• Vivienda, crisis climática, cuidados y cultura centran un ebate que reclama marcos legales, financiación estable y reconocimiento para la cooperación público-comunitaria.
• Entre las líneas de acción se propone la creación de un Observatorio de coproducción público-comunitaria para fomentar políticas públicas basadas en las experiencias economía social y solidaria.

Más de 100 personas, entre responsables y personal técnico de la Administración pública y representantes de decenas de cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales, se han reunido hoy en el Círculo de Bellas Artes de Madrid en el Foro Estatal COOPUBLIC «Administraciones que cooperan, territorios que avanzan».

El encuentro, organizado por REAS Red de Redes, ha sentado en la misma mesa a representantes de los ministerios de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030; Trabajo y Economía Social; Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Cultura y Sanidad, con un objetivo común: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger. La pregunta que ha atravesado toda la jornada es cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento y las capacidades que ya existen en los territorios. Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación o cultura son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario, y en los que comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados o sistemas alimentarios de proximidad llevan años construyendo respuestas.

Seis territorios, un foro estatal

El foro ha cerrado un recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Illes Balears y Canarias, donde administraciones y entidades de la Economía Social y Solidaria han compartido durante meses experiencias de cooperación público-comunitaria. La jornada de hoy ha servido para poner en común esos aprendizajes y presentar los principales resultados del proyecto.

La apertura ha corrido a cargo de Zaloa Pérez, consejera de REAS Red, quien ha compartido la satisfacción de la amplia y favorable respuesta que ha tenido tanto el foro como el ciclo y el proyecto completo, que en los últimos años ha articulado a centenares de personas de las Administraciones y sociedad civil en formaciones, talleres y encuentros.

Parte de estos resultados han sido presentados por Joan Manuel Sánchez, de la cooperativa ILABSO-Olma, quien ha compartido el panel de políticas públicas locales recientemente publicado, estudio que analiza la presencia de la economía social y solidaria en la acción municipal. Joan ha compartido algunas de los principales resultados como que el 90% de los municipios participantes declara contar con alguna política de ESS, aunque solo la mitad la sitúa en la agenda «de forma clara y decidida». El 40% mantiene una relación estable con el tejido de ESS, pero apenas el 23% dispone de un diagnóstico. Las carencias de recursos son la principal barrera que arroja el estudio: Solo el 37% cuenta con personal específico y casi la mitad (47%) no ha formado a su plantilla en ESS. Ante estos datos Sánchez ha concluido que es necesario trabajar prioridades pero también conocimiento para llevarlas a cabo».

A continuación José Luis Casadavante-Kois, del Foro Transiciones, ha presentado el estudio Llaves para una puerta que todavía no existen donde se define el modelo de cooperación público-comunitaria como el desarrollo de marcos de colaboración estables y transparentes entre administraciones y tejidos sociales, guiados por la ausencia de ánimo de lucro y por principios de justicia, equidad, universalidad y sostenibilidad. Por eso reclama un marco de relación diferenciado del que hoy rige con el tercer sector o el cooperativismo, una demanda que, según subraya, «no es una cuestión terminológica sino política». A partir de ahí, el estudio propone diez llaves para abrir esa puerta. Entre ellas figuran las innovaciones democráticas, como la ILP del Mar Menor, el refuerzo de la autoorganización comunitaria, la gestión ciudadana de equipamientos y los partenariados público-cooperativos, con ejemplos como Hernani Burujabe. El estudio cierra con una invitación a imaginar nuevas institucionalidades y a abrir «una gran conversación».

Cuatro ministerios y la sociedad civil, en la misma mesa

El plato fuerte de la mañana ha sido la mesa de debate político-social, en la que cuatro responsables de la Administración General del Estado han dialogado con representantes de redes de economía solidaria, movimiento vecinal y sociedad civil organizada en una mesa dinamizada por la periodista de El Salto, Sara Plaza.

David Perejil, director de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha subrayado que lo común y lo público comparten «una matriz común» ligada a los bienes públicos más esenciales, con «mucho espacio» para que la sociedad se apropie de ese marco. Ha señalado la Estrategia de Desarrollo Sostenible como una herramienta para construir un diagnóstico compartido y ha puesto la compra pública como ejemplo de cómo, dentro del marco rígido de las leyes, caben adaptaciones innovadoras que abren espacios sociales. Frente a la desigualdad y el cambio climático, ha defendido una economía que mire «más allá del PIB» y ha concluido que «la economía social y solidaria está creando bienestar».

Por su parte, Jaime Iglesias, comisionado especial para la Economía Social, ha agradecido a REAS que anticipe debates y obligue a las administraciones a «ponerse las pilas». Ha recordado que la economía social y solidaria «no es un sector, es una forma de hacer política» que debe estar presente en todos los ministerios, y ha citado ámbitos en los que ya es punta de lanza, como las comunidades energéticas o la vivienda cooperativa. En el terreno normativo, ha puesto en valor los PERTE como herramienta de financiación y la Ley integral de economía social, que eleva la reserva de contratos para estas entidades del 10% al 15%. Pero la ley, ha advertido, no basta por sí sola: muchas administraciones todavía no cumplen ese porcentaje, por lo que el reto ahora es dotarse de herramientas de fiscalización que garanticen su aplicación.

Desde la Oficina Española de Cambio Climático, María Sintes Zamanillo, jefa de servicio, ha puesto el foco en el papel de las comunidades locales ante una crisis climática cada vez más presente. Ha destacado experiencias de colaboración público-comunitaria en prevención de incendios y en restauración de ecosistemas. También ha subrayado el valor de las redes vecinales que vigilan, cuidan y median sobre el terreno, una labor que, a su juicio, resulta «fundamental para ampliar los recursos de las administraciones». Pero su reflexión de más calado ha sido sobre la gobernanza. El cambio climático obligará a tomar decisiones complejas sobre qué priorizar y a quién proteger, y esas decisiones tendrán una legitimidad muy distinta si se toman de forma compartida, como ya ocurre en algunos procesos colectivos sobre el retranqueo del litoral.

Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales del Ministerio de Cultura, ha situado la relación entre la economía social y solidaria y los derechos culturales en un objetivo compartido: la profundización democrática. En un contexto de policrisis actual, donde las instituciones y la propia democracia están en cuestión, ha defendido que «no demos un paso atrás», sino que «redoblemos la apuesta». Para Beirak, la cultura no solo transforma los imaginarios: es «estratégica en la materialidad de los vínculos y la organización colectiva», porque ofrece el lenguaje para entender, interpretar e intervenir en la realidad. Por eso ha celebrado la noción expandida de lo público que propone el foro y la cooproducción pública-comunitaria, para que la administración esté «al servicio de lo que está fuera de la institución», algo que en cultura, ha concluido, no puede ser de otra manera.

La voz de la sociedad civil

Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes, ha comenzado presentando la red no solo como una organización representativa, sino como un movimiento que defiende «otra forma de hacer economía». Desde ahí ha reivindicado su papel como motor de innovaciones que han ido más allá del marco normativo del momento y han abierto caminos hacia otros escenarios de intervención posibles. En este contexto, ha subrayado que la colaboración público-comunitaria es una herramienta clave para el cambio de modelo que se necesita. «Nuestra experiencia nos ha enseñado que ningún actor puede afrontar por sí solo los desafíos actuales», ha afirmado. «Si queremos una economía al servicio de la vida y del planeta, la colaboración no puede ser una excepción, sino una práctica habitual. De esa manera reforzamos las garantías de lo público y ampliamos nuestra capacidad colectiva para construirlo». Por ello, Carinci ha valorado el esfuerzo de las administraciones presentes por avanzar en esta dirección dentro de normativas pensadas con otros parámetros.

Belén Sánchez Rubio, del grupo motor de Futuro en Común, ha enmarcado el debate en la Agenda 2030, que plantea cambiar las formas de producir y consumir y mejorar la gobernanza. Su objetivo 17, ha recordado, pone precisamente las alianzas al servicio del resto de metas. En ese terreno, ha reconocido que se ha avanzado mucho en un modelo de gobernanza que puede ser un referente, y ha pedido que se mantenga y, sobre todo, que «trascienda a los territorios». Desde el análisis de coherencia de políticas ha reivindicado el papel de la economía social y solidaria, que, si se le aplica ese filtro, «lo cumple con creces», porque sus intervenciones no generan beneficios en un solo ámbito, sino en varios a la vez. El reto pendiente, a su juicio, es el codiseño, y para avanzar en él hace falta un marco legal que garantice la participación. Por eso ha reivindicado el concepto de «responsabilidad pública»: colaborar con la sociedad civil organizada no es una concesión, sino parte de la responsabilidad de las instituciones para asegurar una gobernanza participativa y transparente.

Jorge Nacarino, responsable de política institucional de la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), ha suscrito la idea de la cooperación público-comunitaria como herramienta de profundización democrática. En un momento en que el capitalismo pone en duda el Estado de derecho, ha defendido que las administraciones comprometidas con la democracia deben responder avanzando. Estos marcos de colaboración entre instituciones y comunidad son, para él, el lugar para defender lo común en los barrios. Para que funcionen, ha insistido, hace falta un marco normativo que reconozca a las asociaciones vecinales como agentes de política pública. Tras más de 50 años de historia y una indefensión histórica frente a otros sectores, ha reclamado que todas las administraciones pongan recursos para sostener la capacidad de autoorganización de la sociedad civil. Su conclusión es que una cooperación público-comunitaria real pasa por dejar atrás una ciudadanía espectadora y construir un modelo en el que «las vecinas sean las protagonistas del cambio social».

Marta Abril, coordinadora de la Comunidad de Práctica de Políticas Públicas de Altekio/Ecorredes, ha señalado la importancia del trabajo en red, lógica que atraviesa toda la plataforma de Ecorredes. Desde ahí, ha puesto el foco en una figura a menudo olvidada: el personal técnico que muchas veces comparte la visión de la coproducción pero que «a veces está muy solo», sin respaldo político y sin saber cómo dar el paso. Para acompañarlo, Ecorredes ha impulsado seis comunidades de aprendizaje orientadas a la práctica en ámbitos como la vivienda, la alimentación o la sanidad para que las personas técnicas intercambian claves, estrategias y las «grietas del sistema» que permiten apoyar iniciativas comunitarias.

Hacia una hoja de ruta colectiva

Tras la mesa, el foro ha pasado a un espacio de diseño estratégico colectivo dinamizado por Altekio. Allí, personal técnico de las administraciones y entidades sociales se han sentado juntos para identificar qué herramientas hacen falta, qué obstáculos administrativos, jurídicos y políticos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer la cooperación público-comunitaria.

Entre las ideas que el foro deja sobre la mesa destaca la propuesta, planteada por Kois desde el Foro Transiciones, de crear un observatorio de prácticas inspiradoras y normativas concretas de cooperación público-comunitaria. Ese observatorio recogería y daría visibilidad a lo que ya funciona en los territorios para que otras administraciones y comunidades puedan adaptarlo y replicarlo.

Estas conclusiones, junto con las recogidas en los foros territoriales, darán forma a una hoja de ruta compartida con las principales estrategias y medidas de cooperación público-comunitaria para el fomento de la Economía Social y Solidaria en todo el Estado.

Acceder al vídeo de la presentación y el debate institucional en este vídeo.