En la sala del Palazzo Pubblico de Siena donde se reunía el gobierno de la ciudad, los frescos de Ambrogio Lorenzetti recordaban a quienes tomaban decisiones cuáles eran los efectos del buen gobierno. Hay un detalle que sigue llamando la atención siete siglos después: la muralla parte la escena por la mitad, y el campo ocupa tanto espacio como la ciudad. El bienestar urbano, venía a decir la pintura, depende inevitablemente del bienestar del territorio que lo alimenta. Recuperar esa conciencia de interdependencia entre lo urbano y lo rural, poniendo la alimentación en el centro, es buena parte del desafío que hoy tienen por delante las políticas públicas.

A raíz de la sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —cuarta y última de un ciclo dedicado a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, tras las de vivienda, energía y finanzas—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque dibujan un sector en el que las alternativas ya existen, están probadas y funcionan, pero en el que la colaboración con las administraciones sigue siendo muy desigual de un territorio a otro. José Luis Fernández Casadevante, «Kois», sociólogo, experto en soberanía alimentaria y miembro de la cooperativa Garúa, condujo la formación con una idea de fondo: no habrá transición ecosocial con alguna perspectiva de éxito sin un cambio profundo en la manera en que producimos, distribuimos y comemos.

Un sistema en el centro de casi todas las crisis

El diagnóstico con el que arrancó la sesión fue deliberadamente breve, pero contundente. Según los datos que compartió el ponente, el sistema alimentario explica en torno al 45% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el Estado español, y hoy se invierten unas diez calorías de combustibles fósiles por cada caloría de alimento que llega al plato, en un territorio con el 74% de su superficie en riesgo de desertificación. A ello se suma la huella hídrica: alrededor del 80% del agua dulce que consumimos está ligada a la producción de alimentos, y entre un 15 y un 20% sale del país convertida en «agua virtual» a través de las exportaciones. La contaminación por fertilizantes y pesticidas de síntesis afecta a buena parte de las aguas subterráneas, hasta el punto de que más de 300 municipios no tienen acceso a agua potable en el grifo.

El retrato se completa con la pérdida de biodiversidad cultivada —un 75% de la diversidad genética agrícola desaparecida en el último siglo—, con una concentración de poder cada vez mayor —cuatro empresas controlan más de la mitad del mercado mundial de semillas y la gran distribución acapara el 92% de la superficie comercial alimentaria— y con un modelo de precios que no beneficia ni a quien produce ni a quien consume: el Índice de Precios en Origen y Destino que publica COAG muestra diferencias del 400 o el 500% en algunos productos. Y, en el otro extremo de la cadena, la desigualdad: en torno a un 13% de la población, unos seis millones de personas, vive en situación de inseguridad alimentaria, mientras que cuatro de cada diez niñas y niños presentan sobrepeso u obesidad. «Comer mal es muy barato», resumió Kois, para subrayar que la malnutrición tiene un componente de clase evidente.

Ecologizar, democratizar, relocalizar, reequilibrar

Frente a ese diagnóstico, la sesión propuso una brújula. El marco de referencia es el de una transición ecosocial justa —a menudo visualizada con la «economía del dónut» de Kate Raworth, ese espacio seguro y justo entre un suelo de necesidades sociales y un techo de límites ecológicos—, entendida como un proceso intergeneracional: si salir del modelo actual llevará décadas, lo urgente ahora es «dar un volantazo». Para orientarlo, cuatro puntos cardinales: ecologizar —o agroecologizar— el conjunto de la cadena, desde la finca hasta la gestión de residuos; democratizar un sistema dominado por muy pocos actores, devolviendo capacidad de decisión tanto a las instituciones como a las comunidades organizadas; relocalizar, satisfaciendo necesidades en proximidad; y reequilibrar el territorio, buscando las escalas adecuadas y mecanismos de solidaridad entre territorios. Todo ello, además, con la recuperación de una cultura alimentaria que se ha ido erosionando en las últimas décadas.

A esa brújula se suma un cambio en qué comemos, y no solo en cómo. La dieta de salud planetaria propuesta por la comisión EAT-Lancet —mayoritariamente vegetal, con una reducción de más de la mitad del consumo de carne roja y azúcar, cercana a una dieta mediterránea «de verdad»— es el punto de partida de un estudio en el que ha participado la investigadora Marta Rivera para Amigos de la Tierra. Sus conclusiones son elocuentes: con la superficie agraria existente, y asumiendo ese cambio de dieta, se podría producir el 99% de los alimentos que necesita la población del Estado, reduciendo un 84% el uso de combustibles, prescindiendo por completo de los pesticidas y recortando un 87% la contaminación del agua, a la vez que aumentaría la biodiversidad. La transición agroecológica, en definitiva, es técnicamente posible.

Público-comunitaria, no público-privada

El hilo conductor de las experiencias que se presentaron fue la cooperación público-comunitaria, que Kois propuso distinguir con claridad de la público-privada, esa fórmula que «nos han metido hasta en la sopa» y en la que el ánimo de lucro empresarial acaba primando sobre el interés general. Frente a ella, la definición que proponen desde el Foro Transiciones habla de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por los principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Nombrarse y defender ese estatuto propio, apuntó, es también una tarea política pendiente para la Economía Social y Solidaria.

De la finca al compost

La parte central de la sesión fue un recorrido por iniciativas que ya están en marcha a lo largo de toda la cadena alimentaria. Un primer paraguas es la Red de Municipios por la Agroecología, con una década de recorrido y ayuntamientos de colores políticos muy distintos, convertida en espacio de intercambio de políticas y de complicidad entre administraciones y organizaciones sociales.

En el terreno productivo, los parques agrarios —inspirados en experiencias italianas y desarrollados por primera vez en el Baix Llobregat— blindan el uso agrícola del suelo periurbano y acompañan a quienes producen en la comercialización conjunta, la creación de sellos de proximidad y la transición hacia manejos agroecológicos; hoy hay más de una decena repartidos por el Estado, con su propia red. Una vez protegido el suelo, los bancos de tierras ayudan a ponerlo en producción y a facilitar el relevo generacional, ya sea a escala de ciudad, como Basaldea en Vitoria-Gasteiz, o de pequeños municipios, como la red intermunicipal Terrae. Los espacios test agrarios, llegados de Francia, permiten a quienes quieren incorporarse al campo probar su proyecto tutorizados por agricultores consolidados antes de lanzarse por su cuenta, con tasas de éxito muy elevadas. Y la agricultura urbana, que ha pasado de 17 municipios con huertos en torno a 2010 a cerca de 400 en la actualidad, vale menos por los tomates que cosecha que por las relaciones y los conocimientos que cultiva.

En la logística y la comercialización, se citó la red estatal de centros logísticos agroecológicos que da protagonismo directo a las agrupaciones de productores y fomenta la intercooperación; la compra pública alimentaria para comedores escolares, universitarios u hospitalarios, que podría actuar como un auténtico «tractor» del cambio y que, en el caso de la alimentación escolar, llega a todos los perfiles de población; la recuperación de los mercados municipales como responsabilidad pública, frente a la tendencia de los nuevos desarrollos urbanos a delegar la alimentación en los supermercados; los mercados de venta directa codiseñados y cogobernados con asociaciones de productores y consumidores, como en Granada o Córdoba; los grupos de consumo; y el salto de escala que representan los supermercados cooperativos, con La Osa, en Madrid, como referente. Fuera de los canales convencionales, recordó el ponente, se vende ya en torno a un 21% de los productos alimentarios, una proporción que no tiene parangón en otras ramas de la economía.

Para cerrar el ciclo, el proyecto piloto de agrocompostaje impulsado por universidades valencianas, municipios y productores ecológicos para devolver al suelo residuos orgánicos de muy diverso origen, y las iniciativas de compostaje comunitario que ya funcionan en distintos municipios. Y, como experiencia más innovadora, el ensayo de seguridad social alimentaria que se desarrolla en Getafe con apoyo de la Fundación Daniel y Nina Carasso y en complicidad con el ayuntamiento: las familias en situación de vulnerabilidad reciben una tarjeta con un saldo que solo pueden gastar en circuitos vinculados a la agroecología y la economía solidaria, como un supermercado cooperativo. Se trata, dijo Kois, de combinar el «dar de comer a la gente» con alimentar un cambio en el propio modelo. Durante el debate, las personas asistentes sumaron una pieza más a ese mapa: los bancos de semillas locales, clave para frenar la erosión genética.

Quién da el primer paso y cómo se convence a la administración

Una de las preguntas que más dio de sí fue de dónde surgen estas experiencias. Mayoritariamente, respondió el ponente, de las iniciativas comunitarias, donde hay una creatividad colectiva en permanente efervescencia que después busca complicidades institucionales. Pero no siempre. El programa Ecocomedores de Canarias nació de la propia administración agraria del archipiélago, que buscaba asegurar una salida estable a la producción local a través de los colegios y llegó a persuadir a productores para que dieran el salto a lo ecológico. Y el primer parque agrario se debe al empeño de un técnico de la Generalitat, Xavier Montasell, que conoció la experiencia italiana y se propuso trasladarla. Venga de abajo o de arriba, insistió, el rasgo diferencial de la cooperación público-comunitaria es que no suplanta a la ciudadanía organizada, sino que la incorpora activamente a la definición, la gestión y la evaluación de las políticas.

¿Y cómo convencer a una administración local reticente? Kois propuso tres claves. La primera, ser muy prácticos y poner el acento en los beneficios antes que en el marco ideológico: un comedor escolar agroecológico garantiza comercialización a quienes producen, mejora la nutrición, combate la inseguridad alimentaria, recupera cultura alimentaria y puede vincularse a huertos o compostaje en el propio centro. La segunda, medir: indicadores de impacto y herramientas como el retorno social de la inversión permiten traducir a un lenguaje que la administración entiende un valor que, de otro modo, recae invisible sobre los tejidos comunitarios. El objetivo no es abaratar los servicios, matizó, pero al no tener que generar márgenes empresariales estos modelos pueden resultar incluso más eficientes. Y la tercera, aliarse con el personal técnico, que permanece cuando los cargos políticos cambian y que sabe traducir las propuestas de los tejidos sociales a los marcos jurídicos e institucionales disponibles, ayudando a desactivar desconfianzas mutuas.

Lo que aún falta

La sesión dejó también a la vista los límites del momento actual. El primero tiene que ver con las condiciones de trabajo: ante una pregunta llegada desde el movimiento de comercio justo sobre derechos laborales y salarios dignos, el ponente reconoció que la preocupación forma parte del ADN de muchos proyectos agroecológicos —con una generación joven que habla de viabilidad vital y no solo económica, que cooperativiza y que incorpora una mirada feminista—, pero que los márgenes del sector son estrechos y la autoexplotación sigue presente. El segundo, el grado de implicación institucional, todavía muy desigual: en el caso de La Osa se limita a la cesión de un local público en condiciones favorables, mientras que en Francia ha habido apoyo directo a la capitalización de supermercados cooperativos, en Manresa uno de ellos se ha instalado dentro de un mercado municipal y en Hernani las cooperativas impulsadas en el marco de una planificación ecosocial integral se consideran servicio público y pueden recibir apoyo municipal hasta alcanzar la autosuficiencia. Muchos proyectos nacen descapitalizados, «a pulmón», y buena parte de su precariedad se explica precisamente por esa falta de respaldo inicial.

Como en las sesiones dedicadas a vivienda cooperativa, comunidades energéticas y finanzas éticas dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: las herramientas existen y están probadas a lo largo de toda la cadena alimentaria. Lo que decide si se quedan en experiencias aisladas o se convierten en política alimentaria de verdad es que las administraciones asuman, como recordaba aquel fresco de Siena, que alimentar a la ciudad es una responsabilidad pública que no puede delegarse en el mercado, y que la mejor manera de ejercerla es junto a quienes ya están cultivando las alternativas.

¿Eres diputada, diputado o representante del Gobierno? Firma el compromiso Fossil Free Politics

La política climática no puede estar condicionada por quienes se benefician de la crisis energética y la emergencia climática

Durante décadas, la industria de los combustibles fósiles ha utilizado su poder económico y su capacidad de lobby para frenar, debilitar o retrasar medidas destinadas a reducir las emisiones y avanzar hacia el abandono de los combustibles fósiles.

A través de actividades de presión, campañas de lavado verde y la promoción de falsas soluciones, estas empresas han buscado proteger sus beneficios e intereses, con un gran coste para las personas y el planeta.

Esta influencia también afecta a nuestras democracias. Cuando quienes tienen un interés económico directo en mantener el modelo fósil disponen de un acceso privilegiado a quienes toman decisiones, pueden influir de forma desproporcionada en las políticas públicas y dificultar una transición energética justa y urgente.

Por eso es necesario poner límites claros a la influencia de la industria fósil en la política: quienes contribuyen a la crisis climática y continúan beneficiándose de ella no pueden tener una influencia privilegiada sobre las decisiones destinadas a resolverla.

¿Qué se pide?

Dos compromisos para una política libre de intereses fósiles:

1. Limitar las interacciones con la industria fósil
   Las reuniones y contactos con representantes de la industria de los combustibles fósiles deberán producirse únicamente cuando sean estrictamente necesarios para poder regular eficazmente esta industria y avanzar en la transición hacia las energías renovables.
2. Garantizar la transparencia
   Cuando estas interacciones sean necesarias, deberán realizarse de forma transparente. Siempre que sea posible, deberán desarrollarse mediante mecanismos que permitan el acceso público, como audiencias públicas, avisos previos y la publicación de los registros de las reuniones.

Se trata de evitar que una industria con enormes intereses económicos en mantener el modelo fósil tenga un acceso privilegiado a quienes toman las decisiones que deben transformar ese mismo modelo.

Una campaña europea

Este compromiso forma parte de la campaña europea Fossil Free Politics, que reclama una política libre de la influencia indebida de la industria de los combustibles fósiles.

La iniciativa cuenta con un compromiso específico dirigido a miembros del Parlamento Europeo para avanzar hacia una política libre de los intereses de la industria fósil.

Ahora la campaña quiere trasladar esta demanda al Estado español y que diputadas, diputados y representantes del Gobierno se sumen a este compromiso.

Conoce el compromiso Fossil Free Politics para miembros del Parlamento Europeo

El interés público por delante de los intereses fósiles

La transición energética necesita decisiones políticas libres de las presiones e intereses de la industria de los combustibles fósiles.

Las entidades impulsoras piden a quienes ocupan responsabilidades públicas que den un paso adelante y se comprometan con una política libre de la influencia de los combustibles fósiles.

Impulsa esta campaña

Red Estatal por el Derecho a la Energía (ReDE): Aeioluz · Alianza contra la Pobreza Energética · Federación de Consumidores y Usuarios CECU · Coalición por la Energía Comunitaria · Ecologistas en Acción · Ecoserveis · Energía Bonita · Enginyeria Sense Fronteres · Intiam Ruai · La Palma Renovable · Plataforma por un Nuevo Modelo Energético · Socaire · Torreblanca Ilumina · Unión Renovables · Xarxa per la sobirania energètica

Fuente: Enginyeria Sense Fronteres

La Economía Social plantea entender la actividad económica con las personas y el bienestar colectivo como centro. Frente a otros modelos donde el foco se encuentra en la rentabilidad, las entidades de este ámbito buscan compatibilizar su actividad económica con principios como la cooperación, participación, igualdad, sostenibilidad o el compromiso con el territorio.

Un ejemplo es Dendros, una cooperativa de trabajo asociado dedicada a gestión y desarrollo de proyectos relacionados con la sostenibilidad, arrancó en 2013 con el objetivo de trabajar en comunidad, pero siempre teniendo en cuenta el principio de sostenibilidad y la dinamización social. Aunque comenzó con la agroecología como motor y punto de partida, en la actualidad también desarrollan proyectos de educación ambiental, desarrollo local, participación ciudadana y estudios de biodiversidad. Dendros forma parte de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS).

Teresa González, graduada en Ciencias Ambientales y una de sus cuatro socios, nos cuenta cómo incorporan los principios de sostenibilidad e igualdad de género en su forma de trabajar.

¿Qué tipo de proyectos estáis desarrollando actualmente?

Hacemos diversos proyectos relacionados con educación ambiental, desarrollo local, participación ciudadana y estudios de biodiversidad.

Por ejemplo, participamos en el proyecto de educación para la sostenibilidad Agenda 2030 escolar de Albacete, donde acompañamos a centros educativos a poner en marcha proyectos de sostenibilidad escolar. También gestionamos ayudas o subvenciones vinculadas a la Agenda 2030 en ayuntamientos de la provincia. Hacemos participación ciudadana y seguimientos de fauna.

Siempre dentro del ámbito de la sostenibilidad y del medio ambiente, sobre todo.

¿Cómo conseguís que la sostenibilidad esté presente en vuestros proyectos y también en vuestra forma de trabajar?

En Dendros nos resulta más difícil llevarlo a la manera de funcionar, porque en los proyectos sí que nos es más fácil, porque la sostenibilidad forma ya parte, es algo central dentro de esas áreas, pero como nuestra modalidad de trabajo es teletrabajo y eso implica que no tenemos un espacio físico, o sea una oficina física, e implica que nos tenemos que desplazar mucho, a la hora de nuestro funcionamiento es más difícil de implementar la sostenibilidad.

Sin embargo, a la hora de elegir qué productos o qué servicios contratamos, siempre intentamos que sean con empresas del territorio, de cercanía, en lo relativo a servicios de telefonía, o la banca, o la asesoría, todo está en el entorno rural en el que nos movemos, pero eso, en cuanto a qué decisiones tomamos. Pero luego hay en otros ámbitos a otro nivel de gestión que se nos escapa, por lo que te decía, porque nos desplazamos mucho en coche, porque como no tenemos que pagar suministros, no hay manera de controlarlo, porque es cada uno en su casa.

¿Y cómo incorporáis la perspectiva de género dentro de la cooperativa?

Lo principal es que intentemos que la plantilla esté equilibrada en cuestión de género. Intentamos que haya paridad o mayoría de mujeres. En este caso, somos dos socios y dos socias.

Hablaríamos de paridad, aunque no siempre ocurre que este sea el criterio definitivo, porque influyen más factores. A la hora de la constitución del consejo rector y en la representación de actos públicos, intentamos que haya representación femenina, principalmente. A la hora de pensar y de hacer nuestros proyectos, intentamos que el feminismo tenga el foco e intentamos que en los conceptos que trabajamos haya una revisión feminista, por lo menos como punto de partida para partir de ahí.

Desde vuestra experiencia trabajando con otras entidades y con el territorio, ¿hasta qué punto dirías que la sostenibilidad y la igualdad de género están ya integradas en la Economía Social, o dónde notáis que se ha avanzado más?

Yo creo que integrada del todo no está, porque creo que es un proceso y no es fácil de tenerlo integrado de manera estructural. Pienso que quizá los avances a la hora de tomar decisiones internas, lo que decíamos que en nuestro caso no teníamos, por tener esta modalidad de teletrabajo, quizá en otras entidades que sí que tienen espacio físico, pues sí que están implementando, están tomando medidas en el caso de la sostenibilidad por elegir empresas de cercanía que tengan en cuenta la sostenibilidad o que sean incluso comprar productos ecológicos y demás.

Y en lo que respecta a la igualdad de género, pues creo que igual que nosotras, tener en cuenta sobre todo la paridad o que haya una mayoría de mujeres en la plantilla. Y luego el tema de la conciliación familiar también creo que es algo en lo que se está avanzando, pero no sabría decirte si es algo que está tan integrado. Porque creo que una cosa es la teoría y la práctica creo que se complica un poco más.

Y desde Dendros ¿habéis encontrado iniciativas o formas de trabajar dentro de la Economía Social que os hayan resultado especialmente interesantes y que creáis que podrían servir de ejemplo para otras entidades?

En nuestro caso, sobre todo, lo más relevante creo que es los esfuerzos que hemos hecho para trabajar en la parte reproductiva de la cooperativa. Dedicar tiempo. Hemos recibido ayuda a través de una empresa especializada en facilitación de grupos y mediación.

En un proceso de varios años hemos estado trabajando con esta entidad, con una facilitadora para que nos ayude a ganar en herramientas, en mejorar la cohesión del grupo. Nos ha ayudado a tomar mejores decisiones, también con una proyección a medio y largo plazo que a veces cuesta un poco tener. Y eso creemos que nos ha dado bastante sostén para poder dar estructura a esta parte. Como esta parte que destaca nuestra empresa por ser una entidad de la economía social y por darle bastante valor a esto de poner la vida en el centro.

A pesar de los diferentes avances, ¿qué obstáculos os encontráis todavía para que estos principios se incorporen de manera real y no se queden únicamente en declaraciones o buenas intenciones?

Por un lado, hablando con mis compañeros, veíamos que quizá falta asesoría específica especializada en entidades de la economía social. Vemos que a veces nos quedamos un poco cojos y no sabemos o nos falta información sobre subvenciones o cómo proceder siendo una entidad de la economía social.

Y luego también vemos que nos enfrentamos bastante a la precariedad, a un nivel de precariedad más alto a la que se enfrenta el empleo público, la empresa privada. Entonces esto creo que dificulta bastante.

¿Ha influido en alguno de vuestros proyectos tener en cuenta estos principios de sostenibilidad y perspectiva de igualdad de género?

No tengo tan claro que sí que se haya extrapolado a los proyectos, sí que inevitablemente tiene consecuencias en los proyectos, pero no sé si decirte si ha cambiado significativamente el desarrollo de los proyectos. Creo que es más a nivel interno. Por ejemplo tener presente la conciliación familiar.

En general, aunque la conciliación familiar hablando de tanto atención a criaturas como conciliar la vida profesional con la vida personal, porque no todas las personas en la empresa tenemos hijos e hijas. Entonces, eso sí que inevitablemente influye en cómo se desarrollan los proyectos porque nos estamos cuidando más internamente. Entonces, se puede extrapolar a que los proyectos se pueden desarrollar mejor.

Al sentirnos mejor internamente en la empresa, quizá el servicio o la labor que hacemos en los proyectos pueda ser de más calidad.

¿Cuáles son vuestros retos y oportunidades a futuro?

Sí, pues los retos y oportunidades sobre todo serían quizá generar más sentimiento y pertenencia en cuanto al trabajo en red y a la cooperación. Porque yo creo que eso es uno de los pilares de la economía social, esta parte de comunidad y de crear red, y creo que eso podría ser lo que lleve impulso a este tipo de entidades.

Fuente: elDiarioclm.es

En los últimos años se ha hecho visible un cambio en la visión política de la transición ecológica. Aunque la evidencia científica sobre el cambio climático es cada vez más contundente, las decisiones políticas no avanzan al mismo ritmo. Mientras algunos gobiernos, como el de Estados Unidos, revierten compromisos y regulaciones ambientales, en espacios como la Unión Europea las políticas climáticas deben justificarse cada vez más por su contribución a la competitividad, la seguridad energética y la reducción de costes.

En este contexto se publica Hidden Assets: The economic and health case for climate and clean air action, una evaluación mundial elaborada por la Coalición Clima y Aire Limpio (Climate and Clean Air Coalition – CCAC), iniciativa impulsada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). El informe analiza conjuntamente los efectos económicos, sanitarios y ambientales del cambio climático y la contaminación atmosférica y compara los costes de aplicar diferentes medidas con los beneficios que podrían generar.

Activos ocultos para las decisiones económicas

En su discurso de investidura, el 20 de enero de 2025, Donald Trump prometió «acabar con el Green New Deal» (el nuevo Pacto Verde) en favor del «oro líquido», en alusión al petróleo. Pocas horas después, una de sus primeras acciones ejecutivas fue firmar la orden ejecutiva «Unleashing American Energy» (Impulsar la energía estadounidense), destinada a eliminar regulaciones ambientales y de energía aplicadas durante el mandato anterior, impulsando la producción nacional de combustibles fósiles.

La orden sostiene que determinadas regulaciones habían dificultado el desarrollo de los recursos energéticos nacionales, reducido la creación de empleo y elevado el coste de la energía. También disolvió el grupo federal encargado de calcular el coste social de los gases de efecto invernadero, retiró sus estimaciones y planteó eliminar este indicador de las decisiones regulatorias. Además, estableció que los efectos globales de una medida deben diferenciarse de sus costes y beneficios dentro de Estados Unidos. Ese mismo día, mediante otra orden ejecutiva, Trump inició nuevamente la retirada estadounidense del Acuerdo de París.

Frente a este planteamiento, el informe del PNUMA amplía el perímetro de lo que se considera económicamente relevante. Los cálculos habituales reflejan con claridad cuánto cuesta introducir una regulación, transformar una fábrica o sustituir una fuente energética, pero no siempre incorporan con la misma precisión las enfermedades provocadas por la contaminación, el gasto sanitario, las jornadas laborales perdidas, las muertes prematuras o los daños climáticos evitados. De ahí la expresión Hidden Assets, que puede traducirse como «activos ocultos». El aire limpio, la salud colectiva y la estabilidad climática poseen un valor económico, aunque este no aparezca de manera inmediata en las cuentas de una empresa o en un presupuesto público.

Clima y contaminación, una misma política

El informe evalúa 25 soluciones aplicables a la energía, la industria, el transporte, la agricultura, los hogares y la gestión de residuos. Entre ellas se encuentran la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética, la reducción de fugas de metano, los sistemas limpios para cocinar y calentarse, el control de las emisiones industriales y del transporte o una gestión más eficaz de los residuos. Su principal conclusión es que las políticas climáticas y de calidad del aire deben diseñarse conjuntamente.

Ambas crisis comparten buena parte de sus causas, especialmente la combustión de fuentes fósiles, determinados procesos industriales y algunas prácticas agrícolas. Sin embargo, con frecuencia se abordan mediante normas, administraciones y presupuestos diferentes. Esta separación conduce, según el informe, a infravalorar los beneficios de la transición. Reducir el uso de combustibles fósiles no solo limita el calentamiento futuro: también puede mejorar inmediatamente la calidad del aire, reducir enfermedades cardiovasculares y respiratorias, aliviar el gasto sanitario y aumentar la productividad.

Los autores estiman que cada dólar invertido en el conjunto de las medidas podría generar alrededor de 15 dólares de beneficio económico y social. Una parte de esa estimación corresponde al valor atribuido a las vidas preservadas y a la mejora del bienestar. Pero incluso si se excluyen esos beneficios no comerciales y se contabilizan únicamente efectos observables, como el ahorro sanitario, la productividad o los daños materiales evitados, el retorno sería de unos cuatro dólares por cada dólar invertido.

La posición ambivalente de la Unión Europea

La Unión Europea sigue una orientación diferente a la estadounidense, aunque no exenta de tensiones. La Comisión ha situado la descarbonización dentro de su estrategia industrial y presenta el Pacto por una Industria Limpia (Clean Industrial Deal) como una hoja de ruta para combinar competitividad y reducción de emisiones. Al mismo tiempo, ha incluido entre sus prioridades la simplificación regulatoria. El paquete Ómnibus presentado en 2025 propuso reducir el alcance de algunas obligaciones empresariales de información sobre sostenibilidad y diligencia debida para aliviar cargas administrativas. El debate reside en determinar dónde termina la simplificación y dónde comienza la pérdida de transparencia y capacidad de control.

El informe del PNUMA reconoce que la burocracia y la falta de coordinación pueden retrasar las inversiones. Sin embargo, concluye que los principales obstáculos para aplicar las soluciones no son tecnológicos, sino institucionales: financiación insuficiente, debilidad administrativa, escasa coordinación entre ministerios, falta de datos y dificultades para hacer cumplir las normas. Por tanto, simplificar procedimientos innecesarios puede facilitar la transición, pero debilitar los sistemas de información, seguimiento y rendición de cuentas puede producir el efecto contrario.

Una cuestión de distribución

El informe también aborda la distribución de los costes y beneficios de la transición. El informe advierte de que las políticas deben facilitar el acceso de los hogares vulnerables a las tecnologías limpias, incorporar instrumentos financieros adecuados y atender sus efectos distributivos. Una actuación puede resultar rentable para el conjunto de la economía y, al mismo tiempo, imponer costes inasumibles a determinados grupos sociales.

Esta dimensión conecta la transición ecológica con los debates sobre justicia social, cuidados, fiscalidad y orientación del crédito. También plantea una pregunta central para las finanzas éticas: qué actividades deberían recibir financiación cuando se consideran conjuntamente sus retornos económicos, ambientales, sanitarios y sociales. El actual debate, no enfrenta simplemente ecología y economía. Enfrenta diferentes maneras de determinar qué tiene valor, quién soporta los costes y durante cuánto tiempo se calculan sus consecuencias. Una economía que solo contabiliza los costes empresariales inmediatos, pero no los costes colectivos de la contaminación, ofrece una imagen distorsionada de la realidad.

Fuente: Valor Social

Red Anagos ha firmado dos nuevos convenios de colaboración: uno con Som Energía, cooperativa de generación y comercialización de electricidad renovable, y otro con SePrA, cooperativa de trabajo especializada en prevención de riesgos laborales y salud laboral. Ambos acuerdos amplían las alternativas de consumo responsable disponibles para las entidades socias de la red y para las personas que trabajan en ellas. 

Del primer convenio a una red de alternativas

En abril firmamos el primer convenio de colaboración con Som Connexió, que permitió a las entidades socias y a sus plantillas contratar internet y telefonía móvil con una cooperativa de la Economía Social y Solidaria.

Hablábamos entonces de servicios estructurales: esos consumos recurrentes que se deciden una vez y se pagan mes a mes. Telecomunicaciones, energía, prevención de riesgos, finanzas o seguros sostienen el funcionamiento diario de cualquier organización y casi nunca se revisan. Cuando ese gasto se queda dentro del ecosistema de la ESS, no solo cambia el proveedor: cambian los criterios con los que se produce el servicio y quién decide sobre él.

Los convenios con Som Energía y SePrA amplían ese terreno a dos ámbitos que hasta ahora quedaban fuera del alcance del Mercado Social de Canarias: la electricidad y la salud laboral.

Som Energía, o quién decide sobre la energía que consumimos

Som Energía es una cooperativa sin ánimo de lucro dedicada a la comercialización y la producción de electricidad de origen renovable. Nació en 2010 y se organiza en grupos locales repartidos por todo el Estado, también en las islas. Sus decisiones se toman en asamblea, con el criterio de una persona un voto, y los excedentes se reinvierten en nuevas instalaciones de generación.

El convenio facilita que las entidades socias de Red Anagos avancen hacia un modelo energético más renovable, cooperativo y responsable. Para una organización canaria, cambiar el suministro eléctrico no es únicamente una cuestión de tarifa. Es una decisión sobre quién produce la energía, quién participa de las decisiones y hacia qué modelo de transición se está aportando.

Cómo acogerse al convenio

Para beneficiarse de las condiciones del acuerdo hay que seguir cuatro pasos:

1. Entrar en el apartado «Contratar la luz» de la web de Som Energía.
2. Elegir la tarifa y, a continuación, seleccionar la opción «Me invitan».
3. Introducir los datos de Red Anagos (NIF y número de socia) para asociar el alta a este convenio.
4. Continuar con la contratación habitual.

Cuidar la salud laboral también es una decisión de consumo

SePrA es un servicio de prevención ajeno acreditado y constituido como cooperativa de trabajo, una combinación poco habitual en el sector. Forma parte del Mercado Social estatal y de REAS.

Su enfoque va más allá del cumplimiento normativo. Trabajan la salud laboral en sentido amplio, física y mental, con una metodología propia de evaluación de riesgos psicosociales (ARIPSO), un servicio de atención psicológica y una línea específica de prevención con perspectiva de género.

Para las entidades de la red, que son organizaciones de cuidados, de inserción sociolaboral y de atención a personas, esto conecta con algo que ya sostienen a diario: las condiciones, los ritmos y la salud mental de sus plantillas forman parte de una economía que pone la vida en el centro.

Seguimos tejiendo alianzas

Cada convenio reduce una barrera. Que elegir la Economía Social y Solidaria deje de requerir un esfuerzo extra y pase a ser una opción práctica y accesible es, precisamente, el trabajo que sostiene el Mercado Social de Canarias. Cambiar con quién contratamos la energía es una forma concreta de transformar el territorio.

Seguiremos identificando alternativas y firmando acuerdos que acerquen la ESS a las entidades de la red y a las personas que las hacen posibles.

Gracias a Som Energía y a SePrA por sumarse a este camino compartido.

Fuente: Red Anagos

El próximo año 2027 estará salpicado de elecciones, tanto generales como autonómicas y municipales. Los partidos políticos se afanan en la preparación de sus programas electorales y en la búsqueda de propuestas atractivas para la ciudadanía.

Como los lobbies de los poderosos estarán trabajando a tope, corresponde a la sociedad civil defender las ideas básicas de justicia social que aquellos atacan y pretenden seguir reduciendo.

Un ejemplo de buenas prácticas es la Plataforma por la Justicia Fiscal, de la que forman parte, además de Economistas sin Fronteras y otras relevantes ongs, los principales sindicatos y varias asociaciones sociales. Una plataforma que destaca entre las más representativas de la sociedad civil.

Esta plataforma viene proponiendo medidas fiscales de enorme calado e interés. Sin duda, como señala la plataforma, la política fiscal, en su doble vertiente de ingreso y gasto, es uno de los principales mecanismos con los que cuenta el Estado para garantizar la realidad de los derechos básicos de la ciudadanía y para poder paliar la desigualdad que genera el sistema económico vigente. El gasto y la inversión pública sustentan las políticas sociales que permiten aliviar la situación de las personas menos favorecidas y alentar la igualdad de oportunidades.

Por ello, los programas electorales deben recoger de forma destacada y prioritaria medidas encaminadas a conseguir una fiscalidad justa, progresiva y con capacidad recaudatoria suficiente para garantizar los derechos ciudadanos y las políticas sociales, así como para corregir la desigualdad. No bastan grandes y bonitas palabras sino concreciones palpables.

Lo primero que hay que recordar es la necesidad de alcanzar un nivel de presión fiscal similar al del resto de países de la eurozona (especialmente de los más avanzados) a través de la reducción de privilegios de determinadas rentas, patrimonios y actividades.

Hay que insistir: es falso el debate de subir o bajar impuestos. No hay que subir impuestos a la generalidad de la ciudadanía sino conseguir que paguen más los que hoy soportan una carga tributaria muy inferior a su capacidad de pago. En una frase: que rentistas y millonarios no paguen menos (ni absoluta ni relativamente) que quienes viven de su trabajo asalariado.

Por ello, el primer objetivo de cualquier programa en materia tributaria ha de priorizar que los ultrarricos contribuyan de acuerdo con su elevada capacidad de pago, es decir, en una proporción mucho mayor a la que actualmente soportan: los multimillonarios pagan proporcionalmente menos impuestos que la mayoría de la población. El 1% más rico soporta una presión tributaria total (24’1%) inferior a la que paga el 10% con menores ingresos (27’5%), y mucho menos que el 9% más rico que les sigue en la escala (38’9%), según datos de FEDEA.

Esos mismos colectivos privilegiados son los primeros en enriquecerse con contratos y ayudas públicas y en solicitar socorro cuando acaece alguna catástrofe.

Resulta difícil conseguir que los multimillonarios paguen lo justo en el IRPF. Podría avanzarse igualando el tratamiento de las rentas de trabajo y capital y limitando los incentivos y deducciones que les facilitan la elusión fiscal.

Pero es en la imposición patrimonial donde debe centrarse el primer esfuerzo. Dado que las herencias explican el 70% de las desigualdades existentes, es imprescindible implantar un impuesto sobre las grandes herencias con características semejantes al que se ha arbitrado sobre las grandes fortunas.

Es preciso revisar el mismo impuesto del patrimonio para que cumpla mejor su función de impuesto redistributivo y contribuya a reducir las desigualdades. En primer lugar, restringiendo el concepto de patrimonio profesional o empresarial y de las participaciones en entidades, que supone una merma muy importante en la base del impuesto, especialmente para los grandes contribuyentes. En segundo lugar, corrigiendo al alza de forma progresiva el techo de tributación conjunta con el IRPF, que genera desigualdades entre contribuyentes y permiten la evasión de las grandes fortunas.

El segundo esfuerzo ha de centrarse en las sociedades. La propiedad y los beneficios obtenidos por estas se concentran de forma manifiesta en los estratos más ricos de la población que, además, se escudan en ellas para ingenierías fiscales que les permiten eludir buena parte de sus obligaciones tributarias.

Es preciso consolidar (si no elevar) el tipo mínimo efectivo del 15% sobre el resultado contable de las empresas y grupos empresariales. También aquí la revisión drástica de todos los incentivos, compensaciones, deducciones y exenciones fiscales existentes que reducen la recaudación de forma significativa y poco equitativa, con escasa o nula aportación de valor económico o social y sesgo claramente favorable para las grandes empresas.

Hay que exigir la imposición sobre beneficios extraordinarios, ya sean «caídos del cielo» por factores externos a la pura actividad empresarial, ya sintomáticos de situaciones de poder monopolístico en mercados de escasa competencia.

Aunque desborda el marco nacional, hay que continuar impulsando el rediseño del sistema fiscal internacional para que logre que las grandes empresas tributen por la parte justa de beneficios reales que les corresponde, allí donde realizan sus operaciones y generan valor, sobre la base de toda su cadena de valor.

En esa línea, hay que acordar una definición exigente de refugios (paraísos) fiscales, un listado de territorios considerados como tales con base en esa definición y el establecimiento de sanciones por su uso y de otras medidas como la exclusión o penalización en la fijación de criterios para la contratación pública de empresas con presencia en refugios fiscales.

Hay que reforzar el impuesto a las transacciones financieras, para que se aplique ampliamente a la compraventa de acciones, bonos y derivados, que desincentive las prácticas financieras especulativas y garantice el destino social de los fondos que genere.

En el avance con la denominada imposición verde, debe incluirse el gravamen de los consumos suntuarios especialmente contaminantes.

Es preciso impulsar la reforma del sistema de financiación autonómica, de forma que se reduzcan las desigualdades entre territorios y se incrementen los recursos de las Comunidades Autónomas, en las que recaen las principales competencias en las prestaciones sociales como educación, sanidad, dependencia o vivienda.

Es urgente revisar los incentivos y desincentivos del sistema tributario en relación con la vivienda, de forma que deje de favorecerse la demanda solvente por sí misma, se penalice la inversión especulativa y se acelere al máximo la cooperación entre administraciones y el crédito oficial para la urgente construcción de un parque público inalienable de vivienda de alquiler asequible.

Es esta una enumeración rápida de los aspectos que aparecen como más relevantes para un avance imprescindible hacia la equidad, la progresividad y la suficiencia de nuestro sistema fiscal. Porque sin justicia fiscal no hay justicia social. Y así deben recogerlo los programas electorales.

Juan A. Gimeno: rector emérito de la UNED, coordinador de la plataforma por la Justicia Fiscal y Vicepresidente de Economistas frente a la crisis.

Fuente: El Salto

Claudia Delso lleva años moviéndose entre la investigación urbana, la gestión cultural y la política institucional. Entre 2015 y 2022 fue concejala de Participación e Innovación Democrática, una experiencia que le dio una perspectiva poco común: la de quien ha estado dentro de la máquina intentando cambiarla. Hoy investiga en IDRA las formas de colaboración entre Administraciones y tejido social, y participó como ponente en el Eje 5 de las Jornadas de REAS Navarra para la Justa Distribución de la Riqueza, en el marco del proyecto COOPUBLIC de REAS Red de Redes, donde volverá a ser ponente con una charla inspiradora este viernes 9 de septiembre en un encuentro estatal online. Su diagnóstico es claro y sin concesiones: la coproducción público-comunitaria no es una concesión de la administración. Es una disputa.

Empecemos por el principio. ¿Cómo defines la coproducción público-comunitaria?
Creo que lo más útil es empezar por lo que no es, o por lo que no debería ser. La coproducción no es participación ciudadana, no se trata de que la administración deje opinar, llame para consultar y basta. Tampoco debería ser que la administración ceda un equipamiento de vez en cuando. Esos pequeños gestos son de mínimos, pero ya no son suficientes.

Vivimos en una momento de crisis múltiples, crisis superpuestas e interconectadas: el auge de las extremas derechas, las economías de guerra, el acaparamiento de los recursos, etc. Ante eso, las respuestas simples no funcionan. No sirven las respuestas tecnócratas como tampoco sirven las respuestas que provienen exclusivamente del mercado. En todo esto hay algo que es evidente y es que las administraciones públicas por si solas no están siendo capaces de dar respuesta a los retos de nuestra época.

Entonces la coproducción público-comunitaria es, una respuesta pero es ante todo, una disputa. Una disputa sobre quién produce lo público. Tenemos que concienciarnos de que desde las ESS y las economías comunitarias, estamos haciendo una función pública. Tenemos que dejar de pedir permiso para que se nos reconozca y exigirlo, quizás con más contundencia.

¿Una disputa frente a qué exactamente?
Frente al acaparamiento. Hemos perdido el control colectivo sobre bienes esenciales: la vivienda, la alimentación, la energía, la salud, la cultura. Y para recuperar ese control hay que democratizar la economía. Y para democratizar la economía hay que planificar de forma plural. Ahí es exactamente donde entra la colaboración público-cooperativa-comunitaria: como una forma de planificación económica que subordina los recursos a finalidades sociales, democráticas y ecológicas.

No es una sustitución de lo público. Es un trabajar con, pero desde un lugar de reconocimiento mutuo. Esa es la diferencia clave.

¿Qué cambia en la política pública cuando la ESS entra en toda la concepción del proceso?
Cambia la lógica económica y democrática que hay detrás. Cambia quién ejecuta. Cambia qué entendemos por valor. Y se produce una transformación institucional que es real, aunque lenta.

Las colaboraciones público-cooperativas-comunitarias generan soberanía económica, retorno social y nuevas formas de ciudadanía económica en un sentido muy amplio. Y los valores que aporta la economía social —arraigo territorial, sostenibilidad, cuidados, gobernanza democrática, resiliencia comunitaria— tienen que poder medirse. Tenemos que ser capaces de imaginar indicadores de reciprocidad, indicadores ambientales, etc. Existen herramientas como el balance comunitario, que ya se está aplicando en Barcelona en los equipamiento de gestión comunitaria que camina en esta dirección.

Pero también hay que hacer autocrítica: demasiadas veces las relaciones público-comunitarias han respondido a soluciones contingentes, fruto de la presión vecinal y social en un momento dado. Conseguimos una cesión porque había masa crítica suficiente para picar piedra. Eso no puede ser el modelo. Hay que exigir acción pública planificada y decidida, no victorias puntuales que desaparecen con el siguiente gobierno. Y también tenemos que ser conscientes de las diferencias que existen según el contexto. No existen las mismas condiciones de partida en una ciudad como Barcelona con toda su tradición cooperativista y colectiva que en el contexto del que yo vengo, Galicia, en el que décadas de gobierno del PP dificultan sobremanera la consolidación de este tipo de colaboraciones público-cooperativas-comunitarias, a medio-largo plazo.

La sostenibilidad agrícola se ha transformado en un factor estratégico obligatorio para las empresas europeas debido a la convergencia de la crisis climática, la volatilidad financiera y un marco regulatorio de la Unión Europea cada vez más estricto. Las cadenas de suministro globales ya no pueden tratar el compromiso ambiental y social como una opción voluntaria, sino como un requisito indispensable para la continuidad del negocio y el acceso al mercado.

La distribución del valor y del riesgo en el comercio internacional es profundamente desigual, lo que condena a los pequeños agricultores del Sur global a una situación de extrema vulnerabilidad económica. Aunque conectan diariamente a millones de consumidores con productos básicos como el café, el cacao o el azúcar, los ingresos que perciben suelen ser insuficientes para cubrir los costes mínimos de una producción sostenible y hacer frente a las oscilaciones de los precios del mercado.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR). Esta realidad ha convertido la sostenibilidad, antes un compromiso voluntario, en una obligación estratégica y legal para las empresas de España y Portugal.

Fairtrade Ibérica actúa como un conector estratégico entre pequeños agricultores del Sur global y el mercado ibérico, implementando un modelo de comercio justo basado en el Precio Mínimo y la Prima Fairtrade para asegurar la viabilidad económica y social. Con la certificación independiente de FLOCERT, la organización facilita el cumplimiento de las nuevas regulaciones europeas, como la CSDDD y el EUDR, garantizando la trazabilidad y la sostenibilidad en las cadenas de suministro. El modelo Fairtrade se consolida así como una herramienta indispensable tanto para la justicia social en origen como para la mitigación de riesgos regulatorios en las empresas europeas.

Las cadenas de suministro agrícolas afrontan una transformación radical debido a la crisis climática, la volatilidad de los mercados y el endurecimiento regulatorio de la Unión Europea (CSRD, CSDDD, EUDR).

Fairtrade evoluciona de un sello de certificación a una plataforma integral de transformación social y ambiental. Esta hoja de ruta internacional reconfigura las prioridades globales para abordar de forma directa las causas estructurales de la pobreza rural y la vulnerabilidad en origen, dotando a las cooperativas agrícolas de las herramientas necesarias para resistir las crisis climáticas y financieras del mercado contemporáneo.

Elegir productos con el Sello Fairtrade implica apostar por un modelo económico global basado en la dignidad, la transparencia y el respeto por el planeta.

Autor: Álvaro Goicoechea, Director de Fairtrade Ibérica.

Fuente: Bio Eco Actual

Para canalizar la capacidad propositiva de su base social de más de 87.000 personas y entidades socias, Som Energia creó la moción: un mecanismo por el que cualquier propuesta que llegara desde abajo se centralizaba en su plataforma Decidim, el Participa. Se valoraba técnicamente, y si reunía un mínimo de 500 apoyos llegaba a votación en la Asamblea General.

El problema apareció después. «La Asamblea no tiene todo el contexto y no es consciente de los recursos limitados de la cooperativa pese al crecimiento», explicó Mònica Gifreu, del equipo de Cultura Cooperativa de Som Energia, en la mesa sobre tecnología y democracia cooperativa de la Universitat d’Estiu del Cooperativisme (UESCOOP) de este año. Toda propuesta aceptada acababa aprobada en Asamblea, y el resultado fue un repositorio de compromisos que el Consejo Rector no daba abasto a ejecutar.

¿Quién dice que algo no se puede hacer?

La respuesta de Som Energia fue dejar de centralizarlo todo. En lugar de recoger propuestas en un único embudo, se pasó a proponer temáticas a explorar a partir de lo que iba llegando por los distintos canales de comunicación y participación. Y ahí llegó la segunda sorpresa, porque la base social pidió volver atrás. «Querían recuperar el canal único, no manipulable, donde toda propuesta que llega desde la base social es visible para todo el mundo con su documentación y sus valoraciones», explicó Gifreu. La alternativa que encontraron no fue renunciar al filtro, sino discutir quién tenía que aplicarlo: modificar el órgano que decide qué propuestas siguen adelante, quizá una comisión formada por todos los órganos.

Lo que se encontró Som Energia es una discusión mucho más interesante que la de siempre porque, al estar atravesada por el filtro de la digitalización, ayuda a pensar dónde se coloca el punto en el que alguien dice que algo no es viable y con qué legitimidad lo dice. Som Energia probó a colocarlo aguas arriba, en la entrada de propuestas, y su base social respondió que prefería tenerlo aguas abajo, pero visible.

En el coloquio sobre economía social y solidaria de las VI Jornadas de Autodefensa Laboral de Jaleo, recogido en estas mismas páginas, una de las claves más señaladas fue justamente la democratización del conocimiento. Específicamente se hace referencia a la participación real, que requiere que todas las personas puedan comprender la información económica, participar en la gestión y acceder a procesos de formación continua, porque cuando el conocimiento estratégico queda concentrado en una minoría la democracia se convierte en una mera formalidad. El caso de Som Energia enseña la otra cara del mismo enunciado. Se puede socializar la propuesta sin socializar el conocimiento sobre los límites materiales de la organización. Y entonces la asamblea vota bien cosas que no pueden pasar.

No es un detalle menor para un movimiento que sitúa la cooperación entre sus principios rectores y la define, en la Carta de Principios de la Economía Solidaria de REAS, como una propuesta de autoorganización orientada a construir relaciones económicas colaborativas, democráticas y transparentes. Colaborativas, democráticas y transparentes a la vez: ahí está la dificultad.

De la consulta ciudadana al censo de personas socias

Conviene aclarar de qué hablamos cuando hablamos de estas plataformas de gobernanza y participación digital.

En la base está Decidim, la plataforma de software libre de participación nacida en Barcelona y hoy utilizada por administraciones, movimientos y organizaciones de medio mundo. Sobre ella, cada entidad monta su propia instancia y la adapta. El Participa de Som Energia es una de ellas. Al ser código abierto, la plataforma puede alojarse en máquinas contatadas por las propias cooperativas, y los datos de sus socias no viajan a servidores de terceros. El código se puede auditar y la organización puede alojar la plataforma donde quiera, cambiando de proveedor si lo ve necesario. Para un sector que reivindica la soberanía tecnológica esto no es un detalle menor, dado que la herramienta con la que decides no debería pertenecer a alguien que pueda cambiar sus condiciones de uso mañana.

Pero Decidim se pensó para la gobernanza pública —consultas ciudadanas, presupuestos participativos, procesos municipales— y las cooperativas tienen otras necesidades tales como asambleas con validez jurídica, censos de personas socias, votaciones con garantías, órganos de gobierno con mandatos y relevos. Ahí nace Cercles.coop, impulsada desde 2020 por la Confederación de Cooperativas de Catalunya (CoopCat), financiada de forma colectiva entre varias cooperativas y gestionada actualmente por Colectic, que es además partner oficial de Decidim.

Cercles.coop no se presenta como un programa, sino como un repositorio de recursos de código libre para la gobernanza digital cooperativista. Incluye una plataforma de votación segura con actas generadas automáticamente, la posibilidad de celebrar asambleas virtuales con transmisión en directo, soporte técnico y una guía de participación descargable para programar reuniones de manera autogestionada. En el terreno jurídico, promete trazabilidad de la información y protección de los datos personales, que es exactamente el punto donde las cooperativas suelen ir a ciegas. Y en el terreno del proceso, permite desde consultas simples hasta procesos colaborativos complejos y grupos de trabajo estables.

Lo que no hace, y conviene decirlo, es sustituir el trabajo de fondo. No decide qué se pregunta ni cuándo, no reparte el poder dentro de la cooperativa, no repara conflictos que la organización no quiere abordar y no incorpora por sí sola a quien está al otro lado de la brecha digital. Tampoco es gratis, si no que implica implantación, formación y mantenimiento, y ese coste recae sobre entidades que muchas veces trabajan al límite y con pocos recursos. Una plataforma puede dar la sensación de memoria colectiva mientras acumula documentos que nadie lee.

En la misma dirección apunta el trabajo del propio proyecto Decidim. Elsa Boloix, responsable de comunicación y comunidad, explicó en la mesa que se ha desarrollado un nuevo componente de elecciones pensado para cooperativas, que permite configurar las preguntas de forma sencilla y contempla el voto delegado y ponderado. En el coloquio de Jaleo, José Luis Carretero recordaba precisamente el voto delegado de las asambleas de la Barcelona de 1936 como modelo a revisitar. El debate sobre cómo se representa una voluntad colectiva grande no lo ha abierto la tecnología, lo ha heredado.

El legado que se marcha con el mandato

Hay un segundo problema del que se habló en la mesa y que casi nunca aparece en los debates sobre digitalización, porque no se arregla comprando nada.

Las personas que pasan cuatro años en un Consejo Rector acumulan aprendizajes, debates, red de contactos, criterio. Y cuando termina el mandato, se van con todo puesto. «Uno de los retos de las organizaciones es que el conocimiento adquirido por la experiencia vivencial de las personas en el día a día no se pierda cuando se van a casa», señaló Gifreu. Lo que se hereda, o no, es la capacidad de resolver problemas.

En esta dirección, Som Energia está construyendo espacios propios para sus órganos de gobierno: uno de socias activistas y otro del Consejo Rector. La idea es tener un registro vivo de los debates que ya se han tenido, desde perspectivas distintas, para que nadie empiece de cero. El reto, tal como lo planteó Gifreu, es que ese legado quede fijado y accesible sin convertirse en una acumulación de información, con conocimiento dinámico y actualizado. Es el mismo riesgo que la ESS lleva años nombrando como mal de estructura: que una entidad acabe dedicando más energía a sostenerse a sí misma que a cumplir el objetivo que le dio origen. Documentar por documentar también es estructura.

Llegar a la asamblea con el trabajo hecho

Del lado de las cooperativas medianas, Núria Alonso, socia de Colectic, describió un uso distinto del que suele asociarse a estas plataformas, más allá del sistema de votación. Colectic lo ha aplicado, por ejemplo, a su propio debate sobre igualdad salarial, uno de esos temas que en cualquier cooperativa consume asambleas enteras sin llegar a ninguna parte.

«El recorrido fue por fases; primero una encuesta a las socias para saber de dónde partían las posiciones, después la publicación en la plataforma de los informes y la documentación económica que hacían falta para opinar con criterio, luego un foro donde discutir con ese material», explicó Alonso. «A la asamblea presencial se llegó con la deliberación avanzada y con los puntos de fricción identificados, que era exactamente lo que había que resolver entre todas y en persona».

El tema no es menor en un sector que se mide precisamente por ahí: la Auditoría Social de 2025 sitúa la diferencia salarial media de las entidades de la ESS en 1,7. Detrás de esa cifra hay decenas de discusiones internas como la de Colectic, y la diferencia entre llegar a ellas con datos compartidos o llegar a pelo.

Esta forma de entender la herramienta digital como un espacio interno permanente de debate abierto, que ordena el proceso entero en lugar de digitalizar solo su último minuto, es una de las posibilidades de Cercles.coop. Y es también, según Alonso, la excepción más que la norma. «Cercles.coop se usa principalmente para votar, pero en Colectic aprovechamos su potencial de recogida, priorización y trabajo interno de temas, y para la elaboración colaborativa de protocolos: funcionalidades que están disponibles para todas y apenas se tocan».

La pregunta que quedó abierta en el debate es si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o simplemente de falta de tiempo para explorarla. Nadie la respondió, y probablemente no tenga una sola respuesta. Lo que el caso de Colectic sugiere es que el salto no es tecnológico sino metodológico. Alguien tiene que diseñar el recorrido, decidir qué se pregunta primero, qué documentación hace falta y en qué momento se cierra el foro. La plataforma sostiene ese diseño; no lo sustituye.

El derecho cooperativo que se escribe sobre la marcha

Montse Altaba, abogada especializada en derecho cooperativo e integrante del equipo jurídico de Som Energia, aportó la capa que suele faltar, porque hay prácticas que las cooperativas dan por seguras y no lo son del todo.

Las garantías legales de las asambleas generales y los consejos rectores telemáticos admiten una regulación mucho más amplia por Estatutos y reglamento de régimen interno de la que la mayoría de entidades desarrolla. Hay riesgos que casi nadie contempla, empezando por la suplantación de identidad. Hay supuestos en los que el voto debe ser anónimo. «Y hay derechos de las personas socias que tiran en direcciones opuestas: la participación digital abre espacios democráticos a quien vive lejos y a la vez puede discriminar a quien está al otro lado de la brecha digital», explicó Altaba.

Esa tensión conecta con una pregunta que la ESS se hace desde hace tiempo y que en el coloquio de Jaleo se formuló sin anestesia: quién puede permitirse participar en espacios militantes por la mañana. La participación digital amplía el acceso de unas y lo estrecha para otras, y ninguna de las dos cosas se resuelve con un manual de usuario. La Carta de REAS incluye entre sus principios la equidad, entendida como la construcción de espacios habitables en los que cualquier persona pueda participar desde el reconocimiento de su diversidad. Una asamblea telemática puede ser un espacio así o exactamente lo contrario, según a quién deje fuera.

Altaba subrayó además algo que debería leerse como una advertencia y no como un consuelo: «la práctica del día a día construye derecho cooperativo». Es decir, que lo que hoy hacen las cooperativas sin cobertura clara será mañana el estándar.

Discutir el poder, no los principios

Ninguna de las cuatro intervenciones prometió que digitalizar resuelva la gobernanza. Lo que dejaron sobre la mesa es algo más incómodo y también más útil: cuando una cooperativa crece, las decisiones que antes se tomaban de manera informal —quién decide qué se debate, con qué información y en qué momento— tienen que escribirse en alguna parte, y una plataforma obliga a hacerlo. A partir de ahí esas decisiones se pueden discutir, cambiar o impugnar, cosa que no ocurre mientras viven en la cabeza de quien lleva más tiempo en la casa.

Sostener eso cuesta tiempo, dinero y formación, y ahí aparece un riesgo que la ESS conoce bien, el de que la participación acabe siendo un lujo al alcance de quien puede dedicarle horas. Cuando la deliberación se descuida la organización no se para, sino que sigue funcionando, a veces incluso mejor, con menos gente decidiendo. Es la vieja contradicción que Rosa Luxemburgo apuntó en Reforma o revolución y que las cooperativas siguen habitando: competir en un mercado que premia la rapidez mientras se sostiene una manera de decidir que necesita justamente lo contrario.

El balance de la mesa, visto de golpe, parece pobre. Som Energia no ha cerrado su debate interno sobre dónde colocar el filtro y quién debe aplicarlo. Colectic constata que la mayoría de cooperativas no usa ni la mitad de lo que la plataforma permite, y cuando se preguntó si eso responde a un problema de herramienta, de cultura organizativa o de falta de tiempo, nadie se atrevió a cerrar la respuesta. Decidim ofrece componentes y no soluciones. Y el marco legal va por detrás de lo que las cooperativas ya están haciendo. Ninguna de las cuatro ponentes salió de allí con una receta. Lo que sí hubo fue una conversación muy concreta sobre cómo se organiza la deliberación antes de llegar al voto y quién se hace cargo de esa parte, que es justo donde las cooperativas tenemos menos referencias compartidas y más ganas de encontrarlas. Los principios los tenemos escritos desde hace décadas, y también los quórums y las mayorías; lo que apenas hemos empezado a poner por escrito es quién decide qué llega a votación, cómo y con qué información delante.

Fuente: El Salto

Algunas de las señas de identidad fundamentales de las economías feministas, ecológicas y solidarias (en adelante economías FES) son su funcionamiento democrático, su redistribución de la riqueza dentro y fuera de las empresas, y su vocación de contribuir al equilibrio ecosistémico. El desarrollo real de estos tres ejes (democracia, justicia y sostenibilidad) requiere trascender el capitalismo, lo que a su vez pasa por articular sociedades alrededor de los comunalismos.

Las economías FES dentro del capitalismo

Viviendo como vivimos en una sociedad y una economía capitalista, discernir qué es el capitalismo puede resultar de perogrullo, pero no lo es. No es fácil identificar la esencia del sistema que articula nuestras vidas.

El capitalismo es una organización socioeconómica que se articula alrededor del mercado. Las personas no producimos los bienes y servicios que necesitamos y deseamos, sino que los tenemos que comprar. Dicho de otro modo, un elemento esencial del capitalismo es que la personas no tenemos autonomía económica.

Este mercado es altamente competitivo. Cada una de las personas y de las empresas que participan en él luchan entre sí por su supervivencia. Una empresa que no coloque su mercancía, termina quebrando. Una persona que no venda su fuerza de trabajo, acaba en la miseria.

Esto no quiere decir que el mercado no tenga ningún tipo de reglas. Las tiene, pero la mayoría son regulaciones que no alteran el marco competitivo. Por ejemplo, fijar unos mínimos estándares de calidad no limita la lucha entre las empresas. Del mismo modo, pactar unas condiciones laborales basales en los convenios colectivos no garantiza el empleo, sino que permite que este sea menos precario o duro.

En todo caso, sí hay reglas que permiten desmercantilizar, al menos parcialmente, algunos bienes y servicios. Por ejemplo, quienes trabajan en la administración pública han tenido que competir por su puesto de trabajo a través de unas oposiciones, pero, una vez que lo consiguen, no tienen que continuar esa disputa social. O quienes acceden a los servicios públicos lo hacen sin mediación monetaria directa. En todo caso, en realidad los servicios públicos están dentro de la lógica mercantil en nuestro contexto. En primer lugar, porque pivotan sobre un ecosistema de empresas privadas como proveedoras. Pero, sobre todo, porque su financiación depende de fondos públicos, fondos que a su vez se obtienen mediante impuestos y préstamos financieros, que a su vez están anclados a mercados capitalistas.

Se podría decir que esto no tiene que ser necesariamente así, que el Estado es capaz de crear su propio dinero sin recurrir al mercado. No es este el lugar para discutir en profundidad la Teoría Monetaria Moderna que propone esta autonomía, pero en esencia esto no es posible en el capitalismo porque la creación de valor que respalda la creación de dinero se realiza en el proceso productivo mediante el trabajo humano sobre la naturaleza. Crear dinero que no esté respaldado por el valor producido por el trabajo humano es un ejercicio que genera burbujas financieras que, tarde o temprano, terminan por estallar.

Retomemos el hilo de la lucha por la supervivencia en el capitalismo. Una consecuencia de esto es la acumulación, porque los entes que compiten en el mercado tienen más posibilidades de éxito cuanto más capital son capaces de acumular y movilizar. No hace falta recurrir al egoísmo para explicar la acumulación en el capitalismo.

Y no solo la acumulación, sino la falta de capacidad real de tomar decisiones. Aunque existen agentes sociales con mayor poder que otros, incluso estos están compelidos a orientar sus estrategias a las exigencias de la competitividad: maximizar el beneficio. Así, el capitalismo es un sistema que se reproduce sin que ningún poder político o empresarial tenga control profundo sobre su dinámica (otra cosa es que las élites obtengan provecho de dicha dinámica).

Como el capitalismo obliga a empresas y personas a competir incesantemente para sobrevivir, esa supervivencia pasa por concentrar capital y el capital se genera en el proceso productivo a través del trabajo humano sobre los bienes naturales, la explotación laboral y la degradación ecológica no son una opción en el sistema, sino una necesidad.

Esta pulsión socio y ecocida se puede moderar mediante normativas, como un salario mínimo digno, un tope de horas de trabajo a la semana, la prohibición de los medios de producción más contaminantes o la obligación de reducir los desechos más dañinos. Que esto se consiga depende de la correlación de fuerzas sociales. Pero, en todo caso, este tipo de medidas chocan al menos con dos límites dentro del capitalismo.

El primero es que la competitividad obliga a un incremento incesante de las ventas. Las mercancías pueden producirse en condiciones más o menos dignas y respetuosas con el medio, pero si esta producción crece es inevitable que los impactos ambientales en un planeta finito también lo hagan, pues no hay actividad económica que no requiera de materia y energía. Además, en el capitalismo industrial no vale cualquier tipo de materia y energía: el sistema está unido al uso masivo de los combustibles fósiles y de minerales, y no puede tener una base renovable (ni siquiera en China). Es decir, la degradación ecosistémica no es una opción, ya que poner límites fuertes a la producción significa entrar en crisis.

El segundo límite es que la falta de autonomía económica de la población hace que sea un agente de su propia explotación. Cuando hay que elegir entre comer y tener un empleo con bajas condiciones laborales y ecológicas, la elección está clara. De este modo, una y otra vez, aparecen territorios donde desplazar la producción para revertir los procesos exitosos de lucha sindical, las huelgas son reventadas por esquiroles o la población de los territorios más empobrecidos pide la instalación de las fábricas más contaminantes. Y ni siquiera es necesario que la elección sea entre el hambre y el empleo. Al ser el capitalismo un sistema generador de fuertes desigualdades, esto produce en los seres humanos un intento sostenido por medrar, lo que pasa necesariamente por conseguir recursos económicos.

No es que sean inútiles las luchas sindicales y ecologistas y que no puedan tener éxitos, que desde luego son necesarias y los tienen, pero son como la maldición de Sísifo: una carrera sin fin en la que los avances son seguidos de retrocesos. Es un trabajo que nunca lleva a una sociedad realmente justa, democrática y sostenible si no se rompe con el sistema capitalista. Y la piedra es tanto más pesada cuanto más global sea la economía (más fácil es encontrar nuevos territorios «dispuestos» a altas tasas de explotación), más desigual (más incentivo a aumentar los niveles de consumo de las poblaciones más empobrecidas) y más cerca de los límites ambientales (más escasez y por lo tanto más posición competitiva para quien atesora esos bienes). Justo las condiciones que se dan en la actualidad.

Una última consecuencia de la competitividad y de la falta de autonomía de la población es que los trabajos productivos priman sobre los reproductivos, los de cuidados, ya que son los primeros los que generan capital, los que sostienen la competitividad de una empresa, y no así la mayoría de los segundos. Por eso en el capitalismo los cuidados, por más que son imprescindibles para que todo funcione, están en los escalafones más bajos de remuneración, cuando la tienen, y valoración social. Y, la misma razón que empuja a rebajar las salvaguardas ambientales y laborales, presiona de manera constante a centrar los esfuerzos en los trabajos productivos y no en los de cuidados. En todo caso, esto no es solo cuestión del capitalismo, sino también del patriarcado y el colonialismo. Los tres sistemas operan de manera sinérgica.

Dicho todo esto con un ejemplo. En una cooperativa se ha podido conseguir que la propiedad de la empresa sea de quienes trabajan en ella, la actividad tenga sentido ecosocial, la toma de decisiones sea democrática, se primen los cuidados, no existan escalas salariales y el superávit revierta en la mejora social y ecológica. Sin embargo, todo esto, dentro del marco de la economía capitalista, solo se podrá sostener mientras la empresa sea competitiva. Si deja de serlo, las personas socias decidirán que se reducen el sueldo, recortarán la atención a los cuidados, cambiarán las líneas de negocio hacia otras menos ecosociales (o por lo menos buscarán incrementar las ventas, sea esto necesario o no socialmente) y/o parte de las personas socias dejarán de recibir un sueldo porque no hay trabajo para ellas. Y esta decisión, por más que se tome en una asamblea, no será realmente democrática, pues vendrá impuesta por el mercado. Alternativamente, esa cooperativa podría sostener sus condiciones gracias a que se encuentra en un territorio enriquecido del planeta que succiona recursos materiales, energéticos, humanos y monetarios del resto en base a relaciones de explotación.

Esto no es un ejercicio de nihilismo. Las luchas sociales que han conseguido dentro del marco del capitalismo mejoras socioecológicas son necesarias. Es indudablemente mejor para la vida que la economía FES crezca, incluso dentro de una sociedad de mercado, pues ralentiza el poder destructor del capitalismo y abre posibilidades a cambios realmente transformadores.

En conclusión, aunque es habitual sostener que plantear el fin del capitalismo es un programa de máximos poco realista, puede ser que lo que no sea realista sea defender que se van a poder realizar avances significativos hacia la justicia, la democracia y la sostenibilidad dentro de él. Salir del capitalismo sería un programa de mínimos.

La economía FES fuera del capitalismo

Si el capitalismo es una sociedad de mercado en la que las personas han perdido su autonomía económica y requieren de dinero para sobrevivir, una economía no capitalista debe estar articulada alrededor de la autonomía, la desmercantilización y la desmonetización. Esto es imposible conseguirlo en solitario, por lo que hacerlo dentro de parámetros FES requiere del comunalismo.

¿Por qué comunalista y no estatalista? Conocemos experiencias históricas de Estados que, a través de un sistema de servicios públicos han reducido el espacio del mercado avanzando hacia sociedades menos desiguales. Sin embargo, aunque se trata de un avance indudable, es un recorrido que choca con tres límites infranqueables.

El primero es que una concepción de la satisfacción de las necesidades de este tipo no avanza hacia la autonomía. Ni la económica ni la política, pues ambas dependen del Estado. Supedita la capacidad de decisión y acción a la correlación de fuerzas estatal y desplaza hacia el control del Estado las opciones de acción. En una sociedad comunal, no solo son las comunidades las que tienen la autonomía política y económica, sino que solo dependen de ellas y sus relaciones con otras. El campo de juego son las propias comunidades y no un terreno ajeno.

Un terreno ajeno que no es neutral. Y este es el segundo límite infranqueable. En la dilatada historia del Estado han existido formatos muy distintos. También una miriada de intentos de hacerlo una herramienta que estructurase sociedades justas y democráticas. Fruto de esto, desde luego han existido Estados más deseables que otros, pero no hay ningún ejemplo de un Estado justo, democrático y sostenible. Tras 6.000 años de intentarlo, tal vez es el momento de reconocer que una estructura que escinde la toma de decisiones de la sociedad (una de las características estructurales del Estado), no puede alumbrar sociedades realmente ecosociales.

El tercer límite es que en la actualidad Estado y capitalismo forman una dupla profundamente interrelacionada. Una dupla en la que, además, el capitalismo es quien marca el paso. Lo hace porque el funcionamiento del Estado depende del mercado para algo tan básico como su financiación y, por lo tanto, su capacidad de acción. Como se apuntaba antes, del buen funcionamiento de la reproducción del capital dependen los impuestos y la emisión de deuda.

De este modo, la meta tiene que ser superar el salario y el mercado como formas dominantes de la economía garantizando colectivamente la subsistencia. Para ello, un elemento central es la construcción de autonomía comunitaria. Esta se potencia en la medida que los proyectos consiguen sostenibilidad ambiental (cierran los ciclos de la materia pudiendo reducir sus necesidades de aportes externos, usan energías y materiales renovables locales que están a su alcance, etc.); están menos especializados o, dicho de otra forma, tienen una actividad económica más variada y por lo tanto son más autosuficientes; tejen redes de apoyo mutuo con otras unidades de producción; o se basan en la frugalidad.

Dentro de la construcción de autonomía, el control de los medios de producción es clave. Control en forma de propiedad comunal, por ejemplo de la tierra o de las herramientas. Pero también en forma de conocimiento: capacidad de construir y reparar las herramientas, competencia para llevar a cabo los procesos productivos, etc.

Por ello, el aparato técnico que permite un control profundo de los medios de producción solo puede estar basado en técnicas humildes acopladas al funcionamiento de la naturaleza. No en técnicas altamente sofisticadas, que solo pueden desarrollarse en sociedades jerárquicas. Primero, porque el conocimiento concentrado en pocas manos es una herramienta de poder que es complicado que no termine utilizándose. Segundo, porque la tecnología compleja requiere de grandes cadenas globales de producción, pues se alimenta de recursos que están diseminados por lugares muy distintos del globo. Lo lejano, y por lo tanto parcialmente opaco, es fuente potencial de explotación. En tercer lugar, el modelo extractivista que requiere la tecnología compleja es imposible que no produzca degradación ecológica. No existe la minería sostenible.

El control de los medios de producción no es solo cuestión de la propiedad y del conocimiento, sino también de los modos de gestión. Es más, la gestión colectiva puede resultar más significativa que el tipo de propiedad formal. Un ejemplo son los huertos comunitarios establecidos en terrenos municipales o privados. De hecho, los bienes comunes se caracterizan fundamentalmente por su gestión comunal.

El control de los medios de producción puede ser un éxito efímero o no darse nunca si no existe también autonomía en la defensa. Esta defensa debe ser efectiva, aplicar el mínimo grado de violencia posible para el contexto social existente y que esta sea siempre menor que la de los organismos de poder, propiciando una desescalada de la violencia.

La cuestión no es solo el control de los medios de producción, sino de la vida en general. Saber cómo cuidar a las personas, cómo regular conflictos y organizarnos colectivamente, cómo poner en marcha mecanismos de reflexión y toma de decisiones democráticas, etc. Bajo esta óptica se hace necesaria la integración de la producción y la reproducción en una sola unidad económica. No se deben desligar unos trabajos de otros, ya que ambos se encuentran indisociablemente unidos. Es más, los reproductivos son imprescindibles para que pueda realizarse cualquier trabajo productivo. Son esenciales.

Una sociedad de comunidades autónomas no implica que no pueda existir ningún tipo de mercado. Lo que significa es que no son sociedades «de mercado», sino «con mercado». En una economía de este tipo no se produce para la venta, sino para el uso. Solo se vierten al mercado los excedentes. Un ejemplo serían las huertas rurales en las que la población lleva a la plaza lo que le sobra. En sociedades «con mercado», este es solo un complemento de la vida y debe estar regulado democráticamente por normativas que primen la satisfacción universal de las necesidades básicas de la población con respeto de los límites ambientales.

Algunos de esos mercados se pueden articular alrededor de la donación y la reciprocidad no monetizada, pero estos sistemas requieren del conocimiento y la confianza. Donde esto no existe, hacen falta monedas. El tipo de moneda que articule estos mercados no es irrelevante. Estas sería deseable que no puedan servir como reserva de valor para no facilitar la acumulación, y que tengan límites en su creación anclados a los planetarios.

Asociada a la construcción de autonomía mediante la desmercantilización está la desalarización. En las sociedades capitalistas se distinguen tres grandes tipologías de trabajos: el empleo, los trabajos de cuidados y los trabajos productivos no salarizados, en muchos casos comunitarios. Una economía que construya autonomía consiste en reducir la primera tipología a costa de las otras dos con enfoques FES.

Esto no quiere decir que los trabajos comunales o de cuidados en el ámbito familiar no puedan estar atravesados por relaciones de poder, que desde luego que pueden. Hacer un tránsito desde el capitalismo hacia economías comunales requiere, al tiempo, una transición fuera del patriarcado y del colonialismo. Esta es una transición posible: mientras no existe un capitalismo FES, sí conocemos comunidades y familias con relaciones mayoritarias de apoyo mutuo y solidaridad.

Pero la construcción de autonomía comunal es siempre relativa en el marco de nuestra ecodependencia. Es autonomía de las relaciones de poder impuesto, pero no de la trama de la vida. Analizar la economía bajo el prisma ecologista implica su integración armónica dentro de la lógica de funcionamiento de los ecosistemas. Si los ecosistemas centran su esfuerzo no en el crecimiento, sino en el cierre de ciclos usando energía solar, maximizando la diversidad y con altas tasas de cooperación, las economías humanas necesitan hacer lo mismo.

Una sociedad de este tipo no es una sociedad sin instituciones, sino con otro tipo de instituciones diferentes a las del mercado y el Estado. Dos bases de estas instituciones son que sean comunitarias y tengan como foco el bien común en armonía con el resto de la vida. Continuemos construyéndolas.

Luis González Reyes participa en varias experiencias de la economía feminista, ecológica y solidaria como Garúa, Entrepatios, FUHEM, el Arenero o el GAK Las Carolinas.

Fuente: Alternativas Económicas

La sostenibilidad medioambiental ha dejado de entender de sectores. Administraciones, empresas y entidades sociales comparten hoy la misma exigencia: adaptar su actividad a criterios más responsables, aprovechar mejor los recursos, reducir su impacto y, de paso, explorar las oportunidades que abre la economía verde. La economía social no es ajena a ese reto, y en Castilla-La Mancha lo afronta desde realidades muy dispares: entidades que llevan años incorporando prácticas sostenibles casi sin ponerles nombre y otras que topan con la falta de tiempo, de financiación o de referentes para dar el paso.

A ese diagnóstico se suma una idea que atraviesa buena parte del sector: sostenibilidad e igualdad de género no son caminos paralelos, sino dos dimensiones de un mismo proceso de transformación. Cuidar el entorno y poner a las personas en el centro forman parte, en la economía social, del mismo relato.

Para tomar el pulso al sector en la región —qué se hace ya, qué barreras persisten y qué recorrido queda por delante, también en materia de empleo— hablamos con Luis Enrique Espinoza, presidente de la Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla-La Mancha (REAS), entidad que se integra dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Su diagnóstico parte de una certeza —el sector ya lleva la sostenibilidad y la igualdad en su ADN— y desemboca en un desafío: conseguir que el consumidor y las administraciones reconozcan y premien ese valor añadido, muchas veces intangible, que la economía social aporta a su entorno.

¿Cómo integran la sostenibilidad las entidades de la economía social de la región?

Las familias de la economía social son muy variadas, aunque estamos todas coordinadas en la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha. Y, claro, hay algunas familias que tienen una vinculación estrechísima con la sostenibilidad ambiental. De tal manera que aquellas familias que tienen más relación por su actividad o porque manejan productos que tienen que ver con temas medioambientales, pues están más implicadas.

En el caso de REAS es muy evidente porque todas las entidades integradas comparten el principio de la sostenibilidad como uno de sus principios rectores, pero, en general, en varias familias de la economía social en Castilla-Mancha el tema está muy interiorizado.

Por ejemplo, en las cooperativas agroalimentarias sé que la sostenibilidad cada vez preocupa más. Primero porque su actividad tiene que ver con el medio ambiente y lo que producen cada vez tiene un nivel de calidad mayor, en la medida en que incorporan preocupaciones medioambientales.

Además, todas, todas las familias de la economía social en Castilla-Mancha nos hemos dotado de un distintivo promovido desde la Confederación que pretende diferenciar los productos y servicios que se generan en la economía social. Y ese distintivo tiene que tener algo detrás: una serie de elementos distintivos respecto de otras empresas de la economía. Con ese distintivo, lo que pretendemos es hacer ver que comprar o utilizar servicios de la economía social tiene un plus añadido, de ahí ese distintivo con el que nos queremos diferenciar.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía

Y uno de los elementos diferenciadores es justamente la sostenibilidad ambiental, pero también los temas de igualdad de género, que es otro tema también que tenemos muy interiorizado e incorporado.

Yo creo que cada vez más en la economía social se está apostando justamente por la igualdad de género y la sostenibilidad como elementos diferenciadores respecto de otros sectores u otras empresas de la economía.

¿Qué ejemplos pondría de buenas prácticas que funcionan tanto en materia de sostenibilidad como de igualdad de género?

En el caso de la igualdad de género, aparte de que cada vez es mayor la presencia de mujeres en las empresas cooperativas, asociaciones, fundaciones de la economía social -hasta el punto de que, por ejemplo, en REAS es mayoritaria la presencia de mujeres-, cada vez más entidades de la economía social incorporan planes de igualdad justamente para que ese compromiso sea una realidad. No es solo porque sea obligatorio en función del número de trabajadores que trabajan en la entidad, sino que es un compromiso que está muy asumido y que tiene que ver, como digo, con una enorme presencia de las mujeres dentro de las entidades de la economía social.

Y luego en el caso de medio ambiente, pues te pongo un ejemplo concreto. Cada vez son más las cooperativas y entidades de economía social que apuestan por utilizar energía procedente de fuentes renovables. En buena medida porque también dentro de la economía social hay entidades que están orientadas a la generación de energía renovable. La más conocida es Som Energia, que es una cooperativa de consumidores que nació en Catalunya, pero que ya tiene ámbito estatal y que da servicio a todo tipo de consumidores, también a las empresas.

Cada vez es más frecuente que una cooperativa o una entidad de economía social utilice la energía procedente de una de estas entidades, de una de estas cooperativas, que utiliza 100% de energía renovable. Es una tendencia muy reciente, pero cada vez es más evidente.

Y, por supuesto, podríamos citar a otras que tienen que ver con la recogida selectiva de residuos, con el uso eficiente del agua, etc. En el caso de las cooperativas agroalimentarias, me consta que hay un compromiso muy claro con el tema del ahorro de agua y que cada vez se están incorporando, sobre todo en las cooperativas de segundo grado, las de transformación, se están incorporando mecanismos también de ahorro de agua en la producción.

¿Cómo aprecia el cliente estas cualidades, esta diferenciación que hacen las entidades que trabajan dentro de la economía social? ¿Se valoran ese plus que añadís?

Esa es nuestra asignatura pendiente. Nuestro empeño es justamente que se valore esa diferencia, ese plus que aporta la economía social. La economía social, en definitiva, es una economía que lo que pretende es primar a las personas, primar la preocupación por el entorno, la vinculación al territorio, que lo importante no es el beneficio económico. Que hay que tenerlo obviamente para sobrevivir, pero que no es sustancial porque hay un capitalista que se lucre del trabajo, sino que son los trabajadores los dueños de la empresa, de la cooperativa o de la entidad.

En definitiva, es una serie de valores que nos permiten decir que somos diferentes y que somos mejores, es decir que nuestra actividad no solamente es importante desde el punto de vista de los trabajadores, sino que también somos buenos, entre comillas, para nuestro entorno social y natural.

Entonces nuestra dificultad o lo que tenemos que conseguir es, por un lado, poner en números ese plus, ese valor añadido que tenemos, es decir, hacer ver que incorporar trabajadores en riesgo de exclusión a nuestras entidades, el que haya cada vez más mujeres, el que tengamos en cuenta los temas medioambientales o nuestro arraigo en el territorio rural, por ejemplo, eso es un plus que hay que contabilizar y hay que incorporar para hacer un balance también económico de lo que supone el que haya este sector de la economía en nuestra región o en nuestro país.

Y en esa línea de hacer ver a los consumidores está el distintivo que te comentaba que ha puesto en marcha la Confederación de Economía Social en Castilla-La Mancha. Un distintivo que haga ver también a las personas, a los consumidores de productos y de servicios que comprar o utilizar servicios de la economía social significa un valor añadido, ya que la economía social genera unos beneficios que son muchas veces intangibles, pero que están ahí. Ese es el trabajo que estamos haciendo ahora, que el consumidor sepa que este producto, este servicio, procede de la economía social y que tiene un valor añadido que merece la pena apostar por él.

Aparte de esa, ¿hay otras barreras para la economía social? Y en el lado opuesto, ¿qué oportunidades y retos en positivo tenéis por delante?

Dificultades hay más, no solamente que no se distinga o que no se valore lo que aporta la economía social desde el mercado. Pero para aplicar criterios de sostenibilidad o de igualdad de género hay más problemas. Por ejemplo, imagínate que una entidad pretende utilizar productos reciclados o de cercanía o cualquier tipo de mejora medioambiental que se te ocurra. Pues en muchas ocasiones ese producto o no está disponible o es difícil de acceder a él o tiene un precio que quizás sea un poquito más alto que el producto convencional.

Y luego también nos cuesta mucho encontrar ese tipo de productos medioambientalmente sostenibles dentro del ámbito de la propia economía social y eso es un hándicap porque uno de los objetivos que tenemos dentro de la economía social es consumir cada vez más dentro de la propia economía social. Y en muchas ocasiones no es fácil encontrar esos productos dentro de nuestras entidades.

También muchas veces hay que luchar contra las inercias. Esto que te comentaba antes del uso de la energía por fuentes renovables, pues también en ocasiones no se hace un poco por dejadez porque la inercia te lleva a utilizar lo que siempre has utilizado en lugar de apostar por estas formas nuevas de energías renovables que sabemos todos que es beneficioso para todos.

Hay más dificultades que tienen que ver con la accesibilidad, con el precio, con la disponibilidad del producto dentro de nuestro ámbito de la economía social, etc. Y en el caso de las mujeres pues también hay dificultades, porque aunque te decía antes que cada vez son más mujeres y que su presencia es muy importante dentro de la economía social, en muchas ocasiones cuando ellas se plantean emprender, la economía social no es la primera opción, ni la segunda ni la tercera. Esto es debido a que muy poquita gente tiene formación sobre lo que implica esto o que, en cursos de formación que se hacen para emprendedores pocas veces se habla de la economía social como una alternativa para el emprendimiento. Por eso, muchas mujeres que se plantean emprender no tienen como opción la economía social.

Además, hay entidades dentro de la Confederación Economía Social Castilla-La Mancha que están especializadas en el acompañamiento al emprendimiento justamente para hacer fácil que se pueda emprender, sobre todo en perfiles con más dificultades de inserción en el mercado laboral, como mujeres y jóvenes. Que sepan que van a tener acompañamiento así que deciden montar, por ejemplo, una cooperativa de trabajo social.

Y en cuanto a retos, se trata de ser capaces de utilizar servicios y productos cercanos, que sean ambientalmente sostenibles… Lo cual va a depender en muchas ocasiones de la accesibilidad y del precio. Entonces ahí tenemos que conseguir ambas cosas que sean sencillas.

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios

Tenemos que conseguir también que se nos distinga, que justamente esa preocupación que tenemos por la igualdad de género o por la sostenibilidad tenga un reflejo en el mercado a la hora de que el consumidor prefiera nuestros productos y nuestros servicios. Entonces ahí tenemos que hacer una labor de sensibilización, de distinguirnos, de hacer ver las ventajas que tiene nuestro sector. Confiamos en que poco a poco se vaya interiorizando.

¿Qué le pedirías a las administraciones para hacer frente a esos retos y dificultades que has enumerado?

Lo fundamental para las administraciones es que tengan en cuenta el sector de la economía social a la hora de contratar. Dentro de la contratación pública ya hay reservas de mercado orientadas sobre todo a empresas de inserción, con un porcentaje de los contratos que hace la administración que tiene que reservarse obligatoriamente a este tipo de entidades para facilitar la inserción laboral, sobre todo a personas con discapacidad. Pero hay que ampliar eso.

Tenemos que conseguir que en el ámbito de la contratación pública se tenga en cuenta ese valor añadido que tenemos en la economía social en cuanto a generación de empleo, en que el beneficio no es lo primero, en que tenemos una preocupación importante sobre el tema de la igualdad y del compromiso medioambiental, del arraigo al territorio, cuando se habla tanto de despoblación y de reto demográfico.

Muchas de nuestras entidades están instaladas en el medio rural, creando empleo. La administración tiene que entender que esa labor que hacemos y esa distinción que tenemos respecto a la economía convencional tiene que tener un reflejo a la hora de contratar. Ahí tiene que haber un porcentaje de contratación pública reservado o que dé puntos prioritarios a las empresas de la economía social frente a las empresas convencionales, justamente porque aportamos más valor a la sociedad.

Fuente: elDiario.es

Modelos de estatutos que podrían agilizar la constitución de nuevas cooperativas, un archivo de recursos compartido, un mapa de relaciones con proveedores y un juego para comunicar la ESS en el territorio. Son los cuatro prototipos de CAP Cooperativismo, que se revisarán en un último taller abierto el próximo 1 de octubre.

Desde principios de año, Red Anagos viene impulsando el proyecto CAP Cooperativismo, una Comunidad de Aprendizaje y Práctica orientada a fortalecer el cooperativismo y la Economía Social y Solidaria en Canarias, financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Tras más de 6 meses de trabajo, el proceso entra ahora en una fase clave: los cuatro prototipos desarrollados por las personas y entidades participantes terminan de tomar forma como infraestructuras comunes que pueden ser útiles para el conjunto del ecosistema cooperativo canario.

Más de 70 personas han participado en este proceso, a través de talleres presenciales, sesiones online y trabajo entre talleres, muchas de ellas con alta implicación. Esta dedicación ha permitido pasar de la identificación de retos compartidos al desarrollo de herramientas concretas, contrastadas y pensadas para responder a necesidades reales del cooperativismo en Canarias.

CAP Cooperativismo no se ha limitado a generar ideas o diagnósticos. El objetivo ha sido construir recursos prácticos y reutilizables que ayuden a facilitar la creación de nuevas cooperativas, mejorar la gobernanza, fortalecer la intercooperación, impulsar el consumo responsable y comunicar mejor el valor de la Economía Social y Solidaria.

De las preguntas compartidas a los prototipos

Durante las primeras sesiones del proceso se trabajó sobre algunos de los principales retos del cooperativismo en Canarias. A partir de esas conversaciones, las personas participantes identificaron preguntas clave y comenzaron a convertirlas en líneas de trabajo concretas.

Actualmente, el proceso se articula en torno a cuatro prototipos:

1. Modelos de estatutos cooperativos

Esta línea trabaja en el desarrollo de modelos de estatutos que puedan servir como recurso práctico para nuevas cooperativas de trabajo, cooperativas de consumo o cooperativas de vivienda colaborativa en Canarias.

El prototipo tiene una importancia estratégica porque se está desarrollando de la mano del Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Registro de Cooperativas. La intención es que tanto los modelos de estatutos desarrollados, como los estatutos que se completen desde la herramienta, puedan salir validados directamente por el Registro, de manera que no sean solo documentos orientativos, sino herramientas útiles y seguras para futuras cooperativas.

Una parte fundamental de este trabajo tiene que ver con (1) reducir los tiempos de desarrollo de estatutos por parte de las futuras cooperativas y (2) reducir los tiempos de revisión y validación de estatutos por parte del Registro de Cooperativas. Si las cooperativas pueden partir de modelos ya alineados y automatizados con los criterios del Registro, se podrían evitar correcciones, reducir idas y vueltas y agilizar de forma muy significativa los procesos de constitución.

La hipótesis de trabajo es que esta herramienta implementada podría llegar a reducir los tiempos hasta en un 90%, facilitando que nuevas cooperativas puedan constituirse con mayor claridad, seguridad y agilidad.

Ver herramienta: https://estatutoscoop.netlify.app/

2. Archivo de recursos / Wiki cooperativa

El segundo prototipo consiste en un archivo de recursos que permite recopilar, ordenar, buscar y compartir información útil para cooperativas, entidades de la ESS y personas interesadas en impulsar proyectos colectivos.

La idea es que este archivo no sea solo una carpeta con enlaces, sino una herramienta viva y conectada, pensada para acceder a información concreta según cada necesidad. No es lo mismo buscar recursos para preparar un taller, que para explicar qué es una cooperativa dentro de una entidad, que para compartir una lectura sencilla con una persona de nuestro entorno.

Por eso, el archivo quiere facilitar diferentes formas de acceso a la información: por temas, necesidades, formatos, públicos o usos posibles. Las alternativas pueden ser tan amplias como las situaciones en las que necesitamos encontrar o compartir un recurso.

El objetivo es que se convierta en una infraestructura común de consulta y aprendizaje: un lugar al que acudir cuando una entidad necesita información, referencias, guías, ejemplos o materiales útiles para fortalecer su práctica cooperativa.

Ver herramienta: https://tester.montera34.com/recursos/

3. Mapeo de proveedurías e intercooperación

Esta línea trabaja en una herramienta para evaluar nuestras relaciones profesionales y tomar mejores decisiones de consumo e intercooperación.

El prototipo busca ayudar a entidades (y también a personas) a responder preguntas como:

• ¿Con quién compramos actualmente?
• ¿Qué tipo de relación tenemos con nuestros proveedores?
• ¿Qué grado de afinidad tienen con los principios de la Economía Social y Solidaria?
• ¿Qué relaciones podemos mejorar?
• ¿Qué alternativas existen dentro del Mercado Social?
• ¿Qué vínculos podrían convertirse en relaciones de intercooperación?

El objetivo no es fiscalizar las decisiones de compra de las entidades, sino ofrecer una herramienta práctica para mirar nuestras relaciones económicas con más claridad, evaluarlas y tomar decisiones más coherentes, responsables y transformadoras.

Este prototipo también puede ayudar a detectar vacíos de oferta dentro del ecosistema, oportunidades de compra colectiva y posibilidades de colaboración entre entidades. Así, el «Mapa de relaciones» deja de ser un simple listado de proveedores y se convierte en una herramienta para fortalecer el Mercado Social y las relaciones de intercooperación.

Ver herramienta: https://mapaproveedores.netlify.app/

4. Sistema cooperativo de comunicación

El cuarto prototipo se centra en el relato, la comunicación y la visibilización del cooperativismo y la ESS.

Este prototipo ha ido evolucionando hacia SisCo, un sistema lúdico de comunicación cooperativo que busca investigar nuevas lógicas de comunicación. La propuesta plantea una plataforma-juego en la que el mapa de Canarias funciona como tablero principal: las personas pueden descubrir tesoros de la Economía Social y Solidaria, completar misiones, crear piezas comunicativas y dejar una huella visible en el ecosistema. El objetivo es que comunicar no sea solo publicar contenidos, sino generar experiencias que ayuden a aprender, implicarte, conectar, compartir, difundir y acercar el cooperativismo a más personas.

El juego se articula a partir de cuatro principios: el territorio como tablero de juego, donde la ESS se descubre explorando tesoros; el juego como forma de implicación, a través de acciones pequeñas y misiones sencillas de 5, 15 o 30 minutos; la comunicación como experiencia, usando dispositivos como dilemas, curiosidades o historias para activar conversación y aprendizaje de formas diversas; y la pertenencia como forma de progreso compartido, donde cada acción, reacción o conexión individual deja una huella que alimenta el mapa común y visibiliza cómo crece la ESS en Canarias.

Ver herramienta: https://sistemasisco.netlify.app/

Infraestructuras comunes para el ecosistema

Uno de los aprendizajes más importantes del proceso es que los prototipos no deben entenderse como productos aislados, sino como infraestructuras comunes conectadas.

Esto significa que cada herramienta debe poder ser usada, testeada y evaluada por diferentes personas y entidades del ecosistema. No buscamos generar productos cerrados, sino herramientas abiertas que puedan seguir evolucionando más allá del proyecto si el ecosistema lo necesita.

Por eso, la participación del propio ecosistema es tan importante: revisar materiales, probar herramientas, hacer sugerencias, aportar ejemplos o trabajar los contenidos dentro de cada entidad son formas fundamentales de contribuir al proceso. La infraestructura común debe responder a las necesidades del ecosistema y no al revés.

La utilidad final de los prototipos dependerá en gran parte de que respondan a necesidades reales y de que sean contrastados por quienes conocen de cerca el funcionamiento cotidiano de cooperativas y entidades de la ESS.

Próximo taller: ayúdanos a cerrar los prototipos

El próximo taller de CAP Cooperativismo se celebrará el jueves 1 de octubre y será una sesión clave para seguir ajustando los prototipos antes del evento final del 29 de octubre.

Este encuentro permitirá revisar el estado de las herramientas, recoger aportaciones, resolver dudas y organizar los últimos pasos del proceso.

Invitamos a las personas y entidades del ecosistema cooperativo y de la Economía Social y Solidaria en Canarias a acercarse al estado actual de los prototipos, revisarlos y participar en esta fase final de construcción colectiva.

Aunque no hayas podido participar en los talleres anteriores, todavía puedes sumarte, conocer el trabajo desarrollado y aportar desde tu experiencia.

Inscripción al taller: https://forms.gle/pd2G3g8KqDwiW79aA

Una invitación abierta al ecosistema

CAP Cooperativismo nació para responder a una pregunta compartida sobre qué herramientas necesita el cooperativismo canario para fortalecerse. Los cuatro prototipos son hoy una primera respuesta, todavía abierta, y su utilidad dependerá de que se prueben desde la práctica real de las cooperativas y entidades.

Por eso invitamos a cooperativas, entidades de la Economía Social y Solidaria, redes comunitarias, proyectos colectivos y personas que acompañan procesos cooperativos en Canarias a revisar las herramientas y compartir su mirada, hayan participado o no en las sesiones anteriores.

El objetivo sigue siendo el mismo que al inicio del proceso, contar con infraestructuras comunes que den al cooperativismo en Canarias más apoyo, más visibilidad y más capacidad de acción compartida.

Proyecto financiado por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Fuente: Red Anagos

El Salto cumple nueve años y los celebra mirando hacia atrás, pero también hacia todo lo que queda por delante. Desde 2017, este medio cooperativo ha acompañado buena parte de las luchas y transformaciones sociales de los últimos años, desde las movilizaciones por unas pensiones dignas y las huelgas feministas hasta las luchas por la vivienda, la emergencia climática, los servicios públicos, los derechos laborales y de las personas migrantes.

A lo largo de este recorrido, El Salto ha tratado de estar allí donde estaban pasando las cosas y poner el periodismo al servicio de quienes protagonizan esos cambios. En 2019, por ejemplo, siguió de cerca el auge del movimiento climático y sus grandes movilizaciones; durante la pandemia de 2020 puso el foco en las redes de apoyo mutuo, la situación de los barrios, el personal sanitario o el abandono de las personas mayores. En los años posteriores, sus coberturas han abordado el impacto de la inflación, la crisis energética, los desahucios y la turistificación, así como las movilizaciones contra el genocidio en Gaza.

Pero estos nueve años no hablan solo de los temas que El Salto ha cubierto. También hablan de una forma diferente de hacer periodismo: como proyecto cooperativo, democrático, descentralizado y de propiedad colectiva, sostenido fundamentalmente por su comunidad de socias y socios y sin financiación de empresas del Ibex 35.

Esta forma de entender la comunicación comparte muchos de los principios que impulsan a la Economía Social y Solidaria: poner a las personas en el centro, construir proyectos colectivos y democráticos y generar alternativas frente a los modelos económicos y mediáticos dominantes.

Nueve años después, El Salto sigue apostando por un periodismo independiente capaz de acompañar y explicar las luchas sociales y de contribuir a construir una sociedad más justa. Y para poder seguir haciéndolo necesita ampliar su comunidad y alcanzar las 12.000 personas socias.

Desde REAS celebramos estos nueve años de camino compartido y animamos a nuestra comunidad a conocer el proyecto y a apoyarlo.

Conoce El Salto y hazte socia o socio: https://www.elsaltodiario.com/

Consulta la noticia completa con el repaso a algunos de los momentos más destacados de estos años:

En REAS Red de Redes hemos puesto en marcha una nueva página web dedicada a las aplicaciones que nacen dentro de la Economía Social y Solidaria o que trabajan para ella. Desde hace años, distintas cooperativas, redes y asociaciones desarrollan herramientas digitales propias para buscar trabajo, consumir, emprender o colaborar con otras entidades. Muchas veces estos proyectos son poco conocidos fuera de su entorno más cercano, y por eso hemos querido reunirlos en un mismo sitio.

La página arranca con cuatro iniciativas:

• UpmeUp es un portal de empleo que pone en contacto a profesionales con entidades de la economía social y tiene en cuenta los valores de unas y otras, no solo el currículum.
• Mercado Social permite conocer las entidades de los mercados sociales de distintos territorios, consultar su balance social y acceder a ventajas como persona consumidora.
• El Nido, impulsada por Economistas sin Fronteras, funciona como una red social para quienes emprenden o quieren consolidar un proyecto en la ESS.
• Fem Lliga ayuda a las organizaciones a encontrarse según lo que necesitan y lo que pueden ofrecer, para que intercooperen.

Cada aplicación tiene su ficha, con una explicación breve y los enlaces para entrar en ella o descargarla en el móvil. Todas comparten algo que nos importa: se han creado desde la economía solidaria y la mayoría con software libre, como alternativa a las grandes plataformas comerciales.

Queremos que esta página siga creciendo con nuevas herramientas, así que si conoces o impulsas alguna, nos encantará saberlo.

Visita la página de Apps de la Economía Solidaria

La preocupación social por los desahucios y por la dificultad de acceder a una vivienda exige respuestas inmediatas. Ninguna persona debería perder su hogar sin una alternativa digna. Es necesario proteger a quienes viven de alquiler y evitar que las subidas de precio o los usos fraudulentos del alquiler expulsen a las personas de sus casas y sus barrios.

Apoyamos a quienes se organizan para defender su vivienda. Su movilización hace visible una inseguridad que a menudo se vive en soledad y que empieza antes de cualquier procedimiento judicial: cuando llega una subida imposible de asumir, cuando se acerca el fin de un contrato o cuando ya no existe una vivienda accesible en el entorno donde se ha construido una vida.

Las medidas urgentes son imprescindibles. También debemos preguntarnos qué viviendas encontrarán las próximas generaciones. Si cada crisis se afronta sin ampliar un parque residencial estable, seguiremos interviniendo cuando muchas personas ya estén a punto de perder su hogar.

Desde Red Vivienda Cooperativa defendemos una política capaz de hacer las dos cosas: proteger ahora y crear vivienda asequible de forma duradera. Esto requiere aumentar la vivienda pública de gestión directa y sumar la capacidad de entidades sociales sin ánimo de lucro y comunidades organizadas. El objetivo debe ser que el suelo, la financiación y las ayudas públicas de hoy sigan produciendo hogares asequibles dentro de décadas.

Los casos recientes de expulsión residencial obligan también a preguntarnos qué prácticas favorecen la fiscalidad y las ayudas a la vivienda. Estos instrumentos deberían promover la asequibilidad duradera, proteger a quienes ya habitan los inmuebles y evitar que su revalorización dependa de expulsar a sus residentes.

La vivienda cooperativa en cesión de uso puede contribuir a ese objetivo. El inmueble es de propiedad cooperativa y se gestiona colectivamente, las personas residentes disponen de un derecho de uso estable y las cuotas se destinan a sostener los costes del proyecto. Con reglas que impidan la venta individual y la apropiación privada de las plusvalías, las viviendas pueden permanecer al servicio de quienes las habitan y de quienes llegarán después.

Sabemos que esta fórmula no realoja por sí sola a quien afronta mañana un desahucio. Promover o rehabilitar viviendas lleva tiempo, y la aportación inicial sigue excluyendo a muchas personas. Para que la cesión de uso sea una opción real para más hogares, las administraciones deben facilitar suelo e inmuebles, financiación a largo plazo, garantías y ayudas que reduzcan los costes de entrada y aseguren la inclusión. También pueden apoyar la adquisición y rehabilitación de edificios existentes, con garantías para sus residentes.

Este planteamiento coincide con una preocupación que atraviesa el debate europeo. Housing Europe ha pedido convertir el crecimiento del parque público, cooperativo y social permanentemente asequible en un objetivo estructural. También ha señalado que la vivienda liderada por la comunidad necesita pasar de iniciativas aisladas a sistemas capaces de sostenerse y crecer. Desde RVC queremos aportar la experiencia de las cooperativas de cesión de uso en el Estado español a ese aprendizaje compartido.

La respuesta a la emergencia habitacional se medirá por las personas que logren conservar hoy su hogar. La política de vivienda también deberá medirse por cuántos hogares públicos, sociales y cooperativos permanecen asequibles año tras año. Para avanzar en ambas tareas hacen falta decisión pública, recursos y participación de la sociedad organizada.

A la ciudadanía se le repite que tiene que comer mejor. Más frutas y verduras, más legumbres, más alimentos frescos y menos productos ultraprocesados. Lo dicen las autoridades sanitarias. Lo dicen las profesionales de la salud. Lo dicen las guías alimentarias.

Pero hay una pregunta que casi nunca se hace: ¿quién puede permitirse comer así?

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Porque mientras se recomienda mejorar la alimentación, llenar la cesta de la compra con alimentos saludables se ha convertido para muchas familias en un esfuerzo económico cada vez mayor. Y esta contradicción no es un problema individual. Es un problema del sistema alimentario.
No se puede seguir trasladando a las personas toda la responsabilidad sobre lo que comen cuando las reglas del mercado hacen que comer bien resulte más difícil.

La alimentación saludable no puede ser un lujo.

Una alimentación saludable no debería depender del nivel de renta.

Sin embargo, para una familia con dificultades económicas, llenar la cesta de productos frescos puede significar renunciar a otras necesidades básicas. Y cuando el presupuesto aprieta, los alimentos baratos, muy disponibles y fuertemente promocionados suelen ser precisamente aquellos cuyo consumo las autoridades sanitarias recomiendan limitar.

Esto no es una elección libre en igualdad de condiciones.

Según Justicia Alimentaria, durante demasiado tiempo se han construido las políticas alimentarias alrededor de una idea muy sencilla: el consumidor debe elegir mejor.
Pero ¿qué ocurre con los precios? ¿Qué ocurre con las promociones? ¿Qué ocurre con la distribución de los espacios en los supermercados? ¿Qué ocurre con las estrategias comerciales? ¿Qué ocurre con los márgenes? ¿Qué ocurre con la publicidad dirigida a las familias y a la infancia?

Si se quiere transformar la alimentación, hay que transformar también el entorno en el que se toman las decisiones.

Por eso proponen 100 alimentos saludables a precio justo.

Desde Justicia Alimentaria quieren abrir un debate y construir una propuesta concreta: que las grandes cadenas de distribución garanticen permanentemente una cesta amplia de alimentos saludables vendidos a precio de coste, sin trasladar el coste a profesiones de la agricultura, ganadería y proveedoras de alimentación.

La propuesta parte de una idea sencilla.

Los supermercados ya utilizan sus diferentes márgenes comerciales para construir su oferta y su estrategia de precios. Lo que plantean es que una parte limitada de esos márgenes se utilice para hacer más accesibles los alimentos esenciales para una alimentación saludable.

No se trata de que las personas que trabajan en el campo cobren menos.

No se trata de precarizar a quienes producen los alimentos.

No se trata de financiar la medida con dinero público.

Se trata de actuar sobre la distribución y sobre la forma en que se construyen los precios en la cadena alimentaria.

Y proponen hacerlo de manera transparente, con criterios nutricionales claros y con una cesta suficientemente amplia y diversa: frutas, verduras, legumbres, alimentos básicos y otros productos compatibles con las recomendaciones oficiales de alimentación saludable.

100 alimentos saludables. 100 alimentos a precio justo. 100 alimentos que permitan que comer bien no sea un privilegio.

Que nadie tenga que elegir entre salud y bolsillo

Hay algo profundamente injusto en un sistema en el que una familia puede encontrar miles de productos alimentarios en un supermercado, pero tiene dificultades para llenar su cesta con aquellos alimentos que debería consumir con mayor frecuencia.

La alimentación es uno de los principales determinantes de la salud. Y, por tanto, garantizar el acceso a una alimentación saludable no puede quedar reducido a campañas de educación nutricional.

No basta con decirle a una familia que coma mejor. Hay que hacer posible que pueda hacerlo.

Y eso exige intervenir sobre los precios, sobre la oferta y sobre las estrategias comerciales de las grandes cadenas de distribución.

Una propuesta que también debe proteger a quienes producen

Esta iniciativa no pretende enfrentar a quién consume y a quién produce.

Al contrario.

La organización no acepta la falsa disyuntiva entre alimentación saludable y renta agraria.

Una alimentación diferente necesita también agricultores y ganaderas que puedan vivir dignamente de su trabajo.

Por eso cualquier mecanismo para abaratar determinados alimentos saludables debe impedir que el coste termine repercutiendo sobre quienes los producen.

La transformación alimentaria no puede hacerse a costa de los eslabones más débiles de la cadena.

El supermercado también es política alimentaria

Durante años se ha considerado el supermercado como un espacio neutral.

No lo es.

Lo que se encuentra a la entrada, lo que está a la altura de los ojos, lo que aparece en promoción, lo que tiene descuentos, lo que se publicita, lo que ocupa más espacio y lo que se puede comprar a un precio asequible forma parte del entorno alimentario.

Y ese entorno condiciona la alimentación.

Por eso Justicia Alimentaria cree que ha llegado el momento de hablar de política alimentaria también dentro de los supermercados.

No se pueden dejar en manos exclusivamente de las empresas decisiones que tienen consecuencias sobre la salud de millones de personas.

Construir una alianza

En Francia, una iniciativa de estas características ha conseguido reunir a 42 organizaciones de ámbitos muy diferentes: organizaciones de consumidores, entidades sociales, organizaciones de salud, medioambientales, asociaciones de familias, sindicatos y organizaciones de lucha contra la pobreza, entre otras. La coalición está reclamando que una cesta de alimentos saludables pueda venderse permanentemente a precio de coste y ha acompañado esta reivindicación con una propuesta legislativa. Justicia Alimentaria cree que en España se puede hacer algo parecido.

Porque este no es un problema exclusivamente de agricultores.

Ni de consumidores.

Ni de salud pública.

Ni de pobreza.

Ni de medio ambiente.

Es un problema del sistema alimentario.

Y, precisamente por eso, necesita una respuesta colectiva.

Desde Justicia Alimentaria quieren impulsar una alianza por 100 alimentos saludables a precio justo y hacen un llamamiento a organizaciones sociales, de consumidores, de salud pública, de familias, sindicales, ambientales, de defensa de la agricultura familiar, profesionales de la nutrición y la salud, asociaciones contra la pobreza y todas aquellas entidades que quieran formar parte de ella.

Quieren sentarse, debatir la propuesta, mejorarla y convertirla en una reivindicación compartida.

Porque saben que una transformación de esta magnitud no la va a conseguir una organización sola.

La conseguirán si son capaces de construir una mayoría social que diga algo muy sencillo: comer bien no puede ser un privilegio de quien puede pagarlo.

Firma por un sistema alimentario que permita comer bien. A precio justo y para todas. Personas y organizaciones pueden sumarse a la propuesta a través de los formularios de adhesión individual y de entidades de Justicia Alimentaria.

Fuente: Justicia Alimentaria

Coop57 ha firmado un nuevo acuerdo de garantías con el Fondo Europeo de Inversiones (FEI) en el marco del programa europeo InvestEU para el emprendimiento social. Este nuevo acuerdo es un paso importante para Coop57, ya que las garantías del FEI refuerzan su solvencia, le permiten financiar más proyectos y garantizar, todavía más, el ahorro de las socias de la cooperativa.

El FEI es una institución de la Unión Europea que desarrolla diferentes programas para facilitar el acceso al crédito a pequeñas y medianas empresas y entidades de la economía social y solidaria. Lo hace ofreciendo garantías a bancos y entidades financieras como Coop57 para que puedan conceder préstamos en mejores condiciones.

El acuerdo prevé la creación de un fondo de garantía que permite a la cooperativa sostener el riesgo de su actividad financiera de manera compartida y, por tanto, reducir de manera significativa el potencial impacto negativo de posibles impagos.

En términos prácticos, estas garantías aseguran que una parte del riesgo de los préstamos quede cubierta por el FEI. Si en algún momento no se pudiera devolver algún préstamo, esta garantía asumiría una parte importante.

El objetivo final de estas garantías es reforzar la actividad habitual de Coop57 en el impulso de proyectos que trabajen por la transformación social y que se gestionen de forma transparente, participativa y comunitaria. Por eso, más allá del impacto económico, el acuerdo también supone un reconocimiento de su solidez y trayectoria como herramienta de financiación ética y cooperativa, y consolida este tipo de colaboraciones. Al mismo tiempo, es un ejemplo de que las instituciones europeas pueden destinar recursos a entidades de finanzas éticas comprometidas con la economía social y solidaria.

Anteriormente, Coop57 ya contó con el apoyo del FEI en el marco del programa EaSI (2020), un primer acuerdo con una duración de cinco años que le daba acceso a un fondo de avales para cubrir parte del riesgo de los préstamos que concedía. Ahora, este nuevo acuerdo actualiza y da continuidad a aquel primer convenio, adaptándolo al nuevo marco de InvestEU.

Esta operación cuenta con el apoyo de la Unión Europea en el marco del Fondo InvestEU.

Fuente: Coop57

El próximo 2 de octubre, el Hospital de las Cinco Llagas, sede del Parlamento de Andalucía, acogerá la primera parte del primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial del Foro Social Más Allá del Crecimiento.

El proceso del Foro Social avanza, se territorializa y organiza su primer Encuentro del Acuerdo Ecosocial en Sevilla los días 2 y 3 de octubre. Su objetivo: abordar las aportaciones del Pacto Alimentario, del Agua y la Biodiversidad y del Pacto de Salud Integral y Bienestar Comunitario.

La primera jornada se celebrará en el Parlamento de Andalucía, en el Hospital de las Cinco Llagas, y la segunda parte del Encuentro del Acuerdo Ecosocial tendrá lugar en la sede de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Esta jornada contará con la participación de organizaciones referentes en las temáticas abordadas, como la Marea Blanca de Andalucía, las Jornaleras de Huelva en Lucha, la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama o la Mesa Social del Agua, entre otras organizaciones de ámbito andaluz y estatal, apuntando a las causas comunes que se encuentran detrás de las problemáticas que abordan, y por tanto trabajando en propuestas comunes de transformación.

Desde la celebración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento en el Congreso en septiembre de 2025 y del Foro Social este año, organizaciones y personas de todos los territorios del Estado están participando de manera directa en dar forma al Acuerdo Ecosocial, que consiste en un programa de acción común en favor del bienestar presente y futuro, desde una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

En palabras de Hugo Abad, portavoz del Foro Social:

«Desde la sociedad civil estamos trabajando en un programa común con el potencial de aglutinar a una mayoría social que impulse un cambio de modelo económico y social para, más allá de la política institucional a corto plazo, crear condiciones que nos permitan romper las dependencias con el crecimiento y en último término con las lógicas capitalistas, en favor de un control popular y democrático de la economía que ataje las crisis que vivimos».

El grupo organizador explica que el foco del proceso en los próximos meses será alcanzar un Acuerdo Ecosocial a través de un trabajo territorial que permita configurar distintos Pactos donde los conflictos en torno a ellos se están manifestando con más intensidad. Este es el caso de Andalucía, donde el modelo agroindustrial y el turismo han avanzado a costa del agua, la calidad de vida, la biodiversidad y las perspectivas de una vida digna para la mayoría de la población, a lo que se suma la desinversión y privatización de servicios públicos esenciales como la sanidad, incapaz de atender las consecuencias generadas por el modelo económico actual.

Consulta el programa completo y cómo inscribirte en la ficha del encuentro en nuestra agenda.

Lanzamiento de una plataforma digital en junio

El trabajo de elaborar el Acuerdo Ecosocial se está articulando a través de la plataforma digital Decidim, que recoge los hitos. Tras un trabajo intenso de meses y de multitud de encuentros territoriales desde que se celebró en febrero la primera plenaria general del Foro Social, que contó con la participación de 700 personas, el Foro Social lanza la plataforma digital Decidim para recoger hitos clave, articular los progresos de los 12 pactos e informar en la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento.

En la elaboración del Acuerdo Ecosocial Más Allá del Crecimiento están participando de manera coordinada personas de todos los territorios del Estado. El documento final será refrendado a comienzos de 2027 en una nueva conferencia. En este nuevo encuentro se presentará una agenda de acción común para transitar del modelo económico actual a uno que ponga la vida y el bienestar presente y futuro en el centro de la toma de decisiones mediante una reducción democráticamente planificada de la producción y el consumo y una democratización de la economía.

Sobre el Foro Social Más Allá del Crecimiento

El Foro Social Más Allá del Crecimiento es un espacio de deliberación democrática que tiene como objetivo fortalecer y expandir las alianzas entre organizaciones y colectivos que comparten un horizonte común de superación del modelo económico capitalista basado en el crecimiento. El proceso del Foro Social emerge de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que tuvo lugar en septiembre de 2025, y celebró su primera sesión en febrero de 2026 en la Universidad Autónoma de Madrid. A día de hoy hay más de 140 entidades, redes y alianzas adheridas a la Declaración de la Conferencia Más Allá del Crecimiento, que ha sido la base para la puesta en marcha del Foro Social.

Fuente: Foro Social Más Allá del Crecimiento.

Todos los años la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) realiza un proceso colectivo de evaluación y sensibilización, la denominada Auditoría Social, en el marco de los seis principios que definen la Carta de la Economía Solidaria y que constituyen la identidad de las entidades que forman parte de REAS: equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica, cooperación, reparto justo de la riqueza y compromiso con el entorno.

Esta autoevaluación tiene un doble objetivo: mejorar las organizaciones y sensibilizar a otras entidades y empresas de la economía social. La campaña del año 2025 contó con un total de 731 empresas y entidades auditadas de distintos sectores de actividad.

Uno de los seis principios básicos de Economía Solidaria es el compromiso con la sostenibilidad ecológica, con la salud del planeta y con la sostenibilidad de la vida. Desde REAS se entiende el decrecimiento material como una obligación, teniendo en cuenta el largo proceso histórico de sobreexplotación del planeta. Por ello se persigue desarrollar modelos de producción, distribución y consumo responsables, conscientes y transformadores, asegurando la sostenibilidad ecológica en toda la cadena económica, priorizando los circuitos de cercanía y limitando el impacto ambiental de las actividades económicas mediante la reducción, reparación, recuperación, reutilización y reciclaje de los materiales y recursos que se producen o emplean.

Además, hay un compromiso con la justicia ambiental y social en las relaciones económicas y la promoción de la soberanía alimentaria como estrategia de transformación. Por último, se impulsan iniciativas que posibiliten una transición energética justa, con modelos cooperativos de producción, gestión y consumo de energías renovables.

La Auditoría Social permite evaluar la coherencia interna de las empresas y entidades que forman parte de REAS, medir el impacto de sus actividades sobre el medio ambiente y la existencia de sistemas, planes y medidas de gestión ambiental y midiendo las emisiones de CO2, el consumo de papel, las prácticas de reciclaje, movilidad, etc.

Así, los resultados de la Auditoría Social 2025 indican que la mayoría de las cooperativas y asociaciones que integran REAS destinan esfuerzos a mejorar sus prácticas de consumo. Más del 95% priorizan la adquisición de productos de proximidad y ecológicos.

En relación al gasto energético, un 72% cuenta con una política interna, de reducción del uso energético y un 76,47% han puesto en marcha acciones para evitar el consumo innecesario.

Algo menor es la puesta en marcha de procedimientos para el ahorro y eficiencia del consumo de agua. El 66% tienen prácticas en este sentido y un 44,48% han realizado inversiones para optimizar el consumo.

En relación al consumo de papel, el 82% de las entidades o bien no utiliza papel o lo hace reciclado y/o de explotación forestal sostenible.

En lo que se refiere al uso de energía renovable, un 54,33% contrata el servicio eléctrico con una proveedora de energía de fuentes 100% renovables y un 19,10% lo hace de manera parcial.

Un 74,28% de las entidades toma medidas para reducir y/o compensar la huella ecológica en la actividad económica. El 60,69% trabaja haciendo incidencia política y/o haciendo divulgación sobre la reducción del impacto ambiental hacia afuera de la organización. Un 54,77% indica que a nivel interno (personas trabajadoras y voluntarias) facilitan herramientas de sensibilización ambiental. Además un 35,84% dispone de una política, plan de acción o sistema de gestión ambiental.

Las prácticas ligadas a la gestión de residuos están presentes en un elevado porcentaje, siendo un 96,85% las que implementan alguna de las prácticas de separación, reciclaje, reutilización de materiales. Un 92,20% de las entidades implementan prácticas de separación de residuos para poder ser reciclados, un 76,88% priorizan el uso de materiales y envoltorios de bajo impacto y evitar generar residuos innecesarios.

Por otro lado, un 77,15% reutilizan y/o reparan aparatos y equipamientos y un 58,82% colaboran con entidades que trabajan por la economía circular para reaprovechar material o productos de los que no se hace uso.

Por último, las entidades que incorporan, ofrecen o facilitan alguna alternativa o ayuda en lo relacionado con el transporte hacia el centro de trabajo, incluidos el teletrabajo, compartir coche, aparcamiento para bicicletas… es del 60,16% y el 45,83% de las entidades facilitan un transporte ambientalmente sostenible a las trabajadoras que necesitan desplazarse por necesidades de los proyectos de la propia organización.

Fuente: elDiario.es Castilla-La Mancha. Artículo de REAS Castilla-La Mancha publicado en el blog Hacemos Economía Social de elDiarioclm.es el 22 de septiembre de 2026.

El sábado 12 de septiembre, REAS Castilla y León celebró su Encuentro de Septiembre 2026. No fue una jornada de trabajo más; fue un espacio de reencuentro, cuidado mutuo y fortalecimiento colectivo. El marco inmejorable lo puso la coqueta localidad de Tabanera de Cerrato (Palencia) y las compañeras y compañeros de la Universidad Rural del Cerrato, quienes nos abrieron las puertas de su casa y de su corazón colectivos.

Cuidar a quienes sostienen la vida: el sostenimiento personal en la ESS

La mañana comenzó poniendo el foco en lo más valioso de nuestras organizaciones: las personas. Bajo el título de Sostenimiento personal en los proyectos de la ESS, abrimos un espacio de debate honesto y reflexivo sobre las realidades humanas que laten detrás de cada iniciativa solidaria.

Abordamos de frente los retos cotidianos que marcan el día a día de la gestión colectiva:

• Conciliación y horarios: la necesidad de equilibrar el tiempo dedicado al trabajo profesional con la vida personal y familiar en entornos rurales.
• Evitar el «quemarse» (burnout): identificar las alarmas antes de llegar al límite físico y emocional.
• La pérdida de la «chispa» inicial: analizamos cómo el paso del tiempo desgasta el empuje del voluntariado en proyectos mixtos (que combinan empleo remunerado y trabajo voluntario).
• Gestión de conflictos y crecimiento: la importancia crítica de incorporar roles de coordinación estructurados a medida que las organizaciones crecen y se complejizan.

Una máxima compartida resonó con fuerza:

«Yo cuido a la organización, pero la organización me tiene que cuidar a mí».

Concluimos que, si bien la militancia clásica y el sistema de valores tradicional están mutando, la Economía Solidaria debe abrirse a nuevas formas de participación sin perder su esencia diferencial: ofrecer motivaciones profundas, transparencia, comunicación interna real, una cultura compartida y viva del proyecto, y una conciliación real, todo ello de la mano de salarios dignos que permitan sostener la vida.

Universidad Rural del Cerrato: semillas de red y vitalidad comunitaria

Tras este profundo debate, Héctor y las compañeras de la Universidad Rural del Cerrato nos transmitieron la apasionante semilla de su proyecto. Nos compartieron su inspiradora alianza con otras universidades de la red, como la Universidad Rural de la Serranía de Ronda, visibilizando un tejido estatal que resiste y construye desde la periferia.

Desde sus comienzos, la Universidad Rural del Cerrato se ha convertido en un verdadero polo de atracción y dinamización cultural y social, extendiendo su impacto más allá de la comarca palentina hacia toda la comunidad y regiones adyacentes. Su labor no solo recupera saberes, sino que actúa como un motor real de recuperación poblacional contra el reto demográfico. Escucharles fue un auténtico chute de energía y vitalidad que nos contagió a todas de lo que allí llaman la «Soberanía de la Alegría».

El bloque de la mañana cerró con un espacio para mapear, compartir retos y escuchar a personas e iniciativas de la localidad, reafirmando el papel de REAS Castilla y León como un punto de encuentro, visibilización y apoyo mutuo para el territorio.

Hermandad en el Teleclub y la magia de «Las Tabanas»

La jornada comunitaria continuó compartiendo mesa y mantel en una comida de hermandad celebrada en el Teleclub de Tabanera de Cerrato. Las conversaciones distendidas dieron paso a una tarde mágica que alimentó el alma.

El grupo local de cantoras «Las Tabanas» nos deleitó con su música, sus palabras y su arte. Lograron hacernos partícipes directos de esa comunidad compartida a través del baile y el canto popular, materializando en el espacio de la tarde la soberanía de la alegría que había impregnado todo el encuentro.

Como broche final, disfrutamos de un agradable paseo compartido junto a las compañeras de Las Tabanas para conocer los rincones más emblemáticos y con encanto de la localidad:

• El histórico Barrio de Abajo y sus tradicionales bodegas subterráneas.
• La ermita del pueblo.
• La charca, un rincón de biodiversidad y calma.

Mirando al futuro con agradecimiento

Nos despedimos de Tabanera de Cerrato con un profundo sentimiento de agradecimiento por una jornada memorable de comunidad y hermandad. Nos fuimos con las fuerzas renovadas, nuevas alianzas tejidas y la certeza de que la apertura, la ternura y el cuidado mutuo son las mejores herramientas para seguir fortaleciendo la Economía Social y Solidaria en Castilla y León.

¡Gracias a todas las personas que lo hicisteis posible! Sembramos hoy para cosechar mañana.

Fotos: REAS Castilla y León. Conoce a las entidades que forman la red en reascyl.org/entidades.

Fuente: REAS Castilla y León. Crónica publicada por REAS Castilla y León en reascyl.org el 15 de septiembre de 2026.

Las VI Jornadas organizadas por Red Anagos bajo el lema Respuestas colectivas para un futuro compartido, la Dirección General de Economía Social del Ministerio de Trabajo y la Viceconsejería de Empleo del Gobierno de Canarias han ratificado en la sesión matutina de este martes su respaldo “inequívoco” a un sector que agrupa a 3.516 entidades y sostiene casi 19.000 empleos directos en las islas. El encuentro, celebrado en el TEA (Tenerife Espacio de las Artes), fija las bases estratégicas hacia la Capitalidad Española de la Economía Social 2027, “un hito histórico” que por primera vez compartirán de forma conjunta Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria.

El diagnóstico compartido de las jornadas subraya la urgencia de superar el aislamiento entre organizaciones para afrontar de manera coordinada grandes desafíos como el acceso a la vivienda, la generación de empleo estable, la soberanía alimentaria y la transición energética justa. Tanto el Ministerio como el Ejecutivo autonómico coinciden en que la capitalidad de 2027 no se limitará a la celebración de actos institucionales, sino que impulsará una agenda de trabajo y alianzas permanentes a nivel estatal e internacional.

Respaldo institucional: del Ministerio al Gobierno de Canarias

La directora general de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Trabajo y Economía Social, Aicha Belassir, calificó las jornadas de “clave para el desarrollo de la economía social” y definió a Canarias como un referente estatal. Belassir recordó que el sector generaba en 2026 más de un millón de empleos directos en España, casi el 6% del total, y destacó los más de 80 millones de euros de fondos Next Generation destinados a proyectos de economía social. También subrayó la Ley 1/2026 integral de impulso de la economía social. Sobre la capitalidad, la describió como “una oportunidad para que la economía social canaria dé a conocer todas sus fortalezas”.

Por parte del Gobierno de Canarias, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, vio en la capitalidad “una oportunidad para que las entidades de economía social canarias puedan llevar a cabo alianzas y relaciones con otras entidades fuera del territorio de Canarias”. Y subrayó que “no solamente supone la organización de diferentes eventos, sino la posibilidad de crear una agenda que vaya más allá del 2027”.

Desde el ámbito asociativo, la presidenta de Red Anagos, Alicia Silva de la Cruz, vinculó ese respaldo al recorrido de las propias jornadas. “Tras seis ediciones de las Jornada, sentimos que la administración pública nos cuenta como referente y aliada para una transición ecosocial justa. Las entidades nos hemos preparado, profesionalizado y estamos en disposición de dar una mejor respuesta a la sociedad canaria”, afirmó.

El diálogo inaugural, titulado “¿Qué economía necesita Canarias para afrontar el futuro?”, situó el debate ético y práctico de las jornadas de la mano de la bióloga Eva Vilaseca (Asamblea Catalana para la Transición Ecosocial) y de Roberto Martín (gerente de la empresa de inserción Cainana). Vilaseca argumentó que el reto central de la transición pasa por articular procesos de decrecimiento adaptados a los límites biofísicos del planeta, garantizando en todo momento la seguridad material y el bienestar de todas las personas, y reivindicando la economía social y solidaria como la herramienta vertebral para construir un relato propio para las islas.

Esta visión estratégica se tradujo en propuestas operativas a través de tres ejes temáticos esenciales. La mesa de alianzas, basada en el diagnóstico de la investigadora ecofeminista Yayo Herrero sobre el riesgo de aislamiento de las entidades, abogó por conectar las organizaciones entre sí para fortalecer la resiliencia del ecosistema; la mesa de soberanía alimentaria apostó por integrar la producción y el consumo local midiendo el impacto social de las empresas del sector; y la mesa de soberanía energética definió las comunidades energéticas como proyectos comunitarios de vida orientados al empleo verde, la gobernanza democrática y el acompañamiento ciudadano.

Toda esta reflexión colectiva se traslada a la calle en La Plaza del TEA con la muestra del Mercado Social de Canarias —donde más de una veintena de entidades exponen sus iniciativas en agroecología, textil sostenible y servicios comunitarios— y culminará este miércoles 23 con la celebración del “Laboratorio de Futuros” cofacilitado por Eva Vilaseca y Eduardo Rodríguez Batista (LUAlab, ULL), espacio del que saldrá la hoja de ruta participativa con la que Red Anagos encarará la preparación hacia la Capitalidad Española de la Economía Social 2027.

Sobre Red Anagos

Red Anagos, Red de Economía Social, Alternativa y Solidaria de Canarias, agrupa desde hace más de tres décadas a asociaciones, fundaciones, cooperativas, centros especiales de empleo y empresas de inserción del archipiélago. Forma parte de REAS Red de Redes.

Las VI Jornadas de Economía Social y Solidaria de Canarias están financiadas por el Servicio Canario de Empleo (SCE) y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Fuente: Canarias Ahora (elDiario.es). Información publicada por la redacción de Canarias Ahora el 22 de septiembre de 2026.

En Sants, una cuarentena de cooperativas y entidades trabajan para transformar la economía del barrio; en el Nucli Antic de Olot, el Núria Social se ha convertido en un espacio de encuentro desde el que se articulan proyectos cooperativos y comunitarios; en Valls, diversas iniciativas han recuperado inmuebles y actividad económica en el centro histórico, y, entre la Dreta de l’Eixample y Ciutat Vella, el Grup ECOS quiere aprovechar la compra de dos locales para reforzar una red cooperativa que ya existe. Son experiencias diferentes, pero comparten una misma intuición: para transformar la economía, no basta con crear cooperativas. Hay que arraigarlas al territorio y ponerlas al servicio de las necesidades de la comunidad. Pero ¿qué convierte realmente una concentración de iniciativas de la economía social y solidaria (ESS) en un ecosistema cooperativo?

Cuando un polo cooperativo se convierte en ecosistema

Muchos ecosistemas cooperativos no aparecen de la nada. A menudo empiezan cuando varias cooperativas o entidades comparten espacio físico, recursos y servicios y generan confianza y proyectos comunes. Es lo que el sociólogo y cooperativista de La Ciutat Invisible, Ivan Miró, define como un polo cooperativo. Estos polos pueden actuar como puntos de arraigo y de concentración de la economía social y solidaria y, en algunos casos, convertirse en la semilla de una articulación territorial más amplia. El salto hacia un ecosistema cooperativo local se produce cuando estas relaciones se extienden más allá del propio espacio e incorporan otras iniciativas, agentes sociales y necesidades del territorio. Así, el horizonte final no es solo disponer de cooperativas más fuertes, sino “democratizar y cooperativizar las relaciones económicas en un territorio determinado”, asegura Miró. Por eso, considera clave disponer de espacios de gobernanza y de coordinación que permitan detectar necesidades, impulsar nuevos proyectos y pensar conjuntamente qué economía se quiere construir en el territorio.

Ivan Miró: “Un ecosistema cooperativo piensa el territorio como sujeto político de desarrollo alternativo”

Sants es un ejemplo de esta evolución. Hoy, el Impuls Cooperatiu de Sants articula decenas de iniciativas de economía solidaria del barrio y genera alianzas con entidades vecinales, centros sociales, familias, proyectos comunitarios y otros agentes del barrio. «El ecosistema es una herramienta de organización económica que surge de la propia comunidad y piensa el territorio como sujeto político de desarrollo alternativo», explica Miró. Esta mirada hacia fuera es también la manera de evitar que la economía social se convierta en una burbuja. Desde el ecosistema de Sants, se ha trabajado con la pequeña restauración y el comercio de proximidad, las escuelas, se han organizado actos en las bibliotecas y en los mercados municipales, la economía comunitaria o la economía popular migrante. Una de las cosas que subraya Ivan Miró es la importancia de la creación de una “institucionalidad democrática que articule todas estas acciones y pueda planificar las necesidades del barrio, con proyección territorial”, dice. “Creo que esto es un elemento diferencial entre un ecosistema cooperativo local y un local cooperativo”, resume. El territorio deja así de ser solo el lugar donde están instaladas las cooperativas para convertirse en el sujeto de la transformación.

ECOS: comprar patrimonio para quedarse en el centro de Barcelona

Para el Grup ECOS, el salto de polo a ecosistema acaba de empezar. La cooperativa de segundo grado nació en 2011 con la intercooperación como una de sus razones de ser y, desde 2012, buena parte de las entidades vinculadas al grupo comparten el local de la calle de Casp, en la Dreta de l’Eixample de Barcelona. Ahora, ECOS ha comprado esta sede y varias cooperativas miembro del Grupo —Arç, CRÍTIC y Sostre Cívic y Som Connexió— han adquirido un segundo local en la calle de Trafalgar, en el distrito de Ciutat Vella. Alrededor de estos dos espacios ya existe una constelación de referentes de proyectos como las cooperativas de abogados Col·lectiu Ronda e IACTA, la de arquitectas Col·lectiu Punt 6 o la entidad de acción comunitaria Candela.

El objetivo es que esta proximidad deje de ser solo geográfica y sirva para generar, impulsar y dinamizar proyectos en los barrios de la Dreta de l’Eixample y de Ciutat Vella. En este sentido, la compra de patrimonio ha sido una pieza decisiva para anclar esta voluntad en los barrios. Hacía años que ECOS buscaba un espacio más grande donde pudieran crecer las entidades y desarrollar actividades más allá del trabajo de oficina, pero la escalada de los alquileres lo hacía cada vez más inviable. Comprar ha implicado un esfuerzo financiero importante en una de las zonas más tensionadas de la ciudad; pero, para Guernica Facundo Vericat, coordinadora del Grup ECOS, la adquisición ha permitido «plantar una bandera cooperativa en el centro de Barcelona».

Guernica Facundo: “Comprar el local donde estábamos nos ha permitido plantar una bandera cooperativa en el centro de Barcelona”

El ecosistema, sin embargo, no nacerá simplemente porque estas cooperativas sean propietarias de dos espacios. El grupo ya participa en la Mesa de Entidades de la Dreta de l’Eixample, donde coincide con escuelas, asociaciones, fundaciones y equipamientos públicos, y ha empezado a explorar iniciativas compartidas como un espacio comunitario para socializar herramientas y materiales o posibles proyectos energéticos en los tejados del barrio, un proyecto impulsado con el apoyo de la Oficina Cooperativa de Impulso a la Transición Energética de la Federación de Cooperativas de Trabajo de Cataluña. Territorializarse significa, según Facundo, que “dejas de estar centrada en las dinámicas internas que se pueden dar dentro del polo cooperativo y estás pensando mucho más en clave de barrio”. El deseo inmediato es que, ante la presión inmobiliaria, turística y comercial, la economía social pueda reforzar al vecindario y al pequeño comercio del barrio. Más allá, el horizonte de este nuevo ecosistema será crear una realidad económica que contribuya a hacer de los barrios céntricos de Barcelona un espacio “más vivible y económicamente más amable, más diverso, más consciente y más ético”, dice Facundo.

Olot: un ecosistema que crece con el barrio

En el Nucli Antic de Olot, el embrión del ecosistema es también un espacio físico, pero con una historia propia. Hace una década, tres entidades que necesitaban compartir local se instalaron en el Núria Social, un edificio emblemático que había sido centro obrero y posteriormente cine y que hoy acoge una sala polivalente, actividades culturales, formaciones y una cantina restaurante. En aquel momento, explica Laura Comas, cooperativista de Resilience Earth alojada en el Núria, el barrio acumulaba comercio cerrado y décadas de desatención. A partir del Núria empiezan a surgir “muchas alianzas y una apuesta grande en temas de revitalización socioeconómica, de soberanías locales” y de diálogo intercultural.

Laura Comas: “Un ecosistema tiene que ir en conjunto con lo público, con lo privado, con lo cooperativo. No podemos crear burbujas”

El Núria actúa como una infraestructura que facilita que las relaciones se multipliquen sin la necesidad de controlarlas todas. A la cooperativa que gestiona el espacio se han incorporado proyectos diversos, mientras que una asociación articula su dimensión más comunitaria. Hay entidades socias, otras que desarrollan actividades en él y vecindario que participa en procesos concretos. «Un ecosistema genera diferentes espacios de decisión», explica Comas. Esta permeabilidad permite que el ecosistema no quede restringido a aquellas organizaciones que tienen formalmente la etiqueta de ESS. La XES Garrotxa, por ejemplo, agrupa decenas de iniciativas, pero los espacios de participación del barrio se abren también a comercios y entidades que no forman parte de ella. Lo que lo hace posible es, dice Comas, un “chup-chup diario, cotidiano, relacional”.

Ahora, este tejido coincide con un nuevo proceso de regeneración del Nucli Antic y con inversiones públicas sobre la vivienda y el espacio que están revalorizando el barrio. Comas pone como ejemplo los Jardins de la Muralla: una actuación que ha incorporado verde, sombra, agua, bancos y mesas y que ha cambiado radicalmente la manera de utilizar aquel espacio. Para explicar el potencial de un ecosistema como el de Olot, recurre a la metáfora de un aliso, un árbol de ribera que arraiga, protege el río y crea refugio para que aparezca más biodiversidad. Un ecosistema también puede actuar como elemento “generador de biodiversidad”, dice: cuantas más relaciones hay entre personas, vecindario y proyectos diversos, más “resiliencia comunitaria” se genera. La apuesta, insiste, no puede ser construir un reducto cooperativo: «Un ecosistema tiene que ir en conjunto con lo público, con lo privado, con lo cooperativo. No podemos crear burbujas nuestras».

Valls: rehabilitar física y socialmente el Barri Antic

El ecosistema cooperativo de Valls tiene un origen muy diferente. Nace en el entorno del casal popular La Turba y de proyectos políticos y comunitarios que, con el tiempo, deciden dotarse también de herramientas económicas. De ahí surgen iniciativas como La Titaranya, una cooperativa de vivienda y consumo creada para dar respuesta tanto a necesidades de vivienda como a la falta de locales sociales, o l’Economat SCCL, que asume tareas técnicas y de acompañamiento de los proyectos. Hoy son nueve iniciativas —ocho cooperativas y un grupo de consumo— las que se han creado para instalarse en el Barri Antic.

Tais Bastida: “Un ecosistema necesita ir más allá de generar empleo: el objetivo es la transformación social”

En un barrio marcado por la degradación de edificios y de locales, disponer de patrimonio se ha convertido en una de las principales herramientas del ecosistema. La Titaranya ha rehabilitado dos inmuebles y ha generado en ellos viviendas de protección oficial, oficinas, una tienda agroecológica y locales sociales. Además, la Fundació Roca Galès ha adquirido recientemente otro local que funcionará como espacio de coworking cooperativo y será gestionado por La Titaranya. Para Tais Bastida, socio de l’Economat y fundador de La Titaranya, la cuestión va más allá de tener un techo: «Este ecosistema nos ha dado estabilidad para los proyectos que ya teníamos y se han creado nuevos con seguridad». Poder disponer de una infraestructura adecuada y saber que se podrá permanecer en ella a largo plazo permite pensar el proyecto más allá de la supervivencia inmediata.

El impacto tampoco se limita a los edificios. La Comunalitat de Valls, impulsada desde el propio ecosistema, ha permitido ampliar la intervención social y comunitaria en el barrio: según Bastida, durante los primeros años se han generado “una cincuentena de puestos de trabajo, se han creado tres asociaciones y se han impulsado una quincena de proyectos comunitarios”. En una década, dice, las iniciativas vinculadas al ecosistema han contribuido a abrir una decena de locales comerciales en el Barri Antic. Pero el crecimiento también tiene límites: “Lo que más bloquea el crecimiento del ecosistema es la disponibilidad de tiempo de las personas que forman parte de las propias cooperativas y la consolidación de los propios proyectos”. Para Bastida, la lección de Valls es que un ecosistema necesita ir más allá de generar empleo: “El objetivo es la transformación social con una base y una mirada política del territorio”.

Arraigar para dejar de ser una anécdota

Valls, Olot, Sants, el nuevo ecosistema que ECOS intenta construir en el centro de Barcelona o las experiencias emergentes que también hay en ciudades como Manresa, Sant Cugat del Vallès, Mataró, Girona, Lleida o Sabadell muestran que no hay una única receta para cooperativizar un territorio. Pero hay ingredientes que se repiten: espacios de gobernanza compartida, relaciones con el tejido social, capacidad de crear actividad económica e infraestructuras que den estabilidad a los proyectos. En este sentido, Ivan Miró considera que “es fundamental colectivizar la propiedad del suelo, urbano y rural, para permitir que estos ecosistemas emerjan y se consoliden”.

El reto final, sin embargo, no es acumular metros cuadrados ni multiplicar el número de cooperativas, sino conseguir que estas iniciativas dejen de ser excepciones y pasen a formar parte de la manera en que un territorio resuelve sus necesidades de vivienda, de alimentación, de trabajo, de energía, de cultura o de cuidados. Facundo lo expresa desde la experiencia del Grup ECOS: «La economía social y solidaria no sobrevive si está aislada». Solo cuando se enreda “políticamente”, “económicamente”, pero también “social y territorialmente”, puede dejar de ser una anécdota y convertirse en un actor más del barrio, con capacidad de intervenir sobre su futuro.

Fuente: Crític. Artículo original en catalán de Laia Soldevila, publicado en elcritic.cat el 23 de septiembre de 2026.

Este año la Semana Europea de la Movilidad repite el lema “Movilidad para todas” y pone el foco en la equidad entre generaciones. Necesitamos urgentemente transformar nuestras ciudades y movilidades para dar respuesta a las diferentes necesidades que tenemos a lo largo de nuestro ciclo de vida.

Una de las etapas que a veces queda en tierra de nadie es la adolescencia. Una etapa clave donde se forjan hábitos, construimos nuestra identidad y buscamos la libertad: salir del paraguas de nuestra familia y empezar a conquistar nuestros propios espacios.

Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a esa etapa sin haber aprendido a movernos de forma autónoma? Hay adolescentes que entran en secundaria sin haber ido nunca solos al colegio, salido por el barrio o jugado cerca de casa sin vigilancia.

A esto se suma una ciudad zonificada y monofuncional que no ha pensado que los espacios han de acoger también sus necesidades.

Hay dos ideas clave para construir ciudades que incluyan a la adolescencia: Seguridad no significa ausencia de riesgo. En lugar de limitar su autonomía porque existen peligros, debemos transformar las condiciones que los generan: velocidades, cruces, calles…

Y cambiar la mirada sobre la infancia y la adolescencia y dejar de lado la sobreprotección. Necesitamos confiar en su capacidad para resolver situaciones, tomar decisiones y participar en la vida de la ciudad.

Porque una ciudad para todas las personas debe tener lugares donde podamos encontrarnos, convivir y compartir entre generaciones.

En este marco, desde la Escuela de Movillidad comparten estos estos cursos y convocatorias:

CURSOS

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Digitalización y datos en la movilidad sostenible.
Inicio: 30 septiembre.

Con Maite Pérez, Núria Pérez Sans, Ramon Pruneda, Manel Pons.

Gobernanza y participación ciudadana en la movilidad sostenible. Inicio: 1 octubre. 

Con Roser Casanovas, Mercedes Vidal, Amancay Villalba, Anabel Gulías, Luciano Ibarra, Eixample Respira, Som Mobilitat, Som Ecologística, Juventud por el Clima, Col·lectiu Punt6.

Movilidad al trabajo y de grandes centros de actividad. Modalidad asíncrona.

Con Juan Carlos Escudero, Manel Ferri, Mar Fernández Lorente, David Balbás Alonso, Marc Nadal Agustí, Alberto Puivecino Lobera, Rafael Requena, Manuel Riera Díaz.

EVENTOS

¡Ven a la presentación de Rowan March en Barcelona!

Participaremos en la presentación de la novela de Jaime Novo. Un thriller social para hablar de tecnología, vigilancia, bicis, en definitiva, del futuro de nuestras ciudades.

David Balbás Alonso (Escuela) participará en la presentación junto a Jaime Novo.

10 de septiembre a las 18:00 h en Bicihub Barcelona

Ver más

Jornada sobre descarbonización y electrificación de la movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, participamos en la jornada organizada por por la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AMB, Ajuntament de Barcelona y ATM.

17 de septiembre | 9:00–17:30 en Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona
Inscripciones

Jornada técnica sobre la Ley de Movilidad Sostenible

Elaboramos junto a COAMBA esta jornada para conocer las claves de la nueva normativa, profundizar en sus principales aspectos socioambientales y, reflexionar sobre las oportunidades que abre para ambientólogos y ambientólogas.

14 de septiembre | 10:00–11:30 h Online, a través de Zoom

Inscripciones

Abrir una cuenta corriente, contratar una póliza de seguros, financiar la tesorería municipal: son gestiones tan rutinarias que rara vez se piensan como una decisión política. Y sin embargo, según con quién se firmen, empujan el dinero público hacia un modelo financiero u otro.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —tercera de un ciclo de cuatro encuentros dedicados a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, junto a vivienda, energía y alimentación—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un sector ya consolidado que, aun así, sigue teniendo que pelear su espacio dentro de la contratación pública, pliego a pliego.

Guillem Subirachs y Sergi Salavert, del equipo técnico de FETS – Finançament Ètic i Solidari, condujeron la formación con una idea de fondo: las finanzas éticas ya no son una rareza testimonial, sino un ecosistema consolidado con casi treinta años de recorrido, y el reto ahora es que la administración pública aprenda a mirarlo.

Un sector que nació diciendo «con mi dinero, no»

El origen del movimiento se remonta a los años sesenta, ligado a la oposición a la guerra de Vietnam y al régimen del apartheid en Sudáfrica: colectivos que empezaron a exigir saber, y decidir, en qué se invertía su dinero. De ahí nace el principio más conocido del sector, el de exclusión —nada de armamento, nada de energía nuclear, nada de proyectos con impactos sociales o ambientales negativos—, aunque las finanzas éticas se definen hoy por bastante más que por lo que rechazan: también por comprometerse a canalizar el ahorro hacia proyectos con impacto positivo, por la transparencia sobre dónde va ese dinero, por la participación democrática de las personas socias en la gestión de las entidades, y por aplicar hacia dentro los mismos principios que exigen hacia fuera.

Con esos cinco criterios, FETS analiza los principales bancos y cooperativas de crédito del Estado español a través de su Escáner de las Finanzas Éticas; solo un puñado de entidades —entre ellas Coop57, Fiare Banca Ética, Oikocredit y Triodos Bank— supera el umbral de cumplimiento que la asociación considera necesario para hablar propiamente de banca ética.

Menos presente en el imaginario colectivo que los préstamos o las cuentas de ahorro, el sector asegurador forma también parte de este ecosistema, y ahí nace el sello EthSI, que certifica que una mutualidad, compañía o correduría trabaja según principios de mutualidad, equidad y transparencia. Un sello pensado, en un primer momento, como guía para la ciudadanía, pero que puede convertirse también en una herramienta de contratación pública.

Una ley que excluye la tesorería, y eso puede ser una ventaja

La Ley de Contratos del Sector Público deja fuera de su ámbito a los servicios de financiación y tesorería, mientras que sí regula los de inversión y seguros. A primera vista parece un vacío incómodo, pero puede leerse también como una oportunidad: da a los ayuntamientos más margen para negociar directamente con entidades de finanzas éticas, con mayor flexibilidad y sin la rigidez de un pliego estándar, aunque sin renunciar a los principios de concurrencia y transparencia que deberían regir cualquier contratación pública. La contrapartida es que, al no ser un proceso público, muchas de estas experiencias quedan invisibles si nadie se encarga de contarlas.

Cuando el servicio sí entra en la ley —los seguros, sobre todo—, ocurre justo lo contrario: todo el proceso se publica, y eso lo hace mucho más fácil de consultar y de replicar en otro municipio. La clave, en ese caso, está en vincular el objeto del contrato con criterios sociales, fiscales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio, y en aprovechar la posibilidad legal de dividir la licitación en lotes: las finanzas éticas pueden ser complementarias a la banca convencional, pero rara vez están en condiciones de asumir por sí solas un contrato entero.

Mataró y el 20% que sí se pudo pedir

El ejemplo más citado durante la sesión fue el del Ayuntamiento de Mataró, que en una licitación de sus pólizas de seguros repartió la puntuación en un 80% para la oferta económica y un 20% para estar en posesión del sello EthSI o un equivalente. La cláusula funcionó porque no era excluyente —de no haberse presentado ninguna entidad certificada, la licitación no se habría invalidado— y porque estaba bien justificada en relación con el propio objeto del contrato. En la práctica, la aseguradora adjudicataria no tenía el sello, pero sí la correduría que gestionaba el proceso, lo que bastó para activar ese 20%.

Un gesto administrativo relativamente pequeño, en definitiva, con un efecto nada menor: orienta hacia el sector ético una parte del gasto público y manda una señal clara al mercado sobre qué prácticas se quieren premiar. Y también un ejemplo de que este tipo de criterios de adjudicación, tan fáciles de impugnar cuando no están bien fundamentados, sí resisten cuando se construyen con cuidado —algo más sencillo, se apuntó, en un municipio de tamaño medio que en una gran capital, donde hay muchos más intereses puestos sobre el mismo contrato.

Otros ayuntamientos —Barcelona, Castellón o Donostia, además del propio Mataró— han conseguido financiar parte de su tesorería a través de entidades de finanzas éticas, pero en todos los casos fue posible porque existía una relación previa entre administración y entidad. Las finanzas éticas no funcionan como un proveedor de urgencia: no pueden presentarse a un concurso relámpago sin haber tenido antes ningún contacto con el territorio.

Más allá del pliego: formar, sensibilizar, construir relación

Antes de llegar a la contratación propiamente dicha, la sesión insistió en un mapa más amplio de lo que una administración puede hacer para fomentar las finanzas éticas en su territorio: fijar un diagnóstico y una hoja de ruta, formar tanto al personal técnico como al político, avanzar de forma progresiva hacia una operativa financiera propia con entidades éticas, y trabajar la sensibilización ciudadana —desde visibilizar los proyectos ya financiados en el territorio hasta organizar rutas sobre el impacto del sistema financiero en las ciudades o catas de productos de la banca ética, actividades que FETS repite cada año en distintos formatos—. A todo ello se suma fortalecer el tejido económico y social local mediante encuentros entre entidades de finanzas éticas y de la Economía Social y Solidaria de un mismo territorio, pensados precisamente para que la relación exista antes de que llegue la urgencia de una licitación.

Una ley favorable, pero una voluntad política imprescindible

Como en las sesiones dedicadas a energía o a vivienda cooperativa dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: existen ya herramientas maduras —un escáner que mide bancos, un sello que certifica seguros, una guía jurídica pensada para copiarse directamente en un pliego— para que lo público mueva su dinero de otra manera. Lo que falta, con frecuencia, no es la herramienta sino la decisión de usarla. Sin una voluntad política clara, los tiempos se dilatan y ni la mejor guía técnica basta para que finanzas éticas y administración acaben encontrándose; con ella, como demuestra Mataró, un simple 20% en un pliego de seguros puede bastar para empezar a cambiar hacia dónde va el dinero público.

El próximo 16 de octubre, de 9:30 a 14:00 h, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se convertirá en el epicentro del cierre del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes. Para participar es preciso inscribirse aquí.

Tras el recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Balears y Canarias, llega el momento de poner en común los aprendizajes de todo un ciclo de encuentros territoriales entre administración pública y entidades de la Economía Solidaria en un Foro Estatal presencial sin precedentes; un ejercicio de cooperación y trabajo conjunto de cooproducción entre agentes institucionales y sociales.

La pregunta que atraviesa todo el encuentro
¿Cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento, las capacidades y las experiencias que ya existen en los territorios? Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación, cultura… son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario. Son cientos las cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales que llevan años tejiendo respuestas concretas: comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados, proyectos culturales comunitarios, sistemas alimentarios de proximidad, iniciativas de finanzas éticas.

COOPUBLIC y este foro nacen para abrir ese espacio de encuentro e interlocución entre responsabilidad institucional, conocimiento técnico y experiencia social organizada, con un objetivo claro: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger

Un cartel de altura para el debate político-social

• Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social
• María Sintes Zamanillo, de la Oficina Española de Cambio Climático
• Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
• Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes
• Jorge Nacarino, responsable de política institucional en la Confederación Estatal Asociaciones Vecinales.
• Representantes de Futuro en Común, el movimiento vecinal y Ecorredes

Del debate a la acción: diseño estratégico colectivo
Tras la mesa político-social, el foro no se queda en la fotografía institucional. Se abrirá un espacio de diseño estratégico colectivo para identificar qué herramientas se necesitan, qué obstáculos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer este modelo de cooperación público-comunitaria — un trabajo que se traducirá en una hoja de ruta compartida para todo el Estado.

Una llamada especial a quienes hacen política pública cada día

REAS Red de Redes quiere contar especialmente con profesionales de las administraciones que trabajan en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Su experiencia es clave para que el debate no se quede en señalar buenas prácticas, sino que ayude a entender qué condiciones administrativas, jurídicas y políticas hacen posible llevarlas a la acción pública real.

Y también es una invitación directa a la sociedad civil organizada: si las comunidades ya están generando soluciones públicas, el reto es preguntarse cómo reconocemos, protegemos y ampliamos esa capacidad colectiva. .

Un encuentro que reúne en una misma sala a ministros, secretarías de Estado, direcciones generales y redes de economía solidaria y movimientos sociales. Si te interesa el futuro de la cooperación público-comunitaria y quieres ser parte activa en ésta es la cita que no te puedes perder.

16 de octubre | 9:30–14:30 h
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Inscripción obligatoria aquí.

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria organiza la 4ª edición de C2C Conversaciones, Aprendizaje e Intercambio de promotoras/es de la ESS, un encuentro que este año pone el foco en los Cuidados y el Emprendimiento en la Economía Social y Solidaria, con la colaboración del Centro de Referencia Nacional de Atención Social.

El encuentro se celebrará en Madrid el próximo 18 de noviembre y reunirá a iniciativas y promotoras de emprendimiento en el ámbito de la ESS, así como docentes y alumnado de Formación Profesional vinculados al ámbito de la Atención Social.

Han pasado tres años desde la última edición de C2C, celebrada en Bilbao en 2023, y en esta ocasión el encuentro pone el foco en un terreno que atraviesa a toda la ESS: la dignificación del trabajo de cuidados, el cuidado también hacia dentro de las propias organizaciones, y los modelos comunitarios frente a la mercantilización de la vida.

El programa

La jornada arrancará con una mesa inspiradora sobre cuidados y trabajo digno en la ESS, seguida de un diálogo entre ESS y Formación Profesional sobre cómo integrar la realidad cooperativa y de cuidados en los módulos de emprendimiento. A continuación, el encuentro dará paso a talleres simultáneos organizados en torno a tres ejes temáticos:

• Dignificación del trabajo de cuidados, sobre cooperativismo y condiciones laborales dignas.
• Organizaciones habitables, sobre cómo construir organizaciones que apliquen el cuidado también hacia dentro.
• Enfoque comunitario, sobre modelos públicos y comunitarios frente a la mercantilización de los cuidados.

Estos talleres darán paso a un laboratorio práctico en el que los grupos, formados por docentes, alumnado y entidades de la ESS, co-construirán propuestas concretas para llevar a las aulas de emprendimiento de la Formación Profesional, con el objetivo de generar materiales didácticos que acerquen los valores del cooperativismo y los cuidados a las futuras generaciones de profesionales del sector.

Con este encuentro, REAS Red de Redes y el Centro de Referencia Nacional de Atención Social buscan tender puentes entre la Economía Social y Solidaria y la Formación Profesional, y fortalecer el tejido productivo y reproductivo de la ESS en los diferentes territorios.

Más información e inscripciones AQUÍ

La movilización hacia el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo ya está en marcha. De cara al próximo 29 de octubre, la Alianza Global por los Cuidados invita a organizaciones, redes, comunidades y personas de todo el mundo a sumarse a #VoicesOfCare y contribuir a que las voces, experiencias, conocimientos y propuestas vinculadas con los cuidados sean escuchadas.

La campaña busca conectar las acciones que se desarrollan en distintos territorios con una conversación global sobre la transformación de los cuidados. Para ello, la Alianza ha puesto a disposición de su membresía y del público general una serie de recursos, convocatorias y espacios de formación e intercambio.

Recursos para preparar para el 29 de octubre

El Kit de Activación 2026 reúne ideas para organizar actividades, impulsar acciones de incidencia, compartir historias, activar comunidades y llevar los cuidados al espacio público.

También está disponible el Kit de Prensa, que ofrece mensajes clave, datos, materiales audiovisuales y herramientas para trabajar con periodistas y medios de comunicación.

[DESCARGA EL KIT DE ACTIVACIÓN]

[CONSULTA EL KIT DE PRENSA]

Diferentes formas de sumar voces y acciones

Cualquier persona, organización o institución puede registrar sus eventos, campañas y actividades en el Mapa de Actividades del Día Internacional. El mapa permanece abierto durante todo el año y permite conectar iniciativas de distintos territorios con una movilización global.

También está abierta la convocatoria para compartir artículos, historias, entrevistas y experiencias que puedan publicarse en la página web del Día Internacional. Estas contribuciones podrán enviarse hasta el 23 de septiembre de 2026.

[REGISTRA TU ACTIVIDAD EN EL MAPA]

[COMPARTE TU HISTORIA O CONTENIDO]

Convocatorias abiertas para integrantes de la Alianza Global por los Cuidados:

La membresía de la Alianza pueden sumarse a las distintas iniciativas colaborativas de la campaña:

• Participar en el itinerario de formación y acompañamiento para desarrollar o fortalecer una campaña y formar parte del Grupo de Trabajo.
• Enviar un vídeo para la pieza audiovisual colaborativa.
• Compartir una fotografía para el collage colectivo.
• Proponer contenidos o actividades para el Canal de Cuidados 24 Horas.
• Registrar eventos, campañas y actividades en la Agenda Colectiva de la membresía.

El plazo para participar en los talleres finaliza el 2 de septiembre de 2026. Las propuestas para la pieza audiovisual, el collage colectivo y el Canal de Cuidados 24 Horas podrán enviarse hasta el 23 de septiembre.

Cada organización puede participar en una o varias iniciativas, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada convocatoria.

[PARTICIPA EN LAS INICIATIVAS PARA LA MEMBRESÍA]

Fuente: Alianza Global por los cuidados

Esta es la principal conclusión del nuevo informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, publicado a finales de julio. El documento examina los avances en la aplicación de la Resolución 79/213, dirigida a promover la economía social y solidaria como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para elaborarlo, Naciones Unidas ha recabado alrededor de 40 contribuciones de Estados, organismos internacionales y otras partes interesadas.

Desde la aprobación de la resolución, numerosos países han incorporado la economía social y solidaria a sus políticas como una herramienta para responder a desafíos relacionados con el empleo, los cuidados, la vivienda o la transición ecológica. Sin embargo, Naciones Unidas señala una distancia importante entre este reconocimiento y su aplicación: se han adoptado numerosas medidas de apoyo, pero todavía existe poca información sobre sus resultados concretos para las entidades, las personas trabajadoras y las comunidades.

Simbiótica nació del trabajo compartido entre varias profesionales autónomas que buscaban reducir la precariedad, afrontar proyectos de mayor envergadura y utilizar la tecnología como herramienta de transformación social. Constituida como cooperativa hace dos años, desarrolla software, ciencia de datos, consultoría y formación desde una mirada crítica sobre sus impactos sociales y ambientales. En esta entrevista explica por qué rechaza determinados encargos, cómo aplica la horizontalidad y los cuidados a su organización interna y qué alternativas propone ante la concentración de poder de las grandes plataformas y la expansión acelerada de la inteligencia artificial.

¿Cómo nace Simbiótica y qué necesidades o inquietudes estaban en el origen del proyecto?

Simbiótica se crea como un paso natural entre varias personas que trabajábamos de autónomas y que fuimos aumentando nuestro trabajo conjunto en algunos proyectos, Julio (Triskel apps), Joseba (Anarres) y Alberto. A la hora de plantear este nuevo proyecto cooperativo, avisamos también a una compañera, Brianda, que tenía un perfil técnico y social similar.

Elegimos esta forma de cooperativa por varios motivos. El primero es que tenemos un fuerte vínculo con el mundo asociativo, movimientos sociales y con la economía social y solidaria, por lo que teníamos claro que queríamos un modelo horizontal y transparente. Nuestro vínculo con el Mercado de Economía Social de Madrid (MESM) desde 2018 nos ha enseñado e inspirado mucho para reafirmar nuestra convicción en este modelo.

Otro motivo era la necesidad de reducir la inestabilidad y precariedad que muchas veces tenemos las autónomas. Con una estructura más organizada tenemos más capacidad de trabajo en proyectos mayores, de acceso a subvenciones y desarrollo de productos propios, para mejorar nuestra estabilidad laboral.

Por último, la transformación social era otra motivación fundamental. Queríamos ser una entidad que, con sus prácticas, desarrollos y divulgación, difunda la importancia de un uso responsable y crítico de la tecnología, teniendo en cuenta sus impactos sociales y medioambientales, priorizando el software libre y los comunes digitales.

¿Quiénes formáis parte de Simbiótica? 

Ahora mismo somos seis personas. Julio, Joseba y Alberto tienen perfiles de desarrollo de aplicaciones y administración de sistemas; Brianda y Natalia están especializadas en ciencia de datos aplicada e inteligencia artificial; y Amelia es nuestra experta en gestión, administración y finanzas. Somos cuatro socias fundadoras y dos trabajadoras, con aspiración a consolidarnos todas como socias. Nuestras dinámicas internas son participativas sin importar la figura de socia o trabajadora.

Os definís como una cooperativa comprometida con una tecnología responsable, ética y orientada al bienestar de las personas y del planeta. ¿Cómo se traduce esa filosofía en vuestro trabajo cotidiano? 

Tratamos de llevar nuestras convicciones a nuestro trabajo diario de varias maneras. Para empezar con nuestras propias herramientas de trabajo, usamos software libre y seleccionamos proveedoras de las redes de economía social y solidaria o, al menos, con compromisos sociales o medioambientales y que cuiden su impacto. A la vez, también desarrollamos herramientas libres, contribuyendo a crear un ecosistema más abierto y colaborativo.

Además, todo lo que hacemos incorpora desde el diseño perspectivas de impacto social y medioambiental, con una reflexión de toda la cadena de valor, desde el extractivismo de recursos y datos hasta el impacto repercutido en la ejecución del proyecto, tanto en usuarias como en otras posibles afectadas. Somos honestas e intentamos ser coherentes: a veces nuestra propuesta no es tecnológica y recomendamos cambios en las metodologías; en ocasiones rechazamos proyectos porque no cubren las garantías éticas suficientes; y desde luego, tenemos líneas rojas para no trabajar con sectores contrarios a los valores que defendemos, como banca de inversión o casas de apuestas, y debatimos los que puedan acercarse a esa línea.

Intentamos aplicar nuestros valores sociales activistas en todo lo que podemos. Por ejemplo, las emisiones en movilidad son mínimas: la mitad de la plantilla trabaja normalmente en remoto y la otra mitad nos movemos en bicicleta o caminando a nuestro espacio de coworking en Alcalá (la Ínsula Coworking, también socia del MESM), y priorizamos el transporte público o colectivizado en desplazamientos más largos y viajes.

Simbiótica desarrolla herramientas tecnológicas, pero uno de vuestros objetivos es construir relaciones laborales basadas en la confianza, la inclusión y la cooperación. ¿Es posible hacer empresa de otra manera en un sector tan competitivo como el tecnológico? 

La respuesta rápida es que sí es posible. Nos preocupamos por todo lo reproductivo, comenzando por la selección de personal inclusiva con la que hemos pasado de tres hombres y una sola mujer a tres y tres. Aplicamos medidas de conciliación con teletrabajo, tratamos de ajustarnos a jornadas de 32 horas semanales, tenemos flexibilidad horaria, gestión asamblearia, aplicamos medidas de cuidados en las relaciones, etc.

Pero es cierto que es un reto, ya que cuidar las relaciones, las redes y el enfoque ético requiere tiempo de trabajo reproductivo, de formación y de investigación, tiempo no facturable. La elección de proveedores y herramientas más éticas o el rechazo de proyectos mucho más lucrativos también tiene un fuerte impacto económico. Y se suma que, como cooperativa de trabajo, no tenemos la capacidad de inversión de capital que tienen las startups tecnológicas y que les permite desarrollar productos e innovar con menor riesgo personal.

Es un escenario difícil y complejo, con muy buenas oportunidades y a la vez pasando por momentos financieros delicados haciendo equilibrios. Hay pocos referentes, vamos aprendiendo en cada paso y tropiezo, y a la vez es una oportunidad de hacer camino y apoyarnos entre entidades tecnológicas compartiendo nuestras experiencias.

A pesar de las dificultades y riesgos, creemos firmemente en este modelo, en otra forma de hacer economía, respetuosa con las personas y el planeta, y sabemos que no estamos solas: dentro de REAS y los distintos mercados sociales territoriales hay una red de entidades y personas que luchan por lo mismo, y es uno de los motores que nos impulsan.

Una de las personas que integra el equipo encontró en Simbiótica una oportunidad que no había encontrado en otras empresas. ¿Qué supuso para ti que la cooperativa apostara por tu incorporación y qué dice esa experiencia sobre otra forma de entender el empleo? 

La contratación de Simbiótica ha supuesto para mí que ellos valoraran mi aportación al equipo por sobre los procesos burocráticos de extranjería. Ha sido crucial, porque estos procesos han sido diseñados para ser largos y precarizantes, para que te canses en el camino. Simbiótica ha permitido que me pueda sostener en este proceso este último año. Ha sido un acto político importante.

¿Cuáles han sido los principales hitos y desafíos en vuestro recorrido?

¡Esto da para una novela! Hace tres años empezamos a diseñar la cooperativa y hace dos nos constituimos formalmente. En ese primer hito legal fue vital el acompañamiento de la red de la ESS (FECOMA, Economistas sin Fronteras, la Escuela de Emprendedoras Juana Millán y Adeia). Chocamos, eso sí, con un gran obstáculo burocrático: la Comunidad de Madrid tardó seis meses en darnos de alta en el registro de cooperativas, cuando el límite legal son tres y una SL se crea en días. Aquello paralizó subvenciones y facturación, evidenciando un entorno autonómico poco favorable para la economía social. El siguiente gran hito fue conseguir financiación estatal importante (del Ministerio de Cultura y un PERTE de Economía Social) para impulsar nuestros dos productos propios, Festiverso y Aljibe, hoy en distintas fases de madurez.

Nuestro reto actual es equilibrar el desarrollo de esos productos, que exige mucha inversión sin recurrir a rondas de financiación como las startups capitalistas, con el mantenimiento de salarios y condiciones dignas. Lo sostenemos con la otra mitad de nuestra actividad, que a veces queda tapada por los productos con nombre propio: el desarrollo de software a medida, la consultoría y la formación para otras entidades. Ahí seguimos creciendo, iniciándonos en las licitaciones públicas y saliendo de nuestra zona de confort de la ESS para acercarnos a otras pymes.

A nivel colectivo, nos hemos sumado a otras cooperativas tecnológicas de Madrid en Coop-On, una red de apoyo mutuo basada en cooperar y no competir. En nuestros encuentros periódicos compartimos saberes, debatimos sobre prácticas y límites éticos, y ya estamos creando servicios conjuntos de digitalización y solicitando ayudas para proyectos comunes. Finalmente, afrontamos el desafío de la expansión de la IA generativa. Como expertas en ciencia de datos valoramos sus posibilidades, pero somos muy conscientes de sus costes sociales y ambientales. Esa mirada crítica es parte de nuestra propuesta de valor: vertebra el diseño de Aljibe y la línea de formación y consultoría en uso responsable de la IA que estrenamos precisamente este verano. Y aun así, decidir cómo integramos estas herramientas en nuestros propios procesos internos nos exige un debate constante que no siempre es fácil.

¿Qué es la app del Mercado Social y qué necesidad detectásteis para impulsarla? 

La app del MES es una herramienta para incentivar el cambio del consumo hacia las entidades de la ESS, que la gente descubra que otra economía es posible y que, a través de los mercados sociales territoriales, ya hay entidades ofreciendo los productos y servicios que hasta ahora compraba o contrataba a empresas capitalistas.

La iniciativa original surgió alrededor de 2018 en el MES de Madrid, dentro del proceso de creación de una moneda social, el Etic, diseñada para incentivar los intercambios dentro de la red; la app era su soporte. La moneda no tuvo el impacto esperado y se terminó cerrando, pero la app demostró ser útil como escaparate y buscador de entidades y como canal de noticias y promociones, así que la moneda se sustituyó por un carnet de socia con el que las entidades que quieren ofrecen un descuento directo en la compra.

En 2024, el Mercado Social de Aragón y REAS tomaron la iniciativa de adaptar la herramienta a otros mercados territoriales, y desde entonces se gestiona y mantiene de forma conjunta entre cinco mercados: Aragón, Madrid, Nafarroa, Murcia y La Rioja.

¿Qué principios tecnológicos hay detrás del desarrollo de la aplicación? 

Lo principal es que la app es software libre: todo el código (el de las aplicaciones móviles, el de la web y el de la parte del servidor que no se ve) es abierto, y por tanto transparente y colaborativo. Y se ha tratado de hacerla lo más inclusiva posible: adaptaciones de accesibilidad, diseño intuitivo y sencillo, compatibilidad con teléfonos lo más antiguos posible para no forzar una obsolescencia innecesaria, multidioma para incluir todas las lenguas oficiales, e instalación directa en Android para quien no usa los servicios de Google.

Quedan mejoras pensadas para seguir avanzando en tecnologías libres: sustituir los mapas de Google por OpenStreetMap (el mapa libre y colaborativo, una especie de Wikipedia de los mapas), buscar una alternativa a las notificaciones, que hoy todavía dependen de la infraestructura de Google, publicar la app en F-Droid (la tienda de aplicaciones libres de Android) y unificar la base técnica para que la versión de iPhone avance a la par que la de Android.

¿Qué diferencia a esta aplicación de otras plataformas de consumo o directorios comerciales? 

Lo más importante es que solo ofrece alternativas de consumo de la ESS. Las entidades que aparecen están validadas por los distintos mercados territoriales y cumplen los requisitos éticos para pertenecer a la red. La garantía es el balance o auditoría social: en muchos casos es público para cualquier usuaria y en otros solo lo ven las administradoras del mercado, pero siempre se comprueba que el funcionamiento de la entidad en equidad, sostenibilidad, condiciones de trabajo y el resto de compromisos se ajusta a los requisitos de la red, para que sea una alternativa real al mercado convencional.

¿Qué aprendizajes os ha dejado el proceso de desarrollo y cuáles son los principales retos que afrontáis?

¡Han sido muchas aventuras en este camino!. El mayor aprendizaje no es técnico sino haber conocido a la gente que sostiene cada mercado, con sus dinámicas internas propias. Coordinar necesidades, peticiones, acuerdos y formas de financiación diferentes es a veces difícil, pero es un camino que merece la pena: nos sentimos apoyadas, creemos que lo que hacemos tiene un impacto positivo, con más o menos alcance pero siempre acercando la ESS a más gente, y todas las partes estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto continúe.

¿Cómo puede esta herramienta fortalecer la ESS y los circuitos económicos locales y de proximidad?

Lo más importante es que “se use”. Por las personas que quieren consumir de forma más ética y buscar lo que necesitan en las redes de la ESS; por las entidades, que pueden aprovechar sus espacios en la app para visibilizar su información, productos y servicios o enviar promociones con notificación; y por los propios mercados, que tienen en el canal de noticias de la aplicación móvil una vía directa para dinamizar el consumo en la red, además de un elemento moderno e innovador que conecta especialmente con las generaciones más jóvenes.

Las funciones más importantes ya están funcionando: el buscador de productos y servicios, que entiende lo que buscas aunque no escribas la palabra exacta; el canal de avisos de noticias y promociones; y el carnet de socia para los mercados que tienen registro de socias consumidoras además de entidades. ¡Solo hace falta atraer a mucha más gente a la ESS!

Desde Simbiótica no solo desarrolláis software para terceros, sino que también habéis creado herramientas propias como Canvas Markdown y vuestra metodología de estrategia de producto digital para la ESS. ¿Qué problemas ayudan a resolver, qué aportan a las organizaciones de la economía social y cómo puede acceder la gente interesada a ellas?

Un matiz antes de responder: aunque en esta entrevista hablemos mucho de herramientas con nombre propio, el desarrollo de software a medida para otras entidades sigue siendo el corazón de nuestro día a día. Y estas herramientas nacen justamente de esa experiencia, de encontrarnos una y otra vez con que la herramienta que necesita una organización de la ESS no existe o, cuando existe, no entiende su forma de trabajar.

Canvas Markdown resuelve un problema concreto: cuando diseñas estrategia en equipo trabajas de forma visual, con tableros de tarjetas tipo post-it, pero ese trabajo suele quedar atrapado en la herramienta digital de turno. Canvas Markdown es una herramienta web, libre y sencilla, que convierte un archivo de texto plano en un tablero visual e interactivo, y viceversa. El resultado de tu taller es un simple archivo de texto que guardas en tu ordenador, que podrás abrir siempre y con cualquier programa, y que es fácil de reutilizar después, por ejemplo para maquetar un documento.

La plantilla de estrategia de producto digital ESS, disponible dentro de la propia herramienta, nació al diseñar Aljibe, nuestra plataforma de ciencia de datos para la economía social. Las metodologías habituales de estrategia de producto están centradas en lo productivo y lo económico, y les faltaba el corazón: el impacto social, la gobernanza, la intercooperación. Creamos un marco propio que en lugar de obsesionarse con el crecimiento pregunta por la sostenibilidad, habla de alianzas en vez de “ventaja competitiva”, y donde los principios éticos y las licencias libres son el punto de partida, no un anexo. Las dos cosas son libres y gratuitas, y están accesibles desde nuestra web para cualquier entidad que quiera usarlas.

También habéis desarrollado Festiverso, una aplicación para facilitar la organización de festivales y mejorar la experiencia del público. ¿Qué necesidades resuelve esta herramienta y qué acogida está teniendo?

Festiverso resuelve dos necesidades. A la organización del evento le facilita la gestión con un panel de administración intuitivo y ágil, que al final ahorra bastante tiempo, hojas de cálculo y carga mental. Y al público le da toda la información actualizada a mano, les ayuda a orientarse en los espacios y tiempos del evento y crear su agenda personalizada, con un enfoque especial en la accesibilidad para que cualquier persona pueda consultar lo que necesita sin barreras.

Está teniendo muy buena acogida. Ya ha funcionado en eventos de distinto tipo (el encuentro de ESS Idearia de este año en Iruñea, la Mostra de Microteatre a les Botigues d’Arenys de Munt o Extremareggae) y este verano en Enclave de Agua y Boina Fest.

¿Qué papel juega la tecnología en la construcción de alternativas económicas más justas? 

La tecnología no es neutral: sus objetivos dependen de quién la diseña y de quién controla sus infraestructuras. En el caso de las grandes compañías tecnológicas, el objetivo es maximizar el beneficio económico y su poder a través de la explotación de los datos, y así se reproducen las injusticias propias del capitalismo.

La tecnología que se utiliza y desarrolla desde la ESS le da la vuelta a esta lógica: se diseña para mejorar la vida de las personas, tiene en cuenta su impacto medioambiental para reducirlo y hacerlo sostenible, respeta la privacidad de los datos, y sus modelos de gobernanza cooperativos aseguran la autonomía y la resiliencia.

¿Es posible construir herramientas digitales competitivas sin reproducir las lógicas de las grandes plataformas tecnológicas? 

Es posible, pero requiere un esfuerzo para entender bien qué necesitamos, qué herramientas cubren esas necesidades y cómo funcionan. Nos gusta compararlo con la alimentación: sabemos que necesitamos comprar comida, y podemos acudir a las grandes cadenas a por alimentos baratos pero poco saludables, producidos en condiciones de explotación y con un impacto medioambiental alto, o buscar alternativas para consumir local, ecológico y sin intermediarios. Si trasladamos esa misma lógica a la tecnología, haremos posible que existan herramientas libres, transparentes y democráticas para cubrir nuestras necesidades reales.

Para hacer posible el desarrollo de estas herramientas es importante también la financiación. En lugar de inversores que buscan grandes rentabilidades, existen los modelos de gobernanza y financiación colectiva y el apoyo de las subvenciones públicas.

En un momento en que la inteligencia artificial y las plataformas digitales concentran cada vez más poder, ¿qué papel puede jugar la economía social y solidaria para democratizar la tecnología?

La ESS puede aportar luz en un momento en que la tecnología va muy rápido, muchas veces abruma, y no siempre conseguimos entenderla del todo ni implantarla de manera acorde con nuestros principios. Algunas entidades de la ESS estamos haciendo una doble labor: analizar de manera crítica las soluciones actuales y desarrollar productos y servicios alternativos.

Un ejemplo muy de este verano es la inteligencia artificial, que ya está dentro de la mayoría de organizaciones aunque nadie la haya invitado formalmente. En la encuesta que hicimos en 2025 dentro del proyecto Aljibe, el 84% de las entidades de la economía social ya usaba alguna herramienta de IA y casi ninguna tenía criterios escritos: qué datos no deben salir nunca de la organización, quién revisa qué, qué usos no queremos aunque sean legales. Y mientras tanto la normativa europea avanza. Desde el 2 de agosto es obligatorio, por ejemplo, avisar cuando alguien interactúa con una IA y marcar el contenido generado.

Para acompañar justo eso acabamos de lanzar una línea estable de formación y consultoría en uso responsable de la IA: un diagnóstico exprés que en una semana le dice a una organización qué se está usando y con qué riesgo, formaciones prácticas este septiembre (un curso intensivo del que cada participante sale con el borrador de las normas de uso de IA de su entidad, y un taller sobre cómo usar la IA para redactar subvenciones sin poner en riesgo los datos de las personas), y un acompañamiento completo hasta tener una política de IA propia aprobada en asamblea. Todo con tarifa social para la economía social y el tercer sector, porque democratizar la tecnología también es que este tipo de acompañamiento no quede solo al alcance de las grandes empresas.

En esa misma línea va la colaboración que arrancamos en septiembre con REAS Euskadi: van a elaborar su propia política interna de IA poniendo a prueba la guía completa que hemos desarrollado, con nuestro seguimiento durante todo el proceso. Ese pilotaje nos dará el aprendizaje necesario para terminar de ajustar la guía y sus materiales, con la intención de facilitarlos después de manera gratuita a toda la red de la ESS.

Todo lo demás está en nuestra web, en simbiotica.coop/ia-responsable.

Para terminar. Si tuvierais que dar un consejo a las entidades de la ESS que quieren aprovechar la tecnología sin perder sus valores… ¿Cuál sería?

El principal consejo sería elegir tecnologías libres y adaptadas a nuestras necesidades reales, no a las inducidas. Hay muchas soluciones disponibles, desde una libreta de papel hasta el uso de la IA, y tenemos que analizar muy bien qué necesitamos y qué tecnología se ajusta mejor, porque normalmente las soluciones más complejas (sobre todo las relacionadas con la IA) tienen un consumo y un impacto medioambiental y social más altos.

Y si no tenemos claras las tecnologías disponibles, lo mejor es tirar de apoyo mutuo dentro de la red: preguntar, asistir a encuentros y seminarios, mirar qué han hecho otras entidades parecidas. Para organizaciones más complejas siempre se puede contratar un servicio de consultoría que analice los procesos y proponga mejoras, y si la herramienta que se necesita no existe, se puede encargar su desarrollo a medida a cooperativas tecnológicas de la propia red, como nosotras o como las compañeras de Coop-On. La tecnología, igual que la alimentación o los seguros, también se puede comprar y encargar en la economía social.

Fuente: Arainfo

Alimentarse de forma saludable y garantizar una remuneración justa a quienes producen en un contexto de continuos vaivenes económicos no es sencillo. En el supermercado cooperativo Biolíbere, en Getafe, han puesto en marcha un proyecto piloto de Seguridad Social Alimentaria (SSA), inspirado en el modelo de la sanidad pública, que busca transformar la forma en que consumimos y producimos alimentos.

Entre los meses de febrero y noviembre, 30 personas seleccionadas recibirán una asignación fija de 100 euros mensuales para acceder a alimentos agroecológicos y saludables. El objetivo es que el precio de estos productos deje de ser una barrera para el derecho a una alimentación saludable, así como un obstáculo para avanzar hacia una transición ecológica justa en el sector productor y transformador desde el lado del consumo, explican desde Biolíbere.

Encuentra lo que buscas en tu barrio

Una de las excusas más habituales para recurrir a Amazon u otras plataformas de comercio online es que resulta imposible encontrarlo que necesitamos en los barrios. La app TrackandTake pretende demostrar que esto no siempre es cierto y facilitar la búsqueda de productos en comercios cercanos. Para ello, permite consultar los catálogos de las tiendas e incluso reservar artículos para recogerlos más tarde. Por ahora, está disponible en Mallorca y Madrid.

Bonos que impulsan la reutilización en Francia

Desde 2022, el Gobierno francés ha puesto en marcha los bonos de reparación con los que pretende incitar a sus ciudadanos a alargar la vida de los objetos que poseen. La medida, que busca reducir el coste de reparar los productos, comenzó primero con los electrodomésticos y se ha expandido más recientemente a ropa y calzado, permitiendo reparar 1,7 millones de prendas en dos años, según la ONG francesa Refashion. Algo que podría verse también en España, puesto que es una de las propuestas incluidas en la Ley de Consumo Sostenible que se encuentra tramitación.

Cervezas hechas con pan duro

En España, la cebada y el trigo son los cultivos con mayor superficie dedicada. Aunque su principal destino es la alimentación humana y, sobre todo, los piensos, una parte –especialmente de la cebada– se destina a la producción de cerveza. Sin embargo, también es posible elaborar cerveza desde una lógica de economía circular utilizando pan duro como materia prima. Es el caso de La Panarra, una cerveza elaborada con el pan sobrante del Forn El Castell de Tona, el obrador que pertenece a su creador, David García Ruiz. Aunque su disponibilidad es limitada, dependiendo de la cantidad de pan seco sobrante, se puede adquirir en la página web del obrador o en la misma tienda.

Cosméticos con residuos del vino

No toda la uva acaba siendo parte del vino. Como en la mayor parte de las industrias alimentarias, la producción de vino tiene una parte importante de residuos que hasta hace poco tiempo acababan en la basura. Sin embargo, durante los últimos años algunas bodegas han empezado a utilizar estos residuos para producir cremas y otros cosméticos. Es el caso de la vallisoletana Matarromera, que ha creado la línea Esdor, en la que ofrece desde cremas hidratantes a productos de limpieza facial, todos formulados con compuestos procedentes de los residuos generados en la producción de su vino.

Arte cooperativo y comprometido

En las zonas rurales, las cooperativas han estado tradicionalmente asociadas al trabajo en el campo. Sin embargo, en el municipio jienense de Torredelcampo, la cooperativa Art Diversia ha optado por esta forma jurídica para impulsar el arte desde un enfoque comprometido. Entre sus iniciativas, promueve festivales plenamente accesibles y ha creado la compañía profesional inclusiva La Diversa, orientada a profesionalizar el trabajo artístico de personas con diversidad funcional.

Fuente: Climática

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Fuente: El diario

La crisis de la vivienda en la Unión Europea no puede explicarse únicamente por la escasez de oferta. Junto a la falta de vivienda asequible, es necesario considerar un fenómeno que afecta también a otros ámbitos de la economía: la financiarización de la vivienda. Es decir, cuando los inmuebles funcionan como activos financieros, más allá de cumplir su función social como hogares. Esta es una de las principales conclusiones del informe La especulación inmobiliaria en la UE, elaborado a petición de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea (HOUS) del Parlamento Europeo.

El estudio analiza el avance de la financiarización en los mercados de vivienda de la Unión Europea, con especial atención al alquiler residencial. Examina la actuación de grandes inversores financieros, como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos, que pueden invertir directamente o a través de fondos inmobiliarios. También estudia el papel de los propietarios corporativos: entidades orientadas a la obtención de beneficios que poseen y gestionan carteras de viviendas a gran escala.

Aunque la proporción del parque residencial europeo en manos de estos inversores todavía es limitada, ha crecido rápidamente desde la crisis financiera de 2008. Además, su presencia se concentra en determinadas ciudades y segmentos del mercado, por lo que su peso en el conjunto de un país puede ser reducido y, al mismo tiempo, tener efectos relevantes en mercados locales concretos.

De la deuda hipotecaria a la riqueza inmobiliaria

Durante décadas, la principal conexión entre el sistema financiero y la vivienda fue el crédito hipotecario. Desde los años ochenta, la expansión de las hipotecas y la titulización de esos préstamos (es decir, su conversión en productos financieros que pueden venderse en los mercados) contribuyeron al aumento de los precios de la vivienda en buena parte de la Unión Europea. Tras la crisis financiera de 2008, sin embargo, se produjo un cambio. Los precios siguieron creciendo a pesar de que el crédito hipotecario concedido a los hogares se estancó o disminuyó. Entre 2015 y 2024, el nivel medio de crédito a los hogares en los países europeos analizados cayó un 18 %, mientras que los precios de la vivienda aumentaron un 61 %.

El informe interpreta esta evolución como el paso de una financiarización basada en el endeudamiento hipotecario a otra impulsada por la riqueza inmobiliaria acumulada, la entrada de capital financiero y la búsqueda de rentabilidad. La vivienda no se adquiere únicamente para vivir en ella o para obtener ingresos mediante su alquiler, sino también con la expectativa de que aumente su valor. Este cambio se refleja en la evolución de los fondos inmobiliarios residenciales cotizados con sede en la UE. Entre 2004 y 2024, sus activos pasaron de 4.800 a 198.700 millones de euros. Por otra parte, la participación de la UE en el conjunto mundial de activos residenciales en manos de fondos cotizados aumentó del 19,3 % en 2005 al 27,5 % en 2024.

Cuando la rentabilidad depende de la revalorización

El informe distingue cuatro tipos de especulación inmobiliaria, aunque centra su análisis en los dos que pueden estudiarse con mayor precisión a partir de los datos disponibles. El primero se refiere a modelos de negocio que dependen principalmente de la revalorización de los inmuebles, más que de los ingresos obtenidos por alquilarlos. Entre 2004 y 2024, el valor de los activos residenciales de los fondos cotizados europeos se multiplicó por 42, mientras que sus ingresos por alquiler lo hicieron por 19. Para los autores, esta diferencia indica que una parte significativa de la inversión está motivada por la expectativa de obtener ganancias mediante la revalorización de los inmuebles, y no exclusivamente por los ingresos derivados de proporcionar alojamiento.

La segunda forma de especulación analizada tiene que ver con determinadas prácticas de los propietarios. La gestión de las viviendas adquiere un carácter especulativo cuando busca aumentar la rentabilidad principalmente mediante la sustitución de inquilinos, la subida de los alquileres o la revalorización de los activos. Entre estas prácticas, el informe menciona los desalojos sin causa atribuible a las personas arrendatarias, el acoso, la falta de mantenimiento y las denominadas renovictions: reformas utilizadas para expulsar a quienes habitan las viviendas o justificar aumentos elevados del alquiler. Las evidencias examinadas en distintos Estados miembros relacionan estas actuaciones con una mayor inseguridad residencial, la pérdida de asequibilidad, el desplazamiento de población y el aumento de las desigualdades socioespaciales.

Una presencia concentrada en determinados territorios

La entrada de grandes inversores financieros no se ha producido con la misma intensidad en todos los países europeos. Según el estudio, el factor decisivo no es tanto la existencia de instrumentos como los fondos de inversión inmobiliaria cotizados, sino la posibilidad de adquirir viviendas concentradas geográficamente, agruparlas en carteras y venderlas posteriormente como un conjunto. El informe identifica tres vías principales de entrada. La primera es la privatización de parques de vivienda pública o no lucrativa. La segunda, la adquisición de activos devaluados tras crisis hipotecarias o bancarias. La tercera es la inversión en segmentos especializados, como las residencias de estudiantes, los centros asistenciales o los alojamientos vinculados al turismo.
Más financiación no significa más vivienda asequible

Una de las principales advertencias del estudio se dirige a las políticas que confían en la movilización de capital privado como respuesta a la crisis de la vivienda. Facilitar el acceso a la financiación no garantiza por sí solo que se construyan más viviendas asequibles. El informe señala que los grandes inversores financieros adquieren mayoritariamente viviendas existentes, en lugar de construir otras nuevas, y que su objetivo no es necesariamente mejorar la asequibilidad. Cuando el capital disponible aumenta con rapidez, pero la oferta de vivienda responde lentamente, la financiación adicional puede traducirse en un incremento de los precios. Desde esta perspectiva, la cuestión no es únicamente cómo movilizar más inversión, sino qué tipo de financiación se favorece, hacia dónde se dirige y bajo qué condiciones.

Los autores valoran positivamente que el Plan Europeo de Vivienda Asequible reconozca la existencia de la financiarización y la especulación. Sin embargo, consideran que su respuesta resulta insuficiente porque se centra principalmente en mejorar el seguimiento y la transparencia de los mercados y en movilizar nuevas inversiones, sin abordar con suficiente profundidad las causas estructurales del problema.

Regular la especulación y ampliar las alternativas

El estudio formula quince recomendaciones que parten de una misma premisa: la vivienda debe considerarse ante todo una infraestructura social y económica esencial para el bienestar de la población y solo de manera secundaria un activo de inversión. Entre otras medidas, propone diferenciar la financiación destinada a adquirir una vivienda habitual de aquella orientada a comprar inmuebles como inversión, así como dirigir el crédito y las ayudas públicas hacia la construcción de nueva vivienda asequible. También plantea que el acceso al apoyo público quede condicionado a inversiones de largo plazo que acepten rentabilidades no especulativas.

En materia de transparencia y fiscalidad, recomienda mejorar la información disponible sobre quién posee los inmuebles, cómo se transmiten y de qué manera se fijan los alquileres y las valoraciones. Asimismo, plantea combatir las estructuras utilizadas por propietarios transfronterizos para trasladar sus beneficios hacia jurisdicciones elegidas por su tratamiento fiscal. Las propuestas incluyen también reforzar la regulación de los alquileres, impedir que las reformas se utilicen para expulsar a los residentes y aumentar la seguridad de la tenencia. Junto a estas medidas, el estudio defiende ampliar la vivienda social y desarrollar modelos permanentemente asequibles, como las empresas municipales de vivienda, las asociaciones con beneficios limitados, las cooperativas y los fideicomisos comunitarios de tierras.

Los casos de Dinamarca, Berlín y Barcelona muestran que las administraciones pueden modificar el comportamiento de los inversores y frenar determinadas prácticas especulativas. Al mismo tiempo, revelan los límites de las actuaciones aisladas: dentro de unos mercados financieros europeos y mundiales integrados, el capital puede desplazarse de un territorio a otro para aprovechar las diferencias regulatorias. Por este motivo, el informe reclama una mayor coordinación europea. Su conclusión de fondo es que movilizar más capital no bastará para resolver la crisis. Para que la financiación contribuya a garantizar el acceso a la vivienda, es necesario decidir qué inversiones se apoyan, con qué finalidad y sujetas a qué condiciones.

Fuente: Valor social

El documento plantea un cambio profundo del modelo actual de producción y consumo de moda, poniendo en el centro los derechos de las personas trabajadoras y los límites del planeta. Frente a un sistema que sigue generando pobreza laboral y graves impactos ambientales, el manifiesto defiende que la transición ecológica solo será justa si incorpora justicia social, redistribución de la riqueza y responsabilidad empresarial.

El texto ha sido desarrollado de forma colectiva por personas trabajadoras, jóvenes y organizaciones sociales vinculadas a la Campaña Ropa Limpia, y combina propuestas concretas para esta década con una visión a largo plazo de un sistema de moda más justo, resiliente y sostenible.

Principios para un sistema de moda justo

El manifiesto establece una serie de principios que deben guiar el futuro de la industria. Un sistema de moda justo es aquel que:

• garantiza trabajo digno, una buena calidad de vida e igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras a lo largo de la cadena de valor.
• asegura la justicia en todas sus dimensiones: social, económica, de género y climática, ahora y en el futuro.
• redistribuye la riqueza hacia las personas trabajadoras, garantizando salarios dignos y protección social universal.
• reparte de forma justa los costes de la adaptación y mitigación climática.
• garantiza que las personas trabajadoras tengan voz y puedan expresarse sin miedo.
• restaura la naturaleza y respeta los límites planetarios.
• reduce la sobreproducción y aumenta la seguridad laboral.
• responsabiliza a las empresas y a sus directivos por los daños causados.
• impulsa formas justas de producir, transformar, transportar, comercializar y reciclar prendas, calzado y accesorios.
• se construye desde el poder colectivo y la solidaridad global.

Un llamamiento colectivo

El manifiesto se presenta como una herramienta para impulsar la movilización social y fortalecer la organización de las personas trabajadoras en toda la cadena global de la moda. Bajo la premisa de que la ropa no puede seguir produciéndose a costa de la explotación, el documento reivindica un modelo basado en el trabajo digno, la justicia climática y la solidaridad internacional.

Somos quienes hacen y quienes visten la ropa. Somos activistas, movimientos sociales y ambientales, organizaciones de la sociedad civil, personas trabajadoras de la industria de la moda, sindicatos, organizaciones por los derechos laborales y aliadas que luchamos por un mundo libre de explotación.

Juntas, alzamos la voz por un sistema de moda justo que respete los derechos de las personas trabajadoras y restaure la naturaleza.

La Campaña Ropa Limpia invita a organizaciones e individuos de todo el mundo a sumarse al manifiesto Tejiendo una Transición Justa en la Moda y, juntas, tejer el futuro justo que queremos.

Para más información vea aquí el Manifiesto completo

Apoya nuestra labor en favor de una transición justa: https://cleanclothes.org/campaigns/manifesto

Fuente: Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Ya en 1019, el Plan de Derechos Humanos de Cataluña reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos”. ¿En qué punto estamos?

De concepto a derecho humano básico

El consumo responsable se ha conceptualizado por entidades de la sociedad civil como aquel consumo que es consciente de la limitación de los recursos del planeta, de la emergencia climática, de las desigualdades entre Norte y Sur y que, en consecuencia, se ajusta a la escasez de suministros básicos.

Defenderlo como un derecho humano básico compuerta garantizar unos mínimos indispensables que, más allá de las opciones (personales o colectivas) tiene que ser garantizado a todas las personas. La triple apuesta en que se propone el derecho básico al consumo responsable se basa en

1. Reivindicar unos mínimos garantizados de consumo de productos y servicios que minimicen los impactos negativos en las personas y el entorno.
2. Entender el consumo como una cadena con derechos y deberes de diferentes actores.
3. Limitar aquel consumo que vulnera derechos fundamentales de generaciones presentes y futuras, humanos y ambientales.

El Plan de Derechoss Humanos de Cataluña (2019) reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos” (a partir de ahora CRRDH), incorporando la vertiente colectiva y entendiendo que hay que atender a los impactos sociales, económicos y ambientales del consumo. Este documento abrió la puerta a un marco jurídico más ambicioso y a un horizonte y hoja de ruta que incorpora el respecto a los derechos humanos y ambientales como parte central de este derecho.

En el ámbito normativo actualmente se está trabajando el anteproyecto de Ley de consumo sostenible, un primer paso que ha contado con numerosas aportaciones de la sociedad civil y que permitiría avanzar en la transparencia de la información (precio, características del producto pero también información ambiental) y en la previsión de medidas destinadas a favorecer la reparación y la reducción de residuos. Ahora bien, algunas entidades consideran que a la propuesta le falta una mirada conjunta del modelo de producción y consumo, dejando fuera a sectores tan importantes como el textil o la alimentación e incorporando pocos incentivos fiscales para la reparación y el reacondicionamiento.

Naturaleza jurídica y previsiones normativas para avanzar en el reconocimiento

Con estos antecedentes, el presente artículo aborda algunos de los aprendizajes extraídos de la configuración y defensa de otros derechos humanos, centrndonos principalmente en el caso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS), con alguna referencia puntual al derecho a la energía. El tratado de derechos que forman parte de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los cuales han tenido una trayectoria particular en el derecho internacional.

Un primer aspecto que hay que considerar es que, del mismo modo que pasa con el DHAS y el derecho a la energía, el derecho al CRRDH es fundamental para hacer efectivod otros DESC, como el derecho a la salud y el derecho un nivel de vida adecuado. Los dos primeros se encuentran sujetos a una constante tensión entre la lógica neoliberal y mercantil que los contempla en cuanto que bienes económicos o de consumo, enfrente a la perspectiva de los derechos humanos, que les contempla como bienes comunes. Esta tensión también es presente en el derecho al CRRDH

En segundo lugar, el DHAS y el derecho a la energía no tienen un reconocimiento constitucional ni estatutario explícito. Tampoco existe el reconocimiento constitucional del derecho al CRRDH. Ahora bien, a diferencia de los dos primeros, la defensa de las personas consumidoras y usuarias sí que ha sido reconocida explícitamente de manera constitucional en tanto que principio rector de la política social y económica (art. 51 CE). También se ha reconocido estatutariamente el derecho de las consumidoras y usuarias a la protección de su salud, seguridad, acceso a la información veraz con garantías, y a la protección ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas (arte. 28 EAC). Se trata de un reconocimiento que, a pesar de no incluir explícitamente una referencia en relación con el respecto a los derechos humanos, vincula de manera explícita – tal y como indica expresamente el propio EAC- todos los poderes públicos de Cataluña y, de acuerdo con la naturaleza de cada derecho, a los particulares (arte. 37 *EAC).

Aterrizando al ámbito catalán y haciendo una comparativa en cuanto a marco competencial, a diferencia del DHAS – que es compartida – Cataluña sí tiene competencia exclusiva en materia de consumo, materia regulada en el Código de Consum que define el consumo responsable como aquel “consumo moderado, informado, reflexivo y consciente de bienes y servicios, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad cultural, ambiental, socioeconómica y lingüística” (art. 111-2 lletra l). Una definición sobre la cual el Plan de Derechos Humanos de Cataluña recomendaba incluir explícitamente el respecto a los derechos humanos. El Código de Consumo también reconoce, de manera diferenciada, el “Principio de consum responsable” (art. 112 – 4) al cual tienen que ajustarse las relaciones de consumo, como por ejemplo criterios de preservación del medio ambiente, calidad de vida, “y otros factores que determinan un desarrollo socioeconómico individual y colectivo”.

A partir de esta batería de previsiones normativas habrá que ver, pues, de qué manera incorporar y fortalecer la perspectiva de los derechos humanos del derecho del consumo y, tal como se indicaba en el Plan de Derechos Humanos de Cataluña, poniendo en valor los efectos multiplicadores del derecho al CRRDH que se traslada a toda la cadena de producción de bienes y servicios.

Interdependencia con otros derechos y vínculo con la dignidad humana

Uno de los grandes aprendizajes que se pueden extraer de los DESC, y en particular del DHAS, es la configuración de su contenido y su exigibilidad a través de su interdependencia con otros derechos, como la vivienda (arte. 47 CE), la salud (arte. 43 CE) o principios fundacionales como la dignidad humana (arte. 10.1 CE).

En el caso del DHAS, en el ámbito de las Naciones Unidas, este derecho se ha reconocido de manera directa a través de laObservación General núm. 15 (2002), que reconoció por primera vez el DHA y lo vinculó con el derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a un nivel alto de salud física y mental (arts. 11 y 12 PIDESC); posteriormente la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las NNUU (2010) reconoció que “el DHAS es un Derecho Humano esencial para el pleno goce de la vida y de todos los Derechos Humanos”. En el caso de la energía, de una manera más indirecta, a través de la Observación General núm. 4 (1991) donde se desarrolla el contenido del derecho a una vivienda adecuada y se incorpora el acceso a la energía como servicio indispensable para garantizar la salud, seguridad, comodidad y nutrición de las personas. Por otro lado, tanto el agua como la energía se han incorporado en cuanto que Objetivos de Desarrollo Sostenible: agua limpia y saneamiento (ODS 6) y energía asequible y no contaminante (ODS 7).

Podemos encontrar ejercicios similares por el que hace a lo que podríamos considerar que forma parte del contenido del derecho al CRRDH, como el reconocimiento de la promoción y el consumo responsables (ODS 12) en cuanto que objetivo de la Agenda 2030 y algunas referencias hechas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC) que lo ha vinculado con la expansión del derecho a un nivel de vida adecuado (arte. 11 PIDESC). Así, el CDESC ha conectado el consumo con los fundamentos jurídicos de derechos específicos, como el derecho a una alimentación adecuada (OG núm.12) o el derecho humano al agua (OG núm. 15) configurando al modelo de consumo como criterio de sostenibilidad para garantizar, por ejemplo, un acceso a los alimentos sin comprometer la disponibilidad de estos a largo plazo ni afectar otros derechos humanos, o para evitar la sobreexplotación del agua. También encontramos referencias explícitas que vinculan los modelos de consumo y producción sostenibles con la gestión y eliminación de sustancias peligrosas (2020).

Así, a pesar de no haber un reconocimiento explícito del derecho al CRRDH en el ámbito de las Naciones Unidas, el derecho a consumir bienes y servicios con ciertas garantías se ha consolidado progresivamente como objetivo transversal y indispensable para garantizar y promover los DESC, hecho que toma especial relevancia en el contexto actual de crisis ambiental global.

Más recientemente, la Resolución de las Naciones Unides sobre un Medio Ambiente sano (2022) que reconocía el acceso al medio ambiente limpio y sano como un derecho humano universal recordaba la interdependencia de los derechos, así como las repercusiones negativas del uso no sostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra o el agua, entre otros, en el goce efectivo de todos los derechos humanos.

Pero, ¿es suficiente demostrar la interdependencia y transversalidad del modo de producción y consumo con otros DESC para avanzar en su reconocimiento? ¿Podría ser que, en función de la naturaleza del DESC, el derecho al CRRDH se module, o bien habría que trabajar en unos mínimos comunes?

Cómo se configura el contenido: 5 dimensiones y principios comunes

Otro aprendizaje de interés en cuanto al proceso de reconocimiento del derecho humano al agua es cómo se ha construido su contenido normativo, definido como “el derecho de todos a disponer agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (OG n.º 15) y, posteriormente, en cuanto que DHAS, conformado por 5 dimensiones que se tienen que interpretar de manera conjunta:

1. Disponibilidad: el acceso al agua y a servicios de saneamiento tienen que ser disponibles para todo el mundo y ser adecuados para las necesidades y contextos territoriales y socioculturales de cada persona.
2. Accesibilidad: la proximidad entre las fuentes de abastecimiento -no más de 1000 metros o 30 minutos de desplazamiento- y el mantenimiento de una adecuada red de abastecimiento de agua.
3. Asequibilidad: el precio de acceso al agua y a servicios de saneamiento no pueden suponer una barrera para las personas, en base a primeros de equidad y no discriminación.
4. Calidad: el agua tiene que ser potable y, por lo tanto, libre de microorganismos y sustancias peligrosas para la salud. Las infraestructuras de saneamiento tienen que ser higiénicamente seguras.
5. Aceptabilitdad el abastecimiento de agua, las instalaciones y el servicio tienen que ser compatibles con las realidad culturales y tradicionales de las comunidades, teniendo en cuenta las necesidades de género, ciclo vital y privacidad de las personas.

Estas 5 dimensiones del DHAS tienen que ser garantizadas por los Estados que, a la hora de garantizar el derecho, tienen que interpretarlo sobre la base de unos principios comunes: el principio de equidad y no discriminación, el principio de sostenibilidad ambiental, económica y social y, finalmente, el principio de transparencia, rendición de cuentas y control social.

En este sentido, podríamos preguntarnos si en el ámbito del derecho al CRRDH se podría plantear, por analogía, criterios similares para desarrollar su contenido o bien tendrían que ser adaptados a la naturaleza del derecho.

Obligaciones para los Estados y los actores privados

La constante tensión mencionada al inicio de este artículo, en el caso del DHAS, ha sido patente en la fuerte presión ejercida para mercantilizar el derecho y privatizar su gestión. La mercantilización y privatización ha tenido varias consecuencias: aumentos de las tarifas, cortes de agua, poca transparencia y reducción de la calidad del agua, entre otros.

Es en este punto cuando las 5 dimensiones y los principios comunes del DHAS se tienen que leer en base a los principios de realización progresiva y de no regresióm (art. 2.1 PIDESC). Es decir, los Estados están obligados a adoptar medidas orientadas a la realización del derecho, priorizando siempre las necesidades de las personas más vulnerables (OG 3, párrafo 3, 4, 9 y 10). Este desarrollo progresivo también implica que el nivel de satisfacción conseguido por este derecho no puede ser reducido, o tiene que estar muy justificado en un contexto de aprovechamiento del máximo de recursos disponibles (no regresividad).

Además, los Estados tienen tres tipos de obligaciones en relación con los derechos humanos: respetar, proteger y cumplir. En cuanto al DHAS estas se traducen en adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del DHAS (obligación de cumplir); abstenerse de ejecutar actividades que restrinjan o denieguen el acceso al agua y servicios de saneamiento en condiciones de igualdad (obligación de respetar); e impedir que terceras personas (físicas o jurídicas) interfieran en su goce efectivo (obligación de proteger).

En relació con esta última obligación, la OG núm. 15 indica que los Estados Parte tienen la obligación de adoptar medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros (ya sean particulares, grupos, empresas u otras entidades) denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad. En previsión del control de los servicios de suministro de agua por parte de terceros, el OG n.º 15 también indica que, en aplicación de esta obligación, los Estados Parte tienen que establecer mecanismos de supervisión independiente, herramientas para la participación pública y la imposición de sanciones por incumplimiento.

Consumir bien es un derecho: hacia un nuevo horizonte de justicia ambiental

Se pueden encontrar no pocos aprendizajes y referencias en el camino recorrido por el DHAS o el derecho a la energía que pueden ser de utilidad para avanzar en el reconocimiento del derecho al consumo responsable como derecho humano emergente, un concepto vinculado a las nuevas necesidades y demandas que surgen en las sociedades, ya sea ampliando el alcance de los derechos humanos o extendiéndolos a colectivos antes no contemplados.

Algunas cuestiones que nos permitirían avanzar en el diálogo sobre el derecho al consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos podrían ser, por ejemplo, concretar su naturaleza jurídica, las posibles dimensiones que tendría que tener, bajo qué principios comunes funcionaría, de qué manera se relacionaría con otros derechos y con qué previsiones normativas ya existentes se podría recoger o potenciar su dimensión colectiva.

La ONU publicó el pasado mes de agosto el Informe del Secretario General relativo a la aplicación de la Resolución 79/213 de la Asamblea General sobre la promoción de la ESS para el desarrollo sostenible, y relativo al Diálogo Ministerial del Grupo de Amigos de la Economía Social y Solidaria. En él se confirma el creciente reconocimiento de la ESS como instrumento para promover el desarrollo sostenible, el trabajo decente y la justicia social.

El informe recoge avances en los distintos países en el establecimiento de marcos jurídicos, estrategias nacionales y políticas específicas, así como una mayor integración de la ESS en ámbitos como el empleo, la protección social, los cuidados, la educación, el desarrollo territorial y la transición ecológica, si bien advierte de la existencia de grandes diferencias entre los países.

Las numerosas referencias a España en el documento reflejan el grado de consolidación alcanzado por las políticas de Economía Social en nuestro país, tanto en el ámbito normativo y financiero como en su integración en distintas políticas públicas, la generación de estadísticas sobre el sector y la participación de España en la agenda internacional y multilateral.
El ejemplo español

El documento resalta el papel de España en esta materia, mencionando específicamente la aprobación en 2026 de la Ley integral de impulso de la Economía Social, que refuerza el marco legislativo del sector e incorpora medidas relacionadas con la igualdad, la contratación pública, las estadísticas y nuevas formas organizativas.

A su vez destaca la importancia del PERTE de la Economía Social y los Cuidados entre los programas más destacados del informe, que ha movilizado más de 2.500 millones de euros y llegado a más de 4.400 entidades.

El documento añade la importancia de la medición de la Economía Social en nuestro país, con la publicación en 2026 de la Cuenta Satélite de la Economía Social, contribuyendo a visibilizar el peso económico y social del sector y a reforzar la disponibilidad de evidencia para el diseño de políticas públicas.
El Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria

En el ámbito internacional, Naciones Unidas destaca el papel de otros países como Brasil y Colombia en el lanzamiento este año del Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria, así como en la negociación y publicación del Compromiso Iberoamericano 2026-2030, reforzando el papel de la Economía Social y Solidaria en la agenda internacional y regional.

Informe del Secretario General

Fuente: Ciriec

El capitalismo neoliberal caracterizado por la globalización, el peso de las finanzas en la economía y la meritocracia, es la causa principal de la creciente desigualdad social y de la creciente crisis ecológica, pero también de la alta polarización social y del auge de los populismos autoritarios de extrema derecha.

En virtud de ello, el objetivo del presente artículo será observar cuáles son algunos de los elementos principales que la economía política republicana presenta como respuestas satisfactorias para hacer frente al mayor reto actual de nuestras sociedades occidentales -al menos a corto plazo-: el auge de los populismos autoritarios de extrema derecha. Para ello, en el primer apartado, se presentará un breve diagnóstico de cómo se ha llegado hasta aquí; y, en los siguientes tres apartados, se expondrán tres propuestas -interconectadas- que han sido seleccionadas con base en su potencialidad para dar respuesta satisfactoria a este reto, en su diferenciabilidad de otras corrientes ideológicas y en su relación con el cooperativismo.

No obstante, y antes de continuar, se han de realizar dos aclaraciones. Por un lado, se ha de señalar una aclaración terminológica: en España, en el lenguaje cotidiano de la política, el término republicano está asociado principalmente a la defensa de un sistema de gobierno no monárquico. Sin embargo, en el ámbito de la filosofía política, el republicanismo posee un significado distinto y más amplio, como se observará a lo largo del artículo.

Y, por otro, se ha de destacar que dentro del republicanismo existe una extensa variedad interna que permite hablar de: una tradición democrática y otra oligárquica; una tradición particularista y otra cosmopolita : un republicanismo fuerte y otro moderado ); y también un republicanismo más conservador y otro más transformador a propósito de la estructura económica . Por los límites de extensión del presente artículo, al respecto sólo se puede señalar: por un lado, que el autor del mismo se sitúa en las tradiciones demócrata, cosmopolita, moderada y transformadora; y, por otro, que sólo abordando las cuestiones económicas y construyendo una economía republicana transformadora que incluya en su seno al cooperativismo será posible hacer frente de manera satisfactoria al capitalismo.

Leer artículo completo en el dossier de Idearia LAB (página 69)

Fuente: Alternativas Económicas

La Universidad de Barcelona y la Fundación Finanzas Éticas organizan, del 14 de septiembre al 5 de octubre de 2026, la octava edición del curso «Finances per a una economia alternativa», una formación que propone acercarse de manera crítica al funcionamiento del sistema económico y financiero y conocer alternativas orientadas a la transformación social y ambiental.

El curso está dirigido especialmente a estudiantes de los últimos años y personas graduadas en ciencias sociales, tanto de la Universidad de Barcelona como de otras universidades. También está abierto a profesionales y activistas que quieran profundizar en el papel que pueden desempeñar las finanzas éticas en la transformación socioeconómica.
Una mirada crítica sobre el sistema financiero

A lo largo de la formación se analizarán las funciones del dinero y del sistema financiero, la financiarización de la economía, la especulación, la evasión fiscal y las principales propuestas de reforma planteadas desde la sociedad civil.

El programa también abordará la economía social y solidaria, las finanzas cooperativas, las diferencias entre finanzas éticas y sostenibles, la inversión socialmente responsable, la desinversión en combustibles fósiles, el activismo accionarial y otros instrumentos financieros para la transformación.

El objetivo es ofrecer herramientas para comprender las contradicciones y los límites del actual modelo económico y financiero, así como conocer experiencias que buscan alinear el uso del dinero con objetivos sociales, éticos y ambientales.
Modalidad híbrida y dos créditos optativos

El curso combina el trabajo a través del campus virtual de la Fundación Finanzas Éticas con tres sesiones presenciales en la Universidad de Barcelona:

14 de septiembre, a las 16:30.
21 de septiembre, a las 16:30.
28 de septiembre, a las 16:30.

La carga lectiva incluye, además de las seis horas presenciales, 42 horas de trabajo on line. La participación permite solicitar el reconocimiento de dos créditos optativos en titulaciones de grado.
Inscripción y becas

El precio del curso es de 50 euros.

La Fundación Finanzas Éticas dispone de dos becas para facilitar el acceso a la formación. Las personas interesadas en conocer los requisitos o solicitar una de estas becas pueden escribir a info@finanzaseticas.net.

Las inscripciones ya pueden realizarse a través del formulario habilitado por la Universidad de Barcelona:

Inscripción en «Finances per a una economia alternativa»

Fuente: Fundación Finanzas éticas

La provincia de Huelva acogerá del 17 al 24 de octubre la II Semana de las Economías Transformadoras, una iniciativa impulsada por REAS Andalucía que busca poner en el centro las alternativas al modelo económico dominante y seguir generando espacios para reflexionar sobre cómo construir economías que respondan a las necesidades de las personas, las comunidades y el planeta.

Bajo el lema ‘Hacia una economía enfocada en la comunidad’, esta segunda edición toma como punto de partida la experiencia de la primera, celebrada en 2024, y plantea una propuesta más descentralizada, con actividades en distintos espacios y dirigidas a públicos diversos: universidad, administraciones públicas, entidades sociales, jóvenes, organizaciones de REAS y ciudadanía en general.

La semana parte de una idea: la transformación económica también se construye desde lo cercano. Desde las iniciativas que surgen en los barrios y pueblos hasta las experiencias de cooperativas, asociaciones y empresas de economía social, existen propuestas que ya están explorando otras formas de producir, consumir, relacionarse y organizar la economía.

Durante estos días se abordarán cuestiones como la contratación pública responsable, la economía social y solidaria, el desarrollo local, la reutilización, el consumo responsable y la construcción de alternativas económicas, combinando espacios de reflexión con experiencias y proyectos concretos.

Entre las actividades previstas se encuentra una jornada sobre contratación pública responsable, dirigida especialmente a administraciones y entidades colaboradoras, con
una mesa redonda sobre la reserva de contratos para empresas de economía social.

La jornada central, que tendrá lugar en la Universidad de Huelva, contará con la participación de Charo Gómez, académica y estudiosa de la economía del bien común, nuevas economías, calidad de vida, economía colaborativa y desigualdad y la ponencia de Carlos Taibo, especialista en geopolítica de Europa del Este y en movimientos sociales y un referente en el ámbito hispanohablante sobre ecologismo libertario, decrecimiento y transición ecosocial. Este espacio, tendrá como objetivo profundizar en la reflexión sobre las economías transformadoras y avanzar hacia objetivos realizables y evaluables en el ámbito local.

La programación también se trasladará a la Cuenca Minera, con una jornada en Minas de Riotinto que incluirá la reapertura del Centro de Interpretación Etnológico Matilde Gallardo y distintas actividades vinculadas al patrimonio, la reutilización y el territorio, entre ellas una ruta en bicicleta, el proyecto de autorreparación de electrodomésticos «Repáralo tú» y una iniciativa de reutilización textil. La jornada finalizará con una ruta por los huertos mineros.

La semana se plantea como un espacio para encontrarnos, compartir experiencias y seguir construyendo economías que ponen la vida en el centro, conectando reflexión y práctica y mostrando que existen otras maneras de entender la economía y el desarrollo de nuestros territorios.

Las personas interesadas ya pueden inscribirse en las actividades a través de este fórmulario

La II Semana de las Economías Transformadoras está promovida por REAS Andalucía y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y la Universidad de Huelva.

El resultado de las últimas elecciones autonómicas, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, ha puesto de actualidad el término «prioridad nacional», condición impuesta por la extrema derecha para investir presidentes autonómicos a los candidatos del Partido Popular.

Dicha prioridad consiste, básicamente, en dar prioridad a las personas de nacionalidad española, frente a las de origen migrantes, en el acceso a los servicios públicos y las ayudas. Todo ello, bajo la premisa de que no existe recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía ante la percepción generalizada de la paulatina precarización de las condiciones de vida que sufre gran parte de la población.

Sin embargo, se puede tratar de combatir esta problemática apostando por otras prioridades…

Capítulo 1: El autobús turístico

A menudo, cuando vuelvo de trabajar, y cambio del tren al metro en un pequeño intercambiador de la periferia de Madrid, veo pasar algún autobús turístico de esos rojos de dos pisos. Supongo que, a esas horas, habrá dejado de dar servicio y se dirigirá a las cocheras que la empresa tenga en alguna zona alejada del centro.

Y es que, aunque los turistas disfruten fundamentalmente del centro de las ciudades y de los barrios más atractivos, sus impactos, de alguna manera, se hacen patentes en toda la urbe, condicionando, en mayor o menor medida, la vida de todos sus habitantes.

La masificación turística ha cambiado la configuración de las ciudades. Transformación que comienza en los barrios más céntricos, donde la sustitución de viviendas por pisos turísticos u hoteles desplaza a la población local, contribuyendo, junto a otras causas, a la insoportable subida del precio de la vivienda que se va trasladando hacia la periferia. Además, los barrios céntricos, al igual que las infraestructuras relacionadas con el turismo (aeropuertos que se amplían, nuevas líneas de tren de alta velocidad…) reciben grandes inversiones que luego no llegan a zonas más periféricas, y de origen más humilde, o a medios de transporte que vertebran la ciudad, como las redes de cercanías o metro.

Por contra, la riqueza generada por el turismo se distribuye de forma muy desigual, siendo acaparada, sobre todo, por los grandes intermediarios, como las centrales de reservas de plazas hoteleras y de apartamentos turísticos, las grandes compañías aéreas, las cadenas de hoteles, de establecimientos de hostelería… Y sí, es cierto que genera numerosos puestos de trabajo, pero también lo es que, en muchos casos, son estacionales y precarios.

Todo ello ha dado lugar a masivas movilizaciones en los territorios más afectados por los impactos del turismo, donde la población pone en cuestión un modelo que, además de generar grandes afecciones ambientales, impacta contra las condiciones de vida de una parte importante de la población. Piden poner límite a una actividad que ha crecido exponencialmente en los últimos años y actuar contra sus excesos (como los numerosos pisos turísticos ilegales) e impactos.

El trasfondo de estas demandas está en la necesidad de que las políticas que se desarrollen den prioridad a la población local (al margen de orígenes, nacionalidades, o colores de piel), que habita las ciudades y pueblos y que desarrolla su proyecto vital allí, frente a personas que realizan visitas esporádicas y, sobre todo, frente a grandes empresas que acumulan descomunales beneficios con este modelo.

Capítulo 2: Las patatas migrantes

Paro un momento de trabajar, hoy en casa, para poner a cocer unas judías verdes. Me doy cuenta de que no tengo una patata para echarle, por lo que me toca bajar a comprar. En un barrio periférico, como el mío, no hay fruterías, es más, apenas hay pequeño comercio. La falta de locales comerciales, en un modelo en el que predominan las urbanizaciones cerradas, así como la rápida implantación de supermercados y del gran centro comercial, han dado pocas oportunidades a este tipo de negocios.

Descarto ir al Mercadona, ya que me parece el colmo de la desfachatez que vendan patatas originarias del estado genocida de Israel, por lo que me dirijo al Ahorramás. Allí encuentro, tanto patatas a granel, como en redes de distintos tipos. Sin embargo, me voy fijando en el origen de cada tipo de patata y compruebo que todas ellas proceden de Francia.

El hecho en sí no está en que las patatas vengan de otro país, sino en que creo que debería darse prioridad, o me gustaría tener la opción yo de dársela a la hora de consumir, al producto local, al que se produce en el entorno donde luego se comercializa, reduciendo distancias de transportes. Igualmente, frente a las grandes explotaciones enfocadas a la exportación, se debería dar prioridad a las pequeñas y familiares, que representan un reparto más equitativo de la riqueza, generan más empleo y fijan población en el medio rural.

También, haciendo hincapié en ese reparto de la riqueza más justo, y en la supervivencia del medio rural y de la actividad del sector primario, se debería dar prioridad a modelos de distribución que paguen precios justos en origen, y que, como las grandes cadenas de distribución, sean de capital español o no, no aprovechen su peso en el mercado para fijar precios que arruinan al productor. Modelos de distribución, como el del pequeño comercio que, en proporción a su facturación, generan más puestos de trabajo, contribuyen a dar vida y seguridad a los barrios…

Capítulo 3: Los nuevos reyes magos de la sonrisa

Paseo por mi barrio un domingo por la mañana, me fijo en varios mensajeros de Amazon que aprovechan la sombra de un edificio para ordenar y distribuirse distintos paquetes que van a repartir. No sé si esa forma de trabajar responde a una situación extraordinaria, o si es algo habitual. El caso es que ese grupo de jóvenes, el último eslabón de la cadena de distribución, está trabajando un domingo para que podamos recibir en casa, en tiempo récord, cualquier bien que podemos pedir con la facilidad de un «clic».

Trabajo en el que se reciben grandes presiones por cumplir con las exigentes rutas de distribución, y que durante un tiempo fue desarrollado por la denominada figura de los falsos autónomos, a través del programa Amazon Flex. Tras las distintas condenas que recibió la compañía por la aplicación de la Ley Ryder, actualmente, las funciones de reparto han sido externalizadas mediante una cuestionable red de subcontratas y empresas de trabajo temporal. Un sistema que exime de responsabilidades a Amazon, a la vez que precariza las condiciones laborales de l@s trabajador@s.

Aparte, son muchos los impactos que la actividad de Amazon provoca, como concentración de la riqueza, destrucción del pequeño comercio, y vaciado de los barrios, congestión de las ciudades, empobrecimiento de los estados, al reducir al máximo el pago de los impuestos correspondientes a sus beneficios, graves impactos ambientales…

Por todo ello, las políticas públicas, además de legislar para garantizar condiciones laborales justas para tod@s y establecer modelos de distribución equitativos, deberían dar prioridad a los tipos de negocio cuyo impacto sobre el medioambiente es menor, a los que pagan los impuestos que corresponden a su actividad…

Como hemos visto, en los ejemplos anteriores, hablamos de la necesidad de políticas que apuesten por la prioridad ciudadana y local, evitando sesgos excluyentes. Evitando criterios xenófobos y clasistas y evitando enfrentar a la clase trabajadora, son necesarias políticas que vayan a la raíz del problema, el modelo económico que genera una obscena concentración de la riqueza que no tiene límites.

Sin duda, el contexto no es favorable para poder revertir aquellas políticas que precarizan nuestra vida, pero ello no puede ser la excusa para recurrir en falacias como la «prioridad nacional», que se vale del sentimiento de desesperanza y que sólo sirve para perpetuar la situación. El único camino, por tanto, es tratar de avanzar hacia situaciones más justas.

Para ello, debemos ser conscientes de que la política es una herramienta mucho más amplia que la práctica institucional, y que muchos de los actos que realizamos a diario son igualmente una forma de marcar unas prioridades, de hacer política y de luchar por el mundo que queremos.

Dentro de estas prácticas, siempre nos gusta reivindicar el consumo como una herramienta política que puede contribuir en este sentido. Las prioridades que aplicamos en nuestros criterios de consumo, las decisiones que tomamos en nuestras compras, las alternativas colectivas que ponemos en marcha, o en las que participamos, constituyen una herramienta de transformación más.

De acuerdo a prioridades, como la ciudadana y la local, debemos partir del criterio de reciprocidad, tratando de apostar por opciones de consumo que garanticen condiciones laborales justas como las que queremos recibir como trabajador@s, optando por formas de turismo que reduzcan su impacto como las que gustaría ver en el territorio donde vivimos…

Conforme a ello, son importantes las formas de consumo que combaten la concentración de la riqueza, y que contribuyen al bienestar común pagando los impuestos que les corresponde, para lo cual, podemos recurrir al pequeño comercio, a l@s pequeñ@s productor@s y/o a canales justos de distribución. Las formas de consumo que apuestan por el respeto al medio ambiente, pudiendo optar por formas de producción ecológicas y de distribución local. Aquellas que proporcionan condiciones laborales justas, evitando empresas que producen en países con legislaciones laborales laxas o que explotan a sus trabajad@s…

Igualmente, son fundamentales, frente al depredador sistema deslocalizado que concentra la riqueza, las formas de consumo local que actúa sobre aquello que está a nuestro alcance, logrando transformaciones reales en nuestro entorno.

Fuente: Consumo que suma en El salto

El antiguo recinto de la fábrica de cerveza Kindl, en el barrio de Neukolln en Berlín, es uno de esos sitios de coworking e innovación que se definiría fácilmente como moderno. Espacios abiertos, lamas de madera, azulejos rojos y una zona de encuentro creada a base de coloridos muebles amarillos definen lo que ahora es la sede del Impact Hub Berlin.

Sin embargo, el estudio que lo diseñó asegura haberlo construido mirando al pasado. “¿Cómo va a ser arcaico algo tan de futuro como la arquitectura circular?”, pregunto. La arquitecta responde: “Antes, para levantar una muralla, se extraían piedras de un sitio cercano. Y cuando la ciudad crecía, se usaban esos mismos bloques de piedra para construir edificios. Así lo hicieron griegos, romanos y egipcios, y nosotros, hasta hace relativamente poco. En los últimos 20 años, en cambio, la construcción se ha convertido en una verdadera máquina de hacer basura”.

Kim Le Roux fundó LXSY Architecture junto a su compañera Margit Sichrovsky. Habían estudiado juntas en la Universidad Técnica de Berlín y, al terminar, ambas sabían que no querían trabajar en un estudio de arquitectura estándar. “Queríamos crear un proyecto con conciencia e impacto social. ¿Y puede la arquitectura marcar la diferencia? Creíamos que sí, y así fue como empezamos”, explica Le Roux. No lo hicieron todo de golpe, sino poco a poco. Pasaron años desde su fundación en 2015 hasta que en 2022 recibieron un encargo del Impact Hub Berlín –con quienes previamente ya habían trabajado– para crear lo que ellas llamaron La Casa Circular.

Dar nueva vida a los materiales

Es un proyecto construido en un 70% con materiales reutilizados. “Fuimos de obra en obra y vimos dónde estaban derribando edificios para ver lo que nos podía servir. Encontramos muchísimos materiales, desde los menos atractivos como bandejas para cables y tubos de ventilación, hasta las viejas placas de madera del mítico club berlinés Kater Blau”, detalla Le Roux. Casi cada objeto tiene una segunda vida: azulejos recuperados, ventanas, puertas, lámparas e incluso sofás.

El despacho ha ido creciendo y ahora trabajan en él una veintena de personas, casi todas mujeres. Una de ellas es Irene Arrieta, una arquitecta española que defiende que lo revolucionario de la arquitectura circular consiste en transformar el proceso creativo: “Hemos perdido la costumbre de observar los recursos a nuestro alrededor y pensar cómo usarlos de manera óptima. Hoy la industria parece creer que todo vale, incluso traer materiales de la otra parte del mundo. Nosotras ofrecemos otra respuesta: nos preguntamos si tiene sentido construir así y cómo hacerlo mejor”.

Irene Arrieta aplica este principio en un proyecto en Baviera, en colaboración con la Universidad y con el Ministerio Público de Vivienda de Alemania, para renovar un edificio del departamento de Finanzas de Kelheim. Consiste, por ahora, en explorar qué materiales serían más convenientes de utilizar para ese edificio y después para otras viviendas públicas según criterios de circularidad. “Es un proceso muy gratificante: aprendes sobre materiales y también del intercambio con ingenieros. Que el sector público te pida una evaluación como esta indica que quieren empezar a pensar diferente sobre cómo construir”, explica.

La idea es probar materiales desde madera y paja hasta elementos reutilizados, en once proyectos piloto que podrían marcar un nuevo estándar. La capacidad de transformación es la gran ventaja de trabajar con el sector público. Mientras los proyectos privados permiten actuar con rapidez, el sector público puede consolidar el cambio a largo plazo. “Si estos proyectos funcionan dentro del presupuesto y con buenos resultados, pueden convertirse en referencia y abrir el camino a otros arquitectos”, dice Arrieta.
Retos de la reutilización

La reutilización presenta desafíos. Uno de los principales es la certificación de los materiales recuperados: muchos elementos pierden su validez al desmontarse, aunque sigan siendo funcionales. Resolver este vacío legal sería clave para escalar la circularidad.

La transformación no depende solo de los estudios de arquitectura ni de los clientes, que en muchos casos sí están dispuestos a pagar más. La industria de materiales sigue siendo el eslabón más lento: muchas empresas continúan produciendo con recursos nuevos porque su modelo de negocio se basa en la producción continua. Algunas, sin embargo, empiezan a adaptarse. Firmas como Derix –especializada en estructuras de madera– o Schüco, en carpinterías, han incorporado sistemas para recuperar y reutilizar sus productos cuando un edificio se demuele.

“Todavía es un proceso costoso y afecta a los márgenes de beneficio, pero no habrá alternativa. Pensar en la reutilización debe formar parte del proceso de construcción”, subrayan las arquitectas.

De hecho, los datos son alarmantes. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que el sector de la construcción representa alrededor del 37% de las emisiones energéticas globales de dióxido de carbono (CO2).

En España, los avances son incluso más lentos. Según Arrieta, Alemania lleva años de ventaja en políticas y proyectos circulares. Algunas iniciativas en Baleares y Catalunya empiezan a experimentar con materiales locales y reutilizados, aunque de forma aislada.

El estudio también insiste en la necesidad de tener en cuenta el coste climático: el impacto ambiental asociado a la producción de nuevos materiales. “A veces construir circularmente parece más caro, pero el ahorro climático es real. Ese coste no lo paga el cliente, lo pagamos todos”, recuerda Arrieta.

Mirar el futuro con optimismo

Ambas son optimistas sobre el futuro de la arquitectura circular. “No hay otro camino. Los recursos son finitos y la contaminación global nos empuja hacia la circularidad, nos guste o no”, dice Irene Arrieta. Kim Le Roux se imagina una ciudad del futuro en la que cada edificio tenga un gemelo digital: un modelo 3D con toda la información de sus materiales. De ese modo, cuando un inmueble se renueve, los elementos retirados podrían volver al mercado para ser reutilizados. “Sería un paso hacia una ciudad verdaderamente circular”, analiza la arquitecta, que ve muy posible que su visión de la construcción se imponga alguna vez como una realidad.

Fuente: Climática

Mientras el incendio de la Comunidad de Madrid sigue activo y entra otra ola de calor, la pregunta que importa es la que casi nunca sale en portada: ¿qué se hace durante los otros once meses del año para que el fuego no llegue, o llegue más débil? En el Mercado Social de Madrid tenemos a quien lleva 25 años respondiéndola con trabajo: Agresta, cooperativa forestal socia, dedicada a la cartografía de combustibles, el seguimiento de la humedad de la vegetación, la planificación preventiva y la restauración de zonas quemadas. Les hemos pedido que nos lo cuenten.

¿Qué está cambiando en los incendios que vivimos estos veranos?

En Agresta asisten con preocupación al impacto creciente de los Grandes Incendios Forestales en nuestros montes y pueblos. Es un fenómeno complejo, cuyo origen puede tener causas muy diversas, pero cuyos factores de propagación responden a un patrón común: la enorme acumulación de biomasa en superficies forestales deficientemente gestionadas o abandonadas, combinada con condiciones climáticas extremas cada vez más recurrentes a causa del cambio climático, como las olas de calor o las sequías prolongadas. De ahí la virulencia de los fuegos de estos veranos.

¿En qué consiste el trabajo de prevención?

La clave, explican, reside en la prevención estructural a través de la gestión forestal sostenible. Los incendios de hoy no se pueden abordar con las recetas del pasado: hacen falta medidas de gestión adaptativa sobre el territorio. Eso significa planificación agroforestal, creando paisajes en mosaico que combinan usos agrícolas, ganaderos y forestales para romper la continuidad del combustible, y una gestión activa y continua que aplica el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas más avanzadas para mantener los montes cuidados, reducir el riesgo de propagación y mitigar la virulencia del fuego y sus consecuencias.

¿Qué haría falta para que la prevención pese tanto como la extinción, y qué aportan las cooperativas?

Entender que la extinción es solo la última línea de defensa. Y entender también que no hay monte gestionado sin un medio rural vivo: la gestión forestal sostenible no es solo una medida ambiental, es un motor de economía social capaz de generar empleo verde, estable y de calidad en nuestros pueblos, fijar población, revalorizar los recursos locales de forma justa y conectar el futuro de las comunidades rurales con el cuidado de su entorno.

Desde Agresta reafirman su compromiso con el territorio: seguirán aportando trabajo, innovación y visión cooperativa para transformar la amenaza de los grandes incendios en una oportunidad de futuro, resiliencia y dignidad para el medio rural. Puedes conocer su trabajo en agresta.org/incendios-forestales.

La red también desmonta bulos: no, la ley no prohíbe limpiar el monte

Cada verano de incendios vuelve el mismo bulo: que la Ley de Montes de 2003 impide desbrozar y limpiar los terrenos que acaban ardiendo. Red Jurídica, cooperativa de abogacía socia del mercado, lo ha desmontado punto por punto en un hilo divulgativo: la ley no prohíbe limpiar ni desbrozar, al contrario, integra los tratamientos selvícolas y la gestión de la biomasa dentro de la prevención, obliga a las comunidades autónomas a aprobar planes anuales de prevención que se aplican todo el año, y en determinados supuestos convierte el desbroce en una obligación legal del propietario. Lo que exige es que esas labores se hagan con criterios de gestión forestal sostenible. Confundir esos controles con una prohibición absoluta es, en sus palabras, «una simplificación jurídicamente incorrecta y, probablemente, maliciosa».

El derecho y la técnica forestal dicen lo mismo: el problema no es que no se pueda gestionar el monte. Es que no se gestiona lo suficiente, ni con la gente suficiente viviendo de ello.

El cortafuegos también se teje

A once mil kilómetros hay quien llegó a la misma conclusión por otro camino. Carro de Combate, también entidad socia del mercado, lo documentó sobre el terreno: en Lo que el fuego se llevó en Bolivia cuentan el impacto de los incendios que arrasaron el país y lo que vino después: las comunidades se organizaron para prevenir y apagar desde dentro del territorio, y los incendios bajaron.

Dos territorios, dos escalas, una misma lección. La herramienta más eficaz contra el fuego es la articulación social del territorio, esa infraestructura invisible que ninguna estadística mide y que se construye despacio, cooperativa a cooperativa, vecina a vecina. Llamémoslo cortafuegos social. Es lo que la economía social hace cada día, aunque no lo nombre así: el monte también es economía social, y lo que nos protege del próximo verano ya existe y está entre nosotras.

Fuente: MES Madrid

Álvaro Porro conoce de cerca la evolución de la economía social y solidaria y, especialmente, el camino recorrido para hacer de las políticas públicas una herramienta de impulso y transformación. Economista y vinculado durante años a este ámbito desde la administración y los movimientos sociales, actualmente es Director de economía social de Barcelona activa (agencia de desarrollo local de Ayuntamiento de Barcelona). Porro reflexiona sobre cómo ha cambiado la relación entre la ESS y las instituciones, qué se ha conseguido y cuáles son los retos para consolidar este modelo.

Esta entrevista parte del artículo «ESS: una dècada avançant amb vent a favor», publicado por Porro en la sección Tornaveu de Cooperació Catalana (núm. 500, septiembre de 2025), en el que analiza este recorrido y plantea algunas claves para afrontar el nuevo ciclo.

Empecemos por el principio. ¿Cómo llegaste tú a la economía social y solidaria?
Pues no fue por la vía académica, la verdad. Estudié Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid en los años noventa, incluido un año de Erasmus en Ámsterdam, y en todo ese tiempo nunca escuché el concepto de economía social ni se mencionó la cooperativa como forma empresarial en ninguna asignatura. Tampoco la encontraba como lector habitual de prensa: ni en las secciones económicas ni en ningún otro espacio. No existía ningún servicio público ni departamento institucional dedicado a esto. Fue a través de mi implicación en movimientos sociales donde descubrí otras maneras de hacer economía y empresa. Y no creo que fuera una experiencia únicamente personal; creo que refleja el escasísimo nivel de visibilidad que tenía la economía social en la sociedad de los noventa y los dos mil.

Han pasado más de veinte años desde entonces. ¿Cómo describirías el cambio?
Sin ser una transformación radical, sí han sido diez años de cambios sustantivos a muchos niveles. La economía social y solidaria ha ganado presencia, visibilidad y legitimidad como referente alternativo, y ahí han pesado varios factores: culturales, generacionales, sociológicos y políticos. El ciclo del 15M y el Procés en Catalunya, la entrada de nuevas sensibilidades políticas en las instituciones, cambios culturales más profundos y también dinámicas de confluencia dentro de la propia ESS. En ese sentido la expansión de las políticas públicas de promoción de la ESS ha sido un factor importante al menos en Barcelona y Cataluña.

Ahí entra el caso de Barcelona, que citas como referencia. ¿Qué se ha hecho concretamente?
Algunos de los llamados “Ayuntamientos del Cambio” de 2015 apostaron fuerte por desarrollar la economía social. En Barcelona, por ejemplo, se han dedicado 40 millones de euros en diez años, figuras políticas especializadas, referentes claros dentro del gobierno municipal, y departamentos y equipos técnicos tanto en el Ayuntamiento como en Barcelona Activa. Hoy esos dispositivos ofrecen servicios y programas por los que pasan 3.000 personas y más de 500 organizaciones y empresas cada año, con líneas de subvención y crédito ya consolidadas. Y todo esto sin contar la construcción participativa, entre Ayuntamiento y tejido social, de un marco que a diez años vista trasciende gobiernos y mandatos concretos: la Estrategia de Ciudad de ESS 2030.

Mencionas también el contraste con Madrid. ¿Por qué unos territorios sostienen el impulso y otros no?
Es un contraste muy claro. En Madrid ese impulso fue desmantelado por ataques políticos, muchas veces basados en falacias, que desacreditaban la economía social presentándola como una “economía ideológica”. En Barcelona, en cambio, la combinación de un tejido de ESS fuerte, una inversión pública significativa y un trabajo político transversal consolidó una política de promoción económica estable y difícilmente reversible. La estrategia de ciudad de Ess 2030 tuvo apoyo casi unánime al plenario municipal. Esa dinámica se extendió también a otros municipios catalanes con la creación de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, y de forma especialmente decidida en la Generalitat de Catalunya, que incrementó mucho el presupuesto y peso político en este ámbito de una forma sin precedentes para un gobierno autonómico. De ahí salieron la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, las Comunalitats, la convocatoria de proyectos Singulars y, más recientemente, la ley catalana de economía social y solidaria, que ahora está en trámite parlamentario.

¿Y a nivel estatal y europeo se ha notado ese mismo impulso?
Sí, y de forma bastante simbólica: el Ministerio de Trabajo pasó a llamarse Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se han creado cargos específicos de alto nivel, se ha actualizado la ley española de economía social, y ha habido un PERTE que, por primera vez, ha destinado recursos significativos a la ESS en todo el Estado. La Unión Europea también ha mostrado signos de apoyo, incrementando fondos y dándole más visibilidad y representación institucional aunque ahora parece en retroceso.

Hablabas antes de un contexto favorable. Pero en tu texto también adviertes de un giro reciente. ¿Qué ha cambiado?
Este desarrollo se dio en un contexto sociocultural favorable. Recuerdo una ponencia muy inspiradora de Pere Rusiñol (director de la publicación Alternativas Economicas) en la primera Febrerada de 2023, donde mostraba con datos cómo en diez años se habían generado corrientes de opinión y accion de valores cercanos a la Ess como la relocalización productiva o el auge de los valores en el mundo corporativo. Así como cuestionado paradigmas que parecían inamovibles como la austeridad en la UE, además de la desconfianza de buena parte de la sociedad hacia el capitalismo y la consiguiente exigencia de responsabilidad empresarial. Rusiñol señalaba que ese escenario representaba una oportunidad histórica. Pero en solo dos años el panorama ha cambiado drásticamente. Lo que parecía viento de cola se ha convertido en ráfagas en contra. Antes la amenaza parecía estar en el greenwashing o en la cooptación de valores que impedían nutrir la economía social; hoy han irrumpido actores culturales y políticos de gran impacto que, sin complejos, promueven valores opuestos que alteran por completo las reglas del juego.

Con ese viento en contra, ¿cómo puede seguir avanzando la ESS?
Mi tesis es que no solo podemos avanzar, sino que es más necesario que nunca hacerlo. Pero para conseguirlo hace falta más estrategia, método y táctica. La ESS ha demostrado en momentos históricos que se adapta, crece y se consolida; ahora el reto es mantener el rumbo incluso cuando el viento sopla en contra.

En términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Consolidar lo que ya existe o buscar un salto de escala?
Las dos cosas. Lo esencial ahora es hacer viables los proyectos empresariales que ya existen y generar las condiciones de irreversibilidad y autonomía necesarias para que resistan y puedan dar un salto de escala. Y ese proceso, de hecho, ya se está produciendo: muchas cooperativas han pasado de tener menos de diez personas a tener veinte, treinta, cincuenta o más, con fusiones de alto nivel como la de Abacus y Som. Pero es igual de importante fortalecer los ecosistemas mediante articulaciones sectoriales y territoriales: las cooperativas de segundo grado como Ecos, Som IT, Som Serveis, Més Equipaments, Som Audiovisual, Ecohub o La Dotzena; las redes territoriales como Impuls Cooperatiu de Sants, Cooperasec o XES Sant Andreu; y herramientas compartidas con impacto en todo el ecosistema, como Digitest, Up me Up o Tandem Go.

Hablas también de infraestructuras físicas, de espacios. ¿Por qué son tan importantes?
Porque refuerzan la soberanía organizativa. Los hubs o polos de ESS que han surgido en Barcelona y otros municipios —como Bloc4BCN, La Komunal o el Grup Ecos— demuestran que esto es posible, consolidando la presencia territorial y simbólica del sector. Y a esto hay que sumar un frente que no podemos eludir: la digitalización. La actual dinámica de plataformización, automatización e inteligencia artificial obliga a la ESS a afrontarla de forma decidida, y ahí ya hay iniciativas relevantes como el Digitest y los servicios de digitalización de Barcelona Activa, el TechBloc en Bloc4, M4Social en el Tercer Sector o el proceso Mosaic de cooperativas tecnológicas.

¿Y el talento? Porque atraer y retener personas parece otro reto de fondo.
Totalmente. Todo esto tiene que ir de la mano de la necesaria atracción de personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral, y también de profesionales que buscan alternativas a la empresa convencional, sobre todo en ámbitos tan estratégicos como la tecnología, la gestión financiera o la dirección organizativa. Pero atraer no basta, también hay que retener el talento, y eso exige condiciones laborales dignas: horarios conciliables, salarios competitivos —incluyendo retribuciones en especie—, espacios de trabajo agradables y estables, y entornos humanos y organizativos que resulten atractivos.

Mencionas que este cambio de vientos se da en un mundo con múltiples desafíos. ¿Qué papel puede jugar la ESS ahí?
Ante esos desafíos, la ESS tiene que poder ofrecer respuestas y propuestas comprensibles, atractivas y accesibles. El giro en la dinámica globalizadora del comercio plantea tanto desafíos como oportunidades para las iniciativas de proximidad, y la propia guerra cultural en torno a valores contrarios a los de la ESS puede abrir espacios que atraigan a personas y grupos que se sienten amenazados y buscan alternativas alineadas con sus principios. La transición ecológica y energética ligada a la crisis climática, la tensa relación entre lo urbano y lo rural, la epidemia de soledad y salud mental, la emergencia migratoria o el cambio de paradigma en las relaciones y equilibrios de género no pueden verse sino como oportunidades para que la ESS sea parte irrenunciable —y seductora— de la solución.

Pero eso exige salir de la propia burbuja del sector, ¿no?
Exacto, exige buscar alianzas con el pequeño comercio, las pymes, los autónomos, las personas migradas, los movimientos feministas, ecologistas y territoriales, y con los servicios públicos. Y también con ese emprendimiento social o economía de impacto que hace inversión responsable, porque puede permitir al movimiento acceder a recursos y ecosistemas que a menudo no están disponibles para la economía social tradicional.

Para cerrar: ¿qué estructuras y políticas concretas hacen falta para sostener este ciclo?
Yo apuntaría varias líneas. Aumentar los espacios de encuentro —ferias, congresos— y las alianzas con otros ecosistemas, como la FESC, el Congrés de Cooperativisme, la Febrerada o UIESCOOP en Barcelona, y también polinizar espacios que no son de ESS pero con los que podemos mezclarnos, como BIZ Barcelona o el Saló de l’Ocupació o la Enseñanza. Esto debería acompañarse de una mayor confluencia de la ESS en la AESCAT u otros espacios de tercer o cuarto grado, además de fortalecer las articulaciones territoriales y dinamizar las federaciones y entidades representativas del sector. Y, respecto a los medios de comunicación, reforzar los propios —Alternativas Económicas, Crític o Jornal— a la vez que ganamos presencia en los generalistas y en las redes sociales, con un discurso claro y accesible. Y ya en el ámbito institucional, construir irreversibilidad y transversalidad, tal como recoge la Estrategia de ESS de Ciudad, con espacios de trabajo y gobernanza que hoy son motores del ecosistema a distintos niveles. Entre ellos, la ley catalana de ESS, actualmente en trámite, o la XMESS, que nos inspiran a construir políticas públicas sólidas, transversales y difícilmente reversibles.

** Esta entrevista espera alimentar el debate para el encuentro sobre cooproducción y política pública del 16 de octubre en Madrid como evento final del ciclo de Foros “Administraciones que cooperan, territorios que avanzan”. 

** Fuente: MeCambio en El salto.

La Red Anagos y la Universidad de la Laguna han colaborado en el 1º foro territorial de Canarias del proyecto COOPUBLIC, organizado por REAS Red de Redes, donde administraciones, entidades de economía social y solidaria (ESS) y sociedad civil se sentaron a hablar de una misma cuestión: ¿Cómo gestionar los recursos públicos de forma más cooperativa?

De la gestión tradicional a la gestión público-comunitaria

Samuel García, de la Red Anagos, abrió la sesión situando el debate en su contexto histórico. Frente a la Administración Pública Tradicional —jerárquica, homogénea y de provisión directa— y la Nueva Gestión Pública de los años 80 —que introdujo lógicas empresariales y descentralización de la provisión—, emerge con fuerza en esta década un tercer modelo: la Gestión Público-Comunitaria (GPC).

Este modelo no se limita a la “participación ciudadana” tal y como se ha entendido hasta ahora. Propone una coparticipación real entre ayuntamientos, sociedad civil y agentes económicos en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas, apoyándose en criterios de desarrollo comunitario y en la tradición cooperativa del territorio.

García puso el foco en el sector de los cuidados como ejemplo paradigmático: la crisis de atención se ha gestionado durante años mediante lógicas mercantiles, a pesar de que la propia Ley de Contratos del Sector Público (art. 10.6 LCSP) contempla la exclusión de la prestación de servicios sociales de esa lógica de mercado. Desde una visión ecofeminista de la ESS, el reto es situar en el centro la sostenibilidad de la vida, y hacerlo no solo en cuidados, sino en sectores como el agroalimentario, la energía, el transporte, la educación o las finanzas.

COOPUBLIC: por qué la ESS aporta al debate

María Atienza, de REAS Red de Redes, presentó el proyecto COOPUBLIC y explicó por qué la economía social y solidaria tiene algo específico que aportar a esta discusión: su doble dimensión de sujeto y movimiento, su presencia transversal en los tres sectores económicos, y una forma jurídica y una carta de principios —cooperación, equidad, trabajo digno, reparto justo de la riqueza, sostenibilidad ecológica e impacto en el territorio— que la dotan de metodología, herramientas y alcance propios.

Los datos respaldan el peso de este sector: en Europa, la economía social reúne 2,8 millones de entidades y 13,6 millones de empleos (el 6,3% del empleo de la UE); en España, más de 70.000 empresas y entidades generaron 2,57 millones de empleos en 2024. Un impulso que se ha visto acompañado por el Plan de Acción Europeo para la Economía Social (2021) y por la primera Recomendación específica del Consejo de la UE sobre ESS, impulsada por España en noviembre de 2023. Con todo, solo el 17% de las metas de la Agenda 2030 están en camino de cumplirse, según la ONU.

Atienza también repasó experiencias inspiradoras de cooperación público-comunitaria en marcha en distintos territorios del Estado: los Ateneos Cooperativos en Cataluña, las Cooperativas Populares Olatukoop en Euskadi, el modelo de planificación estratégica de Hernani Burujabe, el despliegue de comunidades energéticas en torno a Som Comunitats, o Valnalón en Asturias.

El Panel de Políticas Públicas Locales de ESS

Joan Manel Sánchez, de Ilabso Coop, presentó la pieza metodológica central del proyecto: un panel —encuesta longitudinal en la que las mismas unidades de análisis se observan en distintos momentos temporales— dirigido a recoger y compartir evidencias sobre las políticas públicas locales de impulso, fomento y consolidación de la ESS. El panel pregunta a los municipios sobre su ecosistema local de ESS, sus políticas públicas, su gobernanza, su capacidad de evaluación y aprendizaje, y su relación con la Agenda 2030.

Las experiencias piloto ya realizadas previamente—82 municipios entre la XMESS y las comarcas del Gironès y La Selva— arrojan un dato esperanzador: más de 7 de cada 10 municipios desarrollan ya alguna actuación relacionada con la ESS, en ámbitos tan diversos como la energía, la vivienda, los cuidados, la cultura o la juventud. Persisten, eso sí, retos comunes en planificación, evaluación y cuantificación. Cada municipio participante recibirá un informe individual y confidencial con sus propios datos y comparativas, mientras que los resultados agregados y anonimizados alimentarán un informe estatal que servirá como radiografía de las políticas de ESS en España.

Canarias, un territorio con motivos para participar

El foro insistió en la pertinencia de este trabajo en el archipiélago: Canarias registra una tasa de riesgo de pobreza o exclusión del 31,2% (frente al 25,8% de media estatal), más de 560.000 personas en exclusión social y un 48,9% de hogares que no puede afrontar un gasto imprevisto, en un territorio cuyo PIB depende en un 35% del turismo. Como se recordó en la sesión, problemas de esta complejidad no se resuelven únicamente desde la administración: necesitan coproducción, y esa coproducción exige antes que nada conocer qué están haciendo ya los municipios.

El reto pendiente: tender puentes con la academia

Uno de los mensajes que atravesó todo el foro fue el papel, todavía por desarrollar, de la universidad. Existe conocimiento académico consolidado sobre ESS, políticas públicas y ODS —grupos de investigación, tesis, revistas como CIRIEC—, pero rara vez llega en un formato útil a una técnica municipal o a una entidad que necesita argumentar ante su administración. El panel y el banco de buenas prácticas de COOPUBLIC se plantean como un puente concreto en ambas direcciones: material que la academia puede validar y enriquecer, y un canal para que ese conocimiento llegue de verdad al territorio.

El ciclo continúa este otoño

Canarias es una parada más del Ciclo de Foros COOPUBLIC “Administraciones que cooperan, territorios que avanzan”, que sigue este otoño con citas online en Catalunya (16 de septiembre), País Valencià (17 de septiembre), Euskadi-Nafarroa (23 de septiembre), Balears (24 de septiembre), además de un encuentro online conjunto el 9 de octubre y el Foro Estatal presencial en Madrid el 16 de octubre. Más información en reas.red/coopublic.

Si el tuyo es uno de los municipios que ya participa en el panel, tus respuestas están en los datos que se están construyendo. Y si aún no lo es, los próximos foros son la puerta de entrada para sumarse a este proceso de coproducir, entre administraciones, entidades de la ESS y sociedad civil, unas políticas públicas más sostenibles y más arraigadas en cada territorio.

El Estado español está trabajando en la transposición de la Directiva europea sobre el derecho a reparar, a través de la Ley de Consumo Sostenible, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El borrador de la futura Ley incorpora algunas medidas para facilitar la reparación de productos, combatir la obsolescencia programada, mejorar la información que reciben las personas consumidoras e introducir incentivos para reparar en lugar de sustituir. Aunque el texto supone un avance y recoge algunas propuestas plenteadas por la sociedad civil, algunas cuestiones clave, como una definición más clara de los “precios razonables de reparación” o la aplicación de incentivos fiscales, entre otras, siguen sin tenerse en cuenta. Lo explica Claudia Bosch, coordinadora de la campaña Electrónica Justa en SETEM Catalunya.

La Directiva sobre normas comunes para fomentar la reparación de bienes (Directiva (UE) 2024/1799 —comúnmente conocida como la Directiva sobre el derecho a reparar—, aprobada en 2024, exige a los Estados miembros que tengan lista su transposición antes del 31 de julio de 2026.

En España, esta transposición la está liderando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y se ha agrupado con la transposición de la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica (Directiva (UE) 2024/82). Esta combinación dará lugar a la futura Ley de Consumo Sostenible, que por ahora es un anteproyecto de ley, que no cumplirá el plazo de transposición del 31 de julio de 2026.

Diversas organizaciones locales, algunas de ellas miembros de la coalición Right to Repair Europe, han seguido muy de cerca esta transposición con el fin de abogar por la integración de mecanismos eficaces que promuevan el derecho a la reparación y que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la Directiva para legislar a favor de un mejor acceso a los criterios de reparabilidad, las piezas de recambio, la información sobre reparaciones y los servicios de reparación, y hacer que reparar sea una opción más asequible.

Desde 2023 hemos mantenido una serie de reuniones con el Ministerio, hemos llevado a cabo una campaña con motivo del Día Internacional de la Reparación para impulsar estas reivindicaciones, hemos participado en la consulta pública sobre la ley que se abrió durante el verano de 2025, y celebramos una reunión final el pasado mes de febrero.

Aspectos positivos y negativos del último borrador de la Ley sobre el derecho a la reparación 

El Ministerio se ha mostrado en general receptivo a las demandas de la sociedad civil, aunque algunas se han encontrado con limitaciones impuestas por otros ministerios, y con el miedo de presentar un borrador demasiado ambicioso que corriera el riesgo no de no ser votado por las fuerzas más conservadoras del Congreso.

Hacemos aquí un resumen de lo más destacado:

Prácticas desleales y engañosas

Los aspectos a tener en cuenta para considerar una práctica desleal por engañosa abarcaran también a partir de ahora las características medioambientales de los bienes y servicios y en concreto su circularidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. Además, añade nuevas prácticas expresamente prohibidas, asociadas a la obsolescencia programada temprana de los bienes, como por ejemplo:

• Ocultar a las personas consumidoras el hecho de que una actualización de software pueda afectar negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales o el uso de contenidos o servicios digitales.
• Presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad, pero no sea necesaria para garantizar la conformidad del producto.
• Realizar cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad, a pesar de que el empresario disponga de información sobre la característica y sus efectos en la durabilidad del bien.
• Afirmar falsamente que, en condiciones normales de uso, un bien tiene una durabilidad determinada en términos de tiempo o intensidad de uso, o presentar un bien como no susceptible de reutilización o no apto para la segunda mano sin ser cierto.
• Presentar un bien como apto para la reparación cuando no lo sea.
• Inducir a las consumidoras a creer que sus bienes no pueden repararse debido a una reparación o inspección previas por parte de un reparador/a independiente o un/a usuario/a final, o a falsas afirmaciones de que dicha reparación o inspección genera riesgos relacionados con la seguridad.
• Inducir a la consumidora o usuaria a sustituir, rellenar o reponer los elementos fungibles de un bien antes de lo que resulte necesario por razones técnicas.
• Ocultar información sobre el deterioro de la funcionalidad de un bien cuando se utilicen elementos fungibles, piezas de recambio o accesorios no suministrados por el productor original, o afirmar falsamente que se producirá dicho deterioro.

Más información y más claridad para las usuarias y consumidoras

• Sobre la garantía: El borrador prevé clarificar la información sobre la garantía legal de conformidad y la garantía comercial de durabilidad para evitar confusiones entre los y las consimidoras y usuarias, mediante una etiqueta armonizada a nivel de la Unión Europea de la garantía comercial, y un aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad.
• Información requerida en servicios de comparación de bienes y servicios: Este tipo de servicios deberán facilitar información sobre el método de comparación, los bienes y servicios objeto de la comparación y los proveedores de dichos bienes y servicios, así como las medidas impuestas para mantener dicha información actualizada. Esto incluye también comparaciones sobre aspectos de circularidad, como la durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad. Con esta medida se protege a la ciudadanía y se evita que estas comparaciones sean confusas o engañosas.

Formulario europeo de información sobre la reparación

Los y las reparadoras pueden, de forma voluntaria, utilizar el formulario europeo de información gratuito sobre la reparación. El formulario recogerá la siguiente información:

1. Las características principales del servicio de reparación.
2. La identidad del reparador o reparadora y los datos de contacto.
3. El precio de la reparación.
4. La modalidad de la prestación del servicio de reparación y el plazo para prestar el servicio.

Esto permitirá a las personas consumidoras valorar y comparar los diferentes servicios de reparación: la medida pretende mejorar la confianza en los servicios de reparación, aportando más información previamente a la reparación.

Reparar antes que sustituir

Los fabricantes tendrán la obligación de ofrecer una reparación a las personas consumidoras de los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar dentro de la garantía legal. Cuando la persona escoja la reparación, se ampliará la garantía doce meses, lo cual es una manera de incentivar la elección de esta opción en vez de la sustitución.

Además, la reparación será gratuita (incluyendo los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales) o ‘a un precio razonable’. No se ha conseguido que el borrador sea más explícito o defina mejor lo que se considera un precio razonable.

La reparación deberá llevarse a cabo en un “plazo razonable” a partir del momento “en que el empresario haya sido informado por el consumidor o usuario de la falta de conformidad.”, y realizarse “sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario, habida cuenta de la naturaleza de los bienes o de los contenidos o servicios digitales y de la finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.”

El fabricante podrá cumplir esta opción de reparar por sí mismo o a través de una empresa subcontratada, salvo que “la reparación fuera imposible”. Cuando el fabricante esté establecido fuera de la Unión Europea, se aplicará un esquema de ‘responsabilidad en cascada’, y será su representante autorizado en la Unión Europea quien cumplirá con esta obligación o, en caso de no existir esta figura, el importador, o en defecto de los anteriores, el distribuidor.

Los fabricantes no se podrán negar a reparar un producto alegando que otros reparadores o cualquier otra persona han efectuado una reparación previa.

El borrador explicita que queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones, y que la lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público, así como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la factura los diferentes conceptos.

Los fabricantes que comercialicen piezas de recambio y herramientas para los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar ofrecerán dichas piezas de recambio y herramientas a un ‘precio razonable que no disuada de la reparación’. De nuevo, no se ha conseguido que el borrador incluya una definición más clara sobre qué se considera un ‘precio razonable’.

Además, se podrán proporcionar bienes reacondicionados como bienes de sustitución mientras dure la reparación de un producto, y también en caso de que la persona consumidora escoja la sustitución en vez de la reparación.

Bono a la reparación

El borrador incluye también una de las principales demandas de las entidades: un bono a la reparación, parecido al que ya está en funcionamiento en Francia. El coste económico de las reparaciones es una de las principales barreras a la reparación. Este bono permitirá incentivar la reparación, ya que reducirá la factura del servicio para la ciudadanía.

Serán los propios productores y, en su caso, los representantes autorizados, importadores o comercializadores, de forma individual o en asociación, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) quienes aporten esta financiación. Este bono solo se podrá utilizar para la reparación de aquellos productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar.

Pese a la demanda de las entidades de cubrir el mismo porcentaje de la reparación independientemente de la antigüedad del producto, esta demanda no se ha incluido. Así pues, el borrador define el siguiente esquema de financiación:

a) Durante los dos años posteriores al vencimiento del plazo de garantía legal de conformidad o garantía comercial correspondiente, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 20%.

b) Durante el tercer año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 10%.

c) Durante el cuarto año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 5%.

Para beneficiarse de esta reducción, las personas consumidoras deberán acudir a un servicio de reparación inscrito en la Plataforma europea en línea de reparaciones, que deberá garantizar que la reparación no se debe a un mal uso del producto. Los reparadores y reparadoras descontarán directamente este porcentaje del precio de la reparación en el formulario europeo de información sobre la reparación.

Posteriormente, el reparador o reparadora podrá solicitar el reintegro de este porcentaje a los productores – o en su defecto a los representantes autorizados, importadores o comercializadores – quienes deberán abonarlo en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.

Los productores publicarán anualmente los importes destinados a financiar las reparaciones, la lista de servicios de reparación a los que han transferido los importes y la cantidad de bienes reparados, así como el número de solicitudes rechazadas. Esto proporcionará datos relevantes para evaluar el impacto del bono, y también para supervisar en qué medida los productores rechazan hacer la cofinanciación y el porqué.

Las entidades hemos propuesto también una política fiscal favorable, como por ejemplo una reducción del IVA a los productos de segunda mano o reacondicionados, pero esta medida no ha quedado recogida por el borrador ya que no ha sido aceptada por otros ministerios.

Plataforma en línea sobre reparación

En España se ha optado por la creación de una sección nacional en la interfaz común de la plataforma europea en línea recogida en la Directiva pro el Derecho a Reparar. Esta sección no solo incluirá servicios de reparación, sino también tiendas de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento o iniciativas de reparación participativas como los “repair café”. La inclusión de esta variedad de actores en la plataforma también ha sido una de las demandas de la entidades que ha salido adelante, y que pensamos que favorecerá dar a conocer dichas iniciativas a la ciudadanía, y por ende su apoderamiento y conocimientos sobre reparación.

PRÓXIMOS PASOS

En estos momentos, este último borrador se encuentra en fase de tramitación en el marco del procedimiento TRIS (Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica) de la Comisión Europea. Por lo tanto, aún existe una última oportunidad para participar en la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, y reforzar el apoyo a los puntos positivos de la ley, así como pedir la reformulación de aquellos puntos más débiles.

Posteriormente, el borrador se llevará al Congreso para su votación definitiva.

Los Mercados Circulares del Grupo de Entidades Solidança continúan consolidándose como una iniciativa de referencia para promover la reutilización textil y el consumo responsable. Durante el 2025 y el que llevamos de 2026, estos acontecimientos han seguido creciendo, llegando a nuevas ubicaciones e incorporando formatos especiales que han acercado la moda de segunda mano a miles de personas.

En total, este 2026 se han celebrado 33 ediciones donde se ha vendido más de 9.400 kg de ropa reutilizada, evitando la emisión de 23,5 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Unas cifras que ponen de manifiesto el interés creciente de la ciudadanía por alternativas de consumo más sostenibles, accesibles y con impacto positivo.

Nuevos espacios y formatos para acercar la reutilización

Este año, los Mercados Circulares han continuado evolucionando con nuevas propuestas y ubicaciones. Una de las novedades más destacadas ha sido la llegada de los mercados en la ciudad de Mataró, ampliando su presencia y acercando la reutilización textil a nuevos públicos.

También se han impulsado ediciones especiales que han permitido explorar nuevos formatos y acercar la reutilización textil a diferentes públicos. Entre estas iniciativas destacan el Mercado de Abrigos Premium y Vintage celebrado en la tienda Circular Second Hand de la calle Talleres de Barcelona, una propuesta que ha puesto en valor piezas seleccionadas de gran calidad, y lo Showroom de Novias organizado al Encanto de Salt, donde las asistentes pudieron descubrir vestidos de novia de segunda mano y demostrar que también es posible apostar por la reutilización en momentos tan especiales como un casamiento.

Paralelamente, el Mercado Circular ha continuado celebrándose en el almacén de Solidança en Sant Just Desvern, al Encanto de Salt gestionada por ADAD L´Encant Girona y a la nave de Vallecas de Recumadrid, manteniéndose como un espacio de referencia para las personas que buscan ropa de segunda mano a precios asequibles y apuestan por un modelo de consumo más responsable.

Nuevas fechas de los Mercados Circulares

Después de la buena acogida de las primeras ediciones del año, el Grupo de Entidades Solidança ya ha anunciado el calendario de nuevas fechas para los próximos meses. Los mercados continuarán recorriendo diferentes municipios de Cataluña y Madrid con el objetivo de seguir acercando la moda de segunda mano, la reutilización y el consumo responsable a la ciudadanía. Podéis consultar todas las fechas y ubicaciones en las redes sociales de @solidança_circular, @robaamigagirona y @larecuperadoramadrid.

Más que mercados de segunda mano

Más allá de la venta de ropa y productos reutilizados, los Mercados Circulares son espacios que fomentan la reducción de residuos, la reutilización y un modelo de consumo más consciente. Cada pieza que se reutiliza evita la generación de nuevos residuos y contribuye a alargar la vida útil de los recursos.

Además, estas iniciativas forman parte del modelo social y ambiental del Grupo Solidança, que combina la reutilización con la generación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad social.

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La transición energética se ha instalado en el debate público no como una opción entre varias, sino como una obligación que ya no admite demora: la dependencia de los combustibles fósiles, agravada por los límites de acceso a esos recursos que ha dejado en evidencia la guerra de Irán, convive con un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de cambiar de modelo energético. Pero ese cambio no es un simple relevo de una fuente por otra. Sustituir un combustible versátil, acumulable y de alto rendimiento por recursos intermitentes, dependientes del territorio y necesitados de aceptación social, obliga a repensar no solo la tecnología, sino quién decide, quién produce y quién se beneficia de la energía. Las comunidades energéticas —ese conjunto de fórmulas jurídicas que permiten a la ciudadanía y a las administraciones producir, gestionar y compartir energía de forma colectiva— son, en ese sentido, tanto una respuesta técnica como una apuesta política.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada a la coproducción de políticas públicas para una transición energética justa, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un modelo que avanza, pero que sigue necesitando de un marco legal más definido y de una implicación institucional que todavía no es la norma. Alfonso García Márquez, socio trabajador de la cooperativa Goiener y expresidente de la Unión de Energías Renovables, condujo la formación con una tesis de fondo: el reto energético es demasiado grande para abordarlo en solitario, y las comunidades son, precisamente, la herramienta pensada para compartirlo.

Un marco legal que aún no termina de cerrarse

El paquete normativo que sostiene a las comunidades energéticas procede de dos directivas europeas —la de renovables y la del mercado de la electricidad—, trasladadas ambas a la ley española del sector eléctrico. Ambas definen a las comunidades como entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por personas físicas, pymes o administraciones locales, y orientadas a generar beneficios ambientales, económicos o sociales en su entorno antes que rentabilidad financiera. Sin embargo, como señaló García Márquez, “todavía no se ha terminado de trasponer el ordenamiento jurídico español” en cuanto a qué figura concreta debe adoptar una comunidad. En la práctica, admitió, “la definición de comunidad energética te corresponde como un guante con las características de una cooperativa”, pero conviven en el Estado comunidades constituidas bajo formatos muy distintos, desde cooperativas hasta comunidades de montes con naturaleza de simple sociedad civil. Esa ambigüedad no es un obstáculo menor: mientras el decreto pendiente no llegue, cada territorio negocia sobre la marcha qué entidad jurídica encaja con sus objetivos.

El autoconsumo como puerta de entrada, no como sustituto

Antes de constituir una comunidad propiamente dicha, existe una herramienta más ágil y menos exigente: el autoconsumo compartido, que permite repartir la energía producida entre varios puntos de consumo mediante un simple acuerdo privado, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica. Un reciente Real Decreto, aprobado a raíz de la guerra de Irán, ha ampliado el radio permitido para acogerse a esta figura de los 2 km anteriores hasta los 5 km, para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de menos de 5 MW. Esa ampliación, explicó García Márquez, permite a los ayuntamientos “aprovechar espacios infrautilizados” y sumar como beneficiarias a “viviendas sociales, comercios, centros educativos o deportivos” alejados de la instalación, optimizando así la inversión pública. El mismo decreto ha modificado la ley reguladora de las bases del régimen local para incorporar de forma explícita, entre las competencias propias de los municipios, la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía, lo que despeja buena parte de la inseguridad jurídica que hasta ahora rodeaba la cesión de cubiertas municipales. Con todo, García Márquez fue claro sobre los límites de esta vía: el autoconsumo reparte energía, pero no transforma gobernanza; su finalidad “es el reparto energético”, mientras que la de una comunidad energética “es la transformación social y energética local”.

El ayuntamiento como facilitador, no como propietario del proceso

Uno de los ejes que más recorrió la sesión fue el papel de la entidad local: ni ausente ni al mando, sino facilitadora. García Márquez insistió en que la voluntad política para impulsar una comunidad debe ser transversal —incluyendo también a la oposición—, porque el proyecto “no es cuestión de un periodo legislativo, sino que es algo que se va a quedar ahí”. El ayuntamiento, señaló, puede aportar recursos para reuniones, habilitar una oficina de información energética, ceder cubiertas o destinar parte del presupuesto anual al desarrollo de la comunidad; pero puede hacerlo con distintos grados de compromiso, desde una cesión puntual hasta una aportación económica simbólica como socio más, o una implicación plena como socio promotor.

Ese equilibrio entre autonomía ciudadana y participación institucional generó parte del debate más productivo de la sesión. Un asistente que está impulsando una comunidad energética ciudadana sin participación municipal planteó una duda que probablemente comparten muchos proyectos en marcha: hasta qué punto conviene sumar al ayuntamiento cuando eso implica compartir también la gestión del dinero. García Márquez respondió sin rodeos: “vosotros como ciudadanos estáis convencidos de que queréis sacar adelante esta comunidad […] pues nosotros seguimos adelante”, y recordó que la adhesión a una comunidad es siempre voluntaria, también para la administración, que “si ve que las cosas se hacen de una forma correcta […] permanecerá ahí, y si no, siempre puede decir: yo me voy”. Salvador, de una asociación murciana, preguntó si una cooperativa de vivienda colaborativa podría adherirse a una comunidad energética ya existente o constituir la suya propia; la respuesta fue que ambas vías son posibles, y que lo decisivo no es la forma jurídica sino dotar al proyecto de “viabilidad técnica y económica” sostenida en el tiempo.

Lo que aún falta

De la sesión se desprenden también los límites del momento actual. Falta, en primer lugar, un decreto estatal que cierre definitivamente qué entidades jurídicas pueden constituirse como comunidad energética, lo que hoy obliga a cada territorio a moverse en una zona gris. Falta también una mayor disposición de los ayuntamientos a implicarse en fórmulas cooperativas: acostumbrados a relaciones institucionales que exigen compromisos económicos elevados, muchos siguen siendo reacios a participar en estructuras donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona socia. Y falta, sobre todo, resolver una tensión de fondo que el propio ponente señaló como advertencia: reducir la factura energética “muchas veces sirve de motivo para empujar a las personas” a construir una comunidad, “pero no debería ser el motivo principal que nos mueva”. El motivo de fondo, insistió, debería ser otro: acercar las energías renovables al territorio, apropiarse de su producción y avanzar hacia una soberanía energética que, aun limitada por la existencia del mercado, sitúe las decisiones dentro de la comunidad y no en las grandes empresas.

El debate, en cualquier caso, apuntó en una dirección clara: cuantas más herramientas —autoconsumo compartido, cesión de cubiertas, participación societaria, apoyo técnico— sea capaz de combinar una entidad local con el tejido ciudadano organizado, más sólida y duradera resultará la transición energética justa que ambas partes dicen perseguir.

Ha sido un año largo, de esos que se cuentan en encuentros, boletines, campañas y muchas horas compartidas. Así que, como manda la tradición, durante estas semanas de agosto levantamos el pie del acelerador. No cerramos del todo, pero sí bajamos el ritmo para recuperar fuelle.

Seguiremos por aquí, atentas a lo importante, aunque puede que tardemos un poquito más de lo habitual en responder correos y mensajes. Si algo no es urgente, seguramente pueda esperar a la vuelta: nos lo agradeceréis vosotras y nos lo agradeceremos nosotras.

Aprovechamos también para hacer eso que casi nunca da tiempo durante el curso: pararnos a pensar. Ordenar ideas, mirar el año con perspectiva y preparar con calma lo que viene en economía solidaria, que promete. Porque a veces el mejor trabajo se hace justo cuando parece que no se está haciendo nada, a la sombra de un árbol y sin prisa.

Mientras tanto, os deseamos un buen verano, sea cual sea vuestra receta: un buen libro, un chapuzón, caminos nuevos por explorar, buena compañía o el placer sencillo de no hacer absolutamente nada. Que cada quien recargue como más le apetezca.

Nos reencontramos a finales de agosto, con las ganas renovadas y algún proyecto bajo el brazo. Cuidaos mucho y disfrutad. ¡Nos vemos a la vuelta!

Un informe de CC OO reveló que tan solo se habían solicitado 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley que incluye las bajas por reglas dolorosas. Álvaro Minguito.

Tres años después de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, apenas hay trabajadoras que soliciten el permiso por reglas incapacitantes. El miedo al despido y a la discriminación, el estigma que sigue envolviendo a las patologías menstruales o el retraso en los diagnósticos explican en buena parte este escenario regresivo.

Lidia tenía 17 años cuando pudo por primera vez poner nombre al cúmulo de dolores intensos e incapacitantes que sentía cada mes a la llegada de la menstruación. Los calambres interminables, cefaleas, contracciones en el abdomen, dolor en la zona lumbar o los desmayos eran consecuencia de una patología crónica que actualmente sufre entre el 10 y el 15 % de la población femenina en edad fértil: la endometriosis.

Días antes de acudir a su centro médico para hacerse las pruebas ginecológicas había tenido que quedarse en cama mientras sus compañeros de instituto salían de excursión. Aquel día se dio cuenta de que “algo no iba bien” en su cuerpo, que lo que a ella le ocurría no tenía nada que ver con las leves molestias que sus amigas narraban los días en que menstruaban. “Noté un dolor tan fuerte que incluso los ibuprofenos no me hacían efecto y de repente me puse a vomitar por la calle porque no aguantaba, ahí ya dije, hay que hacer algo”, recuerda en conversación con El Salto.

El diagnóstico que le dieron a esta mallorquina que hoy tiene 28 años en la Clínica Juaneda, de Palma, fue determinante porque le permitió descifrar qué era aquello que le impedía llevar una vida normal mes a mes, pero el ritmo acelerado de un sistema que rara vez permite detenerse ha condicionado cada paso de su vida desde entonces.

Hoy hace un año que trabaja en una empresa de turismo y, pese a que su enfermedad la incapacita parcialmente de forma regular, nunca se ha atrevido a solicitar la baja laboral por dolor menstrual, un derecho que figura en la legislación española desde hace tres años. Se refiere a la Ley Orgánica 1/2023 por la que se modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una reforma impulsada desde el Ministerio de Igualdad de entonces Irene Montero (Unidas Podemos).

Este avance legislativo histórico permitía por primera vez reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes “aquellas bajas laborales en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la situación posterior a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y el embarazo desde el día primero de la semana trigésima novena”. El requisito principal para obtener el permiso no era otro que contar con un diagnóstico médico que asocie la regla dolorosa a alguna enfermedad menstrual. Por primera vez la dismenorrea —menstruaciones dolorosas— en cualquiera de sus manifestaciones era considerada legalmente causa de baja laboral por incapacidad temporal (IT).

Para garantizar que la norma sería aplicada con efectividad y sin discriminación alguna, la ley no exigía períodos mínimos de cotización previa para ser beneficiaria. Se cubría con una prestación económica abonada por la Seguridad Social desde el primer día. Asimismo, cada proceso de baja se consideraría “nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de su incapacidad temporal, y de su prórroga”.

“Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres”, cuenta Lidia

A pesar de ser conocedora de que podía disfrutar de este tipo de permiso, Lidia recuerda que, cuando entró a trabajar en la empresa, prefirió aguantar: “Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres y están muy poco concienciados con estas cuestiones”.

Su caso no es anecdótico sino que representa una tendencia al alza entre las mujeres, las cuales sienten una gran reticencia a emplear estos permisos que les corresponden por derecho. Es lo que recoge un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que pone de relieve que muchas mujeres rehúsan, por distintos motivos, acogerse a la baja cuando su cuerpo les implora parar una y otra vez. En total se pidieron tan solo 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley, unas cifras “insignificantes” a ojos de este sindicato en comparación con los 8,8 millones de procesos de bajas por contingencia común que tuvieron lugar en todo el 2023.

Detrás de estos números tan modestos se esconden una multiplicidad de factores, desde el retraso en los diagnósticos —que puede demorarse entre seis y ocho años de media— hasta el profundo estigma que sigue rodeando a la menstruación en un sistema estructuralmente androcéntrico. Además, las reglas dolorosas no tienen siempre asociada una patología orgánica subyacente previamente diagnosticada, como ocurre con la adenomiosis o presencia de tejido endometriósico en el espesor del útero, difícil de identificar a través de pruebas.

Escasa sensibilización social

A todos los efectos, la ley daba respuesta a un reguero de demandas sociales que venía haciendo hace tiempo el movimiento feminista ya que, según el Ministerio de Igualdad, seis millones de trabajadoras están en edad de menstruar. De entre todas ellas, una investigación perteneciente la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social revela que entre el 50 y el 90 % padece reglas dolorosas. Estas se deben no solo a patologías como la endometriosis —quizás la más conocida de entre este tipo de enfermedades— sino a otras como la adenomiosis (tejido endometrial en el espesor del útero), pólipos u ovarios poliquísticos o a distintas afecciones del sistema reproductivo.

La citada investigación pone de manifiesto, en este sentido, que todavía pervive entre las mujeres una concepción vergonzosa en relación a estados biológicos como la menstruación o la menopausia. Condiciones que a menudo “producen trastornos en la salud y que impiden trabajar con regularidad” mermando la calidad de vida de forma sustancial. Las mujeres se resisten a coger las bajas en muchos casos por temor a sufrir discriminación en el entorno laboral ya que presienten que la baja será interpretada como un indicio de “falta de ambición” en el desempeño profesional.

Sobreconsumo de analgésicos y normalización del dolor menstrual

Esta tabuización de las patologías de esta naturaleza en ciertos entornos ha traído consigo que, con el paso de los años, muchas mujeres opten por abusar de analgésicos para luchar contra el dolor y así poder trabajar con normalidad sin bajar el ritmo productivo. “Me chutaba Enantyum en exceso sin esperar el tiempo prescrito hasta la segunda dosis y todo por resistir trabajando, porque me daba mucho miedo lo que pudieran pensar los demás, que creyeran que estoy exagerando el dolor, incluso fingiendo”, relata Lidia.

Para la abogada laboralista Teresa Ramos, al estigma se suma que la regla “es considerada como algo que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”

Además, en los centros de salud acostumbran a prescribir a las pacientes con dismenorrea fármacos como la píldora anticonceptiva o distintos tipos de calmantes. Todo ello, indican las expertas, en detrimento de tratamientos más sostenidos como dietas antiinflamatorias, fisioterapia, meditación o determinados ejercicios pélvicos. Lo importante es seguir produciendo sin que nada altere la rutina.

Para Teresa Ramos, abogada laboralista y letrada de la cooperativa jurídica feminista Justicia Transformadora, aunque la medida ha incorporado nuevas prestaciones a la Seguridad Social perspectiva de género, “pronto se vio que iba a tener un alcance limitado”. “Al final, aparte del estigma, generalmente la regla es considerada como algo de mujeres que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”, refiere la letrada.

Muchas pacientes tienden a subestimar e incluso normalizar su dolor y, en última instancia, lo ocultan para evitar posibles despidos: “El acceder a las prestaciones de la Seguridad Social de incapacidad temporal puede implicar que si coges muchas bajas no le siente bien a la empresa, a tu jefe, y es probable en muchos de los casos que prescindan de ti, no por esa razón sino aprovechando otras causas”, infiere. Esta casuística se agudiza en el caso de los trabajos más precarizados y menos sindicalizados, también en aquellos con menos complementos o ayudas a la incapacidad, que ocupan principalmente las mujeres. Ahí, explica, los convenios colectivos tienen más grietas, algunos no tienen completado el 100% de la base reguladora, es decir, se cobra menos cuando se está en incapacidad temporal.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Isabel Márquez, de CC OO

En estos términos se expresa igualmente Isabel Márquez, responsable de la Secretaría de Mujeres y Políticas de Igualdad de FSS-CCOO, quien apunta que “a veces tu nómina es el único dinero que entra en casa, por lo que por ese miedo al despido al final tomamos más antiinflamatorios en aras de mantener la productividad”. Todo ello explica las escasísimas cifras de estas bajas, algo que rompe de lleno con el mito de la ultraderecha sobre el absentismo laboral “preocupante” en España.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Márquez. Todo ello sumado a entornos laborales, muchas veces hipermasculinizados, donde no existe una cultura empresarial sensibilizada con este tipo de patologías.

Esta falta de conocimiento sobre la enfermedad salpica tanto a los directivos de las empresas como a los propios sindicatos. Así lo sostiene Andrés Fariña, abogado laboralista en CGT y miembro de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA): “El sindicalismo sigue estando muy masculinizado y con una visión del trabajador del mono azul de la fábrica muy insertada todavía. En sindicatos como CGT nunca ha llegado una consulta con problemas sobre esa situación y este tipo de bajas generalmente no se piden, al contrario de las solicitadas por casos de fibromialgias o covid”, estima.

De hecho, una demanda bastante extendida entre las trabajadoras con reglas complicadas es que los espacios de trabajo dispongan de productos de higiene menstrual (compresas o tampones) en caso de reglas sobrevenidas en horario laboral. Pero también para las que padecen reglas hiperabundantes, cuya condición no está contemplada en ninguna legislación laboral. Iniciativas sociales como Menstrual Point llevan tiempo pugnando para que las empresas incorporen puntos con este tipo de materiales sanitarios en las oficinas de trabajo.

Investigación sobre salud menstrual: una asignatura pendiente

Para Lucía Arnaiz, esta lucha contra el dolor menstrual ha sido durante buena parte de su vida adulta el pan de cada día. En 2016 fue diagnosticada con endometriosis durante un chequeo médico rutinario cuando trabajaba en Madrid, a sus 20 años. Llevaba sufriendo de dismenorrea desde los 14. Las veces anteriores en que había acudido a urgencias con dolores insoportables y reglas de hasta diez días de sangrado, los médicos siempre habían banalizado su estado: “Me decían, estás muy delgada, necesitas un buen puchero, a todas las mujeres les duele la regla, no aguantas el dolor o me decían que era una forma de llamar la atención”, dice esta mujer que hoy tiene 30 años.

Nunca la habían derivado a consulta ginecológica pese a que llegaba a desmayarse por la intensidad del dolor, padeciendo además “hemorragias brutales”. Actualmente, tras varias intervenciones quirúrgicas y un par de terapias hormonales que no han logrado frenar su sufrimiento, esta trabajadora del sector musical cuenta con apoyo en su empresa para descansar los días de regla y por suerte puede teletrabajar, pero también es muy consciente de que esto no es lo habitual en otros centros de trabajo. Incluso tiene amigas a las que despidieron por ausentarse de la oficina antes de que entrara en vigor la reforma de la ley.

Lucía Arnaiz, fundadora de Endomequé: “Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”

“Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”. Por eso fundó Endomequé, una asociación que persigue dar visibilidad a esta enfermedad que aqueja a más de 2 millones en España según la Asociación De Afectadas De Endometriosis Crónica (Adaec), así como recaudar fondos para su investigación. “Hay que recordar que todas estas enfermedades que afectan sólo o de manera muy mayoritaria a las mujeres han tenido mucho menor interés para unas ciencias de la salud ejercidas durante siglos por hombres, el mismo estudio del ciclo menstrual sigue siendo insuficiente”, concluyen desde Comisiones Obreras sobre el origen de esta brecha de género estructural.

Fuente: El Salto. Alejandra Mateo Fano.