Este año la Semana Europea de la Movilidad repite el lema “Movilidad para todas” y pone el foco en la equidad entre generaciones. Necesitamos urgentemente transformar nuestras ciudades y movilidades para dar respuesta a las diferentes necesidades que tenemos a lo largo de nuestro ciclo de vida.

Una de las etapas que a veces queda en tierra de nadie es la adolescencia. Una etapa clave donde se forjan hábitos, construimos nuestra identidad y buscamos la libertad: salir del paraguas de nuestra familia y empezar a conquistar nuestros propios espacios.

Pero, ¿qué ocurre cuando llegamos a esa etapa sin haber aprendido a movernos de forma autónoma? Hay adolescentes que entran en secundaria sin haber ido nunca solos al colegio, salido por el barrio o jugado cerca de casa sin vigilancia.

A esto se suma una ciudad zonificada y monofuncional que no ha pensado que los espacios han de acoger también sus necesidades.

Hay dos ideas clave para construir ciudades que incluyan a la adolescencia: Seguridad no significa ausencia de riesgo. En lugar de limitar su autonomía porque existen peligros, debemos transformar las condiciones que los generan: velocidades, cruces, calles…

Y cambiar la mirada sobre la infancia y la adolescencia y dejar de lado la sobreprotección. Necesitamos confiar en su capacidad para resolver situaciones, tomar decisiones y participar en la vida de la ciudad.

Porque una ciudad para todas las personas debe tener lugares donde podamos encontrarnos, convivir y compartir entre generaciones.

En este marco, desde la Escuela de Movillidad comparten estos estos cursos y convocatorias:

CURSOS

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Movilidad para todas las personas: género, edad y cuidados. Inicio: 29 septiembre.

Con Zaida Muxí, Marta Román, Laura Pérez, Montserrat García, Sara Ortiz, Col·lectiu Punt6.

Digitalización y datos en la movilidad sostenible.
Inicio: 30 septiembre.

Con Maite Pérez, Núria Pérez Sans, Ramon Pruneda, Manel Pons.

Gobernanza y participación ciudadana en la movilidad sostenible. Inicio: 1 octubre. 

Con Roser Casanovas, Mercedes Vidal, Amancay Villalba, Anabel Gulías, Luciano Ibarra, Eixample Respira, Som Mobilitat, Som Ecologística, Juventud por el Clima, Col·lectiu Punt6.

Movilidad al trabajo y de grandes centros de actividad. Modalidad asíncrona.

Con Juan Carlos Escudero, Manel Ferri, Mar Fernández Lorente, David Balbás Alonso, Marc Nadal Agustí, Alberto Puivecino Lobera, Rafael Requena, Manuel Riera Díaz.

EVENTOS

¡Ven a la presentación de Rowan March en Barcelona!

Participaremos en la presentación de la novela de Jaime Novo. Un thriller social para hablar de tecnología, vigilancia, bicis, en definitiva, del futuro de nuestras ciudades.

David Balbás Alonso (Escuela) participará en la presentación junto a Jaime Novo.

10 de septiembre a las 18:00 h en Bicihub Barcelona

Ver más

Jornada sobre descarbonización y electrificación de la movilidad

Con motivo de la Semana Europea de la Movilidad, participamos en la jornada organizada por por la Generalitat de Catalunya, Diputació de Barcelona, AMB, Ajuntament de Barcelona y ATM.

17 de septiembre | 9:00–17:30 en Espai Francesca Bonnemaison, Barcelona
Inscripciones

Jornada técnica sobre la Ley de Movilidad Sostenible

Elaboramos junto a COAMBA esta jornada para conocer las claves de la nueva normativa, profundizar en sus principales aspectos socioambientales y, reflexionar sobre las oportunidades que abre para ambientólogos y ambientólogas.

14 de septiembre | 10:00–11:30 h Online, a través de Zoom

Inscripciones

Abrir una cuenta corriente, contratar una póliza de seguros, financiar la tesorería municipal: son gestiones tan rutinarias que rara vez se piensan como una decisión política. Y sin embargo, según con quién se firmen, empujan el dinero público hacia un modelo financiero u otro.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC —tercera de un ciclo de cuatro encuentros dedicados a sectores estratégicos para la acción público-comunitaria, junto a vivienda, energía y alimentación—, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un sector ya consolidado que, aun así, sigue teniendo que pelear su espacio dentro de la contratación pública, pliego a pliego.

Guillem Subirachs y Sergi Salavert, del equipo técnico de FETS – Finançament Ètic i Solidari, condujeron la formación con una idea de fondo: las finanzas éticas ya no son una rareza testimonial, sino un ecosistema consolidado con casi treinta años de recorrido, y el reto ahora es que la administración pública aprenda a mirarlo.

Un sector que nació diciendo «con mi dinero, no»

El origen del movimiento se remonta a los años sesenta, ligado a la oposición a la guerra de Vietnam y al régimen del apartheid en Sudáfrica: colectivos que empezaron a exigir saber, y decidir, en qué se invertía su dinero. De ahí nace el principio más conocido del sector, el de exclusión —nada de armamento, nada de energía nuclear, nada de proyectos con impactos sociales o ambientales negativos—, aunque las finanzas éticas se definen hoy por bastante más que por lo que rechazan: también por comprometerse a canalizar el ahorro hacia proyectos con impacto positivo, por la transparencia sobre dónde va ese dinero, por la participación democrática de las personas socias en la gestión de las entidades, y por aplicar hacia dentro los mismos principios que exigen hacia fuera.

Con esos cinco criterios, FETS analiza los principales bancos y cooperativas de crédito del Estado español a través de su Escáner de las Finanzas Éticas; solo un puñado de entidades —entre ellas Coop57, Fiare Banca Ética, Oikocredit y Triodos Bank— supera el umbral de cumplimiento que la asociación considera necesario para hablar propiamente de banca ética.

Menos presente en el imaginario colectivo que los préstamos o las cuentas de ahorro, el sector asegurador forma también parte de este ecosistema, y ahí nace el sello EthSI, que certifica que una mutualidad, compañía o correduría trabaja según principios de mutualidad, equidad y transparencia. Un sello pensado, en un primer momento, como guía para la ciudadanía, pero que puede convertirse también en una herramienta de contratación pública.

Una ley que excluye la tesorería, y eso puede ser una ventaja

La Ley de Contratos del Sector Público deja fuera de su ámbito a los servicios de financiación y tesorería, mientras que sí regula los de inversión y seguros. A primera vista parece un vacío incómodo, pero puede leerse también como una oportunidad: da a los ayuntamientos más margen para negociar directamente con entidades de finanzas éticas, con mayor flexibilidad y sin la rigidez de un pliego estándar, aunque sin renunciar a los principios de concurrencia y transparencia que deberían regir cualquier contratación pública. La contrapartida es que, al no ser un proceso público, muchas de estas experiencias quedan invisibles si nadie se encarga de contarlas.

Cuando el servicio sí entra en la ley —los seguros, sobre todo—, ocurre justo lo contrario: todo el proceso se publica, y eso lo hace mucho más fácil de consultar y de replicar en otro municipio. La clave, en ese caso, está en vincular el objeto del contrato con criterios sociales, fiscales y ambientales a lo largo de todo el ciclo de vida del servicio, y en aprovechar la posibilidad legal de dividir la licitación en lotes: las finanzas éticas pueden ser complementarias a la banca convencional, pero rara vez están en condiciones de asumir por sí solas un contrato entero.

Mataró y el 20% que sí se pudo pedir

El ejemplo más citado durante la sesión fue el del Ayuntamiento de Mataró, que en una licitación de sus pólizas de seguros repartió la puntuación en un 80% para la oferta económica y un 20% para estar en posesión del sello EthSI o un equivalente. La cláusula funcionó porque no era excluyente —de no haberse presentado ninguna entidad certificada, la licitación no se habría invalidado— y porque estaba bien justificada en relación con el propio objeto del contrato. En la práctica, la aseguradora adjudicataria no tenía el sello, pero sí la correduría que gestionaba el proceso, lo que bastó para activar ese 20%.

Un gesto administrativo relativamente pequeño, en definitiva, con un efecto nada menor: orienta hacia el sector ético una parte del gasto público y manda una señal clara al mercado sobre qué prácticas se quieren premiar. Y también un ejemplo de que este tipo de criterios de adjudicación, tan fáciles de impugnar cuando no están bien fundamentados, sí resisten cuando se construyen con cuidado —algo más sencillo, se apuntó, en un municipio de tamaño medio que en una gran capital, donde hay muchos más intereses puestos sobre el mismo contrato.

Otros ayuntamientos —Barcelona, Castellón o Donostia, además del propio Mataró— han conseguido financiar parte de su tesorería a través de entidades de finanzas éticas, pero en todos los casos fue posible porque existía una relación previa entre administración y entidad. Las finanzas éticas no funcionan como un proveedor de urgencia: no pueden presentarse a un concurso relámpago sin haber tenido antes ningún contacto con el territorio.

Más allá del pliego: formar, sensibilizar, construir relación

Antes de llegar a la contratación propiamente dicha, la sesión insistió en un mapa más amplio de lo que una administración puede hacer para fomentar las finanzas éticas en su territorio: fijar un diagnóstico y una hoja de ruta, formar tanto al personal técnico como al político, avanzar de forma progresiva hacia una operativa financiera propia con entidades éticas, y trabajar la sensibilización ciudadana —desde visibilizar los proyectos ya financiados en el territorio hasta organizar rutas sobre el impacto del sistema financiero en las ciudades o catas de productos de la banca ética, actividades que FETS repite cada año en distintos formatos—. A todo ello se suma fortalecer el tejido económico y social local mediante encuentros entre entidades de finanzas éticas y de la Economía Social y Solidaria de un mismo territorio, pensados precisamente para que la relación exista antes de que llegue la urgencia de una licitación.

Una ley favorable, pero una voluntad política imprescindible

Como en las sesiones dedicadas a energía o a vivienda cooperativa dentro del mismo ciclo, el mensaje de fondo volvió a repetirse al cierre: existen ya herramientas maduras —un escáner que mide bancos, un sello que certifica seguros, una guía jurídica pensada para copiarse directamente en un pliego— para que lo público mueva su dinero de otra manera. Lo que falta, con frecuencia, no es la herramienta sino la decisión de usarla. Sin una voluntad política clara, los tiempos se dilatan y ni la mejor guía técnica basta para que finanzas éticas y administración acaben encontrándose; con ella, como demuestra Mataró, un simple 20% en un pliego de seguros puede bastar para empezar a cambiar hacia dónde va el dinero público.

El próximo 16 de octubre, de 9:30 a 14:00 h, el Círculo de Bellas Artes de Madrid se convertirá en el epicentro del cierre del Ciclo de Foros COOPUBLIC, impulsado por REAS Red de Redes. Tras el recorrido por Catalunya, País Valencià, Euskadi-Nafarroa, Balears y Canarias, llega el momento de poner en común los aprendizajes de todo un ciclo de encuentros territoriales entre administración pública y entidades de la Economía Solidaria en un Foro Estatal presencial sin precedentes; un ejercicio de cooperación y trabajo conjunto de cooproducción entre agentes institucionales y sociales.

La pregunta que atraviesa todo el encuentro
¿Cómo mejorar las políticas públicas incorporando el conocimiento, las capacidades y las experiencias que ya existen en los territorios? Vivienda, transición energética, cuidados, alimentación, cultura… son retos que ninguna institución puede afrontar en solitario. Son cientos las cooperativas, redes comunitarias y organizaciones sociales que llevan años tejiendo respuestas concretas: comunidades energéticas, cooperativas de vivienda, redes de cuidados, proyectos culturales comunitarios, sistemas alimentarios de proximidad, iniciativas de finanzas éticas.

COOPUBLIC y este foro nacen para abrir ese espacio de encuentro e interlocución entre responsabilidad institucional, conocimiento técnico y experiencia social organizada, con un objetivo claro: pasar de las experiencias concretas a políticas públicas que se puedan aplicar, evaluar, replicar y proteger

Un cartel de altura para el debate político-social

• Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030
• Amparo Merino, secretaria de Estado de Economía Social
• María Sintes Zamanillo, de la Oficina Española de Cambio Climático
• Jazmín Beirak, directora general de Derechos Culturales
• Luigi Carinci, presidente de REAS Red de Redes
• Jorge Nacarino, responsable de política institucional en la Confederación Estatal Asociaciones Vecinales.
• Representantes de Futuro en Común, el movimiento vecinal y Ecorredes

Del debate a la acción: diseño estratégico colectivo
Tras la mesa político-social, el foro no se queda en la fotografía institucional. Se abrirá un espacio de diseño estratégico colectivo para identificar qué herramientas se necesitan, qué obstáculos hay que superar y qué pasos concretos permitirán fortalecer este modelo de cooperación público-comunitaria — un trabajo que se traducirá en una hoja de ruta compartida para todo el Estado.

Una llamada especial a quienes hacen política pública cada día

REAS Red de Redes quiere contar especialmente con profesionales de las administraciones que trabajan en el diseño, la implementación y la evaluación de políticas públicas. Su experiencia es clave para que el debate no se quede en señalar buenas prácticas, sino que ayude a entender qué condiciones administrativas, jurídicas y políticas hacen posible llevarlas a la acción pública real.

Y también es una invitación directa a la sociedad civil organizada: si las comunidades ya están generando soluciones públicas, el reto es preguntarse cómo reconocemos, protegemos y ampliamos esa capacidad colectiva. .

Un encuentro que reúne en una misma sala a ministros, secretarías de Estado, direcciones generales y redes de economía solidaria y movimientos sociales. Si te interesa el futuro de la cooperación público-comunitaria y quieres ser parte activa en ésta es la cita que no te puedes perder.

16 de octubre | 9:30–14:00 h
Círculo de Bellas Artes, Madrid
Inscripción obligatoria: reas.red/coopublic

REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria organiza la 4ª edición de C2C Conversaciones, Aprendizaje e Intercambio de promotoras/es de la ESS, un encuentro que este año pone el foco en los Cuidados y el Emprendimiento en la Economía Social y Solidaria, con la colaboración del Centro de Referencia Nacional de Atención Social.

El encuentro se celebrará en Madrid el próximo 18 de noviembre y reunirá a iniciativas y promotoras de emprendimiento en el ámbito de la ESS, así como docentes y alumnado de Formación Profesional vinculados al ámbito de la Atención Social.

Han pasado tres años desde la última edición de C2C, celebrada en Bilbao en 2023, y en esta ocasión el encuentro pone el foco en un terreno que atraviesa a toda la ESS: la dignificación del trabajo de cuidados, el cuidado también hacia dentro de las propias organizaciones, y los modelos comunitarios frente a la mercantilización de la vida.

El programa

La jornada arrancará con una mesa inspiradora sobre cuidados y trabajo digno en la ESS, seguida de un diálogo entre ESS y Formación Profesional sobre cómo integrar la realidad cooperativa y de cuidados en los módulos de emprendimiento. A continuación, el encuentro dará paso a talleres simultáneos organizados en torno a tres ejes temáticos:

• Dignificación del trabajo de cuidados, sobre cooperativismo y condiciones laborales dignas.
• Organizaciones habitables, sobre cómo construir organizaciones que apliquen el cuidado también hacia dentro.
• Enfoque comunitario, sobre modelos públicos y comunitarios frente a la mercantilización de los cuidados.

Estos talleres darán paso a un laboratorio práctico en el que los grupos, formados por docentes, alumnado y entidades de la ESS, co-construirán propuestas concretas para llevar a las aulas de emprendimiento de la Formación Profesional, con el objetivo de generar materiales didácticos que acerquen los valores del cooperativismo y los cuidados a las futuras generaciones de profesionales del sector.

Con este encuentro, REAS Red de Redes y el Centro de Referencia Nacional de Atención Social buscan tender puentes entre la Economía Social y Solidaria y la Formación Profesional, y fortalecer el tejido productivo y reproductivo de la ESS en los diferentes territorios.

Más información e inscripciones AQUÍ

La movilización hacia el Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo ya está en marcha. De cara al próximo 29 de octubre, la Alianza Global por los Cuidados invita a organizaciones, redes, comunidades y personas de todo el mundo a sumarse a #VoicesOfCare y contribuir a que las voces, experiencias, conocimientos y propuestas vinculadas con los cuidados sean escuchadas.

La campaña busca conectar las acciones que se desarrollan en distintos territorios con una conversación global sobre la transformación de los cuidados. Para ello, la Alianza ha puesto a disposición de su membresía y del público general una serie de recursos, convocatorias y espacios de formación e intercambio.

Recursos para preparar para el 29 de octubre

El Kit de Activación 2026 reúne ideas para organizar actividades, impulsar acciones de incidencia, compartir historias, activar comunidades y llevar los cuidados al espacio público.

También está disponible el Kit de Prensa, que ofrece mensajes clave, datos, materiales audiovisuales y herramientas para trabajar con periodistas y medios de comunicación.

[DESCARGA EL KIT DE ACTIVACIÓN]

[CONSULTA EL KIT DE PRENSA]

Diferentes formas de sumar voces y acciones

Cualquier persona, organización o institución puede registrar sus eventos, campañas y actividades en el Mapa de Actividades del Día Internacional. El mapa permanece abierto durante todo el año y permite conectar iniciativas de distintos territorios con una movilización global.

También está abierta la convocatoria para compartir artículos, historias, entrevistas y experiencias que puedan publicarse en la página web del Día Internacional. Estas contribuciones podrán enviarse hasta el 23 de septiembre de 2026.

[REGISTRA TU ACTIVIDAD EN EL MAPA]

[COMPARTE TU HISTORIA O CONTENIDO]

Convocatorias abiertas para integrantes de la Alianza Global por los Cuidados:

La membresía de la Alianza pueden sumarse a las distintas iniciativas colaborativas de la campaña:

• Participar en el itinerario de formación y acompañamiento para desarrollar o fortalecer una campaña y formar parte del Grupo de Trabajo.
• Enviar un vídeo para la pieza audiovisual colaborativa.
• Compartir una fotografía para el collage colectivo.
• Proponer contenidos o actividades para el Canal de Cuidados 24 Horas.
• Registrar eventos, campañas y actividades en la Agenda Colectiva de la membresía.

El plazo para participar en los talleres finaliza el 2 de septiembre de 2026. Las propuestas para la pieza audiovisual, el collage colectivo y el Canal de Cuidados 24 Horas podrán enviarse hasta el 23 de septiembre.

Cada organización puede participar en una o varias iniciativas, de acuerdo con las condiciones establecidas en cada convocatoria.

[PARTICIPA EN LAS INICIATIVAS PARA LA MEMBRESÍA]

Fuente: Alianza Global por los cuidados

Esta es la principal conclusión del nuevo informe del secretario general de Naciones Unidas sobre la promoción de la economía social y solidaria para el desarrollo sostenible, publicado a finales de julio. El documento examina los avances en la aplicación de la Resolución 79/213, dirigida a promover la economía social y solidaria como instrumento para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para elaborarlo, Naciones Unidas ha recabado alrededor de 40 contribuciones de Estados, organismos internacionales y otras partes interesadas.

Desde la aprobación de la resolución, numerosos países han incorporado la economía social y solidaria a sus políticas como una herramienta para responder a desafíos relacionados con el empleo, los cuidados, la vivienda o la transición ecológica. Sin embargo, Naciones Unidas señala una distancia importante entre este reconocimiento y su aplicación: se han adoptado numerosas medidas de apoyo, pero todavía existe poca información sobre sus resultados concretos para las entidades, las personas trabajadoras y las comunidades.

Simbiótica nació del trabajo compartido entre varias profesionales autónomas que buscaban reducir la precariedad, afrontar proyectos de mayor envergadura y utilizar la tecnología como herramienta de transformación social. Constituida como cooperativa hace dos años, desarrolla software, ciencia de datos, consultoría y formación desde una mirada crítica sobre sus impactos sociales y ambientales. En esta entrevista explica por qué rechaza determinados encargos, cómo aplica la horizontalidad y los cuidados a su organización interna y qué alternativas propone ante la concentración de poder de las grandes plataformas y la expansión acelerada de la inteligencia artificial.

¿Cómo nace Simbiótica y qué necesidades o inquietudes estaban en el origen del proyecto?

Simbiótica se crea como un paso natural entre varias personas que trabajábamos de autónomas y que fuimos aumentando nuestro trabajo conjunto en algunos proyectos, Julio (Triskel apps), Joseba (Anarres) y Alberto. A la hora de plantear este nuevo proyecto cooperativo, avisamos también a una compañera, Brianda, que tenía un perfil técnico y social similar.

Elegimos esta forma de cooperativa por varios motivos. El primero es que tenemos un fuerte vínculo con el mundo asociativo, movimientos sociales y con la economía social y solidaria, por lo que teníamos claro que queríamos un modelo horizontal y transparente. Nuestro vínculo con el Mercado de Economía Social de Madrid (MESM) desde 2018 nos ha enseñado e inspirado mucho para reafirmar nuestra convicción en este modelo.

Otro motivo era la necesidad de reducir la inestabilidad y precariedad que muchas veces tenemos las autónomas. Con una estructura más organizada tenemos más capacidad de trabajo en proyectos mayores, de acceso a subvenciones y desarrollo de productos propios, para mejorar nuestra estabilidad laboral.

Por último, la transformación social era otra motivación fundamental. Queríamos ser una entidad que, con sus prácticas, desarrollos y divulgación, difunda la importancia de un uso responsable y crítico de la tecnología, teniendo en cuenta sus impactos sociales y medioambientales, priorizando el software libre y los comunes digitales.

¿Quiénes formáis parte de Simbiótica? 

Ahora mismo somos seis personas. Julio, Joseba y Alberto tienen perfiles de desarrollo de aplicaciones y administración de sistemas; Brianda y Natalia están especializadas en ciencia de datos aplicada e inteligencia artificial; y Amelia es nuestra experta en gestión, administración y finanzas. Somos cuatro socias fundadoras y dos trabajadoras, con aspiración a consolidarnos todas como socias. Nuestras dinámicas internas son participativas sin importar la figura de socia o trabajadora.

Os definís como una cooperativa comprometida con una tecnología responsable, ética y orientada al bienestar de las personas y del planeta. ¿Cómo se traduce esa filosofía en vuestro trabajo cotidiano? 

Tratamos de llevar nuestras convicciones a nuestro trabajo diario de varias maneras. Para empezar con nuestras propias herramientas de trabajo, usamos software libre y seleccionamos proveedoras de las redes de economía social y solidaria o, al menos, con compromisos sociales o medioambientales y que cuiden su impacto. A la vez, también desarrollamos herramientas libres, contribuyendo a crear un ecosistema más abierto y colaborativo.

Además, todo lo que hacemos incorpora desde el diseño perspectivas de impacto social y medioambiental, con una reflexión de toda la cadena de valor, desde el extractivismo de recursos y datos hasta el impacto repercutido en la ejecución del proyecto, tanto en usuarias como en otras posibles afectadas. Somos honestas e intentamos ser coherentes: a veces nuestra propuesta no es tecnológica y recomendamos cambios en las metodologías; en ocasiones rechazamos proyectos porque no cubren las garantías éticas suficientes; y desde luego, tenemos líneas rojas para no trabajar con sectores contrarios a los valores que defendemos, como banca de inversión o casas de apuestas, y debatimos los que puedan acercarse a esa línea.

Intentamos aplicar nuestros valores sociales activistas en todo lo que podemos. Por ejemplo, las emisiones en movilidad son mínimas: la mitad de la plantilla trabaja normalmente en remoto y la otra mitad nos movemos en bicicleta o caminando a nuestro espacio de coworking en Alcalá (la Ínsula Coworking, también socia del MESM), y priorizamos el transporte público o colectivizado en desplazamientos más largos y viajes.

Simbiótica desarrolla herramientas tecnológicas, pero uno de vuestros objetivos es construir relaciones laborales basadas en la confianza, la inclusión y la cooperación. ¿Es posible hacer empresa de otra manera en un sector tan competitivo como el tecnológico? 

La respuesta rápida es que sí es posible. Nos preocupamos por todo lo reproductivo, comenzando por la selección de personal inclusiva con la que hemos pasado de tres hombres y una sola mujer a tres y tres. Aplicamos medidas de conciliación con teletrabajo, tratamos de ajustarnos a jornadas de 32 horas semanales, tenemos flexibilidad horaria, gestión asamblearia, aplicamos medidas de cuidados en las relaciones, etc.

Pero es cierto que es un reto, ya que cuidar las relaciones, las redes y el enfoque ético requiere tiempo de trabajo reproductivo, de formación y de investigación, tiempo no facturable. La elección de proveedores y herramientas más éticas o el rechazo de proyectos mucho más lucrativos también tiene un fuerte impacto económico. Y se suma que, como cooperativa de trabajo, no tenemos la capacidad de inversión de capital que tienen las startups tecnológicas y que les permite desarrollar productos e innovar con menor riesgo personal.

Es un escenario difícil y complejo, con muy buenas oportunidades y a la vez pasando por momentos financieros delicados haciendo equilibrios. Hay pocos referentes, vamos aprendiendo en cada paso y tropiezo, y a la vez es una oportunidad de hacer camino y apoyarnos entre entidades tecnológicas compartiendo nuestras experiencias.

A pesar de las dificultades y riesgos, creemos firmemente en este modelo, en otra forma de hacer economía, respetuosa con las personas y el planeta, y sabemos que no estamos solas: dentro de REAS y los distintos mercados sociales territoriales hay una red de entidades y personas que luchan por lo mismo, y es uno de los motores que nos impulsan.

Una de las personas que integra el equipo encontró en Simbiótica una oportunidad que no había encontrado en otras empresas. ¿Qué supuso para ti que la cooperativa apostara por tu incorporación y qué dice esa experiencia sobre otra forma de entender el empleo? 

La contratación de Simbiótica ha supuesto para mí que ellos valoraran mi aportación al equipo por sobre los procesos burocráticos de extranjería. Ha sido crucial, porque estos procesos han sido diseñados para ser largos y precarizantes, para que te canses en el camino. Simbiótica ha permitido que me pueda sostener en este proceso este último año. Ha sido un acto político importante.

¿Cuáles han sido los principales hitos y desafíos en vuestro recorrido?

¡Esto da para una novela! Hace tres años empezamos a diseñar la cooperativa y hace dos nos constituimos formalmente. En ese primer hito legal fue vital el acompañamiento de la red de la ESS (FECOMA, Economistas sin Fronteras, la Escuela de Emprendedoras Juana Millán y Adeia). Chocamos, eso sí, con un gran obstáculo burocrático: la Comunidad de Madrid tardó seis meses en darnos de alta en el registro de cooperativas, cuando el límite legal son tres y una SL se crea en días. Aquello paralizó subvenciones y facturación, evidenciando un entorno autonómico poco favorable para la economía social. El siguiente gran hito fue conseguir financiación estatal importante (del Ministerio de Cultura y un PERTE de Economía Social) para impulsar nuestros dos productos propios, Festiverso y Aljibe, hoy en distintas fases de madurez.

Nuestro reto actual es equilibrar el desarrollo de esos productos, que exige mucha inversión sin recurrir a rondas de financiación como las startups capitalistas, con el mantenimiento de salarios y condiciones dignas. Lo sostenemos con la otra mitad de nuestra actividad, que a veces queda tapada por los productos con nombre propio: el desarrollo de software a medida, la consultoría y la formación para otras entidades. Ahí seguimos creciendo, iniciándonos en las licitaciones públicas y saliendo de nuestra zona de confort de la ESS para acercarnos a otras pymes.

A nivel colectivo, nos hemos sumado a otras cooperativas tecnológicas de Madrid en Coop-On, una red de apoyo mutuo basada en cooperar y no competir. En nuestros encuentros periódicos compartimos saberes, debatimos sobre prácticas y límites éticos, y ya estamos creando servicios conjuntos de digitalización y solicitando ayudas para proyectos comunes. Finalmente, afrontamos el desafío de la expansión de la IA generativa. Como expertas en ciencia de datos valoramos sus posibilidades, pero somos muy conscientes de sus costes sociales y ambientales. Esa mirada crítica es parte de nuestra propuesta de valor: vertebra el diseño de Aljibe y la línea de formación y consultoría en uso responsable de la IA que estrenamos precisamente este verano. Y aun así, decidir cómo integramos estas herramientas en nuestros propios procesos internos nos exige un debate constante que no siempre es fácil.

¿Qué es la app del Mercado Social y qué necesidad detectásteis para impulsarla? 

La app del MES es una herramienta para incentivar el cambio del consumo hacia las entidades de la ESS, que la gente descubra que otra economía es posible y que, a través de los mercados sociales territoriales, ya hay entidades ofreciendo los productos y servicios que hasta ahora compraba o contrataba a empresas capitalistas.

La iniciativa original surgió alrededor de 2018 en el MES de Madrid, dentro del proceso de creación de una moneda social, el Etic, diseñada para incentivar los intercambios dentro de la red; la app era su soporte. La moneda no tuvo el impacto esperado y se terminó cerrando, pero la app demostró ser útil como escaparate y buscador de entidades y como canal de noticias y promociones, así que la moneda se sustituyó por un carnet de socia con el que las entidades que quieren ofrecen un descuento directo en la compra.

En 2024, el Mercado Social de Aragón y REAS tomaron la iniciativa de adaptar la herramienta a otros mercados territoriales, y desde entonces se gestiona y mantiene de forma conjunta entre cinco mercados: Aragón, Madrid, Nafarroa, Murcia y La Rioja.

¿Qué principios tecnológicos hay detrás del desarrollo de la aplicación? 

Lo principal es que la app es software libre: todo el código (el de las aplicaciones móviles, el de la web y el de la parte del servidor que no se ve) es abierto, y por tanto transparente y colaborativo. Y se ha tratado de hacerla lo más inclusiva posible: adaptaciones de accesibilidad, diseño intuitivo y sencillo, compatibilidad con teléfonos lo más antiguos posible para no forzar una obsolescencia innecesaria, multidioma para incluir todas las lenguas oficiales, e instalación directa en Android para quien no usa los servicios de Google.

Quedan mejoras pensadas para seguir avanzando en tecnologías libres: sustituir los mapas de Google por OpenStreetMap (el mapa libre y colaborativo, una especie de Wikipedia de los mapas), buscar una alternativa a las notificaciones, que hoy todavía dependen de la infraestructura de Google, publicar la app en F-Droid (la tienda de aplicaciones libres de Android) y unificar la base técnica para que la versión de iPhone avance a la par que la de Android.

¿Qué diferencia a esta aplicación de otras plataformas de consumo o directorios comerciales? 

Lo más importante es que solo ofrece alternativas de consumo de la ESS. Las entidades que aparecen están validadas por los distintos mercados territoriales y cumplen los requisitos éticos para pertenecer a la red. La garantía es el balance o auditoría social: en muchos casos es público para cualquier usuaria y en otros solo lo ven las administradoras del mercado, pero siempre se comprueba que el funcionamiento de la entidad en equidad, sostenibilidad, condiciones de trabajo y el resto de compromisos se ajusta a los requisitos de la red, para que sea una alternativa real al mercado convencional.

¿Qué aprendizajes os ha dejado el proceso de desarrollo y cuáles son los principales retos que afrontáis?

¡Han sido muchas aventuras en este camino!. El mayor aprendizaje no es técnico sino haber conocido a la gente que sostiene cada mercado, con sus dinámicas internas propias. Coordinar necesidades, peticiones, acuerdos y formas de financiación diferentes es a veces difícil, pero es un camino que merece la pena: nos sentimos apoyadas, creemos que lo que hacemos tiene un impacto positivo, con más o menos alcance pero siempre acercando la ESS a más gente, y todas las partes estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto continúe.

¿Cómo puede esta herramienta fortalecer la ESS y los circuitos económicos locales y de proximidad?

Lo más importante es que “se use”. Por las personas que quieren consumir de forma más ética y buscar lo que necesitan en las redes de la ESS; por las entidades, que pueden aprovechar sus espacios en la app para visibilizar su información, productos y servicios o enviar promociones con notificación; y por los propios mercados, que tienen en el canal de noticias de la aplicación móvil una vía directa para dinamizar el consumo en la red, además de un elemento moderno e innovador que conecta especialmente con las generaciones más jóvenes.

Las funciones más importantes ya están funcionando: el buscador de productos y servicios, que entiende lo que buscas aunque no escribas la palabra exacta; el canal de avisos de noticias y promociones; y el carnet de socia para los mercados que tienen registro de socias consumidoras además de entidades. ¡Solo hace falta atraer a mucha más gente a la ESS!

Desde Simbiótica no solo desarrolláis software para terceros, sino que también habéis creado herramientas propias como Canvas Markdown y vuestra metodología de estrategia de producto digital para la ESS. ¿Qué problemas ayudan a resolver, qué aportan a las organizaciones de la economía social y cómo puede acceder la gente interesada a ellas?

Un matiz antes de responder: aunque en esta entrevista hablemos mucho de herramientas con nombre propio, el desarrollo de software a medida para otras entidades sigue siendo el corazón de nuestro día a día. Y estas herramientas nacen justamente de esa experiencia, de encontrarnos una y otra vez con que la herramienta que necesita una organización de la ESS no existe o, cuando existe, no entiende su forma de trabajar.

Canvas Markdown resuelve un problema concreto: cuando diseñas estrategia en equipo trabajas de forma visual, con tableros de tarjetas tipo post-it, pero ese trabajo suele quedar atrapado en la herramienta digital de turno. Canvas Markdown es una herramienta web, libre y sencilla, que convierte un archivo de texto plano en un tablero visual e interactivo, y viceversa. El resultado de tu taller es un simple archivo de texto que guardas en tu ordenador, que podrás abrir siempre y con cualquier programa, y que es fácil de reutilizar después, por ejemplo para maquetar un documento.

La plantilla de estrategia de producto digital ESS, disponible dentro de la propia herramienta, nació al diseñar Aljibe, nuestra plataforma de ciencia de datos para la economía social. Las metodologías habituales de estrategia de producto están centradas en lo productivo y lo económico, y les faltaba el corazón: el impacto social, la gobernanza, la intercooperación. Creamos un marco propio que en lugar de obsesionarse con el crecimiento pregunta por la sostenibilidad, habla de alianzas en vez de “ventaja competitiva”, y donde los principios éticos y las licencias libres son el punto de partida, no un anexo. Las dos cosas son libres y gratuitas, y están accesibles desde nuestra web para cualquier entidad que quiera usarlas.

También habéis desarrollado Festiverso, una aplicación para facilitar la organización de festivales y mejorar la experiencia del público. ¿Qué necesidades resuelve esta herramienta y qué acogida está teniendo?

Festiverso resuelve dos necesidades. A la organización del evento le facilita la gestión con un panel de administración intuitivo y ágil, que al final ahorra bastante tiempo, hojas de cálculo y carga mental. Y al público le da toda la información actualizada a mano, les ayuda a orientarse en los espacios y tiempos del evento y crear su agenda personalizada, con un enfoque especial en la accesibilidad para que cualquier persona pueda consultar lo que necesita sin barreras.

Está teniendo muy buena acogida. Ya ha funcionado en eventos de distinto tipo (el encuentro de ESS Idearia de este año en Iruñea, la Mostra de Microteatre a les Botigues d’Arenys de Munt o Extremareggae) y este verano en Enclave de Agua y Boina Fest.

¿Qué papel juega la tecnología en la construcción de alternativas económicas más justas? 

La tecnología no es neutral: sus objetivos dependen de quién la diseña y de quién controla sus infraestructuras. En el caso de las grandes compañías tecnológicas, el objetivo es maximizar el beneficio económico y su poder a través de la explotación de los datos, y así se reproducen las injusticias propias del capitalismo.

La tecnología que se utiliza y desarrolla desde la ESS le da la vuelta a esta lógica: se diseña para mejorar la vida de las personas, tiene en cuenta su impacto medioambiental para reducirlo y hacerlo sostenible, respeta la privacidad de los datos, y sus modelos de gobernanza cooperativos aseguran la autonomía y la resiliencia.

¿Es posible construir herramientas digitales competitivas sin reproducir las lógicas de las grandes plataformas tecnológicas? 

Es posible, pero requiere un esfuerzo para entender bien qué necesitamos, qué herramientas cubren esas necesidades y cómo funcionan. Nos gusta compararlo con la alimentación: sabemos que necesitamos comprar comida, y podemos acudir a las grandes cadenas a por alimentos baratos pero poco saludables, producidos en condiciones de explotación y con un impacto medioambiental alto, o buscar alternativas para consumir local, ecológico y sin intermediarios. Si trasladamos esa misma lógica a la tecnología, haremos posible que existan herramientas libres, transparentes y democráticas para cubrir nuestras necesidades reales.

Para hacer posible el desarrollo de estas herramientas es importante también la financiación. En lugar de inversores que buscan grandes rentabilidades, existen los modelos de gobernanza y financiación colectiva y el apoyo de las subvenciones públicas.

En un momento en que la inteligencia artificial y las plataformas digitales concentran cada vez más poder, ¿qué papel puede jugar la economía social y solidaria para democratizar la tecnología?

La ESS puede aportar luz en un momento en que la tecnología va muy rápido, muchas veces abruma, y no siempre conseguimos entenderla del todo ni implantarla de manera acorde con nuestros principios. Algunas entidades de la ESS estamos haciendo una doble labor: analizar de manera crítica las soluciones actuales y desarrollar productos y servicios alternativos.

Un ejemplo muy de este verano es la inteligencia artificial, que ya está dentro de la mayoría de organizaciones aunque nadie la haya invitado formalmente. En la encuesta que hicimos en 2025 dentro del proyecto Aljibe, el 84% de las entidades de la economía social ya usaba alguna herramienta de IA y casi ninguna tenía criterios escritos: qué datos no deben salir nunca de la organización, quién revisa qué, qué usos no queremos aunque sean legales. Y mientras tanto la normativa europea avanza. Desde el 2 de agosto es obligatorio, por ejemplo, avisar cuando alguien interactúa con una IA y marcar el contenido generado.

Para acompañar justo eso acabamos de lanzar una línea estable de formación y consultoría en uso responsable de la IA: un diagnóstico exprés que en una semana le dice a una organización qué se está usando y con qué riesgo, formaciones prácticas este septiembre (un curso intensivo del que cada participante sale con el borrador de las normas de uso de IA de su entidad, y un taller sobre cómo usar la IA para redactar subvenciones sin poner en riesgo los datos de las personas), y un acompañamiento completo hasta tener una política de IA propia aprobada en asamblea. Todo con tarifa social para la economía social y el tercer sector, porque democratizar la tecnología también es que este tipo de acompañamiento no quede solo al alcance de las grandes empresas.

En esa misma línea va la colaboración que arrancamos en septiembre con REAS Euskadi: van a elaborar su propia política interna de IA poniendo a prueba la guía completa que hemos desarrollado, con nuestro seguimiento durante todo el proceso. Ese pilotaje nos dará el aprendizaje necesario para terminar de ajustar la guía y sus materiales, con la intención de facilitarlos después de manera gratuita a toda la red de la ESS.

Todo lo demás está en nuestra web, en simbiotica.coop/ia-responsable.

Para terminar. Si tuvierais que dar un consejo a las entidades de la ESS que quieren aprovechar la tecnología sin perder sus valores… ¿Cuál sería?

El principal consejo sería elegir tecnologías libres y adaptadas a nuestras necesidades reales, no a las inducidas. Hay muchas soluciones disponibles, desde una libreta de papel hasta el uso de la IA, y tenemos que analizar muy bien qué necesitamos y qué tecnología se ajusta mejor, porque normalmente las soluciones más complejas (sobre todo las relacionadas con la IA) tienen un consumo y un impacto medioambiental y social más altos.

Y si no tenemos claras las tecnologías disponibles, lo mejor es tirar de apoyo mutuo dentro de la red: preguntar, asistir a encuentros y seminarios, mirar qué han hecho otras entidades parecidas. Para organizaciones más complejas siempre se puede contratar un servicio de consultoría que analice los procesos y proponga mejoras, y si la herramienta que se necesita no existe, se puede encargar su desarrollo a medida a cooperativas tecnológicas de la propia red, como nosotras o como las compañeras de Coop-On. La tecnología, igual que la alimentación o los seguros, también se puede comprar y encargar en la economía social.

Fuente: Arainfo

Alimentarse de forma saludable y garantizar una remuneración justa a quienes producen en un contexto de continuos vaivenes económicos no es sencillo. En el supermercado cooperativo Biolíbere, en Getafe, han puesto en marcha un proyecto piloto de Seguridad Social Alimentaria (SSA), inspirado en el modelo de la sanidad pública, que busca transformar la forma en que consumimos y producimos alimentos.

Entre los meses de febrero y noviembre, 30 personas seleccionadas recibirán una asignación fija de 100 euros mensuales para acceder a alimentos agroecológicos y saludables. El objetivo es que el precio de estos productos deje de ser una barrera para el derecho a una alimentación saludable, así como un obstáculo para avanzar hacia una transición ecológica justa en el sector productor y transformador desde el lado del consumo, explican desde Biolíbere.

Encuentra lo que buscas en tu barrio

Una de las excusas más habituales para recurrir a Amazon u otras plataformas de comercio online es que resulta imposible encontrarlo que necesitamos en los barrios. La app TrackandTake pretende demostrar que esto no siempre es cierto y facilitar la búsqueda de productos en comercios cercanos. Para ello, permite consultar los catálogos de las tiendas e incluso reservar artículos para recogerlos más tarde. Por ahora, está disponible en Mallorca y Madrid.

Bonos que impulsan la reutilización en Francia

Desde 2022, el Gobierno francés ha puesto en marcha los bonos de reparación con los que pretende incitar a sus ciudadanos a alargar la vida de los objetos que poseen. La medida, que busca reducir el coste de reparar los productos, comenzó primero con los electrodomésticos y se ha expandido más recientemente a ropa y calzado, permitiendo reparar 1,7 millones de prendas en dos años, según la ONG francesa Refashion. Algo que podría verse también en España, puesto que es una de las propuestas incluidas en la Ley de Consumo Sostenible que se encuentra tramitación.

Cervezas hechas con pan duro

En España, la cebada y el trigo son los cultivos con mayor superficie dedicada. Aunque su principal destino es la alimentación humana y, sobre todo, los piensos, una parte –especialmente de la cebada– se destina a la producción de cerveza. Sin embargo, también es posible elaborar cerveza desde una lógica de economía circular utilizando pan duro como materia prima. Es el caso de La Panarra, una cerveza elaborada con el pan sobrante del Forn El Castell de Tona, el obrador que pertenece a su creador, David García Ruiz. Aunque su disponibilidad es limitada, dependiendo de la cantidad de pan seco sobrante, se puede adquirir en la página web del obrador o en la misma tienda.

Cosméticos con residuos del vino

No toda la uva acaba siendo parte del vino. Como en la mayor parte de las industrias alimentarias, la producción de vino tiene una parte importante de residuos que hasta hace poco tiempo acababan en la basura. Sin embargo, durante los últimos años algunas bodegas han empezado a utilizar estos residuos para producir cremas y otros cosméticos. Es el caso de la vallisoletana Matarromera, que ha creado la línea Esdor, en la que ofrece desde cremas hidratantes a productos de limpieza facial, todos formulados con compuestos procedentes de los residuos generados en la producción de su vino.

Arte cooperativo y comprometido

En las zonas rurales, las cooperativas han estado tradicionalmente asociadas al trabajo en el campo. Sin embargo, en el municipio jienense de Torredelcampo, la cooperativa Art Diversia ha optado por esta forma jurídica para impulsar el arte desde un enfoque comprometido. Entre sus iniciativas, promueve festivales plenamente accesibles y ha creado la compañía profesional inclusiva La Diversa, orientada a profesionalizar el trabajo artístico de personas con diversidad funcional.

Fuente: Climática

En Castilla-La Mancha, la brecha salarial de género se sitúa en torno al 18,6%. Está tres puntos encima que la media española, del 15,7%, según los datos oficiales de la Encuesta Anual de Estructura Salarial del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esto quiere decir que las mujeres perciben de media unos 4.781 euros menos al año que los hombres.

Pero esta no es la única brecha. Hay muchas más que tienen que ver con los puestos de responsabilidad en las empresas, con la conciliación, con el liderazgo femenino y con la corresponsabilidad en los cuidados, en los que las mujeres asumen el 80% de las excedencias laborales. Son todas las demandas comunes de los colectivos feministas, situaciones que vienen repitiéndose cifra tras cifra sin que nada cambie. O cambie muy poco.

Aunque existe un marco estatal mediante el Real Decreto aprobado en 2021, el Gobierno castellanomanchego ha decidido hacer algo más concreto al respecto. Lo lleva anunciando desde hace dos años como una de las iniciativas más importantes de la presente legislatura. Y lo será cuando se apruebe. Porque la futura Ley para reducir las brechas de género en el ámbito económico será la primera norma autonómica española de este calibre.

El borrador del anteproyecto ya está redactado y el Ejecutivo de Emiliano García-Page quiere aprobarlo antes de que termine la legislatura el año que viene. La Consejería de Igualdad, liderada por Sara Simón, ha vertido en la futura ley un conjunto de medidas concretas encaminadas a otros objetivos como erradicar la discriminación sistemática y facilitar el acceso a las mujeres a sectores tradicionalmente masculinizados, sobre todo en el ámbito rural y agrario.

También define conceptos clave y asigna responsabilidades institucionales para asegurar que la perspectiva de género impregne todas las políticas públicas de la región.

Del sector público al privado

El borrador, al que ha tenido acceso este periódico, establece casi un centenar de propuestas que abarcan tanto el sector público como el privado a través de la transparencia, la vigilancia y, sobre todo, los incentivos económicos. Por ejemplo, con carácter general, promueve el principio de igual retribución por trabajo de igual valor y que las empresas privadas eliminen las cláusulas de confidencialidad en sus políticas retributivas.

En todo ello cumplirá un papel esencial la Inspección de Trabajo y Seguridad Social: vigilará el cumplimiento de la normativa sobre auditorías retributivas y la eliminación de la brecha salarial. Y además, en las negociaciones colectivas de los convenios laborales, se asesorará para incluir la igualdad salarial y evitar cláusulas que generen brechas económicas. De hecho, la Administración castellanomanchega podrá impugnar convenios con cláusulas discriminatorias.

También se creará un observatorio regional de la brecha económica entre mujeres y hombres para analizar datos salariales desagregados por sexo y proponer medidas correctoras.

Estas últimas acciones están detalladas por todo el anteproyecto. Llaman la atención, sobre todo, los incentivos y las ayudas económicas públicas. En primer lugar, se convocarán subvenciones para empresas y autónomos destinadas a corregir las brechas salariales y tendrán prioridad las que se comprometan a reducirlas en al menos un 15% respecto a su última auditoría.

En cuanto a la contratación pública, los órganos promotores incluirán la reducción de la brecha salarial como criterio para la adjudicación de contratos públicos. Así, en caso de empate entre ofertas, se dará preferencia a empresas que acrediten una evolución favorable en la reducción de su brecha respecto al ejercicio anterior. Y también muy llamativo: no podrán contratar con el sector público las empresas que, estando obligadas por tener más de 50 empleados y empleadas, no dispongan de un plan de igualdad registrado.

Asimismo, dentro del sector público, se realizará un estudio sobre la valoración de puestos de trabajo con perspectiva de género en las administraciones públicas para identificar y corregir brechas retributivas internas. Se creará un ‘Punto de Gestión de Igualdad Económica’ que ofrecerá recomendaciones específicas en materia de igualdad salarial y asesoramiento técnico.

Además de estas acciones directas, la ley contempla campañas de sensibilización periódicas y la creación de un “banco de buenas prácticas empresariales” para divulgar experiencias exitosas en la eliminación de la discriminación salarial.

La cuestión más candente es cómo aplicar la perspectiva de género en las subvenciones públicas. Se trata de un eje transversal que aparece por todo el borrador, pero básicamente, será la Consejería de Administraciones Públicas la que elabore “instrucciones obligatorias” para que todas las órdenes de bases reguladoras y convocatorias de ayudas en concurrencia competitiva incorporen esa perspectiva de género.

Reserva del 40% de ayudas para proyectos liderados por mujeres

La medida más relevante es que la administración podrá reservar hasta un 40% de las ayudas al emprendimiento para proyectos liderados por mujeres; se otorgará una puntuación extra a proyectos desarrollados en zonas escasamente pobladas o en riesgo de despoblación para fomentar el desarrollo rural femenino; y las ayudas para corregir brechas económicas se dirigirán prioritariamente a empresas que asuman compromisos verificables, como mejorar la representación femenina en un 30% o reducir su brecha salarial en al menos un 15%.

Otra fórmula de nueva creación que incorpora el anteproyecto será el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres, que incluirá incentivos específicos para priorizar el acceso a subvenciones regionales a aquellas empresas que acrediten paridad en sus órganos de decisión.

En este punto cumplirán un papel esencial las asociaciones u organizaciones profesionales del ámbito agrario, que solo podrán acceder a ayudas si cuentan con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección.

También en este sector, se priorizarán las solicitudes con “representación relevante de mujeres” (mujeres físicas, titularidad compartida, 50% de participación social o presidencia femenina), otorgándoles al menos un 20% de la puntuación total en procesos competitivos.

Conciliación: estrategia pública y medidas contra represalias

La conciliación y los cuidados son otros dos pilares fundamentales de la futura ley. La corresponsabilidad, entendida como el reparto equitativo de las responsabilidades domésticas y de cuidados entre hombres y mujeres, así como entre los distintos agentes sociales, ocupa un lugar destacado en el anteproyecto. Establece así la creación de una Estrategia Pública de los Cuidados y la Corresponsabilidad, con especial atención a las zonas de intensa y extrema despoblación.

Y en cuanto a ayudas directas, se creará un programa para la contratación de personal doméstico destinado al cuidado profesional de hijos, hijas o personas dependientes, y se ofrecerán apoyos económicos similares destinados a mujeres autónomas o titulares de microempresas en situaciones laborales derivadas de la conciliación.

Con esta ley, la Administración castellanomanchega también incorpora medidas para la flexibilidad horaria y la reducción de las jornadas partidas. Por ejemplo, en el sector público, se promoverán modelos de organización del trabajo orientados a resultados que sean “compatibles con la conciliación corresponsable”.

De hecho, el anteproyecto declara ilegal toda discriminación, directa o indirecta, motivada por el ejercicio de los derechos de conciliación. Además, se vigilará que no exista un trato desfavorable en las empresas por este motivo.

De igual forma, las subvenciones públicas podrán incluir líneas específicas de apoyo o criterios de valoración positiva para trabajadores que hayan ejercido derechos de conciliación, como la reducción de jornada por guarda legal o excedencias por cuidado.

En el ámbito rural, mediante el denominado y ya implantado “transporte sensible a la demanda”, se impulsará la movilidad de las mujeres en el medio rural para facilitar su acceso al empleo a través de programas de transporte adaptados.

También existirá protección frente a posibles represalias por conciliación, es decir, evitar que haya perjuicios laborales o personales. Esta protección se articula principalmente a través del “derecho a la indemnidad” y la declaración de ilegalidad de las conductas discriminatorias.

El primero establece que nadie puede ser discriminado ni represaliado por reclamar o ejercer los derechos de conciliación, y la protección no se limita únicamente a la persona que ejerce el derecho, sino que se extiende a personas que apoyen o defiendan a quien reclama sus derechos o a las que mantengan una relación matrimonial, unión de hecho o parentesco con la persona que ejerce el derecho o lo reclama.

Es más, en el sector privado, la administración promoverá actuaciones dirigidas específicamente a prevenir cualquier trato desfavorable derivado del ejercicio de los permisos de conciliación en las empresas y entidades. A ello se sumarán acciones para eliminar la discriminación derivada de la maternidad, el disfrute de permisos de nacimiento y cuidados, o las reducciones de jornada por guarda legal.

Y para garantizar que esta protección sea efectiva y no quede en una ‘declaración de intenciones’, la ley contempla varios mecanismos de control a través de la Inspección de Trabajo como la pérdida de subvenciones y ayudas para empresas que ejerzan represalias o discriminación.

Hasta tres años de penalización

De hecho, el anteproyecto de ley incorpora una amplia lista de infracciones, algunas ya mencionadas. Combina la pérdida de beneficios económicos con la exclusión de contratos públicos y la obligación de devolver fondos recibidos para aquellas empresas que no cumplan con los estándares de igualdad y paridad. Esta exclusión de los beneficios económicos y la contratación puede durar hasta un plazo máximo de tres años, dependiendo de la gravedad de la infracción cometida.

En el caso concreto del sector agrario, las asociaciones u organizaciones profesionales de este ámbito no podrán recibir ninguna ayuda o subvención pública si no cumplen con una participación mínima del 40% de mujeres en sus órganos de dirección. Y en los colegios profesionales, deben garantizar que el sexo menos representado ocupe al menos el 40% de los puestos en sus juntas de gobierno y comités de dirección.

Además, el incumplimiento de la paridad en los órganos de decisión conlleva la pérdida de la prioridad en la contratación pública y en el acceso a subvenciones regionales que el Plan Regional para el Liderazgo de las Mujeres otorgará a las empresas cumplidoras.

Fuente: El diario

La crisis de la vivienda en la Unión Europea no puede explicarse únicamente por la escasez de oferta. Junto a la falta de vivienda asequible, es necesario considerar un fenómeno que afecta también a otros ámbitos de la economía: la financiarización de la vivienda. Es decir, cuando los inmuebles funcionan como activos financieros, más allá de cumplir su función social como hogares. Esta es una de las principales conclusiones del informe La especulación inmobiliaria en la UE, elaborado a petición de la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda en la Unión Europea (HOUS) del Parlamento Europeo.

El estudio analiza el avance de la financiarización en los mercados de vivienda de la Unión Europea, con especial atención al alquiler residencial. Examina la actuación de grandes inversores financieros, como fondos de pensiones, aseguradoras y fondos soberanos, que pueden invertir directamente o a través de fondos inmobiliarios. También estudia el papel de los propietarios corporativos: entidades orientadas a la obtención de beneficios que poseen y gestionan carteras de viviendas a gran escala.

Aunque la proporción del parque residencial europeo en manos de estos inversores todavía es limitada, ha crecido rápidamente desde la crisis financiera de 2008. Además, su presencia se concentra en determinadas ciudades y segmentos del mercado, por lo que su peso en el conjunto de un país puede ser reducido y, al mismo tiempo, tener efectos relevantes en mercados locales concretos.

De la deuda hipotecaria a la riqueza inmobiliaria

Durante décadas, la principal conexión entre el sistema financiero y la vivienda fue el crédito hipotecario. Desde los años ochenta, la expansión de las hipotecas y la titulización de esos préstamos (es decir, su conversión en productos financieros que pueden venderse en los mercados) contribuyeron al aumento de los precios de la vivienda en buena parte de la Unión Europea. Tras la crisis financiera de 2008, sin embargo, se produjo un cambio. Los precios siguieron creciendo a pesar de que el crédito hipotecario concedido a los hogares se estancó o disminuyó. Entre 2015 y 2024, el nivel medio de crédito a los hogares en los países europeos analizados cayó un 18 %, mientras que los precios de la vivienda aumentaron un 61 %.

El informe interpreta esta evolución como el paso de una financiarización basada en el endeudamiento hipotecario a otra impulsada por la riqueza inmobiliaria acumulada, la entrada de capital financiero y la búsqueda de rentabilidad. La vivienda no se adquiere únicamente para vivir en ella o para obtener ingresos mediante su alquiler, sino también con la expectativa de que aumente su valor. Este cambio se refleja en la evolución de los fondos inmobiliarios residenciales cotizados con sede en la UE. Entre 2004 y 2024, sus activos pasaron de 4.800 a 198.700 millones de euros. Por otra parte, la participación de la UE en el conjunto mundial de activos residenciales en manos de fondos cotizados aumentó del 19,3 % en 2005 al 27,5 % en 2024.

Cuando la rentabilidad depende de la revalorización

El informe distingue cuatro tipos de especulación inmobiliaria, aunque centra su análisis en los dos que pueden estudiarse con mayor precisión a partir de los datos disponibles. El primero se refiere a modelos de negocio que dependen principalmente de la revalorización de los inmuebles, más que de los ingresos obtenidos por alquilarlos. Entre 2004 y 2024, el valor de los activos residenciales de los fondos cotizados europeos se multiplicó por 42, mientras que sus ingresos por alquiler lo hicieron por 19. Para los autores, esta diferencia indica que una parte significativa de la inversión está motivada por la expectativa de obtener ganancias mediante la revalorización de los inmuebles, y no exclusivamente por los ingresos derivados de proporcionar alojamiento.

La segunda forma de especulación analizada tiene que ver con determinadas prácticas de los propietarios. La gestión de las viviendas adquiere un carácter especulativo cuando busca aumentar la rentabilidad principalmente mediante la sustitución de inquilinos, la subida de los alquileres o la revalorización de los activos. Entre estas prácticas, el informe menciona los desalojos sin causa atribuible a las personas arrendatarias, el acoso, la falta de mantenimiento y las denominadas renovictions: reformas utilizadas para expulsar a quienes habitan las viviendas o justificar aumentos elevados del alquiler. Las evidencias examinadas en distintos Estados miembros relacionan estas actuaciones con una mayor inseguridad residencial, la pérdida de asequibilidad, el desplazamiento de población y el aumento de las desigualdades socioespaciales.

Una presencia concentrada en determinados territorios

La entrada de grandes inversores financieros no se ha producido con la misma intensidad en todos los países europeos. Según el estudio, el factor decisivo no es tanto la existencia de instrumentos como los fondos de inversión inmobiliaria cotizados, sino la posibilidad de adquirir viviendas concentradas geográficamente, agruparlas en carteras y venderlas posteriormente como un conjunto. El informe identifica tres vías principales de entrada. La primera es la privatización de parques de vivienda pública o no lucrativa. La segunda, la adquisición de activos devaluados tras crisis hipotecarias o bancarias. La tercera es la inversión en segmentos especializados, como las residencias de estudiantes, los centros asistenciales o los alojamientos vinculados al turismo.
Más financiación no significa más vivienda asequible

Una de las principales advertencias del estudio se dirige a las políticas que confían en la movilización de capital privado como respuesta a la crisis de la vivienda. Facilitar el acceso a la financiación no garantiza por sí solo que se construyan más viviendas asequibles. El informe señala que los grandes inversores financieros adquieren mayoritariamente viviendas existentes, en lugar de construir otras nuevas, y que su objetivo no es necesariamente mejorar la asequibilidad. Cuando el capital disponible aumenta con rapidez, pero la oferta de vivienda responde lentamente, la financiación adicional puede traducirse en un incremento de los precios. Desde esta perspectiva, la cuestión no es únicamente cómo movilizar más inversión, sino qué tipo de financiación se favorece, hacia dónde se dirige y bajo qué condiciones.

Los autores valoran positivamente que el Plan Europeo de Vivienda Asequible reconozca la existencia de la financiarización y la especulación. Sin embargo, consideran que su respuesta resulta insuficiente porque se centra principalmente en mejorar el seguimiento y la transparencia de los mercados y en movilizar nuevas inversiones, sin abordar con suficiente profundidad las causas estructurales del problema.

Regular la especulación y ampliar las alternativas

El estudio formula quince recomendaciones que parten de una misma premisa: la vivienda debe considerarse ante todo una infraestructura social y económica esencial para el bienestar de la población y solo de manera secundaria un activo de inversión. Entre otras medidas, propone diferenciar la financiación destinada a adquirir una vivienda habitual de aquella orientada a comprar inmuebles como inversión, así como dirigir el crédito y las ayudas públicas hacia la construcción de nueva vivienda asequible. También plantea que el acceso al apoyo público quede condicionado a inversiones de largo plazo que acepten rentabilidades no especulativas.

En materia de transparencia y fiscalidad, recomienda mejorar la información disponible sobre quién posee los inmuebles, cómo se transmiten y de qué manera se fijan los alquileres y las valoraciones. Asimismo, plantea combatir las estructuras utilizadas por propietarios transfronterizos para trasladar sus beneficios hacia jurisdicciones elegidas por su tratamiento fiscal. Las propuestas incluyen también reforzar la regulación de los alquileres, impedir que las reformas se utilicen para expulsar a los residentes y aumentar la seguridad de la tenencia. Junto a estas medidas, el estudio defiende ampliar la vivienda social y desarrollar modelos permanentemente asequibles, como las empresas municipales de vivienda, las asociaciones con beneficios limitados, las cooperativas y los fideicomisos comunitarios de tierras.

Los casos de Dinamarca, Berlín y Barcelona muestran que las administraciones pueden modificar el comportamiento de los inversores y frenar determinadas prácticas especulativas. Al mismo tiempo, revelan los límites de las actuaciones aisladas: dentro de unos mercados financieros europeos y mundiales integrados, el capital puede desplazarse de un territorio a otro para aprovechar las diferencias regulatorias. Por este motivo, el informe reclama una mayor coordinación europea. Su conclusión de fondo es que movilizar más capital no bastará para resolver la crisis. Para que la financiación contribuya a garantizar el acceso a la vivienda, es necesario decidir qué inversiones se apoyan, con qué finalidad y sujetas a qué condiciones.

Fuente: Valor social

El documento plantea un cambio profundo del modelo actual de producción y consumo de moda, poniendo en el centro los derechos de las personas trabajadoras y los límites del planeta. Frente a un sistema que sigue generando pobreza laboral y graves impactos ambientales, el manifiesto defiende que la transición ecológica solo será justa si incorpora justicia social, redistribución de la riqueza y responsabilidad empresarial.

El texto ha sido desarrollado de forma colectiva por personas trabajadoras, jóvenes y organizaciones sociales vinculadas a la Campaña Ropa Limpia, y combina propuestas concretas para esta década con una visión a largo plazo de un sistema de moda más justo, resiliente y sostenible.

Principios para un sistema de moda justo

El manifiesto establece una serie de principios que deben guiar el futuro de la industria. Un sistema de moda justo es aquel que:

• garantiza trabajo digno, una buena calidad de vida e igualdad de derechos para todas las personas trabajadoras a lo largo de la cadena de valor.
• asegura la justicia en todas sus dimensiones: social, económica, de género y climática, ahora y en el futuro.
• redistribuye la riqueza hacia las personas trabajadoras, garantizando salarios dignos y protección social universal.
• reparte de forma justa los costes de la adaptación y mitigación climática.
• garantiza que las personas trabajadoras tengan voz y puedan expresarse sin miedo.
• restaura la naturaleza y respeta los límites planetarios.
• reduce la sobreproducción y aumenta la seguridad laboral.
• responsabiliza a las empresas y a sus directivos por los daños causados.
• impulsa formas justas de producir, transformar, transportar, comercializar y reciclar prendas, calzado y accesorios.
• se construye desde el poder colectivo y la solidaridad global.

Un llamamiento colectivo

El manifiesto se presenta como una herramienta para impulsar la movilización social y fortalecer la organización de las personas trabajadoras en toda la cadena global de la moda. Bajo la premisa de que la ropa no puede seguir produciéndose a costa de la explotación, el documento reivindica un modelo basado en el trabajo digno, la justicia climática y la solidaridad internacional.

Somos quienes hacen y quienes visten la ropa. Somos activistas, movimientos sociales y ambientales, organizaciones de la sociedad civil, personas trabajadoras de la industria de la moda, sindicatos, organizaciones por los derechos laborales y aliadas que luchamos por un mundo libre de explotación.

Juntas, alzamos la voz por un sistema de moda justo que respete los derechos de las personas trabajadoras y restaure la naturaleza.

La Campaña Ropa Limpia invita a organizaciones e individuos de todo el mundo a sumarse al manifiesto Tejiendo una Transición Justa en la Moda y, juntas, tejer el futuro justo que queremos.

Para más información vea aquí el Manifiesto completo

Apoya nuestra labor en favor de una transición justa: https://cleanclothes.org/campaigns/manifesto

Fuente: Coordinadora Estatal de Comercio Justo.

Ya en 1019, el Plan de Derechos Humanos de Cataluña reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos”. ¿En qué punto estamos?

De concepto a derecho humano básico

El consumo responsable se ha conceptualizado por entidades de la sociedad civil como aquel consumo que es consciente de la limitación de los recursos del planeta, de la emergencia climática, de las desigualdades entre Norte y Sur y que, en consecuencia, se ajusta a la escasez de suministros básicos.

Defenderlo como un derecho humano básico compuerta garantizar unos mínimos indispensables que, más allá de las opciones (personales o colectivas) tiene que ser garantizado a todas las personas. La triple apuesta en que se propone el derecho básico al consumo responsable se basa en

1. Reivindicar unos mínimos garantizados de consumo de productos y servicios que minimicen los impactos negativos en las personas y el entorno.
2. Entender el consumo como una cadena con derechos y deberes de diferentes actores.
3. Limitar aquel consumo que vulnera derechos fundamentales de generaciones presentes y futuras, humanos y ambientales.

El Plan de Derechoss Humanos de Cataluña (2019) reconoció por primera vez el “derecho a un consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos” (a partir de ahora CRRDH), incorporando la vertiente colectiva y entendiendo que hay que atender a los impactos sociales, económicos y ambientales del consumo. Este documento abrió la puerta a un marco jurídico más ambicioso y a un horizonte y hoja de ruta que incorpora el respecto a los derechos humanos y ambientales como parte central de este derecho.

En el ámbito normativo actualmente se está trabajando el anteproyecto de Ley de consumo sostenible, un primer paso que ha contado con numerosas aportaciones de la sociedad civil y que permitiría avanzar en la transparencia de la información (precio, características del producto pero también información ambiental) y en la previsión de medidas destinadas a favorecer la reparación y la reducción de residuos. Ahora bien, algunas entidades consideran que a la propuesta le falta una mirada conjunta del modelo de producción y consumo, dejando fuera a sectores tan importantes como el textil o la alimentación e incorporando pocos incentivos fiscales para la reparación y el reacondicionamiento.

Naturaleza jurídica y previsiones normativas para avanzar en el reconocimiento

Con estos antecedentes, el presente artículo aborda algunos de los aprendizajes extraídos de la configuración y defensa de otros derechos humanos, centrndonos principalmente en el caso del Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS), con alguna referencia puntual al derecho a la energía. El tratado de derechos que forman parte de los llamados Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC), los cuales han tenido una trayectoria particular en el derecho internacional.

Un primer aspecto que hay que considerar es que, del mismo modo que pasa con el DHAS y el derecho a la energía, el derecho al CRRDH es fundamental para hacer efectivod otros DESC, como el derecho a la salud y el derecho un nivel de vida adecuado. Los dos primeros se encuentran sujetos a una constante tensión entre la lógica neoliberal y mercantil que los contempla en cuanto que bienes económicos o de consumo, enfrente a la perspectiva de los derechos humanos, que les contempla como bienes comunes. Esta tensión también es presente en el derecho al CRRDH

En segundo lugar, el DHAS y el derecho a la energía no tienen un reconocimiento constitucional ni estatutario explícito. Tampoco existe el reconocimiento constitucional del derecho al CRRDH. Ahora bien, a diferencia de los dos primeros, la defensa de las personas consumidoras y usuarias sí que ha sido reconocida explícitamente de manera constitucional en tanto que principio rector de la política social y económica (art. 51 CE). También se ha reconocido estatutariamente el derecho de las consumidoras y usuarias a la protección de su salud, seguridad, acceso a la información veraz con garantías, y a la protección ante conductas abusivas, negligentes o fraudulentas (arte. 28 EAC). Se trata de un reconocimiento que, a pesar de no incluir explícitamente una referencia en relación con el respecto a los derechos humanos, vincula de manera explícita – tal y como indica expresamente el propio EAC- todos los poderes públicos de Cataluña y, de acuerdo con la naturaleza de cada derecho, a los particulares (arte. 37 *EAC).

Aterrizando al ámbito catalán y haciendo una comparativa en cuanto a marco competencial, a diferencia del DHAS – que es compartida – Cataluña sí tiene competencia exclusiva en materia de consumo, materia regulada en el Código de Consum que define el consumo responsable como aquel “consumo moderado, informado, reflexivo y consciente de bienes y servicios, teniendo en cuenta criterios de sostenibilidad cultural, ambiental, socioeconómica y lingüística” (art. 111-2 lletra l). Una definición sobre la cual el Plan de Derechos Humanos de Cataluña recomendaba incluir explícitamente el respecto a los derechos humanos. El Código de Consumo también reconoce, de manera diferenciada, el “Principio de consum responsable” (art. 112 – 4) al cual tienen que ajustarse las relaciones de consumo, como por ejemplo criterios de preservación del medio ambiente, calidad de vida, “y otros factores que determinan un desarrollo socioeconómico individual y colectivo”.

A partir de esta batería de previsiones normativas habrá que ver, pues, de qué manera incorporar y fortalecer la perspectiva de los derechos humanos del derecho del consumo y, tal como se indicaba en el Plan de Derechos Humanos de Cataluña, poniendo en valor los efectos multiplicadores del derecho al CRRDH que se traslada a toda la cadena de producción de bienes y servicios.

Interdependencia con otros derechos y vínculo con la dignidad humana

Uno de los grandes aprendizajes que se pueden extraer de los DESC, y en particular del DHAS, es la configuración de su contenido y su exigibilidad a través de su interdependencia con otros derechos, como la vivienda (arte. 47 CE), la salud (arte. 43 CE) o principios fundacionales como la dignidad humana (arte. 10.1 CE).

En el caso del DHAS, en el ámbito de las Naciones Unidas, este derecho se ha reconocido de manera directa a través de laObservación General núm. 15 (2002), que reconoció por primera vez el DHA y lo vinculó con el derecho a un nivel de vida adecuado y al derecho a un nivel alto de salud física y mental (arts. 11 y 12 PIDESC); posteriormente la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las NNUU (2010) reconoció que “el DHAS es un Derecho Humano esencial para el pleno goce de la vida y de todos los Derechos Humanos”. En el caso de la energía, de una manera más indirecta, a través de la Observación General núm. 4 (1991) donde se desarrolla el contenido del derecho a una vivienda adecuada y se incorpora el acceso a la energía como servicio indispensable para garantizar la salud, seguridad, comodidad y nutrición de las personas. Por otro lado, tanto el agua como la energía se han incorporado en cuanto que Objetivos de Desarrollo Sostenible: agua limpia y saneamiento (ODS 6) y energía asequible y no contaminante (ODS 7).

Podemos encontrar ejercicios similares por el que hace a lo que podríamos considerar que forma parte del contenido del derecho al CRRDH, como el reconocimiento de la promoción y el consumo responsables (ODS 12) en cuanto que objetivo de la Agenda 2030 y algunas referencias hechas por el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (CDESC) que lo ha vinculado con la expansión del derecho a un nivel de vida adecuado (arte. 11 PIDESC). Así, el CDESC ha conectado el consumo con los fundamentos jurídicos de derechos específicos, como el derecho a una alimentación adecuada (OG núm.12) o el derecho humano al agua (OG núm. 15) configurando al modelo de consumo como criterio de sostenibilidad para garantizar, por ejemplo, un acceso a los alimentos sin comprometer la disponibilidad de estos a largo plazo ni afectar otros derechos humanos, o para evitar la sobreexplotación del agua. También encontramos referencias explícitas que vinculan los modelos de consumo y producción sostenibles con la gestión y eliminación de sustancias peligrosas (2020).

Así, a pesar de no haber un reconocimiento explícito del derecho al CRRDH en el ámbito de las Naciones Unidas, el derecho a consumir bienes y servicios con ciertas garantías se ha consolidado progresivamente como objetivo transversal y indispensable para garantizar y promover los DESC, hecho que toma especial relevancia en el contexto actual de crisis ambiental global.

Más recientemente, la Resolución de las Naciones Unides sobre un Medio Ambiente sano (2022) que reconocía el acceso al medio ambiente limpio y sano como un derecho humano universal recordaba la interdependencia de los derechos, así como las repercusiones negativas del uso no sostenible de los recursos naturales, la contaminación del aire, la tierra o el agua, entre otros, en el goce efectivo de todos los derechos humanos.

Pero, ¿es suficiente demostrar la interdependencia y transversalidad del modo de producción y consumo con otros DESC para avanzar en su reconocimiento? ¿Podría ser que, en función de la naturaleza del DESC, el derecho al CRRDH se module, o bien habría que trabajar en unos mínimos comunes?

Cómo se configura el contenido: 5 dimensiones y principios comunes

Otro aprendizaje de interés en cuanto al proceso de reconocimiento del derecho humano al agua es cómo se ha construido su contenido normativo, definido como “el derecho de todos a disponer agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico” (OG n.º 15) y, posteriormente, en cuanto que DHAS, conformado por 5 dimensiones que se tienen que interpretar de manera conjunta:

1. Disponibilidad: el acceso al agua y a servicios de saneamiento tienen que ser disponibles para todo el mundo y ser adecuados para las necesidades y contextos territoriales y socioculturales de cada persona.
2. Accesibilidad: la proximidad entre las fuentes de abastecimiento -no más de 1000 metros o 30 minutos de desplazamiento- y el mantenimiento de una adecuada red de abastecimiento de agua.
3. Asequibilidad: el precio de acceso al agua y a servicios de saneamiento no pueden suponer una barrera para las personas, en base a primeros de equidad y no discriminación.
4. Calidad: el agua tiene que ser potable y, por lo tanto, libre de microorganismos y sustancias peligrosas para la salud. Las infraestructuras de saneamiento tienen que ser higiénicamente seguras.
5. Aceptabilitdad el abastecimiento de agua, las instalaciones y el servicio tienen que ser compatibles con las realidad culturales y tradicionales de las comunidades, teniendo en cuenta las necesidades de género, ciclo vital y privacidad de las personas.

Estas 5 dimensiones del DHAS tienen que ser garantizadas por los Estados que, a la hora de garantizar el derecho, tienen que interpretarlo sobre la base de unos principios comunes: el principio de equidad y no discriminación, el principio de sostenibilidad ambiental, económica y social y, finalmente, el principio de transparencia, rendición de cuentas y control social.

En este sentido, podríamos preguntarnos si en el ámbito del derecho al CRRDH se podría plantear, por analogía, criterios similares para desarrollar su contenido o bien tendrían que ser adaptados a la naturaleza del derecho.

Obligaciones para los Estados y los actores privados

La constante tensión mencionada al inicio de este artículo, en el caso del DHAS, ha sido patente en la fuerte presión ejercida para mercantilizar el derecho y privatizar su gestión. La mercantilización y privatización ha tenido varias consecuencias: aumentos de las tarifas, cortes de agua, poca transparencia y reducción de la calidad del agua, entre otros.

Es en este punto cuando las 5 dimensiones y los principios comunes del DHAS se tienen que leer en base a los principios de realización progresiva y de no regresióm (art. 2.1 PIDESC). Es decir, los Estados están obligados a adoptar medidas orientadas a la realización del derecho, priorizando siempre las necesidades de las personas más vulnerables (OG 3, párrafo 3, 4, 9 y 10). Este desarrollo progresivo también implica que el nivel de satisfacción conseguido por este derecho no puede ser reducido, o tiene que estar muy justificado en un contexto de aprovechamiento del máximo de recursos disponibles (no regresividad).

Además, los Estados tienen tres tipos de obligaciones en relación con los derechos humanos: respetar, proteger y cumplir. En cuanto al DHAS estas se traducen en adoptar las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo del DHAS (obligación de cumplir); abstenerse de ejecutar actividades que restrinjan o denieguen el acceso al agua y servicios de saneamiento en condiciones de igualdad (obligación de respetar); e impedir que terceras personas (físicas o jurídicas) interfieran en su goce efectivo (obligación de proteger).

En relació con esta última obligación, la OG núm. 15 indica que los Estados Parte tienen la obligación de adoptar medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias y efectivas para impedir que terceros (ya sean particulares, grupos, empresas u otras entidades) denieguen el acceso al agua potable en condiciones de igualdad. En previsión del control de los servicios de suministro de agua por parte de terceros, el OG n.º 15 también indica que, en aplicación de esta obligación, los Estados Parte tienen que establecer mecanismos de supervisión independiente, herramientas para la participación pública y la imposición de sanciones por incumplimiento.

Consumir bien es un derecho: hacia un nuevo horizonte de justicia ambiental

Se pueden encontrar no pocos aprendizajes y referencias en el camino recorrido por el DHAS o el derecho a la energía que pueden ser de utilidad para avanzar en el reconocimiento del derecho al consumo responsable como derecho humano emergente, un concepto vinculado a las nuevas necesidades y demandas que surgen en las sociedades, ya sea ampliando el alcance de los derechos humanos o extendiéndolos a colectivos antes no contemplados.

Algunas cuestiones que nos permitirían avanzar en el diálogo sobre el derecho al consumo responsable y respetuoso con los derechos humanos podrían ser, por ejemplo, concretar su naturaleza jurídica, las posibles dimensiones que tendría que tener, bajo qué principios comunes funcionaría, de qué manera se relacionaría con otros derechos y con qué previsiones normativas ya existentes se podría recoger o potenciar su dimensión colectiva.

La ONU publicó el pasado mes de agosto el Informe del Secretario General relativo a la aplicación de la Resolución 79/213 de la Asamblea General sobre la promoción de la ESS para el desarrollo sostenible, y relativo al Diálogo Ministerial del Grupo de Amigos de la Economía Social y Solidaria. En él se confirma el creciente reconocimiento de la ESS como instrumento para promover el desarrollo sostenible, el trabajo decente y la justicia social.

El informe recoge avances en los distintos países en el establecimiento de marcos jurídicos, estrategias nacionales y políticas específicas, así como una mayor integración de la ESS en ámbitos como el empleo, la protección social, los cuidados, la educación, el desarrollo territorial y la transición ecológica, si bien advierte de la existencia de grandes diferencias entre los países.

Las numerosas referencias a España en el documento reflejan el grado de consolidación alcanzado por las políticas de Economía Social en nuestro país, tanto en el ámbito normativo y financiero como en su integración en distintas políticas públicas, la generación de estadísticas sobre el sector y la participación de España en la agenda internacional y multilateral.
El ejemplo español

El documento resalta el papel de España en esta materia, mencionando específicamente la aprobación en 2026 de la Ley integral de impulso de la Economía Social, que refuerza el marco legislativo del sector e incorpora medidas relacionadas con la igualdad, la contratación pública, las estadísticas y nuevas formas organizativas.

A su vez destaca la importancia del PERTE de la Economía Social y los Cuidados entre los programas más destacados del informe, que ha movilizado más de 2.500 millones de euros y llegado a más de 4.400 entidades.

El documento añade la importancia de la medición de la Economía Social en nuestro país, con la publicación en 2026 de la Cuenta Satélite de la Economía Social, contribuyendo a visibilizar el peso económico y social del sector y a reforzar la disponibilidad de evidencia para el diseño de políticas públicas.
El Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria

En el ámbito internacional, Naciones Unidas destaca el papel de otros países como Brasil y Colombia en el lanzamiento este año del Grupo de Amigos sobre la Economía Social y Solidaria, así como en la negociación y publicación del Compromiso Iberoamericano 2026-2030, reforzando el papel de la Economía Social y Solidaria en la agenda internacional y regional.

Informe del Secretario General

Fuente: Ciriec

El capitalismo neoliberal caracterizado por la globalización, el peso de las finanzas en la economía y la meritocracia, es la causa principal de la creciente desigualdad social y de la creciente crisis ecológica, pero también de la alta polarización social y del auge de los populismos autoritarios de extrema derecha.

En virtud de ello, el objetivo del presente artículo será observar cuáles son algunos de los elementos principales que la economía política republicana presenta como respuestas satisfactorias para hacer frente al mayor reto actual de nuestras sociedades occidentales -al menos a corto plazo-: el auge de los populismos autoritarios de extrema derecha. Para ello, en el primer apartado, se presentará un breve diagnóstico de cómo se ha llegado hasta aquí; y, en los siguientes tres apartados, se expondrán tres propuestas -interconectadas- que han sido seleccionadas con base en su potencialidad para dar respuesta satisfactoria a este reto, en su diferenciabilidad de otras corrientes ideológicas y en su relación con el cooperativismo.

No obstante, y antes de continuar, se han de realizar dos aclaraciones. Por un lado, se ha de señalar una aclaración terminológica: en España, en el lenguaje cotidiano de la política, el término republicano está asociado principalmente a la defensa de un sistema de gobierno no monárquico. Sin embargo, en el ámbito de la filosofía política, el republicanismo posee un significado distinto y más amplio, como se observará a lo largo del artículo.

Y, por otro, se ha de destacar que dentro del republicanismo existe una extensa variedad interna que permite hablar de: una tradición democrática y otra oligárquica; una tradición particularista y otra cosmopolita : un republicanismo fuerte y otro moderado ); y también un republicanismo más conservador y otro más transformador a propósito de la estructura económica . Por los límites de extensión del presente artículo, al respecto sólo se puede señalar: por un lado, que el autor del mismo se sitúa en las tradiciones demócrata, cosmopolita, moderada y transformadora; y, por otro, que sólo abordando las cuestiones económicas y construyendo una economía republicana transformadora que incluya en su seno al cooperativismo será posible hacer frente de manera satisfactoria al capitalismo.

Leer artículo completo en el dossier de Idearia LAB (página 69)

Fuente: Alternativas Económicas

La Universidad de Barcelona y la Fundación Finanzas Éticas organizan, del 14 de septiembre al 5 de octubre de 2026, la octava edición del curso «Finances per a una economia alternativa», una formación que propone acercarse de manera crítica al funcionamiento del sistema económico y financiero y conocer alternativas orientadas a la transformación social y ambiental.

El curso está dirigido especialmente a estudiantes de los últimos años y personas graduadas en ciencias sociales, tanto de la Universidad de Barcelona como de otras universidades. También está abierto a profesionales y activistas que quieran profundizar en el papel que pueden desempeñar las finanzas éticas en la transformación socioeconómica.
Una mirada crítica sobre el sistema financiero

A lo largo de la formación se analizarán las funciones del dinero y del sistema financiero, la financiarización de la economía, la especulación, la evasión fiscal y las principales propuestas de reforma planteadas desde la sociedad civil.

El programa también abordará la economía social y solidaria, las finanzas cooperativas, las diferencias entre finanzas éticas y sostenibles, la inversión socialmente responsable, la desinversión en combustibles fósiles, el activismo accionarial y otros instrumentos financieros para la transformación.

El objetivo es ofrecer herramientas para comprender las contradicciones y los límites del actual modelo económico y financiero, así como conocer experiencias que buscan alinear el uso del dinero con objetivos sociales, éticos y ambientales.
Modalidad híbrida y dos créditos optativos

El curso combina el trabajo a través del campus virtual de la Fundación Finanzas Éticas con tres sesiones presenciales en la Universidad de Barcelona:

14 de septiembre, a las 16:30.
21 de septiembre, a las 16:30.
28 de septiembre, a las 16:30.

La carga lectiva incluye, además de las seis horas presenciales, 42 horas de trabajo on line. La participación permite solicitar el reconocimiento de dos créditos optativos en titulaciones de grado.
Inscripción y becas

El precio del curso es de 50 euros.

La Fundación Finanzas Éticas dispone de dos becas para facilitar el acceso a la formación. Las personas interesadas en conocer los requisitos o solicitar una de estas becas pueden escribir a info@finanzaseticas.net.

Las inscripciones ya pueden realizarse a través del formulario habilitado por la Universidad de Barcelona:

Inscripción en «Finances per a una economia alternativa»

Fuente: Fundación Finanzas éticas

La provincia de Huelva acogerá del 15 al 24 de octubre la II Semana de las Economías Transformadoras, una iniciativa impulsada por REAS Andalucía que busca poner en el centro las alternativas al modelo económico dominante y seguir generando espacios para reflexionar sobre cómo construir economías que respondan a las necesidades de las personas, las comunidades y el planeta.

Bajo el lema ‘Hacia una economía enfocada en la comunidad’, esta segunda edición toma como punto de partida la experiencia de la primera, celebrada en 2024, y plantea una propuesta más descentralizada, con actividades en distintos espacios y dirigidas a públicos diversos: universidad, administraciones públicas, entidades sociales, jóvenes, organizaciones de REAS y ciudadanía en general.

La semana parte de una idea: la transformación económica también se construye desde lo cercano. Desde las iniciativas que surgen en los barrios y pueblos hasta las experiencias de cooperativas, asociaciones y empresas de economía social, existen propuestas que ya están explorando otras formas de producir, consumir, relacionarse y organizar la economía.

Durante estos días se abordarán cuestiones como la contratación pública responsable, la economía social y solidaria, el desarrollo local, la reutilización, el consumo responsable y la construcción de alternativas económicas, combinando espacios de reflexión con experiencias y proyectos concretos.

Entre las actividades previstas se encuentra una jornada sobre contratación pública responsable, dirigida especialmente a administraciones y entidades colaboradoras, con
una mesa redonda sobre la reserva de contratos para empresas de economía social.

La jornada central, que tendrá lugar en la Universidad de Huelva, contará con la participación de Charo Gómez, académica y estudiosa de la economía del bien común, nuevas economías, calidad de vida, economía colaborativa y desigualdad y la ponencia de Carlos Taibo, especialista en geopolítica de Europa del Este y en movimientos sociales y un referente en el ámbito hispanohablante sobre ecologismo libertario, decrecimiento y transición ecosocial. Este espacio, tendrá como objetivo profundizar en la reflexión sobre las economías transformadoras y avanzar hacia objetivos realizables y evaluables en el ámbito local.

La programación también se trasladará a la Cuenca Minera, con una jornada en Minas de Riotinto que incluirá la reapertura del Centro de Interpretación Etnológico Matilde Gallardo y distintas actividades vinculadas al patrimonio, la reutilización y el territorio, entre ellas una ruta en bicicleta, el proyecto de autorreparación de electrodomésticos «Repáralo tú» y una iniciativa de reutilización textil. La jornada finalizará con una ruta por los huertos mineros.

La semana se plantea como un espacio para encontrarnos, compartir experiencias y seguir construyendo economías que ponen la vida en el centro, conectando reflexión y práctica y mostrando que existen otras maneras de entender la economía y el desarrollo de nuestros territorios.

Las personas interesadas ya pueden inscribirse en las actividades a través de este fórmulario

La II Semana de las Economías Transformadoras está promovida por REAS Andalucía y contará con la colaboración del Ayuntamiento de Huelva, la Diputación Provincial de Huelva y la Universidad de Huelva.

El resultado de las últimas elecciones autonómicas, en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, ha puesto de actualidad el término «prioridad nacional», condición impuesta por la extrema derecha para investir presidentes autonómicos a los candidatos del Partido Popular.

Dicha prioridad consiste, básicamente, en dar prioridad a las personas de nacionalidad española, frente a las de origen migrantes, en el acceso a los servicios públicos y las ayudas. Todo ello, bajo la premisa de que no existe recursos suficientes para satisfacer las necesidades de la ciudadanía ante la percepción generalizada de la paulatina precarización de las condiciones de vida que sufre gran parte de la población.

Sin embargo, se puede tratar de combatir esta problemática apostando por otras prioridades…

Capítulo 1: El autobús turístico

A menudo, cuando vuelvo de trabajar, y cambio del tren al metro en un pequeño intercambiador de la periferia de Madrid, veo pasar algún autobús turístico de esos rojos de dos pisos. Supongo que, a esas horas, habrá dejado de dar servicio y se dirigirá a las cocheras que la empresa tenga en alguna zona alejada del centro.

Y es que, aunque los turistas disfruten fundamentalmente del centro de las ciudades y de los barrios más atractivos, sus impactos, de alguna manera, se hacen patentes en toda la urbe, condicionando, en mayor o menor medida, la vida de todos sus habitantes.

La masificación turística ha cambiado la configuración de las ciudades. Transformación que comienza en los barrios más céntricos, donde la sustitución de viviendas por pisos turísticos u hoteles desplaza a la población local, contribuyendo, junto a otras causas, a la insoportable subida del precio de la vivienda que se va trasladando hacia la periferia. Además, los barrios céntricos, al igual que las infraestructuras relacionadas con el turismo (aeropuertos que se amplían, nuevas líneas de tren de alta velocidad…) reciben grandes inversiones que luego no llegan a zonas más periféricas, y de origen más humilde, o a medios de transporte que vertebran la ciudad, como las redes de cercanías o metro.

Por contra, la riqueza generada por el turismo se distribuye de forma muy desigual, siendo acaparada, sobre todo, por los grandes intermediarios, como las centrales de reservas de plazas hoteleras y de apartamentos turísticos, las grandes compañías aéreas, las cadenas de hoteles, de establecimientos de hostelería… Y sí, es cierto que genera numerosos puestos de trabajo, pero también lo es que, en muchos casos, son estacionales y precarios.

Todo ello ha dado lugar a masivas movilizaciones en los territorios más afectados por los impactos del turismo, donde la población pone en cuestión un modelo que, además de generar grandes afecciones ambientales, impacta contra las condiciones de vida de una parte importante de la población. Piden poner límite a una actividad que ha crecido exponencialmente en los últimos años y actuar contra sus excesos (como los numerosos pisos turísticos ilegales) e impactos.

El trasfondo de estas demandas está en la necesidad de que las políticas que se desarrollen den prioridad a la población local (al margen de orígenes, nacionalidades, o colores de piel), que habita las ciudades y pueblos y que desarrolla su proyecto vital allí, frente a personas que realizan visitas esporádicas y, sobre todo, frente a grandes empresas que acumulan descomunales beneficios con este modelo.

Capítulo 2: Las patatas migrantes

Paro un momento de trabajar, hoy en casa, para poner a cocer unas judías verdes. Me doy cuenta de que no tengo una patata para echarle, por lo que me toca bajar a comprar. En un barrio periférico, como el mío, no hay fruterías, es más, apenas hay pequeño comercio. La falta de locales comerciales, en un modelo en el que predominan las urbanizaciones cerradas, así como la rápida implantación de supermercados y del gran centro comercial, han dado pocas oportunidades a este tipo de negocios.

Descarto ir al Mercadona, ya que me parece el colmo de la desfachatez que vendan patatas originarias del estado genocida de Israel, por lo que me dirijo al Ahorramás. Allí encuentro, tanto patatas a granel, como en redes de distintos tipos. Sin embargo, me voy fijando en el origen de cada tipo de patata y compruebo que todas ellas proceden de Francia.

El hecho en sí no está en que las patatas vengan de otro país, sino en que creo que debería darse prioridad, o me gustaría tener la opción yo de dársela a la hora de consumir, al producto local, al que se produce en el entorno donde luego se comercializa, reduciendo distancias de transportes. Igualmente, frente a las grandes explotaciones enfocadas a la exportación, se debería dar prioridad a las pequeñas y familiares, que representan un reparto más equitativo de la riqueza, generan más empleo y fijan población en el medio rural.

También, haciendo hincapié en ese reparto de la riqueza más justo, y en la supervivencia del medio rural y de la actividad del sector primario, se debería dar prioridad a modelos de distribución que paguen precios justos en origen, y que, como las grandes cadenas de distribución, sean de capital español o no, no aprovechen su peso en el mercado para fijar precios que arruinan al productor. Modelos de distribución, como el del pequeño comercio que, en proporción a su facturación, generan más puestos de trabajo, contribuyen a dar vida y seguridad a los barrios…

Capítulo 3: Los nuevos reyes magos de la sonrisa

Paseo por mi barrio un domingo por la mañana, me fijo en varios mensajeros de Amazon que aprovechan la sombra de un edificio para ordenar y distribuirse distintos paquetes que van a repartir. No sé si esa forma de trabajar responde a una situación extraordinaria, o si es algo habitual. El caso es que ese grupo de jóvenes, el último eslabón de la cadena de distribución, está trabajando un domingo para que podamos recibir en casa, en tiempo récord, cualquier bien que podemos pedir con la facilidad de un «clic».

Trabajo en el que se reciben grandes presiones por cumplir con las exigentes rutas de distribución, y que durante un tiempo fue desarrollado por la denominada figura de los falsos autónomos, a través del programa Amazon Flex. Tras las distintas condenas que recibió la compañía por la aplicación de la Ley Ryder, actualmente, las funciones de reparto han sido externalizadas mediante una cuestionable red de subcontratas y empresas de trabajo temporal. Un sistema que exime de responsabilidades a Amazon, a la vez que precariza las condiciones laborales de l@s trabajador@s.

Aparte, son muchos los impactos que la actividad de Amazon provoca, como concentración de la riqueza, destrucción del pequeño comercio, y vaciado de los barrios, congestión de las ciudades, empobrecimiento de los estados, al reducir al máximo el pago de los impuestos correspondientes a sus beneficios, graves impactos ambientales…

Por todo ello, las políticas públicas, además de legislar para garantizar condiciones laborales justas para tod@s y establecer modelos de distribución equitativos, deberían dar prioridad a los tipos de negocio cuyo impacto sobre el medioambiente es menor, a los que pagan los impuestos que corresponden a su actividad…

Como hemos visto, en los ejemplos anteriores, hablamos de la necesidad de políticas que apuesten por la prioridad ciudadana y local, evitando sesgos excluyentes. Evitando criterios xenófobos y clasistas y evitando enfrentar a la clase trabajadora, son necesarias políticas que vayan a la raíz del problema, el modelo económico que genera una obscena concentración de la riqueza que no tiene límites.

Sin duda, el contexto no es favorable para poder revertir aquellas políticas que precarizan nuestra vida, pero ello no puede ser la excusa para recurrir en falacias como la «prioridad nacional», que se vale del sentimiento de desesperanza y que sólo sirve para perpetuar la situación. El único camino, por tanto, es tratar de avanzar hacia situaciones más justas.

Para ello, debemos ser conscientes de que la política es una herramienta mucho más amplia que la práctica institucional, y que muchos de los actos que realizamos a diario son igualmente una forma de marcar unas prioridades, de hacer política y de luchar por el mundo que queremos.

Dentro de estas prácticas, siempre nos gusta reivindicar el consumo como una herramienta política que puede contribuir en este sentido. Las prioridades que aplicamos en nuestros criterios de consumo, las decisiones que tomamos en nuestras compras, las alternativas colectivas que ponemos en marcha, o en las que participamos, constituyen una herramienta de transformación más.

De acuerdo a prioridades, como la ciudadana y la local, debemos partir del criterio de reciprocidad, tratando de apostar por opciones de consumo que garanticen condiciones laborales justas como las que queremos recibir como trabajador@s, optando por formas de turismo que reduzcan su impacto como las que gustaría ver en el territorio donde vivimos…

Conforme a ello, son importantes las formas de consumo que combaten la concentración de la riqueza, y que contribuyen al bienestar común pagando los impuestos que les corresponde, para lo cual, podemos recurrir al pequeño comercio, a l@s pequeñ@s productor@s y/o a canales justos de distribución. Las formas de consumo que apuestan por el respeto al medio ambiente, pudiendo optar por formas de producción ecológicas y de distribución local. Aquellas que proporcionan condiciones laborales justas, evitando empresas que producen en países con legislaciones laborales laxas o que explotan a sus trabajad@s…

Igualmente, son fundamentales, frente al depredador sistema deslocalizado que concentra la riqueza, las formas de consumo local que actúa sobre aquello que está a nuestro alcance, logrando transformaciones reales en nuestro entorno.

Fuente: Consumo que suma en El salto

El antiguo recinto de la fábrica de cerveza Kindl, en el barrio de Neukolln en Berlín, es uno de esos sitios de coworking e innovación que se definiría fácilmente como moderno. Espacios abiertos, lamas de madera, azulejos rojos y una zona de encuentro creada a base de coloridos muebles amarillos definen lo que ahora es la sede del Impact Hub Berlin.

Sin embargo, el estudio que lo diseñó asegura haberlo construido mirando al pasado. “¿Cómo va a ser arcaico algo tan de futuro como la arquitectura circular?”, pregunto. La arquitecta responde: “Antes, para levantar una muralla, se extraían piedras de un sitio cercano. Y cuando la ciudad crecía, se usaban esos mismos bloques de piedra para construir edificios. Así lo hicieron griegos, romanos y egipcios, y nosotros, hasta hace relativamente poco. En los últimos 20 años, en cambio, la construcción se ha convertido en una verdadera máquina de hacer basura”.

Kim Le Roux fundó LXSY Architecture junto a su compañera Margit Sichrovsky. Habían estudiado juntas en la Universidad Técnica de Berlín y, al terminar, ambas sabían que no querían trabajar en un estudio de arquitectura estándar. “Queríamos crear un proyecto con conciencia e impacto social. ¿Y puede la arquitectura marcar la diferencia? Creíamos que sí, y así fue como empezamos”, explica Le Roux. No lo hicieron todo de golpe, sino poco a poco. Pasaron años desde su fundación en 2015 hasta que en 2022 recibieron un encargo del Impact Hub Berlín –con quienes previamente ya habían trabajado– para crear lo que ellas llamaron La Casa Circular.

Dar nueva vida a los materiales

Es un proyecto construido en un 70% con materiales reutilizados. “Fuimos de obra en obra y vimos dónde estaban derribando edificios para ver lo que nos podía servir. Encontramos muchísimos materiales, desde los menos atractivos como bandejas para cables y tubos de ventilación, hasta las viejas placas de madera del mítico club berlinés Kater Blau”, detalla Le Roux. Casi cada objeto tiene una segunda vida: azulejos recuperados, ventanas, puertas, lámparas e incluso sofás.

El despacho ha ido creciendo y ahora trabajan en él una veintena de personas, casi todas mujeres. Una de ellas es Irene Arrieta, una arquitecta española que defiende que lo revolucionario de la arquitectura circular consiste en transformar el proceso creativo: “Hemos perdido la costumbre de observar los recursos a nuestro alrededor y pensar cómo usarlos de manera óptima. Hoy la industria parece creer que todo vale, incluso traer materiales de la otra parte del mundo. Nosotras ofrecemos otra respuesta: nos preguntamos si tiene sentido construir así y cómo hacerlo mejor”.

Irene Arrieta aplica este principio en un proyecto en Baviera, en colaboración con la Universidad y con el Ministerio Público de Vivienda de Alemania, para renovar un edificio del departamento de Finanzas de Kelheim. Consiste, por ahora, en explorar qué materiales serían más convenientes de utilizar para ese edificio y después para otras viviendas públicas según criterios de circularidad. “Es un proceso muy gratificante: aprendes sobre materiales y también del intercambio con ingenieros. Que el sector público te pida una evaluación como esta indica que quieren empezar a pensar diferente sobre cómo construir”, explica.

La idea es probar materiales desde madera y paja hasta elementos reutilizados, en once proyectos piloto que podrían marcar un nuevo estándar. La capacidad de transformación es la gran ventaja de trabajar con el sector público. Mientras los proyectos privados permiten actuar con rapidez, el sector público puede consolidar el cambio a largo plazo. “Si estos proyectos funcionan dentro del presupuesto y con buenos resultados, pueden convertirse en referencia y abrir el camino a otros arquitectos”, dice Arrieta.
Retos de la reutilización

La reutilización presenta desafíos. Uno de los principales es la certificación de los materiales recuperados: muchos elementos pierden su validez al desmontarse, aunque sigan siendo funcionales. Resolver este vacío legal sería clave para escalar la circularidad.

La transformación no depende solo de los estudios de arquitectura ni de los clientes, que en muchos casos sí están dispuestos a pagar más. La industria de materiales sigue siendo el eslabón más lento: muchas empresas continúan produciendo con recursos nuevos porque su modelo de negocio se basa en la producción continua. Algunas, sin embargo, empiezan a adaptarse. Firmas como Derix –especializada en estructuras de madera– o Schüco, en carpinterías, han incorporado sistemas para recuperar y reutilizar sus productos cuando un edificio se demuele.

“Todavía es un proceso costoso y afecta a los márgenes de beneficio, pero no habrá alternativa. Pensar en la reutilización debe formar parte del proceso de construcción”, subrayan las arquitectas.

De hecho, los datos son alarmantes. El programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente indica que el sector de la construcción representa alrededor del 37% de las emisiones energéticas globales de dióxido de carbono (CO2).

En España, los avances son incluso más lentos. Según Arrieta, Alemania lleva años de ventaja en políticas y proyectos circulares. Algunas iniciativas en Baleares y Catalunya empiezan a experimentar con materiales locales y reutilizados, aunque de forma aislada.

El estudio también insiste en la necesidad de tener en cuenta el coste climático: el impacto ambiental asociado a la producción de nuevos materiales. “A veces construir circularmente parece más caro, pero el ahorro climático es real. Ese coste no lo paga el cliente, lo pagamos todos”, recuerda Arrieta.

Mirar el futuro con optimismo

Ambas son optimistas sobre el futuro de la arquitectura circular. “No hay otro camino. Los recursos son finitos y la contaminación global nos empuja hacia la circularidad, nos guste o no”, dice Irene Arrieta. Kim Le Roux se imagina una ciudad del futuro en la que cada edificio tenga un gemelo digital: un modelo 3D con toda la información de sus materiales. De ese modo, cuando un inmueble se renueve, los elementos retirados podrían volver al mercado para ser reutilizados. “Sería un paso hacia una ciudad verdaderamente circular”, analiza la arquitecta, que ve muy posible que su visión de la construcción se imponga alguna vez como una realidad.

Fuente: Climática

Mientras el incendio de la Comunidad de Madrid sigue activo y entra otra ola de calor, la pregunta que importa es la que casi nunca sale en portada: ¿qué se hace durante los otros once meses del año para que el fuego no llegue, o llegue más débil? En el Mercado Social de Madrid tenemos a quien lleva 25 años respondiéndola con trabajo: Agresta, cooperativa forestal socia, dedicada a la cartografía de combustibles, el seguimiento de la humedad de la vegetación, la planificación preventiva y la restauración de zonas quemadas. Les hemos pedido que nos lo cuenten.

¿Qué está cambiando en los incendios que vivimos estos veranos?

En Agresta asisten con preocupación al impacto creciente de los Grandes Incendios Forestales en nuestros montes y pueblos. Es un fenómeno complejo, cuyo origen puede tener causas muy diversas, pero cuyos factores de propagación responden a un patrón común: la enorme acumulación de biomasa en superficies forestales deficientemente gestionadas o abandonadas, combinada con condiciones climáticas extremas cada vez más recurrentes a causa del cambio climático, como las olas de calor o las sequías prolongadas. De ahí la virulencia de los fuegos de estos veranos.

¿En qué consiste el trabajo de prevención?

La clave, explican, reside en la prevención estructural a través de la gestión forestal sostenible. Los incendios de hoy no se pueden abordar con las recetas del pasado: hacen falta medidas de gestión adaptativa sobre el territorio. Eso significa planificación agroforestal, creando paisajes en mosaico que combinan usos agrícolas, ganaderos y forestales para romper la continuidad del combustible, y una gestión activa y continua que aplica el conocimiento científico y las herramientas tecnológicas más avanzadas para mantener los montes cuidados, reducir el riesgo de propagación y mitigar la virulencia del fuego y sus consecuencias.

¿Qué haría falta para que la prevención pese tanto como la extinción, y qué aportan las cooperativas?

Entender que la extinción es solo la última línea de defensa. Y entender también que no hay monte gestionado sin un medio rural vivo: la gestión forestal sostenible no es solo una medida ambiental, es un motor de economía social capaz de generar empleo verde, estable y de calidad en nuestros pueblos, fijar población, revalorizar los recursos locales de forma justa y conectar el futuro de las comunidades rurales con el cuidado de su entorno.

Desde Agresta reafirman su compromiso con el territorio: seguirán aportando trabajo, innovación y visión cooperativa para transformar la amenaza de los grandes incendios en una oportunidad de futuro, resiliencia y dignidad para el medio rural. Puedes conocer su trabajo en agresta.org/incendios-forestales.

La red también desmonta bulos: no, la ley no prohíbe limpiar el monte

Cada verano de incendios vuelve el mismo bulo: que la Ley de Montes de 2003 impide desbrozar y limpiar los terrenos que acaban ardiendo. Red Jurídica, cooperativa de abogacía socia del mercado, lo ha desmontado punto por punto en un hilo divulgativo: la ley no prohíbe limpiar ni desbrozar, al contrario, integra los tratamientos selvícolas y la gestión de la biomasa dentro de la prevención, obliga a las comunidades autónomas a aprobar planes anuales de prevención que se aplican todo el año, y en determinados supuestos convierte el desbroce en una obligación legal del propietario. Lo que exige es que esas labores se hagan con criterios de gestión forestal sostenible. Confundir esos controles con una prohibición absoluta es, en sus palabras, «una simplificación jurídicamente incorrecta y, probablemente, maliciosa».

El derecho y la técnica forestal dicen lo mismo: el problema no es que no se pueda gestionar el monte. Es que no se gestiona lo suficiente, ni con la gente suficiente viviendo de ello.

El cortafuegos también se teje

A once mil kilómetros hay quien llegó a la misma conclusión por otro camino. Carro de Combate, también entidad socia del mercado, lo documentó sobre el terreno: en Lo que el fuego se llevó en Bolivia cuentan el impacto de los incendios que arrasaron el país y lo que vino después: las comunidades se organizaron para prevenir y apagar desde dentro del territorio, y los incendios bajaron.

Dos territorios, dos escalas, una misma lección. La herramienta más eficaz contra el fuego es la articulación social del territorio, esa infraestructura invisible que ninguna estadística mide y que se construye despacio, cooperativa a cooperativa, vecina a vecina. Llamémoslo cortafuegos social. Es lo que la economía social hace cada día, aunque no lo nombre así: el monte también es economía social, y lo que nos protege del próximo verano ya existe y está entre nosotras.

Fuente: MES Madrid

Álvaro Porro conoce de cerca la evolución de la economía social y solidaria y, especialmente, el camino recorrido para hacer de las políticas públicas una herramienta de impulso y transformación. Economista y vinculado durante años a este ámbito desde la administración y los movimientos sociales, actualmente es Director de economía social de Barcelona activa (agencia de desarrollo local de Ayuntamiento de Barcelona). Porro reflexiona sobre cómo ha cambiado la relación entre la ESS y las instituciones, qué se ha conseguido y cuáles son los retos para consolidar este modelo.

Esta entrevista parte del artículo «ESS: una dècada avançant amb vent a favor», publicado por Porro en la sección Tornaveu de Cooperació Catalana (núm. 500, septiembre de 2025), en el que analiza este recorrido y plantea algunas claves para afrontar el nuevo ciclo.

Empecemos por el principio. ¿Cómo llegaste tú a la economía social y solidaria?
Pues no fue por la vía académica, la verdad. Estudié Económicas en la Universidad Autónoma de Madrid en los años noventa, incluido un año de Erasmus en Ámsterdam, y en todo ese tiempo nunca escuché el concepto de economía social ni se mencionó la cooperativa como forma empresarial en ninguna asignatura. Tampoco la encontraba como lector habitual de prensa: ni en las secciones económicas ni en ningún otro espacio. No existía ningún servicio público ni departamento institucional dedicado a esto. Fue a través de mi implicación en movimientos sociales donde descubrí otras maneras de hacer economía y empresa. Y no creo que fuera una experiencia únicamente personal; creo que refleja el escasísimo nivel de visibilidad que tenía la economía social en la sociedad de los noventa y los dos mil.

Han pasado más de veinte años desde entonces. ¿Cómo describirías el cambio?
Sin ser una transformación radical, sí han sido diez años de cambios sustantivos a muchos niveles. La economía social y solidaria ha ganado presencia, visibilidad y legitimidad como referente alternativo, y ahí han pesado varios factores: culturales, generacionales, sociológicos y políticos. El ciclo del 15M y el Procés en Catalunya, la entrada de nuevas sensibilidades políticas en las instituciones, cambios culturales más profundos y también dinámicas de confluencia dentro de la propia ESS. En ese sentido la expansión de las políticas públicas de promoción de la ESS ha sido un factor importante al menos en Barcelona y Cataluña.

Ahí entra el caso de Barcelona, que citas como referencia. ¿Qué se ha hecho concretamente?
Algunos de los llamados “Ayuntamientos del Cambio” de 2015 apostaron fuerte por desarrollar la economía social. En Barcelona, por ejemplo, se han dedicado 40 millones de euros en diez años, figuras políticas especializadas, referentes claros dentro del gobierno municipal, y departamentos y equipos técnicos tanto en el Ayuntamiento como en Barcelona Activa. Hoy esos dispositivos ofrecen servicios y programas por los que pasan 3.000 personas y más de 500 organizaciones y empresas cada año, con líneas de subvención y crédito ya consolidadas. Y todo esto sin contar la construcción participativa, entre Ayuntamiento y tejido social, de un marco que a diez años vista trasciende gobiernos y mandatos concretos: la Estrategia de Ciudad de ESS 2030.

Mencionas también el contraste con Madrid. ¿Por qué unos territorios sostienen el impulso y otros no?
Es un contraste muy claro. En Madrid ese impulso fue desmantelado por ataques políticos, muchas veces basados en falacias, que desacreditaban la economía social presentándola como una “economía ideológica”. En Barcelona, en cambio, la combinación de un tejido de ESS fuerte, una inversión pública significativa y un trabajo político transversal consolidó una política de promoción económica estable y difícilmente reversible. La estrategia de ciudad de Ess 2030 tuvo apoyo casi unánime al plenario municipal. Esa dinámica se extendió también a otros municipios catalanes con la creación de la Xarxa de Municipis per l’Economia Social i Solidària, y de forma especialmente decidida en la Generalitat de Catalunya, que incrementó mucho el presupuesto y peso político en este ámbito de una forma sin precedentes para un gobierno autonómico. De ahí salieron la Xarxa d’Ateneus Cooperatius, las Comunalitats, la convocatoria de proyectos Singulars y, más recientemente, la ley catalana de economía social y solidaria, que ahora está en trámite parlamentario.

¿Y a nivel estatal y europeo se ha notado ese mismo impulso?
Sí, y de forma bastante simbólica: el Ministerio de Trabajo pasó a llamarse Ministerio de Trabajo y Economía Social. Se han creado cargos específicos de alto nivel, se ha actualizado la ley española de economía social, y ha habido un PERTE que, por primera vez, ha destinado recursos significativos a la ESS en todo el Estado. La Unión Europea también ha mostrado signos de apoyo, incrementando fondos y dándole más visibilidad y representación institucional aunque ahora parece en retroceso.

Hablabas antes de un contexto favorable. Pero en tu texto también adviertes de un giro reciente. ¿Qué ha cambiado?
Este desarrollo se dio en un contexto sociocultural favorable. Recuerdo una ponencia muy inspiradora de Pere Rusiñol (director de la publicación Alternativas Economicas) en la primera Febrerada de 2023, donde mostraba con datos cómo en diez años se habían generado corrientes de opinión y accion de valores cercanos a la Ess como la relocalización productiva o el auge de los valores en el mundo corporativo. Así como cuestionado paradigmas que parecían inamovibles como la austeridad en la UE, además de la desconfianza de buena parte de la sociedad hacia el capitalismo y la consiguiente exigencia de responsabilidad empresarial. Rusiñol señalaba que ese escenario representaba una oportunidad histórica. Pero en solo dos años el panorama ha cambiado drásticamente. Lo que parecía viento de cola se ha convertido en ráfagas en contra. Antes la amenaza parecía estar en el greenwashing o en la cooptación de valores que impedían nutrir la economía social; hoy han irrumpido actores culturales y políticos de gran impacto que, sin complejos, promueven valores opuestos que alteran por completo las reglas del juego.

Con ese viento en contra, ¿cómo puede seguir avanzando la ESS?
Mi tesis es que no solo podemos avanzar, sino que es más necesario que nunca hacerlo. Pero para conseguirlo hace falta más estrategia, método y táctica. La ESS ha demostrado en momentos históricos que se adapta, crece y se consolida; ahora el reto es mantener el rumbo incluso cuando el viento sopla en contra.

En términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Consolidar lo que ya existe o buscar un salto de escala?
Las dos cosas. Lo esencial ahora es hacer viables los proyectos empresariales que ya existen y generar las condiciones de irreversibilidad y autonomía necesarias para que resistan y puedan dar un salto de escala. Y ese proceso, de hecho, ya se está produciendo: muchas cooperativas han pasado de tener menos de diez personas a tener veinte, treinta, cincuenta o más, con fusiones de alto nivel como la de Abacus y Som. Pero es igual de importante fortalecer los ecosistemas mediante articulaciones sectoriales y territoriales: las cooperativas de segundo grado como Ecos, Som IT, Som Serveis, Més Equipaments, Som Audiovisual, Ecohub o La Dotzena; las redes territoriales como Impuls Cooperatiu de Sants, Cooperasec o XES Sant Andreu; y herramientas compartidas con impacto en todo el ecosistema, como Digitest, Up me Up o Tandem Go.

Hablas también de infraestructuras físicas, de espacios. ¿Por qué son tan importantes?
Porque refuerzan la soberanía organizativa. Los hubs o polos de ESS que han surgido en Barcelona y otros municipios —como Bloc4BCN, La Komunal o el Grup Ecos— demuestran que esto es posible, consolidando la presencia territorial y simbólica del sector. Y a esto hay que sumar un frente que no podemos eludir: la digitalización. La actual dinámica de plataformización, automatización e inteligencia artificial obliga a la ESS a afrontarla de forma decidida, y ahí ya hay iniciativas relevantes como el Digitest y los servicios de digitalización de Barcelona Activa, el TechBloc en Bloc4, M4Social en el Tercer Sector o el proceso Mosaic de cooperativas tecnológicas.

¿Y el talento? Porque atraer y retener personas parece otro reto de fondo.
Totalmente. Todo esto tiene que ir de la mano de la necesaria atracción de personas jóvenes que se incorporan al mercado laboral, y también de profesionales que buscan alternativas a la empresa convencional, sobre todo en ámbitos tan estratégicos como la tecnología, la gestión financiera o la dirección organizativa. Pero atraer no basta, también hay que retener el talento, y eso exige condiciones laborales dignas: horarios conciliables, salarios competitivos —incluyendo retribuciones en especie—, espacios de trabajo agradables y estables, y entornos humanos y organizativos que resulten atractivos.

Mencionas que este cambio de vientos se da en un mundo con múltiples desafíos. ¿Qué papel puede jugar la ESS ahí?
Ante esos desafíos, la ESS tiene que poder ofrecer respuestas y propuestas comprensibles, atractivas y accesibles. El giro en la dinámica globalizadora del comercio plantea tanto desafíos como oportunidades para las iniciativas de proximidad, y la propia guerra cultural en torno a valores contrarios a los de la ESS puede abrir espacios que atraigan a personas y grupos que se sienten amenazados y buscan alternativas alineadas con sus principios. La transición ecológica y energética ligada a la crisis climática, la tensa relación entre lo urbano y lo rural, la epidemia de soledad y salud mental, la emergencia migratoria o el cambio de paradigma en las relaciones y equilibrios de género no pueden verse sino como oportunidades para que la ESS sea parte irrenunciable —y seductora— de la solución.

Pero eso exige salir de la propia burbuja del sector, ¿no?
Exacto, exige buscar alianzas con el pequeño comercio, las pymes, los autónomos, las personas migradas, los movimientos feministas, ecologistas y territoriales, y con los servicios públicos. Y también con ese emprendimiento social o economía de impacto que hace inversión responsable, porque puede permitir al movimiento acceder a recursos y ecosistemas que a menudo no están disponibles para la economía social tradicional.

Para cerrar: ¿qué estructuras y políticas concretas hacen falta para sostener este ciclo?
Yo apuntaría varias líneas. Aumentar los espacios de encuentro —ferias, congresos— y las alianzas con otros ecosistemas, como la FESC, el Congrés de Cooperativisme, la Febrerada o UIESCOOP en Barcelona, y también polinizar espacios que no son de ESS pero con los que podemos mezclarnos, como BIZ Barcelona o el Saló de l’Ocupació o la Enseñanza. Esto debería acompañarse de una mayor confluencia de la ESS en la AESCAT u otros espacios de tercer o cuarto grado, además de fortalecer las articulaciones territoriales y dinamizar las federaciones y entidades representativas del sector. Y, respecto a los medios de comunicación, reforzar los propios —Alternativas Económicas, Crític o Jornal— a la vez que ganamos presencia en los generalistas y en las redes sociales, con un discurso claro y accesible. Y ya en el ámbito institucional, construir irreversibilidad y transversalidad, tal como recoge la Estrategia de ESS de Ciudad, con espacios de trabajo y gobernanza que hoy son motores del ecosistema a distintos niveles. Entre ellos, la ley catalana de ESS, actualmente en trámite, o la XMESS, que nos inspiran a construir políticas públicas sólidas, transversales y difícilmente reversibles.

** Esta entrevista espera alimentar el debate para el encuentro sobre cooproducción y política pública del 16 de octubre en Madrid como evento final del ciclo de Foros “Administraciones que cooperan, territorios que avanzan”. 

** Fuente: MeCambio en El salto.

La Red Anagos y la Universidad de la Laguna han colaborado en el 1º foro territorial de Canarias del proyecto COOPUBLIC, organizado por REAS Red de Redes, donde administraciones, entidades de economía social y solidaria (ESS) y sociedad civil se sentaron a hablar de una misma cuestión: ¿Cómo gestionar los recursos públicos de forma más cooperativa?

De la gestión tradicional a la gestión público-comunitaria

Samuel García, de la Red Anagos, abrió la sesión situando el debate en su contexto histórico. Frente a la Administración Pública Tradicional —jerárquica, homogénea y de provisión directa— y la Nueva Gestión Pública de los años 80 —que introdujo lógicas empresariales y descentralización de la provisión—, emerge con fuerza en esta década un tercer modelo: la Gestión Público-Comunitaria (GPC).

Este modelo no se limita a la «participación ciudadana» tal y como se ha entendido hasta ahora. Propone una coparticipación real entre ayuntamientos, sociedad civil y agentes económicos en el diseño, la gestión y la evaluación de las políticas públicas, apoyándose en criterios de desarrollo comunitario y en la tradición cooperativa del territorio.

García puso el foco en el sector de los cuidados como ejemplo paradigmático: la crisis de atención se ha gestionado durante años mediante lógicas mercantiles, a pesar de que la propia Ley de Contratos del Sector Público (art. 10.6 LCSP) contempla la exclusión de la prestación de servicios sociales de esa lógica de mercado. Desde una visión ecofeminista de la ESS, el reto es situar en el centro la sostenibilidad de la vida, y hacerlo no solo en cuidados, sino en sectores como el agroalimentario, la energía, el transporte, la educación o las finanzas.

COOPUBLIC: por qué la ESS aporta al debate

María Atienza, de REAS Red de Redes, presentó el proyecto COOPUBLIC y explicó por qué la economía social y solidaria tiene algo específico que aportar a esta discusión: su doble dimensión de sujeto y movimiento, su presencia transversal en los tres sectores económicos, y una forma jurídica y una carta de principios —cooperación, equidad, trabajo digno, reparto justo de la riqueza, sostenibilidad ecológica e impacto en el territorio— que la dotan de metodología, herramientas y alcance propios.

Los datos respaldan el peso de este sector: en Europa, la economía social reúne 2,8 millones de entidades y 13,6 millones de empleos (el 6,3% del empleo de la UE); en España, más de 70.000 empresas y entidades generaron 2,57 millones de empleos en 2024. Un impulso que se ha visto acompañado por el Plan de Acción Europeo para la Economía Social (2021) y por la primera Recomendación específica del Consejo de la UE sobre ESS, impulsada por España en noviembre de 2023. Con todo, solo el 17% de las metas de la Agenda 2030 están en camino de cumplirse, según la ONU.

Atienza también repasó experiencias inspiradoras de cooperación público-comunitaria en marcha en distintos territorios del Estado: los Ateneos Cooperativos en Cataluña, las Cooperativas Populares Olatukoop en Euskadi, el modelo de planificación estratégica de Hernani Burujabe, el despliegue de comunidades energéticas en torno a Som Comunitats, o Valnalón en Asturias.

El Panel de Políticas Públicas Locales de ESS

Joan Manel Sánchez, de Ilabso Coop, presentó la pieza metodológica central del proyecto: un panel —encuesta longitudinal en la que las mismas unidades de análisis se observan en distintos momentos temporales— dirigido a recoger y compartir evidencias sobre las políticas públicas locales de impulso, fomento y consolidación de la ESS. El panel pregunta a los municipios sobre su ecosistema local de ESS, sus políticas públicas, su gobernanza, su capacidad de evaluación y aprendizaje, y su relación con la Agenda 2030.

Las experiencias piloto ya realizadas previamente—82 municipios entre la XMESS y las comarcas del Gironès y La Selva— arrojan un dato esperanzador: más de 7 de cada 10 municipios desarrollan ya alguna actuación relacionada con la ESS, en ámbitos tan diversos como la energía, la vivienda, los cuidados, la cultura o la juventud. Persisten, eso sí, retos comunes en planificación, evaluación y cuantificación. Cada municipio participante recibirá un informe individual y confidencial con sus propios datos y comparativas, mientras que los resultados agregados y anonimizados alimentarán un informe estatal que servirá como radiografía de las políticas de ESS en España.

Canarias, un territorio con motivos para participar

El foro insistió en la pertinencia de este trabajo en el archipiélago: Canarias registra una tasa de riesgo de pobreza o exclusión del 31,2% (frente al 25,8% de media estatal), más de 560.000 personas en exclusión social y un 48,9% de hogares que no puede afrontar un gasto imprevisto, en un territorio cuyo PIB depende en un 35% del turismo. Como se recordó en la sesión, problemas de esta complejidad no se resuelven únicamente desde la administración: necesitan coproducción, y esa coproducción exige antes que nada conocer qué están haciendo ya los municipios.

El reto pendiente: tender puentes con la academia

Uno de los mensajes que atravesó todo el foro fue el papel, todavía por desarrollar, de la universidad. Existe conocimiento académico consolidado sobre ESS, políticas públicas y ODS —grupos de investigación, tesis, revistas como CIRIEC—, pero rara vez llega en un formato útil a una técnica municipal o a una entidad que necesita argumentar ante su administración. El panel y el banco de buenas prácticas de COOPUBLIC se plantean como un puente concreto en ambas direcciones: material que la academia puede validar y enriquecer, y un canal para que ese conocimiento llegue de verdad al territorio.

El ciclo continúa este otoño

Canarias es una parada más del Ciclo de Foros COOPUBLIC «Administraciones que cooperan, territorios que avanzan», que sigue este otoño con citas online en Catalunya (16 de septiembre), País Valencià (17 de septiembre), Euskadi-Nafarroa (23 de septiembre), Balears (24 de septiembre), además de un encuentro online conjunto el 9 de octubre y el Foro Estatal presencial en Madrid el 16 de octubre. Más información en reas.red/coopublic.

Si el tuyo es uno de los municipios que ya participa en el panel, tus respuestas están en los datos que se están construyendo. Y si aún no lo es, los próximos foros son la puerta de entrada para sumarse a este proceso de coproducir, entre administraciones, entidades de la ESS y sociedad civil, unas políticas públicas más sostenibles y más arraigadas en cada territorio.

El Estado español está trabajando en la transposición de la Directiva europea sobre el derecho a reparar, a través de la Ley de Consumo Sostenible, liderada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El borrador de la futura Ley incorpora algunas medidas para facilitar la reparación de productos, combatir la obsolescencia programada, mejorar la información que reciben las personas consumidoras e introducir incentivos para reparar en lugar de sustituir. Aunque el texto supone un avance y recoge algunas propuestas plenteadas por la sociedad civil, algunas cuestiones clave, como una definición más clara de los “precios razonables de reparación” o la aplicación de incentivos fiscales, entre otras, siguen sin tenerse en cuenta. Lo explica Claudia Bosch, coordinadora de la campaña Electrónica Justa en SETEM Catalunya.

La Directiva sobre normas comunes para fomentar la reparación de bienes (Directiva (UE) 2024/1799 —comúnmente conocida como la Directiva sobre el derecho a reparar—, aprobada en 2024, exige a los Estados miembros que tengan lista su transposición antes del 31 de julio de 2026.

En España, esta transposición la está liderando el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y se ha agrupado con la transposición de la Directiva sobre el empoderamiento de los consumidores para la transición ecológica (Directiva (UE) 2024/82). Esta combinación dará lugar a la futura Ley de Consumo Sostenible, que por ahora es un anteproyecto de ley, que no cumplirá el plazo de transposición del 31 de julio de 2026.

Diversas organizaciones locales, algunas de ellas miembros de la coalición Right to Repair Europe, han seguido muy de cerca esta transposición con el fin de abogar por la integración de mecanismos eficaces que promuevan el derecho a la reparación y que aprovechen al máximo las oportunidades que ofrece la Directiva para legislar a favor de un mejor acceso a los criterios de reparabilidad, las piezas de recambio, la información sobre reparaciones y los servicios de reparación, y hacer que reparar sea una opción más asequible.

Desde 2023 hemos mantenido una serie de reuniones con el Ministerio, hemos llevado a cabo una campaña con motivo del Día Internacional de la Reparación para impulsar estas reivindicaciones, hemos participado en la consulta pública sobre la ley que se abrió durante el verano de 2025, y celebramos una reunión final el pasado mes de febrero.

Aspectos positivos y negativos del último borrador de la Ley sobre el derecho a la reparación 

El Ministerio se ha mostrado en general receptivo a las demandas de la sociedad civil, aunque algunas se han encontrado con limitaciones impuestas por otros ministerios, y con el miedo de presentar un borrador demasiado ambicioso que corriera el riesgo no de no ser votado por las fuerzas más conservadoras del Congreso.

Hacemos aquí un resumen de lo más destacado:

Prácticas desleales y engañosas

Los aspectos a tener en cuenta para considerar una práctica desleal por engañosa abarcaran también a partir de ahora las características medioambientales de los bienes y servicios y en concreto su circularidad, durabilidad, reparabilidad y reciclabilidad. Además, añade nuevas prácticas expresamente prohibidas, asociadas a la obsolescencia programada temprana de los bienes, como por ejemplo:

• Ocultar a las personas consumidoras el hecho de que una actualización de software pueda afectar negativamente al funcionamiento de bienes con elementos digitales o el uso de contenidos o servicios digitales.
• Presentar como necesaria una actualización de software que solo mejore características de funcionalidad, pero no sea necesaria para garantizar la conformidad del producto.
• Realizar cualquier comunicación comercial en relación con un bien que contenga una característica introducida para limitar su durabilidad, a pesar de que el empresario disponga de información sobre la característica y sus efectos en la durabilidad del bien.
• Afirmar falsamente que, en condiciones normales de uso, un bien tiene una durabilidad determinada en términos de tiempo o intensidad de uso, o presentar un bien como no susceptible de reutilización o no apto para la segunda mano sin ser cierto.
• Presentar un bien como apto para la reparación cuando no lo sea.
• Inducir a las consumidoras a creer que sus bienes no pueden repararse debido a una reparación o inspección previas por parte de un reparador/a independiente o un/a usuario/a final, o a falsas afirmaciones de que dicha reparación o inspección genera riesgos relacionados con la seguridad.
• Inducir a la consumidora o usuaria a sustituir, rellenar o reponer los elementos fungibles de un bien antes de lo que resulte necesario por razones técnicas.
• Ocultar información sobre el deterioro de la funcionalidad de un bien cuando se utilicen elementos fungibles, piezas de recambio o accesorios no suministrados por el productor original, o afirmar falsamente que se producirá dicho deterioro.

Más información y más claridad para las usuarias y consumidoras

• Sobre la garantía: El borrador prevé clarificar la información sobre la garantía legal de conformidad y la garantía comercial de durabilidad para evitar confusiones entre los y las consimidoras y usuarias, mediante una etiqueta armonizada a nivel de la Unión Europea de la garantía comercial, y un aviso armonizado sobre la garantía legal de conformidad.
• Información requerida en servicios de comparación de bienes y servicios: Este tipo de servicios deberán facilitar información sobre el método de comparación, los bienes y servicios objeto de la comparación y los proveedores de dichos bienes y servicios, así como las medidas impuestas para mantener dicha información actualizada. Esto incluye también comparaciones sobre aspectos de circularidad, como la durabilidad, reparabilidad o reciclabilidad. Con esta medida se protege a la ciudadanía y se evita que estas comparaciones sean confusas o engañosas.

Formulario europeo de información sobre la reparación

Los y las reparadoras pueden, de forma voluntaria, utilizar el formulario europeo de información gratuito sobre la reparación. El formulario recogerá la siguiente información:

1. Las características principales del servicio de reparación.
2. La identidad del reparador o reparadora y los datos de contacto.
3. El precio de la reparación.
4. La modalidad de la prestación del servicio de reparación y el plazo para prestar el servicio.

Esto permitirá a las personas consumidoras valorar y comparar los diferentes servicios de reparación: la medida pretende mejorar la confianza en los servicios de reparación, aportando más información previamente a la reparación.

Reparar antes que sustituir

Los fabricantes tendrán la obligación de ofrecer una reparación a las personas consumidoras de los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar dentro de la garantía legal. Cuando la persona escoja la reparación, se ampliará la garantía doce meses, lo cual es una manera de incentivar la elección de esta opción en vez de la sustitución.

Además, la reparación será gratuita (incluyendo los gastos de envío, transporte, mano de obra o materiales) o ‘a un precio razonable’. No se ha conseguido que el borrador sea más explícito o defina mejor lo que se considera un precio razonable.

La reparación deberá llevarse a cabo en un “plazo razonable” a partir del momento “en que el empresario haya sido informado por el consumidor o usuario de la falta de conformidad.”, y realizarse “sin mayores inconvenientes para el consumidor o usuario, habida cuenta de la naturaleza de los bienes o de los contenidos o servicios digitales y de la finalidad que tuvieran para el consumidor o usuario.”

El fabricante podrá cumplir esta opción de reparar por sí mismo o a través de una empresa subcontratada, salvo que “la reparación fuera imposible”. Cuando el fabricante esté establecido fuera de la Unión Europea, se aplicará un esquema de ‘responsabilidad en cascada’, y será su representante autorizado en la Unión Europea quien cumplirá con esta obligación o, en caso de no existir esta figura, el importador, o en defecto de los anteriores, el distribuidor.

Los fabricantes no se podrán negar a reparar un producto alegando que otros reparadores o cualquier otra persona han efectuado una reparación previa.

El borrador explicita que queda prohibido incrementar los precios de los repuestos al aplicarlos en las reparaciones, y que la lista de precios de los repuestos deberá estar a disposición del público, así como la del resto de servicios aparejados, debiéndose diferenciar en la factura los diferentes conceptos.

Los fabricantes que comercialicen piezas de recambio y herramientas para los productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar ofrecerán dichas piezas de recambio y herramientas a un ‘precio razonable que no disuada de la reparación’. De nuevo, no se ha conseguido que el borrador incluya una definición más clara sobre qué se considera un ‘precio razonable’.

Además, se podrán proporcionar bienes reacondicionados como bienes de sustitución mientras dure la reparación de un producto, y también en caso de que la persona consumidora escoja la sustitución en vez de la reparación.

Bono a la reparación

El borrador incluye también una de las principales demandas de las entidades: un bono a la reparación, parecido al que ya está en funcionamiento en Francia. El coste económico de las reparaciones es una de las principales barreras a la reparación. Este bono permitirá incentivar la reparación, ya que reducirá la factura del servicio para la ciudadanía.

Serán los propios productores y, en su caso, los representantes autorizados, importadores o comercializadores, de forma individual o en asociación, a través de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor (RAP) quienes aporten esta financiación. Este bono solo se podrá utilizar para la reparación de aquellos productos cubiertos por la Directiva por el Derecho a Reparar.

Pese a la demanda de las entidades de cubrir el mismo porcentaje de la reparación independientemente de la antigüedad del producto, esta demanda no se ha incluido. Así pues, el borrador define el siguiente esquema de financiación:

a) Durante los dos años posteriores al vencimiento del plazo de garantía legal de conformidad o garantía comercial correspondiente, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 20%.

b) Durante el tercer año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 10%.

c) Durante el cuarto año, la contribución a la financiación de los costes de reparación será del 5%.

Para beneficiarse de esta reducción, las personas consumidoras deberán acudir a un servicio de reparación inscrito en la Plataforma europea en línea de reparaciones, que deberá garantizar que la reparación no se debe a un mal uso del producto. Los reparadores y reparadoras descontarán directamente este porcentaje del precio de la reparación en el formulario europeo de información sobre la reparación.

Posteriormente, el reparador o reparadora podrá solicitar el reintegro de este porcentaje a los productores – o en su defecto a los representantes autorizados, importadores o comercializadores – quienes deberán abonarlo en un plazo máximo de 30 días desde la solicitud.

Los productores publicarán anualmente los importes destinados a financiar las reparaciones, la lista de servicios de reparación a los que han transferido los importes y la cantidad de bienes reparados, así como el número de solicitudes rechazadas. Esto proporcionará datos relevantes para evaluar el impacto del bono, y también para supervisar en qué medida los productores rechazan hacer la cofinanciación y el porqué.

Las entidades hemos propuesto también una política fiscal favorable, como por ejemplo una reducción del IVA a los productos de segunda mano o reacondicionados, pero esta medida no ha quedado recogida por el borrador ya que no ha sido aceptada por otros ministerios.

Plataforma en línea sobre reparación

En España se ha optado por la creación de una sección nacional en la interfaz común de la plataforma europea en línea recogida en la Directiva pro el Derecho a Reparar. Esta sección no solo incluirá servicios de reparación, sino también tiendas de bienes reacondicionados, compradores de bienes defectuosos para su reacondicionamiento o iniciativas de reparación participativas como los “repair café”. La inclusión de esta variedad de actores en la plataforma también ha sido una de las demandas de la entidades que ha salido adelante, y que pensamos que favorecerá dar a conocer dichas iniciativas a la ciudadanía, y por ende su apoderamiento y conocimientos sobre reparación.

PRÓXIMOS PASOS

En estos momentos, este último borrador se encuentra en fase de tramitación en el marco del procedimiento TRIS (Sistema de Información sobre Reglamentación Técnica) de la Comisión Europea. Por lo tanto, aún existe una última oportunidad para participar en la consulta pública, que permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, y reforzar el apoyo a los puntos positivos de la ley, así como pedir la reformulación de aquellos puntos más débiles.

Posteriormente, el borrador se llevará al Congreso para su votación definitiva.

Los Mercados Circulares del Grupo de Entidades Solidança continúan consolidándose como una iniciativa de referencia para promover la reutilización textil y el consumo responsable. Durante el 2025 y el que llevamos de 2026, estos acontecimientos han seguido creciendo, llegando a nuevas ubicaciones e incorporando formatos especiales que han acercado la moda de segunda mano a miles de personas.

En total, este 2026 se han celebrado 33 ediciones donde se ha vendido más de 9.400 kg de ropa reutilizada, evitando la emisión de 23,5 toneladas de CO₂ a la atmósfera. Unas cifras que ponen de manifiesto el interés creciente de la ciudadanía por alternativas de consumo más sostenibles, accesibles y con impacto positivo.

Nuevos espacios y formatos para acercar la reutilización

Este año, los Mercados Circulares han continuado evolucionando con nuevas propuestas y ubicaciones. Una de las novedades más destacadas ha sido la llegada de los mercados en la ciudad de Mataró, ampliando su presencia y acercando la reutilización textil a nuevos públicos.

También se han impulsado ediciones especiales que han permitido explorar nuevos formatos y acercar la reutilización textil a diferentes públicos. Entre estas iniciativas destacan el Mercado de Abrigos Premium y Vintage celebrado en la tienda Circular Second Hand de la calle Talleres de Barcelona, una propuesta que ha puesto en valor piezas seleccionadas de gran calidad, y lo Showroom de Novias organizado al Encanto de Salt, donde las asistentes pudieron descubrir vestidos de novia de segunda mano y demostrar que también es posible apostar por la reutilización en momentos tan especiales como un casamiento.

Paralelamente, el Mercado Circular ha continuado celebrándose en el almacén de Solidança en Sant Just Desvern, al Encanto de Salt gestionada por ADAD L´Encant Girona y a la nave de Vallecas de Recumadrid, manteniéndose como un espacio de referencia para las personas que buscan ropa de segunda mano a precios asequibles y apuestan por un modelo de consumo más responsable.

Nuevas fechas de los Mercados Circulares

Después de la buena acogida de las primeras ediciones del año, el Grupo de Entidades Solidança ya ha anunciado el calendario de nuevas fechas para los próximos meses. Los mercados continuarán recorriendo diferentes municipios de Cataluña y Madrid con el objetivo de seguir acercando la moda de segunda mano, la reutilización y el consumo responsable a la ciudadanía. Podéis consultar todas las fechas y ubicaciones en las redes sociales de @solidança_circular, @robaamigagirona y @larecuperadoramadrid.

Más que mercados de segunda mano

Más allá de la venta de ropa y productos reutilizados, los Mercados Circulares son espacios que fomentan la reducción de residuos, la reutilización y un modelo de consumo más consciente. Cada pieza que se reutiliza evita la generación de nuevos residuos y contribuye a alargar la vida útil de los recursos.

Además, estas iniciativas forman parte del modelo social y ambiental del Grupo Solidança, que combina la reutilización con la generación de oportunidades laborales para personas en situación de vulnerabilidad social.

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La transición energética se ha instalado en el debate público no como una opción entre varias, sino como una obligación que ya no admite demora: la dependencia de los combustibles fósiles, agravada por los límites de acceso a esos recursos que ha dejado en evidencia la guerra de Irán, convive con un consenso cada vez más amplio sobre la necesidad de cambiar de modelo energético. Pero ese cambio no es un simple relevo de una fuente por otra. Sustituir un combustible versátil, acumulable y de alto rendimiento por recursos intermitentes, dependientes del territorio y necesitados de aceptación social, obliga a repensar no solo la tecnología, sino quién decide, quién produce y quién se beneficia de la energía. Las comunidades energéticas —ese conjunto de fórmulas jurídicas que permiten a la ciudadanía y a las administraciones producir, gestionar y compartir energía de forma colectiva— son, en ese sentido, tanto una respuesta técnica como una apuesta política.

A raíz de una sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada a la coproducción de políticas públicas para una transición energética justa, conviene detenerse en algunas de las ideas que se pusieron sobre la mesa, porque retratan bien un modelo que avanza, pero que sigue necesitando de un marco legal más definido y de una implicación institucional que todavía no es la norma. Alfonso García Márquez, socio trabajador de la cooperativa Goiener y expresidente de la Unión de Energías Renovables, condujo la formación con una tesis de fondo: el reto energético es demasiado grande para abordarlo en solitario, y las comunidades son, precisamente, la herramienta pensada para compartirlo.

Un marco legal que aún no termina de cerrarse

El paquete normativo que sostiene a las comunidades energéticas procede de dos directivas europeas —la de renovables y la del mercado de la electricidad—, trasladadas ambas a la ley española del sector eléctrico. Ambas definen a las comunidades como entidades jurídicas de participación abierta y voluntaria, controladas por personas físicas, pymes o administraciones locales, y orientadas a generar beneficios ambientales, económicos o sociales en su entorno antes que rentabilidad financiera. Sin embargo, como señaló García Márquez, «todavía no se ha terminado de trasponer el ordenamiento jurídico español» en cuanto a qué figura concreta debe adoptar una comunidad. En la práctica, admitió, «la definición de comunidad energética te corresponde como un guante con las características de una cooperativa», pero conviven en el Estado comunidades constituidas bajo formatos muy distintos, desde cooperativas hasta comunidades de montes con naturaleza de simple sociedad civil. Esa ambigüedad no es un obstáculo menor: mientras el decreto pendiente no llegue, cada territorio negocia sobre la marcha qué entidad jurídica encaja con sus objetivos.

El autoconsumo como puerta de entrada, no como sustituto

Antes de constituir una comunidad propiamente dicha, existe una herramienta más ágil y menos exigente: el autoconsumo compartido, que permite repartir la energía producida entre varios puntos de consumo mediante un simple acuerdo privado, sin necesidad de crear ninguna entidad jurídica. Un reciente Real Decreto, aprobado a raíz de la guerra de Irán, ha ampliado el radio permitido para acogerse a esta figura de los 2 km anteriores hasta los 5 km, para instalaciones fotovoltaicas y eólicas de menos de 5 MW. Esa ampliación, explicó García Márquez, permite a los ayuntamientos «aprovechar espacios infrautilizados» y sumar como beneficiarias a «viviendas sociales, comercios, centros educativos o deportivos» alejados de la instalación, optimizando así la inversión pública. El mismo decreto ha modificado la ley reguladora de las bases del régimen local para incorporar de forma explícita, entre las competencias propias de los municipios, la promoción y participación en comunidades ciudadanas de energía, lo que despeja buena parte de la inseguridad jurídica que hasta ahora rodeaba la cesión de cubiertas municipales. Con todo, García Márquez fue claro sobre los límites de esta vía: el autoconsumo reparte energía, pero no transforma gobernanza; su finalidad «es el reparto energético», mientras que la de una comunidad energética «es la transformación social y energética local».

El ayuntamiento como facilitador, no como propietario del proceso

Uno de los ejes que más recorrió la sesión fue el papel de la entidad local: ni ausente ni al mando, sino facilitadora. García Márquez insistió en que la voluntad política para impulsar una comunidad debe ser transversal —incluyendo también a la oposición—, porque el proyecto «no es cuestión de un periodo legislativo, sino que es algo que se va a quedar ahí». El ayuntamiento, señaló, puede aportar recursos para reuniones, habilitar una oficina de información energética, ceder cubiertas o destinar parte del presupuesto anual al desarrollo de la comunidad; pero puede hacerlo con distintos grados de compromiso, desde una cesión puntual hasta una aportación económica simbólica como socio más, o una implicación plena como socio promotor.

Ese equilibrio entre autonomía ciudadana y participación institucional generó parte del debate más productivo de la sesión. Un asistente que está impulsando una comunidad energética ciudadana sin participación municipal planteó una duda que probablemente comparten muchos proyectos en marcha: hasta qué punto conviene sumar al ayuntamiento cuando eso implica compartir también la gestión del dinero. García Márquez respondió sin rodeos: «vosotros como ciudadanos estáis convencidos de que queréis sacar adelante esta comunidad […] pues nosotros seguimos adelante», y recordó que la adhesión a una comunidad es siempre voluntaria, también para la administración, que «si ve que las cosas se hacen de una forma correcta […] permanecerá ahí, y si no, siempre puede decir: yo me voy». Salvador, de una asociación murciana, preguntó si una cooperativa de vivienda colaborativa podría adherirse a una comunidad energética ya existente o constituir la suya propia; la respuesta fue que ambas vías son posibles, y que lo decisivo no es la forma jurídica sino dotar al proyecto de «viabilidad técnica y económica» sostenida en el tiempo.

Lo que aún falta

De la sesión se desprenden también los límites del momento actual. Falta, en primer lugar, un decreto estatal que cierre definitivamente qué entidades jurídicas pueden constituirse como comunidad energética, lo que hoy obliga a cada territorio a moverse en una zona gris. Falta también una mayor disposición de los ayuntamientos a implicarse en fórmulas cooperativas: acostumbrados a relaciones institucionales que exigen compromisos económicos elevados, muchos siguen siendo reacios a participar en estructuras donde su voto vale lo mismo que el de cualquier otra persona socia. Y falta, sobre todo, resolver una tensión de fondo que el propio ponente señaló como advertencia: reducir la factura energética «muchas veces sirve de motivo para empujar a las personas» a construir una comunidad, «pero no debería ser el motivo principal que nos mueva». El motivo de fondo, insistió, debería ser otro: acercar las energías renovables al territorio, apropiarse de su producción y avanzar hacia una soberanía energética que, aun limitada por la existencia del mercado, sitúe las decisiones dentro de la comunidad y no en las grandes empresas.

El debate, en cualquier caso, apuntó en una dirección clara: cuantas más herramientas —autoconsumo compartido, cesión de cubiertas, participación societaria, apoyo técnico— sea capaz de combinar una entidad local con el tejido ciudadano organizado, más sólida y duradera resultará la transición energética justa que ambas partes dicen perseguir.

Ha sido un año largo, de esos que se cuentan en encuentros, boletines, campañas y muchas horas compartidas. Así que, como manda la tradición, durante estas semanas de agosto levantamos el pie del acelerador. No cerramos del todo, pero sí bajamos el ritmo para recuperar fuelle.

Seguiremos por aquí, atentas a lo importante, aunque puede que tardemos un poquito más de lo habitual en responder correos y mensajes. Si algo no es urgente, seguramente pueda esperar a la vuelta: nos lo agradeceréis vosotras y nos lo agradeceremos nosotras.

Aprovechamos también para hacer eso que casi nunca da tiempo durante el curso: pararnos a pensar. Ordenar ideas, mirar el año con perspectiva y preparar con calma lo que viene en economía solidaria, que promete. Porque a veces el mejor trabajo se hace justo cuando parece que no se está haciendo nada, a la sombra de un árbol y sin prisa.

Mientras tanto, os deseamos un buen verano, sea cual sea vuestra receta: un buen libro, un chapuzón, caminos nuevos por explorar, buena compañía o el placer sencillo de no hacer absolutamente nada. Que cada quien recargue como más le apetezca.

Nos reencontramos a finales de agosto, con las ganas renovadas y algún proyecto bajo el brazo. Cuidaos mucho y disfrutad. ¡Nos vemos a la vuelta!

Un informe de CC OO reveló que tan solo se habían solicitado 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley que incluye las bajas por reglas dolorosas. Álvaro Minguito.

Tres años después de la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva, apenas hay trabajadoras que soliciten el permiso por reglas incapacitantes. El miedo al despido y a la discriminación, el estigma que sigue envolviendo a las patologías menstruales o el retraso en los diagnósticos explican en buena parte este escenario regresivo.

Lidia tenía 17 años cuando pudo por primera vez poner nombre al cúmulo de dolores intensos e incapacitantes que sentía cada mes a la llegada de la menstruación. Los calambres interminables, cefaleas, contracciones en el abdomen, dolor en la zona lumbar o los desmayos eran consecuencia de una patología crónica que actualmente sufre entre el 10 y el 15 % de la población femenina en edad fértil: la endometriosis.

Días antes de acudir a su centro médico para hacerse las pruebas ginecológicas había tenido que quedarse en cama mientras sus compañeros de instituto salían de excursión. Aquel día se dio cuenta de que “algo no iba bien” en su cuerpo, que lo que a ella le ocurría no tenía nada que ver con las leves molestias que sus amigas narraban los días en que menstruaban. “Noté un dolor tan fuerte que incluso los ibuprofenos no me hacían efecto y de repente me puse a vomitar por la calle porque no aguantaba, ahí ya dije, hay que hacer algo”, recuerda en conversación con El Salto.

El diagnóstico que le dieron a esta mallorquina que hoy tiene 28 años en la Clínica Juaneda, de Palma, fue determinante porque le permitió descifrar qué era aquello que le impedía llevar una vida normal mes a mes, pero el ritmo acelerado de un sistema que rara vez permite detenerse ha condicionado cada paso de su vida desde entonces.

Hoy hace un año que trabaja en una empresa de turismo y, pese a que su enfermedad la incapacita parcialmente de forma regular, nunca se ha atrevido a solicitar la baja laboral por dolor menstrual, un derecho que figura en la legislación española desde hace tres años. Se refiere a la Ley Orgánica 1/2023 por la que se modifica la Ley 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, una reforma impulsada desde el Ministerio de Igualdad de entonces Irene Montero (Unidas Podemos).

Este avance legislativo histórico permitía por primera vez reconocer como situaciones especiales de incapacidad temporal por contingencias comunes “aquellas bajas laborales en caso de menstruación incapacitante secundaria, así como la situación posterior a la interrupción del embarazo, sea voluntaria o no, y el embarazo desde el día primero de la semana trigésima novena”. El requisito principal para obtener el permiso no era otro que contar con un diagnóstico médico que asocie la regla dolorosa a alguna enfermedad menstrual. Por primera vez la dismenorrea —menstruaciones dolorosas— en cualquiera de sus manifestaciones era considerada legalmente causa de baja laboral por incapacidad temporal (IT).

Para garantizar que la norma sería aplicada con efectividad y sin discriminación alguna, la ley no exigía períodos mínimos de cotización previa para ser beneficiaria. Se cubría con una prestación económica abonada por la Seguridad Social desde el primer día. Asimismo, cada proceso de baja se consideraría “nuevo sin computar a los efectos del período máximo de duración de la situación de su incapacidad temporal, y de su prórroga”.

“Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres”, cuenta Lidia

A pesar de ser conocedora de que podía disfrutar de este tipo de permiso, Lidia recuerda que, cuando entró a trabajar en la empresa, prefirió aguantar: “Sabía que iba a pasarlo fatal por el dolor, pero aún así preferí empastillarme y aguantar como sea antes que pedir la baja por miedo a la reacción de los jefes, que son todos hombres y están muy poco concienciados con estas cuestiones”.

Su caso no es anecdótico sino que representa una tendencia al alza entre las mujeres, las cuales sienten una gran reticencia a emplear estos permisos que les corresponden por derecho. Es lo que recoge un informe de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras, que pone de relieve que muchas mujeres rehúsan, por distintos motivos, acogerse a la baja cuando su cuerpo les implora parar una y otra vez. En total se pidieron tan solo 2.444 bajas durante los primeros 15 meses de aplicación de la ley, unas cifras “insignificantes” a ojos de este sindicato en comparación con los 8,8 millones de procesos de bajas por contingencia común que tuvieron lugar en todo el 2023.

Detrás de estos números tan modestos se esconden una multiplicidad de factores, desde el retraso en los diagnósticos —que puede demorarse entre seis y ocho años de media— hasta el profundo estigma que sigue rodeando a la menstruación en un sistema estructuralmente androcéntrico. Además, las reglas dolorosas no tienen siempre asociada una patología orgánica subyacente previamente diagnosticada, como ocurre con la adenomiosis o presencia de tejido endometriósico en el espesor del útero, difícil de identificar a través de pruebas.

Escasa sensibilización social

A todos los efectos, la ley daba respuesta a un reguero de demandas sociales que venía haciendo hace tiempo el movimiento feminista ya que, según el Ministerio de Igualdad, seis millones de trabajadoras están en edad de menstruar. De entre todas ellas, una investigación perteneciente la Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social revela que entre el 50 y el 90 % padece reglas dolorosas. Estas se deben no solo a patologías como la endometriosis —quizás la más conocida de entre este tipo de enfermedades— sino a otras como la adenomiosis (tejido endometrial en el espesor del útero), pólipos u ovarios poliquísticos o a distintas afecciones del sistema reproductivo.

La citada investigación pone de manifiesto, en este sentido, que todavía pervive entre las mujeres una concepción vergonzosa en relación a estados biológicos como la menstruación o la menopausia. Condiciones que a menudo “producen trastornos en la salud y que impiden trabajar con regularidad” mermando la calidad de vida de forma sustancial. Las mujeres se resisten a coger las bajas en muchos casos por temor a sufrir discriminación en el entorno laboral ya que presienten que la baja será interpretada como un indicio de “falta de ambición” en el desempeño profesional.

Sobreconsumo de analgésicos y normalización del dolor menstrual

Esta tabuización de las patologías de esta naturaleza en ciertos entornos ha traído consigo que, con el paso de los años, muchas mujeres opten por abusar de analgésicos para luchar contra el dolor y así poder trabajar con normalidad sin bajar el ritmo productivo. “Me chutaba Enantyum en exceso sin esperar el tiempo prescrito hasta la segunda dosis y todo por resistir trabajando, porque me daba mucho miedo lo que pudieran pensar los demás, que creyeran que estoy exagerando el dolor, incluso fingiendo”, relata Lidia.

Para la abogada laboralista Teresa Ramos, al estigma se suma que la regla “es considerada como algo que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”

Además, en los centros de salud acostumbran a prescribir a las pacientes con dismenorrea fármacos como la píldora anticonceptiva o distintos tipos de calmantes. Todo ello, indican las expertas, en detrimento de tratamientos más sostenidos como dietas antiinflamatorias, fisioterapia, meditación o determinados ejercicios pélvicos. Lo importante es seguir produciendo sin que nada altere la rutina.

Para Teresa Ramos, abogada laboralista y letrada de la cooperativa jurídica feminista Justicia Transformadora, aunque la medida ha incorporado nuevas prestaciones a la Seguridad Social perspectiva de género, “pronto se vio que iba a tener un alcance limitado”. “Al final, aparte del estigma, generalmente la regla es considerada como algo de mujeres que tenemos que aguantar, y ello se suma a la falta de información, de investigación médica y de diagnósticos”, refiere la letrada.

Muchas pacientes tienden a subestimar e incluso normalizar su dolor y, en última instancia, lo ocultan para evitar posibles despidos: “El acceder a las prestaciones de la Seguridad Social de incapacidad temporal puede implicar que si coges muchas bajas no le siente bien a la empresa, a tu jefe, y es probable en muchos de los casos que prescindan de ti, no por esa razón sino aprovechando otras causas”, infiere. Esta casuística se agudiza en el caso de los trabajos más precarizados y menos sindicalizados, también en aquellos con menos complementos o ayudas a la incapacidad, que ocupan principalmente las mujeres. Ahí, explica, los convenios colectivos tienen más grietas, algunos no tienen completado el 100% de la base reguladora, es decir, se cobra menos cuando se está en incapacidad temporal.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Isabel Márquez, de CC OO

En estos términos se expresa igualmente Isabel Márquez, responsable de la Secretaría de Mujeres y Políticas de Igualdad de FSS-CCOO, quien apunta que “a veces tu nómina es el único dinero que entra en casa, por lo que por ese miedo al despido al final tomamos más antiinflamatorios en aras de mantener la productividad”. Todo ello explica las escasísimas cifras de estas bajas, algo que rompe de lleno con el mito de la ultraderecha sobre el absentismo laboral “preocupante” en España.

“No queremos que se nos discrimine o que piensen que por ser mujer queremos aprovecharnos del sistema, esa es la realidad que venimos observando en estos últimos tres años, no la del absentismo”, destaca Márquez. Todo ello sumado a entornos laborales, muchas veces hipermasculinizados, donde no existe una cultura empresarial sensibilizada con este tipo de patologías.

Esta falta de conocimiento sobre la enfermedad salpica tanto a los directivos de las empresas como a los propios sindicatos. Así lo sostiene Andrés Fariña, abogado laboralista en CGT y miembro de la Asociación Libre de la Abogacía (ALA): “El sindicalismo sigue estando muy masculinizado y con una visión del trabajador del mono azul de la fábrica muy insertada todavía. En sindicatos como CGT nunca ha llegado una consulta con problemas sobre esa situación y este tipo de bajas generalmente no se piden, al contrario de las solicitadas por casos de fibromialgias o covid”, estima.

De hecho, una demanda bastante extendida entre las trabajadoras con reglas complicadas es que los espacios de trabajo dispongan de productos de higiene menstrual (compresas o tampones) en caso de reglas sobrevenidas en horario laboral. Pero también para las que padecen reglas hiperabundantes, cuya condición no está contemplada en ninguna legislación laboral. Iniciativas sociales como Menstrual Point llevan tiempo pugnando para que las empresas incorporen puntos con este tipo de materiales sanitarios en las oficinas de trabajo.

Investigación sobre salud menstrual: una asignatura pendiente

Para Lucía Arnaiz, esta lucha contra el dolor menstrual ha sido durante buena parte de su vida adulta el pan de cada día. En 2016 fue diagnosticada con endometriosis durante un chequeo médico rutinario cuando trabajaba en Madrid, a sus 20 años. Llevaba sufriendo de dismenorrea desde los 14. Las veces anteriores en que había acudido a urgencias con dolores insoportables y reglas de hasta diez días de sangrado, los médicos siempre habían banalizado su estado: “Me decían, estás muy delgada, necesitas un buen puchero, a todas las mujeres les duele la regla, no aguantas el dolor o me decían que era una forma de llamar la atención”, dice esta mujer que hoy tiene 30 años.

Nunca la habían derivado a consulta ginecológica pese a que llegaba a desmayarse por la intensidad del dolor, padeciendo además “hemorragias brutales”. Actualmente, tras varias intervenciones quirúrgicas y un par de terapias hormonales que no han logrado frenar su sufrimiento, esta trabajadora del sector musical cuenta con apoyo en su empresa para descansar los días de regla y por suerte puede teletrabajar, pero también es muy consciente de que esto no es lo habitual en otros centros de trabajo. Incluso tiene amigas a las que despidieron por ausentarse de la oficina antes de que entrara en vigor la reforma de la ley.

Lucía Arnaiz, fundadora de Endomequé: “Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”

“Es muy fácil sentir que como no vas a poder estar todos los días al 100% te van a disminuir las posibilidades de escalar profesionalmente”. Por eso fundó Endomequé, una asociación que persigue dar visibilidad a esta enfermedad que aqueja a más de 2 millones en España según la Asociación De Afectadas De Endometriosis Crónica (Adaec), así como recaudar fondos para su investigación. “Hay que recordar que todas estas enfermedades que afectan sólo o de manera muy mayoritaria a las mujeres han tenido mucho menor interés para unas ciencias de la salud ejercidas durante siglos por hombres, el mismo estudio del ciclo menstrual sigue siendo insuficiente”, concluyen desde Comisiones Obreras sobre el origen de esta brecha de género estructural.

Fuente: El Salto. Alejandra Mateo Fano.

MESCoop Servicios para el Mercado Social, y la cooperativa de telecomunicaciones Somos Conexión han firmado un convenio de colaboración para facilitar el acceso mutuo a sus servicios y reforzar las alianzas dentro de la Economía Social y Solidaria.

A partir de este acuerdo, las personas y entidades vinculadas a Mercado Social Aragón podrán contratar los servicios de telefonía e internet de Somos Conexión sin necesidad de realizar aportación al capital social de la cooperativa. Además, las nuevas contrataciones contarán con una tarifa de bienvenida que incluye el primer mes gratuito en cualquiera de los servicios (Solo móvil, Móvil + internet o Solo Internet). Escríbenos a info@mercadosocialaragon.net para indicarte el procedimiento. 

Por su parte, las personas socias de Somos Conexión podrán darse de alta sin ningún coste como socias de intercooperación del Mercado Social Aragón y acceder al carné digital que permite disfrutar de los descuentos y ventajas que ofrecen las entidades proveedoras de nuestra red. Este carné se obtendrá a través de la APP o la página web de MESCoop Aragón, cumplimentando el formulario de alta como socia, activando la opción «Quiero ser socia de intercooperación», seleccionando a Somos Conexión como entidad de intercooperación y enviando la solicitud

Este convenio es un nuevo ejemplo de cómo la intercooperación fortalece el ecosistema de la Economía Social y Solidaria: compartiendo recursos, ampliando servicios y generando beneficios para las personas que apuestan por alternativas de consumo responsables, democráticas y comprometidas con el bien común.

Si eres parte de Mercado Social Aragón y estás pensando en cambiar de compañía de telefonía o internet, o si ya formas parte de Somos Conexión y quieres descubrir las ventajas del Mercado Social, este acuerdo te lo pone mucho más fácil.

Fuente: Mercado Social Aragón

La última revisión del primer criterio del modelo de Ciudad por el Comercio Justo, correspondiente al trienio 2022-2024, permitió conocer cómo ha progresado el compromiso de las localidades con una contratación pública coherente con las políticas de cooperación internacional para el desarrollo y el Comercio Justo, es decir, con la compra pública ética.

La campaña, iniciada en 2006, ha movilizado a los agentes locales, como ONGD, asociaciones y tiendas de Comercio Justo, para reclamar, especialmente a ayuntamientos y universidades, que incorporen criterios éticos de Comercio Justo en sus compras y contratos. Básicamente, el objetivo ha sido siempre que el Comercio Justo estuviera presente en el día a día de la actividad y los servicios públicos, facilitando que la ciudadanía pudiera acceder a sus productos y que las propias instituciones fueran un ejemplo de consumo responsable. Cafeterías y cantinas municipales y universitarias, servicios de catering en eventos o máquinas expendedoras han sido algunos de los escenarios en los que se han materializado estas experiencias.

En función de su población, las Ciudades por el Comercio Justo deben acreditar un número mínimo de contratos o concesiones que hayan requerido la publicación de un pliego de licitación que contemple, al menos, un criterio de Comercio Justo durante el periodo de referencia. Cuanta más población tenga una localidad, mayor será el número de contrataciones públicas que deberá acreditar.

Desde la aprobación de la actual Ley de Contratos del Sector Público, en 2017, la compra pública ética no ha sido solo una posibilidad, sino también un mandato. Esta normativa tiene por objeto aplicar criterios sociales y ambientales en toda la contratación pública. En este contexto, las Ciudades por el Comercio Justo han contribuido a demostrar que era posible aplicar criterios éticos de Comercio Justo en los contratos de sus ayuntamientos, universidades y diputaciones provinciales. Pero ¿qué nos dice esta última revisión del programa? ¿Ha progresado la compra pública ética gracias a la ley y a la incidencia política realizada ante las entidades públicas locales?

A la luz de esta revisión, la respuesta es agridulce. Aunque la práctica totalidad de las ciudades adheridas a la campaña ha mantenido su compromiso con la compra pública ética, la mayoría ha aplicado criterios de Comercio Justo con poco impacto y, en ocasiones, con poca o nula eficacia. El aspecto positivo es que el Comercio Justo sigue estando presente en la contratación pública de los municipios. Esto no es baladí. El Comercio Justo ha permeado unas formas de entender la contratación pública que, en ocasiones, se han mostrado escépticas e inflexibles. No ha sido fácil que los criterios sociales y ambientales tengan cabida en estos procesos, tradicionalmente más centrados en las garantías jurídicas y legales que en aprovechar su impacto positivo sobre la sociedad. Ha sido una reivindicación de años que, finalmente, fue respaldada por la jurisprudencia y, posteriormente, incluida en la legislación.

En todo caso, la aplicación de los criterios ha sido irregular durante todo el recorrido de la campaña. Esta evaluación refleja una falta de impulso y liderazgo por parte de los ayuntamientos. Una gran parte de ellos ha acreditado únicamente haber valorado de forma positiva que las entidades licitadoras incluyeran productos de Comercio Justo en sus ofertas, con puntuaciones que no han superado los 6 puntos sobre 100. Esto resta eficacia a los criterios de Comercio Justo, ya que la entidad adjudicataria no tiene por qué ser necesariamente la que haya ofrecido o se haya comprometido a utilizar este tipo de productos.

Otra cláusula ética poco eficaz consiste en aplicar como criterio de desempate que la entidad adjudicataria esté acreditada como Organización de Comercio Justo. Es poco probable que se produzca un empate y aún menos que una de las organizaciones que haya presentado una oferta y se encuentre en esa situación sea una entidad de Comercio Justo. Como se ha mencionado, el impacto que pretende conseguir la campaña es promover el consumo responsable entre la ciudadanía y garantizar unas condiciones de vida y trabajo dignas para las comunidades productoras del Sur Global. Este objetivo solo puede alcanzarse mediante criterios que exijan el uso de productos de Comercio Justo en los contratos públicos, como café, azúcar, té o cacao, entre otros.

Algunas ciudades han justificado la adjudicación de contratos en los que el uso de productos de Comercio Justo era obligatorio, al aplicarlo como condición especial de ejecución. Con ello, los ayuntamientos, las universidades y otras entidades públicas no solo garantizan el impacto del criterio, sino también su eficacia. Entre las experiencias destacadas se encuentran:

• El uso obligatorio de café 100 % de Comercio Justo en las máquinas de vending de la Universidad de Córdoba.
• El uso de café de Comercio Justo en el servicio de comedores colectivos y cafeterías del Ayuntamiento de Zaragoza.
• La coordinación impulsada en Castellón de la Plana para aplicar criterios de Comercio Justo entre diferentes entidades públicas con actividad en el municipio, como el ayuntamiento, la diputación, la Universitat Jaume I y la Generalitat Valenciana.

En conclusión, es necesario seguir impulsando la compra pública ética, especialmente en un contexto internacional marcado por la degradación ambiental y el aumento de la desigualdad social.

El principal reto de la campaña debe ser conseguir que el Comercio Justo esté presente en todos los contratos públicos en los que sea posible incorporarlo.

Las cantinas, comedores y cafeterías ubicadas en centros públicos, municipales o universitarios deberían ofrecer productos de Comercio Justo como café, cacao instantáneo, chocolate, azúcar o té. Se debería garantizar que, al menos, uno de estos productos fuera de Comercio Justo. Siempre que sea posible, la oferta debería priorizar estos productos, en lugar de presentarlos únicamente como una alternativa o un complemento. Este reto también es aplicable a las máquinas expendedoras y a los servicios de suministro de alimentos, donde debería existir siempre una gama de productos de Comercio Justo.

Asimismo, como línea de innovación, se echa en falta una mayor apuesta por el textil de Comercio Justo. Parte de las prendas que componen los uniformes de trabajo del personal de distintos servicios municipales, como jardinería, transporte urbano o extinción de incendios, podrían incorporar productos de Comercio Justo. Por ejemplo, podrían adquirirse camisetas de algodón de Comercio Justo como parte de estos uniformes. No es difícil: solo hace falta voluntad política para apostar de forma decidida por el Comercio Justo.

Por último, también deberían mejorarse los sistemas de seguimiento de la ejecución de los criterios de Comercio Justo. Es necesario aplicar medidas y herramientas que permitan a los órganos responsables de la ejecución de los contratos controlar que estos criterios se cumplen realmente. Esto implica comprobar, por ejemplo, que el café que se dispensa es de Comercio Justo o que una camiseta de algodón suministrada como parte de un uniforme de trabajo cuenta con la correspondiente certificación de Comercio Justo.

Sin lugar a dudas, es el momento de apostar por una compra pública ética que contribuya a construir unas relaciones comerciales internacionales basadas en el respeto de los derechos humanos y laborales de las comunidades productoras y trabajadoras del Sur Global. La solidaridad global es el camino.

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, hizo el anuncio este miércoles en Madrid, durante el Consejo de Fomento para la Economía Social.

La ministra situó la decisión en un largo recorrido. Las cooperativas, las sociedades agrarias y las cofradías de pescadores fueron durante décadas pilares de la economía canaria y con el tiempo ese modelo se extendió a la educación, la industria, el transporte y los servicios. Ese recorrido se ha traducido, en los últimos años, en instrumentos propios como la Ley de Economía Social de Canarias y la Ley de Sociedades Cooperativas de Canarias, el Libro Blanco de la Economía Social y el Catálogo Canario de Entidades de Economía Social. Además, la Consejería de Turismo y Empleo acaba de aprobar la Estrategia Canaria de Economía Social 2026-2029.

La Capitalidad Española de la Economía Social se creó en 2021 para dar visibilidad a este ecosistema. Antes de Mataró ostentaron el título Murcia, Valencia, Donostia, Santiago de Compostela y Teruel; Toledo la inauguró en 2020, aunque entonces como capital europea. En 2027 será la primera vez que este reconocimiento recaerá en el sur geográfico del estado.

En Canarias, el ecosistema de la economía solidaria suma 3.516 entidades, entre cooperativas, sociedades laborales, empresas de inserción, centros especiales de empleo, sociedades agrarias, mutualidades, cofradías de pescadores y entidades del tercer sector social. En conjunto dan empleo a cerca de 17.000 personas en el Archipiélago, según datos del Gobierno autonómico.

Díaz vinculó la elección con los retos propios del territorio, y aseguró que la insularidad, la crisis climática y el acceso a la vivienda demandan «respuestas coordinadas, sostenibles y pegadas al territorio». La consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, fue más allá y consideró que la capitalidad es una oportunidad para que «la economía social gane el protagonismo que merece».

Durante 2027, la capitalidad incluirá congresos, debates, formación y actividades ciudadanas a lo largo de todo el año, según ha detallado el Gobierno de Canarias. Desde Red Anagos agradecemos este reconocimiento, que también es el de las entidades que día a día sostienen la economía social y solidaria en Canarias.

Fuente: Red Anagos, red de REAS redes de Economía Alternativa y Solidaria.

El grupo de acción local Bajo Aragón-Matarraña (Omezyma) reunió el pasado lunes en Fórnoles a 43 socios de las dos comarcas en su asamblea general ordinaria. En ella, la directiva dio cuenta de las actividades realizadas, se aprobaron los presupuestos y se ratificó una agenda de proyectos que consolida la diversificación de la entidad hacia nuevas fuentes de financiación y redes de cooperación supracomarcal más allá de los fondos Leader que gestiona.

En el pabellón se citaron representantes políticos del Bajo Aragón y el Matarraña, asociaciones empresariales, sindicatos y una amplia representación de asociaciones culturales, sociales y juveniles del territorio.

Más allá de aprobación de actas, explicación de actuaciones de años anteriores, aprobación de las cuentas anuales y una revisión detallada de la situación del programa Leader 2023-2027, la asamblea destacó por la ratificación de nuevos acuerdos adoptados por el órgano de gobierno de la entidad durante el último año que abren una nueva etapa.

Cooperación en red

El cambio de rumbo es la decidida apertura de Omezyma hacia nuevas fuentes de financiación y redes de cooperación más allá de los fondos Leader. La asamblea ratificó una batería de acuerdos en diferentes áreas que dibujan esta nueva dimensión del grupo.

Omezyma lidera, junto a otros cinco grupos de Teruel, Tarragona y Castellón, el proyecto Reviscolar Cultura Leader, una alianza de cooperación cultural entre comarcas limítrofes orientada a reforzar el tejido cultural rural y financiada por el Ministerio de Cultura. Este proyecto se amplía con una candidatura a una convocatoria de subvenciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. A estas fuentes públicas se suma la presentación del proyecto Reviscolar a la convocatoria Alianzas para una democracia cultural de la Fundación Daniel&Nina Carasso, ampliando así el alcance con financiación de fundaciones privadas de ámbito europeo.

Sobre nuevas fuentes de financiación privada, cabe destacar el convenio ya en marcha con Fundación La Caixa –el proyecto Acción Social en el Ámbito Rural, dotado con 129.990 euros– que pone a Omezyma en el papel de coordinadora de actuaciones de cuidados, cohesión social y emprendimiento en colaboración con las dos comarcas y el Ayuntamiento de Alcañiz.

En el ámbito del empleo y la economía social, la asamblea ratificó la solicitud de ayudas a la convocatoria 2026 del Programa Emple-ar y Jovem del Inaem, el apoyo a ESLabRural –Ecosistema de resiliencia rural para emprender, cooperar e innovar con la economía social en Aragón–, impulsado por la Asociación de Economía Social de Aragón CEPES Aragón, la Cooperativa Tararaina y la Red de Economía Alternativa y Solidaria REAS Aragón—. También ha respaldado la iniciativa de la Fundación Pastores Pastor compartido para el empleo rural, la igualdad y la continuidad de la ganadería ovina.

En cuanto al sector agroalimentario y la cohesión territorial, Omezyma presentó su candidatura al proyecto Terralimenta 2025, en el marco de la transición de los Grupos de Acción Local hacia Sistemas Agroalimentarios Territorializados (SAT). Cabe destacar también la adhesión a la red IAF Conecta Territorio en el marco del Plan de Conexión Territorial, con 37 entidades.

Donde querer es poder

La celebración de la asamblea en Fórnoles brindó la oportunidad de dar voz a emprendedores del municipio cuyas historias ejemplifican el potencial de los pueblos para acoger proyectos de vida y de negocio. Ana Omella compartió su trabajo centrado en el cuidado emocional a través de talleres de movimiento y corporalidad. Por su parte, la bodega Bayod Borrás contó cómo elabora espumosos de autor que ya han cruzado fronteras. Su vino espumoso con aromas de Trufa de la provincia ha sido reconocido con dos medallas de oro en la 33ª edición del Concurso Mundial de Bruselas. La asamblea concluyó con una degustación de los espumosos de Bayod Borrás y del vino tinto de la bodega Mussols, también ubicada en Fórnoles, poniendo el broche de sabor y territorio a una jornada marcada por la ilusión y el compromiso con el futuro del territorio.

Fuente: Diario de Teruel

Portada Informe de Impacto 2026 de Banca Etica ©Banca Etica

¿Qué hace un banco con el dinero que depositamos en él? La respuesta suele resumirse en balances, beneficios o indicadores de sostenibilidad. Sin embargo, el nuevo Informe de Impacto 2026 de Banca Etica plantea otra pregunta: ¿qué cambios sociales y ambientales generan los proyectos que se financian con ese dinero?

Más allá de medir su propia sostenibilidad (emisiones de oficinas, políticas internas, riesgos ESG), el informe pone el foco en el destino del crédito y en cómo este puede traducirse en empleo, inclusión social, transición ecológica o participación ciudadana. No se trata de una obligación legal, sino de un ejercicio voluntario de transparencia que, como señala el propio documento, pretende dar testimonio de «la atención constante que Banca Etica presta a las consecuencias no económicas de las acciones económicas».

Estas son cinco de las claves que ayudan a entender qué diferencia el modelo de banca ética que refleja este informe.

Los valores no están solo en el prólogo: forman parte de los Estatutos

Los valores que aparecen en sus primeras páginas no son una declaración institucional redactada para esta publicación. Forman parte del artículo 5 de los Estatutos de Banca Etica, donde se establece que «las finanzas con orientación ética son sensibles a las consecuencias no económicas de las acciones económicas», que «el crédito, en todas sus formas, es un derecho humano» y que el beneficio obtenido debe ser «consecuencia de actividades orientadas al bien común» y distribuirse equitativamente entre quienes participan en su generación.

No es un matiz menor. Cuando esos principios forman parte del marco estatutario de una entidad dejan de ser una declaración de intenciones para convertirse en el criterio que orienta su actividad. Igualmente, que el informe dedique un capítulo entero a explicar qué entiende la entidad por impacto y cómo espera generarlo, con su propia teoría del cambio, es la prueba de que el documento no está justificando una actividad financiera ordinaria a posteriori, sino describiendo el mecanismo que la hace posible.

El crédito como derecho, no como producto

El principio del «crédito como derecho humano» se traduce en decisiones concretas. Banca Etica financia a personas en riesgo de exclusión financiera entre ellas personas desempleadas,  personas inmigrantes procedentes de países del sur global, jóvenes o personas con menor nivel de estudios. En 2025, estas categorías representaron el 69,8 % de la clientela del banco y el 78,6 % de los nuevos préstamos a particulares tuvo un impacto positivo identificable. Asimismo, el 25,5% de las personas financiadas procedían de fuera de Italia o España, en línea con una de las afirmaciones que recoge el propio informe: «En Banca Etica nadie es extranjero».

Esta forma de entender el crédito también se refleja en los resultados. Durante 2025, la financiación concedida permitió crear 1.786 nuevos puestos de trabajo y preservar 2.103 empleos mediante procesos de Workers BuyOut, que facilitan que empresas en crisis pasen a ser gestionadas por sus propias personas trabajadoras en forma de cooperativa.

Lo que no se financia también define un modelo de banca

Otro valor que el informe hace visible es la coherencia entre lo que se dice y lo que se financia. El informe muestra cómo esa concepción del crédito se traduce en la política de financiación. Determinados sectores quedan excluidos de la actividad del banco (como la producción y comercialización de armas, la explotación del trabajo infantil, la ganadería intensiva o los juegos de azar), mientras que otros reciben un trato preferente, entre ellos la agricultura ecológica, las energías renovables, la cooperación internacional, el comercio justo o los sistemas de bienestar.

A veces se habla de «criterios de exclusión» en términos de gestión de riesgo reputacional; aquí son una consecuencia directa de sostener que «el beneficio obtenido por la posesión e intercambio de dinero debe ser consecuencia de actividades orientadas al bien común«, tal y como reza el artículo 5 de sus Estatutos.

La transparencia y la participación como valores operativos

Dos valores más atraviesan el documento: la transparencia máxima de todas las operaciones y el fomento de la participación en las decisiones. Ambos se materializan en la figura de las personas evaluadoras sociales: personas socias voluntarias del banco, con al menos un año de antigüedad, que se forman específicamente para verificar sobre el terreno la actividad de quien solicita un crédito. En 2025 hicieron posible que el 99,7 % de las financiaciones aprobadas a personas jurídicas se sometieran a una evaluación socioambiental. Un mecanismo que convierte la participación de la base social en un elemento integrado en la evaluación del impacto de los proyectos.

El dinero también puede medirse por el impacto que genera

Uno de los conceptos más sugerentes del informe es el denominado «dividendo socioambiental». Si las entidades financieras acostumbran a informar de la rentabilidad económica del capital invertido, Banca Etica propone medir también qué beneficios sociales y ambientales hace posible esa inversión. Así, calcula qué impacto pueden generar 1.000 euros invertidos en capital social: desde la recuperación de 669 toneladas de residuos, el cultivo de 25,6 hectáreas de agricultura ecológica, la atención a 19 personas en proyectos socioeducativos o la participación de 1.700 personas en actividades culturales.

A esa fotografía se suman otros resultados del ejercicio: los proyectos financiados permitieron atender a 179.000 personas mediante servicios sanitarios, sociales y socioeducativos, facilitaron la acogida de 8.011 personas migrantes y evitarán la emisión anual de alrededor de 22.000 toneladas de CO₂ gracias a iniciativas vinculadas a la transición ecológica. Estas cifras avalan las palabras iniciales de Aldo Soldi, presidente de Banca Etica: «el valor del dinero se mide por la calidad del mundo que ayuda a construir».

Una forma diferente de entender la actividad financiera

La mayoría de los informes de sostenibilidad convencionales explican cómo una entidad gestiona o reduce los impactos derivados de su actividad. El informe de impacto de Banca Etica documenta lo contrario: una actividad financiera diseñada, desde su definición estatutaria, para producir los efectos deseados. Esa inversión del punto de partida constituye la definición misma de las finanzas éticas que este informe demuestra con datos.

Más que responder únicamente a cuánto financia o cuánto crece una entidad, el documento invita a preguntarse qué hace posible ese dinero. Habla de empleo, de inclusión, de vivienda, de cultura, de transición ecológica y de comunidades fortalecidas. En ese recorrido del ahorro hacia la economía real reside una de las características que mejor ayudan a comprender el sentido de las finanzas éticas.

Un artículo de Sara García Martín para Valor Social

Enlace al Informe

Bienvenidos a la Iniciativa Ciudadana Europea sobre el Derecho a la Alimentación.

Las olas de calor extremo hacen que nos acordemos de la crisis climática, esa que sigue avanzando mientras miramos hacia otro lado. En Climática, el medio de comunicación cooperativo centrado, saben que hablar de ello es importante para mitigar sus impactos y adaptarnos a ellos. Por eso, desde REAS os animamos a apoyar a este medio independiente y libre de ecopostureo con una suscripción.

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La crisis climática es cosa de todas y todos.

Y el periodismo climático es vital para luchar contra el negacionismo.

La crisis de acceso a la vivienda —con precios de compra que han crecido cerca de un 13% solo en el último año y un parque de alquiler social prácticamente inexistente en el Estado español— ha puesto sobre la mesa un modelo que, sin ser nuevo, empieza a consolidarse como respuesta estructural: la vivienda cooperativa en cesión de uso. A diferencia de la cooperativa de vivienda convencional, aquí la propiedad del inmueble permanece siempre en manos de la cooperativa; quienes habitan la vivienda tienen un derecho de uso indefinido, pero nunca la propiedad individual. El resultado es un parque que no puede volver al mercado especulativo, porque nunca sale de la esfera colectiva.

A raíz de una reciente sesión formativa organizada por REAS Red de Redes en el marco del proyecto COOPUBLIC, dedicada precisamente a este modelo y a su relación con las administraciones públicas, conviene detenerse en algunas de las propuestas y de los debates que atravesaron el encuentro, porque dibujan bien el estado actual de un sector que crece, pero que sigue dependiendo, caso a caso, de la voluntad política de cada territorio. Hoy existen ya más de 60 proyectos en fase de convivencia en el conjunto del Estado y decenas más en distintas fases de desarrollo, un crecimiento que ha sido posible, sobre todo, allí donde se ha dado una condición concreta: la colaboración sostenida entre el tejido cooperativo y las administraciones públicas. No como excepción puntual, sino como política deliberada.

Un modelo, cuatro palancas de política pública

Desde la Red de Vivienda Cooperativa —la sectorial de vivienda de REAS Red de Redes— se ha sistematizado esta relación en un manual de acción para la colaboración público-cooperativa, disponible en abierto, que ordena la actuación pública en cuatro grandes ámbitos: la activación de la demanda y el impulso del mercado social; el acceso al suelo, tanto público como privado; el apoyo económico directo; y un conjunto de medidas complementarias —fiscales, urbanísticas, normativas— que a menudo resultan determinantes para que un proyecto sea o no viable.

Ninguna de estas palancas funciona de forma aislada, y así lo planteó durante la sesión Gloria Rubio Casas, de la Fundación La Dinamo y coordinadora del manual: para que el modelo arraigue de verdad en un territorio, decía, la administración tiene que entender que impulsarlo es tarea de la promoción económica, de la política de juventud o de la de igualdad, y no solo de la concejalía de vivienda. A esa transversalidad se suma una segunda condición, de carácter normativo: un marco legal que reconozca y blinde tres elementos que el sector considera irrenunciables —la propiedad colectiva indefinida, el derecho de uso intransmisible y un límite a la aportación de capital inicial, que se sitúa como máximo deseable en el 30%—, de modo que la asequibilidad no dependa de la buena voluntad de cada promotora, sino que quede garantizada por norma.

Del suelo a la financiación: lo que enseñan los proyectos ya construidos

Los ejemplos que se pusieron en común durante la formación —y que el sector viene señalando como referencia— comparten un mismo patrón: la alianza con lo público resuelve, casi siempre, alguno de los dos grandes cuellos de botella del modelo: el acceso al suelo y la financiación.

En Palamós (Girona), 34 viviendas de protección oficial se han levantado sobre suelo público cedido mediante adjudicación directa, una vía que la normativa urbanística y de vivienda catalana permite cuando el destino es social y la entidad receptora carece de ánimo de lucro. El proceso, iniciado en 2019 con un protocolo de intenciones entre ayuntamiento y cooperativa, se ha completado con subvenciones de la Generalitat —incluida una línea específica para cesión de uso— y un préstamo del ICO a 40 años, hasta dejar la aportación inicial media por unidad de convivencia en unos 14.700 euros, muy por debajo del precio de mercado de la zona. En Manresa, la fórmula ha sido distinta: la compra de un edificio privado —antes propiedad de una entidad financiera— mediante el derecho de tanteo y retracto que recoge la legislación catalana, con financiación al 100% del Institut Català de Finances a interés bonificado, ha permitido reducir la aportación inicial media a apenas 1.300 euros por vivienda. Yabel Pérez Moreno, responsable de crecimiento de Sostre Cívic y quien presentó ambos casos, insistió en que esa es precisamente la clave: por encima de cada proyecto concreto, lo que determina que la vivienda social sea realmente asequible son el acceso al suelo y la financiación, y solo cuando la administración se implica en los dos a la vez —con subvención directa y crédito público a largo plazo e interés bonificado— es posible trasladar ese esfuerzo a cuotas verdaderamente accesibles.

En Zaragoza, la cooperativa Acobijo ha resuelto el acceso al suelo mediante una permuta con la sociedad municipal Zaragoza Vivienda —cediendo un solar propio a cambio del derecho de superficie sobre uno colindante— y ha sido, junto a otra cooperativa aragonesa, la única beneficiaria de una línea autonómica de subvenciones diseñada específicamente para este tipo de proyectos. Anabel García Recio, socia de Acobijo, matizaba durante la sesión que la cooperativa no considera que el ayuntamiento les haya regalado nada —el solar que aportaron era más valioso que el que recibieron a cambio—, pero sí destacaba como un logro en sí mismo que una corporación municipal haya tenido la voluntad política de sumarse a un proyecto cooperativo, algo que a su juicio abre camino para las iniciativas que vengan detrás.

No todos los balances que se compartieron fueron tan favorables. En Rivas Vaciamadrid, el proyecto Cosmos —dirigido a personas mayores de 50 años— cuenta con cesión gratuita de suelo durante 75 años, pero no ha recibido ningún tipo de apoyo económico público, y el encarecimiento de materiales, unido a las exigencias medioambientales para acceder a crédito del ICO, está empujando la aportación inicial de los socios hasta el 50%. Coral Hernández, presidenta de la cooperativa, lo planteó sin rodeos: siendo un colectivo con una edad media superior a los 65 años, explicaba, no confían en poder reunir el 30% de aportación inicial que se maneja como referencia en el sector, y calculan que tendrán que acercarse al 50%; por eso, conseguir financiación en condiciones asequibles se ha convertido en su principal reto, más incluso que la propia construcción de las viviendas.

En Canarias, el impulso ha llegado por una vía singular: una línea de financiación de 3,5 millones de euros del Plan Canarias Te Cuida, gestionada desde Bienestar Social con fondos europeos, que ha permitido financiar desde estudios de viabilidad hasta la compra de suelo, condicionando parte de la ayuda a que los proyectos reserven unidades para personas en situación de vulnerabilidad económica.

Cooperativistas de Entre Alisios

Ventejui Hernández Costa, socio de la cooperativa Entre Alisios, recordaba que hasta 2022 el archipiélago ni siquiera contaba con una ley que reconociera la cesión de uso como figura cooperativa específica, y que fue la incidencia sostenida del propio sector la que logró incorporarla a la primera ley de economía social canaria; solo a partir de ese reconocimiento legal, señalaba, resultó posible negociar con la administración una línea de financiación pensada expresamente para las distintas fases de estos proyectos.

Y en Valencia, donde todavía no existe ningún proyecto en fase de convivencia, la experiencia de La Posta apunta a un tipo de colaboración más incipiente. Julia Pineda Soler, socia de la cooperativa impulsora, explicaba que en un contexto donde aún no están desplegadas las políticas específicas que sí existen en otros territorios, la vía que han encontrado para dialogar con el ayuntamiento ha sido presentar el proyecto como demostrador dentro de un laboratorio municipal de innovación urbana; a cambio negocian apoyo en los honorarios técnicos de las fases iniciales, una reducción de las exigencias de aparcamiento —dado el reducido tamaño de la parcela— y posibles bonificaciones fiscales, además de un informe sobre el potencial del modelo para regenerar el tejido urbano consolidado sin necesidad de crecer sobre suelo protegido.

Lo que aún falta

Del conjunto de experiencias compartidas se desprenden también los límites del momento actual: la ausencia de parque público suficiente obliga a mirar cada vez más hacia el suelo privado; la banca ética empieza a incorporarse como opción de cofinanciación, pero su bonificación por parte de las administraciones sigue siendo excepcional; y la exigencia de aparcamiento o los estándares energéticos, pensados para la promoción convencional, pueden encarecer hasta la inviabilidad proyectos que ya nacen con vocación de sostenibilidad y de reducir la dependencia del vehículo privado.

El debate que atravesó la sesión, en todo caso, apuntaba en una misma dirección: cuando la administración pública entiende la cesión de uso no como una anomalía a tolerar sino como una herramienta legítima de política de vivienda —con marco legal propio, líneas de subvención específicas y voluntad política sostenida en el tiempo—, los proyectos dejan de depender del voluntarismo de cada promotora y empiezan a convertirse en una alternativa real, replicable y arraigada en el territorio.

Nuestra marca colectiva de textil de segunda mano ha sido reconocida entre las diez iniciativas finalistas por su capacidad para generar impacto ambiental y social, consolidándose como una iniciativa de referencia en el impulso de una transición ecológica justa que pone a las personas en el centro.

La Recuperadora ha sido seleccionada como uno de los diez proyectos finalistas de la III Edición de los Premios Fundación Moeve de Transición Ecológica Justa ,un reconocimiento que pone en valor el trabajo desarrollado por nuestras entidades de la economía social para demostrar que la reutilización no solo reduce residuos, sino que también genera empleo inclusivo y fortalece los territorios.

Los Premios Fundación Moeve distinguen iniciativas innovadoras que impulsan una transición ecológica justa, combinando impacto ambiental, impacto social y capacidad transformadora. En esta tercera edición, la convocatoria recibió 340 candidaturas procedentes de España y Portugal, de las que solo diez proyectos fueron seleccionados para defender sus propuestas ante el jurado.

Una iniciativa que demuestra que la reutilización transforma

El pasado 15 de junio, La Recuperadora presentó su proyecto en la gala de selección celebrada en la Torre Moeve, donde las iniciativas finalistas expusieron su trabajo en un formato pitch ante un jurado formado por personas expertas en sostenibilidad, innovación e impacto social.

Ser finalistas supone un importante reconocimiento al modelo que impulsa La Recuperadora: una red que apuesta por alargar la vida útil de los productos, reducir la generación de residuos y crear oportunidades de empleo para personas en situación o riesgo de exclusión social a través de la preparación para la reutilización y la economía social. Este reconocimiento confirma el valor de un proyecto que entiende la economía circular como una herramienta de transformación social. Frente a un modelo de consumo lineal, La Recuperadora demuestra que es posible construir alternativas que cuidan los recursos, generan empleo de calidad y fortalecen las comunidades.

Un reconocimiento al trabajo colectivo

La presencia de La Recuperadora entre los proyectos finalistas es también un reconocimiento al esfuerzo conjunto de las entidades que forman parte de esta iniciativa y que, día a día, trabajan para hacer de la reutilización una actividad con impacto ambiental, económico y social. Desde AERESS celebramos este reconocimiento, que refuerza el papel de las entidades de la economía social y solidaria como agentes imprescindibles para avanzar hacia un modelo más sostenible, inclusivo y resiliente.

Seguimos impulsando una economía social y solidaria

Este reconocimiento nos anima a seguir fortaleciendo un modelo en el que la preparación para la reutilización, el consumo responsable y la inclusión sociolaboral avanzan de la mano. Porque una transición ecológica solo será verdaderamente transformadora si también es justa, genera oportunidades y pone a las personas y al planeta en el centro.

¿Quieres conocer más sobre La Recuperadora y su trabajo por una economía circular con impacto social? Descubre el proyecto y súmate al movimiento por la reutilización.

Fuente: AERESS

Los días 24 y 25 de junio celebramos el seminario «Política Laboral Feminista. No evitar el conflicto, hacerlo habitable» un encuentro que despertó expectación y concluyó con una gran respuesta por parte de las personas participantes: la primera sesión en formato online reunió a más de 100 personas, mientras que la jornada presencial del segundo día completó el aforo total de la sala de 40 personas, dejando incluso a varias personas en lista de espera.

Este espacio se enmarcó dentro del proyecto de Política Laboral Feminista que estamos desarrollando de manera conjunta entre SETEM Hego Haizea, Mugarik Gabe y REAS Euskadi. El objetivo principal de esta alianza es construir e impulsar herramientas teóricas y prácticas que permitan transformar las estructuras del entorno del trabajo, poniendo la sostenibilidad de la vida, los cuidados y la equidad de género en el centro de la gestión de las organizaciones, aprendiendo a habitar las tensiones colectivas en lugar de invisibilizarlas.

Las sesiones estuvieron dinamizadas por el Colectivo Cala, una organización extremeña con un largo recorrido en la educación popular, la formación crítica y la facilitación de procesos comunitarios. Su experiencia metodológica facilitó un clima de confianza para abrir un debate tan complejo como el de la gestión de conflictos, un reto para los colectivos y empresas de la Economía Social y Solidaria que buscamos transitar los problemas desde el cuidado mutuo.

El seminario se estructuró en tres bloques progresivos que permitieron pasar de la teoría a la práctica de forma fluida. El miércoles 24 de junio por la tarde, en formato online, nos dedicamos a construir un marco común y abordar los conflictos desde un enfoque feminista interseccional. El jueves 25 por la mañana, ya en Ekonopolo, nos sumergimos en la acción presentando experiencias, herramientas prácticas y metodologías concretas para hacer frente a estas realidades. Por la tarde, las tres entidades organizadoras mantuvimos un espacio de trabajo interno donde aterrizamos estas reflexiones directamente en el contexto de nuestras propias organizaciones.

Este encuentro representa un paso más dentro de un proceso de fondo que acumula ya más de dos años de recorrido colectivo. Durante este tiempo, hemos explorado a fondo qué significa aplicar una política laboral feminista, un esfuerzo que ya se materializó en una guía con 10 principios y 20 acuerdos, así como en la celebración de unas jornadas el año pasado. Con la vista puesta en el futuro, la intención del proyecto es continuar generando espacios de encuentro y materiales comunicativos y pedagógicos, que puedan acompañar a nuestras organizaciones en la construcción de organizaciones habitables.

Fuente: REAS Euskadi

La Unión Europea ha sido durante mucho tiempo una defensora del comercio sostenible. El Reglamento de la UE sobre la deforestación (EUDR) y el Reglamento de Agricultura Ecológica actualizado se encuentran entre los intentos más ambiciosos hasta la fecha para ecologizar las cadenas de suministro globales. Como movimiento de Comercio Justo, apoyamos sus objetivos. Los bosques deben protegerse y la agricultura ecológica debe cumplir con los más altos estándares para ser creíble. Estos son objetivos por los que los productores de Comercio Justo de toda América Latina han estado trabajando mucho antes de que Bruselas los convirtiera en ley.

Pero las buenas intenciones no se traducen automáticamente en buenos resultados. Un nuevo estudio publicado por la Red Latinoamericana y Caribeña de Pequeños Productores y Trabajadores de Comercio Justo (CLAC) , que abarca a productores de café y cacao de Comercio Justo en Guatemala, Perú, Ecuador y Brasil, presenta un panorama desalentador de lo que sucede cuando un cambio regulatorio significativo recae sobre los hombros de quienes están menos preparados para afrontarlo y menos consultados en su diseño. 

Los costes de cumplimiento se están trasladando a los sectores más exigentes.

El Reglamento UE sobre Productos Básicos (EUDR, por sus siglas en inglés) es una normativa de la UE y sus obligaciones legales recaen directamente sobre los operadores de la UE , incluidos los importadores, comerciantes y empresas que comercializan productos en el mercado europeo. Los agricultores y sus cooperativas en América Latina no están sujetos a la normativa. Sin embargo, en la práctica, gran parte del coste, la recopilación de datos, la documentación y el esfuerzo administrativo necesarios para el cumplimiento, incluidas las medidas de mitigación de riesgos que formalmente debían adoptar los operadores de la UE, se han trasladado a los propios productores a lo largo de la cadena de suministro .

Las cooperativas han movilizado equipos de campo para mapear con GPS cientos de parcelas de pequeños agricultores en zonas remotas. Han invertido en plataformas geoespaciales, contratado especialistas legales y técnicos que antes no necesitaban y redirigido fondos de la Prima de Comercio Justo , dinero destinado al desarrollo comunitario, hacia infraestructura de cumplimiento . Una cooperativa de cacao peruana estimó un gasto de entre 60.000 y 100.000 USD solo en la adaptación al Reglamento Europeo de Productos Básicos (EUDR). Las organizaciones cafetaleras peruanas informan que los nuevos sistemas de cumplimiento han duplicado sus costos administrativos. La Unión de Organizaciones de Productores de Cacao del Ecuador (UNOCACE) en Ecuador calculó costos iniciales de cumplimiento de alrededor de 5.000 USD por organización miembro, lo que representa decenas de miles de dólares en toda su red.

¿Y qué han aportado los compradores? Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los compradores no han ofrecido una cofinanciación significativa. Algunos han proporcionado asesoramiento técnico o han apoyado componentes aislados, pero la participación sistemática en los costes es la excepción, no la regla .

Así no es como debería funcionar una relación comercial justa . Si el cumplimiento de la legislación de la UE es necesario para acceder al mercado comunitario, y si los costes de dicho cumplimiento son reales y sustanciales, entonces los actores con mayor poder financiero en la cadena, incluidos los importadores y las marcas europeas, deben compartir la carga. Esperar que los pequeños agricultores del Sur Global subvencionen la agenda regulatoria de la UE no es ni justo ni coherente. 

La normativa ecológica está desmantelando las cooperativas.

Si bien los desafíos de implementación del Reglamento Europeo de Agricultura y Desarrollo Rural (EUDR) son significativos, el impacto del Reglamento Ecológico actualizado merece una atención aún mayor. Criterios como el límite de 2000 miembros por grupo de operadores ecológicos, junto con el requisito de que todos los miembros produzcan exclusivamente de forma ecológica, y los límites en el tamaño de la explotación (5 hectáreas de tierra ecológica) y las ventas anuales de productos ecológicos (25 000 €) por miembro, pueden reflejar la realidad de las pequeñas explotaciones ecológicas en Europa, pero no logran captar la realidad de las cooperativas en América Latina (y África y Asia).  

Las consecuencias son graves, ya que las cooperativas que han dedicado décadas a construir organizaciones inclusivas y con miembros de diferentes orígenes se ven ahora obligadas a dividirse, separando a los productores orgánicos de los convencionales, creando entidades jurídicas paralelas y, en muchos casos, excluyendo formalmente a los miembros que no pueden o no quieren pasarse a la producción orgánica. Esto atenta contra el modelo cooperativo en sí mismo.  

Lo que está en juego aquí va más allá de la certificación. El movimiento cooperativo se construyó sobre los principios de inclusión, solidaridad y empoderamiento colectivo. Cuando una normativa diseñada y aprobada en Bruselas obliga a una cooperativa guatemalteca o peruana a comunicar a algunos de sus miembros que «ya no forman parte de nuestro grupo certificado», no se trata solo de un inconveniente burocrático, sino de un golpe al tejido social que los movimientos de Comercio Justo y cooperativo han construido durante décadas. 

Más requisitos, sin recompensa del mercado. 

A pesar de los crecientes requisitos para acceder al mercado de la UE, los productores que los cumplen no han visto un aumento proporcional en sus ingresos. El simple hecho de poder seguir exportando al mercado de la UE no contribuye a mejorar las condiciones de vida de los agricultores fuera de la UE, ya que sus costes siguen aumentando, mientras que los precios que reciben no suben en la misma proporción.

CLAC documenta que la diferencia de precio entre el café y el cacao orgánicos certificados y los convencionales se ha reducido drásticamente, e incluso ha desaparecido por completo en algunos casos . Los productores de Guatemala informan que los precios del café orgánico son ahora casi idénticos a los del convencional. En Brasil, una organización descubrió que la certificación orgánica se había vuelto tan costosa, sin ningún comprador dispuesto a pagar un precio superior para justificarla, que simplemente comenzaron a vender su café como convencional.

Con los nuevos requisitos de la UE, la sostenibilidad económica de la producción ecológica se está volviendo insostenible para muchos pequeños productores. Mientras tanto, la demanda mundial de productos ecológicos sigue en aumento. Los consumidores quieren productos ecológicos. La política europea afirma que quiere más productos ecológicos. Sin embargo, el efecto combinado del aumento de los costes de cumplimiento y el estancamiento de las primas para los productos ecológicos está expulsando a los productores del sistema ecológico. Si esta tendencia continúa, paradójicamente, los consumidores europeos tendrán menos acceso a café y cacao ecológicos certificados (en el caso del estudio), porque los productores que los cultivaron ya no pueden permitirse la certificación. 

Debe existir coherencia entre las políticas de demanda y las de oferta para evitar que se socaven los altos estándares en los países productores.  

Un estudio de caso sobre la incoherencia política. 

La UE mantiene un compromiso de larga data con la coherencia de las políticas para el desarrollo (CPD), principio que establece que las políticas de la UE, más allá de la cooperación para el desarrollo, no deben menoscabar los objetivos de desarrollo en el Sur Global. El estudio de CLAC argumenta de manera convincente que tanto el Reglamento sobre el Desarrollo de la UE como el Reglamento Orgánico, en su aplicación actual, no cumplen con este compromiso. 

La situación es aún más crítica en el caso de la agricultura ecológica: la estrategia «De la granja a la mesa» de la UE (que tenía una dimensión externa) establecía objetivos ambiciosos para la expansión de la agricultura ecológica. Sin embargo, la actualización del Reglamento sobre agricultura ecológica dificulta que los pequeños productores ecológicos mantengan su certificación y viabilidad comercial, y está teniendo un impacto negativo en las cooperativas de la región.  

En el caso del Reglamento de la UE sobre productos agrícolas, la situación es más compleja, ya que su implementación se ha caracterizado por la confusión y una distribución injusta de los costes. Las cooperativas se enfrentan a una doble carga: los compradores solicitan datos en formatos incompatibles, lo que multiplica el trabajo administrativo; mientras que los criterios de cumplimiento legal chocan con la realidad de que la agricultura a pequeña escala en América Latina es mayoritariamente informal, donde las prácticas tradicionales no se han documentado formalmente.  
Estos son errores de implementación que pueden corregirse, pero solo si la UE está dispuesta a escuchar a los productores y a crear mecanismos de retroalimentación que permitan que el reglamento aprenda y se adapte. 

Las regulaciones con alcance extraterritorial requieren un diseño extraterritorial.

Tanto el Reglamento sobre Agricultura Ecológica de la UE como el Reglamento sobre Agricultura Ecológica tienen importantes repercusiones extraterritoriales, que afectan profundamente la vida de los agricultores que no tuvieron voz ni voto en la elaboración de las normas que ahora los rigen. Esto obliga a las instituciones de la UE a diseñar reglamentos mediante un diálogo genuino con las comunidades afectadas, y no simplemente a consultar a las organizaciones de productores a posteriori, una vez que el texto legislativo ya está aprobado .

El estudio CLAC formula una serie de recomendaciones concretas , varias de las cuales queremos desarrollar aquí con más detalle.

• En primer lugar, compradores e importadores deben compartir los costes de cumplimiento, no mediante gestos de buena voluntad, sino a través de compromisos comerciales vinculantes. Si el acceso al mercado de la UE requiere inversión, esta debe distribuirse equitativamente a lo largo de toda la cadena de valor. 
• En segundo lugar, es urgente revisar el límite de 2000 miembros establecido en el Reglamento de Agricultura Ecológica, junto con los umbrales de tierras y ventas, con la participación activa de las organizaciones de productores del Sur Global. El movimiento de Comercio Justo ha acogido con satisfacción la iniciativa de la Comisión Europea para modificar dicho límite y exhorta al Parlamento y al Consejo a mantener la propuesta de la Comisión y a adoptarla con prontitud.
• En tercer lugar, la UE debe invertir en apoyar a los países productores para que desarrollen sistemas nacionales de trazabilidad y verificación creíbles, reconocidos como prueba válida en virtud del Reglamento UE sobre Productos Básicos. Países como Costa Rica y Ecuador ya están construyendo este tipo de infraestructura. Reconocer y financiar estos sistemas reduciría drásticamente la carga para las cooperativas.
• En cuarto lugar, la UE debería establecer un mecanismo formal para supervisar el impacto en el desarrollo de las regulaciones con alcance extraterritorial, evaluando no solo si se alcanzan los objetivos en Europa, sino también si están generando daños no deseados en los países productores. 
• En quinto lugar, la UE debe abordar directamente el problema de la sobrevaloración de los productos ecológicos. Ya sea mediante políticas de contratación pública, campañas de concienciación para el consumidor, etiquetado obligatorio u otros instrumentos, existe la responsabilidad política de garantizar que el mercado recompense los mayores costes de la producción ecológica. Exigir a los agricultores que asuman esos costes sin obtener ninguna compensación de mercado no es una política sostenible. 

El estudio de CLAC constituye una valiosa y oportuna contribución a este debate. Las instituciones de la UE, los Estados miembros y la comunidad empresarial europea ya no pueden permanecer indiferentes. 

Este artículo se basa en las conclusiones del informe « Análisis del impacto comercial potencial del Reglamento de la Unión Europea sobre productos libres de deforestación (EUDR) y del Reglamento sobre producción ecológica y etiquetado de productos ecológicos (UE 2018/848) en los pequeños productores de café y cacao de comercio justo en América Latina », publicado por CLAC en abril de 2026. 

Por Virginia Enssle , Gerente de Relaciones Internacionales e Institucionales de la FTAO. Fuente: fairtrade-advocacy.org

En octubre del año 1932, más de 70 mujeres que cosechaban la aceituna en el municipio mallorquín de Calvià se amotinaron para hacer estallar una huelga campesina que marcaría un antes y un después en la biografía insular. Las jornaleras protagonizaron varios parones con el fin de exigir la igualdad salarial entre hombres y mujeres del campo, en un contexto de enorme precariedad en este sector. Tras una semana de huelga, consiguieron que los propietarios de las explotaciones donde trabajaban accediesen a aumentar su retribución. Algunas de estas trabajadoras fueron años más tarde represaliadas durante la Guerra Civil, cuando retomaron sus actos de protesta, esta vez para reivindicar jornadas de 8 horas.

“A menudo eran niñas que, de muy pequeñas, se desplazaban desde varios pueblos de Mallorca a pie hasta la Serra de Tramuntana, quedaban unas semanas para acabar la cosecha de la oliva y volvían a su casa también andando. Han sido responsables de preservar tanto las plantaciones de olivos como los bancales, manteniendo vivo el paisaje de la Serra”, explica el Consorcio de esta cordillera.

Hoy, su historia ha quedado recogida en la obra La vaga de les collidores d’oliva de Calvià el 1932 (Leonard Muntaner, 2018), de Manel Suárez, hijo, nieto y sobrino de ‘collidores’, que rescata y dignifica la memoria de estas mujeres naturales de Bunyola, Campanet, Fornalutx, Puigpunyent, Sóller y Valldemossa través de la compilación de relatos biográficos. Gracias a la ardua labor documental de Suárez hoy conocemos dos cosas vitales sobre el pasado: Por un lado, la profunda invisibilización histórica del rol de las mujeres en el campo balear, fruto del carácter profundamente patriarcal de este sector en las islas. Por otro, su rol indispensable a la hora de preservar determinadas especies vegetales en peligro, una tarea que continúa a día de hoy en el caso de los olivos y otras especies autóctonas amenazadas por la crisis climática.

No se dispone de datos sobre cuántas mujeres ocupaban el trabajo rural antiguamente en el archipiélago, antes del boom del turismo y la globalización, que girarían radicalmente el timón de la economía agraria. Lo que sí sabemos es que el campo era una de las actividades con mayores tasas de ocupación femenina, donde las condiciones laborales eran infinitamente más arduas para ellas que para sus compañeros, desde el cobro de jornales ínfimos hasta tener que compaginar jornadas maratonianas con el cuidado del hogar y de las criaturas. Quizás la mayor brecha de género —de antes y de ahora— se encuentra en la tenencia de la tierra: aunque ellas trabajaban desde niñas en los cultivos familiares o en fincas de terceros a cambio de una porción de lo cultivado, tan solo los varones adquirían la titularidad de las tierras.

“Aquí en las islas el turismo lo acapara todo. Pero además tenemos un problema de especulación de tierras, las están comprando suizos, alemanes, gente de mucho dinero y las agricultoras cada vez tenemos menos acceso”, traslada Joana Mascaró, de Fademur

Una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los años: según estadísticas del Govern de les Illes Balears (los datos más recientes disponibles son de 2021), que a su vez derivan del del FOGAIBA -el ente titular del registro de explotaciones agrarias en las Baleares- sólo un 33% de las personas titulares de explotaciones agrarias son mujeres. Del total de explotaciones agrarias de las Baleares, sólo 211 son de titularidad compartida entre un hombre y una mujer.

“A pesar de que siempre ha habido mujeres sembrando y recogiendo la cosecha, organizando cooperativas o manejando tractores, el peso de su tarea y de su presencia contrasta con las bajas pensiones, los escasos títulos de propiedad de las fincas o las listas de afiliación a la Seguridad Social”, refleja un informe de la Conselleria de Agricultura y Pesca sobre la masculinización del sector.

Otro antecedente histórico que atestigua esta realidad se halla en las llamadas ‘marjaleres’, procedentes del nordeste insular. Se ocupaban tanto de sembrar como de arar, recolectar o cuidar a los animales, lo que compaginaban con el trabajo de ama de casa. A ellas se les atribuye el cultivo ancestral de especies como el almendro, la higuera o el olivo, trabajos casi exclusivos de las mujeres en toda la isla antes de la mecanización de los trabajos del campo.

“No te dirán que son ellas son las que mandan porque el que firma los papeles es el hijo pero las que saben realmente hacer las cosas son ellas”, cuenta Lluís Alcover, payés y educador medioambiental

La transmisión generacional de todos los saberes y conocimientos del campo todavía bebe de principalmente de las mujeres: “No te dirán que son ellas son las que mandan porque el que firma los papeles es el hijo pero las que saben realmente hacer las cosas son ellas. Son las que nos lo han enseñado todo a los que ahora nos dedicamos al campo”, cuenta Lluís Alcover, payés y educador medioambiental.

La especulación agraria y la brecha de acceso de las mujeres a la tierra

La actual especulación sobre el suelo rústico, afirman varias trabajadoras entrevistadas para este reportaje, continúa impidiendo este acceso a la tierra por parte de quienes más la trabajan. Joana Mascaró, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales (Fademur) en las Islas Baleares y trabajadora veterana del campo, habla con El Salto sobre las múltiples barreras de acceso a la tierra que tienen actualmente las mujeres payesas.

“Aquí en las islas el turismo lo acapara todo. Pero además tenemos un problema de especulación de tierras, las están comprando suizos, alemanes, gente de mucho dinero y las agricultoras cada vez tenemos menos acceso”, traslada Mascaró, que añade que cada año las payesas se van quedando con menos parcelas para cultivar. Se refiere, entre otros actores, a los grandes lobbies de la alimentación y fondos de inversión, que van acumulando la mayor parte de la tierra comunal destinada a la producción agrícola para hacer negocios millonarios con ella.

Unas tierras que, además, cada vez son más víctimas de la desertificación y de la crisis hídrica. Mientras que cada vez llueve menos, Mallorca tiene sus reservas hídricas por debajo del 47% a fecha de junio de 2026, según el Pla Hidrològic de les Illes Balears. Muchos árboles han muerto en estos últimos años por esta falta de precipitaciones, otros han crecido sin fuerza por falta de nutrientes, lo que les hace vulnerables a muchas enfermedades que antes no había.

Un relevo generacional masculinizado a causa de la precaridad

Desde hace ya décadas se viene temiendo que, precisamente por la falta de apoyo frente a otros sectores como el turístico, el trabajo agrario se quede sin relevo generacional. Solo un 3,2% de los agricultores tiene menos de 35 años, una cifra inferior a la media estatal. Dentro de que, en efecto, este relevo se está dando de forma muy comedida, la ocupación está mucho más masculinizada que antes. Se está produciendo un retroceso agudo en este sentido. Mascaró alerta de que, al ser un sector que cada vez genera menos ingresos y más pérdidas por el impacto de la producción intensiva y la competencia con las grandes industrias internacionales, “en las parejas jóvenes las que abandonan las explotaciones y van a trabajar a otro sitio normalmente son las mujeres”.

Antiguamente en las explotaciones trabajaban parejas de hombres y mujeres desde bien jóvenes: “El nombre de la mujer no aparecía en ningún papel pero tenía un rol central en esas labores. Ahora las explotaciones y cooperativas se han convertido en unipersonales y suelen ser de hombres, de manera que incorporación de mujeres jóvenes hay muy poca porque se van a otros sectores para que al menos uno de los sueldos sea menos precario”, desliza con tristeza.

Además, la conciliación real para poder compaginar los cuidados con las labores propias del sector primario sigue siendo una utopía. La sobrecarga de la crianza continúa recayendo mayoritariamente en las manos de las mujeres, lo que las aleja paulatinamente del campo, “donde no hay ni vacaciones, ni horarios fijos ni bajas por maternidad”. La payesa mallorquina Aina Canyelles transmite su parecer sobre esta cuestión, ya que lleva dedicándose a la práctica de la agricultura y el pastoreo de oveja roja desde bien joven. Además, es técnica en recursos naturales y paisajísticos e ingeniera técnica agrícola. Hoy, su intensa labor de divulgación sobre el papel de las payesas mallorquinas la ha convertido en todo un referente de lucha en las islas.

El amor de Canyelles por el mundo rural y los ecosistemas agrarios la acompaña prácticamente desde su nacimiento. Sus padres abandonaron sus antiguos oficios -ella limpiaba casas y él trabajaba en la obra- para dedicarse a la agricultura en los años 70. Lo hicieron para poder pasar más tiempo juntos al lado de su familia, así que replantearon su modelo de vida. “Aunque al principio les costó mucho esfuerzo aprender porque partían de cero, les encantó la autosuficiencia que les proporcionaba ese mundo, el poder comer cosas buenas que ellos mismos producían y eso es lo que les hizo dar el salto”, cuenta a este medio. Primero trabajaron en una finca situada en la Sierra de Tramuntana, pero pronto hubieron de trasladarse a una explotación de Valldemossa para poder llevar a sus dos pequeños al colegio.

“Ellos cultivaban un huerto y tenían que entregar una parte de la producción al dueño de la finca. Normalmente se recogían almendras y algarrobas, aceitunas para hacer aceite, también hacían aceite. En otra finca había viña y también se hacía vino”, relata. Hoy ella ha recogido el testigo y gracias a su trabajo mantiene vivo el cultivo del olivo centenario, cuya recuperación favorece la biodiversidad de la Serra y la prevención de incendios.

“Llega un momento en que nos encontramos que no podemos permitirnos ni el lujo de ir a un congreso porque no tenemos nadie que pueda sustituirnos…”: Aina Canyelles, payesa mallorquina

No obstante, no son pocos los baches que ella y su marido, también trabajador rural, siguen encontrando por el camino debido a la falta de facilidades para la compaginar crianza y trabajo rural: “Llega un momento en que nos encontramos que no podemos permitirnos ni el lujo de ir a un congreso porque no tenemos nadie que pueda sustituirnos. Yo soy una privilegiada y me puedo organizar, pero tengo compañeras que no pueden ir casi ni a una cita médica porque no saben cómo gestionarlo. Para comenzar, a lo mejor tienen que ir a no sé cuántos kilómetros para ir al médico”, destaca.

En este sentido, asociaciones rurales como la Escuela de Pastores de Aragón han dado pasos positivos creando una bolsa de pastores de emergencia, pero no deja de ser un ejemplo anecdótico. En esta región se ha experimentado en los últimos años un crecimiento del 20% en la titularidad femenina y una reducción histórica de la brecha salarial en el campo, según el informe Ser mujer rural en Aragón 2010-2024. Pero en la mayoría de zonas rurales, las mujeres trabajadoras sufren a menudo de soledad no deseada: “En la Mallorca rural se están perdiendo médicos, carteros, se están quedando solas cuando necesitan ayuda puntual, cuando buscan un apoyo determinado administrativo las ignoran”, lamenta Canyelles.

Defender la tierra y combatir las lógicas de la acumulación del capital

La sensación general respecto al futuro de un sector sumamente estratégico para combatir los embates de la crisis climática es pesimista. En Baleares el 78% de la población vive en municipios mayores de 10.000 habitantes, el porcentaje de población rural es muy bajo respecto a otras comunidades (el 19% vive en municipios rurales entre los 2.000 y los 10.000 habitantes), según datos del Ministerio de Agricultura y Pesca. La solución, aclaran las expertas, pasa por contar con una legislación que dignifique las condiciones laborales de estas trabajadoras. Por eso, las redes y colectivos de mujeres trabajadoras del campo demandan con urgencia que se primen los servicios ambientales ligados a la adaptación y mitigación al cambio climático, que se investigue sobre los grupos sociales más vulnerables al cambio climático a fin de establecer las ayudas públicas necesarias.

También cuestiones como potenciar el consumo local de distancias cortas y las producciones de bajas emisiones a la atmósfera. Pero sobre todo, con una mirada al futuro, que se facilite el acceso a la tierra primando el acceso a las personas más jóvenes y a las mujeres rurales a los aprovechamientos de los terrenos públicos de montes, pastos y tierras.

“Producir aquí es mucho más caro que producir en la península y encima tenemos los salarios agrarios más bajos de España”, por tanto “dependemos de subvenciones ya que los costes de producción son más altos que el precio que nos pagan por los productos”: Joana Mascaró (Fademur)

Defender la ruralidad en las islas va más allá, reivindican, de las cuestiones laborales: implica pugnar por un consumo local y de cercanía, respetuoso con los ecosistemas y que vaya en línea con los modelos decrecentistas no acumulativos. Un esquema de producción basado en la conexión con el propio territorio y con la vida silvestre que huya de las dinámicas de extracción feroz propias del sistema capitalista. Hoy, el cultivo tradicional que legaron las payesas ha sido sustituido paulatinamente por la agricultura intensiva de grandes dimensiones y escasamente regulada.

“El uso excesivo de productos agroquímicos, como fertilizantes, pesticidas, o fitosanitarios, tienen nefastas consecuencias sobre el equilibrio y el mantenimiento del suelo, del agua, del clima, de los pastos, de la biodiversidad y la salud humana”, protestan desde la campaña “Pastoreando Cordura”. Para garantizar la soberanía alimentaria que la masificación turística y la globalización amenazan, resulta imprescindible el reconocimiento de la insularidad.

En este sentido, Mascaró alega que “producir aquí es mucho más caro que producir en la península y encima tenemos los salarios agrarios más bajos de España”, por tanto “dependemos de subvenciones ya que los costes de producción son más altos que el precio que nos pagan por los productos”. Ese reconocimiento, acompañado de ayudas para favorecer la producción local facilitaría el trabajo del campo y reduciría la desventaja respecto a las grandes industrias agroalimentarias extranjeras.

Un artículo de Alejandra Mateo Fano para El Salto

La aprobación del Compromiso Iberoamericano por la Economía Social y Solidaria 2026-2030, en el marco de la VI Conferencia Iberoamericana Ministerial de Trabajo celebrada en Avilés, constituye un paso político de enorme relevancia para el reconocimiento internacional de la Economía Social y Solidaria (ESS). Por primera vez, los 22 países iberoamericanos acuerdan una hoja de ruta común que reconoce la ESS como un actor estratégico para afrontar algunos de los principales desafíos de nuestro tiempo: la desigualdad, la precarización del trabajo, la transición ecológica, la cohesión territorial o el fortalecimiento de las democracias.

Desde REAS Red de Redes damos la bienvenida a este acuerdo. Valoramos especialmente que sitúe el trabajo decente, la participación democrática, la igualdad, la juventud, la inclusión y la sostenibilidad en el centro de las políticas públicas y que apueste por fortalecer la cooperación entre los países iberoamericanos y el papel de la Red Iberoamericana de Fomento de la Economía Social y Solidaria (RIFESS).

Al mismo tiempo, entendemos que este compromiso solo adquirirá verdadero sentido si se traduce en transformaciones reales. La ESS no necesita únicamente más reconocimiento institucional; necesita marcos normativos coherentes, financiación estable, contratación pública responsable, políticas fiscales que favorezcan las iniciativas de interés colectivo y espacios permanentes de participación donde las propias redes de economía solidaria puedan contribuir al diseño, seguimiento y evaluación de las políticas públicas.

En un contexto marcado por el aumento de las desigualdades, el debilitamiento democrático y la crisis ecológica, la Economía Social y Solidaria no puede concebirse únicamente como un sector económico más. Representa una manera distinta de organizar la economía desde la cooperación, la redistribución, la democracia y el cuidado de la vida. Ese horizonte transformador debe seguir siendo el eje de cualquier estrategia pública.

Los cuidados como infraestructura para la sostenibilidad de la vida

Celebramos igualmente que la Declaración de Avilés sitúe los cuidados entre las prioridades compartidas de la región. Durante demasiado tiempo, los cuidados han permanecido invisibilizados y sostenidos de manera desigual por las mujeres y las comunidades. Reconocerlos como un derecho y como una responsabilidad colectiva supone un cambio de paradigma imprescindible.

Desde REAS llevamos años impulsando este debate a través de nuestras prácticas cotidianas, de las auditorías y balances sociales, de la construcción de organizaciones más habitables y de proyectos europeos como YouthCare, que promueve la incorporación de la ética de los cuidados en la participación juvenil y en la construcción de economías más justas y democráticas.

Porque hablar de cuidados no significa únicamente mejorar un sector económico. Significa reorganizar nuestras prioridades económicas para colocar la sostenibilidad de la vida en el centro.

Trabajo digno también en la economía digital

Otro de los elementos más relevantes de la Declaración de Avilés es la incorporación de compromisos sobre la regulación de la inteligencia artificial, la gestión algorítmica y las nuevas formas de empleo digital.

La transformación tecnológica no es neutra. Puede contribuir a democratizar la economía o, por el contrario, profundizar las desigualdades, concentrar poder y precarizar el trabajo. Por eso resulta especialmente significativo que los gobiernos iberoamericanos reconozcan la necesidad de desarrollar marcos regulatorios que garanticen los derechos laborales frente al uso de algoritmos y de la inteligencia artificial.

Desde REAS defendemos que las tecnologías emergentes deben desarrollarse desde criterios de transparencia, gobernanza democrática, soberanía tecnológica, protección de derechos y utilidad social. La innovación solo será verdaderamente transformadora si fortalece el bien común y amplía las capacidades de las personas y las comunidades, en lugar de subordinarlas a intereses exclusivamente mercantiles.

Un camino que REAS lleva años construyendo

Este reconocimiento internacional conecta con un trabajo que las redes de Economía Solidaria vienen impulsando desde hace décadas, tanto en el Estado español como en Europa y América Latina.

REAS participa activamente en espacios internacionales como RIPESS Europe y RIPESS Intercontinental, fortaleciendo alianzas con redes, movimientos sociales e instituciones para impulsar políticas públicas favorables a la ESS y los cuidados, compartir aprendizajes y contribuir a la construcción de una agenda internacional basada en la justicia social, la transición ecosocial y la democracia económica.

La creciente presencia de la Economía Social y Solidaria en Naciones Unidas, la Organización Internacional del Trabajo, la Unión Europea y ahora en el ámbito iberoamericano demuestra que existe una oportunidad histórica para consolidar otro modelo económico.

Pero esa oportunidad solo será real si los compromisos internacionales se traducen en recursos, legislación, participación efectiva y apoyo decidido a las miles de iniciativas que ya están demostrando, cada día, que otra economía no solo es posible, sino que ya existe.

Desde REAS Red de Redes seguiremos trabajando para que este Compromiso sea un punto de partida y no un punto de llegada. Porque transformar la economía significa, sobre todo, fortalecer las comunidades, garantizar vidas dignas y construir democracias más sólidas desde la cooperación y la solidaridad.

Georgia Karavangeli, Consejera de Relaciones Internacionales de REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

La reciente defensa de la Economía Social y Solidaria (ESS) en el Parlamento Europeo constituye una buena noticia para quienes llevamos décadas demostrando que otra forma de hacer economía no solo es posible, sino necesaria. En un momento de profundas transformaciones sociales, ecológicas y geopolíticas, que la ESS siga ganando reconocimiento en las instituciones europeas supone un paso importante.

Sin embargo, el verdadero reto no es únicamente que la ESS esté presente en la agenda política europea, sino que ese reconocimiento se traduzca en decisiones concretas. En un momento en el que la Unión Europea debate las prioridades del próximo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, resulta fundamental que la ESS no quede limitada a las políticas de competitividad o emprendimiento, sino que contribuya de forma transversal a construir una Europa más democrática, cohesionada y sostenible.

Desde REAS Red de Redes defendemos una Economía Social y Solidaria que vaya más allá de su reconocimiento como sector económico o modelo empresarial. Entendemos la ESS como una propuesta de democracia económica, capaz de fortalecer los territorios, ampliar la participación ciudadana y ofrecer respuestas concretas a desafíos tan complejos como el acceso a la vivienda, la organización social de los cuidados, la transición ecológica, la soberanía alimentaria, el trabajo digno o el uso ético de las tecnologías emergentes.

Creemos que avanzar en esa dirección requiere políticas públicas ambiciosas que refuercen el cooperativismo, las finanzas éticas, la contratación pública responsable, las comunidades energéticas, el comercio justo o la economía feminista, pero también una mirada que sitúe la cooperación, la solidaridad y la justicia social como elementos centrales del proyecto europeo. Eso implica garantizar recursos suficientes para ámbitos como los cuidados, el derecho a la vivienda, la justicia ecosocial, la cooperación internacional y la construcción de una verdadera economía de paz y de derechos humanos.

Ese horizonte conecta plenamente con la Declaración del Foro Global de la Economía Social (GSEF) de Burdeos, aprobada por gobiernos locales, redes internacionales y organizaciones de todo el mundo. El texto reconoce a la Economía Social y Solidaria como una economía de paz, una herramienta para fortalecer la cohesión social, prevenir conflictos, impulsar una transición ecológica justa y reconstruir la democracia desde los territorios.

En esa misma dirección avanza la nueva Estrategia 2026-2030 de RIPESS Europe, que propone reforzar la Economía Social y Solidaria como un movimiento capaz de impulsar la ciudadanía económica, fortalecer la democracia participativa y tejer alianzas con el feminismo, la justicia climática, el derecho a la vivienda, la defensa de los bienes comunes, la paz y los movimientos por la justicia social. Una estrategia que apuesta por una ESS con mayor capacidad de incidencia política y más conectada con los grandes debates que marcarán el futuro de Europa.

Desde REAS estamos contribuyendo activamente a este proceso a través del Policy Advocacy Circle de RIPESS Europe, un espacio desde el que impulsamos propuestas de incidencia política para fortalecer el reconocimiento de la Economía Social y Solidaria en las instituciones europeas y avanzar hacia políticas públicas coherentes con sus valores y principios.

La defensa de la ESS en el Parlamento Europeo representa, sin duda, una oportunidad. Pero esa oportunidad solo será real si el próximo presupuesto europeo convierte este reconocimiento político en una apuesta estratégica, dotando de recursos suficientes a aquellas políticas que fortalecen la democracia económica, la cohesión social y territorial, la cooperación internacional, los cuidados, la vivienda, la transición ecosocial y la paz.

Porque la Economía Social y Solidaria no necesita únicamente más visibilidad. Necesita ocupar el lugar que le corresponde en la construcción de una Europa que sitúe la dignidad de las personas, los derechos humanos y el bien común en el centro de su proyecto político.

Georgia Karavangeli, Consejera de Relaciones Internacionales de REAS Red de Redes de Economía Alternativa y Solidaria.

Hay propuestas que poseen una enorme fuerza antes incluso de haber sido desarrolladas, no porque hayan demostrado todavía su capacidad real para transformar la realidad sino porque logran conectar con aspiraciones profundamente arraigadas en el imaginario colectivo y porque, en un momento histórico de descomposición de los sistemas públicos y de mercantilización creciente de todas las esferas de la vida, ofrecen una promesa de retorno a algo que suena familiar, protector y casi evidente.

La Seguridad Social Alimentaria pertenece a esa categoría de ideas que no necesitan demasiada presentación para ser comprendidas emocionalmente, porque su sola formulación parece reunir dos de las preocupaciones más importantes de nuestro tiempo, la crisis estructural del sistema alimentario y la necesidad de reconstruir mecanismos de protección colectiva capaces de garantizar derechos básicos frente a las lógicas del mercado.

Una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos

Resulta difícil no sentirse interpelado por una propuesta que plantea que toda la población disponga de una cantidad mensual, 150 euros, destinada a la compra de alimentos, saludables, producidos bajo criterios sociales y ambientales previamente definidos, en un contexto marcado por el aumento de la inseguridad alimentaria, el encarecimiento de la vida, la precarización del acceso a alimentos frescos y la evidencia cada vez más difícil de ignorar de que el actual modelo agroalimentario no solo no resuelve estas tensiones, sino que en gran medida las produce y las reproduce. Hay aquí una intuición política de fondo que es difícil de cuestionar, la alimentación no puede seguir siendo un bien cualquiera sometido a la lógica pura del mercado, porque hablamos de una necesidad vital, cotidiana, estructural, que condiciona la salud, la dignidad y la propia posibilidad de vida de las personas.

Sin embargo, precisamente porque la propuesta posee esa capacidad de seducción, merece ser analizada con un grado de atención proporcional a su ambición, porque no todas las respuestas que se presentan como transformadoras lo son en la práctica, y no todas las herramientas que apelan al imaginario de lo público reproducen necesariamente la lógica de lo público. Y es aquí donde empiezan a surgir las primeras fisuras, no tanto en los objetivos declarados, que en buena medida son compartibles por amplios sectores del campo social y político, sino en el tipo de arquitectura institucional, económica y política que se está proponiendo para alcanzarlos, que acaban siendo ineficaces y regresivos.

La fuerza de la propuesta comienza por su propio nombre, porque cuando escuchamos “Seguridad Social Alimentaria” se activa de inmediato una memoria colectiva asociada a uno de los grandes logros históricos de las sociedades europeas contemporáneas, un sistema de protección social basado en la idea de que existen riesgos vitales que no deben ser gestionados individualmente sino de forma colectiva, mediante instituciones públicas, universales y redistributivas. Pensamos en la sanidad pública, en las pensiones, en las prestaciones por desempleo, en las bajas laborales, en la idea de que el Estado social no es un simple gestor de ayudas, sino una arquitectura política que sustrae determinadas esferas de la vida de la lógica mercantil y las convierte en derechos garantizados.

La potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional

La alimentación parece encajar perfectamente en esa categoría, al fin y al cabo, pocas necesidades son más básicas que la de alimentarse de forma suficiente y adecuada, y si aceptamos que la salud es un derecho y que la educación es un derecho, la pregunta por qué no habría de serlo también la alimentación parece razonable, incluso inevitable. Pero es precisamente en ese punto donde la potencia política del concepto empieza a funcionar también como un mecanismo de confusión, porque el nombre no es neutro, y evoca una forma institucional que no se corresponde necesariamente con el contenido real de la propuesta.

Cuando se analiza con detenimiento el funcionamiento concreto de la llamada Seguridad Social Alimentaria, lo que aparece no es una extensión del Estado social en el ámbito alimentario ni la creación de un servicio público de provisión o garantía directa del derecho a la alimentación, sino un dispositivo de transferencia monetaria individualizada en forma de tarjeta, una vale de comida en resumen, recargada periódicamente con una cantidad fija destinada a la compra de determinados productos en determinados establecimientos previamente acreditados por estructuras de gobernanza de carácter ciudadano. La diferencia puede parecer técnica, pero en realidad es profundamente política, porque no estamos ante un sistema que sustituye la mediación del mercado en la garantía de derechos, sino ante un sistema que opera a través del mercado, intentando reorganizar la capacidad de consumo sin alterar de forma sustancial las relaciones de producción, distribución y control que estructuran ese mismo mercado.

La Seguridad Social, tal y como se ha construido históricamente en los países europeos, no consiste en transferir dinero para que los individuos resuelvan en el mercado necesidades que se consideran derechos, sino precisamente en lo contrario, en construir instituciones colectivas capaces de garantizar esos derechos mediante la desmercantilización parcial de determinadas esferas de la vida. Cuando una persona acude a un hospital público no recibe un cheque para comprar una intervención médica, cuando una persona se jubila no recibe un bono para adquirir una pensión en el mercado asegurador, cuando una trabajadora enferma no recibe una tarjeta para gestionar su protección sanitaria, sino que accede a un sistema público que reconoce la salud, la vejez o la incapacidad como derechos gestionados colectivamente.

La lógica que subyace a este modelo es la socialización del riesgo y la construcción de infraestructuras públicas capaces de garantizar derechos sin intermediación del mercado, mientras que la lógica de la Seguridad Social Alimentaria, en sus formulaciones actuales, se aproxima más a un esquema de subsidio del consumo, un banco de alimentos mejorado, en el que se mantiene intacta la estructura del mercado alimentario y se interviene únicamente en la capacidad individual de compra. Esta distinción no es un matiz conceptual, sino el núcleo del debate, porque obliga a preguntarse si estamos ante una propuesta de transformación estructural del sistema alimentario o más bien ante el apuntalamiento que consolida el modelo que pretende combatir.

Esta cuestión se vuelve todavía más relevante cuando se sitúa la propuesta en el contexto del diagnóstico que la acompaña, un diagnóstico que, en gran medida, es compartido por amplios sectores de los movimientos sociales vinculados a la soberanía alimentaria, la agroecología y la justicia alimentaria. Existe un consenso cada vez más amplio en que el sistema agroalimentario industrial está dominado por dinámicas de concentración corporativa, expulsión del campesinado, degradación ecológica, precarización del trabajo agrícola y dificultades estructurales de acceso a alimentos saludables por parte de amplias capas de la población. Sin embargo, una vez identificado el problema, las divergencias aparecen en el plano de las estrategias.

¿Hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar las estructuras de poder?

Porque si el núcleo del problema reside en el control de la tierra, en la concentración de la distribución, en la estructura de los márgenes de beneficio a lo largo de la cadena alimentaria, en la capacidad de las grandes corporaciones para fijar precios, condicionar la producción y definir qué se produce, cómo se produce y para quién se produce, entonces la pregunta es inevitable, ¿hasta qué punto una política centrada en un bono alimentario puede alterar esas estructuras de poder? La experiencia acumulada durante décadas de iniciativas de consumo responsable, comercio justo, circuitos cortos o cooperativas de consumo muestra algo que resulta incómodo de asumir, y es que, aun siendo espacios valiosos de experimentación social, no han conseguido alterar de forma significativa la arquitectura global del sistema agroalimentario.

La cuestión no es si esa transferencia de recursos puede tener efectos en determinados nichos de mercado o en determinadas experiencias locales, que probablemente sí, sino si puede constituir una estrategia de transformación sistémica, hegemónica y popular. Porque no estamos hablando de una intervención marginal, sino de un volumen de recursos que, según sus propias estimaciones, alcanzaría cifras inmensas de gasto público. Y ante ese escenario, la pregunta ya no es solo económica, sino política en sentido estricto, qué tipo de institucionalidad se está creando, quién la gobierna, con qué legitimidad, con qué mecanismos de control democrático, y, sobre todo, qué tipo de relación establece con el conjunto del sistema público existente. Vamos a verlo.

Desde su formulación, la SSA se plantea como una extensión de la lógica de la Seguridad Social al ámbito alimentario. Sin embargo, su diseño introduce una serie de elementos híbridos que la alejan del modelo clásico de política pública. Su financiación se basa principalmente en cotizaciones obligatorias vinculadas al salario, aunque se abren otras posibilidades como reformas profundísimas del sistema fiscal actual, la lucha contra el fraude fiscal, reformas del IVA o transferencias desde otras partidas de los presupuestos públicos. Todas ellas con una probabilidad de materializarse, en el contexto actual, extremadamente baja.

En este sentido, la SSA no se concibe como un sistema de titularidad, gestión y fiscalización pública, sino como un mecanismo de contribución social obligatoria. Pero ni tan siquiera eso es lo más problemático, el mecanismo empieza a derrapar considerablemente cuando se constata que esa inmensa bolsa de dinero público se entregará a una red ciudadana paralela para que decida y administre qué alimentos se compran y donde.

La propuesta de SSA plantea que el funcionamiento del sistema descanse en una red de entidades locales —las llamadas cajas de alimentos— que agruparían a decenas de miles de personas en cada territorio. Estas estructuras asumirían funciones de gobernanza relevantes: selección de productos, definición de criterios de compra, acreditación de establecimientos y control del cumplimiento de estándares sociales y ambientales. Se plantea, además, que estos órganos garanticen la atención a necesidades alimentarias diversas, incluyendo restricciones culturales, sanitarias o éticas. No obstante, el diseño institucional de estas cajas permanece abierto, con escasa concreción sobre su composición, representatividad, mecanismos de toma de decisiones o resolución de conflictos.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos

En cuanto a los criterios de funcionamiento del sistema alimentario, la SSA propone la fijación participativa de precios tanto para productos nacionales como importados, con el objetivo de garantizar ingresos dignos a lo largo de la cadena productiva y evitar prácticas de competencia desleal. Asimismo, se prevé la aplicación de mecanismos de regulación del comercio exterior mediante precios mínimos de entrada y la incorporación de estándares de comercio justo en productos importados. Los criterios ambientales y de producción sostenible —frecuentemente asociados al enfoque agroecológico— serían definidos a diferentes escalas territoriales, en negociación entre entidades ciudadanas, cooperativas y administraciones públicas.

Este diseño implica la construcción de un sistema altamente complejo de certificación, control y trazabilidad alimentaria, necesario para asegurar que los productos cumplen los criterios establecidos. La amplitud y heterogeneidad de dichos criterios introduce, sin embargo, una dificultad estructural: la ausencia de una definición unificada y operativa de agroecología aplicable a gran escala, así como la potencial diversidad de interpretaciones en función del territorio o de la composición de los comités locales.

Las experiencias existentes que se invocan como antecedente de la SSA, principalmente en Francia y en algunos proyectos piloto en el Estado español, muestran una realidad más limitada. En la práctica, estas iniciativas se asemejan a cooperativas de consumo agroecológico o redes de distribución alternativa, con grupos reducidos de participantes y una escala de funcionamiento relativamente pequeña. El caso de Getafe, por ejemplo, se basa en un experimento financiado por una fundación privada, con un número reducido de personas que reciben una asignación mensual para consumir en un supermercado cooperativo ecológico, complementado con actividades de participación y trabajo voluntario. Estas experiencias se presentan como ensayos de un modelo más amplio, aunque su representatividad real respecto al sistema es muy cuestionable.

En el plano conceptual, la SSA se define como una política pública comparable a la sanidad universal, en tanto garantizaría un derecho básico mediante un mecanismo de acceso universal financiado colectivamente. Sin embargo, mientras la Seguridad Social clásica se basa en un sistema público de aseguramiento, gestión pública institucionalizada y prestación de derechos en función de contingencias, la SSA se configura como un sistema en el que la financiación pública es obligatoria, pero la gestión y la definición de criterios recaen en estructuras descentralizadas de carácter comunitario o mixto. Esta combinación genera una tensión entre su pretendida naturaleza de política pública universal y su diseño organizativo basado en la autogestión local.

Uno de los principales elementos que hacen que la SSA dance en el vacío se refiere, justamente, a esta gobernanza del sistema. La ausencia de un marco claro sobre la composición de los comités ciudadanos, los mecanismos de representación, la articulación entre niveles locales, regionales y estatales, o la resolución de conflictos normativos, plantea dudas relevantes sobre su viabilidad institucional. La descentralización radical del sistema podría dar lugar a una gran heterogeneidad de criterios y prácticas, con posibles desigualdades territoriales en el acceso y la definición de los derechos alimentarios.

Otro elemento crítico es la cuestión de la universalidad de la prestación. La SSA propone una asignación idéntica para toda la población, independientemente de su nivel de renta o patrimonio. Este enfoque se justifica como una forma de evitar la estigmatización asociada a las ayudas sociales tradicionales y de reforzar la idea de un derecho universal a la alimentación. Sin embargo, desde una perspectiva redistributiva, esta universalidad puede interpretarse como regresiva, en la medida en que asigna el mismo recurso público o salarial a personas con capacidades económicas muy distintas, incluyendo a los sectores de mayor renta. Quizás esa universalidad proclamada por la SSA tenga más bien que ver con la necesidad de querer llamar a esta propuesta Seguridad social, que un convencimiento real de que la ayuda tenga que ser la misma.

El aspecto económico constituye otro eje central de la crítica. Con una población cercana a los 50 millones de personas, la dotación mensual propuesta supondría un coste anual cercano a los 90.000 millones de euros, una cifra de enorme magnitud en términos de gasto público. Una cantidad monumental de dinero público que representa más que el presupuesto total de Educación (66.200 millones), poco menos que el de Sanidad (103.600€), 12 veces más que las ayudas a la vivienda (7.000 millones), o 18 veces más que toda la ayuda agrícola vinculada a la PAC en el estado (4.889 millones). Este volumen equivaldría, de hecho, a una parte sustancial del presupuesto del Estado del bienestar y tendría un impacto significativo sobre el sistema de cotizaciones. En función de las estimaciones realizadas, la financiación mediante salarios podría implicar incrementos muy relevantes en las cargas contributivas (entre un 10 y un 15% más de retención de salarios), que sumados a los % ya existentes en la actualidad se traduciría en una presión prácticamente inasumible sobre los ya muy depauperados salarios que reciben las clases populares.

Pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista

Una de las últimas propuestas de financiación presentadas por parte de sus impulsores se basa en ir sumando millones de euros a partir de la lucha contra el fraude fiscal e importantes reformas del sistema de IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del de sucesiones y donaciones. En un contexto como el actual, con una gravísima y profundísima crisis de financiación de lo público (solamente hace falta mirar al sector de la educación, la sanidad o el transporte público), pensar que se pueden sacar 90.000 millones de euros a través de modificar la política impositiva es, cuando menos, poco realista.

Por último, otro elemento preocupante de esta propuesta no reside únicamente en su arquitectura institucional o en la quimérica financiación, sino en su capacidad para desplazar el eje del debate político desde el terreno de la transformación estructural hacia el terreno de la gestión del consumo. Porque mientras la discusión se centra en cómo se distribuye una tarjeta, qué criterios se aplican para su uso o qué productos pueden adquirirse con ella, otras cuestiones centrales del sistema alimentario quedan en segundo plano, el control de las infraestructuras públicas alimentarias, la regulación de los márgenes de beneficio de las grandes empresas de distribución, la fijación de precios en origen y en destino, la planificación de la producción agrícola, la reforma de los sistemas de tenencia de la tierra o la construcción de redes públicas de abastecimiento alimentario, supermercados públicos, devolver los mercados municipales al ámbito público, cocinas municipales, comarcales, etc.. Esta es la palanca efectiva de transformación.

No estamos solo ante una propuesta incompleta, sino ante una propuesta que corre el riesgo de reorganizar la agenda política en torno a un marco que no cuestiona de forma directa los núcleos de poder del sistema agroalimentario. En este sentido, la Seguridad Social Alimentaria puede funcionar, incluso sin quererlo, como un dispositivo de desplazamiento del conflicto, situando la transformación en el terreno del consumo individual subvencionado mientras se deja intacto el terreno donde realmente se concentra el poder estructural del sistema alimentario. Se trata, en sentido literal, de una propuesta estrictamente reaccionaria, que estanca los procesos más profundos.

El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen

Recuerden que allí donde se han producido avances significativos en derechos sociales, no ha sido a través de la expansión de mecanismos de voucherización del acceso a servicios, sino a través de la construcción de sistemas públicos, universales y desmercantilizados. El riesgo, por tanto, no es solo técnico ni organizativo, sino político en un sentido más amplio, porque una propuesta que nace con voluntad transformadora puede acabar insertándose en una lógica de gestión del malestar social sin alterar las estructuras que lo producen. Y cuando eso ocurre, la capacidad de transformación se diluye, aunque el discurso siga manteniendo intacta su ambición inicial.

Ni el colectivo campesino ni las reivindicaciones sociales vinculadas al consumo demandan cheques regalo, y mucho menos si se ponen en manos de comités ciudadanos locales sin mandato ni supervisión pública, lo que se demanda es un cambio en la propiedad de los sistemas de producción de alimentos y poner el derecho a una alimentación adecuada en el centro desplegando el programa que los movimientos sociales llevan reivindicando desde hace más de 30 años. Para ello no hacen falta cheques regalo, de la misma manera que para solucionar la crisis habitacional no se demandan ayudas parciales regresivas sino meter mano al sector inmobiliario desde lo público y priorizar los derechos humanos, no la ganancia corporativa.

Un banco de alimentos generalizado, financiado con dinero público erosiona todas estas luchas, las debilita y, en definitiva, fortalece al modelo que pretende combatir.

Un artículo de Javier Guzmán, Director de Justicia Alimentaria, y Ferrán García para El Salto.

La Dinamo, Perviure, Sostre Cívic y Crearqcio – Les Domèstiques, junto con una treintena más de cooperativas de vivienda y entidades de la ESS, impulsan un modelo inspirado en las ‘Community Land Trust’ europeas

Ya ha tenido lugar la primera asamblea constituyente de Custòdia – Banco de Suelos Comunitarios , una iniciativa pionera que quiere impulsar el primer Banco de Suelos Comunitarios de los territorios de habla catalana. La asociación nace con el apoyo inicial de más de 30 entidades adheridas – entre ellas, La Dinamo, Perviure, Sostre Cívic, Crearqcio – Les Domèstiques, Coop57, La Titaraña, La Borda, Fundació Roca Galès, IDRA, Sindicato Llogateres, Les Juntes u Odesca – procedentes de la vivienda cooperativa, la economía social y solidaria, el tercer sector y otras organizaciones comprometidas con el derecho a la vivienda y la gestión comunitaria del territorio.

La constitución de la asociación representa el primer paso de un proceso que culminará, previsiblemente durante el 2027 , con la creación de una cooperativa que se convertirá en el primer Banco de Suelos Comunitarios del país: una infraestructura colectiva destinada a adquirir, custodiar y preservar suelo para que se mantenga permanentemente fuera del mercado especulativo y al servicio de proyectos de vivienda asequible y otras iniciativas de interés social y comunitario.

En paralelo, Custòdia estrena también su nueva página web custodia.cat y su perfil de LinkedIn , con el objetivo de dar a conocer el proyecto, ampliar su base social y generar alianzas con instituciones, entidades y personas interesadas.

Una respuesta estructural a la crisis de acceso al suelo

Custòdia surge en un contexto marcado por la carencia de vivienda asequible, el encarecimiento del suelo y la concentración de la propiedad en manos privadas. Ante esta realidad, el proyecto propone desarrollar una herramienta estable que permita recuperar suelo del mercado privado separando la propiedad del suelo de la de los edificios , garantizando que los terrenos queden preservados de forma permanente para usos sociales.

El modelo se inspira en las experiencias internacionales de los Community Land Trusts (CLT) , presentes en varios países europeos y norteamericanos, que han demostrado su capacidad para mantener la asequibilidad de los proyectos a largo plazo mediante una gobernanza compartida entre entidades, personas usuarias y administraciones públicas.

Un espacio de cooperación entre entidades

La asociación está abierta a cooperativas, fundaciones, entidades sociales, organizaciones de la economía social y solidaria y administraciones que deseen contribuir a impulsar esta infraestructura colectiva.

Entre sus objetivos se encuentra construir un modelo de gobernanza compartido, facilitar el acceso al suelo para iniciativas comunitarias, desarrollar los instrumentos jurídicos y financieros necesarios, promover alianzas con las administraciones públicas y consolidar un marco estable de concertación público-cooperativo-comunitaria.

Durante esta primera etapa, Custòdia trabajará en la definición del modelo jurídico y organizativo, la captación de recursos, la colaboración con las administraciones y el diseño de los criterios de incorporación de suelos, con el objetivo de que la cooperativa pueda iniciar sus primeras operaciones a partir de 2027.

Sobre Custodia

Custòdia es una asociación creada para impulsar el primer Banco de Suelos Comunitarios catalán. Su misión es preservar suelo de forma permanente para vivienda asequible, proyectos comunitarios, culturales, sociales y de economía social, garantizando que estos espacios queden protegidos de la especulación y mantengan su función social a lo largo del tiempo mediante un modelo de gobernanza colectiva. Forma parte de la European Community Land Trust Network .

Las 32 entidades y cooperativas que integran la asociación Custòdia

Coop57; La Dinamo; Fundació Roca Galès; La Diversa; Associació Cultural Aleta; La Titaranya; La IDRA; Les Juntes; La Fundició; La Borda; Crearqcio – Les Domèstiques; Obradora Saió – Llosats; Odesca; El Rogle; Sindicat Llogateres; La Raval; La Ciutat Invisible; Llar Jove; Cal Blanxart; Holon; La Torreta; La Corba; FGC; Cal Bloke; Sostre Cívic; Lacol; Bloc Cooperatiu; Perviure; L’Espigall; La Teulada; Llars Familiars; y La Regadora.

Enlaces de interés:

LinkedIn

Web https://custodia.cat/

Fuente: Red Vivienda Cooperativa

Las cooperativas Ingoin y Ariwake han presentado ELKARBIZI, una nueva metodología diseñada para acompañar a personas y colectivos que quieran poner en marcha proyectos de vivienda cooperativa en cesión de uso en Euskadi desde los principios de la Economía Social y Solidaria. El proyecto, desarrollado con el apoyo del programa ERAIKAL del Gobierno Vasco, busca facilitar el recorrido de los grupos desde las primeras conversaciones hasta la consolidación de la comunidad.

La metodología estructura el proceso en cinco fases —formación del grupo, constitución de la cooperativa, acceso al suelo o inmueble, construcción o rehabilitación y convivencia— e incorpora una mirada integral que contempla tanto los aspectos jurídicos, económicos y técnicos como otros elementos fundamentales para el éxito de estos proyectos, como la participación, la gobernanza compartida, los cuidados, la cultura o la construcción de comunidad.

Uno de los elementos más innovadores de ELKARBIZI es su sistema de cuatro herramientas complementarias, que pueden utilizarse conjuntamente o de forma independiente. La guía ofrece una visión global del proceso y orienta sobre los aspectos que conviene trabajar en cada etapa; las cartas proponen preguntas, dinámicas y ejercicios para facilitar el trabajo colectivo; los tableros ayudan a visualizar el estado del proyecto, detectar cuestiones pendientes y planificar los siguientes pasos; y el portal web reúne toda la documentación y recursos, que irán ampliándose progresivamente.

Lejos de plantear un modelo cerrado, ELKARBIZI propone una metodología flexible y adaptable, para que cada comunidad pueda construir su propio itinerario según sus necesidades, su ritmo y su contexto. Todos los materiales están disponibles de forma gratuita en castellano y euskera, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de proyectos de vivienda cooperativa más participativos, sólidos y sostenibles en Euskadi.

Puedes descargarlos en la web elkarbizi.eus

Pensaba que todas las entidades funcionaban más o menos igual. Que el dinero estaba ahí, guardado, y ya. Es una pregunta que la mayoría de la gente no se hace. Se domicilia la nómina, se paga con la tarjeta, se pide una hipoteca si hace falta. Lo que el banco hace después con ese dinero rara vez entra en la conversación.

Nacimos de quienes no encontraban lo que buscaban

Fiare Banca Etica no surgió de un plan de negocio. Surgió de una necesidad concreta: a principios de los 2000, un grupo de particulares, cooperativas y entidades sociales buscábamos una alternativa a la banca convencional. Y la solución que encontramos fue construir una propia.

Hoy, más de dos décadas después, operamos con licencia bancaria en España e Italia, somos más de 50.000 personas socias en Europa y gestionamos cerca de 1.300 millones de euros en créditos.

Lo que cambia cuando sabes adónde va tu dinero

Funcionamos como cualquier entidad financiera: captamos ahorro, concedemos préstamos, ofrecemos cuentas corrientes. La diferencia está en qué analizamos antes de decir que sí a una operación.

Además de la viabilidad económica de un proyecto, evaluamos su impacto en las personas, las comunidades y el entorno. Eso significa que el dinero depositado no puede acabar financiando industria armamentística, combustibles fósiles ni actividades que vulneren derechos humanos. Y significa también que sí puede financiar una cooperativa de vivienda que lleva años esperando un préstamo que la banca convencional nunca le concedió.

Somos uno de los pocos bancos del mundo que publica online cada préstamo concedido a personas jurídicas. Cualquier persona puede consultarlo. Lo que más me sorprendió fue descubrir que podía saber exactamente dónde iba el dinero.

Detrás de esa lista hay proyectos muy concretos: comunidades energéticas que han instalado placas solares en su barrio, cooperativas de vivienda que han conseguido construir su propio edificio, proyectos de inserción laboral que han dado empleo a personas en situación de vulnerabilidad, iniciativas culturales y de agricultura ecológica que no habrían encontrado financiación en otro lugar. Como el caso de Pablo Renovable, la comunidad energética vecinal de la urbanización Pablo Iglesias en Rivas-Vaciamadrid, que agrupa ya a unas 500 viviendas y aspira a convertirse en el mayor barrio solar de España; el cohousing Walden XXI, en Sant Feliu de Llobregat, donde un grupo de personas mayores ha levantado en cesión de uso su propio edificio cooperativo; o Bioalverde, en Sevilla, que ha recuperado terrenos abandonados a las afueras de la ciudad para cultivarlos de forma ecológica mientras da trabajo a personas en riesgo de exclusión social. Proyectos distintos, en países y sectores diferentes, pero unidos por una misma lógica: financiación que no busca solo rentabilidad, sino que pone el dinero al servicio de las personas y del territorio.

Sostener un modelo distinto en un mercado que no lo pone fácil

No es un camino sencillo. Operar bajo criterios éticos significa renunciar a operaciones rentables que no superan nuestro filtro de impacto, y competir con entidades que no cargan con esos límites. En un contexto de tipos de interés al alza y de presión constante hacia la concentración bancaria, sostener una banca de tamaño mediano, cooperativa y transparente exige defender activamente un modelo que la lógica del sector no premia por sí sola.

Trabajar en finanzas sin perder de vista a las personas

Trabajo en el área de atención al cliente del banco, resolviendo dudas, problemas técnicos y necesidades de información. Detrás de cada operación hay personas intentando dar respuesta a necesidades reales. Eso cambia cómo te lo tomas.

Nuestra gobernanza refuerza esa lógica: como cooperativa, las personas socias no solo depositamos nuestro dinero, sino que participamos en las decisiones sobre el rumbo de la entidad. Una socia, un voto, independientemente del capital aportado. Yo participo cada año en las asambleas, votando los balances y las decisiones que marcarán el rumbo del banco.

Una alternativa que crece

En estos cinco años, nuestro capital social ha superado los 100 millones de euros y el ahorro gestionado alcanza ya los 2.800 millones.

Antes tenía la sensación de que elegir un banco ético era un gesto simbólico, algo marginal. Pero ahora veo claro que el impacto de nuestro dinero es importante.

Elegir dónde se deposita el ahorro no cambia por sí solo el sistema financiero. Pero es, también, una forma de participar en la economía que queremos construir. Más que un banco alternativo, Fiare se ha consolidado como parte de un movimiento más amplio de personas que han decidido que las finanzas también pueden mirar a quién sirven. Y esa posibilidad es lo que hace que merezca la pena levantarme cada mañana para ir a trabajar a un banco.

Esta historia forma parte de la campaña Historias de ESSperanza de REAS Red de Redes, que recorre iniciativas pioneras de la economía social y solidaria que demuestran que otra forma de hacer economía es posible y está en marcha.

Un  artículo de Maite Soriano, Trabajadora de Fiare Banca Ética, para El Salto.

REAS Red de Redes pone en marcha un Ciclo de Foros: cuatro encuentros territoriales —en Catalunya, Navarra-Euskadi, País Valencià y Balears—, un foro online y un Foro Estatal presencial en Madrid, para impulsar la cooperación público-comunitaria entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria.

Esta iniciativa se enmarca en el proyecto COOPUBLIC_ESS: Impulso de la cooperación público-comunitaria para el Desarrollo Sostenible desde la Economía Social y Solidaria, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y busca generar espacios de diálogo estructurado que permitan identificar, sistematizar y compartir buenas prácticas, propuestas de políticas públicas y estrategias de coproducción, contribuyendo al cumplimiento de la Agenda 2030.

Cuatro foros territoriales

El ciclo arranca con cuatro citas territoriales que reunirán a personal técnico y político de las administraciones públicas, entidades y empresas de la ESS, y organizaciones de la sociedad civil de cada territorio:

• Foro Catalunya — [16 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro País Valencià — [17 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Euskadi-Nafarroa — [23 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]
• Foro Balears — [24 de Septiembre de 12 a 14h] · [Online]

Los cuatro encuentros compartirán una misma estructura:

Nos ponemos en contexto. Presentamos el proyecto COOPUBLIC, sus claves sobre cooproducción de políticas públicas, y nos conocemos entre las personas participantes.

Compartimos experiencias. Una mesa de buenas prácticas con voces de la administración pública y de la ESS, con ejemplos reales de cooperación público-comunitaria en sectores como los cuidados, la energía, la vivienda cooperativa, el consumo responsable, la alimentación sostenible o la economía circular.

Trabajamos juntas. El núcleo de la jornada: un trabajo en grupo para indagar, por temas y sectores, qué cooperación público-comunitaria existe ya en el territorio, qué la favorece, qué la dificulta y cómo potenciarla.

Cerramos y miramos a octubre. Ponemos en común lo trabajado y nos emplazamos al foro online que reunirá a los cuatro territorios.

Un foro online para conectar territorios

Las aportaciones recogidas en los cuatro foros territoriales se pondrán en común en un foro online, previsto para el viernes 9 de octubre, que permitirá a las personas participantes de los distintos territorios intercambiar conclusiones y consolidar propuestas conjuntas de cara al cierre del ciclo. Se trata de un evento abierto también para personas de otros territorios interesadas en este espacio estatal que no puedan asistir al encuentro presencial de Madrid.

Foro Estatal en Madrid: cierre del ciclo

El ciclo culminará con un Foro Estatal presencial en Madrid el  viernes 16 de octubre, que reunirá a administraciones públicas, entidades de la ESS y agentes sociales de todo el Estado para presentar los principales resultados y estrategias de cooperación público-comunitaria surgidas del proceso, así como una hoja de ruta con las medidas prioritarias validadas durante el evento.

Sobre COOPUBLIC_ESS

El proyecto COOPUBLIC_ESS da continuidad al trabajo de incidencia social y política que REAS Red de Redes desarrolla desde hace más de 30 años, promoviendo la cooperación entre administraciones públicas y la Economía Social y Solidaria como motor de un desarrollo sostenible, inclusivo y alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Esta actividad forma parte del proyecto COOPUBLIC_ESS, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de la entidad subvencionada y no refleja necesariamente la opinión del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

El cambio climático afecta especialmente a las mujeres, aunque desempeñan un papel clave en las economías locales y en las soluciones. Sin embargo, las mujeres tienen mucho menos acceso a la financiación climática y a los recursos financieros. Las microfinanzas pueden contribuir a cambiar esta situación fortaleciendo su posición económica y su resiliencia climática. 

La comunidad internacional coincide cada vez más en que el cambio climático no es un reto que pueda dejarse para más adelante. Tal y como se acordó en el Acuerdo de París, los países tienen la responsabilidad de proteger a su ciudadanía y contribuir activamente a las soluciones frente al cambio climático. Los recientes avances jurídicos y políticos, como la resolución de la Corte Internacional de Justicia y la posterior resolución de las Naciones Unidas, también subrayan esta obligación legal. 

A pesar de este consenso creciente sobre la necesidad de hacer frente al cambio climático, todavía hay una distancia considerable entre la ambición y la práctica.  Aunque cada vez hay más financiación climática disponible, el acceso a ella sigue estando lejos de ser equitativo. 

Financiación climática y desigualdad 

La crisis climática no afecta a todas las personas por igual. El cambio climático afecta con mayor dureza a las mujeres porque las desigualdades existentes en roles, poder y acceso a recursos aumentan su vulnerabilidad. De aquí a 2050, los efectos del cambio climático podrían empujar a la pobreza a 158 millones de mujeres y niñas, 16 millones más que el número total de hombres y niños. Esta diferencia ya es visible hoy. Por ejemplo, el 80 % de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres. 

Una razón importante son los roles sociales que las mujeres suelen asumir. En todo el mundo, las mujeres realizan más del 75 % del trabajo no remunerado. Cuando se producen desastres climáticos, esta carga aumenta aún más, ya que las mujeres asumen responsabilidades adicionales para ayudar a sus hogares y comunidades a recuperarse y reconstruirse. Las mujeres también suelen tener menos acceso a la educación, los ingresos y la toma de decisiones, lo que reduce su capacidad para adaptarse al cambio climático. 

Las desigualdades económicas y legales aumentan aún más esta vulnerabilidad. Aunque un tercio del empleo femenino en todo el mundo se encuentra en la agricultura, las mujeres representan solo el 12,6 % de las personas propietarias de tierras. Además, el 90 % de los países tiene leyes que limitan las oportunidades económicas de las mujeres. Entre ellas hay leyes que impiden a las mujeres trabajar en fábricas o aceptar un empleo sin el permiso de su marido. Estas desigualdades económicas hacen que a las mujeres les resulte más difícil protegerse frente a los efectos del cambio climático, ya que los impactos climáticos se ven agravados por las desigualdades existentes. 

Al mismo tiempo, las mujeres desempeñan un papel fundamental en las economías locales y en las soluciones climáticas. En muchas comunidades, son responsables de la producción de alimentos, la gestión del agua y pequeños negocios. Sus conocimientos y su posición las convierten en piezas esenciales para la transición hacia una economía más sostenible y resiliente. 

Las mujeres, motor de un cambio duradero 

La investigación muestra que, cuando las mujeres tienen el mismo acceso a ingresos y recursos, las economías crecen más rápido y de forma más inclusiva. A largo plazo, la economía podría llegar a ser hasta un 20 % mayor. Las mujeres también pueden tener un efecto multiplicador en la reducción de la pobreza, ya que reinvierten hasta el 90 % de sus ingresos en sus familias, comunidades y educación.

Si las mujeres tuvieran el mismo acceso a recursos que los hombres, la producción agrícola aumentaría y el número de personas que padecen hambre en el mundo se reduciría entre un 12 % y un 17 %. Las mujeres también marcan una diferencia demostrada en la toma de decisiones. Los estudios muestran que una mayor representación de mujeres en cargos políticos está relacionada con menores emisiones nacionales de CO₂. 

Sin embargo, el acceso de las mujeres a la financiación climática sigue muy por detrás. Las agricultoras reciben solo el 10 % del total de la ayuda al desarrollo destinada a la agricultura, la silvicultura y la pesca. También tienen menos acceso a información que podría fortalecer su resiliencia climática, como conocimientos sobre tecnologías de adaptación. 

En todo el mundo, mil millones de mujeres, más del 40 %, están excluidas de los sistemas financieros formales. Esto limita directamente su acceso a los recursos que necesitan para invertir en soluciones climáticas o recuperarse de perturbaciones climáticas. Las mujeres también siguen teniendo menos probabilidades de acceder a una cuenta bancaria y al crédito. Para muchas de ellas, la falta de garantías es el principal obstáculo. 

Un sistema que no funciona para todo el mundo 

Una parte importante del problema está en la forma en que se estructura la financiación climática. Muchos mecanismos de financiación están diseñados para proyectos a gran escala y organizaciones con capacidad suficiente para gestionar procedimientos complejos. Para las iniciativas locales y las organizaciones lideradas por mujeres, esto crea una barrera importante. 

Solicitar financiación suele requerir conocimientos técnicos, una amplia documentación y una base financiera sólida. Para las personas que no tienen acceso a servicios bancarios formales o no disponen de garantías, esto resulta muy difícil. Los factores sociales y culturales refuerzan este problema, ya que las mujeres suelen tener menos control sobre los recursos financieros y menos acceso a redes e información. 

Como resultado, la financiación climática llega principalmente a grandes actores internacionales, mientras que las soluciones locales, en las que las mujeres suelen desempeñar un papel clave, siguen recibiendo pocos recursos. Esto crea una paradoja: los grupos que son esenciales para una acción climática eficaz son los que menos acceso tienen a los recursos que necesitan para cumplir ese papel. 

El papel clave de las finanzas inclusivas 

Precisamente ahí se abre una oportunidad importante, y las microfinanzas pueden ayudar a aprovecharla. Cuando la financiación se adapta mejor a la realidad de las mujeres y de las personas con pequeños negocios, el impacto puede ser considerable. Las herramientas financieras accesibles, como las microfinanzas, permiten invertir a pequeña escala en soluciones que contribuyen directamente a la resiliencia climática. 

Esto puede incluir inversiones en agricultura sostenible, gestión del agua o energía limpia local. Estas iniciativas suelen requerir importes relativamente pequeños, pero tienen un impacto directo y visible en la vida diaria. Estos pequeños préstamos accesibles permitEn a las mujeres, muchas veces por primera vez, invertir en su negocio, explotación agrícola u hogar.

Esto aumenta sus ingresos y su independencia económica, y las ayuda a estar mejor preparadas frente a futuras perturbaciones climáticas. Al hacer que la financiación sea más accesible y se adapte mejor a las realidades locales de las mujeres, puede lograrse un doble beneficio: mayor impacto climático y más igualdad social. 

El papel de Oikocredit 

Oikocredit contribuye a este enfoque utilizando la financiación como palanca para la justicia climática. A través de organizaciones socias locales, Oikocredit invierte en finanzas inclusivas para que las mujeres y las personas con pequeños negocios puedan acceder a los recursos que necesitan para hacer que su negocio, explotación agrícola u hogar sean más resilientes frente a las perturbaciones climáticas. En 2024, el 88 % de los clientes finales alcanzados por nuestras organizaciones socias fueron mujeres. 

Este trabajo se vuelve especialmente tangible cuando la financiación llega a las personas a través de soluciones prácticas y arraigadas en el territorio. Un ejemplo es Ebo Sacco, una cooperativa de ahorro y crédito del suroeste de Uganda que es organización socia de Oikocredit desde 2016. Ebo Sacco ofrece a sus más de 92.000 miembros préstamos, productos de ahorro y formación. A través de un programa especial de préstamos centrado en agua, saneamiento e higiene, la cooperativa ha apoyado ya a más de 300 agricultores y agricultoras del llamado «Cattle Corridor» de Uganda para que inviertan en soluciones de agua y saneamiento.

Entidades de finanzas éticas de distintos países europeos han remitido una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, y a los comisarios Maria Luís Albuquerque y Valdis Dombrovskis, coincidiendo con la evaluación que Bruselas está realizando sobre la competitividad del sector bancario europeo y la situación general del mercado bancario único de la Unión Europea. Entre los firmantes figuran Banca Popolare Etica, Triodos Bank, GLS Bank, La Nef, Hefboom, Ekobanken, APS Bank o Cooperative Bank of Karditsa, junto a organizaciones como Finance Watch, el grupo de incidencia de FEBEA o ASUFIN, además de diversas personas expertas del ámbito académico y financiero.

En la carta, las organizaciones defienden que cualquier proceso de simplificación de la regulación bancaria debe preservar la resiliencia del sistema financiero europeo y mantener la fortaleza de su base de capital. Asimismo, reclaman que la futura regulación tenga en cuenta la diversidad de modelos bancarios existentes en Europa y establezca un marco proporcionado para las entidades pequeñas y no complejas.

Una contribución al debate sobre el futuro de la banca europea

La iniciativa responde al proceso de evaluación que la Comisión Europea está llevando a cabo sobre la competitividad del sector bancario y las posibles medidas para simplificar el marco regulatorio. Las entidades  firmantes comparten el objetivo de impulsar una economía europea próspera y competitiva, pero sostienen que ello requiere un sector financiero estable, resiliente y diverso, capaz de resistir crisis futuras y de seguir financiando la economía productiva a largo plazo.

Según recoge la carta, la resiliencia financiera se sustenta en tres elementos fundamentales: una buena gobernanza, una adecuada gestión de riesgos y una sólida base de capital. Por ello, las organizaciones consideran que la simplificación normativa debe centrarse en mejorar la eficiencia del marco regulatorio, eliminar duplicidades y reducir discrepancias nacionales, sin debilitar los mecanismos de resiliencia existentes.

Fuente: Valor social