar i l’articulació territorial impulsada, entre altres eines, amb el Pam a Pam, el mapeig del consum responsable i l’economia solidària ideat per SETEM. La nova edició de la Fira d’Economia Solidària que, com en anys anteriors, tindrà lloc el darrer cap de setmana d’octubre serà un moment idoni per mostrar els progressos que ha fet la XES en aquests mesos.

Quart: Els municipis són laboratoris de l’economia solidària

L’economia social i solidària és vista cada vegada amb més bons ulls pels partits que es defineixen d’esquerres. A “Els programes electorals es cooperativitzen”, publicat al número 36 de la revista d’autogestió i economia cooperativa Nexe, podeu llegir una anàlisi sobre les propostes d’actuació que s’hi refereixen contingudes en els programes electorals de les formacions que van concórrer el 24 de maig a Barcelona. De l’estudi es dedueix que la dreta segueix menystenint el sector: Ciutadans no en feia ni una referència, PP dues, CiU sis, unes xifres escarransides que contrastaven amb les 57 d’ERC, les 53 de la CUP, les 36 de BCN en Comú o, fins i tot, amb les 16 del PSC.

L’interès per l’economia solidària per part de molts nous consistoris integrats per candidatures municipalistes alternatives, la CUP o ERC, fonamentalment, augura que aquesta tardor molts pobles i ciutats del país es convertiran en valuosos laboratoris per assajar polítiques públiques locals d’economia social i solidària. A les experiències que ja s’estaven duent a terme, algunes tan interessants com les de bancs del temps, horts comunitaris i cooperativa agroecològica per l’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos; la del Molí Miarons pel de Manlleu, o les del Coboi i la cessió d’espais municipals buits pel de Sant Boi de Llobregat, aviat se n’hi afegiran moltes més, en haver-hi alcaldies encara més receptives i, fins i tot, càrrecs que són persones expertes en el tema i que provenen del mateix sector, com és el cas de Jordi Via, que ha estat nomenat comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària de l’Ajuntament de Barcelona.

Cinquè: arriba un curs decisiu

A partir de setembre vénen mesos molt difícils i incerts per a Catalunya i, per tant, també per a l’economia solidària catalana. Seguiran les polítiques neoliberals imposades per la Troika a tota la UE i a l’Estat espanyol tot fa preveure que de les eleccions de novembre no en sorgirà cap canvi significatiu, fins i tot pot ser que Rajoy segueixi governant amb el suport de Ciudadanos.

L’única possibilitat de ruptura amb el règim actual es troba precisament a casa nostra. Si una hipotètica victòria de les forces independentistes el 27 de setembre obrís la porta a un govern en què l’esquerra independentista fos prou influent ―des de dintre i/o des de fora― per obrir un procés constituent participatiu, aleshores ens trobaríem amb una oportunitat única per introduir en la societat catalana el debat sobre quina economia volem per al nou país i podríem acabar constitucionalitzant una sèrie de principis i drets econòmics, socials i laborals que ens permetessin anar substituint les polítiques neoliberals per d’altres més socials, que tinguessin en l’economia solidària un dels seus actors.

Però aquest camí, prou que ho sabem, no serà gens planer; les classes dominants espanyoles, amb la connivència de les elits catalanes del Pont Aeri, tractaran d’impedir-ho i ho faran com històricament han fet enfront de cada desafiament popular, amb la repressió. Com respondríem les persones, entitats, empreses i organitzacions que formen l’economia social i solidària catalana a una eventual suspensió de l’autonomia, per exemple? Consideraríem que no va amb nosaltres i seguiríem regant els nostres bonsais dintre els esquifits testos que ens deixen? O, al contrari, ens arriscaríem i ens sumaríem a la resistència que probablement s’organitzaria, aportant-hi els nostres recursos, i sabent que, entre tot el que hi ha en joc, també hi és disposar del poder i els recursos necessaris perquè comencin a brotar, no pas bonsais, sinó arbres de debò, els futurs boscos de l’economia solidària? Tenim l’agost i poc més per pensar-hi.

El presidente Luis Guillermo Solís firmó un decreto con el que se declaró de interés público el fomento y desarrollo de las organizaciones y empresas de la Economía Social Solidaria, como parte de las acciones para combatir la pobreza y la desigualdad social.

En el decreto, suscrito también por el ministro Sergio Alfaro de la Presidencia y Harold Villegas de Trabajo (en condición de ministro a.i.), se concibe la Economía Social Solidaria “como instrumento de relevancia en las acciones del Estado para la prestación de servicios esenciales, la generación de empleo y trabajo decente, la reducción de la pobreza y la desigualdad y para una distribución justa de la riqueza”.

La Economía Social Solidaria es un movimiento apoyado por sectores empresariales, solidaristas, cooperativistas, Colegios Profesionales y de pequeños y medianos productores, que tiene sus orígenes en el siglo XIX, pero que fue definida de manera formal en el 2002, en la Carta de Principios de la Economía Social, promovida por la Conferencia Europea Permanente de Cooperativas, Mutualidades, Asociaciones y Fundaciones.

En las justificaciones del decreto, se indica que el Poder Ejecutivo debe impulsar todo programa cuyo propósito sea disminuir la pobreza, y que el Ministerio de Trabajo adoptó el compromiso de fortalecer los mecanismos que permitan la creación de empleo y trabajo digno. Precisamente en esta cartera se creó en enero del 2015 la Dirección de Economía Social Solidaria, mediante el Decreto Ejecutivo 38874-MTSS.

“Uno de los pilares de nuestra Administración es la reducción de la pobreza y la desigualdad, y la Economía Social Solidaria apunta precisamente en esa dirección. Creemos en los esfuerzos de grupos y empresas del sector privado para contribuir con objetivos solidarios, que sean apoyados desde las instituciones públicas”, expresó el presidente Solís.

En el decreto, se define la Economía Social Solidaria como un conjunto de actividades económicas y empresariales, realizadas en el ámbito privado para satisfacer el interés colectivo de las personas que las integran y el interés general económico social de los territorios donde se ubican.

Adicionalmente, en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 Alberto Cañas Escalante se incluyó el fomento de la Economía Social Solidaria. En esta dirección, con el decreto se insta a todas las instituciones públicas a incluir objetivos y metas en sus planes estratégicos y operativos para desarrollar y fortalecer este concepto.

Fuente: Presidencia del Gobierno de Costa Rica

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Iniciativa económica del Gobierno causa polémica en Costa Rica
(Ver la noticia con vídeo)

En Costa Rica, las cámaras empresariales manifestaron su preocupación por la intención del Gobierno de promover la economía social solidaria en el país.

Las cámaras empresariales del país alzaron la voz en contra de la implementación en los programas de estudio del Instituto Nacional de Aprendizaje de la Economía Social Solidaria, una incitativa del Gobierno que busca incentivar la creación de empresas locales.

Por más de 30 años en el país han convivido los modelos de la economía solidaria con el de economías de libre mercado. Hoy la apuesta del Gobierno es fortalecer a estos emprendimientos locales y crear nuevos puestos de trabajo mediante la creación de cooperativas y asociaciones.

A pesar de que el Gobierno ha declarado su apoyo al desarrollo privado, a los grandes capitales y a la inversión extranjera, continúan promoviendo las cooperativas, las asociaciones de desarrollo y este proyecto de ley para consolidar la economía social solidaria.

Hoy, 29 de Abril, en el Ateneo Varillas tuvo lugar un encuentro entre diferentes organizaciones sociales que promueven un modelo económico basado en valores éticos.

ULECOOP, Coordinadora de ONGs, Red Economía Alternativa y Solidaria de Castilla y León y la Asociación por el fomento de la Economía por el Bien Común participaron en un evento conjunto en el que unificaron sus esfuerzos para hacer llegar a la sociedad y los partidos políticos sus demandas en  cuanto a política económica se refiere.

Las diferentes organizaciones sociales presentaron el trabajo que realizan en sus organizaciones sociales. Camino, la representante de la Coordinadora de ONGs de León hizo hincapié en las diferentes comercios locales que han apostado por el Comercio Justo como forma ética de realizar su actividad económica.

María Ramón, portavoz de ULECOOP  comentó que la economía social supone un 12,5% del P.I.B.  lo que asciende a 132.310Millones de euros, en Castilla y León hay 1260 cooperativas que generan 9000 empleos de las cuales  en la  Provincia de León hay 350.  A nivel del Estado español de los 280.000 puestos de trabajo, actuales, que genera el sector cooperativista  español 190.000 puestos de trabajo  directos se han generado   entre 2008 y 2014, lo que muestra a las claras que la economía social y en concreto, las cooperativas son un instrumento eficaz frente a la crisis.

David Santos como miembro de Economía por el Bien Común,  informó sobre el Balance del Bien Común como instrumento para medir el porcentaje en el que una empresa o una institución pública colabora con el Bien Común.

Por último, Alipio Muñiz , Coordinador de REAS Castilla y León hizo una mención expresa a las demandas sociales y económicas urgentes que han propuesto a las organizaciones políticas.

Posterior a la presentación de las organizaciones sociales se procedió a la lectura del Documento que agrupa las demandas.

Invitamos a todos los partidos políticos que concurren a los próximos comicios,municipales y autonómicos, a que se adhieran a nuestras demandas políticas .

El Documento es el siguiente:

“OTRA ECONOMÍA ES UNA REALIDAD PRACTICADA DIARIAMENTE”

Las Organizaciones convocantes nos hemos unido con el fin de hacer llegar  nuestras propuestas y demandas a la sociedad en general  y a los Partidos Políticos en particular .

Las organizaciones convocantes defendemos los valores recogidos en la Constitución Española; que ya en su preámbulo recoge una serie de declaraciones a favor de una  economía más social y justa, con un claro objetivo en defensa de lo Común como uno de los factores más importantes de nuestra sociedad. Por ello, y ante la grave situación económica y social en la que nos encontramos en la actualidad, mostramos nuestra preocupación ante el devenir de la gestión de las instituciones públicas que en estos últimos tiempos se han visto secuestradas por intereses particulares. 

Desde hace años nuestras  organizaciones y movimientos civiles promovemos que la economía integre valores más éticos. La Carta Universal de los Derechos Humanos defiende la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad; es decir, una economía en pro del bien común.

Las Organizaciones firmantes trabajamos diariamente en defensa de un modelo económico que abogue  por repartir los recursos económicos en satisfacer las necesidades básicas de nuestros vecinos y vecinas, y en fomentar la corresponsabilidad de los mismos en valores éticos.

Entendemos la participación social en la economía como una relación con el medio ambiente y la sociedad de forma coordinada y cooperativa para satisfacer mayores cuotas de bien estar social para todos y todas.

Ofrecemos a la sociedad una economía que es una realidad practicada por multitud de empresas, cooperativas, que aportan a los ciudadanos algo más que riqueza monetaria. 

Estas organizaciones  trabajamos a favor de un modelo económico diferente basado en actividades económicas sostenibles, por sí misma, como medio para la obtención de objetivos sociales, para ello estamos trabajando en la creación de herramientas que nos permita medir  el impacto social de nuestros proyectos.

Por ello hemos redactado este Decálogo de mínimos alcanzable en un corto plazo :

• 1.- Elaboración de auditorías públicas y participativas de la gestión económica como por ejemplo el Balance del Bien Común  y/o la Auditoria Social de REAS  en las diferentes instituciones públicas, que permita  garantizar instrumentos de control del gasto, transparencia en todas las contrataciones públicas, y conocer cómo se realiza su gestión.
  
• 2- Dar  a conocer y apoyar planes de recuperación empresarial, transformando empresas con dificultades en empresas de economía social como cooperativas, facilitando suelo público en la modalidad de cesión para proyectos de carácter social de cooperativas de Iniciativa Social así como tutelar, formar e informar sobre emprendimiento en economía social.
  
• 3.-Introducir cláusula social a favor de las cooperativas de trabajo y empresas de economía social, solidaria y/o por el bien común en los pliegos de condiciones en los contratos públicos.
  
• 4-Incentivos fiscales de competencia local para el fomento de iniciativas económicas sociales y solidarias, así como fomentar  modelos de producción y consumo de bienes y servicios éticos y sostenibles siendo las instituciones públicas las que proricen este tipo de consumo.
  
• 5-Dotar a los Consejos de Cooperación, de carácter participativo vinculante.
  
• 6- Se revisarán y promoverán los cambios normativos y actividades de gestión y representación que sean necesarios para favorecer  la distribución, comercialización y consumo de productos ecológicos, de proximidad y comercialización justa:
  Integrar los principios de compra pública ética
  Desarrollar programas que apoyen la sensibilización y promoción del Comercio  Justo, el Turismo Responsable, la Banca Ética y la Responsabilidad Social de las Empresas.
  
• 7 COORDINACIÓNLas administraciones públicas de Castilla y León, a nivel local, provincial y autonómico, buscarán la coherencia y la coordinación en la definición de sus políticas de cooperación.Además, aplicarán el principio de coherencia a todas las políticas competencia de las administraciones con el objetivo de la erradicación de la pobreza.
  
• 8.-Adhesión a la carta por una soberanía alimentaria desde los municipios.
  
• 9.- Desarrollo de campañas de sensibilización ciudadana y de concienciación de determinados agentes sociales que permitan conocer alternativas y fomenten un cambio de paradigma económico, energético, alimentario y de respeto por el medio ambiente.
  
• 10.-Delaración publica de rechazo al TTIP y la Reforma de la Administración Local.

Jordi Estivill

Entomant el repte

El Parlament Català va adoptar amb una amplíssima majoria de 105 vots el dia 27 de Setembre de 2013 una resolució per la que es demana al govern que elabori una nova llei sobre l’economia social i solidària.

Es la primera vegada que en un parlament en l’estat espanyol s’adopta una resolució en la que apareix el concepte d’economia solidària. Ja existeixen lleis sobre l’economia social, com per exemple la darrera votada per el parlament espanyol l’any 2011 i moltes altres que regulen les seves diferents famílies: cooperatives, mutualitats, associacions i fundacions. Però la noticia important que cal posar de relleu es la voluntat legislativa d’associar l’economia social i la solidària i que aquest darrer concepte tingui una plasmació legal. A més en la resolució s’esmenta la crisis, la millor resistència que ofereixen aquest tipus d’economies davant de les seves conseqüències negatives, a l’onada neoliberal i a l’existència en altres països (França, Equador,Quebec,.. ) de lleis semblants.

Tal com diu Ventosa i Roig, aleshores exiliat, en un petit llibret publicat a Colombia, l’any 1949, hi han molts tipus de lleis. Unes que fan avençar el moviment cooperatiu perquè son obertes, genèriques, no detallistes i no tenen esperit controlador ni punitiu. Aquest seria el cas de les lleis republicanes, espanyola i catalana dels anys trenta o de la llei Italiana sobre les cooperatives socials de 1991. Promouen, en comptes de neutralitzar. Les primeres foren l’expressió de l’efervescència política progressista i de la maduració del cooperativisme i l’ estatal Italiana va ésser precedida per l’aplicació de moltes lleis regionals i d’un ampli debat entre les diferents opcions ideològiques i politiques d’aquell país. A l’inversa, no es difícil trobar normatives repressores, controladores i perjudicials com la llei franquista de 1944 o la salazarista de 1934. També hi han esquemes legals que passen sense pena ni gloria com la llei belga sobre les societats anònimes amb finalitat social.

Les lleis son una cristal·lització de les relacions de força existents i gairebé sempre l’expressió dels interessos dominants. Malgrat això i igualment com es va posicionar davant la negativa proposta de modificació de la llei de cooperatives, la Xarxa de l’Economia Solidaria de Catalunya va decidir entomar el repte que suposava la resolució del nostre parlament i adoptar una posició activa. El repte era massa important com per no intentar formular una pròpia proposta en la que es reflectissin els valors i principis de la Xarxa. Era una ocasió per mesurar el pes i la importància de l’economia solidaria a Catalunya i la seva capacitat de convocatòria i diàleg amb altres moviments socials i altres expressions de l’economia social, per obrir un debat intern que ajudes a definir millor els contorns de l’economia solidaria, per fer pedagogia i donar visibilitat a tants esforços que es fan quotidianament en el nostre país, sense descuidar que un pas com aquest podia influenciar positivament experiències d’ altres indrets.

La Xarxa es posa les piles

La permanent de la Xarxa va decidir crear un grup de treball encarregat d’elaborar una proposta. Aquest grup, integrat per cinc persones, ha estat treballant durant més d’un any. Va reunir, comparar i analitzar lleis semblants d’altres països, de Valonia fins a Romania tot passant per Mèxic, Portugal, França i Veneçuela. Ha estat un llarg viatge en el que l’actual procés negociat de les regions italianes i alguns continguts de la llei equatoriana han estat els millors acompanyants. A mida que es viatjava mentalment i es treballava col·lectivament s’anava formulant l’armari de la llei: Preàmbul, Objecte, Definició i Principis, Politiques Publiques, Representació i Articulació interna i Mecanismes de resolució alternativa de conflictes.

Des de l’inici estava clar que no es tractava d’un procés tancat. Així per determinats aspectes (tributari, financer, urbanístic,..) es van consultar experts i persones que hi treballen. Es publicaven en òrgans locals nacionals, espanyols i europeus articles informant del que es feia i fent crides a participacions externes. A mida que la proposta era més elaborada es van començar a fer presentacions com la de la III Fira de l’economia Solidaria del mes d’Octubre, la de Zaragossa en el Congres Internacional de Novembre 2014 o el debat monogràfic de la permanent de la XES del 17 de Setembre 2014. També s’ha iniciat la discussió amb forces sindicals i politiques i s’ha decidit traduir l’apartat de polítiques públiques en un conjunt de deu mesures concretes que podrien esser aplicades a escala local per les renovades candidatures municipals que sortiràn en les properes eleccions.

Ara toca fer un debat i una aprovació per part de l’assemblea dels membres de la XES i una presentació publica a mitjans de comunicació, organitzacions politiques i actors socio econòmics. Això es realitzarà els propers dies 7 i 8 de Maig. Tanmateix aquest procés participatiu no s’ha acabat ja que es vol que almenys 100 organitzacions acabin signant aquesta proposta de llei.

Característiques i novetats de la proposta

La proposta concep una llei marc, transversal i oberta que no tracta de les diferents famílies internes (cooperatives, mútues, associacions i fundacions). Totes elles i fins i tot iniciatives informals poden abraçar la causa de l’economia social i solidaria. Moltes iniciatives actuals de cooperació social (horts comunitaris, micro finançament, mercats i xarxes d’intercanvi. monedes socials, equipaments autogestionats, bens comuns culturals i digitals, nodes de suport mutu i cura, habitatge i transport col·laboratiu, formes col·lectives de les tecnologies socialment útils,…) estant desbordant els estatuts jurídics convencionals. En aquest sentit, només es formulen alguns criteris concrets (forquilla salarial) i l’adhesió als principis per identificar-se amb l’economia social i solidaria.

En segon lloc, la proposta ofereix una nova definició de l’economia solidaria quan afirma: 1) el caràcter democràtic de les iniciatives associatives i cooperatives que abasten processos productius, d’intercanvi, de gestió, de consum i de finançament de bens i serveis, 2) la satisfacció de les necessitats sota criteris de solidaritat, cooperació, donació, reciprocitat i autogestió 3) amb la finalitat de defensar els bens comuns naturals i culturals, la transformació igualitària de l’economia i la societat, el bon viure i la reproducció i la sostenibilitat de la vida del conjunt de la població.

En tercer lloc, es defineixen uns principis orientadors que no son unes exigències normatives. Es tracta de treballar per acostar-s’hi. Alguns d’aquests principis son: la recerca del bé comú i la distribució equitativa de la riquesa, la primacia del treball sobre el capital i dels interessos col·lectius per sobre dels individuals, la voluntat de transformació social, l’equitat de gènere i el repartiment de les tasques de cura, el respecte a la identitat cultural pròpia i el foment de la interculturalitat, l’arrelament territorial i l’economia de la proximitat, la creació del mercat social amb l’intercooperació, i el foment de l’autogestió, el treball col·laboratiu i l’ajuda mútua.

El segon títol de la proposta es dedica a les polítiques públiques de promoció de l’economia solidària. No es possible detallar-les aquí ja que abasten el foment del treball, les mesures tributaries, creditícies, el desenvolupament territorial, la integració econòmica, l’assistència tècnica, la formació i la participació. Es formalitzen a traves de 25 articles que comporten capgirar les tradicionals mesures de l’administració publica, introduint un nou sistema de co-construcció en el que aquella garanteix l’interes general, l’economia solidaria fomenta la democràcia econòmica i la participació dels treballadors i treballadores i la contrapart comunitària preserva la participació ciutadana i de les persones usuàries.

En cinquè lloc, la proposta de llei crea el Consell Superior de l’Economia Social i Solidaria com a la seva plataforma auto dinamitzadora i coordinadora que entre altres funcions ha de vetllar per el compliment de la llei, elaborar un pla director bianual de promoció de l’economia social i solidaria, presentar anualment una memòria valorativa de la seva situació a Catalunya, registrar i actualitzar les iniciatives, ajudar a difondre els valors cooperatius, auspiciar la projecció internacional, exercir la mediació o arbitratge en casos de conflicte i vetllar per evitar un us fraudulent de la llei.

Alguns objectius d’aquest treball ja s’han aconseguit: introduir nous conceptes, definicions i mesures, generar debats estratègics i clarificadors, interpel·lar altres actors i moviments, contribuir a fer més visible l’economia solidaria. Complir amb altres objectius significa que cal continuar treballant, debatint, i millorant la proposta de llei per neutralitzar els contrincants , convèncer els indiferents i ampliar els amics i amigues en una perspectiva alhora realista i utòpica, que permeti respondre alguns dels reptes que planteja el progrés de l’economia solidària a Catalunya.

Hubo cinco pre-foros que derivaron en esta convocatoria, impulsada por los propios actores involucrados por la Dirección General de Acción Cooperativa y Mutual. Aspiran a que el Congreso analice el ante-proyecto en la segunda mitad del año en curso. Destacan “la decisión política comunal de darle mayor visibilización a un sector que marca presencia en todos los rubros de la economía”.

Especialistas, analistas, actores sociales e invitados especiales debatieron hoy y analizaron en detalle el anteproyecto de Economía solidaria. La jornada del Foro IPES (Instituto de Promoción de la Economía Solidaria) tuvo lugar en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon, presidido por el Presidente, Ariel Ciano (AM) y con el concejal Fernando Maraude (FpV), autor de la inicitiva. También estuvieron el director general de Acción Cooperativa y Mutual de General Pueyrredon, Gustavo Casciotti –promotor de esta iniciativa-, y la edil Verónica Beresiarte, también presentes. 

La ocasión fue propicia para evaluar cambios que determinen la “Ley Federal de Economía Social y Solidaria”, en estudio actualmente en diversos foros realizados a lo largo y ancho del país.

Estuvieron presentes, entre otros, representantes de las siguientes entidades: Acooperar, Fecooaport, IMFC, INAES, Rubier, CNCT, IPES y la Dirección General de Acción Cooperativa y Mutual.

En principio, como es habitual en cada actividad que se desarrolla en el recinto de sesiones, fue proyectado el video institucional “Historias de Abuelas. La identidad no se impone”, realizado por personal del Teatro Auditorium-Centro Provincial de las Artes. Luego, Ciano dio la bienvenida a los presentes: “Buenos días, bienvenidos a este recinto que, como decimos habitualmente, es el lugar donde buscamos los consensos y expresamos los disensos. Es el lugar donde la política del Partido de General Pueyrredon se expresa. Por iniciativa de las cooperativas y del bloque del Frente para la Victoria –a través de Verónica Beresiarte y Fernando Maraude- se convocó para darle más visibilidad a un tema, que ya la tiene gracias a la decisión política en el país, que es la economía social, el cooperativismo y el mutualismo”.

Durante su discurso, Ciano agregó: “Cuando uno piensa en el tema, no puede dejar de asociarlo con lo que veíamos en el video también, que nos sigue interpelando. En la época más difícil y dura para las cooperativas, en un mundo que soñaba con mayor igualdad de oportunidades, fue la última dictadura cívico-militar. Me parece que este ejercicio de memoria es necesario para saber qué sucedió y saber dónde queremos ir y dónde tenemos que esforzarnos. Trabajar desde la economía social o desde la cooperativa o mutual es ver los valores del cooperativismo, como la igualdad, la democracia y la participación, con los sueños, con las utopías. Acá está Avelino Costa Martínez, “un joven militante del cooperativismo” que sigue teniendo proyectos, los sigue planteando, sigue soñando y nos enseña tanto a nosotros, que somos un poco más jóvenes que él, en pos de tener una sociedad realmente sin inequidades sociales. Y como él, otros; como los compañeros de cooperativas que, con una gran capacidad de resiliencia transformaron el dolor en esperanza y hoy están funcionando de manera ejemplar, como Amanecer, Sadowa y otros. Y es posible por su esfuerzo y la presencia del Estado. Me parece que esa combinación es imprescindible. El esfuerzo individual no sirve; el esfuerzo de todos es imprescindible. A veces solemos ser demasiado críticos con el Estado y a veces se hacen proyectos muy buenos y anula la verdad revelada de algunos sectores que dice que lo público o lo estatal no sirve y que hay que dejar que el mercado lo resuelva, sabiendo cómo lo hizo en nuestro país y en el mundo. Así que sostenemos el sueño de un Estado que intervenga para reparar las inequidades y para evitar que ocurran y para que sostenga estos sueños colectivos, que nos van a permitir tener la ciudad, la provincia y la patria que soñamos. Y esta iniciativa es posible por el impulso de la Dirección General de Acción Cooperativa y de su titular, Gustavo Casciotti, funcionario de esta administración de Gustavo Pulti que tomó la decisión política de darle más visibilidad a un sector de la economía por demás importante”.

Después, Casciotti expresó: “Muy buenos días a todas y todos. Este foro está en el marco de un conjunto de eventos similares a lo largo y ancho del país en abril y mayo a partir de una iniciativa de INAES, para poner en discusión un borrador de ley de economía solidaria, que incluye a actores como mutuales y cooperativas. Estos foros han sido motorizados por el IPES. Sin embargo, acá, el foro está siendo convocado por el municipio en forma conjunta con las federaciones de cooperativas locales, con el auspicio del IPES y la CNCT. Vemos el rol protagónico del municipio en esta convocatoria, para empoderar y visibilizar a los actores locales, a partir de una decisión política de visibilizar un sector que aporta en todos los rubros de la economía, como se vio en la Expoindustria. Es posible por la gran articulación de los actores del mutualismo y cooperativismo en el orden local y regional. Este foro tiene por sentido abrir el espacio para el debate y es resultado de un gran trabajo previo, que tuvo acá cinco pre-foros para generar espacios de sensibilización, recibir aportes e ir construyendo esta instancia. Todos los aportes, orales y escritos, más allá del volumen, van a ser sistematizados y elevados, formando parte de las herramientas con las que va a contar la mesa de redacción para terminar en un ante-proyecto de ley que sea debatido en el Congreso en la segunda mitad del año”.

GÉNESIS DEL ANTEPROYECTO

Teniendo en cuenta que tanto la Ley N° 20.321 de asociaciones mutuales como la Ley N° 20.337 de cooperativas surgieron en la década de 1970, el proyecto pretende actualizar el marco legal de una manera integradora y respondiendo a las demandas y propuestas de las diferentes entidades. Numerosos congresos, encuentros, declaraciones y debates dados en los últimos años en el seno del movimiento de la economía solidaria son el insumo de la propuesta a trabajar en los próximos meses. Así, el ante-proyecto se abre al debate en el seno del movimiento para luego ser presentado ante el Congreso Nacional.

El IPES, en su rol de espacio promotor e integrador de militantes de la economía solidaria, convoca a formar parte tanto de la presentación como de la posterior y necesaria etapa de debates y contribuciones, pasos centrales en el camino de adecuar el marco regulatorio de las organizaciones.

De la presentación participan dirigentes de la economía solidaria, funcionarios, académicos, referentes del mundo empresario y sindical, parlamentarios, etc.
El debate -extendido y participativo- en foros abiertos pretende mejorar sustancialmente un ante-proyecto de ley, para consensuar el modelo de desarrollo que la economía solidaria. “Se trata de un proyecto abierto, producto de la cooperación y el intercambio de opiniones entre el movimiento cooperativo y mutual, y el INAES durante los últimos 10 años”, explicó uno de los asistentes a esta jornada en Mar del Plata.

El material en análisis contiene la producción normativa propuesta, consensuada y dictada por el directorio del INAES en esta década, así como el resultado de 8 Congresos de economía Solidaria, el Congreso Argentino de la Cooperación de 2012, y el Congreso Argentino de Mutualidades de 2014, igualmente otorga una atención especial al Proyecto de Ley de Cooperativas de las Américas y a los acuerdos de RECM (Mercosur Cooperativo) y Parlasur.

“En esta década el movimiento cooperativo y mutual argentino se ha integrado en el Mercosur, en Latinoamérica y en el mundo, con los resultados gremiales, sociales y económicos más importantes de su historia. La presencia en la Alianza Cooperativa Internacional (ACI), y en todos los organismos de participación regional y mundial lo confirman”, detalló José Orbaiceta, de IPES.

“Por tanto este proyecto, en cuanto producción conjunta del esfuerzo colectivo, pretende ir mucho más allá de la consolidación de conquistas ya conseguidas en más 100 años por parte del movimiento, y convertirse en un programa de acción, en pos de un lugar en la historia para la economía solidaria, que ayude a resolver con justicia y equilibrio, los enormes problemas que enfrentan nuestras sociedades y el planeta, como consecuencia de la concentración de la riqueza, la sobreexplotación de los recursos, y la distorsión de la democracia”, añadió.

Los impulsores de este foro están proponiendo una “ley-programa”, es decir, una normativa viva que suponga la decisión conjunta de la sociedad para acordar una propuesta de democracia económica, participativa, distributiva que ayude a la recuperación de los vínculos sociales, y brinde a la organización cooperativa y mutual las herramientas adecuadas, en base a la ayuda mutua y el esfuerzo propio.

Se han previsto, ya, más de 70 reuniones, con 30 ponencias orales por foro (10 lugares para confederaciones y federaciones, 10 para cooperativas y mutuales y 10 para los demás participantes).

Los foros son organizados por el Instituto para la Promoción de la Economía Solidaria Argentina (IPES, son abiertos y buscan debatir y aportar al pre proyecto de Ley de la Economía Social y Solidaria. Las contribuciones de los foros serán sistematizadas y entregadas a la Comisión Redactora del pre proyecto a los fines de ser incorporados a la presentación que se realizará al Congreso Nacional.

El pasado jueves, 26 de febrero, eurodiputados de la Izquierda Unitaria Europea (Die Linke, Syriza, L’Altra Europa con Tsipras, Front de Gauche, Podemos) y de Los Verdes Europeos (EQUO/Primavera Europea, ICV, Europe Écologie-Les Verts) auspiciaron en el Parlamento Europeo una conferenciatitulada “La Economía Social y Solidaria en Europa: situación actual, desafíos y perspectivas”.

Los diputados y diputadas de la Izquierda Unitaria Europea entre los que se encontraban Pablo Echenique (Podemos Aragón), Florent Marcellesi (Equo), Ernest Urtasun (ICV) y Jordi Sebastià (Compromis), se reunieron en una conferencia en Bruselas con el objetivo de impulsar en el seno de la institución el conocimiento de la enorme contribución y del potencial que representa para la economía europea y la de los Estados miembro el sector de la Economía Social y Solidaria, el cual contribuye actualmente a generar más del 15% del PIB y del empleo en la UE.

El encuentro europeo también sirvió para comenzar a crear redes, y fortalecer las ya existentes, entre aquellas experiencias más transformadoras, solidarias y sostenibles que florecen en Europa y que van más allá del mercado y de los Estados, para lo cual se invitó a diferentes colectivos, coordinadoras, y proyectos de economía social de diversos países y estados europeos.

El grupo de 10 eurodiputados de delegaciones estatales de la Izquierda Unitaria Europea y los Verdes se reunió con un panel de veinte expertos procedentes de los estados español y francés, de Alemania, Grecia, Italia, Portugal y Bélgica.

En representación de la Economía Social y Solidaria de diferentes territorios del Estado español asistieron Carolina Yucamán de la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y Millán Díaz (de CIRIEC y REAS Aragón), para presentar ante los diputados europeos las conclusiones del I Congreso Internacional de Economía Social y Solidaria celebrado el pasado mes de noviembre en Zaragoza, y también Juan Carlos Pérez Mendiguren, profesor de la UPV/EHU y colaborador de REAS Euskadi, así como Peru Sasia (Fiare Banca Ética), que habló de la evolución y la importancia de las finanzas éticas, y cerró las intervenciones sobre experiencias de Economía Social y Solidaria en el Estado español.

Pablo Echenique, Secretario General de Podemos Aragón y eurodiputado en el Parlamento Europeo, fue el encargado de inaugurar la conferencia asegurando que hemos podido comprobar “A dónde nos lleva la búsqueda del margen de beneficio como único principio director de la economía. Es hora de apostar por esquemas que no sean cortoplacistas, que no generen crisis tras burbuja tras crisis y que no olviden que de lo que se trata es de que las personas tengan vidas dignas con sus derechos fundamentales garantizados. La Economía Social y Solidaria ha de ser una pieza central en el nuevo esquema productivo. La Economía Social y Solidaria ha demostrado que pone a la gente primero y, además, funciona.”

Florent Marcellesi, portavoz de EQUO en el Parlamento Europeo y moderador de la primera mesa de debate sobre el marco conceptual de la economía solidaria añadió que “La economía social y solidaria es central en la transformación de nuestro modelo productivo hacia el buen vivir y el respeto del planeta. Además de basarse en valores fundamentales como la igualdad, la cooperación o la sostenibilidad, propone otra gestión del bien común, más democrática y más local. Gracias a la economía social y solidaria, la ciudadanía tiene en sus manos el poder de cambiar la economía y garantizar pan para hoy y para pan para mañana.”

También se pudieron escuchar las intervenciones de otros representantes de la Izquierda Unitaria Europea como Kostadinka Kuneva de Syriza o Marisa Matias de Bloco d’Esquerda, pero la conferencia se centró más en escuchar experiencias de Economía Social y Solidaria que están funcionando actualmente en países de toda Europa. Intervinieron ‘Solidarity for all’ de Grecia, la ‘Réseau des collectivités locales pour l’economie solidaire’ del Estado francñes, así como otras experiencias en Italia, Bélgica o Alemania.

Por Esther Vivas

Una nueva vuelta de tuerca se cierne sobre las políticas agroalimentarias en Europa. Se trata del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, más conocido como TTIP, sus siglas en inglés, la alargada sombra del agronegocio que se extiende del campo al plato. Como vampiros a la sangre, las multinacionales del sector esperan sacar tajada, y mucha, de estas nuevas medidas de liberalización comercial.

Pero, ¿que es el TTIP? Se trata de un tratado negociado en secreto durante meses, filtrado a la luz pública, pendiente de aprobación por el Parlamento Europeo, con una campaña de marketing en marcha, y que tiene como objetivo final igualar a la baja las legislaciones a ambos lados del Atlántico en beneficio único de las grandes empresas. Sus consecuencias: más paro, más privatizaciones, menos derechos sociales y ambientales. En definitiva, servir en bandeja nuestros derechos al capital.

Y, ¿en materia agrícola y alimentaria? Las empresas del sector, desde las compañías de semillas pasando por la industria biotecnológica, de bebidas, ganadera, de comida, de pienso… son las que más han presionado a su favor, por delante incluso del lobby farmacéutico, automovilístico y financiero. Mucho está en juego para multinacionales como Nestlé, Monsanto, Kraft Foods, Coca Cola, Unilever, Bacardi-Martine, Cargill, entre otras. De los 560 encuentros consultivos de la Comisión Europea para la aprobación de dicho Tratado, el 92% se realizaron con grupos empresariales, el resto con colectivos de interés público, como indica un informe del Corporate European Observatory.

De aprobarse, el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿que impactos tendría en nuestra mesa?

Más transgénicos

La entrada masiva de transgénicos en Europa será una realidad. Si bien hoy ya importamos un número considerable de alimentos transgénicos, en particular pienso para el ganado y muchos productos transformados que contienen derivados de soja y maíz transgénico, como lecitina, aceite y harina de soja, jarabe y harina de maíz, la aprobación del TTIP significará un aumento de dichas importaciones, especialmente de los primeros, e incluso la entrada de transgénicos en la actualidad no autorizados por la Unión.

Hay que tener en cuenta que la legislación estadounidense es mucho más permisiva que la europea tanto en el cultivo como en la comercialización de Organismos Modificados Genéticamente. En Estados Unidos, por ejemplo, el etiquetaje que identifica un alimento como transgénico es inexistente, a diferencia de Europa, donde a pesar de las limitaciones, las leyes sí que obligan teóricamente a dicha identificación. Asimismo, en la Unión tan solo se cultiva con fines comerciales un único alimento transgénico: el maíz MON 810 de Monsanto, a pesar del negativo impacto medioambiental que éste tiene con la contaminación de otros campos de maíz tanto convencional como ecológico. El 80% de su producción se lleva a cabo en Aragón y Catalunya, en cambio la mayor parte de países europeos lo vetan. En Estados Unidos, por el contrario, el número de cultivos es mucho más alto. De aquí que Europa sea un goloso pastel para multinacionales como Monsanto, Syngenta, Bayer, Dupont… y el TTIP lo puede convertir en una realidad.

Cerdo, vaca y leche con hormonas

El veto a la carne y a los productos derivados de animales tratados con hormonas y promotores de crecimiento hasta el momento prohibidos en Europa se levantará, así como el uso aquí de dichas sustancias, con el consiguiente impacto en nuestra salud.

En Estados Unidos, los cerdos y el ganado vacuno pueden ser medicados con ractopamina, un fármaco usado como aditivo alimentario para conseguir un mayor engorde del animal, y más beneficio económico para la industria ganadera. En la Unión, la utilización de dicho producto y la importación de animales tratados con el mismo está prohibida, al igual que en otros 156 países como China, Rusia, India, Turquía, Egipto, al considerarse que no hay datos suficientes que permitan descartar riesgos para la salud humana. En otros 26, como Estados Unidos, Australia, Brasil, Canadá, Indonesia, México, Filipinas, se utiliza.

Lo mismo va a suceder con el uso de la hormona somatotropina bovina empleada, principalmente, en vacas lecheras para aumentar su productividad, y conseguir entre un 10% y un 20% más de leche. Sin embargo, varios son los efectos secundarios asociados a su manejo en animales (esterilidad, inflamación de las ubres, aumento de la hormona del crecimiento…) y su impacto en humanos (algunos estudios lo vinculan a un incremento del riesgo de padecer cáncer de mama o de próstata y al crecimiento de las células cancerosas). De aquí que la Unión Europea, Canadá y otros países prohíban su uso y la importación de alimentos de animales tratados. Aún así, otros como Estados Unidos, sobre todo, la utilizan. Por cierto, la empresa estadounidense Monsanto, la número uno de las semillas transgénicas, es la única del mercado que comercializa dicha hormona, con el nombre comercial de Posilac. Menuda coincidencia.

Pollos blanqueados

La carne de pollo «desinfectada» con cloro llegará también a nuestra mesa. Si en Europa se utiliza un método de control de enfermedades de las aves desde la cría pasando por su desarrollo y sacrificio hasta su comercialización, con carácter preventivo, en Estados Unidos han optado por optimizar costes rebajando los estándares de seguridad alimentaria. De este modo, las aves criadas y sacrificadas son desinfectadas únicamente al final de la cadena, sumergiéndolas en una solución química antimicrobiana generalmente a base de cloro o lo que es lo mismo dándoles «un baño de cloro», y punto. Así los pollos quedan «limpios», sin bacterias, bien blanqueados, y su tratamiento sale mucho más barato. Una vez más, todo por la pasta.

Pero, ¿qué consecuencias pueden tener esto para nuestra salud? En la Unión, desde 1997, se prohíbe la entrada de carne de aves de corral estadounidense debido a dichos tratamientos, y a los residuos de cloro u otras sustancias químicas empleadas para su desinfección que pueden persistir en la carne que después nosotros consumimos. La industria ganadera norteaméricana afirma que estos tratamientos permiten eliminar los microorganismos patógenos, sin embargo las infecciones no disminuyen significativamente e incluso el uso continuado de desinfectantes puede acabar generando resistencias.

Nos dicen que los estándares de seguridad alimentaria norteamericanos son de lo más seguros. No apuntan en la misma dirección algunos informes que constatan que una de cada cuatro personas, 76 millones, al año en Estados Unidos enferman por dolencias provocadas por el consumo de alimentos. De estas, 325 mil son hospitalizados y 5 mil mueren. Los expertos señalan que la mayoría de casos podría evitarse con mejoras en el sistema de control alimentario. Saquen conclusiones.

Ya va siendo hora que le digamos al TTIP: ¡sacad vuestras sucias manos de la comida!

«Nuestro modelo fiscal es una auténtica tropelía a la ciudadanía que no se corrige con las reformas planteadas», ha asegurado Patricia Ruiz, en representación de la plataforma, que está formada por la Coordinadora de ONGD de Navarra, la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Navarra, el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad y la Plataforma Navarra de Voluntariado.

En una rueda de prensa antes del debate en el Parlamento de la reforma fiscal, Ruiz ha lamentado que se pretende aprobar una reforma que «acentúa una estructura impositiva injusta y desequilibrada, desprotegiendo los servicios sociales y el gasto público» y que, además, «mantiene el actual estado de las cosas legitimando este atropello a la ciudadanía«.

En este sentido, la representante de la Plataforma de Entidades Sociales ha criticado que «las empresas con beneficios contribuyen en un grado cada vez menor en Navarra», al tiempo que ha cuestionado que «el esfuerzo de inspección fiscal se sitúe en la mitad que en el resto de la Unión Europea«.

Asimismo, ha cuestionado que «las rentas del trabajo contribuyan al IRPF diez veces más que las rentas del capital cuando solo representan el 50 por ciento del PIB navarro» y que «no paguen en mayor proporción los que más ganan». «¿Es lógico que el conjunto de empresas navarras contribuyan igual que los impuestos especiales de tabaco y alcohol?», se ha preguntado.

Por todo esto, la PES ha defendido que «es tan urgente como necesario cambiar el rumbo de la política fiscal» y ha apostado por impulsar «un cambio profundo para favorecer la sostenibilidad de las personas, preservar los servicios públicos básicos y garantizar un nivel adecuado de protección social».

Provincia del Chaco – Argentina

La ley aprobada por la Legislatura tiene como objetivo promover acciones de valoración de los saberes populares en materia de economía social.

La Legislatura sancionó hoy con fuerza de Ley Nº 7480 una iniciativa de la diputada Viviana Damilano Grivarello que crea el “Sistema de Promoción y Desarrollo de la Economía Social y Solidaria de la provincia del Chaco”.

La norma entiende por economía social y solidaria a las “formas económicas alternativas, cooperativas, autogestionarias y asociativas, basadas en la solidaridad, el trabajo y el bien común. La economía solidaria es un sistema socioeconómico, cultural y ambiental conformado por el conjunto de recursos y actividades, personas, instituciones y organizaciones, que operan según principios de desarrollo integral del ser humano como sujeto, actor y fin de la economía, fomentando las estrategias de desarrollo: la gestión del conocimiento, formación, innovación, redes y desarrollo local a efectos de lograr una sociedad inclusiva e igualitaria”.

Asimismo se consideran integrantes de la economía social y solidaria “a las personas físicas o grupos asociativos, cooperativas de trabajo, mutuales, asociaciones civiles, fundaciones, agrupaciones de micro emprendedores, emprendimientos comunitarios, clubes del trueque, ferias, mercados asociativos populares, organizaciones de microcrédito, bancos populares, empresas recuperadas, redes de consumo responsable, entre otras, que encuadren su accionar en los lineamientos expresados por el artículo 2º y se organicen en torno a la gestión del autoempleo, en un marco de economía justa y solidaria”.

Entre los objetivos de la norma están “promover acciones de valoración de los saberes populares en materia de economía social; fortalecer valores sociales basados en la igualdad, la solidaridad, la autogestión, la ayuda mutua y la justicia social para la construcción de la comunidad y la organización popular; diseñar la construcción de una política pública integrada y articulada de la economía social y solidaria en todo el territorio de la Provincia y fortalecer el trabajo y reconocer la importancia política del sector de economía social”.

Asimismo, se pretende “vincular los sectores productivos basados en la economía social y solidaria en relación al modelo de desarrollo de la Provincia; propiciar la movilidad social ascendente de los sectores populares; fomentar el crecimiento y consolidación de una economía social; fortalecer las alternativas de producción, comercialización y distribución de bienes y servicios basadas en la concepción de la economía social y solidaria”.

Busca proponer “la implementación de un régimen diferencial de impuestos, tasas y contribuciones de orden provincial y un sistema de articulación con otros organismos y entidades, las inscripciones correspondientes a diversos productos y servicios y una adecuación de los estándares requeridos de normas de calidad para los emprendimientos de la economía social” e “implementar programas de educación de los distintos niveles, que brinden capacitación y asesoramiento destinados a mejorar los procesos de organización, de producción y comercialización de los productos de la economía social y fortalecer el desarrollo de tecnologías adecuadas a las demandas de los emprendedores de la economía social y Solidaria”.

El Senado de la provincia de Buenos Aires sancionó hoy un proyecto de ley para fomentar la Economía Social y Solidaria a través de la creación de un programa de promoción y desarrollo y la conformación de un Fondo de Financiamiento.

Por Jordi Estivill

En este mes de Setiembre el máximo órgano entre asambleas de la XES (Red de Economía Solidaria de Catalunya), ha dedicado una sesión monográfica para estudiar y discutir la propuesta que presentó el grupo de trabajo creado para esta finalidad. Este, ha trabajado durante un año cotejando las leyes de países tan distantes como Quebec, Portugal, Rumania, Venezuela, Valonia, Méjico, Francia…

Es interesante constatar que han sido las leyes regionales que se están elaborando en Italia y la ley del Ecuador las que más han inspirado algunos de los procesos y contenidos de la propuesta catalana. El grupo de trabajo también se ha relacionado con algunos de los grupos que han contribuido a elaborar estas otras leyes y se ha esforzado para hacer una propuesta de máximos.

Cuáles son los componentes de la actual propuesta?

Cabe empezar por explicar su preámbulo. Este hace una alusión a la historia del cooperativismo y del asociacionismo en Catalunya, al precedente de la ley de 1934 que marcó un hito en la legislación europea de la época y justifica la redacción de una nueva ley por la necesidad de desarrollar una economía social y solidaria que responda a la actual crisis, por la aplicación del derecho a decidir en el campo económico, por las movilizaciones ciudadanas y las reivindicaciones que emergen y por el propio auge de la economía solidaria. La situación que se vive en Catalunya ayuda a generar esperanzas sobre las posibilidades de transformación social en la perspectiva de una liberación que no solo sea política sino también sea social y económica. El preámbulo se hace eco de esta atmosfera y esperanzas.

El primer título de la propuesta de ley se dedica al objeto, a la definición y a los principios orientadores de la economía social y solidaria. Quizás sea útil por su carácter novedoso y por introducir algunos conceptos innovadores, transcribir la definición que por ahora se ha adoptado : “la economía social y solidaria es un conjunto de iniciativas, los miembros de las cuales, de forma asociativa, cooperativa, colectiva o individual, crean, organizan y desarrollan democráticamente y sin que tengan necesariamente ánimo de lucro, procesos de producción, de intercambio, de gestión, de distribución del excedente, moneda, consumo y financiación de bienes y servicios para satisfacer necesidades, que se guían por relaciones de solidaridad, cooperación, donación, reciprocidad y autogestión defendiendo los bienes comunes, naturales y culturales y la transformación igualitaria de la economía y la sociedad con la finalidad del buen vivir y la reproducción y la sostenibilidad de la vida del conjunto de la población”.

El segundo título, el más largo es el que se gira alrededor de lo que pueden hacer las políticas públicas para promocionar a la economía social y solidaria. Se hacen propuestas con respecto al fomento en general, al fomento del trabajo en el mundo asociativo y cooperativo, a las medidas tributarias, crediticias, de integración económica de asistencia técnica, de educación, capacitación y participación. Merece resaltarse el decimo articulo porque sugiere un nuevo tipo de concertación colectiva en la que la contraparte de la administración pública garantiza el interés general, la contraparte cooperativa garantiza la democracia económica y la participación de los trabajadores y la contraparte comunitaria garantiza la participación de los ciudadanos y de los usuarios. Esta forma de concertación empieza a darse en algunos barrios de Barcelona y en algunos municipios dentro de la renovación de los planes locales de desarrollo socioeconómico.

El tercer título explica como el Consejo Superior de la Economía Social y solidaria que no debería ser un organismo público, es el lugar de la representación y articulación de sus iniciativas. En él también deberían dirimirse los conflictos en una visión alternativa de mediación, que es el último titulo de esta propuesta de ley que tiene 35 artículos.

Se trata de una propuesta provisional y abierta. Por lo que se prevé abrir un proceso amplio de consulta y participación. En efecto, la propuesta está siendo enviada a todos los miembros de la XES. Tendrán un mes para presentar enmiendas y comentarios. Al mismo tiempo se consultaran expertos y personas que conocen mejor determinados temas (crediticio, financiero, urbanístico,…), Después se empezará una ronda de debates con otros movimientos sociales, organizaciones políticas y actores socio económicos. También se prevé hacer algunas presentaciones públicas como por ejemplo en la tercera edición de la “Fira” en el mes de Octubre o en el congreso de Zaragoza en el mes de Noviembre. Igualmente se quiere obtener la firma de un buen número de iniciativas de la economía social y solidaria. Lo cual aun daría más fuerza a esta propuesta, cuyo destino final es el Parlamento Catalán. Se respondería así a la resolución que adoptó con 105 votos a favor y 27 en contra, el 27 de noviembre de 2013.

Pero tan importantes es, la hipotética aprobación parlamentaria por cuanto esta va a depender de la correlación de fuerzas que exista, como el proceso pedagógico y participativo que genera la redacción de esta propuesta y el debate que provoca en torno de la situación actual y futura de la economía social y solidaria.

La Cámara de Diputados provincial dio media sanción al proyecto que tiene por objeto crear un régimen especial para emprendedores, cooperativas y organizaciones sociales santafesinas.

a Cámara de Diputados de la provincia dio media sanción al proyecto de ley que crea el Régimen de Promoción y Fomento de la Economía Popular, Social y Solidaria. La iniciativa fue impulsada por legisladores de diversas bancadas, que se hicieron eco de las propuestas presentadas por el Foro Provincial de la Economía Social y Solidaria de Santa Fe, que integran emprendedores, organizaciones sociales, cooperativas, comunas y municipios, y empresas recuperadas, entre otros.

La herramienta legal, que ahora se discutirá en el Senado, permitirá construir e implementar políticas públicas que ayuden al sector a potenciar su crecimiento para el desarrollo local, regional, urbano y rural en todo el territorio. En tal sentido, dentro de la propuesta se establece que “el gobierno provincial priorice la compra y contratación de bienes y servicios producidos y/u ofrecidos por los inscriptos en el Registro Provincial de la Economía Social y Solidaria”.

El proyecto también incluye la creación de un Instituto Provincial como ente autárquico dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, un Consejo Provincial y Mesas de Diálogo Regionales, y del mismo modo la creación de un Fondo de Financiamiento y Exenciones Impositivas. La diputada del partido Pares (FPCyS), Verónica Benas, opinó: “Podemos asumir el desafío desde el Estado de ayudar a los que fueron expulsados del mercado y tuvieron la capacidad de desarrollar alternativas para su subsistencia de una manera digna y solidaria, introduciendo nuevos valores en torno a la actividad económica”.

Un herramienta común

El Régimen de Promoción de la Economía Social y Solidaria brinda un marco legal común para los sujetos que lo integran, favoreciendo la institucionalización de valores y prácticas ejercidas por ellos y viabilizando procesos de producción, comercialización, intercambio y consumo de bienes y servicios. Dicho sistema podrá ser conformado por personas físicas y jurídicas que, de manera vinculada, buscan la satisfacción de sus necesidades y las de sus comunidades.

“Este sistema, caracterizado por las prácticas solidarias, asociativas y cooperativas, la participación democrática en la toma de decisiones, la autonomía de la gestión, la primacía del ser humano y del fin social sobre el capital, la equidad social y de género, el respeto a la naturaleza, la diversidad cultural y el desarrollo local, bien lo ameritan en nuestros días, máxime si tenemos en cuenta su finalidad más plena, esto es, el desarrollo integral de la persona y la democratización y no concentración de la economía”, dice la iniciativa.

Una de las autoras del texto, la diputada socialista Inés Bertero, manifestó: “Creemos que es necesario contar con una ley provincial que reconozca, incluya y haga partícipes a los sujetos de la economía social y solidaria, como trabajadores, sujetos de derecho y protagonistas activos en los procesos de cambio hacia un nuevo sistema económico; que les otorgue la posibilidad de participar en igualdad de oportunidades con otros sectores de la economía, de autodeterminarse en la gestión de sus emprendimientos mediante una forma opuesta a la del trabajo asalariado”.

También, “de gozar como el resto de los trabajadores de los derechos provenientes de la seguridad social, que sean exceptuados de regímenes tributarios regresivos y que les brinde la libertad de organización económica según sus propias formas”. Por tal motivo, recalcó que el marco normativo permitirá “la generación de acciones tendientes a promover las prácticas de economía social y solidaria y a facilitar los procesos de desarrollo que posibiliten la incorporación de nuevos sujetos al sistema”.

Además, de políticas “tendientes a promover acciones directas de formación, asistencia técnica, acceso a la tecnología y acompañamiento a los sujetos, así como el financiamiento a través de subsidios y créditos”. Según Bertero, esta herramienta permitirá beneficiar y estimular la organización de asociaciones libres de trabajadores, que pondere las prácticas colectivas sobre las individuales, y el uso solidario y colectivo de los medios de producción.

“Eso permitirá fortalecer una sociedad inclusiva, en la que prevalezca la igualdad de oportunidades, el trabajo autogestivo y asociativo, la cooperación y la solidaridad”, remarcó la legislador del Frente Progresista. Bajo esas premisas, agregó que es necesario “contar con una ley provincial que permita construir e implementar políticas públicas tendientes al desarrollo económico y social, local y regional, tanto rural como urbano”.

De esa forma, indicó que se promoverá “el arraigo de las personas en su territorio, el pleno respeto al uso del suelo y al cuidado del medio ambiente y a la promoción de la producción, de la comercialización y del consumo de los bienes y servicios de la economía social y solidaria, donde el Estado tenga un rol fundamental como consumidor responsable”. A su vez, Benas recordó que esta media sanción “es el logro de las organizaciones sociales y los emprendedores que están haciendo hace años economía social y solidaria en nuestro territorio”.

“Durante los últimos dos años se realizaron reuniones en toda la provincia que permitieron construir el consenso para que esta ley avance en Diputados, esperemos que ahora los colegas senadores tomen la posta y hagan posible avanzar en esta política de Estado”, finalizó la legisladora del partido Pares en el Frente Progresista. Por último, el texto en cuestión también contó con los aportes del diputado del Movimiento Evita, Eduardo Toniolli.

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La categoría está movilizada por el Proyecto de Ley General de Cooperativismo número 153, que ya está bajo forma de substitutivo en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado

Los 22 mil emprendimientos de economía solidaria de todo el país son responsables del 8% del PBI [Producto Bruto Interno] nacional. Asociaciones de agricultura familiar, empresas recuperadas y administradas por trabajadores, cooperativas de recolección de material reciclable y de costura son los principales emprendimientos. El reportaje sobre este tema fue al aire enSeu Jornal, de la TVT.

Alexandre Antonio da Silva, asesor de Unisol (Central de Cooperativas y Emprendimientos Solidarios), afirma que la representación en el PBI es importante para mostrar que los trabajadores consiguen administrar el emprendimiento. «Consiguen mostrar resultados positivos, no solamente el lado social, sino también el lado económico y sustentable».

Además, el asesor evalúa que los resultados incentivan a otros trabajadores a organizarse en cooperativas autogestionadas, una de las principales características de la economía solidaria.

Con la creación de la Secretaria Nacional de Economía Solidaria, en 2003, durante el Gobierno de Lula, el cooperativismo ganó fuerza en el país en los últimos diez años. Alexandre resalta que la economía solidaria se desarrolló a partir de otras estrategias, como el Programa de Adquisición de Alimentos (PA), el Programa Nacional de Agricultura Familiar (Pronaf) y el Programa Nacional de Adquisición de Alimentos para la Educación (Penae).

El movimiento de la economía solidaria está movilizada por el Proyecto de Ley General del Cooperativismo número 153, elaborada por el senador Eduardo Suplicy en 2007, que ya está bajo forma de substitutivo en la Comisión de Constitución y Justicia del Senado. La ley pretende reglamentar el cooperativismo en los tiempos actuales, pero también busca incentivarlo como instrumento de acción social y organización económica colectiva.

Para ir a la votación, falta el acuerdo de tres aspectos: posibilidad o no de afiliación de una cooperativa a la otra; definición de qué es acto cooperativo; e inclusión de criterios en el reconocimiento de las entidades nacionales que representan el cooperativismo y sus atribuciones.

Traducción: Daniel Barrantes – barrantes.daniel@gmail.com

El Ministro de Comercio Exterior, Francisco Rivadeneira, entregó la Estrategia Ecuatoriana de Comercio Justo 2014-2017 a la Secretaría General de Planificación y Desarrollo (Senplades), el 23 de julio en Guayaquil. Esta herramienta, elaborada por el Ministerio de Comercio Exterior conjuntamente con los actores de comercio justo, es un aporte para promover el desarrollo de un sistema económico social, soberano, solidario y sustentable.

En su intervención, el Ministro Rivadeneira afirmó estar convencido que se debe contar con más actores en el comercio exterior, que se lo debe democratizar incorporando especialmente a los pequeños productores.

Por tal motivo, reiteró su confianza en que Senplades sabrá apoyar esta propuesta de política pública en la que han participado productores, artesanos, empresas sociales de comercialización, diseñadores, importadores, académicos, redes nacionales e internacionales de comercio justo, instituciones públicas y organismos de cooperación internacional vinculados al tema.

“Más de 230 actores hemos participado en la elaboración de esta estrategia. Este es un instrumento de política pública que resalta el trabajo de todos los pequeños productores. Tenemos muchas expectativas sobre esta estrategia para desarrollar las cadenas comerciales y el comercio justo del Ecuador” aseveró Augusto Estrella, miembro del Consorcio de Comercio Justo y Economía Solidaria.

Por su parte, Juan Francisco Ballén, viceministro de Políticas y Servicios de Comercio Exterior, destacó que la Estrategia de Comercio Justo busca consolidar el área de comercio internacional, impulsar una economía solidaria e inclusiva, que permita a todos participar de los beneficios del comercio internacional.

María Vargas, representante del Consorcio de Comercio Justo y Economía Solidaria, coincidió con que esta iniciativa del Ministerio de Comercio Exterior mejorará la calidad de vida de los pequeños productores dando sustentabilidad y fortaleciendo sus capacidades de gestión.

El evento concluyó con un recorrido por una exposición de los sectores productivos que son parte del comercio justo.

El comercio justo es un modelo de desarrollo que favorece al empoderamiento del trabajo productivo, fomenta la relación de intercambio comercial, además que reivindica los derechos de los campesinos, favoreciendo la soberanía alimenticia y mejorando el ingreso económico de las familias, la comunidad y el país.

La Asamblea Nacional francesa aprobó el pasado lunes, 21 de julio, el texto final y definitivo de la Ley ‘relativa a la Economía Social y Solidaria’. El texto, promovido por el joven político francés Benoît Hamon, fue aprobado por una comisión de la Asamblea Nacional y tiene como objetivo fomentar este sector económico, que en Francia representa en torno al 10% del PIB y a 200.000 entidades.

Según la secretaria de Estado para la Economía Social y Solidaria (ESS) del Gobierno francés, Carole Delga, la Ley presenta primero una definición clara de la EES. En ella se enmarcan estructuras históricas, como las cooperativas, mutualidades, las asociaciones y los sindicatos, a los que se suman “las empresas mercantiles que persiguen también un objetivo de utilidad social, estableciendo un gobierno democrático y reinvirtiendo la mayor parte de los beneficios de la empresa”.

La Asamblea ha introducido también en el texto una «Guía de buenas prácticas», a partir de la cual se asegure el respeto a los valores de la ESS.

Ayuda a la financiación

La ley francesa prevé para estas estructuras una sensible mejora en el acceso a la financiación, gracias a la intervención del Banco de Inversión Pública (BPI). En total se prevé un gasto de 500 millones de euros destinados a este sector. La ESS tendrá acceso a productos específicos de financiación, entre los cuales figuran los fondos de innovación social. «Queremos crear un ecosistema favorable para atraer a inversores privados. Los operadores del sector nos han dicho que necesitan capital, salir de la dependencia y de los subsidios», afirman desde el Gobierno francés.

En el texto definitivo de la Ley han participado activamente las diferentes estructuras representativas del sector, habiéndose llegado a amplios consensos con las mismas. El resultado final es una norma de 98 artículos.

Con la Ley francesa son ya tres los países de la Unión Europea que cuentan con leyes marco de la economía social. La primera fue la española, de marzo de 2011. A continuación vino la portuguesa ‘Ley de Bases de la Economía Social’, aprobada por la Asamblea de la República en marzo de 2013.

Imagen: Benoît Hamon, actualmente ministro de Educación, en una comparecencia reciente en la Asamblea Nacional. 

Acceder al texto completo de la Ley francesa de Economía Social y Solidaria

Más de 500 organizaciones de la economía social y solidaria de más de 65 países de los cinco continentes (ver lista al final del texto) han unido su adhesión para presentar y compartir, basadas en sus prácticas colaborativas, sus recomendaciones relativas a la Agenda de desarrollo post-2015 con las Agencias de las Naciones Unidas y sus Estados Miembros.

Expresamos colectivamente nuestra profunda preocupación por el informe del Panel de Alto Nivel presentado al Secretario General Ban Ki-moon y su propuesta sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio post-2015 ofrecida durante el 68º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas. Consideramos que lo presentado no consigue abordar adecuadamente los enormes desafíos que la humanidad está encarando en un contexto de varias crisis globales sistémicas como resultado del modelo económico neoliberal que ha imperado en las últimas décadas.

Sugerimos que los gobiernos aprueben las recomendaciones recogidas en el informe elaborado por el Servicio de Enlace de las Naciones Unidas con las organizaciones no gubernamentales (ONU-SENG) que lleva por título “Avanzando en las Recomendaciones Regionales a la Agenda para el desarrollo para después de 2015″. Este informe se ha basado en los resultados de una consulta exhaustiva realizada a varias redes y movimientos de los cinco continentes y fue entregado oficialmente a los Estados Miembros de Naciones Unidas por el Presidente del 68º Periodo de Sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2013 (para más información, consultar el siguiente enlace: http://www.un-ngls.org/spip.php?page=article_s&id_article=4350). Respaldamos también los informes políticos redactados a partir de este informe.

Las propuestas que figuran a continuación se inspiran en algunas de estas recomendaciones (con modificaciones) y son consideradas por el movimiento de la Economía Social Solidaria como cruciales para alentar un cambio de paradigma real en el modelo de desarrollo; están además basadas en prácticas existentes. La Economía Social Solidaria es parte de la respuesta que se requiere actualmente y por ello debe ser debidamente reconocida y respaldada. Las recomendaciones están organizadas en cuatro ejes: 1 – indicadores para medir la pobreza, la desigualdad, el desarrollo y el bienestar material e inmaterial; 2 – Lograr la transición hacia una economía justa, social y solidaria; 3 – Adoptar un enfoque de desarrollo basado en los derechos humanos; 4 – Participación y transparencia en los procesos e instancias internacionales.

Daniel Tygel explicando y entregando estas recomendaciones en la ONU.

1 – INDICADORES PARA MEDIR LA POBREZA, LA DESIGUALDAD Y EL DESARROLLO

1.1 La erradicación de la pobreza extrema sólo podrá lograrse mediante un enfoque holístico que se debe basar en la igualdad en la distribución de la riqueza y en el acceso a recursos naturales, a la sanidad, a las condiciones de vida y la educación: la concentración de la riqueza (en las finanzas, las tierras o las propiedades) debe ser valorada en su justa dimensión: resulta ser un obstáculo para el desarrollo. Consecuentemente recomendamos que el principal lema de los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas (ODM) post-2015 sea el de “Lograr la igualdad para todas y todos”.

1.2 Cambio fundamental (paradigmático) de los indicadores de desarrollo: En una sociedad equilibrada se dan numerosos aspectos no monetarios como la auto-producción y el consumo, el cuidado de las personas vulnerables y dependientes, los lazos comunitarios, las redes de trabajo colectivo, la soberanía alimentaria incluyendo a las productoras y productores locales y su derecho a preservar el patrimonio de las semillas tradicionales, intercambiarlas y replantarlas mediante prácticas de agroecología, las cadenas de distribución directa entre productoras/es y consumidoras/es, el trueque, el respeto de la diversidad de género y su equilibrio, el respeto y el aprendizaje de la cultura tradicional, el respeto de todas las diferencias raciales, la conservación y desarrollo de las artes y la cultura, el acceso a un medio ambiente limpio, al agua, la tierra, al sustento y a la salud y a educación públicas, entre otros ámbitos. Algunas naciones indígenas de América Latina proponen una visión integrada de desarrollo que ellas llaman el BUEN VIVIR. En Asia se habla del Índice de Felicidad Nacional Bruta y en África de la propuesta Ubuntu. Estos conceptos se definen manejando un conjunto de indicadores cuantitativos y cualitativos que permiten analizar de manera más integral el nivel de desarrollo y de bienestar de una nación, que integran las dimensiones económicas, sociales, políticas, éticas, étnicas, medioambientales y culturales y promueven la justicia y las libertades individuales y colectivas. Existen ejemplos paradigmáticos de políticas públicas y leyes constitucionales en diversos países que se basan en estos postulados. Recomendamos que estos indicadores sean considerados como referentes para evaluar la pobreza, la desigualdad y el desarrollo en los ODM.

1.3 Aprobar una meta para revertir las desigualdades crecientes que incluya: (i) una evaluación exhaustiva de las causas estructurales de las desigualdades; y (ii) las medidas dirigidas a superarlas, como las disposiciones de apoyo directo a las iniciativas de la ESS que expresan y respaldan las comunidades locales, que responden a las necesidades de la comunidad y mejoran sus recursos y su desarrollo de capacidades.

2 – HACER LA TRANSICIÓN HACIA UNA ECONOMÍA JUSTA, SOCIAL Y SOLIDARIA

Existen cientos de miles de iniciativas económicas en todos los continentes basadas en prácticas colectivas intrínsecamente inclusivas, arraigadas en la comunidad y que fomentan una ciudadanía activa por la manera en que sus miembros interactúan. La emancipación de las mujeres, la igualdad religiosa y racial y el respeto por la diversidad son parte integral y esencial en este proceso. Este enfoque preserva e incluye las culturas indígenas y tradicionales y crea trabajo digno y sentido de pertenencia que revierte en beneficio de la comunidad. El empoderamiento de las comunidades y de sus miembros es una característica esencial de todas estas iniciativas.

Todas estas manifestaciones están naturalmente incorporadas en las iniciativas de la ESS como parte de su actividad económica, que atañe a varios sectores económicos de zonas rurales y urbanas, como la producción de bienes y servicios, el comercio justo, las cadenas de valor y distribución locales, el consumo responsable, los servicios financieros solidarios, la gestión de los recursos naturales, entre muchos otros. Las trabajadoras y trabajadores de estas iniciativas desarrollan procesos económicos que están relacionados íntimamente con su cultura, la conservación del medio ambiente y la cooperación mutua. En las zonas rurales, los campesinos y campesinas protagonizan un sinfín de iniciativas exitosas de agroecología que garantizan el derecho a la soberanía alimentaria en sus territorios. Estas iniciativas, en toda su diversidad respectiva, preservan el planeta, proporcionan trabajo decente y contribuyen a la lucha contra el cambio climático gracias a la reducción mundial de insumos agroquímicos y de organismos genéticamente modificados. También se ha demostrado científicamente que estos métodos alcanzan un mayor rendimiento en comparación con los derivados de la agricultura industrial.

Recomendaciones:

2.1 El bienestar de cada persona debería ser el objetivo principal de las políticas públicas nacionales de desarrollo económico. Por ello, recomendamos que la Economía Social y Solidaria sea un marco fundamental y que tenga un papel activo en la redacción de estas políticas públicas.

2.2 Objetivos e indicadores precisos para las políticas públicas y los mecanismos necesarios para crear un entorno favorable a la Economía Social Solidaria en términos de financiamiento, medidas fiscales de apoyo, cláusulas específicas para una contratación pública inclusiva, marcos legales adecuados y acceso a la educación. Estos objetivos acarrearán como efecto secundario la inclusión y desarrollo de los sectores más excluidos del sistema económico.

Ejemplos:

• Priorizar la inversión en la producción de alimentos agroecológicos y orgánicos a pequeña escala para satisfacer las necesidades de consumo local con prioridad sobre los mercados de exportación; promover la reforma agraria y la redistribución; legislar medidas de protección para evitar acaparamientos de tierras; promoción de la certificación de calidad basada en la evaluación y apoyo interpares; apoyo a la biodiversidad local y a los bancos de semillas criollas gestionados por la comunidad.

• Establecer marcos jurídicos apropiados en pro de la ESS proporcionando créditos sin intereses, cláusulas sociales y medioambientales para la contratación pública basada en la solidaridad, acceso preferente a las infraestructuras y fondos para la ayuda al desarrollo de estos campos.

• Organización de actos y campañas públicos para concienciar a más gente sobre las prácticas y propuestas de la ESS.

• Garantizar el derecho de autodeterminación de los territorios locales respecto a su modelo de desarrollo, incluido el derecho a decidir sobre la presencia y las actividades de empresas multinacionales.

2.3 Garantizar que los Fondos para fomentar el desarrollo económico sean transferidos mediante las herramientas locales de finanzas solidarias, como los bancos comunales (que son propiedad de la comunidad y están gestionados por ella), los fondos rotatorios, los institutos de microfinanciación comunitarios y las cooperativas de crédito locales, ya que son los actores más apropiados para la financiación del desarrollo local. Los bancos y fondos estatales debería ofrecer no sólo empréstitos, sino también apoyo al desarrollo de capacidades de estas iniciativas.

2.4 Asegurar el acceso universal a los bienes públicos (agua, tierras públicas, energía, aire, bosques, biodiversidad, diversidad, paz, educación básica y superior, salud, etc.) que son de todas(os) las(los) ciudadanas y ciudadanos y que por lo tanto no pueden ni ser comercializados ni privatizados. (a) Promover políticas que sean plenamente inclusivas y redistributivas: garantizar el acceso universal a los servicios públicos esenciales; (b) adoptar enfoques de gestión de los recursos naturales como la planificación y ordenación del territorio, la gestión de recursos comunes y el enfoque basado en los ecosistemas para establecer una gestión de los recursos naturales que sea local, democrática, integral y que garantice la sostenibilidad y el uso equitativo y la distribución de beneficios; (c) establecer objetivos claros para garantizar que la soberanía alimentaria y la protección de las semillas criollas nativas sean implementadas por los actores nacionales y locales pertinentes, especialmente con la inclusión de las personas y comunidades marginalizadas; (d) garantizar el derecho a la información por medio de políticas claras de democratización de los medios de comunicación, tanto en lo que respecta a la producción de contenido como a su difusión.

2.5 Promover la diversificación de las economías nacionales hacia formas de producción y consumo más localizadas, más intensivas en mano de obra, así como el comercio justo y solidario internacional y dejando atrás la explotación intensiva de recursos como la dependencia en las exportaciones de productos básicos (por ejemplo, actividades extractivas, minería y la agricultura industrial como el monocultivo). Esto también acarrearía la aprobación de políticas públicas que requieran que se visibilicen los procesos de producción para los consumidores finales.

2.6 Subordinar las relaciones existentes entre los Estados y el sector empresarial (incluyendo los llamados partenariados público-privado) a mecanismos vinculantes de transparencia y rendición de cuentas, así como a los imperativos de respeto a los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la garantía de la soberanía y autodeterminación de los Estados y las comunidades locales.

2.7 Contemplar obligaciones para responsabilizar directamente no solamente a las empresas sino también a los inversores por los impactos positivos y negativos derivados de sus actividades y de los proyectos en los que éstos invierten.

2.8 Fijar como objetivo el pleno empleo y el trabajo decente para todos y todas, articulando los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente de la OIT y agregar a ello el derecho al trabajo asociativo y los derechos de los trabajadores y trabajadoras migrantes.

2.9 Revisar y cancelar todas las cláusulas de los tratados internacionales de comercio e inversión que restringen la capacidad de los gobiernos para regular las inversiones extranjeras y comerciales en favor del interés público, imponen barreras a la transferencia tecnológica, evitan una fiscalidad justa, amenazan la biodiversidad y las culturas y sociedades tradicionales, así como otras medidas no compatibles con los objetivos del desarrollo sostenible.

2.10 Garantizar que la arquitectura del comercio proporcione la flexibilidad suficiente a los países en desarrollo para poder adaptar sus políticas comerciales de tal forma que los medios de subsistencia de las productoras y productores a pequeña escala y los sectores industriales incipientes queden protegidos, recibiendo los países en desarrollo un trato especial y diferenciado (SDT por sus siglas en inglés), un peso específico, operatividad y reconocimiento jurídico en la próxima fase de las negociaciones en la Organización Mundial del Comercio (OMC). Exigimos a la OMC que retire los alimentos de las negociaciones comerciales (incluidos los Tratados de Libre Comercio) para así poner fin a su mercantilización y especulación con sus precios.

2.11 Reformar la arquitectura financiera internacional implementando una serie de medidas para evitar la socialización de las pérdidas derivadas de las malas prácticas empresariales; aumentar la regulación financiera y revertir la financiarización de la economía de un modo tal que permita una transferencia de recursos de la economía financiera a la economía real; establecer objetivos claros para ayudar a erradicar los paraísos fiscales. Añadir mecanismos que ofrezcan transparencia pública y control democrático de los flujos de capital transfronterizos. Crear un impuesto internacional sobre las transacciones financieras para reducir la especulación y ofrecer fondos para fomentar el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza.

2.12 Reformar y democratizar las instituciones financieras internacionales para: (i) asegurar un mayor protagonismo a los países en desarrollo, especialmente a los Países Menos Adelantados, (ii) dar una auténtica respuesta a las realidades y prioridades nacionales y regionales; (iii) catalizar la inversión productiva; y (iv) dar cumplimiento a las obligaciones internacionales de los Estados en materia de derechos humanos. Las actividades de las instituciones financieras deben estar subordinadas a los imperativos de los derechos humanos y los marcos de desarrollo sostenible.

2.13 Cambio de matriz energética: (a) eliminar los subsidios a los combustibles fósiles y las industrias nucleares; poner fin a los subsidios a las corporaciones transnacionales emisoras de carbono; y adoptar/aplicar el principio de “quien contamina paga” a través de medidas y objetivos cuantificables; (b) promover fuentes de energía limpias de carbono incluyendo la difusión de las energías solar y eólica y de la energía hidroeléctrica a pequeña escala; suprimir progresivamente la explotación de los combustibles fósiles y la energía nuclear, conllevando ambos cargas financieras, ambientales y sociales considerables.

2.14 Abordar eficazmente el cambio climático: suscribir un tratado internacional en materia de medio ambiente que sea justo, ambicioso y jurídicamente vinculante para proteger los derechos de la Madre Tierra, y que debería: garantizar que los parámetros para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero se ajuste a los límites ecológicos y plazos definidos por la ciencia; garantizar que la implementación de este acuerdo sea aprobada democráticamente por la población mediante mecanismos de consulta abiertos y transparentes; centrarse en los mecanismos de la economía social solidaria, comunitarios, no centrados en el mercado y de la agroecología, para enfrentar adecuadamente el cambio climático; evitar cualquier mercantilización de los recursos naturales, como por ejemplo el enfoque mercantilista de la denominada “economía verde”.

3 – ADOPTAR UN ENFOQUE DE DESARROLLO BASADO EN LOS DERECHOS HUMANOS

3.1 Adoptar el marco internacional de los derechos humanos incluyendo todos los acuerdos internacionales de derechos humanos que cubren toda la gama de derechos económicos, sociales, culturales, civiles, políticos y ecológicos, así como los mecanismos de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, para guiar la formulación de políticas y la evaluación de impactos a escala nacional e internacional.

3.2 Revisar todos los protocolos, tratados y resoluciones de Naciones Unidas, especialmente los relativos a los derechos humanos, para incorporar un enfoque que contemple cuestiones de género y de diversidad.

3.3 Centrar los esfuerzos en controlar y garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas marginadas, particularmente de aquellos que se enfrentan a desigualdades basadas en el género, la edad, la clase social, la etnia, el indigenismo, la orientación sexual, la identidad de género, la (dis)capacidad o su condición como migrantes, solicitantes de asilo o refugiados, muchos de los cuales han sido históricamente, sistemáticamente y continuamente excluidos. El derecho a la salud sexual y reproductiva debe ser también incluido.

3.4 Ofrecer mecanismos públicos de seguridad social, como el derecho a la jubilación, para las trabajadoras y trabajadores de iniciativas informales de economía social y solidaria, trabajadoras y trabajadores domésticos y productoras/es a pequeña escala.

3.5 Establecer objetivos centrados en los derechos de los jóvenes para garantizarles un futuro de paz con trabajo decente y calidad de vida. Deberían respaldarse y promoverse en este sentido las iniciativas de Economía Social Solidaria de y para los jóvenes, a través de medios económicos y técnicos y la promoción de la participación de los jóvenes en foros y redes de economía social y solidaria. Los jóvenes deben tener el derecho y el apoyo necesario para construir su vida personal, económica y política.

3.6 Someter la actividad de las industrias extractivas y del agronegocio a los imperativos de los acuerdos en materia de derechos humanos y de desarrollo sostenible, mediante (a) la adopción de marcos normativos sólidos para forzar a las industrias extractivas y del agronegocio a que rindan cuentas en relación con los abusos en materia de derechos humanos y abusos ambientales; (b) respetar, proteger y dar cumplimiento a los derechos de los pueblos indígenas al consentimiento informado, previo y libre, a la libre autodeterminación y garantizar su acceso a las tierras, territorios y recursos, dado que los pueblos indígenas se ven afectados de manera desproporcionada por las prácticas nocivas de las industrias extractivas y el acaparamiento de tierras; (c) valorizar y promover las iniciativas asociativas comunitarias que tienen un bajo impacto medioambiental en lugar del extractivismo de las corporaciones transnacionales.

3.7 Erradicar las barreras a la libre circulación de personas entre los países.

4 – PARTICIPACIÓN Y TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS E INSTANCIAS INTERNACIONALES.

4.1 Apoyar los mecanismos de participación eficaz, clara y abierta del movimiento de Economía Social Solidaria en el recientemente creado Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social Solidaria, no sólo a nivel mundial sino también a través de procesos participativos nacionales y continentales que incluyan a los profesionales de la ESS, los legisladores públicos y las redes.

4.2 Recomendamos que, como una de sus primeras acciones, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre ESS convoque anualmente una conferencia con las diversas Agencias de las Naciones Unidas sobre los avances y los desafíos de la ESS, convergiendo así la existente Academia de la OIT sobre ESS, la Conferencia del UNRISD y otras actividades relativas a la ESS en una única actividad integrada y reforzada.

4.3 Reforzar los procesos de integración regional por medio de la adopción de los derechos humanos y tratados y mecanismos de la ESS para el comercio entre naciones. La participación directa de la sociedad civil también se debe reforzar en estas instancias.

4.4 Cumplir con los derechos de participación y el acceso a la información en los procesos post-2015 y asegurar que estos derechos, junto con el derecho de acceso a la justicia, sean respetados, protegidos y cumplidos en todo gobierno, nacional e internacional.

Organizaciones que se han adherido:

INTERNACIONAL
Organización
1	RIPESS – Intercontinental Network for the Promotion of Social Solidarity Economy
2	African Life Center
3	Antena Sur Alianza internacional de Habitantes
4	apGDM, asociación proyecto Gobernanza Democrática Mundial
5	Avia Tours International
6	AWID – Association for Women’s Rights in Development
7	Campaign for People’s Goals for Sustainable Development
8	Centre for Social Studies – University of Coimbra
9	CERAI – Centro de Estudios Rurales y de Agricultura Internacional
10	CES – Centro para la economia social
11	Citoyens de la Terre
12	COMMACT International
13	DAWN – Development Alternatives with Women for a New Era
14	EcoAlternative.NET
15	ECOSOL – Escuela Internacional de Cultura y Economía Solidaria
16	ENERGIES 2050
17	Entrepueblos / Entrepobles / Entrepobos / Herriarte
18	Escuela Internacional de Mutualismo y Seguridad Social
19	Fair Trade Advocacy Office
20	Femmes sans Frontières
21	FMSI – Marist International Silidarity Foundation
22	Forum on Ethics and Responsibility
23	Global Co-operation
24	Homme Integral
25	IBON International
26	International Network of Scholar Activists
27	International Presentation Association of the sisters of the Presentation of the Blesssed Virgin Mary
28	IWE – Institute for Womens Empowerment
29	Kolping Society
30	Labour, Health and Human Rights Development Centre
31	PARCIC Interpeople’s Cooperation
32	Réseau Feministe RUPTURES
33	Resurj – Realizing Sexual and Reproductive Justice
34	Society of Catholic Medical Missionaries
35	SOLAIR – School of Labor and Industrial Relations
36	Timeocracy Limited
37	Urgenci
38	VIVAT International
39	WFTO – World Fair Trade Organisation
REGIONAL O CONTINENTAL
	Organización	Región
40	RIPESS Africa	Africa
41	Asian Solidarity Economy Council – RIPESS Asia	https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/europa-y-america-latina-mas-avanzadas-en-sus-leyes-relacionadas-con-la-ess-que-francia/ Wed, 04 Jun 2014 23:00:00 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/europa-y-america-latina-mas-avanzadas-en-sus-leyes-relacionadas-con-la-ess-que-francia/ Al día siguiente de la adopción, en segunda lectura, por el senado francés del proyecto relativo a la economía social y solidaria, la asociación de Los Encuentros del Mont – Blanc (EMB) – Foro Internacional de los Dirigentes de la Economía Social y Solidaria se propone a pasar revista a los avances legislativos de otros […]]]> Al día siguiente de la adopción, en segunda lectura, por el senado francés del proyecto relativo a la economía social y solidaria, la asociación de Los Encuentros del Mont – Blanc (EMB) – Foro Internacional de los Dirigentes de la Economía Social y Solidaria se propone a pasar revista a los avances legislativos de otros países en este ámbito, permitiendo así una reflexión de alcance internacional sobre la aplicación de estas leyes específicas a la ESS. En Francia, la nueva secretaria de Estado nombrada el pasado martes al gobierno, Carole Delga , afirmaba ayer ante el Senado que “esta segunda lectura [del nuevo proyecto de ley sobr e la ESS] permitirá que se cambie de curso, haciendo de Francia uno de los países más adelantados del mundo en la materia” . Es incontestable que la ESS despliega hoy en día un rol mayor en el seno de la economía francesa: representa 10% del PIB y cerca de 10% de los empleos con 2,35 millones de asalariados y 200.000 empresas. Este proyecto de ley busca mejorar las definiciones de los contornos de la ESS para favorecer su desarrollo. Al mismo tiempo vale destacar que en Europa, varios países ya tienen sus propias legislaciones con respecto a la ESS, como es el caso de España, Portugal y Bélgica. Igualmente, a la otra orilla del Atlántico, las naciones latino-americanas han sobresalido por su innovación en este campo, adelantándose a Francia. Por ejemplo, Ecuador y México han promulgado leyes vinculadas a la ESS en el 2011 y 2012, respectivamente, mientras que Brasil ha presentado múltiples decretos implicando al sector desde el 2010. VER NOTA DE PRENSA COMPLETA AQUÍ Otras noticias relacionadas: Francia: Anteproyecto de Ley de Economía Social y Solidaria El Gobierno Francés reconoce las monedas locales ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/cuatrocientos-candidatos-al-parlamento-y-tres-aspirantes-presidir-la-comision-europea-se/ Fri, 23 May 2014 09:06:19 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/cuatrocientos-candidatos-al-parlamento-y-tres-aspirantes-a-presidir-la-comision-europea-se-comprometen-con-el-comercio-justo/ Los tres principales aspirantes a la Presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker y Ska Keller, y casi cuatrocientos candidatos al Parlamento Europeo han firmado el manifiesto Vote For Fair Trade (Vota Comercio Justo) con el que se comprometen a apoyar un modelo comercial y económico que evite las desigualdades globales, asegure condiciones […]]]> Los tres principales aspirantes a la Presidencia de la Comisión Europea, Martin Schulz, Jean-Claude Juncker y Ska Keller, y casi cuatrocientos candidatos al Parlamento Europeo han firmado el manifiesto Vote For Fair Trade (Vota Comercio Justo) con el que se comprometen a apoyar un modelo comercial y económico que evite las desigualdades globales, asegure condiciones de trabajo dignas y favorezca la protección del medio ambiente. Los representantes españoles que han apoyado esta iniciativa son Ricardo Cortés Lastra (PSOE), Marina Albiol (Izquierda Unida), Florent Marcellesi (Equo), Ernest Urtasun y Delfina Rossi Silvano (Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i Alternativa), Pablo Iglesias y Teresa Rodríguez (Podemos) y Miguel Ángel Vázquez (Por un Mundo Más Justo). En el manifiesto remitido a los grupos políticos que concurren a las próximas elecciones, las entidades de Comercio Justo europeas resumen sus reivindicaciones en cinco puntos. En primer lugar, solicitan la promoción de una economía más humana que asegure una vida digna para todas las personas que participan en la cadena comercial. Asimismo, piden que se impulse un marco de acción que haga frente a los abusos de las grandes empresas distribuidoras que, a menudo, provocan violaciones de los Derechos Humanos. Por otra parte, señalan la necesidad de incentivar a organizaciones productoras y empresas del Sur y del Norte para que potencien mercados bajo los principios que defiende el Comercio Justo. En el cuarto punto, las organizaciones exigen que la política comercial de la Unión Europea incremente el bienestar económico, social y medioambiental en todo el mundo en lugar de responder a los intereses de los poderosos lobbies empresariales, y que dicha política sea debatida de forma democrática y transparente. Por último, las entidades solicitan a los candidatos y candidatas que trabajen para la puesta en marcha de una estrategia europea por el Comercio Justo, en apoyo a este movimiento y sus planteamientos, tal y como ha solicitado el Comité de las Regiones. El manifiesto “Vote For Fair Trade (Vota Comercio Justo) ha sido firmado por candidatos de veintitrés países de distintas familias políticas europeas en el Parlamento. El listado de firmantes se puede consultar aquí: www.fairtrade-advocacy.org/map Con esta campaña, impulsada por Fair Trade Advocacy Office (FTAO) y que cuenta con apoyo financiero de la Comisión Europea, las organizaciones de Comercio Justo quieren denunciar ante la ciudadanía y representantes políticos la pobreza, la explotación laboral, el uso de mano de obra de infantil o la destrucción del medioambiente, así como recordar que es fundamental apostar por otros modelos comerciales que promuevan la justicia y sostenibilidad. ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/aeress-noticias-posicionamiento-de-aeress-en-el-marco-de-las-elecciones-europeas/ Thu, 22 May 2014 15:08:30 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/posicionamiento-de-aeress-en-el-marco-de-las-elecciones-europeas/ AERESS y RREUSE se dirigen a los/as cadidatos/as a eurodiputados/as para presentarles sus propuestas en favor de una economía socialmente inclusiva y circular basada en la reutilización y la reparación en el marco de las elecciones europeas del próximo 25 de marzo. AERESS y RREUSE han presentado a las/os candidatas/os a eurodiputadas/os en las próximas […]]]> AERESS y RREUSE se dirigen a los/as cadidatos/as a eurodiputados/as para presentarles sus propuestas en favor de una economía socialmente inclusiva y circular basada en la reutilización y la reparación en el marco de las elecciones europeas del próximo 25 de marzo. AERESS y RREUSE han presentado a las/os candidatas/os a eurodiputadas/os en las próximas elecciones su manifiesto a favor de una economía socialmente inclusiva y circular basada en la reutilización y la reparación. Las elecciones europeas llegan en un momento de gran malestar social, económico y ambiental. 26 millones de personas se encuentran en situación de desempleo en Europa, 6 millones de las cuales son menores de 25 años. En España la tasa de desempleo juvenil supera el 55%. Uno de cada seis europeos sufre también de privación material, no puede cubrir sus necesidades materiales básicas, a pesar de que cada año importantes cantidades de productos reutilizables son prematuramente recicladas, llevadas a vertedero o incineradas. Nuestra cultura de usar y tirar, el consumo excesivo y la falta de incentivos para apoyar las actividades de reutilización y reparación, intensivas en mano de obra, suponen un desperdicio de nuestros recursos naturales finitos, así como la pérdida de una importante oportunidad de generación de empleo. Por todo ello, desde AERESS y RREUSE pedimos que se tengan en cuenta las siguientes prioridades:  Apoyar el establecimiento de objetivos de reutilización separados dentro de la política de residuos de la UE. Diferenciar los tipos de IVA de acuerdo con la jerarquía de residuos. Combatir los obstáculos para la reparación de los productos. Crear un entorno favorable para la creación de empresas sociales y solidarias que reinvierten sus excedentes para lograr amplios objetivos sociales y beneficios a la comunidad. Promover y explorar el papel de la economía social y solidaria. Puedes descargarte el documento en el siguiente enlace: Por una economía socialmente inclusiva y circular basada en la reutilización.pdf 159,44 kB   ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/xes-catalunya-noticias-leyes-cooperativas-o-leyes-descooperativas/ Wed, 14 May 2014 09:26:22 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/leyes-cooperativas-o-leyes-descooperativas/ Por Jordi Garcia Jané (www.economiasolidaria.cat), para Blog Idearia – Diagonal Redactar una ley para un sector tan heterogéneo como el cooperativismo no es tarea fácil. Una cooperativa agraria guarda poca relación con una cooperativa de viviendas y ésta con una cooperativa de trabajo, por mencionar sólo tres clases de cooperativas. Lo que las personas socias […]]]> Por Jordi Garcia Jané (www.economiasolidaria.cat), para Blog Idearia – Diagonal Redactar una ley para un sector tan heterogéneo como el cooperativismo no es tarea fácil. Una cooperativa agraria guarda poca relación con una cooperativa de viviendas y ésta con una cooperativa de trabajo, por mencionar sólo tres clases de cooperativas. Lo que las personas socias esperan de su cooperativa y aportan a la misma es muy distinto, y por tanto la vivencia que reciben de su participación también. Resulta más fácil vivir intensamente los valores cooperativos en una pequeña cooperativa de trabajo, donde un grupo de personas sacan adelante su empresa trabajando codo a codo y día a día, y de ello depende su sueldo a final de mes, que vivirlos, por ejemplo, siendo dueña de una farmacia y asociándose a una cooperativa de servicios farmacéuticos para que le suministre los medicamentos que su negocio necesita. Pero a pesar de esta diversidad, el cooperativismo es un movimiento mundial vertebrado en la Alianza Cooperativa Internacional que se mantiene unido en torno a una definición de lo que es una cooperativa, así como de unos valores y unos principios que deben seguir todas las cooperativas, independientemente de la clase y del país que sean. Este mínimo común denominador consiste, resumiendo, en la propiedad colectiva de la empresa por parte de las personas socias, su gestión democrática (una persona socia, un voto), la distribución de los excedentes en función de la actividad de cada socio y no del capital aportado, la existencia de fondos colectivos irrepartibles y el compromiso con la comunidad. Viene todo ello a cuento porque estos días ha entrado en el Parlamento catalán el proyecto de nueva ley de cooperativas presentado por el gobierno de CiU, y hay que decir que más que una ley de cooperativas parece una ley descooperativa, es decir, para descooperativizar el cooperativismo catalán. Por una parte, supone un ataque a la naturaleza democrática y participativa del cooperativismo: reducción de competencias de la asamblea general, posibilidad de gestionar la empresa por un administrador único, voto no igualitario sino ponderado para varias clases de cooperativas, restricciones al derecho de información de las personas socias, aumento de la cuota de poder de los socios inversores e, incluso, de no socios, etc. Por la otra, ataca el patrimonio colectivo cooperativo: reducción de los fondos de reserva obligatorios y del fondo dedicado a la educación, la intercooperación y las causas sociales, así como posibilidad que, si se liquida la cooperativa, las personas socias puedan repartirse hasta el cincuenta por ciento de dichos fondos cuando hasta ahora debían ser transferidos íntegramente al movimiento cooperativo. Este intento de asimilar el cooperativismo a la empresa mercantil por parte del gobierno catalán forma parte, de hecho, de una tendencia general de las leyes cooperativas que se están promulgando en todas las comunidades autónomas del Estado español desde los años noventa. Las razones de que esta corriente de fondo desnaturalizadora sea tan general son fáciles de imaginar. En primer lugar, se trata de leyes elaboradas por gobiernos del PP, PSOE, CiU o PNV, y todos ellos coinciden en una misma concepción de la economía y de la empresa, la neoliberal. A todos ellos, lo único que les interesa de las cooperativas es su demostrada capacidad de generar autoempleo, en concreto las cooperativas de trabajo; en cambio, que sean más o menos democráticas o estén más o menos comprometidas socialmente, esto les preocupa poco, si no es que más bien les estorba. En segundo lugar, estos gobiernos reciben presiones de las cooperativas más grandes, aquellas que tienen capacidad para presionar, y que son precisamente allí donde manda una tecnocracia, que dispone de un estatus y de unos intereses propios que buscan consolidar y aumentar mediante cambios normativos, por los que éstos van en el sentido de reducir la democracia y aumentar el poder de la gerencia. El movimiento cooperativo, y la economía social y solidaria en general, deben hacerse fuertes y pelear también en el terreno de la reivindicación y la movilización para impedir que los gobiernos acaben desfigurando hasta liquidar las iniciativas económicas alternativas a las dominantes. Las leyes y las políticas públicas sobre cooperativismo son demasiado importantes para dejarlas en manos de personas que no creen en el mismo. ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/xes-catalunya-noticias-hacia-el-reconocimiento-de-la-economia-solidaria/ Wed, 23 Apr 2014 21:40:29 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/hacia-el-reconocimiento-de-la-economia-solidaria/ por Jordi Estivil De la opacidad a la emergencia En su progresiva andadura, la economía solidaria se encuentra confrontada con su reconocimiento por parte de las instituciones. Estas, de forma creciente ya no pueden o ya no quieren seguir ignorándola. El conjunto de la economía social y sus variadas familias (cooperativas, asociaciones, mutualidades, fundaciones) ya […]]]> por Jordi Estivil De la opacidad a la emergencia En su progresiva andadura, la economía solidaria se encuentra confrontada con su reconocimiento por parte de las instituciones. Estas, de forma creciente ya no pueden o ya no quieren seguir ignorándola. El conjunto de la economía social y sus variadas familias (cooperativas, asociaciones, mutualidades, fundaciones) ya ha recorrido gran parte de este camino, no sin potencialidades, límites y contradicciones, que le ha llevado a afirmar su identidad entre el mercado y el estado. En muchos países de Europa y aun de de fuera de ella, la economía social se encuentra representada en múltiples Consejos, Comisiones y plataformas institucionales e incluso en los órganos gubernamentales. Ha conseguido romper, hasta cierto punto, el esquema de representación tripartito compuesto por gobierno, empresarios y sindicatos con el que se intentó ordenar la vida económica y social después de la segunda guerra mundial. No se trata aquí de hacer un balance de este itinerario del reconocimiento institucional, sino más sencillamente señalar que no estaría de más aprender del mismo, reflejado en el creciente número de leyes que lo canalizan, ahora que en el horizonte de la economía solidaria se abren perspectivas de afirmación institucional. En efecto, la economía solidaria, a veces de la mano de la economía social, a veces de forma independiente, en otras conjuntamente, empieza a asomar la nariz en la arena de los actores socioeconómicos. Y como no podía ser de otra manera, esto genera debates estimulantes, de los que vale la pena hacerse eco. Para unos, la economía solidaria debería ser mucho más fuerte para entrar con garantías en esta escena. Para otros, hay que hacer demasiadas concesiones, los costes son demasiado altos y los riesgos de integración demasiado fuertes. Para los de más allá, es un proceso inevitable que exige reforzar los propios signos de identidad. Para los de más acá, hay que mantener una opacidad frente a la mirada del poder, mientras que la creciente emergencia permite llegar a más gente y madurar como movimiento. Por fin, no faltan los que ven, en el posible reconocimiento institucional, una ocasión para obtener más medios y asegurarse unos lugares de trabajo profesional. Este debate que se plantea en todos los niveles territoriales, desde algunas comisiones consultivas de las organizaciones especializadas de las Naciones Unidas hasta los órganos estatales y en la administración pública local, está lejos de cerrarse. Precisamente, la mesa redonda convocada por la Universidad Popular y Ciudadana, celebrada en París en el pasado día 10 de Abril se llevaba cabo bajo el lema “hacia el reconocimiento de la economía social y solidaria”. El lugar, el impresionante edificio del Centro Nacional De Artes y Oficios (CNAM), en pleno centro de París y la presencia del Administrador General de esta peculiar universidad no podían ser más institucionales. Además estaba prevista que asistiera el Ministro Francés, Delegado de la economía social y solidaria. No pudo acudir ya que unos días antes había dejado de serlo, debido a la recomposición del gobierno, ahora presidido por Manuel Valls. La nueva ministra, procedente del mundo asociativo, tampoco podía participar, habiendo sido nombrada un día antes. En cualquier caso, sus ausencias fueron substituidas por la directora del Laboratorio francés de la Economía Social y Solidaria que fue definido por su carácter de Think Tank de la misma. Ella argumentó en favor de la ley recientemente aprobada. La situó en el proceso de renovación y coordinación, cuyo momento culminante fueron los Estados Generales de la economía social y solidaria realizados el año pasado y que reunieron a más de 5.000 personas. No sin admitir ciertos límites, según su opinión, esta ley permite que se pase de una fase dominada por la economía reparadora a otra que inscribe a la economía social y solidaria en una política económica transformadora. El director del Departamento de Derecho, Intervención Social, Salud y Trabajo del CNAM mostró las conexiones entre los distintos modos de intervención social y más en particular los del trabajo social y la economía social y solidaria. Tonino Perna, activo animador de la economía “solidale” Italiana y profesor en la universidad de Mesina, explicó la dinámica de estas iniciativas en la península transalpina y más en particular en el Sur de este país donde se estaría produciendo una creciente implicación de las autoridades municipales. Antonio David Cattani, profesor de la Universidad de Porto Alegre en Brasil y coordinador de un itinerante diccionario de “Outra Economia” ya publicado en su país , en Argentina, en Portugal, en Francia y ahora en Inglaterra, aludió al censo de más de 20.000 unidades de la economía solidaria en un país donde no habría tradición de economía social, a la presencia de un Secretario de Estado dentro del Gobierno Federal, del Forum y a la gran cantidad de normativas estatales que promocionan a la economía solidaria. Insinuó que esta, después de su considerable fase expansiva, entraría ahora en un cierto estancamiento. ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/xes-catalunya-noticias-una-nueva-ley-para-la-economia-social-y-solidaria-en-catalunya/ Fri, 08 Nov 2013 11:00:35 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/una-nueva-ley-para-la-economia-social-y-solidaria-en-catalunya/ Por Jordi Estivill e Ivan Miró. Xarxa de Economia Solidaria. El parlamento Catalán con 105 votos a favor y 27 en contra, los del PP  y de Ciutadans, ha adoptado una resolución que pide al gobierno que elabore y apruebe una ley sobre economía social y solidaria. Es la primera vez que un parlamento en […]]]> Por Jordi Estivill e Ivan Miró. Xarxa de Economia Solidaria. El parlamento Catalán con 105 votos a favor y 27 en contra, los del PP  y de Ciutadans, ha adoptado una resolución que pide al gobierno que elabore y apruebe una ley sobre economía social y solidaria. Es la primera vez que un parlamento en el estado español adopta una resolución en la que aparece la economía solidaria. Existen ya leyes sobre la economía social, la votada por el parlamento español por ejemplo, y multitud de ellas sobre las diferentes familias de la economía social: Cooperativas, Asociaciones, Mutualidades y Fundaciones. Pero la noticia es la voluntad legislativa de asociar a esta y a la economía solidaria. Además en la resolución se alude a la crisis y a la mejor resistencia de este tipo de economías  frente a sus consecuencias negativas, a la oleada neoliberal y a la existencia de otras leyes parecidas en otros países como Ecuador, Quebec, Francia,… Esta resolución es un importante desafío y constituye una gran responsabilidad para los que nos reclamamos de la economía solidaria. Nos obliga a posicionarnos frente al proceso legislativo, frente a las organizaciones políticas, a encontrar alianzas con otros movimientos sociales, a definir mejor nuestro perímetro identitario, a establecer un sistema de participación, consultas y decisiones lo más amplio y abierto posible, a desarrollar nuestra cultura política para no caer en respuestas simplistas o en propuestas corporativas, a incorporar nuevos contenidos (iniciativas informales,  autogestión de bienes comunes, dimensiones de género, medio ambientales, informáticos,…) y nuevos valores (reciprocidad, gratuidad, solidaridad, participación, democracia económica…). Cabe constatar que las leyes pueden tener consecuencias positivas y negativas para los ciudadanos y sus organizaciones. A veces, pasan desapercibidas. Como advierte el cooperativista catalán Ventosa y Roig, por aquel entonces exiliado en América Latina, en un librito que publicó en 1949, la historia muestra que cuando las leyes son abiertas, genéricas, no detallistas y con ausencia de espíritu punitivo y controlador favorecen el progreso de la economía social. Este es el caso de las leyes republicanas, española y catalana de los años treinta sobre las cooperativas o el de la ley Italiana sobre las cooperativas sociales del año 1991. Las primeras fueron la expresión de la efervescencia política progresista y de la maduración del cooperativismo y la estatal italiana fue precedida por muchas leyes regionales, por centenares de experimentos y por un amplio debate entre las diferentes familias políticas e ideológicas del cooperativismo de aquel país. No sería difícil encontrar normativas represivas, controladoras y perjudiciales como la ley franquista de 1944 o la de Salazar de la misma época. La ley Belga de 1995 sobre las sociedades de finalidad social seria un ejemplo de las que pasan sin pena ni gloria. Como a nadie se le escapa,  las leyes son una cristalización de la relación de fuerzas y muy a menudo la expresión de los intereses dominantes. En este sentido puede ser útil preguntarse sobre el peso y la importancia de la economía solidaria en Catalunya y de su capacidad de convocatoria y dialogo con otros movimientos sociales que se sitúan en la perspectiva de la transformación social y con las varias expresiones de la economía social. El proceso de su elaboración las va a poner a prueba. Pero este proceso es también una ocasión para la autodefinición, para establecer un debate interno  sobre las propuestas y contenidos,  y otro externo, con otras expresiones formales e informales de la sociedad civil. Es también una oportunidad para hacer pedagogía, para dar visibilidad a tantos esfuerzos que se hacen cotidianamente, para neutralizar a los contrincantes, convencer a los indiferentes y fortalecer a los amigos. La Xarxa d’Economía Solidaria de Catalunya ha asumido el reto. Su comisión permanente ha decidido crear un grupo de trabajo que ha definido unas primeras tareas y un calendario. Reunir, comparar y analizar leyes parecidas de otros países y conectar con personas que puedan explicar los procesos legales y sus consecuencias (Ecuador, Quebec, Méjico, Portugal, Valonia, Francia,…), formular un primer catalogo de contenidos (preámbulo, definición y principios, objetivos de la ley, políticas públicas, estructuración interna…) establecer una primera lista de contactos, son algunas de las actividades que se han emprendido. Conscientes de que este proceso va a ser complejo y nada fácil, hacemos un llamamiento a todos los que quieran contribuir a él. Serán bienvenidos. Si conseguimos que tanto el proceso de formulación de nuestras propuestas como el del diseño de la ley sea participativo, abierto a todas las expresiones y refleje, de alguna manera, la actual ebullición de la economía solidaria aquí y fuera, entonces habremos dado un paso adelante, aunque la formulación concreta de la definitiva y aun lejana ley no vaya a ser la que nosotros habríamos deseado. ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/ecuador-y-francia-firman-en-paris-acuerdos-de-ciencia-y-economia-solidaria/ Thu, 07 Nov 2013 16:21:47 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/ecuador-y-francia-firman-en-paris-acuerdos-de-ciencia-y-economia-solidaria/ La firma de dos convenios de cooperación, uno en educación superior, ciencia y tecnología y otro en economía popular y solidaria, es el resultado de la reunión de trabajo entre el Presidente de la República, Rafael Correa y el Primer Mandatario francés, François Hollande, en el Palacio Elíseo en París, Francia. “Para nosotros la mayor […]]]> La firma de dos convenios de cooperación, uno en educación superior, ciencia y tecnología y otro en economía popular y solidaria, es el resultado de la reunión de trabajo entre el Presidente de la República, Rafael Correa y el Primer Mandatario francés, François Hollande, en el Palacio Elíseo en París, Francia. “Para nosotros la mayor cooperación es la que nos puedan dar los países más avanzados en ciencia y tecnología y para preparar nuestro talento humano porque estamos convencidos que esa es la clave del desarrollo”, declaró el Presidente Correa Durante la visita oficial, el jefe de Estado ecuatoriano reconoció y agradeció la acogida del gobierno francés a las propuestas ecuatorianas y destacó que el país tiene un superávit comercial con Francia, además de las importantes inversiones francesas que se mantienen en el Ecuador. Asimismo, el Presidente Francés detalló que ambos países definieron juntos una estrategia de colaboración más allá de la amistad y de la cooperación tradicional que los une. “Vamos a hacer todo lo que podamos hacer a nivel universitario y a nivel tecnológico y trasladar este intercambio al máximo nivel”, puntualizó Hollande. Ecuador es un país con un desarrollo rápido que necesita tecnología -manifestó el Mandatario francés- y en eso Francia esta dispuesta a aportarle todo lo que necesita. Este pacto estratégico entre los dos países permitirá mantener los valores políticos que compartimos entre ambos países, finalizó. El jefe de Estado ecuatoriano aprovechó el momento para invitar a su homólogo francés a visitar Ecuador. Esta es la primera visita oficial de un presidente ecuatoriano a Francia en los últimos veintidós años, según lo informó el embajador de Ecuador en Francia, Carlos Játiva. Ver información de la gira del presidente Rafael Correa por Europa   ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/la-onu-crea-un-grupo-de-trabajo-para-potenciar-la-economia-social-y-solidaria/ Fri, 11 Oct 2013 07:59:59 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/la-onu-crea-un-grupo-de-trabajo-para-potenciar-la-economia-social-y-solidaria/ El pasado 30 de septiembre tuvo lugar en la sede en Ginebra de la ONU la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (ESS), para impulsar la Economía Social en los marcos de las políticas nacionales e internacionales. El Grupo es resultado de la Conferencia celebrada […]]]> El pasado 30 de septiembre tuvo lugar en la sede en Ginebra de la ONU la reunión constitutiva del Grupo de Trabajo Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre Economía Social y Solidaria (ESS), para impulsar la Economía Social en los marcos de las políticas nacionales e internacionales. El Grupo es resultado de la Conferencia celebrada el pasado mes mayo por el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el Desarrollo Social (UNRISD), bajo el título de “Potencialidades y límites de la economía social y solidaria”. En este encuentro, investigadores, responsables políticos y de la sociedad civil discutieron, entre otros temas, cómo la Economía Social puede contribuir al desarrollo local, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, la protección del medio ambiente y el suministro de atención médica. En este debate, los Organismos de las Naciones Unidas (incluido el UNRISD, la FAO, la OIT, el PNUD y el Servicio de Relación con las ONG) coincidieron en la necesidad de aumentar la conciencia y visibilidad de la economía social y solidaria en el sistema de las Naciones Unidas “por el potencial de desarrollo de dicho sector”. “A nivel mundial, las formas alternativas de producción, las finanzas y el consumo están creciendo como respuesta a los problemas sociales, económicos y ambientales. Por ello, los gobiernos y organismos regionales deben responder con iniciativas que generen un entorno propicio para estas empresas y organizaciones de la ESS”, reconocieron miembros de la ONU. La responsable del Servicio de Desarrollo Social, División de Política Social y Desarrollo de la ONU, Yang Wenyan, destacó que en el organismo todos los ojos están puestos “en la elaboración de un programa en el que se destaque el papel de las cooperativas y organizaciones de la ESS en el desarrollo socioeconómico”. Y añade: “Promovemos esta idea no como un concepto teórico, sino como un paso concreto y práctico y para la elaboración de medidas políticas concretas”. Miembros del grupo, objetivos y actividades Entre los objetivos, funciones y actividades que se propone el Grupo figura mejorar el reconocimiento de las empresas y organizaciones de la economía social y solidaria; promover el conocimiento del sector y la consolidación de redes de ESS; apoyar la creación de un entorno favorable, institucional y de políticas para la ESS; garantizar la coordinación de los esfuerzos internacionales, y fortalecer y establecer alianzas. Para ello, los miembros del Grupo están participando ya en la realización de un estudio sobre Economía Social y Solidaria, que incluya ejemplos sobre la investigación de la UNRISD sobre la ESS; el trabajo de la Unidad de Cooperativas y la Academia de Economía Social de la OIT; la experiencia del Servicio de la ONU para las ONG sobre monedas complementarias; el trabajo de la FAO sobre las organizaciones de productores y cooperativas, así como el trabajo de la ONUDI –Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial– sobre start-ups lideradas por jóvenes que incluyen objetivos sociales y medioambientales. Para el director ejecutivo del Sector de Empleo de la OIT, el costarricense José Manuel Salazar, una respuesta sostenible a la crisis debe impulsar “instrumentos que pueden promover objetivos económicos y sociales junto al fomento de la solidaridad. El potencial de las organizaciones de Economía Social puede aumentar hasta llegar a ser crucial, particularmente en el contexto en que nos encontramos”. Imagen: Reunión de los miembros del Grupo de Trabajo sobre Economía Social. ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/aprobada-la-ley-de-economia-social-y-solidaria-en-quebec/ Thu, 10 Oct 2013 19:34:13 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/aprobada-la-ley-de-economia-social-y-solidaria-en-quebec/ La Asamblea Nacional aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley sobre la economía social y solidaria. Menos de un año después del depósito del proyecto de ley en el discurso inaugural de la Primera Ministra, la Sra Pauline Marois , el Quebec hace ahora parte del movimiento global para el reconocimiento de la economía […]]]> La Asamblea Nacional aprobó hoy por unanimidad el proyecto de ley sobre la economía social y solidaria. Menos de un año después del depósito del proyecto de ley en el discurso inaugural de la Primera Ministra, la Sra Pauline Marois , el Quebec hace ahora parte del movimiento global para el reconocimiento de la economía social y solidaria mediante la adopción de un marco Legislativo. Como lo mencionó la directora general del Chantier de l’économie sociale, la Sra. Nancy Neamtan : «Este es un gran día para Quebec ! El reconocimiento de la economía social como un componente importante de la economía del Quebec, al igual que la economía privada y pública, es esperanzador. Así, el Quebec se posiciona dentro de las sociedades que entienden el enorme potencial de este enfoque de desarrollo para el siglo 21. « Para obtener más información sobre las leyes en economía social y solidaria a través del mundo consulte la sección ley marco del RELIES . El RELIESS es un centro internacional de referencia y de enlaces que tiene por objetivo dar a conocer información sobre las políticas públicas en economía social y solidaria haciendo énfasis en las colaboraciones entre la sociedad civil y el sector público que permiten el desarrollo de experiencias innovadoras al nivel internacional. El centro fue creado por el Chantier de l’économie sociale en Quebec, Canadá y es apoyado por un comité de colaboradores internacionales. ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/butan-el-primer-pais-del-mundo-en-permitir-solo-la-agricultura-ecologica/ Thu, 11 Jul 2013 23:00:00 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/butan-el-primer-pais-del-mundo-en-permitir-solo-la-agricultura-ecologica/ Bután, un país con unos 750.000 habitantes, se convertirá antes del 2020 en el primero del mundo en el que todos sus alimentos se cultivarán con prácticas de agricultura ecológica. En esa fecha estará prohibida la venta de pesticidas y herbicidas químicos. Los agricultores butaneses utilizarán para sus cultivos únicamente abonos orgánicos naturales, obtenidos de […]]]> Bután, un país con unos 750.000 habitantes, se convertirá antes del 2020 en el primero del mundo en el que todos sus alimentos se cultivarán con prácticas de agricultura ecológica. En esa fecha estará prohibida la venta de pesticidas y herbicidas químicos. Los agricultores butaneses utilizarán para sus cultivos únicamente abonos orgánicos naturales, obtenidos de su ganadería, y ningún producto químico artificial. Actualmente gran parte de su agricultura es orgánica, al no utilizar apenas pesticidas y herbicidas artificiales por su alto precio. Bután tiene la intención de exportar sus alimentos naturales a los grandes mercados chino e indio, sus vecinos geográficos. El ministro de agricultura Pema Gyamtsho, que es también un agricultor como otros ministros en este país, ha anunciado este plan en la Cumbre de Desarrollo Sostenible, celebrada en Nueva Delhi (India) a principios de este mes. El ministro recalcó los efectos nocivos del uso de fertilizantes químicos en la calidad de frutas y verduras por su menor valor nutricional y la contaminación de las aguas subterráneas. Los butaneses tradicionalmente practican labores agrícolas, que sin el uso de productos artificiales, mantienen producciones de alimentos suficientemente altas y mantienen la calidad agrícola de los suelos. La intención del gobierno para mantener la producción de alimentos sin químicos es aumentar las tierras de regadío y usar variedades locales que son resistentes a las plagas. Los agricultores de Bután se enfrentan en los últimos años a serios problemas como la sequía o la escasez de mano de obra que emigra a las ciudades. ¿Crees que algo así sería posible en algún otro país del mundo? Fuente original: guardian.co.uk   ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/reliess-aclama-las-iniciativas-de-economia-social-y-solidaria-0/ Fri, 05 Jul 2013 23:00:00 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/reliess-aclama-las-iniciativas-de-economia-social-y-solidaria-2/ Con el motivo del Día Internacional de las Cooperativas, el RELIESS aclama las initiativas de economía social y solidaria de todos los continentes y las políticas públicas que las apoyan En este 06 de julio 2013, el 19o Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas tiene como lema “La cooperativa, una empresa que […]]]> Con el motivo del Día Internacional de las Cooperativas, el RELIESS aclama las initiativas de economía social y solidaria de todos los continentes y las políticas públicas que las apoyan En este 06 de julio 2013, el 19o Día Internacional de las Cooperativas de las Naciones Unidas tiene como lema “La cooperativa, una empresa que sigue siendo fuerte en tiempos de crisis”. A lo largo del año, el RELIESS destacó la importante contribución de la economía social y solidaria en tiempos de crisis y apoyó el reconocimiento que se ha dado a las cooperativas frente a los desafíos actuales. El reconocimiento del potencial de la economía social y solidaria para satisfacer a las necesidades de las comunidades es cada vez más importante en los poderes públicos. Muchas políticas públicas para favorecer el desarrollo de la economía social y solidaria se establezcan y en algunos países, en particular los que han sufrido fuertemente de la crisis económica, han adoptado desde 2011 leyes marco en la economía social y solidaria. Estas leyes marcos tienen por objetivo promover el reconocimiento de esa economía y apoyar su desarrollo. Otras naciones también están en el proceso de adopción de una ley marco en economía social y solidaria (consulten la sección de la ley marco de el RELIESS). ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/reas-navarra-noticias-aprobada-la-ley-foral-que-incorpora-reas-navarra-al-consejo-economico-y/ Thu, 13 Jun 2013 17:00:00 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/aprobada-la-ley-foral-que-incorpora-a-reas-navarra-al-consejo-economico-y-social/ Aprobada la Ley Foral de modificación de la Ley 2/2006 del Consejo Económico y Social Se amplia de 28 a 30 miembros la composición de este órgano consultivo de la Administración, para dar cabida al sector de la Economía Alternativa y Solidaria El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de […]]]> Aprobada la Ley Foral de modificación de la Ley 2/2006 del Consejo Económico y Social Se amplia de 28 a 30 miembros la composición de este órgano consultivo de la Administración, para dar cabida al sector de la Economía Alternativa y Solidaria El Pleno del Parlamento ha aprobado hoy, con los votos a favor de UPN, SN, Bildu, Aralar-Nabai, I-E y los no adscritos y el voto en contra del PPN, la Ley Foral de modificación de la Ley 2/2006 del Consejo Económico y Social. La Ley impulsada por el G.P. Socialistas de Navarra tiene por objeto adecuar la composición del citado órgano a las “nuevas y pujantes realidades” de la sociedad navarra, a fin de dar cabida al sector de la Economía Alternativa y Solidaria. El Consejo Económico y Social de Navarra fue creado mediante la Ley Foral 8/1995, de 4 de abril, como órgano consultivo de la Administración de la Comunidad en materia socioeconómica y laboral. Depende orgánicamente del Departamento de Economía y Hacienda y está integrado por 28 miembros, incluido su Presidente, divididos en cuatro grupos de siete. Los tres primeros dan cabida a representantes de la Administración, sindicatos y organizaciones empresariales, mientras el cuarto acoge a dos representantes del sector de la economía social, otros dos de agricultores y ganaderos, uno de consumidores y usuarios, otro de organizaciones ecologistas y un último a designar por la UPNA. La norma crea un quinto grupo con dos miembros del sector de la Economía Alternativa y Solidaria de la Comunidad Foral a nombrar por REAS Navarra, consumándose la ampliación del Consejo Económico y Social de 28 a 30 miembros. • www.parlamentodenavarra.es • Publicación de la Proposición de Ley Foral (BOPN, nº 21, de 25-02-2013) Como se recoge la noticia en Diario de Navarra ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/se-registraron-en-ecuador-mas-de-6-mil-organizaciones-de-la-economia-social-y-solidaria/ Mon, 20 May 2013 11:47:17 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/se-registraron-en-ecuador-mas-de-6-mil-organizaciones-de-la-economia-social-y-solidaria/ El 95 por ciento de las cooperativas Ecuatorianas podrán realizar sus actividades normalmente y acceder a los incentivos que entrega el gobierno, ya que cumplieron con la adecuación de estatutos dispuesta por la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria. En total fueron 6095 organizaciones de todo el país las que cumplieron con el plan que se inició en octubre del 2012 y finalizó el pasado 13 de mayo. Solo 185 cooperativas no fueron registradas, anunció Hugo Jácome Estrella, Superintendente de Economía Popular y Solidaria, las cuales podrán ser inhabilitadas y hasta sancionadas si continúan con sus actividades. Entre las entidades registradas 888 son cooperativas de ahorro y crédito, 2345 de vivienda, transporte, pesca y producción, y otras 2825 son asociaciones, precisó el funcionario. Las cooperativas que se registraron accederán a incentivos otorgados por el gobierno ecuatoriano como así también a talleres de capacitación y a un sistema de información on line con libre acceso, donde la ciudadanía  puede consultar acerca de sus actividades y productos.  Estrella consideró este proceso como inédito en América Latina en cuanto a sus logros, al compararlo con México y Brasil, donde procesos similares llevaron más de cuatro años de trabajo. La Superintendencia de Economía Popular y Solidaria de Ecuador trabaja por la estabilidad, solidez y correcto funcionamiento del sistema económico social y solidario. ]]> https://www.economiasolidaria.org/ca/noticias/reas-navarra-noticias-el-parlamento-de-navarra-favor-de-dar-cabida-la-economia-alternativa-y/ Thu, 11 Apr 2013 17:16:55 +0000 https://www.economiasolidaria.org/noticias/el-parlamento-de-navarra-a-favor-de-dar-cabida-a-la-economia-alternativa-y-solidaria-en-el-consejo-economico-y-social/ El Parlamento foral se ha mostrado este jueves a favor de dar cabida al sector de la economía alternativa y solidaria en el Consejo Económico y Social (CES).  Así se ha puesto de manifiesto en el pleno en el que se ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley foral de modificación […]]]> El Parlamento foral se ha mostrado este jueves a favor de dar cabida al sector de la economía alternativa y solidaria en el Consejo Económico y Social (CES).  Así se ha puesto de manifiesto en el pleno en el que se ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley foral de modificación del CES que propone ampliar de 28 a 30 miembros la composición de este órgano consultivo para dar cabida a la Red de Economía Alternativa y Solidaria. La iniciativa, que ha sido defendida por la portavoz socialista, María Victoria Arraiza, ha sido aprobada con el voto a favor de todos los grupos, excepto del PPN que ha votado en contra, no porque se oponga a su inclusión, sino porque considera que el CES debe desaparecer. El Consejo Económico y Social es un órgano consultivo de la Administración de la Comunidad foral en materia socioeconómica y laboral, que depende del departamento de Economía y Hacienda y que en la actualidad está integrado por 28 miembros, incluido su presidente. En su defensa Arraiza ha sostenido que las propuestas de la economía solidaria deben ser «escuchadas y tenidas en cuenta», al tiempo que ha apuntado que la economía solidaria en Navarra «ha resistido la crisis económica y goza de buena salud» y en ella tienen cabida los colectivos más afectados por la crisis. Por UPN Coro Gainza ha valorado el papel de las redes de economía alternativa y solidaria en el actual contexto de crisis y ha apoyado que su voz sea oída en el CES. El portavoz de Bildu, Bikendi Barea, también ha considerado conveniente que esta economía tenga voz en el Consejo, ya que, entre otras cuestiones, va a «aportar pluralidad», ya que son más de 40 entidades no lucrativas. En un sentido similar se ha pronunciado Txentxo Jiménez (Aralar-NaBai), ha planteado sus dudas sobre el hecho de que incorporar a un engranaje institucional a estas organizaciones pueda entrañar «ciertos riesgos para las señas de identidad y forma de proceder y trabajar de esas entidades». También ha considerado «oportuno» que expongan sus propuestas y posturas en ese órgano José Miguel Nuin (I-E), quien ha opinado que el CES es un «consejo bastante moribundo», con «escasa actividad», pero el objeto que lo sustenta «tiene plena vigencia». En el turno en contra ha intervenido la portavoz del PPN, Ana Beltrán, quien ha asegurado que si su grupo considerara que el CES debiera mantenerse estaría a favor de que la economía alternativa y solidaria formara para de él, pero es que, según ha recordado, el PPN considera que el CES debe desaparecer por el alto coste que conlleva. Noticia del Parlamento de Navarra VIDEO DE LA SESIÓN ]]>